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El pasado día 9 durante la ceremonia por el Día del Ejército y 187° aniversario de la Batalla de Ayacucho, realizada en la Pampa de la Quinua, el presidente de la República, Ollanta Humala, manifestó que “el voto militar debe ser revisado para no politizar a las FF AA”, la cual es una propuesta equivocada por una mala percepción del presidente, ya que contrariamente, la mejor manera de fortalecer las instituciones democráticas es con el ejercicio del sufragio, y representa un derecho de todos los ciudadanos, y dentro de ellos, los miembros de las FF AA y PNP en situación de actividad; además, en la mayoría de países democráticos del mundo votan los militares y policías en actividad y no existe preocupación alguna de politización.
En el Perú, después de más de 30 años de propuestas y debates, finalmente, en dos votaciones en legislaturas diferentes, el 11 de noviembre de 2004 y 10 de marzo de 2005, por mayoría casi unánime, el Congreso de la República aprobó la ley 28480 que modificó el artículo 34° de la Constitución: “Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley”; incluyendo sus regulaciones: “No pueden postular a cargo de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro, de acuerdo con la Ley”.
Siendo los miembros de las FF AA y la PNP en actividad parte integrante de la sociedad peruana, esta modificación a la Constitución reivindicó el derecho al voto de alrededor de 200,000 efectivos –3% de electores hábiles a nivel nacional– involucrándolos en el sistema democrático, comprometiéndolos con los mecanismos cívicos y accediéndolos a la formación de la voluntad popular y a su inclusión en la sociedad. Recordemos que nuestra primera Constitución de 1823, señalaba en su artículo 179°: “Todo militar no es más que un ciudadano armado en defensa de la República”.
Bajo este panorama, el derecho a voto es universal y ningún ciudadano debe ser excluido ni marginado, como lo estuvieron por mucho tiempo las mujeres (hasta 1955) y los analfabetos (hasta 1979); en el caso del voto militar (hasta 2005), fue el último rezago antidemocrático de nuestro Estado de Derecho.
La revisión del voto militar promovida por el presidente Humala no tiene argumento válido, la no politización de las instituciones ha sido ampliamente debatida y aceptada, y asimismo, durante los seis actos electorales en que ha participado el personal militar-policial desde la otorgación de este derecho en el 2005 ha mantenido una actitud responsable en las votaciones y en su participación ciudadana, no habiéndose presentado además en estos 6 años indicio alguno de politización que pueda reforzar la equivocada moción del presidente de la República.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de diciembre de 2012
El pasado día 10 el ministro de Defensa chileno, Andrés Allamand, refiriendo que la fase oral de la disputa limítrofe en La Haya podría alentar en el Perú expresiones nacionalistas, notificó: “Eso significa que podemos y tenemos que estar plenamente preparados con nuestra fuerza militar”. Meses atrás (26 de mayo), también previno que las Fuerzas Armadas chilenas “se encuentran en capacidad plena para resguardar la soberanía”. Estas expresiones no se tratan de opiniones aisladas; si analizamos en el tiempo, advertiremos que se tratarían de un proceso sistemático de mensajes bélicos emitidos desde el 16 de enero de 2008, fecha en que el Perú presentó su demanda contra Chile por la delimitación marítima ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El propio presidente chileno, Sebastián Piñera, durante los ejercicios militares Huracán 2011 realizados el pasado10 de noviembre, hizo constar que “su país tiene FF AA perfectamente preparadas para defender su soberanía, su territorio y su mar”. Durante el año 2010 fueron varios mensajes: el ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea advirtió (26 de enero): “Todos saben que tenemos la capacidad de pegar fuerte”. El ex ministro de Defensa, Jaime Ravinet, señaló (12 de febrero): “debemos usar la política de defensa nacional como instrumento de la política exterior de Chile”, y complementó (12 de mayo) que “su país busca tener unas FF AA perfectamente preparadas para defender sus fronteras”.
Igualmente durante el 2009: el almirante Edmundo González al ser designado como Comandante en Jefe de la Armada (3 de junio), manifestó el que ante este juicio de La Haya, “la Marina está preparada”. El ex ministro de Defensa, Francisco Vidal, arengó (28 de julio): “tenemos el mejor Ejército, Fuerza Aérea y Armada de los últimos cien años”, e increíblemente, la hipótesis inicial del ejercicio “Salitre II” (28 de octubre) aludía tácitamente al actual conflicto limítrofe.
Bajo este panorama, diferentes instituciones internacionales de Defensa han certificado que Chile es el mayor comprador de armas en Sudamérica, y aún continúan su carrera armamentista –acaba de ser lanzado al espacio su satélite “FaSat-Charlie” con aplicación militar–, sin embargo, en el Perú, aunque el nuevo primer ministro, Oscar Valdés, ha manifestado que se tomarán las medidas para defender mejor nuestro territorio, el mínimo presupuesto 2012 asignado para Defensa (menos del 1% del PBI) no permitirá ni siquiera efectuar reparaciones para mejorar la operatividad de las FF AA.
Y aunque el canciller chileno se esfuerce en reiterar que acatarán la sentencia de la CIJ –73% del país está en contra–, estos sistemáticos mensajes bélicos y su frenesí armamentista generan serias dudas respecto a la posición que asumirá este país ante un fallo adverso de dicha Corte Internacional.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de diciembre de 2011
El pasado día 1 Transparency International (TI) presentó en Berlín, Alemania, el Índice de Percepción de la Corrupción 2011 (IPC), el cual mide anualmente, desde 1995, los niveles de percepción de corrupción de servidores públicos y políticos de la mayoría de países del mundo. Esta organización, que define la corrupción como “el abuso del poder utilizado para beneficio personal”, incluye para su calificación percepciones de expertos residentes y no residentes con una combinación de 17 encuestas empresariales mundiales, así como evaluaciones de analistas de riesgos comerciales y expertos de instituciones internacionales.
Este último IPC 2011 evalúa a 183 países del mundo durante el período de diciembre 2009 a setiembre 2011 –etapa final del gobierno de Alan García e inicio del actual gobierno–, y analiza factores, tales como, acceso a la información, conflictos de intereses, frecuencia y/o magnitud de los sobornos en el sector público, pagos irregulares en las contrataciones públicas, malversación de fondos, así como la medición de la eficacia de la administración pública contra la corrupción. El índice es calificado de acuerdo a una escala de 10 puntos (muy transparente) a 0 puntos (muy corrupto), ocupando el puesto 1° Nueva Zelanda (9.5 puntos) y 2° Finlandia (9.4), y en los dos últimos lugares 182° y 183°, Somalia y Corea del Norte, con un punto cada uno.
En el caso del Perú, ocupamos en este IPC el puesto 80 con 3.4 puntos (puntajes por debajo de 5.0 muestran “graves problemas de corrupción”), tristemente nuestra peor calificación desde 1998 en que iniciamos nuestra participación en esta ponderación (año que ocupamos el puesto 41 con 4.5 puntos). Lo grave es que durante los 13 años de evaluaciones, en nuestro país nunca se analizó, ni prestó atención, ni fueron adecuadamente difundidos los resultados de estos índices, que año a año nos iban advirtiendo sobre el permanente y progresivo incremento de mayor corrupción pública.
Bajo este panorama, los anteriores gobiernos demostraron escasa voluntad política para enfrentar la corrupción, y el pasado gobierno de Alan García será investigado por casos comprobados que involucran más de 10 mil denuncias contra servidores públicos. Pero lamentablemente, el actual gobierno, cuyo tema bandera de su campaña electoral fue la lucha anticorrupción, además de denuncias de aportantes fantasmas para su partido, ya ha presentado casos muy graves de corrupción de integrantes de sus cuadros políticos.
Por tal motivo, es urgente que tome las acciones y dicte las políticas para evitar el tráfico de influencias, perfeccionar los métodos de adquisiciones públicas, supervisar el gasto público a nivel gubernamental, local y regional, evitar la impunidad, dictar penas drásticas y contundentes y dictaminar la no prescripción de estos delitos, con el fin de revertir esta situación hacia una dirección positiva.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de diciembre de 2011
El pasado día 24 las Fuerzas Armadas de Brasil iniciaron un “Plan Estratégico de Fronteras” contra el tráfico de drogas y contrabando que abarcará 7,765 kilómetros en las fronteras con Perú, Bolivia y Paraguay, principalmente en la región amazónica, empleando 6,500 efectivos, 57 aviones, y 10 buques para control de ríos fronterizos. En Chile, han quintuplicado los recursos para el control del narcotráfico y han implementado, desde el 5 de octubre pasado, el “Plan Frontera Norte” para el control de sus tres regiones –Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta– fronterizas con Perú y Bolivia, habiendo adquirido aviones no tripulados israelíes (UAV) y aviones Cirrus SR-22 con equipamiento de visión nocturna.
