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El secuestro de 36 trabajadores de la empresa Skanska en el Cuzco por parte de miembros de Sendero Luminoso, la muerte de la Capitana Nancy Flores y la desaparición de tres suboficiales durante ataques perpetrados por esta facción armada han reavivado el debate sobre la estrategia antisubversiva en el VRAE. Irradiando conversó con el analista político Carlos Monge sobre los resultados de las acciones del Estado en una zona donde el narcotráfico y el terrorismo se erigen como una amenaza latente contra la sociedad peruana.
Carlos Monge define a Sendero Luminoso como “un grupo maoísta radical que apela a la lucha armada y al ejercicio del terrorismo como parte de su instrumental de lucha.” Monge resaltó que este grupo subversivo apela a un proyecto político y que en ese sentido el Estado debe oponerle otro proyecto político para contrarrestarlo.
En opinión del analista si bien existe un operativo militar en el VRAE, estas acciones no van no acompañadas de una estrategia adecuada por parte del Estado “La acción militar es indispensable, pero me parece que no hay una estrategia integral, no hay una organización del Estado que permita poner en práctica esta estrategia”, afirmó.
Monge criticó el papel que viene cumpliendo Devida (Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Droga) en la lucha contra el narcotráfico. “Yo me pregunto qué paso con DEVIDA y toda la estrategia de desarrollo alternativo. El señor Ricardo Soberón había propuesto una estrategia integral para atacar al narcotráfico que no sólo se basaba en la represión a la producción cocalera o la interdicción al transporte sino que incluía los aspectos financieros, comerciales y de abastecimientos”, recordó.
En este sentido, Monge afirmó que el cambio en la dirección de este organismo no ha conducido a un progreso en la lucha contra el narcotráfico. “Desde que Soberón fue reemplazado por esta señora de CEDRO nunca se ha vuelto a hablar de Devida y no queda claro que el cambio de Ricardo Soberón haya conducido a nada mejor. Realmente no parece estarse haciendo nada para golpear las bases materiales de la facción de Sendero en el VRAE. Queda claro que ese cambio es parte de la razzia política contra gente de la izquierda en el gobierno pero no ha traído nada mejor”.
Finalmente, el analista político afirmo que lo que falta en el VRAE es un plan de desarrollo por parte del Estado “El VRAE es una zona de aislamiento y con indicadores de pobreza espantosos, se necesita mayor presencia del Estado en una zona que esta compartida por tres gobiernos regionales. No hay una integración del aparato del Estado más allá de la lucha contra narcotráfico.", señaló. (Foto: Lamula)
El Pleno del Congreso de la República recibirá dentro de pocas horas a Alberto Otárola y a Daniel Lozada, ministros de Defensa y del Interior respectivamente. Los representantes del ejecutivo expondrán sobre las acciones y estrategias que viene tomando el Estado en la lucha contra el narcoterrorismo, principalmente
en la zona crítica del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE).
La sesión plenaria está pactada para las 5 de la tarde. Será la Junta de Portavoces quien determine si se le otorgará un carácter reservado. El principal punto que se discutirá esta tarde se refiere al secuestro y liberación de 36 trabajadores por parte de miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso.
La expectativa sobre la presentación de los ministros en el Congreso se ha hecho más intensa debido a la difusión de un encuentro entre el líder de las huestes senderistas, Martin Quispe Palomino conocido como el camarada Gabriel, y un grupo de periodistas de diversos medios de comunicación en una zona cercana a uno de los últimos ataques senderistas. Este hecho ha despertado una serie de dudas sobre la versión oficial del cerco militar y policial que supuestamente viene rodeando a los narcoterroristas. (Foto: Ideele)
El presidente de Bolivia, Evo Morales, solicitó al gobierno de Chile "resolver de manera pronta" la aspiración de su país a tener una salida al mar, tras clausurar el Foro Social de VI Cumbre de las Américas, en la ciudad de Cartagena, Colombia. Morales exhortó a su homólogo a atender la demanda boliviana de tener un acceso al Pacífico, luego de que Bolivia perdió 400 kilómetros de litoral y 120 mil kilómetros cuadrados de territorios a manos de Chile en una guerra en el Siglo XIX.
Por otro lado, el presidente boliviano demandó la legalización del uso de la hoja de coca por considerar que forma parte de la idiosincracia indígena de su pueblo. "No se entiende cómo ya en algunos estados de Estados Unidos se comience a hablar de legalizar el consumo de cocaína cuando aún no se nos permite a las comunidades indígenas que sea legal el uso tradicional de la hoja de coca", criticó Morales, generando una reacción masivo voto de aplausos entre los participantes al evento.
Experto en temas de minería informal cuestionó acción de protagonismo por parte del gobierno en el rescate de mineros en Ica
Duras críticas a la acción del Estado de parte de Miguel Santillana, investigador principal del Instituto del Perú. En una entrevista concedida a Radio Santa Rosa, el especialista en minería informal afirmó que el gobierno "se está disparando el pié" luego del despilegue realizado para el rescate de los nueve mineros que estuvieron atrapados en un socavón del yacimiento Cabeza de Negro en Ica. "Muy bien, se cumplió el objetivo de rescatarlas pero esas personas han debido salir de ahí a un proceso judicial", indicó.
