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El pasado día 10, Tania Quispe (prima de Nadine Heredia) renunció, tras 4 años, a la Jefatura de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), pero inmediatamente fue nombrada a un puesto que la esperaba (vacante desde 2014), representante del Perú ante el BID (sede principal en Washington).
Según Tania Quispe, durante su gestión cumplió metas con resultados bastante alentadores, puso como ejemplo que la presión tributaria “a excepción del sector minero”, dio un salto de 13% a 15.6%, sin embargo, dicha presión tributaria (relación de ingresos tributarios con el PBI que financia 80% del presupuesto nacional) se mide incluyendo todos los sectores sin excepción. Además, la principal promesa tributaria del gobierno y meta de su gestión era incrementarla hasta 18% al 2016, pero contrariamente, en 2011 registraba 15.6% y al 2016 se reduciría hasta 15.1%.
Al asumir la jefatura (agosto 2011), Tania Quispe prometió hacer algo diferente, “cambios estructurales” para lograr una organización tecnificada y moderna y así aumentar la presión tributaria y disminuir la informalidad, metas no cumplidas, porque la informalidad, evasión y elusión fiscal, y operaciones no reales con empresas y facturas fantasmas siguen incrementándose, por falta de estrategias, políticas, programas, normas, instrumentos y capital humano para combatirlas.
Otra tarea de la Sunat, control y registro de insumos químicos para producir drogas, tampoco ha sido satisfactoria; el 2014, de 40,000 toneladas utilizados para elaborar cocaína (estimación: Instituto de Estudios Internacionales PUCP) Sunat solo incautó 3,700 toneladas (9.3%). Además deja a junio 2015 (respecto a 2014) los ingresos tributarios del gobierno negativos en casi todas las variaciones de % real (impuestos y gravámenes).
Según el tributarista Juan Salazar, las perforaciones al sistema de recaudación afectan 2% del PBI (US$ 12,000 millones anuales) entre evasión, contrabando, elusión, regímenes de exoneraciones tributarias y regímenes especiales. Para la Procuradora Antidrogas, Sonia Medina, el lavado de activos mueve en el país US$ 6,500 millones anuales y el narcotráfico US$ 2,000 millones, además, el oro ilegal US$ 3,000 millones.
Bajo este panorama, los resultados de la gestión de Tania Quispe no han sido nada alentadores como ella pregona. Le toca a su reemplazante, Víctor Ramos, enfocar sus esfuerzos en ampliar la masa de contribuyentes, combatir la evasión tributaria y reducir la informalidad en nuestro país que registra una de las economías más informales de la región.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 15 de agosto de 2015
El pasado 15 de Julio la Defensoría del Pueblo presentó su Informe Defensorial N° 171: “¡Un llamado a la remediación¡ Avances y pendientes en la gestión estatal frente a los pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos”, en el cual recomienda se les brinde atención prioritaria y ejecuten acciones para su remediación, principalmente los de alto y muy alto riesgo, garantizando los recursos financieros e identificando los responsables, siendo imperativa una acción coordinada del Estado en sus 3 niveles de gobierno.
El Plan de Manejo de los pasivos ambientales mineros (PAM) aprobado por RD N° 088-2012-MEM/GM, dispone la identificación, caracterización y priorización de los pasivos, la determinación de responsables y su remediación, pero esto no se cumple. Según el inventario del Ministerio de Energía y Minas (RM N° 102-2015.MEM/DM-5 de marzo), de los 8,616 pasivos mineros, 7,531 no presentan responsables, ni menos, estudio ambiental, además, siguen incrementándose, en los últimos 5 años aumentaron 3,065 pasivos (de 5,551 el 2010 hasta 8,616 el 2015), y lo más grave, afectan a 21 de las 26 regiones del país, y del total, casi el 50% (4,281) son de alto y muy alto riesgo.
Respecto a los pasivos ambientales de hidrocarburos (PASH), se tardaron más de 3 años (entre 2007-2011) en reglamentar la ley N° 29134 de regulación de estos pasivos y casi 2 años adicionales (hasta 2013) en transferir la competencia de supervisión, del Organismo Supervisor de inversión en Energía y Minería (Osinergmin) al Organismo de Evaluación y fiscalización ambiental (Oefa). Esta situación ha ocasionado que no se cuente con un inventario actualizado. Sobre la base inicial de 8,944 reportados por Perupetro en 2002 y de 6,110 reportados por Osinergmin (entre 2009 y 2010), la Oefa ha identificado parcialmente 1,766 pasivos (entre 2013 y abril 2015) pero no ha determinado ningún responsable.
Bajo este panorama, los pasivos ambientales son una dimensión no visibilizada por la minería y el sector hidrocarburos. Estos graves impactos ambientales son generados por empresas mineras y petroleras (públicas y privadas, antiguas y actuales) que contaminaron y contaminan zonas circundantes donde operan, con restos de instalaciones y depósitos de residuos de productos altamente tóxicos.
El Gobierno debería tomar en cuenta las recomendaciones de este importante Informe Defensorial N° 171 para remediar los pasivos ambientales y disminuir los graves riesgos en el país, para la salud poblacional, ecosistema circundante y medio ambiente.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de agosto de 2015
Durante su último mensaje en el Congreso el presidente Ollanta Humala, sin anuncios importantes, prácticamente hizo un recuento de lo que considera sus logros, al término, en la explanada del Palacio de Gobierno, dio otro discurso afirmando: “Estamos dejando un legado, cuando terminemos este período, a mediados del 2016, el Perú habrá cambiado”, pero sin reformas esto no será posible. Recordemos que en setiembre 2013 Humala afirmaba que “La tarea de reformar el Estado es un pedido a gritos”, pedido no cumplido porque sin liderazgo político realizar reformas es imposible, y los intentos se frustran.
A pequeños cambios en la administración pública lo denominan reforma del Estado, pero nuestro Estado, débil, burocrático, ineficiente y oneroso, requiere una profunda reforma, no parcial, sino con acciones que mejoren su calidad, transformando radicalmente instituciones y entidades públicas ineficientes (entre las 1,800 del gobierno central, gobiernos locales y regionales) que presenten escasa capacidad por falta de liderazgo y gestión estratégica, impidiéndoles servir adecuadamente a la ciudadanía, posibilitar la inversión pública y privada, sostener crecimiento del PBI y encaminar nuestro desarrollo sostenible.
Por falta de reformas es abrumadora la incapacidad del Estado para hacer frente a la inseguridad ciudadana (policías, jueces, ministerio público y penales). No hay reformas profundas del sistema político ni electoral (democracia interna de partidos, financiamiento, fiscalización, inversión electoral). A pequeños ajustes de impuestos los denominan reforma tributaria. No tenemos una reforma laboral que compatibilice los derechos laborales con las necesidades empresariales, y la reforma parcial de Salud (iniciada hace 3 años con 26 decretos) arroja una división entre salud pública y prestaciones, mientras la cobertura universal solo cubre un sector poblacional. No tendremos una buena reforma educativa mientras no mejore el capital humano (especialmente en zonas rurales), ni una laboral mientras no brinde empleos dignos y salarios adecuados.
Bajo este panorama, este gobierno no tiene reformas que exhibir, ni se avizoran hasta el término de su período (julio 2016), tendremos que esperar el siguiente gobierno que busque un amplio consenso social y político y tenga un programa listo a aplicar para iniciar una reforma estructural del Estado rediseñando el aparato estatal que coadyuve a iniciar otras indispensables reformas sectoriales para con capacidad poder enfrentar los problemas que nos agobian, de salud, educación, pobreza, desnutrición infantil, corrupción, narcotráfico, seguridad ciudadana, crimen organizado, infraestructura, productividad, competitividad, entre otros.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de agosto de 2015
El pasado día 15 la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó el informe Monitoreo de Cultivos de Coca - Perú 2014 en forma conjunta con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), cuyo presidente, Alberto Otárola, resaltó la reducción en 14% de cultivos de coca el 2014 (42,900 has.) respecto al 2013 (49,800 has.), manifestando, sin ningún sustento técnico, que por menor área de cultivos la producción de cocaína se redujo a 270 TM anuales.
