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Etiquetas: [0612016EF]  [0612016EF30]  [NIC 12]  [NIC 7]  [RESOLUCION 0612016EF30]  [RESOLUCION CNC 0612016EF]  
Fecha Publicación: 2016-04-02T17:41:00.001-07:00
Alan Emilio en el Cusco 2016
El Consejo Normativo de Contabilidad mediante Resolución 061-2016-EF/30 Oficializa modificaciones a la NIC 12 Impuestos a las ganancias y a la NIC 7 Estados de flujos de efectivo
CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD
RESOLUCIÓN N° 061-2016-EF/30
Lima, 31 de marzo de 2016
VISTO: Los despachos N°s. 98719 y 59721 remitidos por la Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés), que, respectivamente contienen las modificaciones a la NIC 12 Impuestos a las ganancias y a la NIC 7 Estado de flujos de efectivo.
CONSIDERANDO: Que, conforme al artículo 10º de la Ley Nº 28708 – Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, el Consejo Normativo de Contabilidad tiene entre otras, la atribución de emitir resoluciones dictando y aprobando las normas de contabilidad para las entidades del sector privado;
Que, conforme al numeral 16.3 de la precitada Ley, las entidades del sector privado efectuarán el registro contable de sus transacciones con sujeción a las normas y procedimientos dictados y aprobados por el Consejo Normativo de Contabilidad;
Que, en la Octogésima Sétima Sesión del Consejo Normativo de Contabilidad, realizada el 31 de marzo del presente año, se acordó oficializar las modificaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera remitidas por la IFRS para su utilización en el país;
En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 10º de la Ley Nº 28708 – Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad;
Se resuelve:
Artículo 1º.- Oficializar las modificaciones a la NIC 12 Impuestos a las ganancias y a la NIC 7 Estado de flujos de efectivo.
Artículo 2º.- La vigencia de las modificaciones de las normas indicadas en el artículo 1° de la presente Resolución, será la establecida en cada una de ellas.
Artículo 3°.- Publicar las modificaciones a las normas señaladas en el artículo 1° de la presente Resolución en la página Web del Ministerio de Economía y Finanzas: http://www.mef.gob.pe .
Artículo 4º.- Encargar a la Dirección General de Contabilidad Pública y recomendar a la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, los Colegios de Contadores Públicos Departamentales y a las Facultades de Ciencias Contables y Financieras de las Universidades del país y otras instituciones competentes, la difusión de lo dispuesto por la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OSCAR PAJUELO RAMÍREZ
Presidente
GUILLERMO DE LA FLOR VIALE
Banco Central de Reserva del Perú
JOSÉ CARLOS DEXTRE FLORES
Facultades de Ciencias de la Contabilidad de las Universidades del País
CARLOS RUIZ HILLPHA
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
DANITZA ROJAS MEZA
Representante del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática
ÁNGEL R. SALAZAR FRISANCHO
Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú
FREDY LLAQUE SÁNCHEZ
Representante de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria
Alan Emilio Matos Barzola
Expositor Experto en materia tributario contable a nivel nacional

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CONANIIF 2016 Madre de Dios IV Convención Nacional organizada por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores del Perú

Etiquetas: [CAS 1332015LIMA SENTENCIA CAS 1332015LIMA]  [SENTENCIA 1332015LIMA]  
Fecha Publicación: 2016-04-02T17:37:00.000-07:00
Alan Emilio en Puerto Maldonado, Madre de Dios
Mediante Auto Calificatorio de Recurso de Casación CAS 133-2015-LIMA, de fecha 05 de octubre del 2015 y publicada el 30 de marzo del 2016, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente el recurso interpuesto por SUNAT contra la Sentencia dictada por la Sala Especializada que a su turno confirmó la sentencia del Juzgado que declaró INFUNDADA la demanda interpuesta contra una Resolución del Tribunal Fiscal.
SUNAT cuestionaba la existencia de la causal de infracción normativa del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta,  dado que a entender de SUNAT la Sala Superior incurre en un error al considerar que la donación de diversos bienes o servicios a favor de determinadas comunidades nativas son necesarias para la explotación de hidrocarburos.
También cuestionó SUNAT la existencia de infracción normativa al artículo 141 del Código Tributario al haberse valorado documentos e información que fueron presentadas extemporáneamente.  Adicionalmente se cuestiona infracción normativa del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política (motivación) al no haberse un análisis técnico y profundo sobre la deducibilidad del gasto.
En el Considerando Quinto, la Corte Suprema indica que la Sala Superior concluyó  que desde hace muchos años las comunidades campesinas y nativas han llevado a cabo una serie de acciones para obstaculizar y/o impedir el desarrollo de actividades extractivas como la minería o los hidrocarburos, en ese sentido, se justifica que las empresas dedicadas a dichas actividades, hayan procedido a la entrega de bienes o contratación de servicios con los integrantes de dichas comunidades, con el propósito de establecer relaciones pacíficas.
Seguidamente, en el Considerando Sexto, la Corte Suprema refiere que la Sala Superior resaltó que los gastos efectuados en beneficio de los integrantes de las comunidades nativas aledañas a los lugares de operaciones de la codemandada Pluspetrol Perú Corporation Sociedad Anónima, resultaban necesarios para mantener la fuente productora, de lo contrario, se entorpecería sus actividades extractivas, con lo que se evidencia la observancia del principio de causalidad, no pudiéndose calificarse estos gastos como una liberalidad, en tanto, tenían como objetivo que las actividades extractivas se desarrollen con normalidad.
En el Considerando Séptimo, la Corte Suprema afirma que con relación a los medios probatorios extemporáneos que fueron valorados por la Administración Tributaria, debe precisarse que tal situación en nada enerva lo expuesto en los considerandos precedentes, pues, las acciones que adoptan las comunidades campesinas y nativas en defensa de sus tierras, resultan ser hechos notorios y evidentes, los cuales no requieren ser probados, de conformidad con el artículo 190 del Código Procesal Civil.
Finalmente en el Considerando Octavo, al Corte Suprema expone que la Sala Superior concluyó de manera correcta que la codemandada tenía derecho a deducir como gasto las entregas de bienes o servicios prestados a favor de los pobladores de las comunidades nativas para establecer la renta neta del Impuesto a la Renta correspondiente a la tercera categoría del ejercicio 2003, por tal motivo no son amparables los agravios deducidos.
Alan Emilio Matos Barzola
Expositor Experto en materia tributario contable a nivel nacional

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Etiquetas: [026002009PHCTC]  [DEFRAUDACION TRIBUTARIA]  [NEN BIS IN IDEM]  
Fecha Publicación: 2016-03-30T00:55:00.001-07:00
En el presente caso se aprecia el desarrollo de los fundamentos del Tribunal Constitucional en un proceso de Hábeas Corpus en el Exp. Nº 02600-2009-PHC/TC, de fecha 23 de abril del 2010 y publicada el 30 de abril.
En principio el Tribunal verifica la existencia del requisito previo de la condición de cosa juzgada tal como se aprecia en los fundamentos 13 y 14:
 13.  Como se ha dejado dicho en el considerando undécimo de la presente resolución, constituye un requisito sine qua nom la existencia de una resolución que ostente la condición jurídica de cosa juzgada. Así tenemos que concluida la etapa de instrucción, la Sala de Apelaciones para Procesos Sumarios con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima evacuó la resolución de no haber mérito para pasar a juicio oralordenándose el archivamiento definitivo del proceso en el extremo que a éste se refería, lo cual a juicio de éste Colegiado constituye un sobreseimiento definitivo.
14.  Que el sobreseimiento definitivo conforme a lo establecido en la parte final del inciso 13) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, produce el efecto de cosa juzgada, por lo que debe tenerse como existente el requisito previo.
Seguidamente se desarrollan los elementos del Ne Bis In Idem:
“15.  El primer requisito a ser cumplido para que opere el principio que nos ocupa es el de identidad de sujeto, lo que significa que la persona física a la cual se le persigue tenga que ser necesariamente la misma. Entendida así esta exigencia, debemos sostener que dicho requisito se cumple a plenitud, pues es perfectamente verificable que tanto en el proceso penal signado con el número 9509-98 por la presunta comisión de los delitos de defraudación tributaria y falsificación de documentos en agravio del Estado, como en el subsiguiente proceso penal signado con el número 2633-2000 por la presunta comisión de los delitos de defraudación tributaria y falsificación de documentos en agravio del Estado, uno de los perseguidos es el hoy recurrente, esto es Jorge Javier M… T….
16.  En cuanto al segundo requisito, esto es la identidad objetiva o identidad de la causa de persecución, que no es mas que la estricta identidad entre los hechos que sirvieron de fundamento para la apertura de los procesos penales. Así analizado las instrumentales que obran en el presente proceso constitucional se puede constatar que si bien es cierto que en ambos procesos se le imputa la comisión de los delitos de defraudación tributaria y falsificación de documentos, ello no debe significar que este colegiado efectúe un análisis sobre la base del nomen iuris con que se le denomina al delito que se le imputa, sino que la tarea del Tribunal Constitucional va mucho mas allá y debe verificar el suceso fáctico en el que se sustentaron uno y otro proceso. Lo aquí afirmado cobra mayor preponderancia si tenemos en cuenta que en anterior pronunciamiento el Colegiado Constitucional ha precisado que: “…El elemento denominado identidad del objeto de persecución consiste en que la segunda persecución penal debe referirse “al mismo hecho” que el perseguido en el primer proceso penal, es decir se debe tratar de la misma conducta material, sin que tenga en cuenta para ello la calificación jurídica…” (STC 5090-2008-PHC/TC).
17.  Y es que no es difícil advertir de las instrumentales que en copia certificada obran a fojas 235 a 248 (tanto formalización de denuncia como auto apertorio del primer proceso penal) así como de las instrumentales obrantes de fojas 191 a 200 (tanto formalización de denuncia como auto apertorio del segundo proceso penal) que no existe la identidad objetiva entre uno y otro proceso penal pues en el segundo de ellos, esto es el signado con el número 2633-2000, se señala que: “… Es así que de la ampliación de fiscalización efectuada a los supuestos proveedores de la empresa M&M Servicios y Promociones Sociedad Anónima, esto es Asesoría e Inversiones Teorema EIRL, Concesiones y Representaciones Torres Oruma EIRL; Inversiones, Servicios y Representaciones Kea EIRL; Omérida Servicios y Representaciones EIRL, Representaciones Mindy EIRL entre otros proveedores que han sido señalados en la carpeta de pruebas de la denuncia de parte presentada, que no han sido mencionados en el informe de presunción de delito, por no haberse concluido los cruce de información…
18.  Lo expuesto en el considerando precedente permite a este Colegiado concluir que no se configura el elemento de la identidad objetiva, siendo innecesario efectuar un análisis del tercero de los requisitos, pues para que opere el ne bis in idem deben concurrir los tres elementos de modo copulativo. Todo ello  nos permite afirmar que la pretensión planteada por el recurrente en su demanda de hábeas corpus debe ser desestimada por aplicación a contrario sensudel artículo 2 del Código Procesal Constitucional.
Finalmente el proceso fue declarado infundado.
Conviene resaltar que nada tiene que ver lo resuelto en un proceso penal con lo que se evalúe en el procedimiento contencioso administrativo. En materia penal primero hay que evaluar la consistencia de la presunción de inocencia, y quizás no se pueda desvirtuar esta presunción y consecuentemente esto no dará lugar a la sanción penal hacia las personas naturales (generándose la cosa juzgada penal), PERO NADA TIENE QUE VER LO RESUELTO EN MATERIA PENAL EN DICHO ESCENARIO RESPECTO DE LA CONFIGURACIÓN DE HECHOS VINCULADOS A LA DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA, como es el caso de las operaciones no reales o la existencia de comprobantes falsos, en el procedimiento contencioso tributario que evalúa infracciones administrativas y  sobre todo la determinación de la base imponible de un tributo que le corresponde a la entidad jurídica empresarial. Debe resaltarse que el tributo no le corresponde a las personas naturales, socios o accionistas o responsables de la entidad, motivo por lo cual resulta absurdo exclamar que en lo penal ya se dirimieron estos hechos, cuando en lo penal lo que interesa es la conciencia y voluntad de vulnerar un bien jurídico protegido y no la determinación de la base imponible tributaria que le corresponde a la persona jurídica.
Una empresa puede estar en curso en una fiscalización tributaria y se detectan pasivos falsos (tienen como 5 años en el pasivo y nadie se los cobra a a empresa, y no hay rastro de los supuestos bienes, activos o servicios adquiridos) y consecuentemente SUNAT repara por ejemplo el gasto de la depreciación o el crédito fiscal del IGV. En sede penal, el Ministerio Público, con informe técnico de SUNAT acusa y denuncia al contador de la empresa y al socio principal (99.9% de acciones) por defraudación tributaria al amparo del artículo 1 del Decreto Legislativo 813, y en el transcurso del proceso penal en el Poder Judicial el contador fallece en extrañas circunstancias, y el socio presenta documentos que detallan que el contador tenía plenos poderes para realizar operaciones y que el socio únicamente realizaba labores de relaciones públicas, sentenciándose que no se ha desvirtuado la presunción de inocencia del socio, y que el contador al haber fallecido  carece de objeto determinar su responsabilidad penal. ¿Esta sentencia que tiene carácter de cosa juzgada influye en el procedimiento tributario? ¿acaso esta sentencia con carácter de cosa juzgada hace “desaparecer por arte de magia” que los pasivos son falsos? La respuesta es evidente que NO, dado que en materia tributaria (contencioso administrativo en sede judicial) se evalúa la determinación de la obligación tributaria de la empresa, y no interesa para nada si no se pudo desvirtuar la presunción de inocencia en el proceso penal que se dirige contra una persona natural (que circunstancialmente es socio de la empresa pero podría ser un gestor de negocios que no se encuentre en la planilla de la empresa, y con el cual no exista subordinación sino únicamente una contratación de locación de servicios).
¡ Basta de ser inocentones e ilusos en materia tributaria ! ¡ La cosa juzgada en materia penal (en relación a una denuncia contra una persona natural) nada influye en la determinación tributaria de una persona jurídica !.
Alan Emilio Matos Barzola
Expositor Experto en materia tributario contable a nivel nacional