Argentina, inició el pasado 21 de julio su “Programa Escudo Norte” en la provincia de Santiago del Estero, con la instalación de 26 radares 3D para reforzar el control del narcotráfico y contrabando en su frontera con Brasil, Bolivia y Paraguay. Por su parte el gobierno boliviano proyecta instalar un sistema de radares en su frontera con Perú, Argentina y Brasil, además, ha adquirido ocho aviones K8 chinos para labores de interdicción antidrogas, y a pesar que según la ONU, Bolivia es el principal proveedor de cocaína en Sudamérica, sin embargo, una elevada proporción llega a este país desde Puno (Iñanbari-Tambopata), y de allí, es reorientada hacia Argentina, para finalmente ingresar a Brasil vía marítima.
Bajo este panorama, el Perú es el primer país productor mundial de cocaína (325 toneladas anuales), y, desde el Valle de los ríos Apurímac y Ene –VRAE– (región Ayacucho, Cusco y Junín), y los valles del Alto Huallaga (Monzón), la Convención y Lares (región Cusco), la selva central –Palcazu-Pichis-Pachitea– (región Pasco), e Iñambari-Tambopata (región Puno), el narcotráfico va extendiéndose peligrosamente hacia nuestras 5 fronteras y la costa norte. Por este motivo, la nueva estrategia antidrogas 2012-2016 –que debió presentarse en noviembre, según afirmaciones del primer ministro, Salomón Lerner– debería incluir el resguardo de nuestras fronteras y las vías marítima y fluvial, para reducir la salida de cocaína al exterior.
Para esta lucha, en que el narcotráfico mueve unos US$ 20,000 millones anuales, debería considerarse la implementación de un sistema de radares en puntos clave y rutas clandestinas de nuestras fronteras; la adquisición de aviones no tripulados (UAV); equipos y sistemas de control de última tecnología para los puestos fronterizos y de vigilancia, y control de contenedores; el establecimiento de sistemas operativos de interdicción aérea –que dejó de aplicarse desde el 2003– para detección de narco avionetas y localización de plantaciones, pozas de maceración y laboratorios, así como de interdicción marítima-aérea en el mar, ya que por esta vía sale al exterior más del 80% de la cocaína producida en nuestro país.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de diciembre de 2011
En medio de un paro indefinido en Cajamarca en contra del proyecto Minero Conga, y con la convicción que nuestro país requiere de inversiones mineras para ampliar el desarrollo y mejorar la inclusión social, pero con responsabilidad en la explotación, cuidando el agua y el medio ambiente, considero necesario reflexionar sobre la problemática histórica de los pasivos ambientales mineros en el Perú, los cuales ascienden a 6,847, según el último inventario del Ministerio de Energía y Minas (MEM) del pasado 27 de julio.
Los pasivos ambientales mineros son toda clase de instalaciones, restos o depósitos de residuos abandonados o inactivos de la actividad minera, como relaves, desmontes de minas, escorias, tajos, productos químicos, infraestructura, etc., que en grandes cantidades han quedado regados desde épocas antiguas en diferentes zonas mineras. A pesar que afecta a 21 de los 25 departamentos, más del 50% (3,483), están concentrados en Ancash (1,115), Cajamarca (1,018), Huancavelica (829) y Puno (521); y hasta en Lima hay casi 300.
La ley 28271 de julio de 2004 regula los pasivos ambientales de la actividad minera, y en ella se dispone que el Ministerio de Energía y Minas debe identificar a los responsables de su abandono, sin embargo, desde dicho año, de los 6,847 solo han sido detectados 947 (13.8%), principalmente 310 de la minera Buenaventura en Ayacucho y Huancavelica y 298 de la minera Colquirumi en Cajamarca, ambas en proceso de cierre. Los 5,900 pasivos restantes no tienen dueño y ni siquiera se les ha efectuado estudios ambientales, y, aunque la mayoría pueden ser históricos, mientras el MEM no los detecte, de acuerdo al Reglamento de la ley (DS 059-2005-EM), el Estado es responsable de su remediación.
Según la Directora Ejecutiva del Fondo Nacional del Ambiente (Fonam), Julia Justo Soto, de la totalidad de los pasivos ambientales, unos 5,000 son del sector minero privado –el resto del Estado–, y de éstos, alrededor del 50% son operadores vigentes. Para dicha funcionaria, la presencia de tantos pasivos ambientales mineros, significa que falta un compromiso del sector minero privado, considerando que representan una inversión de US$ 1,000 millones.
Bajo este panorama, aunque desde octubre de 2003 la Ley 28090 regula el cierre de minas de acuerdo a un plan con garantías ambientales, que teóricamente evitaría el abandono de nuevos pasivos, el inventario de éstos seguirá incrementándose, toda vez que el MEM no ha inspeccionado ni la quinta parte de las más de 60 cuencas con actividad minera en el país. El gobierno debería poner mayores esfuerzos para detectar a los responsables de los más de 6,000 pasivos actuales, o caso contrario dar solución prioritaria remediándolos, ya que se trata de una antigua problemática pendiente que afecta y genera riesgos permanentes a los pobladores y al medio ambiente.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 26-de noviembre de 2011
El pasado día 2 el procurador anticorrupción, Julio Arbizu, advirtió que en el Perú existen más de 20,000 procesos sin solución, por corrupción contra funcionarios públicos, y que la información es muy precaria por el abandono del gobierno de Alan García de todo el sistema anticorrupción. Asimismo, según datos de setiembre pasado de la Contraloría General, durante dicho gobierno –solo entre enero de 2009 y julio de 2011– fueron detectados 10,659 casos de corrupción de funcionarios estatales, encontrándose 3,720 responsables en diferentes ministerios, empresas del Estado e instituciones dependientes del Ejecutivo, y según sus estimaciones, el Estado pierde por este flagelo unos S/. 8,000 millones anuales, cifra equivalente entre el 10 y 15% del total de compras y adquisiciones gubernamentales.
Los delitos de corrupción tienen penas muy benignas; si un funcionario recibe una condena de por ejemplo 4 años, ésta prescribe a los 6 años (la pena más el 50%), aún si está fugado o no habido. Lo cierto es que no existe voluntad política para dictarse una ley para que estos delitos no prescriban, ya que desde el 2001, de más de 40 proyectos presentados, ninguno se ha concretado, a pesar que desde dicho año, de los 7,000 procesos en curso, ya comenzaron a prescribir 145 a partir del año pasado.
Recientemente congresistas del grupo parlamentario del gobierno presentaron un dictamen considerando la modificación del artículo 41° de la Constitución para declarar la imprescriptibilidad de dichos delitos y establecer la inhabilitación en la función pública de quienes los cometieron, y a pesar de que el pasado 20 de setiembre fue aprobado por mayoría en la Comisión de Constitución, el día 11 de este mes, el Pleno del Congreso no lo aprobó –congresistas que se oponen consideran erróneamente que se trata de una herramienta de persecución– y lo devolvieron a la Comisión de Justicia.
Bajo este panorama, en nuestro país la corrupción casi nunca fue investigada con seriedad y eficacia. Ésta se ha convertido en un mal endémico y una enfermedad social que no permite consolidar una verdadera democracia. Nos hemos vuelto tolerantes y permisivos a las coimas, evasiones de impuestos, y hasta de la presencia de actores políticos cuestionados y con procesos delictivos, y a pesar de ello no se impulsan respuestas severas, drásticas y eficaces para sancionarla como el incremento de penas, de años de prescripción y principalmente la imprescriptibilidad, para evitar que el delito se extinga en determinado plazo y genere como hasta ahora una indignante impunidad.
La dación de esta ley (que requiere ser aprobada en dos legislaturas con 88 votos) limitaría los delitos punibles que atentan contra el patrimonio del Estado y que representan una grave amenaza a la gobernabilidad democrática y a la estabilidad y seguridad de nuestra sociedad.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 19 de noviembre de 2011
El pasado día 7 estuvo en nuestro país una delegación boliviana de 10 miembros liderada por los presidentes del Senado y Diputados –la cual, a pesar de su trascendencia, pasó absolutamente desapercibida por el caso Chehade– a fin de exhortar al canciller, al presidente del Congreso y a la Comisión de RR EE, a apurar la ratificación del “Protocolo Complementario y Ampliatorio de los Convenios del Proyecto Playa Bolivia” (PCA), suscrito el 19 de octubre de 2010 por el ex presidente Alan García y su par boliviano Evo Morales, y representa una ampliación del proyecto “Boliviamar” (PB) firmado el 24 de enero de 1992 entre Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora.
