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¿ Brasil como país Observador del Parlamento Andino ?
Etiquetas: [amazonía]  [América del Sur]  [Andes]  [Bolivia]  [Brasil]  [Chile]  [Colombia]  [Ecuador]  [Marruecos]  [observadores]  [Parlamento Andino]  [Perú]  [Sudamérica]  [Turquía]  
Fecha Publicación: 2026-08-01T11:38:03.290-07:00
Aunándose a los países miembros observadores : Turquía y Marruecos; la posibilidad de la incorporación de Brasil como Miembro Observador del Parlamento Andino fortalecería el proceso de integración sudamericana y contribuiría al cumplimiento de las funciones del Parlamento Andino, en particular las de armonización legislativa, promoción del desarrollo sostenible, integración económica, cooperación científica y tecnológica, así como la consolidación del sistema democrático regional. 
En este contexto, esta opción se encuentra alineada con la misión del Parlamento Andino de promover la integración regional, fortalecer la cooperación política y legislativa, contribuyendo al desarrollo integral de los pueblos de la región.
Diversos argumentos enfocados en las funciones y objetivos propios del Parlamento Andino dan sólido sustento a esta posibilidad, aunados a los fundamentos comerciales que por sí solo se explican para diversos sectores económicos.
Brasil representa cerca del cincuenta por ciento del territorio, de la población y del producto bruto interno de América del Sur, por lo que su participación enriquecería el debate parlamentario y permitiría impulsar iniciativas conjuntas en materias de interés común como infraestructura regional, corredores bioceánicos, transición energética, seguridad alimentaria, protección de la Amazonía, lucha contra el cambio climático, innovación tecnológica, transformación digital, educación, salud y seguridad fronteriza.
Asimismo, Brasil comparte fronteras con tres países miembros de la Comunidad Andina : Perú, Colombia y Bolivia, lo que genera desafíos comunes relacionados con el comercio, la gestión ambiental, la conectividad, la migración, las economías ilegales y otros delitos transnacionales. 
La participación de Brasil permitiría desarrollar recomendaciones y marcos legislativos coordinados para atender estas problemáticas.
De otro lado, su incorporación como Observador fortalecería el diálogo entre el Parlamento Andino y el MERCOSUR, favoreciendo la convergencia entre ambos mecanismos de integración regional y promoviendo una agenda sudamericana más articulada. 
Finalmente, la experiencia brasileña en áreas como bioeconomía, investigación científica,desarrollo industrial, innovación, agricultura tropical, energías renovables y políticas públicas enriquecería el intercambio de buenas prácticas y contribuiría al diseño de propuestas normativas orientadas al desarrollo sostenible e inclusivo de los países andinos: Chile, Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia.
La integración natural de los Andes y la Amazonía erigen el sustento de la adaptación de los pueblos

Juramentaron Parlamentarios Andinos por Perú para el periodo 2026-2031
Etiquetas: [20262031]  [Bolivia]  [Chile]  [Colombia]  [Ecuador]  [Parlamento Andino]  [Perú]  
Fecha Publicación: 2026-07-27T11:46:14.701-07:00
Los parlamentarios andinos electos por Perú, entre titulares y suplentes, para el periodo 2026-2031, juraron a sus cargos hoy lunes 27 al mediodía, en una ceremonia realizada en el Hemiciclo del Palacio Legislativo. 


El Dato

Juraron cinco (5) parlamentarios andinos titulares y diez (10) parlamentarios andinos suplentes :
Fuerza Popular:
Titular: Luis Fernando Galarreta Valarde
Suplentes: Rosario de las Nieves Guevara Badillo y Pedro Carlos Casanova Saavedra
Partido Cívico Obras
Titular: Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino
Suplentes: Ernesto Raúl León Díaz y Constantino Loa Ortiz
Renovación Popular
Titular: Maali Olga Betty Del Pomar Saettone
Suplentes: Guillermo Humberto Valdivieso Méndez y Leoncio Carlos Merino Durán
Juntos por el Perú
Titular: Paul Percy Fernández Bravo
Suplentes: Rosario del Carmen Mori Isuisa y Jorge Eusebio Manco Zaconetti
Partido del Buen Gobierno
Titular: Marcio Marino Bendezu Echevarría
Suplentes: Pamela Erilka Osorio Espinoza y María Luisa Ñañez Millones.
Capital Natural como patrimonio estratégico del Perú y los países Andinos
Etiquetas: [Bolivia]  [cadena de valor]  [Capital natural]  [Chile]  [Colombia]  [deforestación]  [Ecuador]  [indicadores]  [Parlamento Andino]  [Perú]  [servicios ecosistémicos]  
Fecha Publicación: 2026-07-25T13:33:23.945-07:00
Durante décadas hemos hablado de capital humano, capital financiero, capital físico e incluso de capital institucional como pilares del desarrollo. Sin embargo, existe un activo fundamental que pocas veces forma parte del debate público y de las políticas económicas: el capital natural. 
En lo que va del siglo XXI, este concepto se perfila como uno de los principales indicadores para medir la riqueza de las naciones y la sostenibilidad de su crecimiento. 
El capital natural comprende el conjunto de activos que la naturaleza proporciona y que generan bienestar, productividad y desarrollo económico. Incluye los bosques, el agua, los suelos, los minerales, la biodiversidad, los ecosistemas marinos, los recursos pesqueros y las fuentes de energía renovable. Desde esta perspectiva, la naturaleza deja de ser considerada únicamente como una fuente de recursos para convertirse en un patrimonio estratégico que, cuando es gestionado responsablemente, produce beneficios económicos, sociales y ambientales de manera permanente. 
Esta visión representa un cambio profundo respecto del modelo tradicional de desarrollo. Durante gran parte del siglo XX, el progreso de un país se evaluó principalmente por el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), el volumen de inversiones y la infraestructura construida. Las carreteras, puertos, centrales hidroeléctricas, fábricas y ciudades conformaron el denominado capital producido, mientras que la educación, la salud y el conocimiento dieron origen al concepto de capital humano. En las últimas décadas, organismos internacionales como el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la FAO y las Naciones Unidas han ampliado esta visión al señalar que la riqueza de una nación depende de la adecuada gestión de cuatro grandes capitales: el capital producido, el capital humano, el capital institucional y el capital natural. 