Nuestro último registro oficial de producción de cocaína (302 TM) fue publicado en el Monitoreo de Cultivos 2008 empleándose un factor de conversión (hoja de coca-cocaína) de 375 kg de hoja de coca seca para obtener 1 kg de cocaína, pero los últimos 6 Monitoreos (2009 al 2014) se indica “no determinada” nuestra producción por no concluirse (increíblemente en 6 años) el estudio para determinar un factor actualizado.
Según la UNODC no puede concluirse dicho estudio (en convenio con Devida y financiado por el gobierno francés) por falta de validación de datos recolectados de simulaciones de procesos de transformación en campo y determinación de análisis de pureza en laboratorio, debido a restricciones legales que autoricen su ejecución.
Es indispensable actualizar dicho factor porque el Vraem, con la mayor área de cultivos (19.000 has.) y de producción de cocaína, empleando tecnología, agroquímicos y sistemas de riego alcanza rendimientos de 3.6 TM de hoja seca por hectárea (promedio de otras zonas 2.3 TM) y hasta 5 cosechas anuales, cubriendo 67.8% del total nacional y ofertando más de 68,000 TM de hoja seca que son totalmente articuladas al narcotráfico.
En el Vraem, según Otárola, no se erradica por “razones de seguridad”, pero la realidad es que no existe una estrategia de interdicción (con metas y responsabilidades) ni un proyecto de reconversión realista, motivo por el cual nuestra producción de cocaína inexorablemente seguirá incrementándose.
Lo cierto es que ni el Gobierno ni Devida tienen la voluntad política para actualizar (desde hace 6 años) el factor de conversión, porque si éste se ubicaría, como actualmente se estima, en el rango de entre 250 y 300 kg de hoja seca para producir 1 kg de cocaína, con las 100,840 TM de hoja seca registradas, nuestra actual producción real de cocaína estaría entre 336 TM y 403 TM anuales.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 25 de julio de 2015
El lote 192 (ex lote 1AB) ubicado en la selva norte (región Loreto) es el más importante y mayor productor de petróleo del país, con un promedio de 11,000 barriles diarios (bpd), equivalentes al 19% de nuestra producción total diaria (58,000 bpd), además cuenta con 70 millones de barriles de reservas. Sus 287,050 hectáreas superponen territorio de 4 pueblos indígenas (Achuar, Quechua, Urarinas y Cocoma) con 65 comunidades y 100,000 nativos, y abarcan cuencas de los ríos Corrientes, Tigre, Pastaza y Marañón.
Fue explotado 31 años (1970 a 2001) por Occidental Petroleum Corporation (Oxy), traspasándosela a Pluspetrol (empresa argentina) cuyo contrato de operación finaliza el próximo 29 de agosto; pero ambas, en estos 45 años, ocasionaron altos niveles de contaminación. Pluspetrol, antes que finalice su contrato debe remediar 92 sitios de impactos peligrosos en cuencas de ríos y suelos cuyo costo ascendería a US$ 90 millones.
A pesar del inminente vencimiento del contrato de Pluspetrol, recién en mayo pasado la empresa estatal que promueve y supervisa las actividades de los hidrocarburos (Perupetro) inició el lanzamiento de licitación pública y, en forma paralela, se ejecuta el proceso de consulta previa, a pesar que el inicio de la licitación estaba condicionada al término de la consulta previa (hasta la etapa de decisión), cuyos resultados aún no están claros porque se acaba de iniciar la primera reunión de diálogo.
Perupetro esperaba que unas 6 empresas participen del proceso, sin embargo solo 2 se presentaron (Perenco y Pacific Rubiales) además de la actual operadora Pluspetrol, las que debieron presentar sus propuestas técnicas y económicas el pasado día 13, y el día 15 debió entregarse la buena pro, lo cual no se concretó porque las empresas quieren reevaluar las bases (recién modificadas por Perupetro) y podrían retraer su interés de presentarse.
Bajo este panorama, por improvisación y falta de gestión y previsión de Perupetro, nuestro principal lote petrolero 192 se encuentra en riesgo operacional ya que si hasta el 29 de agosto no llega a ser transferido deberán cerrarse los pozos y paralizarse las operaciones, con el agravante que nuestra producción de petróleo está cayendo en forma alarmante desde hace 21 años (de 128,000 bpd en 1994 a 58,000 bpd este año), lo que nos obliga a importar 112,000 bpd para cubrir nuestra demanda interna de 170,000 bpd.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de julio de 2015
Competitividad es una palabra muy utilizada en el entorno político y empresarial (muchas veces como “cliché”), sin embargo para un país, este concepto, relacionado fuertemente a la productividad, es importante y fundamental porque representa esfuerzo organizativo y capacidad de mantener ventajas comparativas de productos y servicios en calidad e innovación, para proveerlos eficientemente al entorno internacional.
Lamentablemente no percibimos una mejora en nuestra competitividad porque no avanzamos en diferentes factores y procesos que miden, comparan y aseguran el estado competitivo de un país, tales como, instituciones públicas, tecnología, producción, diversificación, inversión, exportación, infraestructura, educación, capital humano, apoyo a Pymes, disciplina fiscal y cohesión social.
Esta situación se corrobora en los más importantes índices de competitividad del mundo. En el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (IGC), entre 2012 y 2014 retrocedimos 4 puestos (del 61° al 65° entre 143 países) estando muy rezagados en funcionamiento institucional (118°) e innovación (117°). En el Anuario Mundial de Competitividad del Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial (IIMD), entre 2013 y 2015 hemos caído estrepitosamente 11 puestos, del 43° (2013) al 54° (2015) entre 61 economías. Y en el Índice de Facilidad para hacer Negocios (Doing Business), entre 2014 y 2015 bajamos del puesto 35° al 34° y además cayendo en 6 de sus 10 variables.
Bajo este panorama nuestra baja competitividad está relacionada principalmente a una deficiente innovación e inconsistente productividad; una precaria institucionalidad que posibilita corrupción, lavado de activos, narcotráfico, inseguridad ciudadana e informalidad; serio déficit en infraestructura; baja calidad educativa y retrasada ciencia y tecnología e investigación.
Pero increíblemente el gobierno considera que avanzamos. En abril de 2014 el ex ministro de Economía Castilla aseguró que de 60 metas de la agenda de competitividad 2012-2013 se cumplió 88%, y el pasado 26 de abril el actual ministro Segura reportó que de 65 metas de la nueva agenda 2014-2018, solo en 8 meses han avanzado 19%.
Según la Directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Competitividad, Angélica Matsuda, “más allá del avance cuantitativo, lo más rescatable es que este avance se está dando dentro de una visión integral compartida” (explicación inconsistente), pero ciertamente, mientras no se realicen profundas reformas como herramientas de cambio y transformación de los factores y procesos (antes mencionados) que aseguran el estado competitivo de un país, seguiremos retrocediendo en nuestra competitividad.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 11 de julio de 2015
De la superficie total de nuestro país (1’285,215 km2), los bosques cubren un 57% (730,000 km2), equivalente a 73 millones de hectáreas, de las cuales hemos permitido la irracional depredación de 8 millones por deforestación, casi 4 veces el tamaño del departamento de Ica (2.1 millones de hectáreas), y continúa avanzando a un ritmo anual de 150,000 hectáreas, principalmente en bosques amazónicos, pero también en la costa (que ha perdido 50% de cubierta forestal vegetal); esta dramática deforestación es ocasionada por tala ilegal, minería ilegal, cultivos de coca, ganadería, agricultura, producción agroindustrial (cultivos de palma), entre otros.