A pesar que con el PB Perú cedió a Bolivia en Ilo por 99 años una zona franca de 2 km2, incluyendo 5 km de litoral, facilidades portuarias y libre tránsito para sus exportaciones, en los casi 20 años transcurridos Bolivia lo dejó absolutamente de lado, y aun así, García, sin explicación razonable, suscribió dicho PCA incrementando notablemente una concesión nada favorable a nuestros intereses nacionales:
1) Zona Franca Industrial y Económica Especial (ZOFIE);
2) Acceso permanente al Pacífico y a un punto de atraque propio;
3) Derecho de navegación de buques bolivianos;
4) Libre uso de las instalaciones portuarias;
5) Incremento de la Zona Franca Turística (ZFT) de 2 a 3.58 km2; y
6) Casi 8,000 m2 para que Bolivia construya en 3,000 m2 su Escuela Naval Militar, sin considerar el rechazo de la población por su ubicación en pleno centro de la ciudad, con acceso al mar frente a la playa Tres Hermanas y a la Carretera Costanera, lugar que además había sido proyectado para construirse un muelle pesquero local.
Asimismo, García, insólitamente, sin haber consultado a las FF AA y sin haberse aprobado el PCA en el Congreso peruano –y ni siquiera en el boliviano– promovió la colocación de la primera piedra de la Escuela Naval Militar boliviana en una gran ceremonia realizada el 7 de noviembre de 2010, con asistencia de cancilleres y ministros de Defensa de ambos países.
Bajo este panorama, y aunque la delegación boliviana en el Perú haya reiterado que el acuerdo no tiene intención de mantener soberanía en el puerto de Ilo porque su fin será únicamente académico, esta explicación no concuerda con el pensamiento de Morales quien el pasado 6 de agosto manifestó que buscará la manera de cómo tener salida al mar por Ilo casi con autonomía.
Además, este PCA afecta nuestra soberanía y seguridad nacional por el derecho de navegación de Bolivia en Ilo, la presencia de sus buques en el Mar de Grau, y la construcción de una dependencia naval militar en territorio peruano; aspectos que colapsan con varios artículos de la Constitución (art. 54, 55, 165 y 175). Por tal motivo, el Congreso (art. 56) debería rechazar tajantemente la concreción de este PCA, el cual ni siquiera podría ser aprobado con reservas.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 12 de noviembre de 2011
Durante las últimas elecciones presidenciales en el Perú, el 10 de abril pasado –en primera vuelta– fueron elegidos 130 congresistas para el período 2011-2016, recibiendo el 1 de junio sus credenciales y juramentando el 25 de julio. Según lo dispuesto en el reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones 2011 (Resolución JNE 5004-2010) los partidos políticos ingresaron los datos de la Declaración Jurada de Vida (Hoja de Vida) de cada uno de ellos en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), correspondiéndole al Jurado Electoral Especial (JEE) la revisión y el retiro de los candidatos que incluyan declaración falsa, inclusive hasta un día antes de la elección.
Sin embargo, hemos podido constatar que ni los partidos, como primer interesado, ni el JEE, han podido evitar muchos datos falsos u omisiones de información. Los partidos políticos por no tener la prolijidad necesaria para filtrar o escoger a sus representantes, y el JEE, por no observar la minuciosidad requerida para revisar eficazmente dichos documentos y asimismo, no considerar las denuncias preexistentes.
En las Hojas de Vida de este último proceso electoral hubo mucha información falsa de congresistas, por maestrías no realizadas, irreales egresos de universidades, distorsionada experiencia laboral; además, muchos omitieron información de antecedentes penales y sentencias condenatorias en curso sobre casos que posteriormente han salido a la luz, por tráfico de influencias, conflictos de intereses, contaminación minera, defraudación tributaria, proxenetismo, abuso de autoridad, extracción ilícita de mineral, lavado de activos, robo agravado, estafa, peculado y difamación.
Bajo este panorama, la Hoja de Vida, que nació el 2005 (Ley 28624) como mecanismo de transparencia e información para los electores –con el fin de mejorar la calidad del Parlamento Nacional– no ha evitado que muchos candidatos al Congreso, a Gobiernos Regionales y Locales sigan falseando y omitiendo datos, por lo que es necesario reformular los procedimientos:
1) Los partidos políticos deben cambiar totalmente el sistema de revisión o filtraje de postulantes;
2) Los candidatos que falseen u omitan datos, si se detectan antes de la elección, deben ser eliminados, y si fuera después, inmediatamente destituidos, pero en ambos casos, denunciados por delito contra la fe pública; asimismo, deben incluir todos sus procesos penales y condenas, pasados y presentes, además de referir sus rentas y bienes, y autorizar previamente la apertura de su secreto bancario para su uso en caso necesario; y
3) El JEE debe recibir las Hojas de Vida con mayor anticipación y contar con mayor cantidad de personal capacitado con el fin de poder revisar y confrontar minuciosamente los datos formulados y no permitir el juramento ni instalación de candidatos farsantes.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 5 de noviembre de 2011
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado un informe al Gobierno peruano sobre la intervención militar, en abril de 1997, del Comando Chavín de Huántar a la Embajada del Japón para el rescate de rehenes de manos del grupo terrorista MRTA. Aunque dicho documento es reservado y ha sido entregado directamente al Ministerio de Justicia, se ha hecho de conocimiento público que esta Comisión demanda procesar nuevamente en el fuero civil a todos los integrantes del comando por la supuesta ejecución extrajudicial de 3 terroristas.
Han pasado casi 15 años desde que el 17 de diciembre de 1996, 14 terroristas del MRTA tomaron como rehenes a 72 personas a quienes retuvieron por 4 meses tratándolos con la más absoluta crueldad, sin piedad, y con verdadero sadismo y salvajismo, violando flagrantemente sus derechos humanos. Durante la operación de rescate, el 22 de abril de 1997, murió un rehén, dos héroes del Ejército (Coronel Valer y Capitán Jiménez) y los 14 terroristas.
Posteriormente, en el año 2002 se inició un proceso judicial contra algunos de los comandos. En el 2003 la Corte Suprema, a través de una contienda de competencia, dispuso que sean juzgados en el fuero militar, en el que fueron absueltos, sin embargo, ahora la CIDH pide que todos los comandos sean juzgados por el fuero civil, además de repararse material y moralmente a los familiares de los terroristas muertos.
A pesar que el viceministro de Justicia, Juan Jiménez, ha manifestado que el 15 de agosto pasado el Perú emitió un documento a la CIDH donde indica que no reconoce de alguna violación a los derechos fundamentales, y que además son solo 4 las personas procesadas y no incluye ningún comando, sin embargo, el ministro Francisco Eguiguren ha advertido –como un enigma– que en aquellos casos donde existan violaciones de derechos humanos, y donde el Estado moralmente tenga que reconocer, lo hará; asimismo con la prórroga de 90 días que ha solicitado –como decisión política– estaría abriendo la posibilidad de acatar estas inauditas recomendaciones.
En este panorama, todos los peruanos debemos recordar dicho operativo como una de las más impecables operaciones militares, exitosa, bien planificada y donde el objetivo fue cumplido al rescatarse a los rehenes, la cual obtuvo atención mediática en todo el mundo, y además ha sido analizada en diferentes escuelas superiores internacionales militares y de inteligencia.
Bajo ningún motivo el gobierno peruano debería someterse a este dictamen de la CIJH y debe rechazar de plano todas sus recomendaciones. En tal caso, esta Comisión puede someterlo a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), instancia que jamás ha procesado un caso de operación militar, y en la cual le corresponderá al Estado no permitir la realización de un nuevo juicio a nuestros valerosos comandos.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de octubre de 2011
A raíz de que más de una decena de congresistas del nuevo parlamento serán investigados por malos manejos, corrupción y juicios penales, en la actual agenda política de nuestro país se debate sobre la inmunidad parlamentaria como trato especial a los congresistas. Según la última encuesta de Apoyo, publicada el pasado día 16, para el 72% de los consultados debería eliminarse, es decir, la mayoría opina que muchos congresistas la mal utilizan para beneficio personal y evitar ser procesados por acciones no relacionadas con sus obligaciones parlamentarias.