El capital natural del Perú

Pocos países en el mundo poseen una dotación de capital natural tan extraordinaria como el Perú. Su territorio alberga una de las mayores concentraciones de biodiversidad del planeta, extensos bosques amazónicos, abundantes recursos hídricos, importantes reservas minerales, ecosistemas marinos altamente productivos y un invaluable patrimonio cultural estrechamente vinculado con la naturaleza.
Esta riqueza constituye una ventaja competitiva excepcional y representa una oportunidad histórica para construir un modelo de desarrollo basado en la competitividad, la innovación, la inclusión social y la sostenibilidad. No obstante, este patrimonio también enfrenta importantes amenazas.
Entre los años 2001 y 2024, el Perú perdió aproximadamente 2,8 millones de hectáreas de bosques. Tradicionalmente esta cifra ha sido presentada como un indicador ambiental. Sin embargo, desde la óptica de la economía moderna representa, principalmente, una reducción del capital natural del país. Este cambio de enfoque transforma la manera de comprender la relación entre crecimiento económico y conservación ambiental.
Durante años se ha planteado un falso dilema entre proteger el ambiente o aprovechar los recursos naturales. En realidad, ambos forman parte de un mismo patrimonio. La minería moderna y responsable, la agricultura sostenible, el manejo forestal, la conservación de cuencas, la pesca, la infraestructura resiliente y el turismo de naturaleza no son actividades incompatibles; por el contrario, constituyen distintas formas de gestionar inteligentemente el capital natural. 
El verdadero desafío no consiste en escoger entre conservar o producir, sino en lograr que el aprovechamiento de los recursos naturales mantenga e incremente el valor de ese patrimonio para beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Entre todos los componentes del capital natural, los bosques ocupan un lugar estratégico.
Más allá de producir madera, regulan el ciclo hidrológico, capturan y almacenan carbono, estabilizan el clima, protegen los suelos, conservan la biodiversidad, favorecen la polinización de los cultivos y sustentan actividades económicas como el ecoturismo, la investigación científica y el aprovechamiento sostenible de recursos genéticos. Mientras permanecen en pie continúan generando beneficios económicos diariamente, aunque gran parte de ese valor permanezca invisible en las cuentas nacionales. En este escenario, la economía ambiental ha desarrollado metodologías para valorar económicamente los servicios ecosistémicos que brindan los bosques. El objetivo no es ponerle un precio a la naturaleza, sino estimar el costo económico que asume la sociedad cuando esos servicios desaparecen como consecuencia de la deforestación. 

Una aproximación al costo económico de la deforestación en Perú 

Aplicando metodologías ampliamente utilizadas por el Banco Mundial, la FAO, la iniciativa The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) y la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), es posible realizar una estimación conservadora del valor económico asociado a la pérdida de bosques en el Perú.
Bajo este enfoque, la deforestación acumulada durante el período 2001-2024 representaría una pérdida potencial cercana a diez mil (US$ 10 000) millones de dólares anuales en servicios ecosistémicos. Es importante precisar que esta cifra no constituye un dato oficial, sino una estimación técnica elaborada a partir de metodologías internacionales de valoración del capital natural. Su principal utilidad consiste en dimensionar económicamente aquello que normalmente no aparece reflejado en los indicadores macroeconómicos tradicionales.
La mayor parte de esta valoración corresponde a la regulación hídrica. Los bosques amazónicos funcionan como una inmensa infraestructura natural que capta agua, alimenta acuíferos, regula caudales y disminuye el riesgo de inundaciones y sequías. A ello se suma su función como uno de los principales sumideros naturales de carbono del planeta, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y generando oportunidades de financiamiento mediante los mercados internacionales de carbono. La estimación también incorpora el valor asociado a la protección de los suelos, la conservación de la biodiversidad, la polinización, la producción forestal sostenible, el turismo de naturaleza, los recursos genéticos y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas.

Una aproximación para la Comunidad Andina

Cuando este análisis se amplía al ámbito regional y se consideran conjuntamente Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Chile, la magnitud del capital natural adquiere una dimensión aún mayor. Sobre la base de estimaciones conservadoras, la pérdida acumulada de bosques durante el periodo 2001 al 2024 en el presente siglo XXI, representaría una disminución superior a US$ 50 mil millones anuales en servicios ecosistémicos.
Esta realidad confirma que la conservación y el aprovechamiento sostenible de los bosques constituyen uno de los mayores desafíos compartidos por los países andinos. Al mismo tiempo, abre una oportunidad para impulsar una agenda regional basada en el monitoreo satelital de los bosques, los pagos por servicios ecosistémicos, la restauración de ecosistemas degradados, el fortalecimiento de los mercados de carbono y el intercambio de conocimiento científico y tecnológico.

El dato 

Quizá el principal aporte de este análisis seria el concepto de capital natural que permite superar la recurrente confrontación entre desarrollo económico y conservación ambiental. Así, una mina que opera con altos estándares ambientales, una cuenca hidrográfica protegida, un bosque manejado sosteniblemente, una agricultura eficiente en el uso del agua y una ciudad resiliente forman parte de una misma estrategia de desarrollo orientada a preservar y potenciar la riqueza nacional.
De pasivo ambiental a recurso estratégico para la transición energética
Etiquetas: [Bolivia]  [Chile]  [Colombia]  [Ecuador]  [Parlamento Andino]  [Perú]  [residuos sólidos municipales]  [transición energética]  [valorización energética]  [WtE]  
Fecha Publicación: 2026-07-21T09:49:45.953-07:00
Comparto con ustedes una síntesis de mi reciente exposición sobre residuos sólidos municipales vinculado con la transición energética:
Tras denodados esfuerzos de largo aliento, pudimos demostrar en Perú - un país por antonomasia Minero - que muchos de los problemas ambientales no se resuelven satanizando actividades extractivas y productivas, sino aplicando conocimiento científico, innovación tecnológica y políticas públicas responsables.
Ese fue el caso de la minería moderna, donde la incorporación de estándares ambientales, economía circular, cierre de minas, reutilización del agua y energías renovables ha transformado positivamente esta actividad en el país.
Hoy en día, esa línea de pensamiento debe extenderse a otro desafío que afecta directamente la calidad de vida de mas de 34 millones de personas que viven en el país de los Incas: la gestión responsable de los residuos sólidos municipales.
Así como durante décadas del siglo pasado se difundió el mito de que la minería solo generaba contaminación, en lo que va del tercer milenio, también se ha instalado la idea respecto a que la basura es un problema sin solución, cuyo único destino posible son los vertederos, botaderos a cielo abierto o los rellenos sanitarios. 
La experiencia internacional demuestra exactamente lo contrario: la denominada coloquialmente basura constituye un recurso estratégico capaz de producir energía, reducir emisiones, generar empleo y liberar importantes recursos públicos para ser destinados a otros sectores estratégicos como son la salud y la educación.