Santillana cuestionó el caso omiso que se ha hecho de las recientes normativas aprobadas contra la minería ilegal, así como la presencia de tres ministros de Estado y del presidente Ollanta Humala durante el rescate, la que calificó de "ejercicio de relaciones públicas" e "incentivo perverso para el resto de informales". Esta presencia habría significado la desatención del caso de los trabajadores secuestrados por narcoterroristas en La Convención, Cusco, hecho que merecía mayor atención y cobertura según Santillana.
Asimismo, diferenció el caso peruano del el rescate de 33 mineros en Chile ocurrido en octubre del 2010, donde se trató de una mina formal con galerías de seguridad disponibles para casos de peligro de derrumbe. "Acá ocurrió una invasión de mineros ilegales que se metieron a trabajar en un socavón cometiendo un ilícito", puntualizó.
Días muy tristes los que hemos tenido los peruanos (o los que tienen conciencia de serlo) a lo largo de esta semana. Más de 40 personas están secuestradas por el grupo terrorista Sendero Luminoso y hasta este momento no se sabe absolutamente nada de ellos: no se sabe si pasan frío, hambre o si sufren maltratos por parte de este grupo de delincuentes y asesinos. La preocupación de los familiares de estas víctimas aumenta, ya que el día de ayer, ellos y todos nosotros hemos sido testigos de la sangre fría de estos senderistas y hemos recordado las peores épocas del terrorismo en el Perú tras lamentar la muerte de una joven policía llamada Nancy Flores, quien formaba parte de un operativo de rescate.
Las circunstancias de este lamentable suceso nos hacen dar cuenta de que no estamos preparados para reaccionar ante las acciones y los chantajes de los subversivos, pues de estar preparados, la difunta Nancy Flores y sus acompañantes (heridos de gravedad) jamás hubieran sido enviados a explorar una zona de conflictos con un sistema logístico inadecuado. Ya se sabe que ese helicóptero derribado estaba preparado para operativos contra el narcotráfico, más no contra el terrorismo. Es cierto que ambos demonios son aliados el día de hoy, pero no son la misma cosa y merecen ser diferenciados para confrontarlos de mejor manera.
Sendero Luminoso ha regresado y ha regresado con fuerza. No somos un país libre, pues tenemos territorios prácticamente gobernados por ese grupo beligerante para el que las leyes nacionales no significan absolutamente nada. Y lo más triste de todo esto, es que hay peruanos a los que parece no importarles que nuestra nación corra el riesgo de ser cercenada por este mal, algo que puede llegar a ser factible si las autoridades por las que hemos votado no hacen las reformas necesarias para evitarlo. Alguna vez, Lima, la Capital, estuvo cercada por terroristas; y tuvimos que llegar a ese nivel para entender y sentir el sufrimiento que desde años atrás sentían nuestras provincias. No podemos volver a permitir tantas maldades otra vez.
Qué indignante que la magnitud de este caso no haya sido advertida desde un inicio, como si hubiésemos tenido que esperar a que una persona muera para que el tema esté en boca de todos y se convierta de un día para otro en una preocupación nacional. Esto revela –nuevamente- el poco interés que muchos ciudadanos tienen por los problemas que enfrentan nuestro país, y es verdaderamente sorpresivo que los grandes medios de comunicación locales hayan sido partícipes de esta indiferencia. Diarios como El Comercio, Perú 21 y Correo han estado vergonzosamente aislados de esta realidad, y el oportunismo mediático de sus periodistas los ha hecho acercarse al tema recién ahora, tras olfatear sangre que le da mayor color a sus portadas.
En lo personal, me siento muy orgulloso de mi país, de su cultura, de su diversidad, de su historia… pero tenemos muchos problemas que no son congruentes a la idea de progreso que nos quieren meter en la cabeza, tarea de un sistema político en el que también participan los medios ya mencionados. ¡No estamos progresando! Y estas personas secuestradas, la policía Nancy Flores, los militares caídos en acción antisubversiva, la pobreza de los pobladores que sufren amenazas terroristas, el narcotráfico y muchos otros males nacionales son la principal evidencia de ello. Si verdaderamente hay progreso, este debe ser congruente. No se nota.
Foto Extraída de: lazosperuanos.blogspot.com
Casio Huaire, congresista de la República por Junín, es autor del polémico proyecto de Ley que buscaba ampliar por treinta meses más el plazo para que Doe Run finalice su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). La iniciativa fue archivada hace unos días debido al retiro de firmas de los congresistas que un principio la apoyaron.
El último miércoles trabajadores de Doe Run bloquearon la Carretera Central reclamando que se reinicien las actividades de ésta minera. Irradiando conversó con el congresista que, desde la Oroya, nos informó sobre la situación de las protestas y las próximas medidas que tomarán quienes exigen que DOE RUN vuelva a operar.