Desde el 2008 el Perú inició contacto con el programa forestal global FAO-Finlandia y el 2011 fuimos incluidos con 4 países piloto (Ecuador, Tanzania, Vietnam y Zambia) en el proyecto “Inventario Nacional Forestal Sostenible ante el Cambio Climático”. Dicho proyecto requería una inversión de US$ 6 millones (US$ 4.2 millones la FAO y US$ 1.8 el gobierno) para culminarse en 3 años.
En noviembre 2012 el ex Ministro de Agricultura, Milton von Hesse, anunció que concluiría el 2° semestre 2013, lo cual no se cumplió, y además la inversión aumentó a US$ 10.7 millones (US$ 3.5 millones la FAO y US$ 7.2 el gobierno). Finalmente en noviembre 2013, el mismo von Hesse extrañamente afirmó que el inventario tardara 5 años, con un incremento de inversión hasta los US$ 20 millones (US$ 3.5 millones la FAO y US$ 16.5 el gobierno peruano), monto extremadamente superior al inicial.
Bajo este panorama, es mínimo el levantamiento de información en las parcelas de las 9 Unidades Operativas de Campo (UOC) de costa, sierra y selva, y recién el pasado día 26 la directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal (Serfor), Fabiola Muñoz, está invocando la participación de gobiernos regionales, comunidades nativas, universidades e instituciones de investigación para la ejecución de este inventario nacional que ya debió estar terminado hace 2 años según la programación inicial.
Mientras este inventario no concluya, no podremos formular e implementar adecuadas políticas y planes forestales, mediante procesos participativos, para el manejo forestal ante el cambio climático, tampoco se podrá establecer un sistema de monitoreo y evaluación continua y sistemática para apoyo del ordenamiento territorial, de procesos de zonificación ecológica y de desarrollo forestal sostenible. Todas estas urgentes e indispensables acciones contribuirían a reducir la deforestación, depredación y degradación de nuestros bosques.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de julio de 2015
La informalidad en nuestro país se multiplica incontenible, 60% de nuestro PBI se produce de manera informal, de 16 millones de peruanos económicamente activos ocupados, 11.9 millones (74.3%) son informales, predominando en 15 de las 25 regiones, principalmente en la macro región sur (Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna) donde el 80% están incursos en este injusto sistema que no les permite tener derechos laborales, y menos, protección ni seguridad social, pero asimismo, no pagan tributos, realizan actividades de muy poca productividad, y compiten deslealmente con empresas formales, lo cual afecta la generación de riqueza y socava nuestro desarrollo.
La informalidad abarca 84% de micro y pequeñas empresas (mypes) que aunque no llevan registros de ventas emplean 8 millones de trabajadores, principalmente jóvenes (de 10 trabajadores jóvenes 8 son informales). Además las grandes y medianas empresas no invierten en tecnología ni innovación que les permita crear más puestos de trabajo formal.
Nuestra informalidad alcanza niveles alarmantes en casi todos los sectores: en minería, de 500,000 mineros ilegales solo se han formalizado 631 (0.13%); en el sector financiero, 50% de cooperativas de ahorro y crédito no están afiliadas; en tecnología, existen 65% de software sin licencia, 52% de conexiones de TV informales, y, de 470 operadoras de cable, solo 12 son formales.
También elevados niveles de informalidad en: transporte interprovincial (77%), Taxis y combis (60%), empresas de seguridad (68%), inmobiliarias y constructoras (60%), predios construidos sin licencia municipal (70%); agencias de viajes (55%), restaurantes (75%) y cevicherías (95%), mercado de bebidas alcohólicas (34%), entre muchos otros ejemplos.
Bajo este panorama el gobierno es responsable de encontrarnos sumidos en el extremo de la informalidad por no tener estrategias de formalización que haga atractiva la formalidad y simplifique la normativa (inadecuada legislación laboral, abrumadoras regulaciones y trámites, complejo sistema tributario y excesivos impuestos), agravado por su falta de capacidad, debilidad, ineficiencia o corrupción institucional para realizar reformas, hacer cumplir las leyes, promover la capacitación laboral, mejorar el capital humano, y crear nuevos puestos de trabajo.
Uno de los principales retos del gobierno debe ser la formalización de nuestra sociedad. En tanto no se solucione esta grave informalidad económica, laboral y social, nuestra productividad y desarrollo se verán gravemente afectados, y mientras tanto, las cifras macroeconómicas y de crecimiento, competitividad y desarrollo humano, serán cada vez más frágiles y distorsionadas.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de junio de 2015
El pasado 15 de mayo la casa de subastas Sotheby’s de Nueva York puso en subasta 13 piezas arqueológicas de nuestro patrimonio cultural pertenecientes a las culturas Sicán-Lambayeque, Moche, Paracas, Wari y Chancay, de las cuales ya fueron vendidas 8, cada una entre US$ 8 mil y US$ 100 mil. Dentro de las 5 restantes queda una orejera de oro y turquesas de la cultura Moche cuyo precio base es de US$ 150 mil.
Es realmente indignante que desde hace años, como rutina cada cierto tiempo, sean subastadas en EE UU y Francia muchas piezas arqueológicas de incalculable valor de nuestro patrimonio cultural. Desde 2007 hubieron 7 subastas (4 de ellas en los últimos 2 años) en las casas Sotheby’s en Nueva York y París, Christie’s, Thomaston Place Auction y Bonhams.
En estas subastas han sido vendidas centenares de nuestras piezas arqueológicas: ceramios, joyas, máscaras ornamentales y funerarias, vasos de oro, collares, platos, mantos, textiles prehispánicos, monolíticos, figuras de metal y piedra, tocados, prendedores de plata, morteros de serpiente, entre muchas otras.
Solo en Sotheby’s de París (23 marzo 2013) fueron vendidas por US$ 2 millones 46 piezas (de 69) de nuestras culturas Mochica, Chavín, Inca, Huari, Chancay, Ica-Chincha, Nazca, Paracas, Cupisnique y Horizonte Tardío. Después de esta escandalosa subasta, la Comisión de Cultura del Congreso pidió explicaciones al Ministerio de Cultura sobre la salida del país de dichas piezas y sobre las acciones para evitar su tráfico ilícito, cuyo resultado quedó en nada y continuaron 3 subastas más.
Bajo este panorama, en todas estas subastas, los Ministerios de Relaciones Exteriores y Cultura han mostrado gran pasividad y no han podido detenerlas, porque, según ellos, no contamos con documentos que prueben su salida ilegal.
Requerimos de la urgente elaboración de un minucioso y actualizado catastro e inventario de nuestro patrimonio cultural y la mejora de su custodia y protección, y además, deberíamos apelar a otros recursos legales como la Convención de UNESCO de 1970 en que los Estados Partes (Perú, EE UU, Francia, entre 120 países) se comprometen, a pedido de un país, a decomisar y restituir todo bien cultural robado e importado, y también, realizar denuncias y voces de protesta en los foros internacionales para detener estas irracionales e indignantes subastas, fuera de toda legalidad y ética que atentan contra nuestro patrimonio, historia e identidad nacional.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de junio de 2015
Nuestro país se encuentra incluido desde hace 14 años en la “Lista de Vigilancia” de la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR) por falta de protección a los derechos de propiedad individual y por la gran cantidad disponible de productos falsificados y pirateados. En su último Informe 2015 (Especial 301) advierte nuestro incumplimiento en obligaciones de actividad de promoción comercial, de protección de derecho de autor y propiedad intelectual, así como la inadecuada protección de software de aplicaciones.