Desde una perspectiva positiva, dicha inmunidad asegura que los congresistas, como representantes de la Nación, puedan cumplir sus tareas y funciones con independencia, sin juicios y persecuciones políticas disfrazadas de delito –una razón es la precariedad y fragilidad del Poder Judicial–, además, esta figura es respaldada por el Tribunal Constitucional, y está amparada en la Constitución Política (art. 93°), normando que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, y no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso, pudiendo proceder el desafuero en caso de acto delictivo, con votación congresal de la mitad más uno.
Sin embargo, en los últimos años, muchos congresistas han aplicado esta inmunidad como derecho personal, y asimismo, los parlamentos han rechazado el retiro de este privilegio para esquivar la acción de la justicia “protegiéndolos” de actos de corrupción, delitos comunes u otros. Esta situación obviamente afecta la imagen y credibilidad del Poder Legislativo, por lo que es necesaria la urgente revisión y reformulación de esta prerrogativa, la cual no debería extenderse para delitos comunes, sino circunscribirse estrictamente al ámbito parlamentario. Además, los partidos políticos deberían seleccionar mejor sus postulantes al Congreso, y el Jurado Nacional de Elecciones revisar con meticulosidad las Hojas de Vida y los financiamientos partidarios. Cabe resaltar la acción de la prensa y la opinión pública para evitar, gracias a la presión política, la impunidad de muchos casos delictivos de congresistas.
Bajo este panorama, lo más importante sería que los congresistas, por su representatividad, se obliguen a seguir un comportamiento ético y de conducta al servicio de la sociedad y del país, y asimismo, a demostrar normas éticas elevadas protegiendo el interés público, particularmente supervisando las acciones del gobierno y exigiendo la rendición de cuentas. En su gestión parlamentaria deberían ser agentes promotores de integridad ética y pública y de credibilidad, evitando los conflictos de intereses, y su comportamiento, dentro y fuera del Parlamento, debería seguir estrictas reglas de conducta, de principios y valores éticos, tales como: integridad, rectitud, responsabilidad, transparencia y honestidad.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de octubre de 2011
El antiguo término cabotaje alude a la navegación costera desde un punto geográfico notable a otro, navegando de “cabo a cabo”, pero actualmente se emplea para designar a las naves que realizan el tráfico de mercancías entre puertos de un mismo país. Nuestra inmejorable ubicación geográfica con un extenso litoral de más de 3,000 kilómetros y con el principal puerto en el Callao, ubicado en la zona central del país, permitiría presumir que el tráfico de mercaderías se debería efectuar mayoritariamente por mar entre este y los puertos del norte y sur, y de allí, vía terrestre o ferroviaria para la penetración y salida de mercancías al interior del país.
Sin embargo el transporte de mercaderías por cabotaje es inexistente en el Perú, lo cual constituye un grave error. Todo este transporte se realiza vía terrestre con camiones; por cabotaje marítimo solo se transportan hidrocarburos en alrededor de una docena de buques tanqueros-petroleros y gaseros, y de las únicas tres naves con bandera nacional del Servicio Naviero de la Marina: BAP Bayovar, BAP Zorritos y BAP Noguera.
El transporte terrestre, desde el punto de vista de economía de escala es 25% más caro que el de cabotaje a partir del traslado de volúmenes de carga sobre las 900 toneladas y distancias mayores de 500 kilómetros –incrementándose hasta 50% sobre los 2,000 kilómetros–; además de su menor rendimiento, presenta informalidad, inseguridad, ineficiencia y produce congestión y contaminación. El cabotaje generaría mayor competencia en este mercado, no obstante, se podrían implementar nuevos servicios, como el Roll-on Roll-off, trasladando camiones con contenedores o mercaderías en los buques y recogiéndolos después en el lugar de destino, disminuyéndose el costo de transferencia intermodal.
A pesar que desde el 2005 contamos con la ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional (ley 28583), con una modificatoria (ley 29475-diciembre 2008), con normas tributarias (DS 167-agosto 2010) y con el reglamento de la ley (DS 014-abril 2011) –que incluyen normas para desarrollar el cabotaje–, lamentablemente no se ha iniciado la reactivación de la flota mercante nacional, indispensable para desarrollar el cabotaje marítimo.
Bajo este panorama, por razones geográficas, económicas, operativas, de seguridad y como reserva naval, deberíamos fomentar el cabotaje marítimo, el cual no genera las externalidades negativas del transporte terrestre y ahorraría costos a los operadores y baja de tarifas a los clientes. Se requiere que navieros o empresas navieras nacionales arrienden o adquieran naves para iniciar la reactivación de nuestra flota mercante y permita abanderar en el Perú naves de cabotaje, y asimismo, que el gobierno mejore la infraestructura de los puertos e instalaciones portuarias, así como las conexiones viales desde la costa hacia el interior del país.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 de octubre de 2011
Hoy día 8 de octubre se celebra el 132° Aniversario del Combate Naval de Angamos, fecha de júbilo nacional que nos invita a recordar la figura del Gran Almirante del Perú, Miguel Grau Seminario, un hombre cuyo comportamiento es digno de resaltar como mensaje de ejemplo por ser honra y gloria del Perú y del mundo y cuya cabal efigie adquiere mayores relieves en el transcurso del tiempo. Marino, héroe, ciudadano, político, estratega, ideólogo, líder, de cuyo accionar se rescata el mensaje que con su vida nos legó. Su ejemplo es una fuente de altura, de carácter, de elevados y superiores reflexiones y estímulos que nos dejan un transcendente legado, no solo de sacrificio y entrega como el héroe que se inmoló en defensa de la patria en el Combate de Angamos, sino también por su testimonio de vida y su manifiesto sentido del deber y de servicio a la patria.
Como político, siendo diputado por la Provincia de Paita, se desempeñó como parlamentario entre 1876 y 1878, con una actuación digna demostrando gran responsabilidad e integridad, tanto en los temas vinculados a la Marina –ejerció la presidencia de la comisión de Marina– como sobre diferentes materias de interés nacional. Como líder con su capacidad de convocar, orienta y dirige a sus subalternos logrando cumplir los objetivos propuestos por él y por la patria. Su capacidad de movilización e influencia no se fundamentaba en su autoridad y poder legal formalmente recibido, sino en una relación de adhesión espontánea y voluntaria de quienes trabajaban a sus órdenes. Su sola presencia era suficiente para amalgamar voluntades positivas en torno a un objetivo.
Su profunda convicción sobre el deber que se impuso Grau como forma de vida cotidiana lo condujo por el camino del heroísmo y del sacrificio. Ante la inmensa superioridad de fuerzas de la escuadra chilena con respecto a la peruana, Grau, como presagiando lo que el futuro le deparaba dijo: “si llegase el caso, el Huáscar cumplirá con su deber, aun cuando tenga la seguridad de su sacrificio”. Nuestro máximo héroe nacional consagrado como “El peruano del Milenio”, es un paradigma, una imagen histórica que nos dejó un profundo legado de heroísmo y sacrificio superior, una grandeza de sentimientos, un conjunto de virtudes del más alto valor religioso, moral y ético y un ejemplo del significado del cumplimiento del deber, que todos debemos imitar.
Bajo este panorama cabe resaltar la importante iniciativa de la Marina de Guerra del Perú, con auspicio de la empresa privada, por el lanzamiento de la campaña “Somos Grau, Seámoslo Siempre” con el fin de desarrollar valores cívico patrióticos dentro de nuestra sociedad, y promover, con el trascendente legado de nuestro máximo héroe Miguel Grau, la identidad nacional, una conciencia histórica de integración y unidad, así como un estímulo de fe en el destino de nuestra patria.
Publicado en el diario EXPRESO, de fecha 8 de octubre de 2011
Entre los días 25 y 29 del presente mes se llevó a cabo en Porto de Galinhas, Recife, estado de Pernambuco, Brasil, el XIV Congreso Mundial del Agua organizado por la Asociación Internacional de Recursos Hídricos (AIREH), cuya temática se ha dirigido hacia la “Adaptación de la Gestión del Agua: Mirando el Futuro”. El evento que convocó a 850 participantes de 56 países del mundo, tuvo como meta advertir que los nuevos desafíos de los recursos hídricos, tales como el cambio climático, el ritmo de crecimiento poblacional y urbano, su deficiente uso, así como su injusta distribución, pondrán en riesgo su conservación, por lo que debe considerarse una nueva concepción de gestión del recurso.