El congresista también afirmó que si bien su proyecto había sido archivado por la Comisión de Energía y Minas aún queda un proyecto de la bancada nacionalista que piensa apoyar.
¿Cómo está la situación en La Oroya? ¿Cuál es la actitud de las personas?
Quiero comunicarle que el día de ayer tuvimos una reunión a fin de evitar que haya otro paro. Se ha visto la unión de las autoridades para solucionar todo un problema.
¿Cuál es esa solución? ¿Qué Doe Run inicie sus actividades?
Esperemos todos que el Estado de una vez por todas solucione este problema. No podemos permitir que esta situación continúe así.
¿Cuál es la solución que esperan?
Que conversen tanto el Estado como esta empresa a fin de que no sigan prorrogando el tiempo mientras La Oroya sigue paralizada, eso es lo que nos preocupa.
¿Entonces usted está de acuerdo en que se reinicien las actividades sin el PAMA?
Creo que todos estamos de acuerdo con que se reinicien las actividades en esta central metalúrgica.
Sin embargo, la gente ha mostrado su rechazo a que Doe Run reinicie sus actividades en La Oroya debido a lo nociva que es.
Esta empresa obviamente tiene muchos problemas, pero lo que esta buscándose ahora es justamente culminar la última etapa del proyecto del circuito de acido sulfúrico y de cobre, eso debe terminarse.
¿No le parece excesivo los 30 meses de plazo que usted proponía en su proyecto de ley?
Eso es algo técnico que se tenía que solucionar. Tanto el Colegio de Ingenieros del Perú y Junín llegaron a la conclusión de que se necesitaban 24 meses. Obviamente si ese es el tiempo que requiere creo que vamos a estar de acuerdo con que sea así, yo no soy el técnico para decir que necesariamente sea de 30 meses.
La empresa en anteriores ocasiones ha tenido prórrogas y no las ha cumplido. ¿Qué nos garantiza que esta vez será distinto?
La solución está en que el Estado de una vez por todas de los lineamientos claros a fin de que no siga incurriendo en estas irregularidades esta empresa o de lo contrario que tome decisiones. Sabemos que ahora ya está en un proceso concursal en Indecopi y sabemos que mañana el día 09 se dará la reunión entre los acreedores para ver si solucionan o no el problema y el día 13 será la reunión final. Esto está todavía en tratativas y ahí es donde el Estado como acreedor mayoritario tiene que resolver el problema. Lo que queremos es, en conclusión, que los trabajadores no sigan paralizados. Es una decisión política la que debe tomar el Estado con acuerdo de la empresa.
El Congreso de la República archivó el proyecto que usted proponía. ¿Cuál es la siguiente medida, el siguiente paso que ustedes van a dar?
El proyecto que yo había presentado obviamente cayó. Sin embargo hay otro proyecto con la misma cantidad de tiempo que ha presentado la bancada del oficialismo y creo que lo estamos apoyando.
“No estoy buscando más conflictos sociales”
El Congresista también se refirió a la actitud de los funcionarios y dueños de Doe Run y terminó por aceptar que la empresa minera tiene que poner de su parte si se desea llegar a un acuerdo con el Estado.
“Sabemos por información extraoficial que esta empresa no quiere solucionar el problema sobre las denuncias que tiene contra el Estado, los niños contaminados de plomo, etc. Lo que yo estoy solicitando es buscar una solución para la población de La Oroya que cuenta con más de 60 mil habitantes y 3500 trabajadores que son los agraviados directos”, afirmó el congresista.
¿Cuáles son las medidas de protesta en caso no se llegue a un acuerdo con el Gobierno?
Yo espero que lleguen a un acuerdo positivo. Yo no estoy buscando más conflictos sociales, lo que quiero evitar es justamente eso. No podemos permitir que se den enfrentamientos entre hermanos pobladores, policías y trabajadores. Po lo mismo invoco al estado y a la empresa para que den una alternativa de solución a este problema que aqueja a la población de La Oroya. FOTO (CORREO)
El analista político afirmó que es necesario fiscalizar y realizar mayores investigaciones
En entrevista para el Club de Radio San Marcos, el sociólogo y vicepresidente del Parlamento Andino, Alberto Adrianzén, señaló que la razón principal por la que los llamados “chuponeos” se realizan es debido a la falta de control y las sanciones correspondientes por parte de las autoridades.
Según afirmó, estas intercepciones telefónicas no son actividades practicadas recientemente en el país sino que se realizan desde hace muchos años. Asimismo, aseveró que dicha práctica fue perfeccionada en la época del fujimorismo con la ayuda del entonces Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN), Vladimiro Montesinos.
“El problema del chuponeo telefónico es de este gobierno como también lo es del anterior (…) Esa actitud de escucha viene de un tiempo atrás y Montesinos la perfeccionó”.