La nueva minería urbana

Considerando que la minería generalmente conocida extrae recursos del subsuelo, la nueva minería urbana recupera recursos contenidos en los residuos generados por las ciudades; habida cuenta que cada tonelada de residuos sólidos municipales contiene entre otros: energía química aprovechable en el material orgánico; metales reciclables; plásticos; papel, cartón , vidrio y minerales reutilizables.Por consiguiente, los residuos sólidos urbanos constituyen una auténtica mina sobre la superficie, cuya explotación tecnológica resulta mucho más sostenible que continuar enterrándolo. Esta visión coincide en todos sus extremos con los principios de la economía circular promovidos por la OCDE, la Unión Europea y diversos organismos multilaterales.

El desperdicio económico en los países Andinos

En Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile se cuenta en total con 138,8 millones de habitantes que generan conjuntamente en la actualidad el orden de sesenta (60) millones de toneladas anuales de residuos sólidos municipales. La mayor parte termina en: botaderos ilegales; vertederos a cielo abierto y rellenos sanitarios que se encuentran próximos a terminar su vida útil. 
Paradójicamente, ingentes cantidades de dinero del tesoro público continúan destinándose únicamente a: recoger basura; transportarla; enterrarla; construir nuevos rellenos sanitarios o remediar la contaminación ocasionada por una disposición inadecuada. En estricto, esto equivale económicamente a invertir permanentemente en ocultar un recurso con valor energético, en lugar de transformarlo en un activo productivo.

Waste to Energy (WTE) para producir electricidad a partir de la basura

Los países más desarrollados del planeta comprendieron hace décadas atrás que los residuos no deben enterrarse. Por ello implementaron sistemas integrados basados en: selección en la fuente y reducción en la generación de residuos; reciclaje; compostaje y valorización energética.
La tecnología WTE permite convertir la fracción no reciclable de los residuos en: electricidad; vapor industrial; calor para calefacción distrital; combustibles alternativos; materias primas secundarias, entre otros. Asimismo, lejos de representar las antiguas incineradoras, las plantas modernas operan con estrictos sistemas de control ambiental y cumplen rigurosos estándares internacionales de emisiones. Actualmente, múltiples países del mundo entre los que se encuentran :  Suecia, Dinamarca, Alemania, Japón, Suiza, Austria, Francia, Singapur y Corea del Sur; valorizan energéticamente una parte importante de sus residuos, reduciendo al mínimo la disposición en vertederos o rellenos sanitarios.

La basura puede contribuir  decididamente a la transición energética

Cuando se habla de transición energética generalmente se piensa en: energía solar; energía eólica; hidrógeno verde; electromovilidad o similares; Sin embargo, pocas veces se menciona que los residuos sólidos municipales constituyen una fuente de energía renovable parcialmente biogénica y gestionable, capaz de generar electricidad de manera continua, complementando otras tecnologías renovables. Para la Comunidad Andina, ello representa una oportunidad extraordinaria a los efectos de : diversificar la matriz energética; fortalecer la seguridad energética; disminuir emisiones; asi como impulsar la economía circular.

Menos rellenos sanitarios, más hospitales y mejores escuelas

Una de las mayores ventajas económicas del modelo WTE consiste en reducir significativamente la dependencia de nuevos rellenos sanitarios. Construir un relleno sanitario implica: adquirir grandes extensiones de terreno; elaborar el expediente técnico, ejecutar costosas obras de ingeniería; operar sistemas de impermeabilización; tratar lixiviados; captar gases; monitorear el sitio durante décadas. Todo ello demanda enormes recursos públicos. Si una parte importante de los residuos es valorizada energéticamente, disminuye el volumen destinado a disposición final, se prolonga la vida útil de los rellenos existentes y se evita la construcción de nuevas infraestructuras de alto costo. Los recursos liberados podrían orientarse a prioridades sociales como: hospitales; centros de salud; infraestructura educativa; investigación científica; innovación tecnológica; agua potable y saneamiento; conectividad digital y otros. De esta manera la política pública deja de resolver a medias un problema de gestión y morosidad que se va acumulando en el tiempo , para financiar el desarrollo autónomo.

La minería y la valorización energética: una alianza para el desarrollo

Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, minería y WTE no son compartimentos estancos o aislados. Por el contrario, ambos son susceptibles de complementarse. La minería aporta: cobre; litio; plata; molibdeno; tierras raras; otros minerales críticos indispensables para la transición energética; en tanto que el sistema WTE aporta: energía firme; reducción de emisiones; recuperación de metales; aprovechamiento eficiente de recursos urbanos. Juntos forman parte de un mismo modelo económico basado en la eficiencia de los recursos y la descarbonización.

Una propuesta para la Comunidad Andina

La Comunidad Andina podría liderar una Iniciativa Regional de Valorización Energética de Residuos, con objetivos como: eliminar progresivamente los botaderos a cielo abierto; reducir la disposición final de residuos; armonizar normas técnicas y ambientales; promover asociaciones público-privadas para plantas WTE; acceder conjuntamente a fondos climáticos internacionales; desarrollar un mercado regional de bonos de carbono vinculados al sector residuos; crear un Centro Andino de Investigación en Economía Circular y WTE; intercambiar experiencias regulatorias y tecnológicas entre los cinco países, así como incorporar lecciones aprendidas de países desarrollados bajo el enfoque de la contribución a la energía y economía, asi como con el debate medioambiental y normativo. 
Una estrategia regional permitiría reducir costos, atraer inversión, compartir capacidades técnicas y acelerar la transición hacia un modelo de gestión más eficiente.