Según la organización de lucha contra la piratería, Business Software Alliance (BSA), en Perú 65% usa software sin licencia representando una evasión tributaria de US$ 249 millones anuales. Nuestro mercado informal de televisión alcanza 52% de conexiones ilegales (promedio regional 11%), habiendo crecido en la última década 50% anual contra solo 10% formales. Los piratas emplean equipos receptores Free to Air y antenas satelitales para recibir y codificar señales satelitales y distribuirlas clandestinamente.
Existen 470 operadoras de cable calculadas en el país, pero solo 12 son formales y están supervisadas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osipel). Tenemos el mayor nivel de piratería de cable en Latinoamérica, y a nivel nacional, en 20 de las 25 regiones (80%) proliferan compañías informales de cable.
La piratería en conexiones de internet es sorprendente, de 4.5 millones de conexiones (fijas y celulares) 2 millones son ilegales, y los piratas de CD, DVD, MP3 y Blue Ray operan libremente y venden copias por millones en diferentes centros comerciales del país reproduciéndolos clandestinamente en serie de 10 mil copias por hora con sofisticados equipos electrónicos. De cada 10 computadoras personales, entre 6 a 7 tienen instalado software ilegal cuyos sistemas operativos carecen de licencia de instalación.
Bajo este panorama la piratería ha crecido vertiginosamente en nuestro país, es un mal enraizado contra los derechos de autor y la propiedad individual, contra la innovación y creatividad, contra la formalidad y contra nuestra economía, según el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) nos afecta con US$ 600 millones anuales.
A pesar de estos graves impactos la piratería no es tratada como asunto prioritario por el gobierno, ni las instituciones involucradas, ni el Poder Judicial. Según el Código Penal este delito tiene pena privativa de hasta 8 años, pero increíblemente no existe un solo caso impuesto.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 13 de junio de 2015
El Gas Licuado de Petróleo (GLP) es una de las principales fuentes energéticas de la economía nacional, 65% de hogares (unos 6 millones de peruanos) lo utiliza en balones como indispensable para cocinar, afectando por su elevado precio a gran porcentaje de hogares en Lima, Callao y otras ciudades, principalmente en zonas rurales.
Desde fines de abril pasado, interrupciones producidas en Camisea y la ruptura de un tramo del ducto en Anco (Ayacucho) ocasionaron grave desabastecimiento de GLP en Lima, Callao y otras ciudades, por disminución de producción y transporte a la planta de fraccionamiento (Pisco), y porque el traslado Pisco-Callao (vía marítima) estuvo afectado por oleajes anómalos (el transporte terrestre no es apto), por tal motivo se requiere urgentemente un ducto de 250 km entre Pisco y Lurín, cuya construcción, por mala gestión, viene postergándose desde hace 7 años ocasionando fragilidad en el traslado del GLP e incremento del costo de construcción al triple del precio inicial el 2008 (US$ 100 millones) hasta actualmente (US$ 300 millones).
En agosto 2008 se otorgó una concesión (RS 037-2008-EM) no concretándose por problemas de tarifas; en julio 2010 se anunció otra concesión, tampoco prosperó por enfrentamientos entre Petroperú y Pluspetro (productora del GLP). Desde octubre 2012 se viene anunciando nueva concesión, primero dijeron sería en octubre 2013, postergándose a fines de 2014, luego a julio 2015 y ahora aseguran será recién a fin de año y su construcción duraría 3 años.
Conforme a ley, las empresas distribuidoras deberían contar con reservas para 15 días, incumpliéndose esto, se ha debido importar casi 300 mil barriles. La importación de GLP, por mayores demandas y falta de previsión, podría ser permanente a partir de 2018.
Recordemos que en su campaña electoral Ollanta Humala prometió abaratar el balón de gas GLP de S/. 35 (año 2011) a S/. 12, promesa inviable porque hubiera tenido que subsidiar la diferencia a un costo de US$ 1 millón anual o controlar su precio. Paradójicamente, en lugar de reducir su precio, en este gobierno subió más de 10%. Un llamado Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que rige desde agosto 2012, entrega vales descontando S/.16 por la compra de un balón a unos 800 mil pobres extremos, pero debido a que su precio actual oscila entre S/. 39 y 42, hasta para ellos el precio es mayor de S/. 20.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de junio de 2015
El Ministro de Agricultura y Riego (Minagri), anunció hace meses, con gran publicidad, que a fines de marzo presentaría, publicaría y oficializaría la “Estrategia Nacional de la Agricultura Familiar”, sin embargo hasta la fecha esta es desconocida a pesar que en mayo 2014 se creó una Comisión Multisectorial (integrada por 10 ministerios y representantes de 13 instituciones) y cuya principal línea de trabajo fue proponer dicha estrategia para el período 2014-2021. Además, existe un proyecto 3803/2014 “Ley marco para la promoción y desarrollo sostenible de la Agricultura Familiar” aprobada en diciembre 2014 por la Comisión Agraria y que está pendiente de debate en el Congreso.
La agricultura familiar (pequeña agricultura o agricultura campesina) es imprescindible en nuestro país (de 2.2 millones de agricultores 1.8 son pequeños agricultores y 1.2 de ellos habitan en la sierra), sin embargo el Estado no valora esta actividad y le brinda muy poca atención en promoción y apoyo.
Nuestra agricultura familiar concentra 90% del valor de la producción agrícola, de ella proviene 80% de alimentos consumidos en nuestra canasta (hortalizas, tubérculos, frutas y leguminosas) y representa 56% de la producción nacional, cubre el 93% de ocupados del sector agrícola, el 81% de unidades agrarias se encuentran en predios agrícolas familiares (menores a 5 hectáreas), y asimismo contribuye con 86% del Valor de la Producción Agrícola (VPA).
Bajo este panorama, la agricultura familiar es una actividad productiva que coadyuva al cuidado del medio ambiente, la biodiversidad y la reserva genética de cultivos, asimismo, impulsa las economías locales, genera empleo rural, incrementa la rentabilidad social y hace frente a los grandes desafíos de seguridad alimentaria, cambio climático y deterioro de recursos naturales, además, permite conservar el conocimiento ancestral agrario.
La pendiente “Estrategia Nacional de la Agricultura Familiar” debería adecuar políticas para proteger, potenciar y promover su desarrollo sostenible, particularmente en zonas rurales, y resolver sus principales problemas, entre ellos: ampliar la infraestructura para riego tecnificado ya que un mínimo porcentaje de agricultores familiares cuenta con este sistema utilizando mayormente el secano (lluvias), incrementar la asistencia técnica y capacitación la cual es mínima, apoyar el acceso al crédito (inaccesible por falta de título de propiedad o garantía), a insumos y equipamiento agrícola, y fomentar la reducida asociatividad entre la agricultura familiar y empresas agrícolas pequeñas y medianas para enfrentar la globalización y competitividad.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de mayo de 2015
El pasado día 13 la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentaron en conjunto su informe sobre la coyuntura laboral de América Latina y el Caribe titulado “Protección social universal en mercados laborales con informalidad” de cuyo análisis se desprende información muy importante sobre la situación laboral en nuestro país.
El enfriamiento de nuestro crecimiento económico ha afectado la generación de empleo asalariado, ocasionando un aumento de 35% de trabajo independiente, y conjuntamente con el trabajo doméstico y familiar y la menor demanda laboral empresarial generan el 64% que registra nuestra informalidad laboral. El porcentaje de trabajadores sin contrato permanente está por encima del 75%, lo cual afecta notoriamente al empleo juvenil (18 a 24 años) donde el 80% de ocupados no se encuentra cubierto por un sistema previsional y 50% laboran sin contrato.