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Etiquetas: [DECRETO SUPREMO 0492016EF]  [DS 0492016EF]  
Fecha Publicación: 2016-03-20T08:29:00.001-07:00
Alan Emilio en Cusco - Febrero 2016
Decreto Supremo 049-2016-EF Modifican el Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo N° 085-2007- EF y norma modificatoria, se aprobó el Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT;
Que, por otro lado, la Ley N° 30296, Ley que promueve la reactivación de la economía, modificó el artículo 61° del Código Tributario estableciendo la facultad de la SUNAT de realizar una fiscalización parcial electrónica de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 62°-B del citado Código;
Que, es necesario realizar modificaciones al citado reglamento a fin de superar diversa problemática presentada con ocasión de la aplicación de las normas que regulan el procedimiento de fiscalización; e incorporar las disposiciones que permitan a la SUNAT llevar a cabo el procedimiento de fiscalización parcial electrónica;
En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 8) del artículo 118° de la Constitución Política del Perú y numeral 3 del artículo 11° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
El presente decreto supremo tiene por objeto modificar el Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, aprobado por el Decreto Supremo N° 085- 2007-EF y norma modificatoria, a fin de superar diversa problemática presentada con ocasión de la aplicación de las normas que regulan el procedimiento de fiscalización; e incorporar las disposiciones que permitan a la SUNAT llevar a cabo el procedimiento de fiscalización parcial electrónica.
Artículo 2.- Referencia
Para efecto del presente decreto supremo toda mención al Reglamento del procedimiento de fiscalización se entiende referida al Reglamento del procedimiento de fiscalización de la SUNAT aprobado por el Decreto Supremo N° 085-2007-EF y norma modificatoria.
Artículo 3.- Incorporación de los incisos h) e i) al artículo I del Título Preliminar del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT
Incorpóranse los incisos h) e i) al artículo I del Título Preliminar del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, en los términos siguientes:
“Artículo I.- Definiciones
(…)
h) Procedimiento de fiscalización parcial electrónica : Al procedimiento de fiscalización que se inicia conforme a lo dispuesto en el artículo 9°-A, producto del análisis de la información proveniente de las declaraciones del propio deudor o de terceros o de los libros, registros o documentos que la SUNAT almacena, archiva y conserva en sus sistemas.
i) Buzón electrónico : A aquel definido como tal en el literal d) del artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 014-2008/ SUNAT y normas modificatorias, o el que lo sustituya.
(…).”
Artículo 4.- Modificación del inciso c) y el segundo párrafo del artículo I del Título Preliminar; el segundo párrafo del artículo 1°, el segundo párrafo artículo 2°, el segundo párrafo del artículo 9°, el artículo 11°, el artículo 12° y el primer párrafo del artículo 14° del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT
Modifícanse el inciso c) y el segundo párrafo del artículo I del Título Preliminar; el segundo párrafo del artículo 1°, el segundo párrafo artículo 2°, el segundo párrafo del artículo 9°, el artículo 11°, el artículo 12° y el primer párrafo del artículo 14° del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, en los términos siguientes:
Artículo I.- Definiciones
(…)
c) Código Tributario : Al aprobado por el Decreto Legislativo N° 816, cuyo último Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias.
(…)
Cuando se señale un capítulo o un artículo sin indicar la norma legal correspondiente, se entenderá referido al presente Reglamento y; cuando se señalen incisos, literales o numerales sin precisar el artículo al que pertenecen se entenderá que corresponden al artículo en el que se mencionan.”
Artículo 1°.- Inicio del procedimiento
(…)
El agente fiscalizador, cuando corresponda, se identificará exhibiendo, ante el sujeto fiscalizado, su documento de identificación institucional o, en su defecto, su documento nacional de identidad.
(…)”.
Artículo 2°.- De la documentación
(…) Los citados documentos deberán contener los siguientes datos mínimos:
a) Nombre o razón social del sujeto fiscalizado;
b) Domicilio fiscal, de corresponder;
c) Registro Único de Contribuyentes (RUC). En el caso de que el sujeto fiscalizado no cuente con número de RUC, el número de su documento de identidad, el Código de Inscripción del Empleador (CIE) u otro número que la SUNAT le asigne, según corresponda;
d) Número del documento;
e) Fecha;
f) El carácter definitivo o parcial del procedimiento de fiscalización;
g) Objeto o contenido del documento; y
h) La firma y nombre del trabajador de la SUNAT competente.
(…)”
Artículo 9°.- De las conclusiones del procedimiento de fiscalización.
(…)
Dicho requerimiento será cerrado una vez culminada la evaluación de los descargos que hubiera presentado el sujeto fiscalizado en el plazo señalado para su presentación o una vez vencido dicho plazo, cuando no presente documentación alguna.”
Artículo 11°.- Queja contra las actuaciones en el procedimiento de fiscalización
En tanto no se notifique la resolución de determinación y/o de multa, contra las actuaciones en el procedimiento de fiscalización procede interponer la queja prevista en el artículo 155° del Código Tributario”.
Artículo 12°.- De los plazos
Los plazos establecidos en los artículos 61° y 62°- A del Código Tributario sólo son aplicables para el procedimiento de fiscalización parcial distinto al regulado en el Capítulo II y el procedimiento de fiscalización definitiva respectivamente.
Tratándose de la ampliación del procedimiento de fiscalización parcial distinto al regulado en el Capítulo II, a un procedimiento de fiscalización definitiva, el cómputo del plazo a que se refiere el artículo 62°-A del Código Tributario se iniciará en la fecha en que el sujeto fiscalizado entregue la totalidad de la información y/o documentación que le fuera solicitada en el primer requerimiento referido a la fiscalización definitiva.”
Artículo 14°.- De la notificación de las causales que suspenden los plazos
La SUNAT notificará al sujeto fiscalizado, mediante carta, todas las causales y los períodos de suspensión así como el saldo de los plazos de fiscalización, un mes antes de cumplirse el plazo de seis (6) meses, un (1) año o dos (2) años a que se refieren los artículos 61° y 62°-A del Código Tributario, salvo cuando la suspensión haya sido motivada exclusivamente por el sujeto fiscalizado en función a las causales a que se refieren los incisos d) y e) del artículo 13°.
(…).”
Artículo 5.- Incorporación de las nomenclaturas del Capítulo I, cuyos artículos van del 1° al 9°; del Capítulo II, cuyos artículos van del 9°-A al 9°-C y del Capítulo III, cuyos artículos van del 10° al 11°; al Título I “Del Procedimiento de fiscalización”; e incorporación del tercer párrafo del inciso a) del artículo 8°; de los artículos 9°-A, 9°-B y 9°-C; y del segundo párrafo del artículo 10° del Reglamento de Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT.
Incorpóranse las nomenclaturas del Capítulo I, cuyos artículos van del 1° al 9°; del Capítulo II, cuyos artículos van del 9°-A al 9°-C y del Capítulo III, cuyos artículos van del 10° al 11°; al Título I “Del Procedimiento de fiscalización”; e incorpórese el tercer párrafo del inciso a) del artículo 8°; los artículos 9°-A, 9°-B y 9°-C; el segundo párrafo del artículo 10° del Reglamento de Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, en los términos siguientes:
Capítulo I
Del procedimiento de fiscalización definitiva o parcial distinto al procedimiento de fiscalización parcial electrónica”
Artículo 8°.- Del cierre del requerimiento
(…)
a) (…)
En el caso que en el primer requerimiento se indique que la presentación y/o exhibición debe realizarse en las oficinas de la SUNAT, el agente fiscalizador podrá realizar el cierre del citado requerimiento hasta el sétimo día hábil siguiente a la fecha señalada para cumplir con la presentación y/o exhibición, sea que esta se realice ante el mencionado agente o ingresando la documentación en la unidad de recepción documental de la oficina de la SUNAT correspondiente. De existir prórroga, el agente fiscalizador tendrá similar plazo máximo para el cierre del requerimiento. Si el sujeto fiscalizado no exhibe y/o no presenta la totalidad de lo requerido en la fecha señalada en este requerimiento, se podrá reiterar la exhibición y/o presentación mediante un nuevo requerimiento.
(…)”
Capítulo II
Del procedimiento de fiscalización parcial electrónica”
“Artículo 9°-A.- Inicio del procedimiento de fiscalización parcial electrónica
El procedimiento de fiscalización parcial electrónica se inicia el día hábil siguiente a aquel en que la SUNAT deposita la carta de comunicación del inicio del citado procedimiento acompañada de la liquidación preliminar, en el buzón electrónico del sujeto fiscalizado.”
Artículo 9°-B.- De la documentación de la fiscalización parcial electrónica
Los documentos que se notifican al sujeto fiscalizado en el procedimiento de fiscalización parcial electrónica son la carta de inicio del procedimiento y la liquidación preliminar.
Mediante la carta se comunica al sujeto fiscalizado el inicio del procedimiento de fiscalización parcial electrónica y se le solicita la subsanación del (los) reparo(s) contenido(s) en la liquidación preliminar adjunta a esta o la sustentación de sus observaciones a la referida liquidación. La carta contendrá, como mínimo, los datos previstos en los incisos a), c), d), e) y g) del artículo 2°, el tributo o declaración aduanera de mercancías, el(los) período(s), el(los) elementos y el(los) aspecto(s) materia de la fiscalización, la mención al carácter parcial del procedimiento y a que este es electrónico.
La liquidación preliminar es el documento que contiene, como mínimo, el(los) reparo(s) de la SUNAT respecto del tributo o declaración aduanera de mercancías, la base legal y el monto a regularizar.”
Artículo 9°-C.- Del plazo de subsanación o sustentación
La subsanación del (de los) reparo (s) o la sustentación de las observaciones por parte del sujeto fiscalizado se efectúa en el plazo de diez (10) días hábiles conforme con lo establecido en el inciso b) del artículo 62°-B del Código Tributario. Es inaplicable la solicitud de prórroga.
La sustentación de las observaciones y la documentación que se adjunte de ser el caso, se presenta conforme a lo que establezca la SUNAT en la resolución de superintendencia a que se refiere el artículo 112°-A del Código Tributario.”
Capítulo III
De la finalización del procedimiento de la fiscalización y de la queja”
“Artículo 10°.- De la finalización del procedimiento de fiscalización
(…)
Las resoluciones de determinación y de multa contendrán, los requisitos previstos en el artículo 77° del Código Tributario y en el caso del procedimiento de fiscalización parcial electrónica, la resolución de determinación, adicionalmente debe incluir la evaluación de los sustentos proporcionados por el sujeto fiscalizado, en caso éste los hubiera presentado.”
Artículo 6.- REFRENDO
El presente decreto supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- VIGENCIA
El presente decreto supremo entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial “El Peruano”, con excepción de lo dispuesto en su artículo 3°, la modificación del artículo 12° del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT dispuesta por el artículo 4° y las incorporaciones de las nomenclaturas de los Capítulos I, II y III al Título I “Del Procedimiento de Fiscalización”, de los artículos 9°-A, 9°-B, 9°-C y del segundo párrafo del artículo 10° del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT dispuesta por el 5°, que entrarán en vigencia en el plazo de noventa (90) días hábiles, computado desde su publicación en el diario oficial “El Peruano”.
Segunda.- NORMAS COMPLEMENTARIAS Y REGLAMENTARIAS
La SUNAT en el plazo de noventa (90) días hábiles, computado desde la publicación en el diario oficial “El Peruano” del presente decreto supremo, publicará la Resolución de Superintendencia que aprueba las normas complementarias para la implementación y aplicación de la fiscalización parcial electrónica.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
ÚNICA.- DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN EN TRÁMITE
Los procedimientos de fiscalización que se hubieran iniciado hasta la fecha de publicación del presente Decreto Supremo en el diario oficial “El Peruano”, continuarán rigiéndose bajo las normas con las que se iniciaron.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
Alonso Segura Vasi
Ministro de Economía y Finanzas
Alan Emilio Matos Barzola
Expositor experto en materia tributario contable a nivel nacional

Seminario en Lima 21 de abril: “Planeamiento Tributario 2016-2017″

Diplomado en Tributación Empresarial en Trujillo organiza Colegio de Contadores Públicos de La Libertad

Programa de Alta Especialización en Tributación CUSCO 2016

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Etiquetas: [PLANEAMIENTO TRIBUTARIO]  
Fecha Publicación: 2016-03-20T06:10:00.000-07:00

Seminario: “Planeamiento Tributario 2016″
FECHAS: Jueves 21 de abril del 2016
HORARIO: 6:00 a 10:00 PM.
PRECIO: S/ 190.00
Pronto pago S/ 160.00 (antes del 12 de abril)
PRESENTACION:
Los costos tributarios de toda empresa, sumados a las constantes modificaciones de las normas tributarias y a los criterios de la Administración Tributaria y Tribunal Fiscal, obligan a los profesionales vinculados a la gestión y asesoría empresarial a mantener actualizados sus conocimientos, de modo tal que les permitan tomar decisiones eficientes a nivel económico y tributario.
OBJETIVOS:
Reconocer ingresos gravados y gastos deducibles para efectos del Impuesto a la Renta empresarial, así como los requisitos para el uso del crédito fiscal.
Tomar decisiones empresariales eficientes dentro de una perspectiva tributaria.
Implementar estrategias o alternativas de planeamiento tributario para reducir el impacto fiscal dentro del marco legal, así como evitar contingencias tributarias.
DIRIGIDO A:
Contadores, gerentes, administradores y público en general interesadas en la eficiente gestión y asesoría empresarial.
TEMARIO:
1. Economía de opción, el planeamiento tributario de operaciones y el deber de contribuir
2. La Noma VIII del Título Preliminar en casos reales y la necesidad de incorporación de la Norma XVI
3. Regímenes de tercera categoría en el Impuesto a la Renta
4. Regímenes sectoriales
5. Gastos, depreciación, amortización
6. Depreciación lineal o acelerada
7. Partes vinculadas y el valor de mercado
8. Contratos de trabajo versus contratación de locadores (cuarta categoría)
9. Ley Penal Tributaria
10. Recomendaciones
EXPOSITOR:
Alan Emilio Mato Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera – Contabilidad (Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Nacional Federico Villarreal).
Profesional Especializado en Derecho Tributario, Ex Procurador de la SUNAT (Pricos) y ahora laborando en una entidad en casos relacionados con el Impuesto a la Renta, Tributación de Minería, Petróleo, Energía, Normas Internacionales de Información Financiera, Instrumentos Financieros Derivados, Amazonía, Tributación Bancaria, entre otros.
Ex asesor tributario contable en Gaceta Jurídica, Contadores y Empresas, Actualidad Empresarial, Estudio Caballero Bustamante – Thomson Reuters
Expositor en XX Convención Nacional de Tributación – TRIBUTA 2014, organizado por la Junta de Decanos por el Colegio de Contadores Públicos del Perú.
Docente de diversos diplomados y postgrado en materia tributario – contable a nivel nacional (UNASAM, Universidad Nacional de Piura, Colegio de Contadores de Ayacucho, Piura, Huaraz, Callao, Lima, Ica, Ucayali, Madre de Dios, San Martin)
Conferencista en materia tributaria – contable en diversas instituciones privadas y públicas con más de 8 años de experiencia a nivel nacional (Lima Metropolitana, Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Tarapoto, Iquitos, Huaraz, Chimbote, Ica, Chincha, Cuzco, Arequipa, Ilo, Madre de dios, Ucayali, Ayacucho, Huancayo , Chanchamayo, Huánuco.)
INVERSIÓN:
» Precio Normal — S/. 220.00.
» Fans de Perucontable — S/. 190.00.
» Ex-Participantes — S/. 180.00.
» Pronto pago S/ 160.00 (antes del 10 de marzo)
» Corporativo (A partir de 3 participantes) — S/. 170.00 C/U.
Para SEPARAR UNA VACANTE, debe realizar el deposito S/. 80.00 a las cuentas mencionadas de Perucontable en el siguiente enlace; http://www.aulacontable.edu.pe/inscripciones/ y enviar al correo cursos@perucontable.com el voucher y/o transferencia y sus datos completos. Y el saldo cancelar el día del evento.
BENEFICIOS:
» Certificado a nombre de Corporación Perú Contable y Instituto Peruano Contable Gubernamental.
» Material de trabajo (anillado) a cada participante.
» DVD con material digital del curso, artículos y guías en PPT y PDF y todas las normas legales en PDF.
» Coffee Break
» Lapicero Institucional
» Regalo: Ebook Guía NIIF para Pymes, con casos prácticos (439 Pag.).
NOTA: Se va sortear entre todo los participante un Macro Aplicativo Libros Electrónicos 5.0:http://bit.ly/MacroLibrosElectronicos
LUGAR:
Av. Petit Thouars # 5478, Miraflores – Lima – Perú. (Ref. Altura Ovalo Miraflores),
INFORMES E INSCRIPCIONES:
CPC. John Andrés Leyva.
RPM: *660696 | RPC: 943775659 | cursos@perucontable.com
CPC. Ana Nuñez Cabanillas.
ENTEL: 988390127 | cursos@perucontable.com
CUENTAS BANCARIAS:
– Cta Corriente en soles del Banco de la Nación N° de Cuenta: 371-063307 – Titular: Corporación Perú Contable S.A.C.
– Cuentas BCP, Interbank, Scotiabank en el siguiente enlace: http://www.perucontable.com/tienda/formas-pago/
– Los pagos puede realizarlo en agentes, ventanilla, cajero (caso BCP), trasferencia vía internet, etc
Etiquetas: [RTF 0225642016]  [RTF 0225642016 TRIBUNAL FISCAL]  [RTF 225642016]  [RTF NULIDAD]  [RTF NULIDAD ORDEN DE PAGO]  
Fecha Publicación: 2016-03-19T08:16:00.001-07:00
Alan Emilio en el Cusco - Febrero 2016
Mediante Resolución de Observancia Obligatoria :RTF 02256-4-2016 publicada el sábado 19 de marzo del 2016 el Tribunal Fiscal establece el siguiente criterio:
“Procede declarar la nulidad del acto administrativo emitido como orden de pago, amparado en los numerales 1), 2) ó 3) del artículo 78° del Código Tributario, en aquellos supuestos en los que debió emitirse una resolución de determinación”.
La RTF puede descargarse en el siguiente enlace web: RTF de Observancia Obligatoria 02256-4-2016 Alan Emilio
Esta RTF 02256-4-2016 se sustenta en el Acuerdo de Reunión de Sala Plena Nº 003-2016:
En resumen, las convalidaciones efectuadas por SUNAT en etapa de reclamaciones pasan a la historia, y se debe considerar de golpe como “nulas”.
Alan Emilio Matos Barzola
Expositor experto en materia tributario contable a nivel nacional