El Dato 

â–ºEntre el 2001 y 2025, la población conjunta de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile pasó de 103,5 millones a 138,8 millones de habitantes, lo que representa un crecimiento de 35,3 millones de personas (34,1 %) en lo que va del siglo XXI. Este incremento demográfico genera un mayor volumen de residuos sólidos municipales. En este sentido, la valorización energética de residuos mediante tecnologías WTE se convierte en una oportunidad estratégica para transformar un problema ambiental en una fuente sostenible de energía y avanzar hacia una economía circular en la región andina. 
►La evidencia internacional demuestra que la tecnología WTE no reemplaza la reducción, la reutilización ni el reciclaje; las complementa dentro de una gestión integral y puede transformar el rápido e insostenible crecimiento demográfico de las ciudades que producen residuos sólidos municipales en una fuente de energía, empleo, salud y bienestar.

¡ Feliz día de la Independencia - Freedom 250 !
Etiquetas: [2026]  [Día de la Independencia]  [EUA]  [Perú]  [USA]  
Fecha Publicación: 2026-07-04T19:49:05.076-07:00
Los ciudadanos libres e independientes del Perú, saludamos hoy 4 de Julio al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica por sus 250 años de independencia lograda en 1776. 
Esta celebración tradicional desde 1777, un año después de firmada la declaración de Independencia dieron lugar a imperecederas frases vinculadas a la libertad y la unidad nacional dichas por ilustres personajes.
Así, trascienden en el tiempo frases como: "La libertad, cuando comienza a echar raíces, es una planta de rápido crecimiento". "La verdadera libertad radica en la capacidad de ser auténticos y vivir con integridad". 
Hoy hacemos un brindis por la libertad y por todos los que la hacen posible.

91,7 % de regiones del Perú declaradas en emergencia por Fenómeno El Niño
Etiquetas: [20262027]  [Emergencia climática]  [Fenómeno El Niño]  [INDECI]  [PCM]  [Perú]  
Fecha Publicación: 2026-07-02T19:56:31.707-07:00
Mediante el Decreto Supremo N° 097-2026-PCM publicado este 02 de Julio del 2026 en el diario oficial El Peruano, 91,7 % de las regiones del Perú fueron comprendidas en la declaratoria de emergencia (22 de 24) y asimismo 42,1 % de los distritos del país fueron declarados en Estado de Emergencia (796 de 1,891).
El retroceso de glaciares y deforestación contribuyen a profundizar la emergencia climática
Esta emergencia fue declarada por el peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026 - 2027, por el plazo de sesenta días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan. 
Estas cifras reflejan que la declaratoria tuvo un alcance territorial muy amplio, cubriendo más de nueve de cada diez regiones y más de cuatro de cada diez distritos del país. La magnitud de la situación identificada, debido a la continuidad de El Niño Costero y el desarrollo de El Niño (Pacífico ecuatorial central) ante la próxima temporada de lluvias, demanda la adopción de medidas urgentes que permitan a los Gobiernos Regionales de Amazonas, Ãncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali, la Provincia Constitucional del Callao y a los Gobiernos Locales involucrados, con la coordinación técnica y seguimiento del INDECI y la participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y demás instituciones públicas y privadas involucradas, en cuanto les corresponda, ejecutar las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan; siendo necesario asimismo, autorizar la continuidad de las acciones inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo así como de respuesta y rehabilitación, iniciadas en el marco de las declaratorias de estado de emergencia prorrogadas con los Decretos Supremos Nº 065-2026-PCM, Nº 066-2026-PCM, Nº 067-2026-PCM, Nº 068-2026-PCM, Nº 074-2026-PCM, Nº 081-2026-PCM, Nº 087-2026-PCM y Nº 094-2026-PCM.
Formalización minera en el escenario regional andino
Etiquetas: [2026JNE]  [actividades mineras]  [Bolivia]  [Chile]  [CIP]  [Colombia]  [Ecuador]  [Formalización]  [Parlamento Andino]  [Perú]  
Fecha Publicación: 2026-06-25T18:26:44.352-07:00
En una ceremonia pública realizada hoy 25 de junio del 2026 en el auditorio del Colegio Médico de Lima - Perú, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, hizo entrega de las credenciales a los senadores y parlamentarios andinos electos para el período 2026-2031, acto que formaliza su condición de representantes elegidos por voluntad popular. 
La ceremonia contó con la presencia del actual presidente de la República del Perú, José María Balcázar.
Entre las autoridades acreditadas se encuentra el parlamentario andino electo Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino, quien ha sido invitado a participar como expositor en el foro análisis y evaluación de la importancia del proceso de formalización de la minería en el Perú, organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Ãncash, evento que se desarrollará el próximo 7 de agosto de 2026.
La participación del parlamentario andino reviste especial importancia debido a que la formalización minera constituye uno de los principales desafíos para el desarrollo sostenible de los países andinos. 
En este contexto, los aportes y conclusiones que surjan del foro podrán ser contrastados con las experiencias y realidades de los demás países integrantes del Parlamento Andino: Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile, promoviendo así el intercambio de buenas prácticas y el fortalecimiento de políticas regionales orientadas a una minería responsable, formal y ambientalmente sostenible.
La formalización minera representa una herramienta fundamental para mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadores, incrementar la recaudación fiscal, reducir los impactos ambientales derivados de la minería informal e ilegal, y fomentar una actividad extractiva alineada con los estándares internacionales de sostenibilidad y gobernanza. 
Desde este espacio , saludamos la participación de las nuevas autoridades andinas en el debate técnico y académico sobre uno de los sectores más importantes para la economía nacional y regional, destacando la necesidad de construir soluciones integrales que permitan compatibilizar el aprovechamiento de los recursos minerales con la protección del medio ambiente y el bienestar de las poblaciones involucradas.
Significado del fenómeno El Niño para la Minería Andina
Etiquetas: [2026]  [cambio climático]  [comunidad andina]  [El niño costero]  [ENFEN]  [Fenómeno El Niño]  [Minería Andina]  [NOAA]  
Fecha Publicación: 2026-06-19T10:41:36.656-07:00
Desde una perspectiva regional, El Niño representa un recordatorio de que la competitividad minera ya no depende únicamente de la calidad de los yacimientos o de los precios internacionales de los minerales. La resiliencia climática se ha convertido en un factor estratégico para la sostenibilidad de las operaciones.
La capacidad para gestionar riesgos hidrológicos, proteger infraestructuras críticas, asegurar el abastecimiento de agua y mantener la continuidad logística será cada vez más determinante para la industria minera andina.
Las grandes operaciones mineras cuentan actualmente con estudios hidrológicos, sistemas de drenaje, reservorios, protocolos de emergencia, monitoreo meteorológico permanente y planes de continuidad operativa diseñados para responder ante eventos climáticos extremos. 
Estas inversiones no eliminan completamente los riesgos, pero sí reducen significativamente la probabilidad de interrupciones prolongadas o impactos severos sobre la producción.
En este contexto, la experiencia acumulada por los países andinos durante los eventos de 1982-83, 1997-98, 2017, 2023 y 2026 demuestra que la adaptación al riesgo climático constituye hoy una ventaja competitiva tan importante como la propia riqueza geológica.