De los 16 países evaluados estamos entre los 5 últimos con menor porcentaje de trabajadores asalariados (54.5%) respecto al total de ocupados, y las tasas de crecimiento de empleo registrado (en empresas formales grandes, medianas y pequeñas) ha ido decreciendo desde 2011 (5.3%), a 2012 (3.9%), a 2013 (2.9%) y a 2014 (1.8%). Mostramos la mayor tasa de subempleo horario urbano, y el salario medio real del empleo formal disminuyó de 3.3% el 2013 a 2.7% el 2014.
Respecto a la protección social, de 16 países evaluados, somos los penúltimos con 58.5% en porcentaje de trabajadores que cuenta con seguridad social. Dada la relación que existe entre protección social y empleo, presentamos exclusiones en la calidad del empleo, desempleo y participación laboral.
Bajo este panorama, mostramos una bajísima calidad laboral en la región. Debemos generar políticas, estrategias y consensos necesarios para crear más y mejores empleos productivos y de calidad que respondan las demandas de la población, lo cual representa la mejor herramienta para combatir la pobreza y promover el desarrollo sostenible.
También mejorar nuestro proceso de formalización laboral, y asimismo, aumentar la disponibilidad de recursos mediante una mayor carga tributaria para cubrir mayor protección social y necesidades esenciales (salud, educación, cuidados de la niñez y empleo), la cual en nuestro país es bajísima (16.6% del PBI) y se prevé que para el 2016 caerá a 15%, contrariamente, Argentina, Brasil y Uruguay superan el 25% y el promedio de los países europeos bordea el 40%.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de mayo de 2015
Recientes denuncias televisivas, de medios escritos, manifestaciones de colaboradores eficaces y últimas incautaciones de drogas en el puerto del Callao, nos dan cuenta de una preocupante intensificación de acciones de narcotraficantes, coludidos con algunos policías de la Dirección Antidrogas (Dirandro) y con trabajadores portuarios, para sacar drogas al exterior.
El comandante PNP, Ricardo Jacinto, encargado de investigar el Caso Oropeza, ha sido involucrado por presunto nexo con traficantes de drogas en este puerto. Asimismo, durante una incautación de casi 700 kilos de cocaína en octubre pasado se investiga la presunta complicidad del Coronel PNP Marco Palomino y el comandante Rafael Livia, así como la vinculación de narcotraficantes con ex estibadores y operarios de las empresas DP World y APM Terminals.
Los trabajadores portuarios, reclutados por narcotraficantes, introducen droga en contenedores listos para embarcarse (modalidad conocida como “contenedores preñados”). Según la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas y la misma Dirandro muchos trabajadores están coludidos con estas mafias por falta de adecuado control y filtraje en la contratación de las empresas concesionarias.
Mafias del narcotráfico, utilizando corrupción y violencia, han logrado debilitar policías y atraer trabajadores y funcionarios del puerto, por donde se estima salen anualmente unas 100 toneladas (de las 350 que se producen a nivel nacional) pero las incautaciones realizadas son mínimas. Hace solo 3 días la Guardia Civil española descubrió en el puerto de Valencia, España, 199 kilos de cocaína oculta en un contenedor procedente del puerto del Callao en un cargamento de cajas de pimientos. Es muy preocupante que el 60% de delitos vistos en la Corte Superior del Callao sean de narcotráfico.
Bajo este panorama el pasado 5 de marzo, con RS 059-2015-PCM, se dispuso la conformación de una Comisión Multisectorial (que ni siquiera se ha instalado) para analizar la problemática del trabajo portuario y sus aspectos colaterales, según el Ministerio de Trabajo uno de sus objetivos será disponer de mayores controles y filtros para trabajadores portuarios en el puerto.
Pero esta comisión (cuando se instale) debería principalmente abordar otros asuntos colaterales de seguridad como el control del movimiento anual de 2 millones de TEU (contenedores de 20 pies) por los muelles del puerto –Sur 1.5 millones y Norte 0.5– (unos 5,500 diarios) que inconcebiblemente no son verificados por falta de escáneres y su aforo aleatorio solo cubre 5% por falta de personal.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16de mayo de 2015
La inseguridad en nuestros penales es realmente dramática, según la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) un 90% de las extorsiones es perpetrada desde éstos con celulares, también se coordinan secuestros y crímenes por encargo. Hasta el presidente del Poder Judicial recibió en 2013 llamadas telefónicas amenazantes y extorsivas desde un teléfono público del penal de Lurigancho, y desde el penal El Milagro de Trujillo se planifica el 80% de extorsiones de la región La Libertad.
El pasado día 3 un informe televisivo del programa “Domingo al Día” (realizado con cámara oculta) denunció como 14 internos del penal Castro Castro utilizaban modernos celulares a vista y paciencia de los agentes del Inpe, además se verificó recargas de celulares y hasta un locutorio clandestino en el Pabellón 6A. También, otro informe televisivo del programa “Alto al crimen” denunció que en el penal Sarita Colonia los internos se pasean con celulares y hasta tienen señal de internet para hacer recargas.
Sin embargo, para el actual presidente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Julio Megán Zevallos (desde febrero pasado), estas graves e indignantes irregularidades las calificó como “hecho anecdótico”. Es inaceptable esta aseveración, como también su comunicado oficial de “ejecución de medidas de prevención que garanticen el pleno restablecimiento de la seguridad y disciplina al interior de las cárceles del país”, lo cual debió realizar hace muchos años al haber sido vicepresidente de esta institución desde agosto 2011.
Durante su gestión ocurrió la “jarana canera” en noviembre 2012 en el mismo pabellón 6A de Castro Castro (hasta pidió disculpas a la población), en marzo 2013 una red de extorsionadores desde Piedras Gordas ordenaba desde celulares arrojar explosivos para amedrentar a sus víctimas, y en setiembre 2013 propuso a 3 congresistas la presentación de un proyecto que favorecía a Antauro Humala.
Bajo este panorama es dramática la inseguridad en los penales del país: frágil custodia policial exterior, corrupción de malos agentes Inpe y complicidad de algunas autoridades, falta de elementos tecnológicos de seguridad, agravado por el inconcebible hacinamiento (72 mil internos para una capacidad de 32 mil), insensible situación jurídica (de 72 mil internos 35 mil no están sentenciados), una inadecuada política penitenciaria y pésimo tratamiento de internos en aspectos laborales, legales, educativos, de salud y psicológicos para lograr su reinserción social, contraviniendo sus derechos constitucionales (artículo 139°, incisos 21 y 22).
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de mayo de 2015
El Trapecio Amazónico, donde se unen las fronteras de Perú, Brasil y Colombia, es un eje del narcotráfico en nuestro país, los 4 distritos loretanos de la provincia de Ramón Castilla (Yavarí, Ramón Castilla, Pebas y San Pablo) y su capital Caballococha (ribera del río Amazonas), son zona de cultivos de coca con sembríos sorprendentemente adaptados a extremas temperaturas de la selva baja extendiéndose hasta Santa Rosa, último poblado peruano (funciona como centro de acopio) que colinda con Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil).
Caballococha es el mayor foco del narcotráfico en esta zona y solo hay un juez, es centro logístico de traficantes de Colombia y Brasil, lugar de procesamiento y ruta de drogas e insumos químicos y lugar donde cohabitan violencia, sicariato, ilegalidad y trata de personas con un arraigado tráfico de drogas migratorio que circula por el río Amazonas (donde convergen los ríos Ucayali y Marañón) hacia la ciudad brasileña de Tabatinga y desde allí es transportada a Europa.
A 10 kilómetros de Caballococha se encuentra Cushillococha donde unos 3,000 pobladores de la etnia Ticuna se dedican al cultivo de coca y venden sus cosechas (cada 3 meses) a narcos colombianos y brasileros. Asimismo, los sembríos ilegales de coca de los distritos de Ramón Castilla y Yavarí (unas 3,000 hectáreas) van exclusivamente al narcotráfico.