Bajo estas importantes consideraciones, evaluemos la situación de este vital recurso en el Perú. Contamos con 159 cuencas hidrográficas que proporcionan al país 2 billones de m3 de agua al año, pero a la costa apenas llega el 1.8% (37,300 millones de m3) para una población que cubre el 65% del país, con pésimos hábitos de consumo y mal tratamiento de aguas servidas –solo en Lima se vierten 400 millones de m3 al año–. Además, muchas cuencas están en mal estado por inadecuadas prácticas agrícolas, sobrepastoreo y explotación irracional; también por tala ilegal de bosques, contaminación y problemas socioeconómicos e institucionales, y muchos de nuestros ríos son contaminados por residuos químicos y relaves de la minería o por desechos industriales y orgánicos arrojados a sus cauces.
Según el último estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) –Perú, abril de 2010–, además de la contaminación industrial de desechos sólidos y por desagües, nuestras cuencas son amenazadas por el cambio climático que podría terminar con los glaciares andinos que les dan su origen. Para el 2015 gran parte de éstos se estarían agotando ya que en las últimas décadas han perdido unos 2,000 km2 de hielo, equivalentes al 20% de la superficie de todos los glaciares del planeta, y a un volumen de agua que Lima consume en 10 años. Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), advierte que en la región nuestro país sufrirá las mayores restricciones en el suministro de agua a partir del 2025, considerando que la agricultura usa más del 80%, consumo humano 12%, industria 6% y minería 2%.
Bajo este panorama, nuestro país debería invertir mayores presupuestos en la modernización de la gestión y empleo de nuevas tecnologías para la reutilización del agua de consumo humano, tratamiento de aguas servidas, almacenamiento de agua, mejoramiento de control y protección de las cuencas, optimización del sistema de riego para la agricultura, aprovechamiento las aguas subterráneas, entre otros, con el fin de que el uso de nuestros recursos hídricos sea equilibrado y su manejo sostenible para el futuro.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 1° de octubre de 2011
El 21 de julio de 2010 se promulgó la ley 29565 “Ley de creación del Ministerio de Cultura”, la cual impone, en este caso a la ministra del ramo Susana Baca, asumir 38 funciones exclusivas y compartidas para lograr la promoción de actividades culturales y artísticas a nivel nacional, así como la conservación y protección de nuestro extraordinario patrimonio cultural. La gran responsabilidad asumida por la ministra, que incluye la planificación, formulación y aplicación de políticas públicas y la adscripción de 12 nuevas entidades y organismos públicos a su ministerio, debería demandar su presencia a dedicación exclusiva, sin embargo, de manera muy peculiar y en acto inédito en la política peruana, decidió ausentarse 16 días de su cargo para seguir cumpliendo sus compromisos como cantante en el extranjero, argumentando que “si yo no canto, ¡me muero!”.
Está equivocada la ministra Baca porque ante esta gran responsabilidad asumida con el país debió haber anulado dichos compromisos. También se equivoca porque a menos de un mes de asumir el cargo, se pronunció inadecuadamente sobre el escaso presupuesto de su sector arguyendo: “soy la ministra mendiga, no tengo ni para los cueros del tambor”, pero ni siquiera planteó la factibilidad de conseguir fondos por intermedio de herramientas como la del mecenazgo cultural, norma incluida en la ley para impulsar proyectos culturales con el apoyo de grandes empresas nacionales a través de beneficios tributarios.
Además la ministra tiene la ardua misión de preservar nuestro vasto y rico patrimonio cultural. Hace solo dos años el Consejo Internacional de Museos (ICOM) nos advertía sobre el grave incremento de excavaciones clandestinas y saqueos en el país, y también sobre los “niveles inusitados” de tráfico de bienes, habiéndose registrado la venta ilegal de más de 5,000 piezas entre 2004 y 2006. Recientemente se ha hecho público el vergonzoso robo sistemático de casi 1,000 joyas bibliográficas de nuestra Biblioteca Nacional, la que no cuenta con mínimos elementos de seguridad ni de información de gestión bibliográfica. Asimismo, son robadas de nuestras iglesias, museos, y hasta del Archivo de la Nación valiosísimos documentos, objetos arqueológicos y litúrgicos, lienzos y reliquias, siendo vendidos por mafias a coleccionistas extranjeros por exorbitantes precios.
Bajo este panorama, nuestra frágil proyección cultural requiere de un ministerio con mucha experiencia de gestión, capacidad planificadora, esfuerzo y entrega, para, además de la custodia y protección de nuestro rico patrimonio histórico, arqueológico y artístico, lograr que nuestras clases más desposeídas accedan a la cultura y mejoren su calidad de vida, y asimismo, poner la cultura en el centro de la sociedad como factor gravitante para alcanzar el desarrollo social e integral de nuestro país.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de setiembre de 2011
El pasado día 8, durante la sesión descentralizada del Congreso en Ica, fue aprobado un proyecto de ley declarando de necesidad pública e interés nacional la creación e implementación de la Universidad Tecnológica de Chincha. Aunque esta iniciativa pudiera parecer muy loable pensando en facilitar el acceso de la población a más universidades, más se trataría de una acción política populista, ya que no ha sido tomada en cuenta la irrazonable e indiscriminada proliferación de universidades, ni se han considerado aspectos de presupuesto, infraestructura, recursos y docentes para su funcionamiento.
Según la Ley Universitaria de 1983, para crearse una universidad se requería de estudio de mercadeo y de factibilidad, pero en noviembre de 1996 se promulgó el Decreto Legislativo 882 “Ley de Promoción de la Inversión en la Educación” que amplió las posibilidades para la creación indiscriminada de universidades. El II Censo Nacional Universitario 2010, corrobora esta situación. De 57 universidades en 1996, han aumentado a 100 al 2010 –en los países de la región el promedio es entre 30 y 50–, de las cuales 35 son públicas y 65 privadas (en 1996 eran 28 públicas y 29 privadas), es decir, en 14 años las públicas se han incrementado en 25% y las privadas en 124%, logrando estas últimas posicionar la mayor población estudiantil (60.5%), lo que denota un claro afán mercantilista.
Esta problemática se presenta muy grave por cuanto de las 100 universidades en funcionamiento actualmente, solo 19 de ellas están institucionalizadas por el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu), ente rector creado por ley 26439 de enero 1995 cuya función es evaluar las solicitudes de autorización de nuevas universidades. Además existen 33 universidades con autorización provisional de funcionamiento y 25 proyectos en proceso de implementación; otros 13 proyectos admitidos a trámite –entre febrero de 2010 y mayo de 2011–, y por último, 11 proyectos en solicitud, la mayoría admitidos entre el 6 y 26 de julio de este año (antes del cambio de gobierno). De las 38 filiales autorizadas por Conafu casi la mitad la cubren tres universidades: Alas Peruanas (8), César Vallejo (5) y San Martín de Porras (3). Durante el gobierno de Alan García, en forma demagógica y populista, se crearon 15 universidades públicas de las cuales ninguna funciona.
Bajo este panorama debería suspenderse la creación de más universidades hasta que se determine las profesiones a formar para cubrir las verdaderas necesidades del país, y que el Estado pueda garantizar que en las actuales universidades se logre mejorar la calidad de la educación, el incremento de la investigación científica –casi nula en la mayoría–, así como la promoción de actividades de extensión cultural y de proyección o acción social.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de setiembre de 2011
La Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2007-2011 asumida por el anterior gobierno fue un fracaso total. Si analizamos las metas que propuso la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y las comparamos con los resultados a junio 2011 veremos que ninguna de ellas se cumplió y todo resultó al revés: en lugar de disminuir, se multiplicaron los cultivos ilícitos de coca, la producción de hoja de coca seca al sol, la producción potencial de cocaína y el consumo de drogas entre escolares; y asimismo, en lugar de incrementarse, se redujeron los decomisos de droga, de insumos químicos y la destrucción de laboratorios clandestinos.
Además de no haber funcionado la institucionalidad antidrogas en su conjunto en cuanto a su articulación, capacidad y apoyo y labores de inteligencia, uno de los principales motivos para su fracaso fue el reducido presupuesto del gobierno y el mínimo apoyo de cooperación internacional de Estados Unidos y de la Unión Europea, quienes a pesar de aceptar su responsabilidad compartida como principales consumidores de la droga peruana, año a año reducen su apoyo económico.