Impacto heterogéneo

Los efectos de El Niño sobre la actividad minera no son homogéneos en la región andina; aunque el fenómeno tiene un origen común en el Pacífico ecuatorial, sus manifestaciones climáticas varían significativamente entre países debido a diferencias geográficas, altitudinales e hidrológicas. Precisamente por ello, la minería de cada país enfrenta riesgos y oportunidades distintas ante un mismo evento climático.
En el caso del Perú y Ecuador, los efectos suelen traducirse en temperaturas superficiales del mar superiores a lo normal, mayor humedad atmosférica y estar asociados al incremento de precipitaciones y a la ocurrencia de inundaciones, deslizamientos y activación de quebradas. Resulta importante recordar que la mayor parte de la producción minera se desarrolla en la sierra, donde los efectos de El Niño no necesariamente se manifiestan de la misma forma que en la costa. Mientras algunas zonas pueden registrar precipitaciones por encima de sus valores normales, otras pueden experimentar impactos mucho más moderados. Por ello, generalizar que un evento El Niño afectará por igual a toda la minería constituye una simplificación que no refleja la diversidad geográfica de la región. Estas condiciones pueden afectar corredores logísticos, puertos, carreteras, líneas de transmisión eléctrica y otras infraestructuras críticas para la operación minera. Dado que ambos países mantienen una importante vinculación de sus actividades económicas con la costa del Pacífico, los impactos sobre la conectividad y el transporte suelen constituir uno de los principales factores de riesgo. 
Bolivia presenta una situación más compleja. Dependiendo de la región, El Niño puede generar tanto precipitaciones intensas como déficits hídricos. En el altiplano boliviano, donde se concentra una parte importante de la actividad minera vinculada al estaño, zinc, plata y litio, los periodos de sequía pueden convertirse en un factor de preocupación debido a la creciente competencia por los recursos hídricos entre la minería, las ciudades y las actividades agropecuarias.
En Colombia, por el contrario, El Niño suele manifestarse mediante una reducción de lluvias y un incremento de las temperaturas. Este escenario genera presiones sobre la disponibilidad de agua y sobre el sistema energético, altamente dependiente de la generación hidroeléctrica. Para la minería, ello puede traducirse en mayores costos operativos asociados al consumo energético, restricciones hídricas y mayores exigencias para garantizar la continuidad de las operaciones en determinadas regiones.
Para el caso de Chile, la mayor parte de su producción minera se desarrolla en zonas áridas y semiáridas del norte del país, donde predominan sus operaciones de cobre y litio. Históricamente, los eventos El Niño suelen incrementar las precipitaciones en algunas zonas del desierto de Atacama y en sectores de la cordillera, generando riesgos asociados a aluviones, afectación de caminos y alteraciones en la infraestructura. Sin embargo, el principal desafío estructural para la minería chilena continúa siendo la gestión eficiente del agua, razón por la cual la industria viene desarrollando sus capacidades para el uso de agua desalinizada en labores mineras.