Diplomado en Tributación Empresarial en Trujillo organiza Colegio de Contadores Públicos de La Libertad

Programa de Alta Especialización en Tributación CUSCO 2016

CONANIIF 2016 Madre de Dios IV Convención Nacional organizada por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores del Perú

Etiquetas: [drawback]  [RTF 0130752015]  [RTF 130752015]  [RTF DRAWBACK]  
Fecha Publicación: 2016-03-13T11:28:00.000-07:00
Alan Emilio en el Cusco - Febrero 2016
Mediante Resolución RTF 01307-5-2015, de fecha 04 de febrero del 2015, el Tribunal Fiscal califica la naturaleza del drawback al abordar una controversia sobre exceso de costo o gasto por restitución de derechos arancelarios (S/.159,238).
En primer orden el Tribunal Fiscal indica que el costo vinculado a una renta de la tercera categoría generada por una enajenación debe considerarse en la determinación del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio en que dicha enajenación se considere devengada.
Seguidamente sobre la base de la NIC 2 y del Decreto Legislativo 809, Ley General de Aduanas (y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 121-96-EF), además del Reglamento del Procedimiento de Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios (Decreto Supremo Nº 104-95-EF) el Tribunal Fiscal observa que el Drawback constituye un régimen aduanero establecido por ley, que permite al exportador obtener la “restitución” total o parcial de los derechos arancelarios que hayan gravado la importación de las mercancías consideradas en el valor o costo de producción de los bienes exportados, siendo que dicha restitución es calculada en función al valor FOB de exportación de dichos bienes.
Que sin embargo, conforme con el criterio establecido por el Tribunal Fiscal en anteriores resoluciones tales como la Nº 18264-9-2011 y RTF 03170-1-2006, entre otras, cuando la norma que regula el Drawback alude al término “restitución”, no se refiere en estricto a la “devolución” o “reembolso” de impuesto pagados con anterioridad, por cuanto el monto a “restituir” parte de una base distinta a la utilizada en la determinación del impuesto aduanero, vale decir, el 5% del valor FOB de la exportación (hasta el límite que señala la normatividad aplicable), por lo que el monto recibido por el exportador no corresponde al Ad Valorem pagado en la importación sino a un porcentaje del valor FOB de la exportación, con lo cual en rigor no califica como una devolución de impuestos.
Que en efecto, los recursos obtenidos a través del Drawback no representan de manera concreta y cierta la devolución de los derechos arancelarios sino mas bien la transferencia de recursos financieros por parte del Estado dispuesta por el legislador con el objeto de neutralizar los tributos a la importación que incidieron en los costos de producción de los bienes exportados. Esto es así toda vez que dichos impuestos no son mensurables plenamente en los costos de producción de los bienes exportados debido a lo dinámico de su conformación y el sistema de costos utilizado y, en tal razón, el aludido recurso financiero obtenido es considerado como un ingreso para los productores exportadores (condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma legal antes aludida); por ello su percepción no genera la obligación por parte del beneficiario de extornar el costo de producción el importe que corresponde al drawback recibido, pues conforme se ha indicado no se trata de una devolución de impuestos pagados con anterioridad y menos que el ente fiscal haya acreditado que dicho importe hubiere afectado íntegramente los costos de producción y posteriormente el costo de venta de tales bienes enajenados.
Que en tal sentido, no correspondía que la Administración adicionada a la renta neta del Impuesto a la Renta del ejercicio 2001 la suma que correspondía a la restitución del Drawback, considerado como parte del costo computable de las operaciones del contribuyente, por lo que corresponde levantar el reparo efectuado, y revocar la apelada en dicho extremo, criterio similar al contenido en la RTF Nº 10855-10-2012.
Alan Emilio Matos Barzola
Expositor experto en materia tributario contable a nivel nacional

SEMINARIO EN LIMA 17 MARZO 2016: “La Nueva Fiscalización Tributaria 2016″ Será implacable ¡PREPÁRATE!

Etiquetas: [ACUERDO 0032016]  [RTF NULIDAD ORDEN DE PAGO]  [SALA PLENA 0032016]  
Fecha Publicación: 2016-03-13T11:25:00.001-07:00
Alan Emilio en Cusco 2016
El Tribunal Fiscal acaba de adoptar el siguiente criterio de Observancia Obligatoria 003-2016
“Procede declarar la nulidad del acto administrativo emitido como orden de pago, amparado en los numerales 1), 2) ó 3) del artículo 78° del Código Tributario, en aquellos supuestos en los que debió emitirse una resolución de determinación”.
Resolución de Observancia Obligatoria : Por publicarse
En resumen, las convalidaciones efectuadas por SUNAT en etapa de reclamaciones pasan a la historia, y se debe considerar de golpe como “nulas”.
Alan Emilio Matos Barzola
Expositor experto en materia tributario contable a nivel nacional

SEMINARIO EN LIMA 17 MARZO 2016: “La Nueva Fiscalización Tributaria 2016″ Será implacable ¡PREPÁRATE!


Etiquetas: [INFORME 0022016SUNAT]  [INFORME SUNAT FACTURAS NEGOCIABLES]  [NFORME 00022016SUNAT]  
Fecha Publicación: 2016-03-08T20:03:00.000-08:00
Alan Emilio en el Cusco - Febrero 2016

SUNAT mediante Informe 0002-2016-SUNAT/5D0000, recientemente colgado en su portal web indica lo siguiente:
1. Las empresas que se encuentren acogidas al Régimen General o Régimen Especial del Impuesto a la Renta, al encontrarse facultadas a emitir facturas comerciales, podrán, de considerarlo conveniente, emitir Facturas Negociables.
2. Si se hubiere emitido una factura que no cuenta con el tercer ejemplar antes de las fechas señaladas por la SUNAT para su baja, su emisión resultará válida y, por tanto, permitirá sustentar el costo o gasto y/o crédito fiscal por la operación que acredita, no viéndose afectado ello por el hecho que hubiese sido pagada con posterioridad a tales fechas.
3. Si el adquirente fue comunicado de la transferencia de una Factura Negociable, y se le hubiere notificado un embargo en forma de retención, deberá verificar, antes de efectuar la citada retención, si el legítimo tenedor de la Factura Negociable tiene la calidad de deudor tributario y si respecto de este es que se ha ordenado el embargo en mención.
4. Si el adquirente constata lo señalado en la conclusión anterior, deberá retener del monto neto pendiente de pago de dicho título valor, el importe por el cual se hubiere trabado el citado embargo. De no hacerlo y pagar el importe total de la Factura en mención al ejecutado, estará obligado a abonar a la Administración Tributaria el monto que debió retener bajo apercibimiento de declarársele responsable solidario.
5. Si después que el proveedor hubiese transferido la Factura Negociable, se trabara un embargo en forma de retención -entre otros- sobre sus valores y derechos de crédito y el mismo fuese notificado al adquirente, corresponderá que este comunique a la Administración Tributaria, en el plazo respectivo, la imposibilidad de efectuar tal retención, toda vez que a la fecha en que le fue notificado dicho embargo, el proveedor ya no tenía la 10/10 condición de titular del citado valor, correspondiendo esta a su legítimo tenedor, a quien el adquirente deberá efectuar su pago sin deducir monto alguno por concepto del mencionado embargo.
6. Siendo que el crédito incorporado en la Factura Negociable es equivalente al precio de venta de la operación o al saldo de este al momento de su transferencia, y que el importe de la percepción no forma parte de dicho precio, no resulta posible que el referido título valor incluya el monto de la percepción.
Alan Emilio Matos Barzola
Expositor experto en materia tributario contable a nivel nacional

SEMINARIO EN LIMA 17 MARZO 2016: “La Nueva Fiscalización Tributaria 2016″ Será implacable ¡PREPÁRATE!

Etiquetas: [DEBER DE CONTRIBUIR]  [SENTENCIA C55115]  [SENTENCIA DEBER CONTRIBUIR]  
Fecha Publicación: 2016-03-08T19:46:00.001-08:00
Alan Emilio en Cusco - Febrero 2016

Resulta relevante tener en cuenta el contenido de la reciente Sentencia C-551/15 (Bogotá D.C., 26 de agosto de 2015) emitida por la Corte Constitucional de la República de Colombia en materia tributaria:
“El deber de contribuir a financiar los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Reiteración de jurisprudencia.
El deber de contribuir a financiar los gastos y las inversiones del Estado, previsto en el artículo 95.9 de la Constitución, involucra tanto obligaciones sustanciales como obligaciones formales. Entre las primeras está la obligación de pagar los tributos. Entre las segundas está la de cumplir con “aquellas cargas que facilitan la función fiscal de la administración”, como es, por ejemplo, la de “suministrar de manera veraz y oportuna la información necesaria para determinar de manera correcta el monto en el que cada contribuyente está obligado a tributar”[55]Por lo tanto, este deber constitucional se incumple cuando no se paga los tributos o cuando no se cumple con las antedichas cargas, como puede ocurrir, por ejemplo, cuando la información suministrada es incompleta o falsa, de tal suerte que la liquidación correspondiente puede ser por una suma inferior a aquella que en realidad el contribuyente tendría que pagar.”
[55]  Cfr. Sentencias C-160 de 1998, C-711 y C-1060 A de 2001, C-508 de 2006, C-664 de 2009 y C-833 de 2013.

Alan Emilio Matos Barzola

Expositor experto en materia tributario contable a nivel nacional

SEMINARIO EN LIMA 17 MARZO 2016: “La Nueva Fiscalización Tributaria 2016″ Será implacable ¡PREPÁRATE!

Teleconferencia 19 de marzo 2016: “PDT 702 RENTA ANUAL 2015. DIFERENCIAS TEMPORALES Y PERMANENTES”

Etiquetas: [DIFERENCIAS PERMANENTES]  [DIFERENCIAS TEMPORALES]  [sunat]  [SUNAT LIMA]  [SUNAT PERÚ]  
Fecha Publicación: 2016-03-07T22:07:00.002-08:00


Teleconferencia: “PDT 702 RENTA ANUAL 2015. DIFERENCIAS TEMPORALES Y PERMANENTES”
FECHAS: Sábado 19 de marzo del 2016
HORARIO: 9:00 am a 13:00 pm.
PRECIO: S/ 119.00 (S/ 104.00 pronto pago antes del 15/03/16)
OBJETIVOS
Aplicación correcta de los cambios en el impuesto a la renta a partir del ejercicio 2015; conocer correctamente las diferencias temporales y permanente para correcto llenado del PDT 702 Renta Anual 2015, sobre la cual se pagará el Impuesto a la Renta.
DIRIGIDO A
Contadores, asistentes contables y auxiliares contables, estudiantes y público en general involucrado en la elaboración de la declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría.

METODOLOGÍA
La metodología del curso es con el uso de dinámicas y casos prácticos. Promueve la participación, el diálogo y el aprendizaje activo.
TEMARIO:
1. Sobre la vinculación directa de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados con la determinación del Impuesto a la Renta.
2. La base contable respecto al marco legal tributario, y la armonización
3. Diferencias Temporales. Casuística diversa y cómo sustentarlo en una fiscalización tributaria.
4. Diferencias Permanentes. Casuística diversa y cómo sustentarlo en una fiscalización tributaria.
5. Arrastre de saldos a favor (artículo 55 del Reglamento del Impuesto a la Renta).
6. Determinación de las Rentas de Cuarta Categoría. Domiciliados y no domiciliados
7. Determinación de las Rentas de Quinta Categoría. Domiciliados y no domiciliados
8. La bancarización
9. Sepa cómo deducir los gastos de salud
10. Consultas de los participantes
EXPOSITOR:
Alan Emilio Mato Barzola
Especialista en Tributación Empresarial – Derecho y en Normas Internacionales de Información Financiera – Contabilidad (Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Nacional Federico Villarreal).
Profesional Especializado en Derecho Tributario en una entidad de prestigio (2012-2016) en casos relacionados con el Impuesto a la Renta, Tributación de Minería, Petróleo, Energía, Normas Internacionales de Información Financiera, Instrumentos Financieros Derivados, Amazonía, Tributación Bancaria, entre otros.
Docente del Diplomado en Tributación 2015, organizado por CEA – Piura y certificado por la Universidad Nacional de Piura
Docente del Programa de Especialización en Tributación -Chiclayo 2015-2016, organizado por INEDI y auspiciado por la AIDET y la UNMSM.
Ex asesor tributario contable en Gaceta Jurídica, Contadores y
Empresas, Actualidad Empresarial, Estudio Caballero Bustamante – Thomson Reuters
Expositor en XX Convención Nacional de Tributación – TRIBUTA 2014, organizado por la Junta de Decanos por el Colegio de Contadores Públicos del Perú.
Docente de diversos diplomados y postgrado en materia tributario – contable a nivel nacional (UNASAM, Universidad Nacional de Piura, Colegio de Contadores de Ayacucho, Piura, Huaraz, Callao, Lima, Ica, Ucayali, Madre de Dios, San Martin)
Conferencista en materia tributaria – contable en diversas instituciones privadas y públicas con más de 8 años de experiencia a nivel nacional (Lima Metropolitana, Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Tarapoto, Iquitos, Huaraz, Chimbote, Ica, Chincha, Cuzco, Arequipa, Ilo, Madre de dios, Ucayali, Ayacucho, Huancayo , Chanchamayo, Huánuco.)
INVERSIÓN:
» Precio Normal — S/. 139.00.
» Fans de Perucontable — S/. 119.00.
» Ex-Participantes — S/. 114.00.
»Corporativo (A partir de 3 participantes) — S/. 109.00 C/U.
» Por pronto pago antes del 19/03/16 — S/. 104.00.
NOTA: Los precios no incluyen IGV.
Para SEPARAR UNA VACANTE, debe realizar el deposito S/. 50.00 a las cuentas mencionadas de Perucontable en la parte inferior y enviar al correo cursos@perucontable.com el voucher y/o transferencia y sus datos completos, y el saldo cancelar un día antes del evento.
BENEFICIOS:
» Certificado a nombre de Corporación Perú Contable y Instituto Peruano Contable Gubernamental; envíado a su domicilio.
» DVD con material digital del curso, artículos y guías en PPT y PDF y todas las normas legales en PDF.
» Regalo: Ebook Guía NIIF para Pymes, con casos prácticos (439 Pag.).
NOTA: Se va sortear entre todo los participante un ebook de nuestra Tienda Contable (http://www.perucontable.com/tienda/producto/ebook-contabilidad-constructora/)
LUGAR:
INTERNET, a nivel nacional.
INFORMES E INSCRIPCIONES:
CPC. John Andrés Leyva.
RPM: *660696 | RPC: 943775659 | cursos@perucontable.com
CPC. Ana Nuñez Cabanillas.
ENTEL: 988390127 | cursos@perucontable.com
CUENTAS BANCARIAS:
– Cta Corriente en soles del Banco de la Nación N° de Cuenta: 371-063307 – Titular: Corporación Perú Contable S.A.C.
-Cta e ahorros del Banco ScotiaBank N° de cta 751-7368002- Titular: PATRICIO ESPINOZA MIGUEL ERNESTO. Comisión bancaria : No
-Cuenta de ahorros Banco de Crédito (BCP) N° 375-32259455-0-64- Titular: PATRICIO ESPINOZA MIGUEL ERNESTO. Comisión bancaria : Si + S/. 4.50
-Cuenta de ahorros Banco Interbank N° de Cta: 622-302017516-6-Titular: PATRICIO ESPINOZA MIGUEL ERNESTO. Comisión bancaria : Si + S/. 3.50
– Los pagos puede realizarlo en agentes, ventanilla, cajero, trasferencia vía internet, etc