Los cultivos ilegales en este Trapecio Amazónico en los últimos 14 años han aumentado de 250 hectáreas (2001) hasta unas 6,000 hectáreas calculadas actualmente, donde además se mueven anualmente unas 80 toneladas de cocaína que son enviadas a Brasil. De US$ 1,500 por kilo de cocaína en el lado peruano, puesta en Brasil aumenta hasta US$ 10,000.
A pesar de esfuerzos en operaciones de interdicción tripartitas (5 Operaciones Trapecio realizadas), ejercicios conjuntos combinados, y erradicaciones de cultivos en nuestro territorio (desde noviembre 2014), las organizaciones del narcotráfico (unas 10 detectadas) siguen operando y exportando droga por falta de políticas de prevención del tráfico ilícito.
El lado peruano, con muchos proyectos sin concretar, debe recibir urgente atención política, económica, social y cultural. Se requiere mayor presencia del Estado para brindar servicios básicos (salud, educación, vivienda, agua, saneamiento, electricidad), desarrollar infraestructura (vial y fluvial), generar proyectos productivos, impulsar el comercio forestal e hidrobiológico, incorporar cultivos alternativos y biohuertos, mejorar las condiciones de seguridad, y lo más importante, afirmar y resguardar nuestra frontera del narcotráfico.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de mayo de 2015
El pasado día 8 la jefa de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), Tania Quispe, durante su presentación ante la Comisión de Economía del Congreso, manifestó que al 2016 la presión tributaria (indicador que relaciona ingresos tributarios con el PBI) no alcanzará la meta del 18% (una de las principales promesas de campaña de este gobierno que resaltó sería una cifra histórica), argumentando la desaceleración económica y el costo fiscal de los últimos paquetes de estímulo del MEF.
En mayo 2013 el Congreso facultó al Ejecutivo legislar en materia tributaria por 45 días, el que dictó 18 decretos legislativos para mejorar la presión tributaria y recaudación. La Sunat debió recaudar S/.10,800 millones adicionales anuales (pero solo llegó a S/.7,700 millones) y debió aumentar la presión tributaria anual 0.4% desde 2013, pero contrariamente se estima que caerá desde 16.6% el 2014 a 15.1% el 2016. Este gobierno empezó el 2011 con una presión tributaria de 15.5% y en 5 años la dejaría menor (15.1%) y muy por debajo del 18% que prometió.
La presión tributaria y su recaudación financia alrededor del 80% del presupuesto del país haciendo posible el equilibrio financiero y representa una herramienta fundamental para el desarrollo, sin embargo, está disminuyendo por nuestro decrecimiento económico, pero principalmente por los elevados niveles de evasión tributaria e informalidad en los principales impuestos: a la Renta (IR), General a las Ventas (IGV), Selectivo al Consumo (ISC) y a la importación (aranceles).
Según la Jefa de la Sunat, de cada 100 peruanos solo 61 cumple con el pago de impuestos, y de estos, 42 pagan totalmente y los restantes 19 intentan pagar menos. La conciencia tributaria en el país es muy frágil (falta labor de concientización tributaria), existe tolerancia al fraude, elevada evasión en los sectores comercio, servicios, transporte, construcción y agro, además del grave incremento de informalidad y contrabando.
Para que la Sunat aumente los niveles de presión tributaria y disminuya la evasión e informalidad, además de simplificar los procesos, deberá incrementar su capacidad operativa, organizacional, capital humano, infraestructura, informática y tecnológica, pero también, es indispensable que no se cobren más impuestos de los necesarios, y que el aparato público mejore dramáticamente la gestión y la calidad del gasto para que los contribuyentes sientan que sus impuestos son bien usados para el desarrollo del país.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 25 de abril de 2015
El proyecto Majes Siguas Integral es una obra regional de desarrollo agrícola y energético conceptualizado para mejorar la economía de la región sur del país. Consta de 2 etapas, la primera (Majes Siguas I) cuyas obras se realizaron entre 1971 y 1982 con inversión pública (US$ 914 millones), construyéndose el embalse Condoroma para almacenar 285 millones de metros cúbicos (MMC) de agua e irrigar 15,000 hectáreas de las Pampas de Majes. La segunda etapa (Proyecto Majes Siguas II), próxima a iniciarse con muchos años de retraso, prevé, con inversión privada, la construcción del embalse Angostura (río Apurímac), para almacenar 1,140 MMC de agua y ser desviada hasta las Pampas de Siguas para irrigación de 38,500 hectáreas.
El Proyecto Majes Siguas II, iniciado en 2006 con estudios de pre inversión y viabilidad, fue concesionado 4 años después a la empresa Angostura Siguas (setiembre 2010) por 20 años (4 para construcción, 16 para operación y mantenimiento). Esta concesión desencadenó huelgas y protestas en Espinar (Cusco) –ocasionando 2 muertos y decenas de heridos– argumentando que el desvío del río Apurímac les ocasionaría déficit de agua. En dicha fecha el Poder Judicial ordenó suspender la buena pro.
En noviembre 2011 el Tribunal Constitucional dispuso la elaboración de un nuevo estudio técnico y 2 años después (noviembre 2013) archivó la demanda cusqueña concluyéndose que dicho proyecto garantizaba agua para ambas regiones, en febrero 2014 el presidente Humala colocó simbólicamente la primera piedra en el campamento Kapricho de Autodema (Km. 937.5 Panamericana Sur).
En el aspecto financiero su paralización por 4 años ha sido muy costosa, desde su cálculo inicial de US$ 260 millones (2006), pasando a US$ 407 millones (2010), calculándose actualmente US$ 500 millones, pero para el concesionario Angostura Siguas sería aún mayor por aumento de costos directos y de mano de obra (según otras fuentes podría llegar hasta US$ 700 millones).
Además el proyecto, que empezaría en junio próximo, tiene muchos pendientes, entre ellos, la suscripción del texto único ordenado del proyecto; contratación de una empresa supervisora internacional; convocación de concesión energética del proyecto; certificado de inexistencia de restos arqueológicos; preparar profesionales con capacidad de gestión del proyecto y ambiental y social; subasta de tierras de Pampas de Siguas; y resolver el conflicto de terrenos con pobladores de la comunidad campesina de Pusa Pusa, que desaparecerá con la construcción del embalse Angostura.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de abril de 2015
Somos el tercer país productor mundial de cobre (después de Chile y China), representa nuestro primer producto de exportación (25% del total) y es el mayor generador de ingresos al país (seguido del oro). Nuestra oferta minera se concentra en cobre correspondiéndole US$ 38 de 60 mil millones considerados para 54 proyectos al 2020, sin embargo, a pesar que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) adelanta optimistas estimados de producción con grandes incrementos, esto no se concreta.
Los 3 últimos años hemos mantenido una baja producción, entre 2012 con 1.3 millones de toneladas (Mt) y 2014 con 1.37 Mt, menos del estimado del MEM que pronosticó 1.5 Mt, también preveía para 2015 alcanzar 1.95 Mt, para 2016 (2.7 Mt) convirtiéndonos en 2° productor mundial, y para 2021 (5 Mt), lo cual es imposible porque después de 2017 no hay más proyectos. Además, los primeros meses de 2015 la producción cayó 11% respecto a 2014 porque Antamina, que aporta 25% de la producción nacional, disminuyó 20% su rendimiento en extracción y producción, y el proyecto Tía María, con grandes recursos, es una incertidumbre.
China es otro factor preponderante (representa 47% de la demanda mundial de cobre), pero su persistente debilidad y desaceleración económica obliga a reducirla. Además hace 2 años existe sobreoferta y el precio por tonelada cayó la barrera de US$ 6.000 (US$ 5,729 en febrero pasado) nivel más bajo desde octubre 2009. El 2014 registró su peor desempeño cayendo 18%, pero desde enero 2015 fue abrupta cayendo 12% los primeros meses.