El Dato del RONI según NOAA y ENFEN 

A medida que evolucionen las condiciones del Pacífico durante los próximos meses, el seguimiento de los informes de NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) y ENFEN (Comité Multisectorial en Perú encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño) será fundamental para adoptar decisiones informadas.
Uno de los indicadores relevantes para monitorear El Niño es el RONI (Relative Oceanic Niño Index), adoptado por la NOAA como referencia oficial desde febrero de 2026 para el seguimiento del fenómeno ENSO (El Niño Oscilación del Sur). 
El RONI permite determinar la intensidad de El Niño o La Niña comparando la temperatura del Pacífico ecuatorial con la del resto de los océanos tropicales. Para interpretar este indicador se deben considerar dos aspectos fundamentales: el valor del índice, que confirma la presencia de El Niño cuando supera +0,5 °C durante cinco períodos trimestrales consecutivos, y la respuesta de la atmósfera al calentamiento oceánico, ya que no todo incremento de temperatura genera los mismos efectos sobre el territorio.
En su último Diagnóstico ENSO,publicado el 11 de junio de 2026, la NOAA confirmó oficialmente que las condiciones de El Niño ya están presentes y que se espera un fortalecimiento progresivo durante los próximos meses. Por su parte, el Comunicado Oficial ENFEN N° 11-2026, emitido el 15 de junio, coincide en señalar que el calentamiento del Pacífico ya se encuentra en desarrollo y que continuará durante el resto del año. Asimismo, el ENFEN, mantiene el estado de Alerta de El Niño Costero e indica que el evento iniciado en marzo de 2026 podría prolongarse hasta el verano de 2027. 
Las proyecciones señalan una mayor probabilidad de alcanzar una magnitud fuerte entre junio y septiembre, para luego disminuir gradualmente hacia fin de año. 
Para el verano 2026-2027, la probabilidad de un evento fuerte alcanza el 48 %, mientras que la de un evento moderado llega al 46 %. 
La alerta temprana de los pronósticos de NOAA y ENFEN resulta relevante porque plantea un escenario en el que podrían coexistir simultáneamente un Niño Costero y un Niño de alcance global, situación que históricamente ha estado asociada a los mayores impactos climáticos en el país de los Incas.
Esto no significa que el fenómeno carezca de relevancia ni que deban minimizarse sus posibles efectos. Por el contrario, el escenario proyectado por NOAA y ENFEN exige un seguimiento permanente y la adopción de medidas preventivas oportunas.
Sin embargo, tampoco resulta correcto asumir que la sola presencia de El Niño implicará una paralización generalizada de las operaciones mineras o una reducción inevitable en la producción nacional.
El principal desafío para el sector minero no es la existencia del fenómeno en sí mismo, sino la capacidad de anticiparse a sus efectos y gestionar adecuadamente los riesgos asociados. En ese sentido, la preparación, la planificación y la inversión en infraestructura resiliente continúan siendo las herramientas más eficaces para enfrentar un contexto climático cada vez más variable y recurrente.
Perú y Suiza impulsan alianza para fortalecer la MAPE
Etiquetas: [2026]  [gobernanza minera]  [MAPE]  [MINEM]  [minería de Oro]  [MOU]  [oro]  [Parlamento Andino]  [Perú]  [SECO]  [Suiza]  [trazabilidad]  
Fecha Publicación: 2026-06-03T07:30:38.642-07:00
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la Confederación Suiza suscribieron un Memorando de Entendimiento (MOU) para promover una minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) de oro más responsable, inclusiva y sostenible en el Perú.
La iniciativa busca generar mayores oportunidades para la formalización minera, fortalecer la trazabilidad del mineral y facilitar el acceso de los productores a mercados internacionales que exigen estándares de producción responsable.
El acuerdo fue firmado por el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, y el embajador de Suiza en el Perú, Paul Garnier, en representación de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO). 
Esta cooperación constituye una alianza estratégica destinada a promover mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernanza en toda la cadena de valor del oro. 
El programa se desarrollará hasta el año 2028 y contempla tres componentes estratégicos.
El primer componente, actualmente en ejecución, consiste en la implementación de un fondo concursable destinado a cofinanciar proyectos innovadores que contribuyan a mejorar el desempeño ambiental, social y de gobernanza de las operaciones de minería artesanal y de pequeña escala. La primera convocatoria culminó el 29 de mayo de 2026 con el cierre de la recepción de propuestas, contando con la participación del sector privado.
El segundo componente prevé un trabajo articulado entre el MINEM y la SECO para impulsar espacios de diálogo y coordinación política que fortalezcan la interacción entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los distintos actores vinculados a la pequeña minería. Entre los temas prioritarios se encuentran la formalización minera, la trazabilidad del oro y el diseño de incentivos que promuevan una producción responsable y sostenible.
Por su parte, el tercer componente estará enfocado en la gestión del conocimiento. Para ello se impulsará la elaboración de estudios técnicos, la sistematización de experiencias exitosas, la difusión de buenas prácticas y la participación en espacios internacionales de intercambio de conocimientos y lecciones aprendidas.
Asimismo, el MOU contempla la provisión de asistencia técnica para el desarrollo de reformas normativas priorizadas por el MINEM, el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades involucradas y la generación de información especializada que contribuya a mejorar la gobernanza y sostenibilidad del sector minero artesanal y de pequeña escala. 
Esta iniciativa representa un importante paso en los esfuerzos por promover una MAPE formal, competitiva y alineada con los estándares internacionales de sostenibilidad, contribuyendo al desarrollo económico de miles de productores y al fortalecimiento de la gobernanza minera en el país.
La integración andina y los desafíos del siglo XXI
Etiquetas: [Acuerdo de Cartagena]  [Bolivia]  [CAF]  [Chile]  [Colombia]  [Ecuador]  [FLAR]  [Parlamento Andino]  [Perú]  [SAI]  
Fecha Publicación: 2026-05-26T09:02:00.000-07:00
Hoy 26 de mayo de 2026 se conmemora 57 años de la firma del Acuerdo de Cartagena, instrumento que dio origen al proceso de integración andina y sentó las bases de uno de los proyectos de cooperación regional más importantes y duraderos de América Latina.
A lo largo de casi seis décadas, la integración andina ha evolucionado desde un mecanismo orientado principalmente a la cooperación económica y comercial hacia un sistema integral que incorpora dimensiones políticas, sociales, ambientales, culturales y de ciudadanía regional. Este proceso ha permitido construir instituciones supranacionales, fortalecer la cooperación entre los países miembros y generar beneficios concretos para millones de ciudadanos.

Los orígenes de la integración andina

La historia de la integración andina comenzó el 26 de mayo de 1969, cuando Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú suscribieron el Acuerdo de Cartagena en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Mediante este instrumento se creó el denominado Pacto Andino, concebido como un mecanismo destinado a promover el desarrollo económico y social de sus miembros mediante la integración regional y la cooperación entre sus economías. Posteriormente, el 10 de marzo de 1996, con la entrada en vigor del Protocolo de Trujillo, el Pacto Andino adoptó oficialmente la denominación de Comunidad Andina (CAN), dando paso a una nueva etapa caracterizada por una institucionalidad más sólida y una visión integral del proceso de integración.

El Parlamento Andino: la voz democrática de los pueblos andinos

Uno de los hitos más importantes en la construcción institucional de la integración regional fue la creación del Parlamento Andino el 25 de octubre de 1979 en la ciudad de La Paz, Bolivia.
El Parlamento Andino constituye el órgano deliberante y representativo del Sistema Andino de Integración. Su naturaleza es comunitaria y democrática, ya que representa a los pueblos andinos mediante parlamentarios elegidos por sufragio universal y directo.
Asimismo, cuenta con personalidad jurídica internacional y capacidad de ejercicio de conformidad con el ordenamiento jurídico supranacional andino.
Actualmente está integrado por representantes del Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú. Asimismo, Chile participa activamente en diversos mecanismos de integración andina en calidad de país asociado.
El Parlamento Andino cuenta además con miembros observadores permanentes, entre ellos el Reino de España, el Reino de Marruecos y la República de Turquía, fortaleciendo así los vínculos de cooperación interregional.

De un acuerdo comercial a una comunidad de ciudadanos

La integración andina representa uno de los procesos más relevantes de cooperación regional en América Latina. Su evolución demuestra cómo un acuerdo inicialmente concebido para facilitar el comercio pudo transformarse progresivamente en una comunidad política, económica y social dotada de instituciones propias, normas comunitarias y mecanismos de concertación. Entre sus principales logros históricos destacan: La creación de instituciones supranacionales permanentes; el establecimiento del Tribunal Andino de Justicia. la consolidación del Parlamento Andino como órgano democrático de representación regional; la eliminación progresiva de barreras comerciales; la construcción de una zona andina de libre comercio; la libre circulación de personas; la cooperación en materia ambiental, educativa, energética y digital y el fortalecimiento de una identidad regional andina compartida.

Principales hitos de la integración andina

1969: Nace el Pacto Andino

Con la firma del Acuerdo de Cartagena se inicia formalmente el proceso de integración andina, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social mediante la cooperación regional.

1970: Inicio de la CAF

Comienza a operar la Corporación Andina de Fomento, hoy CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, entidad que se convertiría en una de las principales fuentes de financiamiento para proyectos de integración y desarrollo en la región.