Etiquetas: [RTF 0129272016]  [RTF 129272016]  [RTF 2016 IMPUESTO PREDIAL]  
Fecha Publicación: 2016-03-07T22:02:00.000-08:00
Alan Emilio en el Colegio de Contadores de Lambayeque - Febrero 2016

Mediante Resolución del Tribunal Fiscal Nº 01292-7-2016, de fecha 10 de febrero y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05 de marzo del 2016, se establece el siguiente criterio que constituye precedente de observancia obligatoria:
A efecto de determinar el régimen del Impuesto Predial de los predios comprendidos en proyectos de habilitación urbana y de edificación, resulta de aplicación lo dispuesto por la Ley de Tributación Municipal, no obstante, para la determinación de la base imponible y la exigibilidad del impuesto por los incrementos del valor de los citados predios debe tenerse en consideración lo establecido por el artículo 31° de la Ley N° 29090, modificado por Ley N° 29476.
En el caso de predios comprendidos en proyectos de habilitación urbana o de edificación que ya no están en ejecución de obras y que no cuentan con recepción o conformidad de obras, según corresponda, o cuya licencia de habilitación o de edificación ya no está vigente, corresponde que, desde el primero de enero del año siguiente de producido alguno de los referidos hechos, se incremente la base imponible del Impuesto Predial, y por tanto, el monto de dicho impuesto, por los incrementos del valor“.
Este criterio se fundamenta en el Acuerdo de Reunión de Sala Plena 002-2016: https://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/jurisprude/acuer_sala/2016/acuerdo/02-2016.pdf
El texto de la RTF puede descargarse en el siguiente enlace web: RTF 01292-7-2016 Alan Emilio
Alan Emilio Matos Barzola
Expositor experto en materia tributario contable a nivel nacional

SEMINARIO EN LIMA 17 MARZO 2016: “La Nueva Fiscalización Tributaria 2016″ Será implacable ¡PREPÁRATE!

Etiquetas: [FISCALIZACION 2016]  [FISCALIZACION TRIBUTARIA 2016]  [fiscalización tributaria]  [REPAROS 2016]  [REPAROS SUNAT]  
Fecha Publicación: 2016-03-07T21:58:00.000-08:00

SEMINARIO: “La Nueva Fiscalización Tributaria 2016 será implacable” ¡PREPÁRATE!
FECHAS: Jueves 17 de Marzo del 2016
HORARIO: 6:00 a 10:00 PM.
PRECIO: S/ 190.00
Pronto pago S/ 160.00 (antes del 10 de marzo)
EXPOSITOR:
Alan Emilio Mato Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera – Contabilidad (Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Nacional Federico Villarreal).
TEMARIO:
1. La coyuntura de cambio de gobierno y la necesidad de recursos que requiere el nuevo gobierno. El dilema del “terrorismo tributario versus la capacitación en materia contable-tributaria”.
2. Conoce en qué casos la bancarización no es un proceso automático y menos debe “presumirse”.
3. Conoce los dividendos presuntos, y cuando no configuran.
4. ¿Operaciones no reales? ¿Pasivos falsos? ¿Tengo cuenta del pasivo desde hace más de diez (10) años, qué debo hacer?
5. Sistema de Detracciones del IGV. Casos recientes
6. Delitos Tributarios. Conoce cómo prevenir a los integrantes de la entidad y sobre todo al profesional contable.
7. Infracciones, sanciones y gradualidades. Casuística reciente
8. Las exportaciones, incoterms, drawback, ajustes a los precios, holding certificates
9. Base presunta y base cierta. Casuística
10. ¿La simple alegación de que el principio de causalidad es amplio permite sustentar nuestras operaciones? ¿SUNAT debe presumir que todo está sustentado ya que no debe aplicar un criterio restrictivo?
➥ Más información del curso » https://www.facebook.com/events/230693657275200/
✉ Consultas al correo » cursos@perucontable.com
☎ Comuníquese a los teléfonos 944926863 | RPM: *660696 | RPC: 943775659
Etiquetas: [CASACION 7302009]  [CASACION 7302009LIMA]  [CORTE SUPREMA 7302009LIMA]  [SENTENCIA CASATORIA 7302009LIMA]  
Fecha Publicación: 2016-02-26T00:35:00.002-08:00

En diciembre 2015 publicamos la jurisprudencia casatoria contenida en la Sentencia 1173-2008-Lima emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que valida la aplicación del principio de lo devengado y de la NIC 18 en materia tributaria: https://alanemiliomatosbarzola.wordpress.com/2015/12/10/sentencia-en-casacion-1173-2008-lima-corte-suprema-de-justicia-del-peru-valida-la-aplicacion-del-principio-de-lo-devengado-y-de-la-nic-18-en-materia-tributaria/
En esta oportunidad transmitimos la Sentencia en Casación Nº 730-2009-LIMA, también emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que también confirma la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad sobre la base del artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, y que guarda concordancia con el articulo 33 del Reglamento de la ley del Impuesto a la Renta y el articulo 223 de la  Ley General de Sociedades.
Así en el Fundamento Octavo de la Sentencia Casatoria se indica que el artículo 57º inciso a) de la Ley de Impuesto a la renta, señala que las rentas de tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio comercial en que se devengue,asimismo la Norma Internacional de Contabilidad – NIC 18 precisa que los ingresos son definidos como incrementos en los beneficios económicos productivos a lo largo del periodo contable, en forma de entrada o incremento del valor de los activos, esto decir, es el flujo bruto de beneficios económicos durante el periodo proveniente del curso de las actividades ordinarias de las empresas, que originan un incremento de patrimonio, lo que guarda concordancia con lo previsto en los artículos 33 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta y 233 de la Ley General de Sociedades, que precisan que los intereses en suspenso al no ser reputados como utilidad de las entidades financieras, no pueden ser comprendidos para efectos de determinación del Impuesto a la Renta.
El texto de la Sentencia Casatoria es el siguiente:
Lima, dieciocho de agosto
del dos mil nueve.-
LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:
VISTA; con el acompañado; la causa Nº 730-2009 en Audiencia Pública el día de la fecha, de conformidad con el Dictamen emitido por el Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia:
  1. – MATERIA DE LOS RECURSOS:Se trata de los recursos de casación interpuestos por el Procurador del Ministerio de Economía y Finanzas a fojas quinientos cuarenta y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT a fojas quinientos cincuenta y cinco, contra la sentencia de vista de fojas quinientos veinticinco, su fecha veinticuatro de septiembre del dos mil ocho, que revoca la sentencia apelada de fojas trescientos treinta y seis, de fecha dieciséis de noviembre del dos mil seis, que declara infundada la demanda interpuesta por la Caja Rural de Ahorro y Crédito Cruz de Chalpón Sociedad Anónima Abierta, y reformándola la declara fundada; en consecuencia nula la Resolución Administrativa N° 0710-4-2003 que confirmó la Resolución de Intendencia Nacional N°075-4-04671.
  1. – FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE DECLARARON PROCEDENTES LOS RECURSOS DE CASACION:Esta Sala Suprema mediante resoluciones de fecha cuatro de mayo del dos mil nueve ha declarado procedentes los recursos interpuestos por las partes demandadas:
    1. El Ministerio de Economía y Finanzas por las causales de: a) interpretación errónea del inciso a) del artículo 57º de la Ley de Impuesto a la Renta, señalando que la Sala Civil Permanente al resolver la materia controvertida ha interpretado de manera incorrecta la norma denunciada dado que haciendo una interpretación en conjunto con las normas internacionales de contabilidad (NIC 18) y la Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros N° 572-97, ha determinado que para efectos del caso de los intereses en suspenso de las entidades financieras se deberá considerar devengados cuando sean realizados, es decir, cuando la operación queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales, desnaturalizando a todas luces el criterio de lo devengado; señala que la correcta interpretación de dicha norma debe estar circunscrita a precisar que los ingresos, costos y gastos se devengan, es decir, se les reconoce a medida que se ganan (los ingresos) o se incurren (los costos y gastos) y no cuando se cobran o se pagan; b) Contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, señala el recurrente que se han vulnerado los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución concordante con los artículos 50 inciso 6 y 122 inciso 3 del Código Procesal Civil, pues la recurrida adolece de falta de motivación respecto a la aplicación de la NIC 18 así como de la aplicación de la Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros N° 572-97 en lugar del artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta y, por ende, al determinar la confiscatoriedad del tributo. Añade que se ha transgredido el principio dispositivo contenido en el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil y el objeto de la apelación y competencia del superior en dicho recurso, recogidos en los artículos 364 y 370 del código mencionado.
    2. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT por las causales de: a) inaplicación de las normas de derecho material contenidas en los artículos 1, 37 inciso h) y 57 inciso a) de la Ley del Impuesto a la Renta, así como del inciso e) del artículo 21 de su Reglamento, señalando de manera clara y especifica los procedimientos que señalan estas normas y las concordantes a efectos de definir la determinación total del impuesto a la renta de tercera categoría y la deducción de los intereses en suspenso de los créditos vencidos y en cobranza judicial. b) Contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, señala para ello el recurrente que la sentencia de vista incurre en infracción del principio de motivación de las resoluciones judiciales, no habiéndose dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil, pues en la recurrida no se ha expuesto en forma completa la relación de los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión, aludiendo en su considerando sexto al reconocimiento de ingresos por créditos riesgosos considerando únicamente lo expuesto por la demandante, mas no el hecho de que la provisión materia de controversia no resulta específica, como exige el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, fundamento principal de la resolución del Tribunal Fiscal.
  2. CONSIDERANDO
    Primero
    – Que, habiéndose declarado procedentes las denuncias sustentadas en vicios in procedendo como vicios in iudicando, corresponde efectuar el análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulificante, carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto de los errores materiales.
    Segundo
    – Que, corresponde señalar, que el principio del debido proceso contiene el derecho a la motivación escrita de las resoluciones que garantiza al justiciable el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos.
    Tercero
    – Que, en ese sentido, habrá motivación de las resoluciones judiciales siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre
    lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, la resolución judicial exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa. Si bien en el presente caso se ha declarado la procedencia de los recursos de casación por la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, se aprecia de autos que la Sala Suprema ha empleado en forma suficiente los fundamentos que le han servido de base para amparar la demanda, argumentos que si bien son contrarios a lo alegado por los recurrentes, deben analizarse a través de una causal in iudicando, consideraciones por las cuales la causal de contravención al debido proceso debe desestimarse.
    Cuarto
    – Que, en cuanto a la causal in iudicando cabe indicar, que la controversia en el presente caso gira alrededor de determinar si en la oportunidad que se preparan y presentan los Estados Financieros corresponde considerar como ingresos a los intereses devengados con el fin de gravarlos con el impuesto a la renta de tercera categoría, sin que se haya materializado el hecho generador de dicha obligación que la ley prevé.
    Quinto
    – Que, al respecto es preciso señalar que la demandante, Caja Rural de Ahorro y Crédito Cruz de Chalpón Sociedad Anónima, es una entidad cuyo funcionamiento y organización se rige por la Ley General del Sistema Financiero, en tanto capta recursos públicos y su especialidad consiste en otorgar financiamiento preferente a la mediana, pequeña y micro empresa del ámbito rural, habiendo calificado la SUNAT su actividad principal como ?otros tipos de intermediación financiera?.
    Sexto
    – Conforme lo señala el inciso 1 del Apéndice II del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo ? Decreto Legislativo N° 821, aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF, es considerado servicios de crédito: Sólo los ingresos percibidos por los Bancos e Instituciones financieras y crediticias, domiciliadas o no en el país, por concepto de ganancias de capital, derivadas de las operaciones de compraventa de letras de cambio, pagarés, facturas comerciales y demás papeles comerciales, así como por concepto de comisiones e intereses derivados de las operaciones propias de estas empresas, los cuales se encuentran exonerados del Impuesto General a las Ventas.
    Séptimo
    – Según lo prescribe el artículo 37º inciso h) del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 054-99-EF, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital. Tratándose de empresas del Sistema Financiero serán deducibles las provisiones específicas que no formen parte del patrimonio efectivo, que ordene la Superintendencia de Banca y Seguros, con excepción de las que correspondan a los créditos y otros activos clasificados como normal; que dicho inciso fue sustituido por el artículo 25º del Decreto Legislativo N° 945 publicado el veintitrés de diciembre del dos mil tres, en el cual precisa que serán deducibles las provisiones que no formen parte del patrimonio efectivo; que al haberse aprobado un nuevo Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF, el citado artículo 37º inciso h) fue sustituido nuevamente por el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 970, publicado el veinticuatro de diciembre del dos mil seis, que señala ?Tratándose de empresas del Sistema Financiero serán deducibles las provisiones que, habiendo sido ordenadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, sean autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, previa opinión técnica de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, que cumplan conjuntamente los siguientes requisitos: (?)2) Se trate de provisiones que no formen parte del patrimonio efectivo; (?)?. Por tanto, el argumento vertido por la SUNAT en el sentido que dicho dispositivo legal en concordancia con el artículo 21º inciso e) del Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta disponen que sobre los intereses devengados corresponde aplicar la deducción del impuesto a la renta, resulta errado, como se ha señalado.
    Octavo
    – El artículo 57º inciso a) de la Ley de Impuesto a la renta, señala que las rentas de tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio comercial en que se devengue, asimismo la Norma Internacional de Contabilidad – NIC 18 precisa que los ingresos son definidos como incrementos en los beneficios económicos productivos a lo largo del periodo contable, en forma de entrada o incremento del valor de los activos, esto decir, es el flujo bruto de beneficios económicos durante el periodo proveniente del curso de las actividades ordinarias de las empresas, que originan un incremento de patrimonio, lo que guarda concordancia con lo previsto en los artículos 33 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta y 233 de la Ley General de Sociedades, que precisan que los intereses en suspenso al no ser reputados como utilidad de las entidades financieras, no pueden ser comprendidos para efectos de determinación del impuesto a la renta.
    Noveno
    – En consecuencia es evidente que no son deducibles para determinar el impuesto a la renta por tercera categoría los intereses devengados sin que se hayan materializado, en tanto que estos serán deducibles una vez que hayan sido percibidos efectivamente.
    Décimo
    – Siendo así, es claro que no se ha incurrido en las causales invocadas por lo que los recursos de casación devienen en infundados.
  3. DECISIÓN
    Estando a las consideraciones que preceden, declararon INFUNDADOS los recursos de casación interpuesto a fojas quinientos cuarenta por el Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas y a fojas quinientos cincuenta y cinco interpuesto por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fojas quinientos veinticinco, su fecha veinticuatro de setiembre del dos mil ocho; CONDENARON a las partes recurrentes al pago de la Multa de Una Unidad de Referencia Procesal; y DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por la Caja Rural de Ahorro y Crédito Cruz de Chalpon Sociedad Anónima sobre impugnación de resolución administrativa; y los devolvieron.- Juez Supremo Ponente.- Vinatea Medina.-
    S.S.
    MENDOZA RAMIREZ
    ACEVEDO MENA
    FERREIRA VILDOZOLA
    VINATEA MEDINA
    CHUMPITAZ RIVERA
    Jcy/Lca
    Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
    Corte Suprema de Justicia de la Republica
    CASACION N°730-2009
    LIMA