Adrianzén sostuvo que para tratar de dar solución al problema “se tiene que mirar los Servicios de Inteligencia del país y no solamente las empresas privadas”. Además, criticó la falta de normas en la Aduana para controlar las compras de equipos que sirven para este ilícito.
El analista también declaró que no cree que los “chuponeadores” sean los líderes del acto sino que trabajan bajo órdenes.
“Mi tesis es que los que chuponean lo hacen en representación de alguien, son tercerizados”
Del mismo modo, opinó que el caso de chuponeo telefónico que envuelve a las principales autoridades del primer puerto y al ex futbolista Roberto Martínez sirve como ejemplo de los “tercerizados”.
“Roberto Martínez es apenas un personaje que negocia las cosas, pero el jefe del chuponeo no es Roberto Martínez, obviamente”
Por otro lado, manifestó que ha observado un avance en el gobierno, pero que “así como hay cosas positivas”, del mismo modo existe en él la preocupación por algunos nombramientos que “contradicen el discurso”. Además, afirmó ser conocedor de “gente vinculada a instituciones del Estado que chuponea teléfonos”, pero no quiso precisar nombres.
Finalmente, aseguró que la “red de chuponeadores” tiene que ver con conexiones no descubiertas y no investigadas que está compuesta en su mayoría por oficiales retirados. “Los que chuponean mayormente son oficiales retirados que han trabajado en los servicios de inteligencia”, concluyó.
*Foto: Contra Ofensiva
La decisión del Pleno del Congreso de aprobar la eliminación progresiva del régimen laboral de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) ha originado una gran controversia. En este contexto Irradiando entrevistó a Carlo Blancas Bustamante, abogado laboralista y ex Ministro de Trabajo durante el Gobierno de Alan García. Blancas fue contundente en sus declaraciones: califica al CAS como un sistema injusto y afirma que el Perú cuenta con suficientes recursos para afrontar su derogación.
“El CAS nunca debió nacer, no debió existir si quiera puesto que es un sistema injusto que vulnera el principio de igualdad”, afirma Carlos Blancas y agrega que este régimen laboral ha generado una diferencia injustificable entre los trabajadores que tienen plenitud de derechos y los que haciendo labores similares no cuentan con los mismos beneficios.
Para el ex Ministro de Trabajo el Perú está en condiciones de financiar el acceso de los 180 mil trabajadores a un régimen laboral con plenitud de derechos. Respecto a las críticas que esta medida ha generado, Blancas aclaró que la caja fiscal cuenta suficientes recursos para atender este incremento de costos: “Va afectar a la caja fiscal en el sentido de que hay un costo adicional, pero no se puede hacer ahorros de la caja fiscal en base a violar derechos de los ciudadanos. Además en este momento la caja fiscal tiene recursos”, afirmó.
En torno a la polémica de si el CAS debería eliminarse de forma gradual o no, Blancas Bustamante manifestó que lo ideal es que siendo este régimen injusto e inconstitucional debería desparecer de inmediato, sin embargo explicó que eso no es posible debido a una serie de previsiones que el Estado debe tener en cuenta “Se debe hacer la previsión presupuestal y además hay una serie de temas administrativos que hay que resolver. Por ejemplo cuáles trabajadores van a ser sometidos a un concurso, cuáles van a tener acceso a plazas permanentes, hay que crear las plazas. No es algo que desgraciadamente se pueda hacer de un día para otro, yo creo que la decisión de hacerlo dentro de un año, es decir a partir el 2013, me parece razonable y creo no debería criticarse el proyecto por eso.”
Blancas también opinó sobre los posibles despidos masivos que anuncian algunos sectores que se oponen a la eliminación del CAS: “Eso iría contra el espíritu de la ley. Si se da una ley para que el sistema desaparezca y comienza el propio Estado que ha propuesto el proyecto a efectuar despidos eso sería una prueba de mala fe de una actitud dolosa por parte del Estado. Yo no creo que esto se produzca, de todas maneras creo que haría bien el parlamento en establecer algunas medidas de protección para evitar que se produzcan despidos masivos.”
En ese sentido, el ex Ministro de Trabajo recordó que los trabajadores que han cumplido tres años o más laborando en entidades públicas ya tienen un derecho adquirido de acuerdo a la ley vigente, aunque estén bajo la modalidad del CAS y que por lo tanto no se les puede despedir.
Finalmente, Blancas Bustamante aclaró que el aumento del salario mínimo vital no tiene implicancia con la derogación del CAS. “El salario mínimo vital se aplica básicamente en el régimen laboral de la actividad privada, el régimen público tiene otras normas. Son dos temas que no son implicantes. El costo del salario mínimo vital no lo asumo el estado salvo en empresas públicas, que son muy pocas, el costo lo asume el empresario privado, no es un costo directamente estatal”, indicó.