1973: Incorporación de Venezuela

Venezuela se integra formalmente al proceso andino, fortaleciendo el peso político y económico del bloque regional.

1976: Retiro de Chile

Chile se retira del Pacto Andino debido a diferencias respecto al modelo económico impulsado por el bloque. Décadas más tarde retomaría su vinculación como país asociado.

1978: Creación del Fondo Andino de Reservas

Se constituye una institución destinada a fortalecer la estabilidad financiera de los países miembros, antecedente directo del actual Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).

1979: Consolidación institucional

Se suscribe el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino y se crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, fortaleciendo significativamente la arquitectura institucional del proceso integrador.

Década de 1980: Resiliencia y fortalecimiento

Pese a las crisis económicas que afectaron a América Latina, la integración andina logró preservar sus principales instituciones y continuar desarrollando mecanismos de cooperación regional.

1990: Nace el Consejo Presidencial Andino

Los Jefes de Estado institucionalizan sus reuniones periódicas, otorgando mayor conducción política al proceso de integración.

1991-1994: Apertura económica

Se consolida la Zona Andina de Libre Comercio, se aprueba el Arancel Externo Común y se implementan diversas medidas destinadas a facilitar el comercio intrarregional.

1996: Nace la Comunidad Andina

La suscripción del Protocolo de Trujillo marca una profunda reforma institucional. Surge oficialmente la Comunidad Andina y se crea el Sistema Andino de Integración (SAI).

2001: Ciudadanía andina

Los ciudadanos de los países miembros comienzan a viajar utilizando únicamente sus documentos nacionales de identidad, fortaleciendo la movilidad regional.

2006: Reencuentro e internacionalización

Chile retorna al proceso como país asociado y el Parlamento Andino participa activamente en la creación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), ampliando la proyección internacional de la integración andina.

2010-2018: Modernización institucional

La Comunidad Andina impulsa políticas vinculadas con infraestructura, transporte, integración fronteriza, movilidad humana y fortalecimiento institucional.

2019: Medio siglo de integración

La Comunidad Andina celebra sus primeros cincuenta años de existencia. Los presidentes andinos reafirman su compromiso con el fortalecimiento del proceso integrador y destacan avances en comercio, movilidad e integración fronteriza.

La nueva etapa: una integración orientada al ciudadano

A partir de 2020, la integración andina ingresó en una nueva fase caracterizada por una visión más cercana a las necesidades de la ciudadanía. La pandemia del COVID-19 evidenció la importancia de la cooperación regional y aceleró el desarrollo de iniciativas vinculadas con salud pública, conectividad digital, migración, educación, medio ambiente y transformación tecnológica.

2020: Cooperación frente a la pandemia

La Comunidad Andina aprobó una Estrategia Andina frente al COVID-19 e impulsó iniciativas destinadas a fortalecer la cooperación sanitaria, económica y social. Ese mismo año se aprobó la Carta Ambiental Andina, considerada uno de los instrumentos ambientales más ambiciosos de la región, incorporando compromisos relacionados con cambio climático, biodiversidad, sostenibilidad y protección de ecosistemas estratégicos.

2021: Estatuto Migratorio Andino

La entrada en vigor del Estatuto Migratorio Andino constituyó uno de los mayores avances en materia de integración ciudadana. Este instrumento facilitó la residencia, circulación y regularización migratoria de millones de ciudadanos andinos, consolidando una visión regional basada en derechos.

2022: Integración digital

Se implementó progresivamente la eliminación de los costos de roaming internacional entre los países andinos, permitiendo una conectividad más accesible para millones de usuarios.

2023: Reactivación económica

Los países andinos impulsaron iniciativas orientadas a fortalecer las cadenas regionales de valor, la facilitación aduanera, la seguridad alimentaria y la cooperación energética.

2024: Agenda ambiental y desarrollo sostenible

La Comunidad Andina profundizó sus esfuerzos en materias como lucha contra la minería ilegal, protección de la Amazonía, gestión hídrica, transición energética y adaptación al cambio climático.

2025: Fortalecimiento del Parlamento Andino

El Parlamento Andino consolidó su papel como órgano democrático del Sistema Andino de Integración, impulsando iniciativas relacionadas con educación, derechos humanos, ciberseguridad, democracia digital, participación ciudadana y cooperación universitaria.