Ojo los Jueces de la Corte Suprema peruana son todos abogados y consideran válida la interpretación jurídica de las Normas Internacionales de Contabilidad.
Las NIC -NIIF son el presente y futuro, pero muchos “dinosaurios del derecho” le tienen miedo (porque no saben y porque no quieren ponerse a estudiar).
¡ Y dónde están ! ¡ Y dónde están !  ¡Esos que dicen que tenían la verdad absoluta!.
Alan Emilio Matos Barzola
Expositor experto en materia tributario contable a nivel nacional
Etiquetas: [30404 LEY]  [LEY 30404]  [PRORROGAN EXONERACIONES 30404 LEY]  
Fecha Publicación: 2015-12-31T02:17:00.001-08:00
Alan Emilio en el Castillo de Lamas, departamento de San Martín. Diciembre 2015
LEY Nº 30404
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE PRORROGA LA VIGENCIA DE BENEFICIOS Y EXONERACIONES TRIBUTARIAS
Artículo 1. Prórroga de normas que conceden beneficios tributarios Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2018 la vigencia de lo siguiente:
a) El Decreto Legislativo 783, que aprueba la norma sobre devolución de impuestos que gravan las adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticas y otros.
b) La Ley 27623, Ley que dispone la devolución del impuesto general a las ventas e impuesto de promoción municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración.
c) La Ley 27624, Ley que dispone la devolución del impuesto general a las ventas e impuesto de promoción municipal para la exploración de hidrocarburos.
d) La exoneración del impuesto general a las ventas por la emisión de dinero electrónico efectuada por las empresas emisoras de dinero electrónico, a que se refiere el artículo 7 de la Ley 29985, Ley que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera.
Artículo 2. Sustitución del primer párrafo del artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo 055-99- EF y normas modificatorias
Sustitúyese el primer párrafo del artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo 055-99-EF y normas modificatorias, por el texto siguiente:
“Artículo 7.- Vigencia y renuncia a la exoneración Las exoneraciones contenidas en los Apéndices I y II tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018”.
Artículo 3. Modificación del artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 179-2004-EF y normas modificatorias
Derógase el literal m) del artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 179-2004-EF y normas modificatorias, y modifícase dicho artículo por el texto siguiente:
“Artículo 19.- Están exonerados del impuesto hasta el 31 de diciembre de 2018: (…)”.
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil quince.
LUIS IBERICO NÚÑEZ
Presidente del Congreso de la República
NATALIE CONDORI JAHUIRA
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República Pedro Cateriano Bellido Presidente del Consejo de Ministros
Alan Emilio Matos Barzola
Expositor experto en materia tributario contable
Etiquetas: [III CAT SUNAT]  [III CURSO ADUANERO Y TRIBUTARIO]  
Fecha Publicación: 2015-12-31T02:14:00.001-08:00
Chucuito Callao 2007
III CURSO ADUANERO Y TRIBUTARIO (MODALIDAD VIRTUAL)
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria convoca a proceso de selección externo para el III CAT (modalidad virtual), cuya finalidad es proporcionar a la institución del capital humano signado por la excelencia ética y técnica.
  1. ETAPAS
Las etapas del proceso de selección son las siguientes:
  1. Cumplimiento de requisitos
  2. Evaluación de potencial
  3. Evaluación de conocimientos de la Administración
  4. Curso Aduanero y Tributario.
  5. Evaluación por competencias
  6. Entrevista personal
Los 350 postulantes que aprueben las tres (3) primeras etapas antes mencionadas (según estricto orden de mérito), se incorporarán al III CAT (4 etapa).
Culminado el III CAT (4 etapa) y luego de aprobar las etapas de evaluación por competencias (5 etapa) y la entrevista personal (6 etapa), la  institución podrá incorporar a los 300 primeros profesionales, según cuadro de mérito, en las plazas de Especialista 1, a través de un contrato a plazo indeterminado (Anexo 1)
  1. REQUISITOS DE POSTULACION
  • Bachiller o titulado universitario de las especialidades de administración, contabilidad, derecho, economía e  ingeniería, acreditado con la presentación de copia simple del grado de bachiller o del título universitario en la oportunidad que se requiera.
  • No tener antecedentes policiales, judiciales ni penales, acreditados con declaración jurada en el momento de postulación.
  • No ser cónyuge o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los funcionarios que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o que tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección.
  • Disponibilidad inmediata para desarrollar el curso virtual.

Competencias: honestidad, vocación de servicio, compromiso, trabajo en equipo.

  1. PLAZAS PARA EL  CURSO DEL III CAT
El III Curso Aduanero y Tributario (modalidad virtual) estará dirigido a 350 participantes. La distribución de las plazas vacantes para el III CAT se detalla en el Anexo N° 01.
  1. INSCRIPCION DE POSTULANTES 
Los interesados deben inscribirse a través de nuestra página WEB, www.sunat.gob.pe enÚnete a la SUNAT / Trabaja en SUNAT / Nuestras Convocatorias / CONVOCATORIA III CAT (modalidad virtual), de 8 al 12 de enero de 2016.
Los interesados deberán postular a una de las plazas en concurso, la cual será tomada como sede destino de labores, en caso apruebe todo el proceso selectivo y se incorpore a la institución.
Deberá realizarse la postulación con sumo cuidado.
UNA VEZ REGISTRADA LA POSTULACIÓN,
NO SERÁ POSIBLE SOLICITAR EL CAMBIO O MODIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN REALIZADA.
Etiquetas: [0622015SUNAT]  [0622015SUNAT600000]  [DISCRECIONALIDAD NUMERAL 1 ARTÌCULO 178]  
Fecha Publicación: 2015-12-31T02:10:00.000-08:00
Alan Emilio en Chiclayo 2015
Recién ayer en la mañana en la página web de SUNAT se pudo descargar esta resolución que ya se comentaba en INTERNET, la cual establece:
Artículo Primero.- Aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente la infracción tributaria tipificada en el numeral 1) del artículo 178° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N.° 133-2013-EF, cuando:
a) El saldo a favor del Impuesto a la Renta disminuido por efecto de la presentación de una declaración rectificatoria no haya sido aplicado o arrastrado a ejercicios posteriores, compensado o devuelto; y,
b) El deudor tributario haya presentado la declaración rectificatoria correspondiente al ejercicio en el que tuvo lugar la declaratoria del saldo a favor indebido. A tal efecto, dicha declaración rectificatoria deberá presentarse antes de la notificación de cualquier requerimiento que dé inicio a un proceso de fiscalización respecto del tributo vinculado a la infracción.
Artículo Segundo.- La presente Resolución de Superintendencia entrará en vigencia a partir de la fecha de su emisión y será de aplicación, inclusive, a las infracciones cometidas o detectadas con anterioridad a dicha fecha, aún cuando la Resolución de Multa no haya sido emitida o habiendo sido emitida no se hubiera notificado.
Artículo Tercero.- No procede efectuar la devolución ni compensación de los pagos vinculados a la infracción que es materia de discrecionalidad, efectuados hasta la vigencia de la presente Resolución de Superintendencia.
Alan Emilio Matos Barzola
Expositor experto en materia tributario contable
Etiquetas: [3612015SUNAT]  [REGISTRO DE COMPRAS ELECTRÓNICO]  [REGISTRO DE VENTAS ELECTRÓNICO]  [RESOLUCION 3612015SUNAT]  
Fecha Publicación: 2015-12-31T02:08:00.000-08:00
Alan Emilio en Chincha 2015
Resolución de Superintendencia Nº 361-2015/SUNAT Precisan sujetos obligados a llevar los Registros de Ventas e Ingresos y de Compras de manera electrónica, establecen nuevos sujetos obligados a llevarlos de dicha manera y modifican las normas que regulan los sistemas a través de los cuales se cumple con la obligación de llevar libros y registros de manera electrónica a fin de facilitar su aplicación
Lima, 29 de diciembre de 2015
CONSIDERANDO:
Que al amparo de la facultad otorgada por el numeral 16 del artículo 62º del Código Tributario, se dictó la Resolución de Superintendencia Nº 379- 2013/SUNAT, que estableció, a partir del 1 de enero de 2014, los sujetos obligados a llevar los registros de ventas e ingresos y de compras (Registros) de manera electrónica dependiendo del cumplimiento, a dicha fecha, de determinadas condiciones, entre las cuales se encontraba la referida a haber sobrepasado determinado nivel de ingresos entre los meses de julio de 2012 a junio de 2013, considerando los montos declarados en determinadas casillas del PDT 621 o del PDT 621 – Simplificado IGV – Renta Mensual;
Que posteriormente las Resoluciones de Superintendencia N.os 390-2014/SUNAT y 018-2015/ SUNAT modifi caron la norma a que se refi ere el considerando precedente, a fi n de establecer los sujetos obligados a llevar los Registros de manera electrónica a partir del 1 de enero de 2015 y a partir del 1 de enero de 2016, respectivamente, dependiendo del cumplimiento, a dichas fechas, de determinadas condiciones, entre las cuales también se consideró un determinado nivel de ingresos para cada uno de los universos de obligados, de acuerdo a los montos consignados en determinadas casillas del PDT 621 o del PDT 621 – Simplifi cado IGV – Renta Mensual;
Que la referencia al ejercicio anterior antes mencionada, sin especificar los meses a considerar al 1 de enero de 2015, ha ocasionado que se deba tener en cuenta los montos declarados por los meses de enero a diciembre de 2014, incluso si la declaración se efectúa con posterioridad al 1 de enero de 2015, así como toda declaración rectifi catoria que surta efecto, respecto de dichos periodos;
Que en ese sentido es necesario considerar, para efecto de los sujetos obligados a partir del 1 de enero de 2015, una fecha de corte para la presentación de declaraciones así como modificar la Resolución de Superintendencia Nº 379-2013/SUNAT en lo relativo a los sujetos obligados a partir del 1 de enero de 2016 a fin de especificar las condiciones que una vez cumplidas, a una fecha determinada, implican la obligatoriedad de llevar los Registros de manera electrónica;
Que, adicionalmente, con la finalidad de realizar un control fiscal más efectivo, así como lograr la reducción del incumplimiento tributario, resulta necesario modificar la resolución de superintendencia antes citada, a fin de ampliar el universo de sujetos obligados a llevar de manera electrónica los registros de ventas e ingresos y de compras;
Que, por otro lado, mediante la Resolución de Superintendencia Nº 169-2015/SUNAT, se modifi caron las Resoluciones de Superintendencia N.os 286-2009/SUNAT y 066-2013/SUNAT que aprobaron el Sistema de llevado de libros y registros electrónicos (SLE-PLE) y el Sistema de llevado de los registros de ventas e ingresos y de compras electrónicos (SLE-PORTAL), respectivamente; a fin de, entre otros, otorgar facilidades a aquellos contribuyentes que por la simplicidad de las operaciones que realizan, no se encuentran obligados a incluir determinada información en los Registros, así como incluir validaciones adicionales al SLE-PLE con la finalidad de mejorar la calidad de la información;
Que, sin embargo, las medidas adoptadas en la Resolución de Superintendencia Nº 169-2015/SUNAT deben ser perfeccionadas a fi n de alcanzar el objetivo de simplificación que las originaron;
Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14º del “Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter general” aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y normas modificatorias, no se prepublica la presente resolución por considerar que ello resulta innecesario e impracticable en la medida que conforme al cuarto párrafo del numeral 16 del artículo 62º del Código Tributario la SUNAT cuenta con la potestad para señalar los deudores tributarios obligados a llevar los Registros de manera electrónica y que las modifi caciones a las disposiciones de la Resolución de Superintendencia Nº 169-2015/ SUNAT simplifi can el cumplimiento de obligaciones ya establecidas con anterioridad y que dichas modificaciones deben realizarse con anterioridad al inicio del ejercicio 2016, respectivamente;
En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 16 del artículo 62º del Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo Nº 816, cuyo último Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y normas modificatorias; el artículo 5º de la Ley Nº 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y norma modificatoria, el artículo 11º del Decreto Legislativo Nº 501, Ley General de la SUNAT y normas modifi catorias, y el inciso o) del artículo 8º del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y normas modificatorias;
SE RESUELVE:
Descargar contenido completo de la Resolución 361-2015-SUNAT en el siguiente enlace: 361-2015-SUNAT Alan Emilio
Alan Emilio Matos Barzola
Expositor experto en materia tributario contable
Etiquetas: [0542015SUNAT]  [0542015SUNAT600000]  [DISCRECIONALIDAD REGIMEN GENERAL]  [DISCRECIONALIDAD RER]  
Fecha Publicación: 2015-12-31T02:05:00.002-08:00
Alan Emilio en Chincha 2015
Artículo Primero.- Se dispone aplicar, hasta el 31 de Diciembre de 2016, la facultad discrecional de no sancionar administrativamente la infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 174° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N.° 133-2013-EF y normas modificatorias, a los contribuyentes comprendidos en el Régimen General o en el Régimen Especial del Impuesto a la Renta cuyas ventas anuales no superen las ciento cincuenta (150) Unidades Impositivas Tributarias.
Artículo Segundo.– Aplicar la facultad discrecional de no sancionar con cierre temporal de establecimiento la infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 177° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, cometida o detectada a los sujetos acogidos al Nuevo RUS.
Artículo Tercero.– Modificar el numeral 1 del inciso a) del Artículo Primero de la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa N.° 051-2015- SUNAT/600000, referido a la facultad discrecional de no sancionar por la infracción tipificada en el numeral 1) del artículo 174° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, como sigue: 1. Contribuyentes del Nuevo RUS obligados a emitir u otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a estos, distintos a la guía de remisión, hasta el 31 de Diciembre de 2016.
Artículo Cuarto.- Lo establecido en los artículos precedentes será de aplicación a las infracciones cometidas o detectadas hasta antes de la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución, incluso si la Resolución de Cierre no hubiera sido emitida o habiéndolo sido no se hubiera notificado.
Artículo Quinto.- No procede realizar la devolución ni compensación de los pagos vinculados a las sanciones que son materia de discrecionalidad en la presente Resolución, efectuados hasta antes de su vigencia.
Alan Emilio Matos Barzola
Expositor experto en materia tributario contable
Etiquetas: [3582015sunat]  [CRONOGRAMA RENTA ANUAL 2015]  [PDT 701 RENTA ANUAL]  [PDT 702 RENTA ANUAL 2015]  [RENTA ANUAL 2015]  [resolución 3582015sunat]  
Fecha Publicación: 2015-12-26T07:18:00.001-08:00
Alan Emilio en Chincha 2015