Bajo este panorama nuestra producción de cobre se ve afectada por constantes retrasos y postergación de proyectos, paralizaciones por reclamos ambientales y laborales, geología (menores contenidos de cobre en yacimientos), labores de mantenimiento de plantas, ampliaciones del tajo, lo cual, sumado a la dinámica del mercado internacional y su baja cotización ocasiona que las mineras revisen costos y rediseñen proyectos incidiendo en los procesos de oferta y demanda.
Además los proyectos mineros deberían diversificarse porque aunque contemos con 218 Mt en reservas y recursos de cobre, conforme avanza la tecnología, éste podría ser sustituido por otros materiales más eficientes y baratos en sus usos más importantes, transmisión de electricidad (por nanotubos de carbono) y transmisión de datos (por fibra óptica), lo cual ocasionaría mayor caída de precios y afectaría aún más nuestra producción.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 11 de abril de 2015
Tres trágicos accidentes en carreteras ocurrieron los últimos días, el pasado día 23 en el kilómetro 318 de la Panamericana Norte (Huarmey) impactaron 3 vehículos pesados dejando 37 muertos y 60 heridos, el día 30 en el kilómetro 148 (carretera Nasca-Puquio) un despiste y volcadura de un bus ocasionó 19 muertos y 36 heridos, y el día 31 un bus se volcó en Urubamba, Cusco, causando 27 heridos. Esta situación nos obliga a reflexionar sobre los motivos de estos accidentes donde la informalidad es una de las principales causas de la mayoría de los 1,000 accidentes anuales producidos en carreteras por camiones, buses y unidades tipo combi. Según Who Traffic Deaths, en el Perú se producen por accidentes terrestres 16 muertes por cada 100 mil habitantes.
En el transporte terrestre de pasajeros y carga hay 100 mil camiones de carga pesada y 9 mil buses interprovinciales, y según el Consejo Nacional de Transporte Terrestre (CNTT) operan informalmente 50% del transporte de pasajeros y 80% de transporte de carga. Además, es impresionante la cantidad de dinero que mueve anualmente el transporte informal: S/. 2,800 millones el interprovincial, y S/. 800 millones el de pasajeros.
La informalidad en las carreteras es alarmante, 80% de choferes no están en planilla recibiendo bajísimos sueldos, la rotación de horarios es desordenada, no cubren el descanso reglamentario cada 4 horas ocasionando somnolencia y cansancio (40% duerme menos de 6 horas diarias y 80% maneja más de 5 horas ininterrumpidas), los paraderos informales son causa de la mayoría de asaltos y han proliferado unidades tipo combi para servicio interprovincial de turismo las que sin ningún control incrementan la informalidad.
Según la consultora Decidatt hay muchas empresas que empiezan con flotas muy reducidas (2 a 4 vehículos de más de 15 años de antigüedad) y no cumplen los requisitos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones pero logran registrarse en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi.
Bajo este panorama la informalidad en el sector transporte, y en general en el país, está ampliamente generalizada, es producto de la combinación de falta de control y supervisión de reglas y normas, complejo marco normativo que agobia a empresas formales, sistema de impuestos y regulación mal diseñados, malos servicios públicos, políticas sociales mal orientadas, falta de empleo, y deficiente educación y desarrollo de capacidades.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de abril de 2015
El Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) está conformado por los ríos del mismo nombre, se ubica al sureste del país y abarca territorios de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín, cuenta con 10 provincias, 53 distritos, y una población de 500 mil habitantes, de los cuales el 80% cultiva, en casi 20 mil hectáreas (has), enormes cantidades de hoja de coca que son articuladas íntegramente al narcotráfico, convirtiéndola en la zona de mayor producción de derivados de coca a nivel nacional y de la región andina. A nivel mundial somos, desde junio 2012, el país con mayores cultivos de coca y primer productor de cocaína.
Según el último Monitoreo de cultivos de coca (junio 2014) la extensión de cultivos en el VRAEM hasta 2013 es de 19,167 has (38.5% del total nacional de 49,800 has). Dicha extensión se mantiene desde 2010 bordeando las 20 mil has aún sin erradicación ni abandono voluntario, y no aumenta porque los cultivos ya han ocupado casi la mayor parte de los espacios disponibles, sin embargo, esta limitación de espacio es compensada por los cocaleros con mejoramiento tecnológico e intenso uso de agroquímicos, incrementando al triple la densidad de plantas por hectárea (de 40 a 120 mil) y mejorando rendimientos.
Por ello el VRAEM tiene el mayor rendimiento productivo de hoja de coca por hectárea, más de 3.6 TM/ha (promedio 2.3 TM/ha) y 4 cosechas al año, así, su precio y derivados se incrementan cada año. Su producción de hoja secada al sol de 69,529 TM (57.3% del total nacional de 121,242 TM) es en su totalidad usada por los narcotraficantes para producir hasta 190 TM de cocaína (de 350 TM producidas a nivel nacional).
Bajo este panorama el actual gobierno ha actuado erráticamente en el VRAEM donde conviven el narcoterrorismo y la ilegalidad. El 2011 con un plan de acción para pacificarlo que no prosperó, el 2013 con proyectos no concretados de erradicación y desarrollo alternativo, el 2014, en febrero, proyectando la erradicación de 16 mil has, pero en mayo, con nuevo Devida y nueva estrategia de reconversión agrícola voluntaria (PROVRAEM) a cargo del ministro de Agricultura, se prometió que a fines de 2014, entregando subsidios a los cocaleros, éstos dejarían de sembrar 5 mil has de coca, lo cual hasta la fecha no se ha cumplido.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 28 de marzo de 2015
El lote 192 (ex lote 1AB) ubicado en la Amazonía peruana (distrito de Andoas, Datem del Marañon, región Loreto), con una extensión de 290 mil hectáreas, es el mayor productor de petróleo del país, 13 mil barriles diarios (20% del total nacional) y registra reservas probadas por 20 años, sin embargo, tiene un historial contaminante y muchos problemas de concesión, remediación ambiental y conflictos con pobladores de las etnias Achuar, Urarina y Quechua.
La zona de influencia de este lote ha sufrido graves impactos contaminantes desde que Occidental Petroleum Corporation (Oxy) inició sus operaciones en 1970 utilizando prácticas contaminantes afectando las cuencas aledañas (Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón) y dejando áreas de producción y exploración contaminadas, ríos y suelos degradados, y alto nivel de plomo en los pobladores.
Recién 14 años después (1984), por reiteradas denuncias de los nativos, el gobierno declaró dicha área como “la región medioambiental más dañada del país” y 12 años después (1996), por primera vez, dio prioridad a evaluaciones ambientales y territoriales. A pesar que en 1993 se promulgó el marco reglamentario ambiental de hidrocarburos, ningún gobierno obligó a OXY un plan de remediación.
Posteriormente, en 2001, OXY traspasó la concesión a la empresa argentina Pluspetrol, continuando ésta con prácticas contaminantes corroboradas por diferentes evaluaciones e informes posteriores, registrando alarmantes impactos de contaminación por encima de límites permisibles en cuencas, suelos y medio ambiente circundante. Desde 2012 Pluspetrol tiene 15 procedimientos sancionadores por no cumplir con el plan ambiental establecido. A fines de 2012 recibió una multa de US$ 11.3 millones por contaminar la cuenca del Pastaza y en noviembre 2013 otra por S/.20 millones por contaminar y casi desaparecer la laguna Shanshococha.
Bajo este panorama, el contrato del lote 192 con Pluspetrol concluirá el 21 de agosto próximo, y faltando 5 meses ni siquiera se ha iniciado el proceso de licitación, ni realizada la consulta previa (anunciada por el gobierno desde 2012).