En el año 2005 el entonces presidente ejecutivo de Devida, Nils Ericsson, manifestaba que el Perú estaba perdiendo la lucha contra el narcotráfico y que para hacer frente a este problema se requerían de US$ 3,749 millones hasta el 2016 para infraestructura económica, medio ambiente y actividades productivas. Para la estrategia antidrogas 2007-2011, Rómulo Pizarro explicó que el 2007 se requerían S/.600 millones (US$ 200 millones) pero fueron aprobados solo S/. 430 millones (US$ 140 millones), y a fines de 2007 advirtió que contaba con un limitado presupuesto para su labor. En agosto de 2009 solicitó mayores recursos para proyectos y planes pendientes. Para el 2010 el gobierno destinó solo S/. 93 millones (US$ 33 millones). El 2011, antes de dejar el cargo Pizarro manifestó que el Perú invirtió US$ 429 millones, pero se necesitaban más recursos.
Bajo este panorama, ha sido nombrado Ricardo Soberón como nuevo director ejecutivo de Devida, y todo el debate se ha dirigido hacia el cuestionamiento de su discurso sobre la erradicación de cultivos ilegales, sin embargo, nadie habla del bajísimo presupuesto 2012 de US$ 120 millones asignado a Devida, con el que no se podrá conducir eficientemente ninguna estrategia para enfrentar este grave problema que pone en riesgo la seguridad nacional.
Esperemos que Soberón presente la nueva estrategia antidrogas 2012-2016, y a partir de ella evaluemos si se trata de una política integral que contemple acciones de infraestructura económica, procesos para el desarrollo alternativo, control de insumos, erradicación, operaciones de interdicción y control aéreo y marítimo, así como prevención y rehabilitación del consumo de drogas.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de setiembre de 2011
Cuando ocurren situaciones graves de delincuencia como las que están sucediendo en el país, el sistema penitenciario se convierte en tema de debate debido a que la modalidad delictiva usando celulares dentro de los penales está creciendo exponencialmente para planear y dirigir extorsiones, secuestros, robos y otros delitos en combinación con cómplices externos. El pasado 23 de agosto el hijo de un empresario coreano fue secuestrado en el distrito de La Molina, y según la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dirincri), desde el penal de “máxima seguridad” Piedras Gordas de Ancón se comunicaron por celular con sus familiares para exigirles dinero por su liberación.
Durante los tres primeros meses de 2010, solo en los penales Piedras Gordas y El Milagro de Trujillo, fueron requisados 1,100 celulares. También entre marzo y abril de dicho año, un interno del penal de Río Seco, en Piura, realizó 2,000 llamadas desde su celda para extorsionar empresarios y transportistas del norte del país. Existen además pruebas de extorsiones desde distintos penales donde se han encontrado relaciones de personas, empresarios, hoteles y empresas que iban a ser objeto de este delito.
El ingreso ilegal de celulares a los penales y su tenencia por los internos constituyen solo faltas administrativas, al visitante que intenta ingresarlo le suspenden su visita un año, y al interno, lo sancionan con uno o dos meses de aislamiento sin visitas. En octubre de 2010 el gobierno anterior anunció la penalización del intento de ingreso de celulares, lo cual no cumplió, y recién el pasado 22 de junio fue modificado el Reglamento del Código de Ejecución Penal en su artículo 37 e incorporando el artículo 241-A, prohibiendo el uso de celulares, satélites, radios a transistores en los penales, y disponiendo que las empresas operadoras corten el servicio cuando constaten su uso ilegal, lo cual no tendrá efecto por la espantosa corrupción y complacencia que existe en dichos centros penitenciarios.
Bajo este panorama, para evitar el uso de celulares en los penales resultaría más eficaz, aumentar la seguridad para evitar su ingreso durante las visitas, y además, bloquear la señal de telefonía celular en el perímetro de los penales, sin embargo, tal como lo ha manifestado el nuevo jefe del Instituto penitenciario (INPE), José Pérez, existen carencias en su sector, en personal faltan agentes penitenciarios para revisar a todas las visitas, y en material, faltan recursos para instalar bloqueadores de llamadas por su elevado costo. Claramente está revelando que no se podrá resolver ninguna de las dos situaciones. Es decir, seguirán ingresando celulares a los penales, y continuarán incrementándose los execrables delitos que realizan muchos internos a través de esta modalidad.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de setiembre de 2011
Durante las últimas semanas hubo un gran debate sobre la urgente necesidad de resolver la problemática de seguridad interna en nuestro país incluyéndose el tema de los penales. El fiscal de la Nación recomendó la apertura de El Frontón “para recluir los delincuentes más peligrosos y evitar que sigan liderando bandas criminales desde las cárceles”. La congresista Rosa Mávila propuso la construcción de un penal de máxima seguridad en Puno ya que “a esa zona si le temen los malhechores”. El ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, sostuvo que cada año se van a construir y ampliar penales ya que “el problema está en el déficit de espacio”, y equivocadamente aseguró que “la resocialización del interno pasa por atender el hacinamiento”.
Ambos aspectos –infraestructura y resocialización– son mandatos constitucionales que el sistema penitenciario incumple de manera flagrante. El artículo 139 de nuestra Constitución, que consagra los principios de la función jurisdiccional, en el inciso 21 dispone: “El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados”, sin embargo la sobrepoblación carcelaria alcanza el 76.53%; existen 48,580 internos pero solo existe capacidad para 27,520, lo cual se traduce en hacinamiento crítico, violencia, abusos, descontrol y desorden, y según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) el 2017 serán 60,000 (casi 2,000 internos más por año). Asimismo, el inciso 22 dispone: “…el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”, es decir, su mandato se adscribe a la función resocializadora penitenciaria como fundamento para el tratamiento de los internos, pero esto no se ejecuta en los penales.
Bajo este panorama, nuestro sistema penitenciario además de no cumplir con la Constitución, encierra una de las más graves manifestaciones de violencia, donde la mayoría de derechos son conculcados y desde donde, dentro de un círculo vicioso, se promueve y fortalece la escuela del crimen, la rearticulación de bandas de secuestradores, narcotraficantes, terroristas, e incremento de delincuentes. Solo desde el 2010 se registraron en diversos penales 9 asesinatos y 30 fugas de internos.
La solución del problema no consiste solamente en construir más penales, sino que es necesaria una reforma integral que busque mejorar la gestión y eficiencia de los servicios penitenciarios en los aspectos de inversión, seguridad, erradicación de corrupción y mafias, revisión de beneficios penitenciarios, y en el tratamiento de internos, los aspectos sociales, laborales, legales, de salud, psicológicos, educativos, bienestar, etc. para que para que aquellos que alcancen su libertad lo hagan como personas rehabilitadas socialmente y no regresen nuevamente a la actividad delictiva.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de agosto de 2011
El Presidente de la República Ollanta Humala durante su mensaje en el Congreso el pasado 28 de julio manifestó: “Reconstruiremos una verdadera marina mercante del Perú para ejecutar lo que dispone la ley de reactivación y promoción de la marina mercante nacional”. Nuestra marina mercante terminó de colapsar durante el gobierno del ex presidente Fujimori con la dación de los decretos legislativos 644 y 683 del 22 de junio y 2 de noviembre de 1991, respectivamente, los que liberaban el acceso a las cargas y grababan los aranceles para la adquisición de naves oceánicas, sin embargo, a pesar que iba a afectarse la flota no se implementaron las políticas requeridas para su futuro desarrollo.
Durante los dos últimos gobiernos de los ex presidentes Toledo y García, a pesar que prometieron promover su reactivación no tuvieron la visión de futuro de estadista ni la voluntad política para realizarla. Por tal motivo nuestra marina mercante se encuentra en la peor crisis de su historia, no obstante que nuestro comercio marítimo representa el 90% del comercio exterior y capta casi el total de divisas de nuestra producción, y asimismo, poseemos un litoral de 3,079 km y nuestro Mar de Grau con 1’140,646 km2 que nos vinculan estratégicamente con la cuenca del Pacífico, que representa el 55% del PBI mundial y 3 mil millones de consumidores.
Al final del gobierno de Toledo, el 22 de julio de 2005, fue promulgada la ley 28583 “Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional” para apoyar a las empresas navieras nacionales para que participen competitivamente en el transporte marítimo mundial, pero nunca fue reglamentada. En el gobierno de García se argumentó su falta de claridad en incentivos económicos y tributarios, y así, el 17 de diciembre de 2008 se promulgó una nueva ley 29475 modificando la anterior (28583), en plazos de operación y regímenes de importaciones y tributarios, pero tampoco fue reglamentada.