El abogado laboralista resaltó que el costo de transformar el CAS en un régimen ordinario ya está relativamente presupuestado “Los trabajadores de CAS actualmente tienen un sueldo y ese sueldo ya está presupuestado, tienen 15 días de vacaciones que están presupuestadas. Lo que falta presupuestar es la compensación por tiempo de servicios y las vacaciones, pero ya con la ley que ha aprobado el Congreso, durante el 2012, las vacaciones van a ser de 30 días y se les va a dar a los trabajadores aguinaldo de Fiestas Patrias y Navidad, por lo tanto eso ya está presupuestado para el 2012”, indicó.
El ex Ministro explicó que lo único que faltaría presupuestar para el 2013 sería el pago por la compensación de tiempo de servicios “No estamos hablando de costos elevados ni imposibles de cumplir por parte del Estado”, concluyó. (Foto: El Peruano)
El día de hoy, durante la tradicional estación de preguntas que se desarrolló en el Congreso, el primer ministro Óscar Valdés reafirmó que el Perú, en la fase oral del diferendo marítimo con Chile, demostrará en forma contundente la validez de sus argumentos. Asimismo, indicó que nuestro país tiene una posición clara sobre los límites marítimos y que, por esa razón, el Gobierno está apoyando con todo lo posible a la representación peruana.
"Estamos preparados, el equipo peruano ha tomado todas las previsiones del caso, no es una sorpresa, y creemos que vamos a estar muy bien representados, y vamos a exponer la posición peruana de manera contundente", manifestó ante el Pleno del Congreso.
Cabe indicar que el Tribunal de Justicia de La Haya fijó entre el 3 y 14 de diciembre el tiempo para las audiencias orales del mencionado litigio. La posición del Perú sostiene que no existe un tratado que fije la delimitación marítima con Chile. Para el país sureño el tema quedó definido con los acuerdos pesqueros firmados en 1952 y 1954.
Tras el polémico comunicado enviado por el Reino Unido que califica de “desafortunada” y de “decepción” la frustrada visita de la fragata británica al Perú, el canciller peruano, Rafael Roncagliolo, evitó dar declaraciones a la prensa.
El Ministro, quien asistió a la sesión conjunta reservada de las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores en el Congreso de la República, dijo que “no hablaría del tema” porque éste “ha sido materia de una sesión secreta”.
De la misma forma, al ser consultado sobre si este tema podría significar su salida del gabinete, Roncagliolo manifestó que “eso deberían preguntarle al presidente de la República”.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, respaldó la labor que viene realizando el ministro de Relaciones Exteriores y la Cancillería peruana. Así, el Premier aseguró que se “han dado instrucciones a la cancillería” para que ésta estudie el asunto y emita una “respuesta correcta a la brevedad”.
A pesar de haber sido observada por el Poder Ejecutivo, la autógrafa de la norma que propone crear el delito de interferencia y difusión de comunicaciones privadas fue aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso. El Pleno del Congreso decidirá si se aprueba la polémica norma. Esta iniciativa busca modificar el artículo 162 del Código Penal y establece penas de 2 a 4 años de cárcel para los periodistas que divulguen audios obtenidos por interceptación telefónica.
Los cuatro votos a favor de esta norma fueron de los congresistas: Juan José Díaz (GPF), Marco Tulio Falconí (AP), Mauricio Mulder (CP) y Octavio Salazar (GPF). Los congresistas que votaron en contra fueron tres: Heriberto Benítez (SN), Agustín Molina (GPN) y Santiago Gastañadui (GPN). Las dos abstenciones fueron de Martha Chávez (GPF) y Rosa Mávila (GPN). (Imagen: El Peruano)
Mineros informales llegaron a un acuerdo con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, y con los dirigentes de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe); el resultado de dicho diálogo fue es desbloqueo parcial de la carretera Panamericana Sur.
“Estamos suspendiendo, no estamos levantando, porque queremos quedar una paz y esta paz tiene que entenderse que el verdadero minero artesanal tiene que defender sus derechos en las calles”, señaló a TV Perú el presidente de la Fenamarpe, Celso Cajachagua Guere.
Pulgar Vidal informó que la próxima reunión será el martes 27, con la participación de dos representantes de Fenamarpe, dos de la Cartera de Ambiente, dos de Energía y Minas, y dos representantes del Ministerio del Interior.
Las autoridades han dispuesto albergues provisionales para atender a los damnificados
Un movimiento sísmico de 7.4 grados Richter, a una profundidad de 10 kilómetros, sacudió hoy el Estado de Guerrero, ubicado al sur de México.
Las autoridades informaron que el terremoto no causó víctimas mortales, pero sí daños en al menos medio millar de viviendas.
“Gracias a Dios no se ha dado ninguna pérdida humana”, afirmó el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Además, señaló que las zonas más afectadas han sido los poblados de Guerrero y Oaxaca.
“Nos pegó en una zona que es una de las zonas más deprimidas, una de las zonas más pobres que tenemos en Guerrero”, agregó el gobernador.
Por su parte, la Presidencia de México se manifestó a través de un comunicado.
“No tenemos muertes que lamentar”, señaló el presidente Felipe Calderón.