A partir del día lunes 28 de diciembre se publicará (sin mayores cambios) la Resolución de Superintendencia que aprueban los siguientes formularios virtuales para efectos de la presentación de la Declaración Jurada Anual 2015 con vencimiento a partir del 23 de marzo del 2016:
  1. Formulario Virtual 701 – Renta Anual 2015 – Persona Natural (rentas de primera categoría, rentas de segunda categoría originadas en la enajenación de los bienes a que se refiere el inciso a) del artículo 2° de la Ley, rentas del trabajo y rentas de fuente extranjera).
  2. Formulario Virtual 702: Renta Anual 2015 – Tercera Categoría.
  3. PDT 702: Renta Anual 2015 – Tercera Categoría e ITF.
El PDT 702 estará a disposición de los deudores tributarios en SUNAT Virtual a partir del 04 de enero de 2016.
El Formulario Virtual 701 – Renta Anual 2015 – Persona Natural y el Formulario Virtual N.° 702 estarán disponibles en SUNAT Virtual a partir del 15 de febrero de 2016.
El Cronograma de Vencimientos para la presentación de estas declaraciones será:
ULTIMO DÍGITO
DEL RUC Y OTROS
FECHA DE
VENCIMIENTO
023 de marzo de 2016
128 de marzo de 2016
229 de marzo de 2016
330 de marzo de 2016
431 de marzo de 2016
51 de abril de 2016
64 de abril de 2016
75 de abril de 2016
86 de abril de 2016
97 de abril de 2016
Buenos Contribuyentes8 de abril de 2016
Los pagos correspondientes a la regularización del Impuesto que no se efectúen a través de los formularios aprobados por el artículo 2° de la presente resolución, deben ser realizados a través del Sistema Pago Fácil o mediante SUNAT Virtual o los Bancos Habilitados utilizando el NPS, los cuales generan el Formulario N.° 1662 – Boleta de Pago, el Formulario Virtual N.° 1662 – Boleta de Pago o el Formulario N.° 1663 – Boleta de Pago, respectivamente, consignando como periodo tributario 13/2015 y como códigos de tributo los siguientes:
  1. Para rentas de primera categoría: Código 3072 – Regularización Rentas de primera categoría.
  1. Para rentas de segunda categoría originadas en la enajenación de los bienes a que se refiere el inciso a) del artículo 2° de la Ley: Código 3074 – Regularización Rentas de Segunda Categoría.
  1. Para rentas del trabajo: Código 3073 – Regularización Rentas del Trabajo.
  1. Para rentas de tercera categoría: Código 3081 – Regularización Rentas de Tercera Categoría.
Alan Emilio Matos Barzola
Fuente: Portal web de SUNAT
Descargar proyecto de RS en el siguiente enlace: rsDJAnualRenta2015 (1)
Etiquetas: [3972015EF]  [DECRETO SUPREMO 3972015EF]  [NUEVA UIT 2016]  [UIT 2016]  [UIT 3950]  
Fecha Publicación: 2015-12-26T07:16:00.001-08:00
Alan Emilio en Lima. Diciembre 2015
Mediante Decreto Supremo 397-2015-EF se aprueba la Nueva Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2016
DECRETO SUPREMO 397-2015-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Norma XV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y normas modificatorias, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es un valor de referencia que puede ser utilizado en las normas tributarias, entre otros;
Que, asimismo dispone que el valor de la UIT será determinado mediante Decreto Supremo considerando los supuestos macroeconómicos;
Al amparo de lo dispuesto en la Norma XV del Título Preliminar del TUO del Código Tributario;
DECRETA:
Artículo 1º.- Aprobación de la UIT para el año 2016 
Durante el año 2016, el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como índice de referencia en normas tributarias será de Tres Mil Novecientos Cincuenta y 00/100 Soles (S/ 3 950,00).
Artículo 2º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
Alan Emilio Matos Barzola
La Norma XVdel Titulo Preliminar del Código Tributario establece que la Unidad ImpositivaTributaria (UIT) es un valor de referencia que puede ser utilizado en las normas tributarias para determinar las bases imponibles, deducciones, límites de afectación y demás aspectos de los tributos que considere conveniente el legislador.
También podrá ser utilizada para aplicar sanciones, determinar obligaciones contables, inscribirse en el registro de contribuyentes y otras obligaciones formales.
La repercusión tributaria de la nueva UIT 2016 también influirá en el IGV, por ejemplo, en cuanto a la exoneración del IGV en la primera venta de inmuebles destinados exclusivamente a vivienda, el límite (35 UIT) que no se debería superar para el 2016 sería S/.138,250.
En cuanto a los gastos de representación, estos otorgarán derecho a crédito fiscal en la parte que en su conjunto no excedan del 0.5% de los ingresos brutos acumulados en el ano calendario hasta el mes en que corresponda aplicarlos, con el límite máximo de 40 UIT. (Para el 2016 se proyecta en S/.158,000.00) acumulables durante un año calendario.
Por otra parte, en cuanto al Impuesto de Alcabala, recuerden que las 10 primeras UIT (S/.39,500.00) se encuentran inafectas a este impuesto. Por ejemplo:
Valor de transferencia 201650,000.00
10 UIT inafectas (10 x 3,950)(39,500.00)
Parte afecta10,500.00
Impuesto de Alcabala 3%315.00
Se recuerda que la aplicación de las infracciones ya no se aplica exclusivamente considerando como referenciala UIT, sino otros parámetros tales como los IN (definidos conforme al artículo 180 del Código Tributario).
Por ejemplo, la infracción establecida en el numeral 1 del articulo 176 del Código Tributario “por no presentar declaraciones (determinativas) dentro de los plazos establecidos” para los contribuyentes del Régimen General es sancionable con una multa de 1 UIT (S/.3,950.00) para el 2016.
En cuanto a las infracciones del numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario la sanción aplicable es 50% del tributo omitido, entre otros supuestos señalados en su Nota 21, importe que no puede ser inferior al 5% dela UIT. Por ejemplo si el tributo omitido de una entidad fuese trescientos cincuenta nuevos soles S/.350 y la entidad subsanará la infracción en forma voluntaria:
Tributo omitido350.00
 Sanción: 50% del tributo omitido 175.00
 Comparación con el 5% dela UIT2010 (3,950 x 5%)
Comparación
197.50
Importe mayor197.50
Régimen de Incentivos por subsanación voluntariaDeducción del 90% sobre S/.197.50
Multa por pagarS/.19.75
VALORES DE LA UIT 
20163,950.00D.S. Nº 397-2015-EF
20153,850.00D.S. Nº 374-2014-EF
20143,800.00D.S. Nº 304-2013-EF
20133,700.00D.S. Nº 264-2012-EF
20123,650.00D.S. Nº 233-2011-EF
20113,600.00D.S. Nº 252-2010-EF
20103,600.00D.S. Nº 311-2009-EF
20093,550.00D.S. Nº 169-2008-EF
20083,500.00D.S. Nº 209-2007-EF
20073,450.00D.S. Nº 213-2006-EF
20063,400.00D.S. N° 176-2005-EF
20053,300.00D.S. N° 177-2004-EF
20043,200.00D.S. N° 192-2003-EF
20033,100.00D.S. N° 191-2002-EF
20023,100.00D.S. N° 241-2001-EF
20013,000.00D.S. Nº 145-2000-EF
20002,900.00D.S. Nº 191-99-EF
19992,800.00D.S. N° 123-98-EF
19982,600.00D.S. N° 177-97-EF
19972,400.00D.S. N° 134-96-EF
19962,200.00D.S. N° 012-96-EF Vigente a partir de febrero de 1996
19962,000.00D.S. N° 178-94-EF. Para la determinación del IR por el ejercicio 1996 se utiliza el promedio anual del valor de la UIT S/.2,183.00.
19952,000.00D.S. N° 178-94-EF
19941,700.00D.S. N° 168-93-EF
1993 julio -diciembre1,700.00R.M. N° 125-93-EF/15. Aplicable para retenciones y pagos a cuenta del Impuesto a la Renta.
1993 promedio1,525.00R.M. N° 125-93-EF/15. Aplicable para la determinación del Impuesto a la Renta de 1993.
1993 enero – junio1,350.00R.M. N° 370-92-EF/15 
19921,040.00D.S. N° 307-91-EF. Durante 1992 estuvo vigente la Unidad de Referencia Tributaria (URT)
Alan Emilio Matos Barzola
Alan Emilio en el Castillo de Lamas, a veinte minutos de Tarapoto, Diciembre 2015
¡ Qué empiecen a correr los defensores del fraude tributario y la defraudación que orquestan con el membrete de “elusiòn” ! La Corte Suprema Chilena emitió una magistral y excelsa sentencia en torno a una operación de elusión tributaria que un contribuyente trataba de aparentar sobre la existencia de una obligatoriedad, aspecto que inclusive a nivel judicial fue amparado en una instancia por el Poder Judicial chileno, pero que al llegar a la Corte Suprema se pudo desentrañar el concepto de “gasto necesario” (necesariedad del gasto) que exige que inevitablemente el contribuyente haya debido incurrir en dicho desembolso (pago u erogación) para generar la renta líquida imponible que se pretende determinar. Resalta la Corte Suprema chilena que el examen a la obligatoriedad del pago, es una cuestión que es distinta de la necesariedad tributaria de ese egreso.
El portal web del SII de Chile (lo que viene a ser SUNAT en el Perú) reporta lo siguiente:
La Segunda Sala de la Corte Suprema, especializada en materias tributarias, acogió 13 recursos de casación en el fondo presentados por el Servicio de Impuestos Internos y rechazó los reclamos en contra de las liquidaciones y resoluciones emitidas por la entidad fiscalizadora al grupo empresarial Key Market, considerando que las conductas de planificación desplegadas por la cadena de supermercados con sede en Concepción fueron elusivas.
Las liquidaciones reclamadas se generaron a mediados del año 2012, como consecuencia de un proceso de fiscalización tras la venta de numerosos activos de las sociedades pertenecientes al mismo núcleo familiar. Para la distribución de parte de las utilidades obtenidas por tales ventas, diseñaron una estrategia de planificación tributaria que consistió en que un socio de cada una de las sociedades reclamantes enajenaba sus derechos sociales a los demás, con lo que dejaba de ser integrante de ella, para luego ser contratado como trabajador dependiente de la misma sociedad, en cargos de gerente general, gerente comercial y otros similares. De este modo, se pactaba entre las sociedades y los supuestos “trabajadores”, el pago de “depósitos convenidos” por sumas millonarias, con el objetivo de liberarlos de la tributación correspondiente del Impuesto a la Renta.
Las reclamaciones de los contribuyentes fueron acogidas por el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región del Bío Bío y por la Corte de Apelaciones de Concepción, sentencias que fueron dejadas sin efecto ahora por la sala especializada de la Corte Suprema al acoger los recursos de casación tramitados por la Oficina de Litigación Tributaria, dependiente de la Subdirección Jurídica del SII.
En su fallo del 14 de septiembre, el máximo tribunal del país señaló que la elusión tributaria no consiste en la elección lícita dentro de determinadas opciones que el propio legislador tributario entrega, sino que en el comportamiento del obligado tributario consistente en evitar el presupuesto de cualquier obligación tributaria, o en disminuir la carga tributaria a través de un medio jurídicamente anómalo, infringiendo de manera indirecta las disposiciones legales aplicables, bajo una apariencia de juridicidad.
Agregó que, en principio, no resulta cuestionable, que la contribuyente pacte depósitos convenidos con sus trabajadores, generando de esta forma gastos aceptados. Sin embargo, tales actuaciones sí resultan cuestionables a la luz del inusual contexto que rodea tal otorgamiento, si bien pactado por escrito, efectuado únicamente a una trabajadora vinculada por lazos familiares con los propietarios de su empleadora y por un elevado monto, que de haberse pagado de una forma corriente habría significado probablemente el devengamiento de Impuesto Global Complementario o de Segunda Categoría para el receptor, además de un posible Impuesto de Primera Categoría para la empleadora por la naturaleza de la prestación, lo que ha significado el ahorro de una importante cantidad de dinero en tributos.
De esta manera, dijo la Corte, las actividades, en principio lícitas, tuvieron un fin ilícito, cual es el dotar a los pagos efectuados de un contexto que impidiese su normal tributación, generando una merma en las arcas fiscales que, en este caso, dadas las apariencias que se usaron para encubrir la operación, no resulta admisible.
Estos nuevos pronunciamientos de la Corte Suprema reafirman lo resuelto por el mismo tribunal en casos anteriores y refuerzan las actuaciones del Servicio en la fiscalización de conductas elusivas desarrolladas por algunos contribuyentes.
En este caso concreto, el monto neto actualizado de los impuestos comprendidos en las liquidaciones y resoluciones confirmadas por sentencia ejecutoriada asciende a $ 401.340.304, lo que más sus reajustes, intereses y multas, implicarán giros por más de $1.100 millones.
A lo anterior, se sumarán los cobros por otros $1.900 millones correspondientes a los socios de las respectivas compañías del grupo empresarial por concepto de impuestos personales derivados de los gastos rechazados, conforme al artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta.
A continuación se reproduce el texto completo de la Sentencia 2015 de la Corte Suprema chilena, que deja sin piso a los defensores del fraude tributario (que insisten en apodar “elusión”):
Los egresos de depósitos convenidos no están excluidos de la posibilidad de ser analizados por el Servicio de Impuestos Internos en una fiscalización en la que se califica su procedencia como gastos aceptados tributariamente, aun cuando estén pactados en un convenio de trabajo. Porque no existe norma de rango legal que contemple una excepción como la de la especie, y porque el Oficio N° 3.007 de 1996, establece que, estando pactado el depósito convenido en un contrato o convenio por escrito, se acepta como gasto siempre que cumpla con las restantes condiciones impuestas por el artículo 31 inciso 1° de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En caso de no verificarse aquéllas, corresponde aplicar lo establecido por el artículo 33 N°1 letra g) de la ley citada, que previene que se agregan a la renta líquida, siempre que disminuya la renta líquida declarada, entre otras partidas, las cantidades cuya deducción no autoriza el artículo 31 o que se rebajan en exceso de los márgenes permitidos por la ley o la Dirección Regional, en su caso.
ARTÍCULO 31 INCISO 1° DE LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA
NECESARIEDAD DEL GASTO – DEPÓSITOS CONVENIDOS – ELUSIÓN
La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Servicio de Impuestos Internos en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región del Biobío, que acogió la reclamación deducida, dejando sin efecto la liquidación por Impuesto de Primera Categoría, al haberse agregado a la base imponible un gasto rechazado consistente en el pago de un depósito convenido.
Se denunció, en primer término, la infracción del artículo 31 inciso 1°, 33 N°1 letra g) y 29 a 33 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en relación con el artículo 20 del Decreto Ley N° 3500, los artículos 21 del Código Tributario y 19 del Código Civil. Luego, transgresión del artículo 33 inciso 1° letra f) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en relación con el artículo 19 del Código Civil, vulneración del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en relación con el artículo 42 N°1 y 21 inciso primero del mismo cuerpo normativo y el quebrantamiento del artículo 7 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 132 inciso 14° y 21 del Código Tributario.
En cuanto a la infracción de los artículos 132 inciso 14° y 21 del Código Tributario, la Corte Suprema señaló que el reclamo formulado en el recurso aludía no a una transgresión, sino que a una pretendida falta de fundamentación al prescindir de las pruebas rendidas por la reclamada, o bien al desechar las observaciones efectuadas respecto de las evidencias aportadas por su contraparte. Denuncia que no era efectiva, puesto que, la sentencia dejaba de manifiesto que todas aquellas pruebas que se referían a la falta de una relación laboral real entre las partes del convenio que originó los depósitos convenidos eran descartadas por no haberse fundamentado la liquidación en tal sentido. Así, quedaba asentada la relación laboral, por lo que el marco normativo dentro del cual debía examinarse el egreso era el del inciso primero del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, siendo inaplicable la disposición del ordinal sexto del mismo precepto, puesto que los depósitos convenidos no constituían remuneración para ningún efecto legal.
Además, indicó que estando pactado el depósito convenido en un contrato o convenio por escrito, se aceptaba como gasto siempre que cumpliera con las restantes condiciones impuestas en el citado artículo y en caso de no verificarse aquéllas, correspondía aplicar el artículo 33 N°1 letra g) de la ley citada.
Por lo que, la controversia entre las partes se radicó exclusivamente en la necesariedad del gasto, cuestión distinta a la obligatoriedad, errando los jueces en la calificación del gasto como necesario sin examinar la totalidad de las exigencias previstas en el citado artículo 31.
Lo anterior fue suficiente para acoger el recurso en su totalidad, de acuerdo a los sentenciadores, no siendo necesario analizar los restantes arbitrios.
El texto de la sentencia es el siguiente:
“Santiago, catorce de septiembre de dos mil quince.
Vistos:
En los autos de esta Corte Suprema Rol N° 32.120-2014 sobre  reclamo tributario, la reclamada, Dirección Regional Concepción del Servicio de Impuestos Internos, interpuso recurso de casación en el fondo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción que confirmó la de primer grado, que a su vez acogió la reclamación deducida por xxxxxxxxxxx, dejando sin efecto la Liquidación N° 99 de 31 de mayo de 2012, por impuesto de primera categoría del año tributario 2009, al haber agregado en la base imponible un gasto rechazado consistente en el pago de un depósito convenido.
A fojas 523 se trajeron los autos en relación.
Considerando:
Primero: Que por el recurso se denuncia, en primer término, la infracción del artículo 31 inciso 1°, 33 N°1 letra g) y 29 a 33 de la Ley de Impuesto a la Renta, en relación con el artículo 20 del Decreto Ley N° 3500, los artículos 21 del Código Tributario y 19 del Código Civil. Señala que para el análisis del gasto debe estarse a las prescripciones del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, que establece los requisitos generales para que sea calificado como necesario, para lo cual es insuficiente el hecho que el convenio de trabajo en que se pactó el depósito convenido sea obligatorio al estar firmado por ambas partes, ya que deben observarse las restantes exigencias señaladas en la disposición citada, que en este caso no se presentan. Con ello se infringe, en consecuencia, el artículo 33 N° 1 letra g) del mismo ordenamiento, que dispone agregar a la renta líquida los desembolsos que no cumplen esas exigencias. Añade que el artículo 20 del Decreto Ley N° 3500 no ha establecido una exención a favor del empleador sino que se refiere a la tributación del trabajador, y en ese sentido el Oficio N° 3007 tampoco releva al ente fiscalizador de revisar el cumplimiento de los requisitos del artículo 31 ya citado. Consecuentemente, indica, se vulneraron los artículos 19 del Código Civil y 21 del Código Tributario en relación con el artículo 31 inciso 1° de la Ley de Impuesto a la Renta, que imponen al contribuyente probar los hechos que permiten calificar el gasto como necesario. Alega que la sentencia limita los cuestionamientos del Servicio a los vínculos familiares de la beneficiaria, desconociendo que se impugnó la necesariedad del gasto, contexto en el cual se objetó el contrato de trabajo en cuanto incumple los términos del artículo 7 del Código del Trabajo, basado en las relaciones familiares de los contratantes y la falta de universalidad en la prestación, aseverando que es un error exigir que se objeten cada uno de los requisitos del gasto, más aún cuando se reconoce implícitamente que obedece a una planificación tributaria.
En segundo lugar, se reclama la transgresión del artículo 33 inciso 1° letra f) de la Ley de Impuesto a la Renta, en relación con el artículo 19 del Código Civil, por cuanto se otorgó un valor distinto al tenor literal del artículo 33 que ordena la incorporación a la renta líquida no sólo de los gastos rechazados, sino también de las sumas pagadas a las personas con interés en la sociedad o empresa. La naturaleza del interés, añade, se reguló en la Circular N° 37 de 1995, en cuanto se trata de la relación directa o indirecta que una persona pueda tener con una sociedad o empresa, que denote interés o vinculación patrimonial, económica, comercial o de otra índole, como es el caso.
En el tercer capítulo del arbitrio se denuncia la vulneración del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, en relación con el artículo 42 N°1 y 21 inciso primero del mismo cuerpo normativo, en cuanto regulan la tributación de los contribuyentes de los impuestos de primera y segunda categoría, como de las partidas del artículo 33 N° 1, que corresponden a desembolsos de dinero que deben gravarse con impuesto global complementario. Afirma que tales preceptos establecen un sistema que no se caracteriza por un impuesto único que grave el incremento de patrimonio, sino de múltiples tributos que gravan a distintos contribuyentes, que se integran entre sí bajo determinados supuestos legales. Se refiere al argumento de la doble tributación, explicando que si bien se verifica, es procedente, porque se trata de contribuyentes diferentes y hechos gravados distintos, sin que en este caso se trate del gravamen a los socios con impuesto global complementario, como surgiría de la decisión censurada.
Finalmente alega el quebrantamiento del artículo 7 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 132 inciso 14° y 21 del Código Tributario, fundándose en que la sentencia no ha explicitado los motivos por los que se desestimó la prueba rendida por la reclamada, haciendo presente que sobre la relación laboral el tribunal efectuó sólo un análisis formal, a pesar que acompañó abundantes probanzas para sostener sus cuestionamientos a la calidad de trabajadora de la beneficiaria del depósito convenido, dentro de las que menciona el contrato de trabajo y la declaración jurada de remuneraciones, y destaca la falta de información de los testigos de la reclamante. Adicionalmente, en cuanto al interés de la trabajadora, allegó los certificados de nacimiento y matrimonio y las certificaciones de participación societaria.
Sostiene que, de no haberse aplicado erróneamente las normas citadas se habría concluido que, o no se cumplían los requisitos para aceptar como gasto el depósito convenido, o bien correspondía incorporarlo a la renta líquida porque es un pago efectuado a una persona con interés, con lo que se habría rechazado el reclamo y confirmado la liquidación. Por ello pide que se invalide la sentencia recurrida, se dicte otra de reemplazo que revoque la decisión y confirme la liquidación reclamada, con costas.
Segundo: Que la sentencia recurrida confirmó la de primer grado, señalando en su basamento segundo que la liquidación sólo cuestionó los vínculos familiares de la trabajadora con la empleadora, objetándose la existencia de la relación laboral sólo en el proceso judicial, argumentación que no puede ser considerada porque cambia el fundamento de la actuación reclamada.
Hecha esa delimitación previa, indica en su considerando tercero que el depósito convenido fue pactado en una modificación al contrato individual de trabajo acordada en los términos del artículo 10 N°7 del Código del Trabajo en una época en que no estaba vigente la exigencia que dicho pago se haya consensuado en un contrato colectivo para su reconocimiento como gasto necesario. Sostiene, en su fundamento cuarto, que una vez suscrito el acuerdo es ley para las partes, de modo que el pago del estipendio era obligatorio, precisando que el pacto se ajustó a las prescripciones legales y las instrucciones del Servicio. En ese sentido, luego de mencionar la jurisprudencia administrativa contenida en el Oficio N° 3007 de 1996, concluye que el contribuyente actuó de acuerdo con la normativa vigente (motivo quinto).
Finalmente, esa sentencia se refiere a la planificación tributaria en su razonamiento sexto, señalando que la ilicitud concierne únicamente a las acciones evasivas, en las que ha intervenido simulación, lo que en el caso no fue acreditado, y no podría haberlo sido porque ese argumento no formó parte de los fundamentos del acto administrativo reclamado judicialmente.
A su turno, el fallo de primer grado que acoge el reclamo deja constancia en su basamento séptimo de los hechos establecidos en la causa, que son los siguientes: a) que la reclamante tiene el giro de estacionamiento de vehículos y parquímetros; b) que desembolsó $250.000.000.- para un depósito convenido; c) que se practicó a la contribuyente la Citación N° 1522 de 17 de octubre de 2011; y d) que se emitió la Liquidación el día 31 de mayo de 2012. Precisa además, en su considerando octavo, que en la fiscalización se cuestionó la necesidad del gasto en el sentido de ser inevitable u obligatorio por su naturaleza y monto, exigiendo que conste en un instrumento colectivo de trabajo, cuyo no es el caso, a lo que agregó que la trabajadora tiene una relación familiar con los representantes de la pagadora y es parte del grupo empresarial, y puesto que el beneficio sólo se pactó con ella, es un pago voluntario que no cumple con el requisito de universalidad, sino que inserto en el marco de una planificación tributaria con fines elusivos.
Señala luego esa decisión, en lo que interesa al recurso, que la sola existencia de un contrato de trabajo permite considerar a la Sra. yyyyyyyyy como una trabajadora dependiente, y añade que las vinculaciones familiares, en este caso concreto, no son limitantes para rechazar los desembolsos, y en cuanto al concepto de interés, que la Circular 37 de 1995 no considera a quienes son trabajadores dependientes (fundamentos vigésimo tercero y vigésimo quinto).
En relación con la calificación del pago, y basándose en el Oficio N° 3.007 de 1996, indica en su motivo vigésimo octavo que debe distinguirse si el depósito convenido es obligatorio o voluntario, puesto que en el primer caso son gastos necesarios cumpliendo con las exigencias del artículo 31 inciso 1°, y en el segundo, si llevan aparejado el concepto de universalidad y su monto sea regulado bajo parámetros objetivos. En este caso, sostiene en su razonamiento trigésimo primero que la obligatoriedad de los desembolsos de dinero proviene de la esencia del convenio de trabajo, ya que lo instituido en él es ley para los intervinientes conforme lo prescriben los artículos 1545 y 1438 del Código Civil, y el artículo 7 del Código del Trabajo, precisando que el Oficio citado no exige que se pacte en un convenio colectivo. Esa obligatoriedad, continúa en su basamento trigésimo sexto, debe interpretarse subsumida en los términos de inevitable y necesario, sin que sea pertinente agregarle más requisitos que los previstos en la ley. A modo de corolario, afirma en su considerando cuadragésimo que el convenio de trabajo es de carácter obligatorio, al estar firmado por ambas partes, haciendo presente que la calidad de trabajadora no fue reprochada por el Servicio de Impuestos Internos, lo que permite dar por cumplidos los requisitos exigidos por el legislador para otorgar pleno reconocimiento al depósito convenido como un gasto necesario para producir la renta.
Se hace necesario dejar consignado, además, que refiriéndose a la planificación tributaria, sostiene en su fundamento vigésimo séptimo que es lícita siempre que se haga con estricto apego legal y sin fraude de ley, de manera que no siempre conlleva a lo ilegal o ilícito, precisando que la elusión no significa que sea una actuación ilegítima. Finalmente, contempla un argumento a mayor abundamiento en su motivo cuadragésimo segundo, ya que en la eventualidad de considerarse el desembolso como un gasto rechazado, tributarían dos veces tales fondos, en impuesto de primera categoría como gasto rechazado y luego con el impuesto de segunda categoría.
Tercero: Que, habiéndose atacado en uno de los capítulos del recurso la determinación de los presupuestos fácticos de la decisión, es que se comenzará con la denunciada infracción de los artículos 132 inciso 14° y 21 del Código Tributario. En ese sentido, importa dejar en claro que esta Corte ya ha señalado reiteradamente que, al no constituir esta sede instancia, la revisión de los hechos asentados en el juicio o el establecimiento de unos otros diversos de los fijados, y que determinan la aplicación de las normas sustantivas dirigidas a dirimir lo debatido no es posible, salvo que se denuncie que al resolver la controversia los jueces del fondo se han apartado del onus probandi legal, han admitido medios de prueba excluidos por la ley o han desconocido los que ella autoriza, o en que se ha alterado el valor probatorio fijado por la ley a las probanzas aportadas al proceso. Para el desarrollo de tal propósito, el recurrente debe señalar pormenorizadamente los yerros jurídicos que se han cometido en la decisión, los que deben tener influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, exigencia que se traduce en la necesidad de demostrar que ellos han tenido un efecto trascendente y concreto, de suerte que su verificación implique una real variación respecto de lo que racional y jurídicamente debería fallarse y lo que efectivamente se resolvió en la resolución impugnada.
También es importante advertir que actualmente en materia tributaria el sistema de valoración imperante es el de la sana crítica contenida en el inciso 14° del artículo 132 del Código Tributario, ponderación de las probanzas que bajo este paradigma significa que, como ya se ha afirmado consistentemente por esta Corte, no está permitido a los jueces de instancia que en el análisis de los medios de prueba aportados puedan prescindir de elementos de convicción que están llamados a valorar, de acuerdo a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, pues de hacerlo así, desde luego infringen las reglas de la sana crítica (SCS N° 3026-2010, de 25 de agosto 2011). Por otro lado, y desde que se reconoce a los mismos jueces la facultad e imperio para determinar el sustento fáctico de la decisión del caso concreto, no es bastante para dar por establecida una trasgresión de las reglas de valoración de la prueba la sola discrepancia con las conclusiones alcanzadas por aquéllos, sino que se requiere apreciar una motivación alejada ostensiblemente de los antecedentes probatorios del caso, o una estimación de los mismos a tal punto irracional, ilógica o contraria a la experiencia, que llegue a ser insensata (SCS N° 2751-2013, de 31 de diciembre de 2013).
Cuarto: Que, situados en este contexto, es posible advertir que el reclamo formulado en el recurso alude, más que a la transgresión de las reglas de la sana crítica, a una pretendida falta de fundamentación al prescindir de las pruebas rendidas por la reclamada, o bien al desechar las observaciones efectuadas respecto de las evidencias aportadas por su contraparte. En ese contexto, y aún siendo discutible que la denuncia de esa carencia pueda ser motivo del recurso de estos antecedentes, lo cierto es que no es efectiva, puesto que, al contrario de lo señalado por el recurrente, la sentencia deja de manifiesto que todas aquellas pruebas que se refieren a la falta de un relación laboral real entre las partes del convenio que originó los depósitos convenidos serán descartadas por no haberse fundamentado la liquidación en tal sentido, superando, en concepto de los jurisdiscentes, el objeto del reclamo. Asimismo, aquellas objeciones basadas en el interés de la trabajadora, fueron desechadas al acudirse a la jurisprudencia administrativa que excluía a quienes tuvieran esa relación con la sociedad como personas con interés en ella. De este modo, este capítulo del recurso de casación no podrá prosperar.
Quinto: Que, en consecuencia, ha quedado asentado que los comparecientes del convenio de trabajo escrito en que se acordó el depósito convenido objetado por el Servicio tienen la calidad de empleador y trabajador, cuestión que implica que el marco normativo dentro del cual debe examinarse este egreso es el general establecido en el inciso primero del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, siendo inaplicable la disposición del ordinal sexto del mismo precepto, puesto que si bien se refiere a gastos emanados de la relación laboral, se aplica únicamente a sueldos, salarios y otras remuneraciones, participaciones y gratificaciones, categorías en las que no se encuadran los depósitos convenidos por sus propias características, y porque conforme con lo previsto en el artículo 20 del Decreto Ley N° 3500, no constituyen remuneración para ningún efecto legal.
En ese contexto, es importante dejar en claro que dichos egresos no están excluidos de la posibilidad de ser analizados por el Servicio de Impuestos Internos en una fiscalización en la que se califique su procedencia como gastos aceptados tributariamente, aun cuando estén pactados en un convenio de trabajo. Ello ocurre, en primer término, porque no existe norma de rango legal que contemple una excepción como la de la especie, y en segundo lugar, porque la jurisprudencia administrativa invocada por los litigantes y a que alude la sentencia recurrida, esto es, el  Oficio N° 3.007 de 1996, establece que, estando pactado el depósito convenido en un contrato o convenio por escrito, se acepta como gasto siempre que cumpla con las restantes condiciones impuestas por el artículo 31 inciso 1° de la Ley de Impuesto a la Renta. En caso de no verificarse aquéllas, corresponde aplicar lo establecido por el artículo 33 N°1 letra g) de la ley citada, que previene que se agregarán a la renta líquida, siempre que haya disminuido la renta líquida declarada, entre otras partidas, las cantidades cuya deducción no autoriza el artículo 31 o que se rebajen en exceso de los márgenes permitidos por la ley o la Dirección Regional, en su caso.
Aclarado el estatuto aplicable a los pagos efectuados, resulta importante acudir al tenor del artículo 31 inciso 1 de la ley del ramo, que prescribe “La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio.” Dicho precepto desarrolla luego una serie de casos excepcionales, en que los gastos no son aceptados por la ley, o bien se admiten cumpliendo con ciertas condiciones adicionales a las que contempla la regla general. De la disposición que precede, entonces, y como ha sostenido previamente esta Corte, es posible colegir los siguientes requisitos para la determinación de la renta líquida en casos como el que se analiza, en lo referido a los gastos cuya deducción se pretende: a) que correspondan a desembolsos pagados o adeudados; b) que se encuentren  respaldados o justificados fehacientemente con la documentación correspondiente a fin de probar su naturaleza, necesidad, efectividad y monto; c) que correspondan al período en que se está determinando la renta; d) que pertenezcan al giro de la empresa, negocio o actividad; e) que no se trate de gastos que la ley declare como “no deducibles” y f) que no se encuentren rebajados como costo directo de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Impuesto a la Renta. (SCS Nº 14.771-14, de 19 de mayo de 2015).
Siguiendo en esta línea, el entendimiento del vocablo “necesario” se corresponde, entonces, con la significación que le ha atribuido esta Corte, conforme su tenor gramatical, cual es la de aquellos desembolsos en los que inevitablemente ha debido incurrir el contribuyente para generar la renta líquida imponible que se pretende determinar, relacionados directamente con su ejercicio o giro y que tengan el carácter de inevitables y obligatorios para el fin social. (SCS N° 11.359-2014, de 30 de diciembre de 2014).
Sexto: Que, en esas condiciones, resulta posible apreciar que, siendo indiscutido que el gasto ha sido justificado fehacientemente, que corresponde al período en que se está determinando la renta, pertenece al giro de la empresa y no ha sido rebajado como costo directo, la controversia entre las partes se radicó exclusivamente en la necesariedad del gasto. Sobre dicho requerimiento, es posible advertir que la sentencia recurrida reduce el examen a la obligatoriedad del pago, cuestión que es distinta de la necesariedad tributaria de ese egreso, que, como se ha dicho, exige que inevitablemente el contribuyente haya debido incurrir en él para generar la renta líquida imponible que se pretende determinar.
Este aspecto es aquél que se echa de menos en el pago del depósito convenido. En efecto, se trata de un pago cuantioso realizado con la finalidad de aumentar los fondos de una trabajadora destinados a solventar su futura pensión de vejez, conforme con las notas características dadas por el artículo 20 del Decreto Ley N° 3.500, circunstancia que, por sí sola, aleja dicho egreso de tal modo de los fines más inmediatos de la contribuyente y de la obligatoriedad del gasto en cuanto búsqueda de la obtención de la renta, que requiere la aportación de probanzas que permitan ligar la solución de este estipendio con la generación de mayores ingresos por parte de la sociedad reclamante, y que lleven a considerar que se trata de un gasto necesario. Sin embargo, los hechos del proceso, en la forma que han quedado establecidos, sólo logran contextualizar este gasto en cuanto emana del vínculo laboral de la contribuyente con uno de sus trabajadores, y por ende de su obligatoriedad al emanar de un acuerdo pactado por escrito, mas resulta claramente insuficiente para llevar esa obligatoriedad al plano tributario, pues ello requería demostrar su relación con la generación de las rentas de la sociedad. En esas condiciones, y conforme con los hechos del proceso, no resulta posible calificar los pagos por depósito convenido como un gasto necesario para producir la renta.
Séptimo: Que, en esas circunstancias, aparece claro que los jueces del grado han incurrido en un error de derecho al momento de resolver la controversia sometida a su conocimiento, puesto que al efectuar la calificación del gasto incorporado a la renta líquida imponible a través de la actuación reclamada, no han examinado la totalidad de las exigencias previstas en el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, principalmente su necesariedad, lo que ha llevado a determinar que se trata de un gasto necesario, en circunstancias que no tiene dicha calidad. El yerro detectado tuvo influencia sustancial en lo resolutivo del fallo, desde que llevó a que se acogiese una reclamación tributaria que debió ser desechada.
En tales condiciones, no resulta necesario analizar los reclamos del arbitrio relativos a la transgresión del artículo 33 inciso 1° letra f), ni la del artículo 20 en relación con los artículos 21 y 42 N°1, todos de la Ley de Impuesto a la Renta, en relación con la deducción de los pagos efectuados a personas con interés en la empresa y la doble tributación de los depósitos convenidos, desde que lo señalado en el párrafo anterior es suficiente para acoger el recurso de casación en el fondo, tal como se dirá en lo resolutivo.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 145 del Código Tributario y los artículos 767, 774, y 805 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fojas 493 por el abogado don zzzzzzzz, en representación de la VIII Dirección Regional de Concepción del Servicio de Impuestos Internos, en contra de la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil catorce, escrita de fojas 491 a 492 vuelta, la que se anula y se la reemplaza por la que se dictará a continuación, pero sin previa vista.
Se previene que el Ministro Sr. Juica tiene además presente para desestimar la infracción al artículo 132 inciso 14° del Código Tributario, que dicha norma no constituye una ley reguladora de la prueba, puesto que el legislador ha entregado el escrutinio probatorio en este tipo de procedimientos a la ponderación que con libertad puedan arribar los jueces de la instancia, atributo que no es revisable por la vía de la nulidad sustantiva, aparte que además los conceptos de lógica, experiencia y conocimientos afianzados se obtienen sólo de manera racional y no sobre requisitos o condiciones fijadas a priori por la ley. La desatención a dichos aspectos valorativos que determinan un torcido ejercicio de la razón o sea fruto de irrealidades que deriven en falsedades o inexactitudes, devienen consecuencialmente en ausencia de fundamentos cuya sanción es la nulidad formal, lo que no ocurre en este caso, y que constituye un remedio procesal distinto al promovido por la recurrente.
Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Künsemüller, quien estuvo por rechazar el libelo interpuesto, teniendo únicamente en consideración que la necesariedad del gasto, requisito cuya ausencia determina en este caso que se anule el fallo impugnado, no representa un hecho sobre el cual hubiera debido recaer el debate jurídico producido en la especie. En efecto, aparece del auto de prueba dictado por el juez tributario que se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:
1.- Carácter aparente, o no, de la obligación de pago de depósitos convenidos. Hechos que configurarían la apariencia.
2.- Supuestos de hecho que configurarían o no, la obligatoriedad del convenio de trabajo cuya copia rola a fojas 10.
3.- Efectividad de ser el receptor de depósitos convenidos, persona titular de interés en la empresa que los pagó. Hechos que configurarían dicho interés.
4.- Efectividad que el contribuyente se acogió de buena fe a la interpretación administrativa emanada del Servicio de Impuestos Internos, en los términos indicados en el escrito de reclamación.
En consecuencia, está claro que la necesariedad del gasto no fue un hecho a probar en la litis, de modo que la infracción de determinadas normas jurídicas que denuncia la recurrente, carece de relevancia en lo dispositivo de la decisión, toda vez que el supuesto fáctico que sirve de apoyo a la impugnación del Servicio de Impuestos Internos no pudo ser apreciado en su concurrencia o inconcurrencia por el tribunal ad quem, desde que no fueron llamadas las partes a rendir prueba –y, por tanto, a debatir- sobre ese tópico, lo que conduce, ineludiblemente, a eximir de censura a la sentencia recurrida.
Regístrese.”
EXCMA. CORTE SUPREMA-14.09.2015-ROL N° 32.120-2014-MINISTROS SRES. MILTON JUICA A., HUGO DOLMESTCH U., CARLOS KÜNSEMÜLLER L., EL FISCAL JUDICIAL SR. JUAN ESCOBAR Z. Y EL ABOGADO INTEGRANTE SR. JEAN PIERRE MATUS A.
 Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor experto en materia tributario contable
Etiquetas: [Facturas negociables]  [Tarapoto]  
Fecha Publicación: 2015-12-16T04:29:00.001-08:00