Bajo este panorama, la ley de reactivación de la marina mercante que ha referido el presidente Humala en su mensaje, como base para reconstruir nuestra flota, tiene más de 6 años de promulgada e increíblemente no ha sido reglamentada. Esperemos que el actual gobierno priorice esta acción para que la ley alcance el objetivo planteado y sea aplicada a corto plazo.
Una vez reactivada nuestra marina mercante, el Estado dejará de pagar entre US$ 2,000 y US$ 3,000 millones anuales por fletes a naves de bandera extranjera, asimismo, contaremos con una reserva naval estratégica, se incentivará la construcción de naves en el Servicio Industrial de la Marina (SIMA), y nuestros más de 1,200 oficiales egresados de la Escuela Nacional de Marina Mercante (ENAMM), que están obligados a trabajar en buques extranjeros, podrán hacerlo en nuestra flota mercante nacional.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de agosto de 2011
El pasado día 6, fecha del 186° aniversario patrio boliviano, el presidente Evo Morales manifestó durante una entrevista que buscará la manera de cómo tener salida al mar “casi con autonomía” por el puerto de Ilo. Inclusive explicó que en China –donde ha viajado el pasado día 8– vería opciones para construir un puerto y un proyecto ferroviario que una Ilo con la localidad boliviana de Puerto Suárez, en la frontera con Brasil.
Recordemos que el 24 de enero de 1992 Perú cedió por 99 años a Bolivia una zona franca de 163 hectáreas en Ilo para el tránsito libre de su comercio exterior, incluyendo un área de 5 km de litoral denominada Boliviamar, pero lo que debió ser una importante zona de desarrollo comercial y turística nunca fue aprovechada por Bolivia.
Sin embargo, el 19 de octubre de 2010 el ex presidente Alan García relanzó el proyecto “Mar Bolivia”, y aunque no ha sido aprobado por el Congreso autoriza a Bolivia mantener en Ilo buques de guerra y construir su escuela naval para 250 efectivos –en noviembre pasado colocaron la primera piedra–, lo cual ha sido rechazado por diplomáticos, políticos, militares, así como autoridades, pobladores y frentes de defensa de Ilo.
A pesar que en enero pasado el presidente Morales dijo ante la Asamblea Legislativa boliviana que Perú podría concederles “soberanía” en Ilo, llama la atención su nueva expresión “casi con autonomía” considerando que el término “autonomía” en el ámbito del Derecho se refiere a la libertad de contrato que garantiza una “soberanía” político-administrativa, término además usado legalmente en Bolivia. También es preocupante que pretenda introducir el tema de Ilo en la estrategia marítima boliviana con Chile después de que el canciller chileno dijera que “no le deben nada a Bolivia”.
El presidente Morales obviamente está retomando la opción de Ilo para presionar al presidente chileno condicionando su actividad comercial por los puertos de Iquique y Arica, y además, como mensaje al presidente peruano Ollanta Humala al sostener que tiene la esperanza que mejorará las anteriores propuestas. Esta situación es preocupante considerando que en enero de 2006, el entonces candidato y ahora presidente del Perú, Ollanta Humala, dijo textualmente: “De llegar al gobierno yo voy a apoyar a Bolivia, tienen todo el litoral marítimo para que tengan su Marina de Guerra, sus almirantes. Los quiero ver en el Callao, Ilo, Paita y Mollendo”.
Bajo este panorama, el gobierno de turno representa la soberanía del país más no es su titular. La decisión sobre cualquier asunto que concierne a soberanía, dominio o integridad del Estado, y defensa nacional, debe ser debatido en el Congreso para determinar su conveniencia o no a nuestros intereses nacionales, y debe ser aprobado por este poder del Estado –artículo 56° de la Constitución– antes de su ratificación por el Presidente de la República.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 13 de agosto de 2011
Nuevamente se puso en debate el tema del armamentismo chileno. El pasado 24 de julio el ministro de Defensa peruano, Daniel Mora –cuatro días antes de juramentar–, manifestó que el Perú no debería desarmarse unilateralmente por tener cinco fronteras y estar pendiente la resolución del diferendo marítimo. Luego, el 27 de julio, Rafael Roncagliolo –a un día de juramentar como canciller– sostuvo que el gasto militar chileno ha sido desproporcionado y los demás países tienen derecho a preocuparse.
La réplica chilena no se hizo esperar. El presidente Sebastián Piñera y el canciller Alfredo Moreno contestaron que Chile no está en ninguna carrera armamentista, que su gasto en defensa no es desproporcionado, y que no pretenden agredir a nadie. Además reiteraron que quieren transparentar y homologar los gastos militares con Perú, tal como lo hicieron con Argentina. Sin embargo, en ambos asuntos –armamentismo y homologación– están tratando de confundir a la opinión pública internacional.
En cuanto al armamentismo, habría que recordarles que desde el año 2000, con distintos proyectos –Alcázar, Fragata, Puente, Neptuno, Spica, Roma, Danubio, Fortaleza y Bicentenario– iniciaron una agresiva carrera armamentista adquiriendo, con gastos estimados en US$ 10,000 millones, unidades de combate ofensivas de última tecnología y armamento de gran alcance y poder destructivo, rompiendo el equilibrio estratégico en la región. Varios estudios e informes corroboran que desde el 2002 Chile registra los mayores gastos militares de la región, entre ellos, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, la Revista de Defensa Jane’s Defence Weekly y el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, que en su último informe de marzo pasado asegura que Chile fue el principal comprador de armas en América Latina entre el 2006 y 2010.
Sobre la homologación de gastos militares, habría que recordarles que el año 2005 Perú y Chile suscribieron una “Metodología estandarizada común para la medición de gastos de defensa”, proceso que nunca se inició debido a la carrera armamentista chilena y la imposibilidad de determinar sus gastos militares, lo cual ya había sido advertido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su informe final sobre la metodología elaborada para Chile y Argentina en 1999, señalando que no era factible conocer o estimar gastos anuales del material bélico chileno debido a la ley reservada del cobre.
Bajo este panorama y aparte de este debate, lo que le compete al Estado peruano es garantizar la seguridad y defensa nacional asignando mayor presupuesto para modernizar y repotenciar las unidades de nuestras FF AA, las que con 40 años de servicio en promedio, tienen su equipamiento desactualizado tecnológicamente y obsoleto, y por falta de recursos, su operatividad se encuentra seriamente afectada.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de agosto de 2011
Desde el día 28 tenemos como nuevo presidente a Ollanta Humala, cuyo partido “Gana Perú” ha logrado incorporar a 47 legisladores a un Congreso compuesto por 130. Esta cantidad representa el 36.15% del total de parlamentarios, pero con el pacto efectuado con el partido Perú Posible que cuenta con 21 congresistas, y dependiendo del alcance de los acuerdos –descartan cogobierno–, podría llegar a sumar 68, con lo que el nuevo gobierno contaría con el voto aprobatorio del 52.31% de ese poder del Estado.
En esta situación, para el debate y aprobación de proposiciones de ley, el actual gobierno tendría mayoría y más posibilidades para aprobar leyes de reformas de la Constitución con la mitad más uno del número legal de Congresistas (aunque luego deba ser sometida a referéndum o, en su defecto, ser aprobada en dos períodos anuales sucesivos con el voto aprobatorio de dos tercios de congresistas). Asimismo, no tendrían problemas para aprobar o modificar leyes orgánicas así como la ley del presupuesto de la República, de endeudamiento y de equilibrio financiero (voto aprobatorio de la mitad más uno), y hasta se le facilitaría la posibilidad de conseguir leyes autoritativas de legislación delegada que le permitiría la función legislativa mediante decretos legislativos.
En este contexto, existen 3 grupos políticos adicionales con representación en el Congreso –Fuerza 2011, Alianza por el Gran Cambio y los no agrupados (Apra y Cambio 90)– que en total reúnen 62 congresistas, y tienen la gran responsabilidad de convertirse en una oposición política positiva y constructiva, con las atribuciones de fiscalizar y apoyar, criticar y proponer, rol clave para mantener y hacer crecer la democracia del país. Lamentablemente el trabajo opositor en el Congreso de nuestro país ha sido históricamente errático y sin consistencia, y se ha caracterizado por su baja credibilidad, marcada flexibilidad y debilidad extrema.
Bajo este panorama, nuestra fragilidad institucional es realmente dramática, graves los problemas sociales que debemos resolver e inmensos los retos que requieren de soluciones urgentes, tales como, la reforma del Estado y del Poder Judicial, alcanzar la igualdad de oportunidades en educación, trabajo, salud, alimentación y cultura, así como luchar contra la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo, y mejorar la seguridad interna y la defensa y seguridad nacional.