Según informaciones oficiales, el único incidente de consideración ha sido el desplome de un puente peatonal que cayó sobre un microbús fuera de servicio.
En lo que va del día, tres réplicas han sacudido la ciudad. Muchas zonas de la Ciudad de México se encuentran sin electricidad, lo cual ha generado problemas en la circulación de vehículos por falta de semáforos en servicio.
*Foto: Los Andes
Jorge Henderson, el recordado ex conductor de televisión que hace menos de un mes recibió un trasplante de hígado, se ha visto envuelto en una denuncia por tráfico de órganos. Julio Quintanilla, abogado y padrino de la joven cusqueña de 18 años, cuyo órgano fue dado a Henderson denunció que los riñones y el hígado fueron extraídos del cadáver sin el consentimiento de la familia y contra la voluntad de la joven, tal como lo consignó en su DNI.
Por otro lado, la hija del ex presentador de “Enhorabuena”, Antonella Henderson, dijo que los médicos no le informaron quién era el donante. Además, aseveró que en el caso de su padre, no hubo nada irregular. “Stefanny (joven donante) colocó en su DNI que no quería donar órganos, pero todos sabemos que quienes toman la decisión final son los familiares (...) espero que esto se solucione y que no haya ningún interés económico de por medio”, señaló.
Tras esta denuncia, la Gerencia de Procura y trasplante de EsSalud envío un comunicado para aclarar el funcionamiento en el proceso de donación de órganos de personas fallecidas. La institución médica indicó que iniciará acciones legales por falsas afirmaciones sobre donación de órganos hechas en el caso del ex conductor televisivo.
Los fallecidos fueron identificados como Carlos Lanci Yumbato, de 46 años, Julio Ticona Medina, de 41 años y Francisco Areque Jipa, de 30 años. Además, resultaron heridos 9 policías y 17 civiles
La muerte de tres civiles adultos durante la protesta minera en la ciudad de Puerto Maldonado, en Madre de Dios, se produjo tras el intento de los manifestantes por tomar diversas instalaciones de la ciudad, así lo señaló Gino Loayza Muñoz, representante de la Defensoría del Pueblo de Madre de Dios.
“Los actos de violencia se produjeron durante la madrugada cuando los manifestantes intentaron tomar el mercado Modelo, el puente internacional Guillermo Billinghurst, así como el aeropuerto Padre Aldamiz de Puerto Maldonado. Frente a ello, la policía habría adoptado la decisión de evitarlo y, en ese contexto, se habrían producido los hechos lamentables”, afirmó.
Loayza declaró que los manifestantes se dispersaron debido a la intensa lluvia que se registró en la tarde. Luego de ello se replegaron en la plaza principal de la ciudad.
“La situación actual es de cierta calma; se está regularizando el tránsito de los vehículos menores por las calles de Puertos Maldonado; sin embargo, todavía algunas se encuentran bloqueadas por las piedras y palos colocados por los manifestantes durante la mañana”, sostuvo.
Asimismo, detalló que los dirigentes del paro minero se encuentran reunidos con el fin de tomar una decisión frente a los hechos consumados.
*Foto: El Comercio
El ministro de Justicia, Juan Jiménez, calificó como acto de corrupción que Antauro Humala posea un celular con acceso a internet en el penal de piedras Gordas, y aseguró que no existen privilegios para el hermano del Presidente de la República. “Nos indignamos también como ustedes cuando vemos que un interno tiene un teléfono celular y se comunica por internet”, manifestó durante su exposición ante la Comisión de Justicia del Parlamento.
“Lo que ha habido aquí es un acto de corrupción, alguien que hizo la vista gorda o alguien que ha propiciado que este interno tenga esta situación”, afirmó.
Refirió que el ingreso de celulares es un tema no sólo de este recluso, sino que aqueja desde hace años a todos los establecimientos penitenciarios, y que el actual Gobierno trata de contrarrestar con permanentes requisas e instalación de bloqueadores.
Por otro lado, el ministro Jiménez dijo que ahora que Antauro Humala ha sido trasladado al penal Virgen de la Merced, en Chorrillos, tendrá mejores condiciones de seguridad de las que tenía en Piedras Gordas.
“El EIA de Conga no constituye un informe científico objetivo, ni tampoco es una opinión independiente.” es una de las principales conclusiones de un peritaje alternativo elaborado por el PhD Robert Moran, experto en hidrogeología y con 40 años de experiencia internacional en manejo de calidad de aguas y minería. Morán ha trabajado en América del Sur, Centro América, Norte América, Europa, África y Asia Central.
El estudio afirma que el EIA de Conga omite detalles “inconvenientes”, contiene “medias verdades” y opiniones interpretadas subjetivamente.
Uno de los principales cuestionamientos del informe se refiere a la versión de que los ríos, lagunas y manantiales de la zona del proyecto están contaminados y no sirven. "Eso es falso, la mayor parte de esas aguas tiene concentraciones muy bajas de sólidos disueltos. Esas aguas son utilizadas por un número importante de pobladores, para todo tipo de usos", señala el estudio.