Es preocupante que según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), después de 14 años de operación de Pluspetrol, existen conflictos ambientales con los nativos, además de 92 sitios de peligrosos impactos en cuencas, suelos y medio ambiente notificados a dicha empresa para su remediación (por un valor aproximado de US$ 90 millones), sin embargo, ad portas de concluir su contrato no existe ni voluntad ni decisión para resolverlos.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de marzo de 2015
El pasado día 9 se publicó una sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH) del 20 noviembre 2014 declarando responsable al Estado peruano en el caso de Gladys Espinoza Gonzáles del MRTA por violación física y sexual, obligándolo a pagar como indemnización US$ 105 mil. La denuncia por violación hecha por la terrorista en marzo 2004, durante su sentencia a 25 años, pero fue desestimada en la Sala Penal Permanente por datos periciales; para la Corte IDH, dichas violaciones no fueron investigadas.
Esta sentencia de la Corte IDH no tiene ninguna repercusión en la condena, pero es necesario evaluar las indemnizaciones y reparaciones civiles de terroristas. La ex Procuradora Supranacional para casos de Derechos Humanos informó en 2009 que el Estado pagó más de US$ 16 millones por indemnizaciones sentenciadas por la Corte IDH, pero contrariamente, las reparaciones civiles impuestas por el Poder Judicial son incobrables.
Del total de S/.3,700 millones de SL y S/.50 millones del MRTA, solo se recuperaron S/.500 mil (0.013%). Como ejemplos, a la terrorista Lori Berenson el Estado le pagó US$ 30 mil por sentencia de la Corte IDH, e increíblemente, el Poder Judicial le condonó S/. 100,000 de reparación civil. A la Terrorista María de la Cruz Flores (sentenciada a 20 años y prófuga) la Corte IDH la indemnizó con US$ 319,000. El abogado senderista Crespo, solo ha pagado S/.40 de S/.30 mil. El chileno Mellado y la peruana Gilvonio del MRTA, de S/. 250,000 solo pagaron S/.100. El senderista Carlos Inchaústegui está libre y solo ha pagado S/.300 de S/.4 millones de reparación.
Bajo este panorama, existen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Corte IDH alrededor de 400 denuncias contra el Estado peruano (la mayoría de terroristas y familiares). Mayormente la Corte IDH victimiza a los terroristas (a quienes denomina grupos armados y jamás terroristas) e impone elevadísimas indemnizaciones, contrariamente, la recuperación del Estado por reparaciones civiles de terroristas es insignificante.
Desde hace años existen proyectos para imponer “muerte civil” para terroristas que salgan en libertad al término de su condena y no paguen su reparación civil, los cuales deberían debatirse en el Congreso pero se encuentran encarpetados, asimismo, debe corregirse la estrategia de defensa del Estado ante la Corte IDH y mejorar los mecanismos para cobrar las cuantiosas deudas a los terroristas.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 14 de marzo de 2015
Nuestra Amazonía tiene 782 mil km2 (66% del territorio nacional) pero su población de 4.2 millones de habitantes (232 mil indígenas) está muy dispersa y presenta gran vulnerabilidad social y económica. Uno de sus principales problemas es el transporte fluvial de carga y pasajeros por malas condiciones de navegabilidad, elevado nivel de informalidad y deficiencias en infraestructura en los puertos de Yurimaguas (concesionado el 2011 y operaría en julio 2016), Iquitos y Pucallpa (en lista de espera hace 4 años).
En mayo 2010 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones encargó a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) la ejecución del proceso Hidrovía Amazónica, cuyo Plan de Promoción de Inversión Privada fue aprobado en diciembre 2012 (RS 076-2012) abarcando la habilitación de 2,687 kilómetros de los ríos Marañón, Amazonas, Huallaga y Ucayali, con una inversión inicial de US$ 64 millones en obras desde dragado de arena (3 millones de m3), apertura en pasos de los ríos, ayudas a la navegación, hasta operación y mantenimiento de la hidrovía (US$ 350 millones en 20 años de concesión).
En enero 2013 ProInversión contrató asesoramiento de transacción (consorcio Alatec-CSI-Serman) y aseguró la entrega de la buena pro el cuarto trimestre 2013 y el inicio de la concesión en julio 2014, lo cual no sucedió, y la operación de la hidrovía el 2016, lo cual fue irreal.
Este proceso de más de 2 años, que representó enormes gastos al país, ha sido mal conducido por ProInversión, tuvo prórrogas recurrentes, varios proyectos de contratos, retrasos y cambios de fechas en aperturas de sobres y otorgación de buena pro, falta de comunicación de las bondades del proyecto a pobladores de la zona, falta de visión sobre un probable requerimiento de consulta previa, y una extraña disminución de empresas interesadas, inicialmente de 11 a 8 quedando finalmente solo una, hasta que el 5 de febrero pasado lo canceló sin mediar información oficial explicativa.
Bajo este panorama, el gobierno y ProInversión le deben una explicación al país. Estamos fojas cero de una hidrovía crucial para el desarrollo socio económico de la Amazonía ya que garantizaría la navegabilidad y tráfico en los ríos amazónicos, y completaría el eje intermodal amazonas norte facilitando el transporte de carga desde el océano Pacífico (puerto Paita), carretera interoceánica, puerto Yurimaguas, Hidrovía Amazónica, hasta el Atlántico (puerto Manaos), y viceversa.
El pasado día 12 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) promulgó la RM 044-2015-MEM/DM con la que se dispone la remediación de 138 pasivos mineros de alto riesgo en Puno y Tacna procediéndose a su cierre. Sin embargo se trata de una ínfima cantidad respecto a los 8,571 que según inventario MEM-2014 existen en el país (50% de éstos considerados de alto y muy alto riesgo).
Los pasivos mineros –una dimensión no visibilizada de la minería– lo constituyen pozos, instalaciones y restos mineros abandonados, relaveras, bocaminas, desmontes, escorias, tajos y productos químicos que actúan en forma agresiva y silenciosa discurriendo durante los periodos de lluvias y contaminando cabeceras de cuencas, ríos, suelos causando graves daños en la salud de los pobladores, a la agricultura, ganadería y al ecosistema circundante, pero a pesar de ello el Estado pone mínima atención para remediarlos por lo que seguirán incrementándose (pasivos nuevos y antiguos que siguen descubriéndose).
Durante el actual gobierno aumentaron 1,724 (de 6,847 el 2011 hasta 8,571 el 2014) y solamente se remediaron 475 (5.5%), 272 el 2012 y 203 el 2013, además de 138 recién considerados, asignándose un irrisorio presupuesto de S/.45 millones, cuando lo que se requeriría sería mínimo de S/.660 millones, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
La ley 28090 (octubre 2003) regula el cierre de las minas mediante un plan con garantías ambientales, y la ley 28271 (julio 2004) regula los pasivos ambientales de la actividad minera disponiendo (desde hace 11 años) que el MEM identifique los responsables de su abandono (o el Estado se responsabiliza por su remediación), sin embargo, ni se identifica a los responsables, ni se remedian los pasivos adecuadamente, agravándose esta problemática.
Bajo este panorama, es muy peligroso el incremento de pasivos ambientales mineros que actualmente afecta a 21 de las 25 regiones (principalmente Áncash, Cajamarca, Huancavelica, Puno, Junín, Pasco y Lima), además daña una gran mayoría (42) de las 60 cuencas hidrográficas con actividad minera del país.
Por su gran efecto contaminante de la salud y el ambiente es prioritaria la identificación total de los pasivos, la evaluación y estimación de nivel de riesgos, estudio ambiental (solo 10% lo tiene), identificación de los responsables, y su prioritaria remediación en bocaminas, relaves, tajos, taludes, canales, recuperación del suelo y revegetación.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 28 de febrero de 2015