Toda esta responsabilidad recae sobre el nuevo gobierno, sin embargo, la oposición política tiene un importante rol que cumplir actuando de manera eficiente y activa como fuerza de contrapeso y equilibrio para conseguir la moderación del gobierno evitando así eventuales excesos o populismos, pero principalmente, consensuando, negociando y fijando caminos comunes con el gobierno para que las acciones y reformas que se lleven a cabo sean ampliamente validadas por toda la ciudadanía.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de julio de 2011
El presidente Alan García dejará el gobierno el próximo día 28, y en sus últimos días ha manifestado que “el Perú es la estrella de América” y por el elevado crecimiento podemos estar satisfechos del desempeño económico y social e inclusivo.
Sin embargo, debemos recordarle al presidente que su gobierno únicamente ha seguido un modelo económico ya estabilizado y que las altas tasas de crecimiento se debieron no a una eficiente producción, sino a un patrón basado en las exportaciones de nuestros nuestras materias primas sin valor agregado y con un escenario favorable de altos precios de nuestros minerales (cobre, oro, plata y zinc) que son limitados y no renovables.
Asimismo, recordarle que dicho crecimiento no ha incorporado un eficiente modelo de desarrollo que compatibilice la distribución de la riqueza en las regiones y que por ello existen aún elevados niveles de pobreza, inequidad y desigualdad. Justamente, en las zonas más pobres, donde paradójicamente prevalece la actividad minera, gasífera y petrolera, casi se han triplicado los conflictos sociales y manifestaciones de violencia (de 82 a 227), ocasionando casi un centenar de muertes. El gobierno deja también una terrible informalidad, entre las cinco más altas del mundo –60% del PBI y 80% de la PEA es informal– y un crudo panorama laboral, sin trabajo digno para casi el 70% de ciudadanos con bajísimos sueldos y sin protección social, así como más de un millón de jóvenes desempleados y dos millones de niños trabajadores.
También recordarle que la Estrategia Antidrogas 2007-2011 fracasó rotundamente no habiendo cumplido ninguna de las siete metas proyectadas. Nuestra Amazonía está siendo deforestada por la tala ilegal, la minería informal y el narcotráfico. No se ha logrado el desarrollo institucional del sector público. Los casos de corrupción de funcionarios públicos se incrementaron exponencialmente en delitos por peculado, contra la fe pública y negociaciones incompatibles. Y el sistema educativo presenta desigualdad educacional y baja calidad, nuestros estudiantes ocuparon los últimos puestos en comprensión de lectura, matemáticas y ciencias en la última prueba PISA 2010.
Recordarle además al Presidente que el terrorismo continúa en avanzada –ocupamos el puesto 35 a nivel mundial en mayor riesgo de ataques terroristas–, solo entre el 2010 y los meses en curso realizaron 26 ataques –el último hace 4 días– falleciendo 25 efectivos y quedando más de 50 heridos. Y en seguridad ciudadana somos el país de la región con mayor victimización. Por último, este gobierno, además de intentar afectar arbitrariamente los congelados sueldos y pensiones del personal militar-policial, tiene la gran responsabilidad constitucional de dejar a nuestras FF AA con graves problemas de operatividad y al país en situación de indefensión.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de julio de 2011
El pasado 23 de junio la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó su último “Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú - 2011”, el cual, a pesar de su grave significado, ha pasado desapercibido por la agenda política. Según este informe los cultivos ilegales de coca han aumentado sostenidamente por quinto año consecutivo –de 48,220 hectáreas el 2005 a 61,200 el 2010 (+27%)–, sin embargo, de manera inconcebible, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Rómulo Pizarro, consideró como “buena noticia” el incremento del 2.2% de hectáreas, por ser menor que el de 2008 (4.5%) y 2009 (6%), cuando una de las principales metas de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2007-2011 –que él mismo elaboró– proyectaba una reducción de cultivos en 40%, por lo que deberíamos tener 32,220 hectáreas y no casi el doble (61,200). Todo un verdadero fracaso.
Igualmente otra importante meta comprometía la disminución en 10% de la prevalencia anual de consumo de drogas entre escolares, sin embargo esta viene aumentado exponencialmente, al extremo que en Amazonas, Madre de Dios, Junín y Tumbes, el consumo de cocaína se ha incrementado hasta 400%. Además, la producción de hoja de coca seca al sol ha aumentado entre 2005 y 2010 de 97,000 a 129,500 toneladas (+33.5%), de la cual solo 9,000 es para consumo tradicional y las restantes 120,500 para uso del narcotráfico. Nuestra producción potencial de cocaína también aumenta debido al rendimiento de productividad del cultivo ilegal por mejor manejo tecnológico y eficiencia de los laboratorios de drogas.
Entre los principales problemas de la actual estrategia antidrogas tenemos: 1) Se fundamenta en la erradicación de cultivos, pero sin complementarse con programas de desarrollo integral y alternativos por falta de recursos; 2) Es notoria la falta de articulación institucional, de capacidad y apoyo, y de labores de inteligencia; 3) Es deficiente el control de insumos químicos, principalmente en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), y ni siquiera se han implementado garitas de control considerando que el narcotráfico usa anualmente entre 20,000 y 30,000 toneladas de éstos; 4) Son muy limitadas las acciones de interdicción y control costero y marítimo –la principal vía de salida de la droga– por falta de voluntad política del gobierno para otorgar recursos a la Marina de Guerra para ejecutar estas acciones.
Bajo este panorama, por los pésimos resultados de las metas proyectadas la estrategia antidrogas 2007-2011 ha fracasado totalmente. Tal como resalta el presente informe, es necesario que el nuevo gobierno contemple el replanteamiento o reorientación de las actuales políticas antidrogas, así como el reforzamiento del combate al narcotráfico y a la corrupción.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de julio de 2011
El pasado día 29 en sesión especial del Consejo de Ministros en la ciudadela de Kuélap, región Amazonas, fueron aprobados dos proyectos de ley 04895 y 04896-2011 que disponen una nueva estructura remunerativa y reglas previsionales aplicables al personal de las FF AA y PNP, los cuales han sido remitidos al Congreso de la República para su trámite “con carácter de urgente”. Según los considerandos se busca ordenar los sueldos y pensiones del personal, sin embargo la propuesta es incongruente ya que se fundamenta en una pretendida insostenibilidad financiera de la Caja de Pensiones Militar-Policial, lo cual no es cierto ya que ésta es perfectamente sostenible si el Estado le cancela los más de S/. 1,300 millones (con intereses S/. 2,500 millones) que le adeuda, y asimismo, si se aumentan los porcentajes de aportes que desde el año 1979 han permanecido fijos en 12%, pero según estudios actuariales desde esa época debieron ser 25%.
Estos proyectos de ley aprobados en el Consejo de Ministros son inaceptables y significan un agravio para las FF AA y la PNP ya que afectan gravemente las pensiones y recortan la pensión de viudez y sobrevivientes al 50%. Además, porque han sido elaborados sin la participación ni consulta de las instituciones armadas y policiales y basándose únicamente en las partidas presupuestales del Ministerio de Economía, sin considerar los resultados del estudio técnico actuarial comparativo que el mismo gobierno, con elevados costos, contrató para su elaboración a una empresa privada.
Además, a pesar de que no existe argumento técnico que justifique desligar las remuneraciones de las pensiones, se pretende anular el derecho de la “pensión renovable” basándose en el cierre definitivo del régimen pensionario del Decreto Ley 20530, sin embargo, las FF AA y la PNP no están contempladas en éste ya que se encuentran excluidas de las reformas estructurales de pensiones, rigiéndose por el capítulo XII de la Constitución y sus propias leyes y reglamentos. El sistema pensionario de las FF AA y la policía, a nivel mundial, tiene como característica común y esencial ser renovable, ya que el personal, después de ofrecer su vida y sus servicios a la Patria, a dedicación exclusiva y en una carrera colmada de sacrificios, riesgos y privaciones, le corresponde tener un retiro adecuado y digno.
Bajo este panorama el actual gobierno que deja a las FF AA y PNP en una grave situación de operatividad, se despide con un último agravio a los derechos y dignidad de su personal, actuando con insania e ingratitud contra sus pensionistas, viudas, discapacitados y deudos. Esperemos que estos nefastos y lesivos proyectos de ley que violan los derechos adquiridos del personal militar y policial no sean aprobados en el Congreso de la República.
Publicado en el diario EXPRESO, fecha 9-7-11