El diagnóstico elaborado por Morán concluye que "En muchos sentidos el EIA de ese proyecto es una burla a la población y a las agencias reguladoras del Estado".
Este peritaje alternativo fue presentado por la ONG ambientalista Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), quienes afirman que este estudio será presentado al gobierno regional de Cajamarca, al gobierno central y a los tres peritos contratados por el Estado para evaluar el impacto de Conga en el medio ambiente de Cajamarca.(Foto: La República)
Esta mañana, en conferencia de prensa, la ministra de Educación, Patricia Salas, informó sobre las lamentables consecuencias del incendio que devastó un almacén de su cartera la noche anterior en el distrito de Breña. Según detalló, entre los materiales perdidos se encuentran 500 mil textos, 21 mil notebooks, 40 mil computadoras portátiles y 6 mil paneles solares. El monto perdido aproximadamente asciende a 280 millones de soles.
Según declaró, los materiales educativos iban a ser destinados a las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. La mayoría correspondía a escolares de educación inicial. Sobre el retraso en los envíos, indicó que este se debió a los problemas de accesibilidad causados por las intensas lluvias.
Al momento de explicar las causas del incendio, la titular del Minedu evitó opinar sobre los motivos hasta que se conozca los resultados de los peritos de los bomberos como de la compañía aseguradora. Asimismo, aseguró que se están haciendo todos los esfuerzos para evitar que los sectores perjudicados sufran más retrasos en el envío del nuevo material.
La última sesión realizada en el pleno del Congreso acordó aprobar cuatro resoluciones legislativas que darían inicio a igual número de tratados internacionales con Uruguay, Suiza, el Mercado Común del Sur (Mercosur), y uno referido al uso de bombas de racimo.
Dichos tratados oficialmente aprobados son El Tratado de Extradición con la República Oriental del Uruguay; el Tratado sobre el Traslado de Personas Condenadas con Suiza; la Convención sobre Municiones en Racimo; y un Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur.
Así, cada uno de estos tratados tiene un objetivo particular. El primero de ellos facilitará la entrega de personas para ser procesadas o cumplir su condena en Uruguay, y viceversa; excluyendo delitos militares, políticos, por motivos de religión, nacionalidad, opinión o raza.
El segundo es un tratado similar al primero entre Perú y Suiza para el traslado de personas condenadas que les permita cumplir con su condena en penales de sus respectivos países.
Por su parte, la Convención sobre Municiones en Racimo tiene por finalidad prohibir el uso, desarrollo, adquisición, almacenamiento, conservación o transferencia de municiones de racimo.
El último tratado aprobado es el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito por las repúblicas de Bolivia y Chile.
Según el documento, los Estados parte se prestarán asistencia mutua de conformidad con las disposiciones del acuerdo para la investigación de delitos, y la cooperación en los procedimientos judiciales relacionados con asuntos penales, aun cuando las conductas no constituyan delitos en un Estado requerido.
Afirmó presidente regional de Madre de Dios
Luego de tres días de paralizaciones en Puerto Maldonado debido a la protesta de las organizaciones de mineros informales, el gobierno regional de Madre de Dios anunció hoy que la solución al conflicto “ya existe” y figura un acuerdo adoptado por las partes el pasado 28 de febrero.
Así lo indicó el presidente regional de esa jurisdicción, José Luis Aguirre Pastor, quien señaló que en la fecha aludida se firmó un plan de formalización de la minería en un plazo de 12 meses, con licencia para que los informales dejen de laborar; sin embargo, este acuerdo no se habría respetado.
“Hice un llamado documentado a la Federación de Mineros de Madre de Dios para informarles pero no acudieron; salí a los medios publicando el acta pero ellos dicen que la desconocen”, afirmó la autoridad regional a un medio local.
De otro lado, hoy se realizó la tercera jornada de protestas con algunos desmanes y en medio del rechazo de distintos sectores de la población por la paralización de las actividades comerciales. Pese a ello, según anunciaron los dirigentes de la manifestación, esta se prolongaría hasta que el premier Óscar Valdés se traslade a la zona para iniciar el diálogo.
Foto: actualidadambiental.pe
El Consejo Directivo del Congreso decidió dejar sin efecto el Programa de Gestores para el Desarrollo y tomar acciones para mejorar la representación parlamentaria
El titular del Consejo Directivo del Parlamento, Daniel Abugattás Majluf, confirmó hoy la desactivación del programa Gestores para el Desarrollo. Además, informó que en la reunión se acordó formar una comisión especial con el objetivo de proponer un nuevo procedimiento para mejorar la labor de representación de los legisladores.
“El programa queda desactivado y se crea comisión que va a proponer un nuevo procedimiento, un nuevo programa que tenga mejor participación (…)”, señaló.
Por otro lado, el titular del parlamento aceptó que cometió un error al actuar de una “manera solitaria” en el diseño del programa Gestores para el Desarrollo.