“Factura Negociable en el departamento de San Martín: Aplicación Práctica y sus implicancias legales, tributarias y contables”
Sábado 19 de diciembre del 2015
Horario: 09:30 am a 01:30 pm
Organiza y coordina: Gaceta Jurídica (Contadores & Empresas) DISTRIBUIDORA DE INFORMACION JURIDICO CONTABLE SAN MARTIN E.I.R.L
Lugar del evento: Auditórium del Hotel Rio Sol (Ex Hotel Lily)Jr. Jimenez Pimentel 407- Tarapoto.
Telèfono de contacto en San Martìn con Sra. Vicky Hidalgo Ramírez:   508922 RPM: #373788 – 990355945 Dirección:  Jr. Alegría Arias de Morey 149 – Tarapoto
Temario:
1.   Principales características de los títulos valores (principios, naturaleza, formalidades, protesto)
2.   Problemas en la cobranza de la factura comercial y de la factura negociable. Su cobro en  ejecución
3.   La factura negociable y sus efectos como tercera copia obligatoria
4.   Obligaciones del emisor de la factura negociable y del adquiriente como sustento de sus  operaciones empresariales
5.   Aceptación expresa y tácita. ¿Es viable en casos de operaciones entre Lima y provincias? ¿Y si los bienes se trasladan a zonas de Amazonía o muy alejadas? ¿Y si ocurre una exportación? ¿Es necesario su emisión si esta es al contado? ¿Vale la pena sancionar al contribuyente (emisor  o receptor) que no cumpla con algún formalismo?
6.   El sistema de detracciones del IGV y las facturas negociables. Caso práctico
7.   Intereses compensatorios y moratorios y las facturas negociables. ¿Y las notas de débito? ¿Y las notas de crédito?
8.   Exigencias respecto al crédito fiscal del IGV a propósito de la vigencia del Decreto Legislativo Nº  1116
9.   Comprobantes de pago. Nuevas exigencias 2015 e implicancias respecto a su llenado y contro electrónico
10.  Recibo de honorarios electrónico y Libro de Ingresos y Gastos