“Actué de manera solitaria, debo reconocerlo; si bien me apoyó la Mesa Directiva, el diseño del programa fue mío”, manifestó.
Por último, Abugattás ratificó ― a pesar de la cancelación del programa ― que la iniciativa fue buena porque tenía el objetivo de rescatar del abandono a muchas localidades pobres del país.
*Foto: La Industria
Las personas que realicen llamadas falsas a centrales de emergencia de la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos serán sancionadas con multas del 2.5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), este dictamen fue aprobado por la Comisión de Transportes del Congreso.
El congresista Yehude Simon, autor del proyecto de ley, subrayó que resulta preocupante la cifra de llamadas falsas que reciben las centrales de emergencia de los bomberos y de la Policía Nacional del Perú (PNP), pues mencionó que en el año 2010 y el 2011 la central 116 recibió más de dos millones de llamadas, de las cuales un 97% fueron falsas, distractivas o bromistas.
La iniciativa del congresista aclara que las multas impuestas serán distribuidas a favor de la PNP y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, para la mejora de los servicios de emergencia en infraestructura y equipamiento.
Bajo estrictas medidas de seguridad llegó a la capital el sucesor de “Artemio”, el narcoterrorista Walter Díaz, alias “Freddy”, quien fue trasladado inmediatamente a la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), donde está previsto su interrogatorio.
La captura de Díaz se produjo la noche del sábado, mientras el delincuente subversivo se desplazaba por el centro poblado menor Alto Alianza, distrito de José Crespo y Castillo, provincia Leoncio Prado, Huánuco.
Según el director general de la Policía, Gral. PNP Raúl Salazar, la función de Díaz era reorganizar los rezagos terroristas en la zona del Alto Huallaga y articular una columna armada para aniquilar a los informantes que colaboraron con la captura de Florindo Flores Hala, camarada “Artemio”.
Por otro lado, Salazar manifestó que durante el operativo de captura al camarada “Freddy”, se le encontró material que está en proceso de investigación. "Vamos a seguir haciendo todas las diligencias para que se llegue a todos los terroristas", aseguró el director de la PNP.
En entrevista para Irradiando, Esther Hinostroza Ricaldi, directora de Filomena Tomaira Pacsi, ONG que trabaja desde hace 20 años en la región Junín ―atiende asuntos relacionados con las malas prácticas de las empresas mineras―, mostró su preocupación ante la posible ampliación del PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental) para la minera Doe Run en La Oroya.
Según señaló, la falta de cumplimiento del PAMA significaría que los niveles de contaminación lleguen a sus “picos más altos” pues no se ha terminado de construir una planta que evite la emisión de gases tóxicos. Debido a ello señaló que es necesario que Doe Run cumpla con “las medidas que garanticen que no va a haber contaminación”.
Hinostroza manifestó que existen pruebas del daño y las enfermedades que ocasionan las emisiones de gases tóxicos a la salud ―cáncer, daños irreversibles en el sistema nervioso y el cerebro, afecciones respiratorias y una disminución de la calidad de vida―. “El mismo estado en el año 1999 dijo que el 99.9% de los niños y niñas estaban contaminados con plomo en la sangre”.
Del mismo modo, afirmó que a partir del año 2005 el Estado comenzó a hacer investigaciones que evidenciarían que la contaminación en La Oroya se había incrementado “Estamos hablando más o menos de, un máximo de 55 microgramos de plomo por decilitro de sangre, cuando lo máximo permitido por la organización mundial de la salud es de 10”, pero que desde que la minera dejó de operar los niveles de plomo han descendido, “desde hace tres años que dejó de funcionar, un estudio comprueba que el índice de plomo en la sangre de los niños ha bajado notablemente”.
Por último, señaló que resulta preocupante que se quiera utilizar el tema laboral para justificar las prácticas mineras “el tema económico-laboral no puede anteponerse a la salud de las mujeres, niños y niñas de la población”, y que el Estado debe cautelar que los peruanos tengan “un trabajo digno y que desarrollen otras actividades económicas que le permitan a la población subsistir”.
Tras anunciarse el posible reinicio de las operaciones de la minera Doe Run en La Oroya, el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, declaró hoy que este Gobierno tiene la clara determinación de no permitir que las empresas mineras contaminen el medio ambiente. Asimismo anunció que exigirá a las mineras que adopten todos los mecanismos posibles de mitigación en sus actividades.
Aunque manifestó que será respetuoso si el Congreso extiende el plazo para que la minera Doe Run culmine su plan ambiental, y con ello pueda reanudar sus operaciones, advirtió que estará "vigilante a lo que se decida". Además, aseguró que el agua tendrá prioridad para el consumo humano por sobre la actividad minera.
"Si bien es cierto que hay varios trabajadores de La Oroya y Pasco que han pedido que se restituya el Complejo Metalúrgico, nosotros vamos a estar vigilantes de que no se haga daño al medio ambiente", indicó. Estas declaraciones las dio en el marco de una reunión con la junta de riego del Valle del Mantaro, en la región Junín.