EXPOSITOR:
ALAN EMILIO MATOS BARZOLA
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera. Abogado Especialista en Derecho Tributario en una entidad de prestigio (2012-2015) en casos relacionados con el Impuesto a la Renta, Tributación de Minería, Petróleo, Energía, Normas Internacionales de Información Financiera (NIC-NIIF), Instrumentos Financieros Derivados, Amazonía, Tributación Bancaria, entre otros temas. Docente del Diplomado en Actualización Tributaria 2015, organizado por INEDI – Ica. Docente del Diplomado en Tributación 2015, organizado por CEA – Piura. Ha sido asesor tributario contable en las revistas Gaceta Jurídica y Contadores & Empresas, y en otras entidades. Docente en diversos Diplomados sobre Tributación 2014 en Huaraz, Ayacucho, Piura, Ica, así como en la XX Convención Nacional de Tributación TRIBUTA en Madre de Dios. Expositor experto en materia tributario contable a nivel nacional.
Telèfono de contacto en San Martìn con Sra. Vicky Hidalgo Ramírez:   508922 RPM: #373788 – 990355945 Dirección:  Jr. Alegría Arias de Morey 149 – Tarapoto
Etiquetas: [1171452015]  [1171452015 RTF TRIBUNAL]  [RTF 1171452015]  
Fecha Publicación: 2015-12-15T04:12:00.001-08:00
Alan Emilio en San Isidro, Lima. Diciembre 2015
Mediante Resolución RTF 11714-5-2015 de Observancia Obligatoria el Tribunal Fiscal cierra la discusión en torno a los argumentos elusivos que tratan de disfrazar que se cometió la infracción por no otorgar comprobantes de pago.
Conforme con el numeral 2 del artículo 10 del Reglamento del Fedatario Fiscalizador, aprobado por Decreto Supremo Nº 086-2003-EF, modificado por Decreto Supremo Nº 101-2004-EF, el retorno del Fedatario Fiscalizador al local intervenido puede producirse en el transcurso del día de la intervención, sin necesidad de justificación alguna“.
Según nos comentan, la intervención se inició a las 07 am y culminó a las 11:00 am siendo que el contribuyente cuestionaba que esto no era razonable y era desproporcional, pero nunca desvirtuó el hecho que no otorgó el comprobante de pago.
Moraleja: Amigos empresarios cuadren a su personal y exíjanles que antes de prestar el servicio o de entregar el bien OTORGUEN EL COMPROBANTE DE PAGO RESPECTIVO, antes de cobrar inclusive.
Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor Experto en materia tributario contable
Etiquetas: [1111642015 RTF]  [RTF 1111642015]  [RTF 2015 DIFERENCIA DE CAMBIO]  
Fecha Publicación: 2015-12-07T23:24:00.003-08:00
Plaza Norte Lima Diciembre 2015
Mediante Resolución RTF 11116-4-2015, que constituye precedente de observancia obligatoria se establece:
“Las ganancias derivadas de la diferencia de cambio, deben ser consideradas en el divisor o denominador a efecto de calcular el coeficiente aplicable para la determinación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, a que se refiere el inciso a) del artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta”.
Este criterio se sustenta en el Acuerdo de Sala Plena Nº 2015-17, de fecha 16 de octubre del 2015, detallándose que excluir las ganancias por diferencia de cambio del denominador implica una distorsión en el cálculo del coeficiente para los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, dado que ello no repercute en el numerador, en el que se mantendrá como parte del impuesto determinado en el ejercicio anterior o precedente al anterior.
En el siguiente enlace puede ubicarse el Acuerdo de Sala Plena:
Alan Emilio Matos Barzola
Especialista en Derecho Tributario y en Normas Internacionales de Información Financiera
Expositor Experto en materia tributario contable