2026: Una integración con visión de futuro

Al cumplir 57 años de existencia, la Comunidad Andina se mantiene como el proceso de integración más antiguo y con mayor grado de institucionalidad supranacional en América Latina. En este contexto histórico, la cooperación regional no constituye únicamente un instrumento económico, sino también una herramienta para promover el desarrollo sostenible, fortalecer la democracia, ampliar oportunidades y construir un futuro compartido para los pueblos andinos. Así, los principales retos y desafíos para esta nueva etapa, vinculadas a la transición energética,minerales críticos,seguridad alimentaria,infraestructura regional,desarrollo sostenible, entre otros, incluyen: Fortalecer la libre movilidad de los ciudadanos andinos; Consolidar la integración digital regional; Incrementar el comercio intracomunitario y la competitividad económica; Profundizar la cooperación frente al cambio climático; Impulsar la interconexión energética regional; Combatir las economías ilegales y la minería ilegal; Fortalecer la seguridad alimentaria; Promover la educación, la innovación y la movilidad académica.
RRSS municipales & transición energética andina
Etiquetas: [2026]  [Bolivia]  [Chile]  [Colombia]  [comunidad andina]  [Ecuador]  [Perú]  [residuos sólidos municipales]  [transición energética]  
Fecha Publicación: 2026-05-13T15:15:52.146-07:00
Durante décadas, los residuos sólidos municipales fueron entendidos en América Latina únicamente como un problema sanitario asociado al crecimiento urbano. Las ciudades crecieron, el consumo aumentó y, junto con ello, millones de toneladas de residuos comenzaron a acumularse diariamente en botaderos a cielo abierto, vertederos y rellenos sanitarios. Sin embargo, el contexto actual obliga a replantear esa visión tradicional. Lo que antes era considerado basura hoy empieza a ser visto como un recurso estratégico capaz de influir en la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico de la región andina.
En cinco países : Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, se generan el orden de cuarenta (40) millones de toneladas anuales de residuos sólidos municipales; y más del 50 % de éstos corresponde a materia orgánica susceptible de ser valorizada mediante tecnologías de biodigestión anaeróbica, captura de biogás o sistemas Waste to Energy (WTE); por consiguiente, una parte importante de aquello que hoy se entierra podría convertirse en electricidad, fertilizantes y nuevos recursos aprovechables. Paradójicamente, gran parte de este potencial continúa enterrándose diariamente en rellenos sanitarios o, peor aún, terminando en botaderos informales sin ningún tipo de control ambiental.
Por la gran magnitud de botaderos a cielo abierto, éstos pueden observarse satelitalmente.
El principal problema estructural de estos países continúa siendo la persistencia de un modelo lineal basado en extraer, consumir y desechar. Este esquema ha generado una presión creciente sobre los sistemas de disposición final, obligando a los municipios a destinar enormes recursos económicos únicamente para recolectar, transportar y enterrar residuos. En muchos casos, los gobiernos locales apenas logran sostener servicios básicos de limpieza pública, sin capacidad financiera suficiente para invertir en tecnologías modernas de valorización, reciclaje o recuperación energética.
La situación es más complicada en zonas rurales, ciudades intermedias, territorios amazónicos y regiones altoandinas, donde la limitada infraestructura sanitaria dificulta el manejo adecuado de residuos. Así, millones de toneladas continúan llegando a botaderos a cielo abierto, afectando ecosistemas y servicios ambientales al provocar contaminación de ríos, degradación de suelos, emisiones de metano y afectación directa sobre poblaciones vulnerables.
El cambio climático agrava aún más esta problemática, debido a lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos que dinamizan los lixiviados. incrementando los riesgos ambientales asociados a sistemas precarios de disposición final. Esta posibilidad adquiere enorme relevancia para estos países donde la minería constituye uno de los principales motores económicos y, simultáneamente, uno de los mayores consumidores de energía eléctrica.
La minería moderna requiere crecientes cantidades de electricidad para procesos de trituración, molienda, bombeo, ventilación, procesamiento metalúrgico y automatización industrial. A medida que los yacimientos se vuelven más profundos y complejos, la demanda energética minera continuará incrementándose de forma sostenida. La transición energética global depende directamente de minerales estratégicos producidos en la región andina.
Los vehículos eléctricos, las energías renovables, las redes inteligentes y las nuevas tecnologías requieren minería, para lo cual se debe construir modelos mineros cada vez más sostenibles, eficientes y articulados con procesos de economía circular. 
En este contexto, la valorización energética de residuos sólidos municipales podría convertirse en uno de los grandes puntos de convergencia entre desarrollo urbano, transición energética y minería sostenible.
Países desarrollados del planeta han demostrado que es posible reducir drásticamente la dependencia de rellenos sanitarios mediante sistemas integrados de reciclaje, biodigestión y generación eléctrica a partir de residuos. En varias ciudades europeas, la basura dejó de ser vista como un problema para convertirse en una fuente complementaria de energía y desarrollo tecnológico.
La Comunidad Andina todavía enfrenta enormes desafíos para avanzar hacia ese escenario. La baja segregación en origen, la informalidad del reciclaje, las limitaciones presupuestales municipales, la débil planificación regional y la falta de infraestructura tecnológica continúan siendo barreras importantes. A ello se suma la necesidad de fortalecer marcos regulatorios, desarrollar capacidades técnicas y promover educación ambiental ciudadana.

El Dato

►La región andina posee abundante materia orgánica aprovechable, creciente demanda energética y una expansión industrial y minera que requerirá nuevas fuentes de electricidad durante las próximas décadas. Bajo una adecuada planificación, los residuos sólidos podrían transformarse simultáneamente en una solución ambiental y en un recurso energético estratégico para el desarrollo regional.
â–ºLa verdadera discusión de futuro ya no debería centrarse únicamente en cómo eliminar residuos, sino en cómo transformar aquello que hoy enterramos en nuevas oportunidades de energía, innovación y sostenibilidad. 
El Niño : Fenómeno o evento
Etiquetas: [2026]  [comunidad andina]  [Ecuador]  [El niño costero]  [eventos]  [Fenómeno El Niño]  [Perú]  
Fecha Publicación: 2026-05-08T15:39:00.000-07:00
En términos sencillos, y respondiendo a una inquietud frecuente de mis discípulos de la región andina, conviene precisar que El Niño no debe entenderse únicamente como una lluvia intensa o una emergencia temporal, sino como un fenómeno climático complejo que forma parte de la dinámica natural del océano Pacífico y de la atmósfera.
Cuando se habla de “El Niño†en sentido general, se hace referencia al proceso climático recurrente asociado al calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, capaz de alterar lluvias, temperaturas, sequías, actividades productivas y ecosistemas en varios países de América del Sur, especialmente en Perú y Ecuador.
En cambio, cuando ese fenómeno se presenta en un periodo determinado y con características concretas, los especialistas suelen hablar de un evento El Niño, como ocurrió en 1982-1983, 1997-1998 o durante el Niño Costero de 2017. 
Esta diferencia puede parecer trivialmente académica, no obstante ayuda a comprender mejor por qué la minería, la agricultura, la pesca, el turismo y la infraestructura andina reaccionan de manera distinta frente a cada episodio.
No todos los eventos tienen la misma intensidad ni generan iguales consecuencias. Algunos producen lluvias extraordinarias e inundaciones en la costa peruana y ecuatoriana; otros alteran la disponibilidad hídrica, afectan carreteras, incrementan la erosión o modifican la productividad pesquera asociada a la corriente de Humboldt.
Por ello, entender a El Niño como fenómeno y a cada ocurrencia específica como evento permite analizar con mayor rigor técnico los impactos económicos, sociales y ambientales que periódicamente enfrenta la Comunidad Andina. 
Asi, el fenómeno El Niño suele ser presentado en el Perú como un evento estrictamente climático, una anomalía del océano que, de manera casi inexorable, desencadena lluvias, inundaciones y pérdidas económicas.
Sin embargo, esta explicación resulta insuficiente para entender la magnitud real de sus impactos. La recurrente experiencia demuestra que los efectos del Niño no dependen únicamente de la temperatura del mar, sino de una red más compleja donde interactúan el clima, la estructura económica y, de manera decisiva, la calidad de la gobernanza.
En ese contexto, el escenario que en el lapso 2026-2027 se perfila como una eventual posibilidad de acople entre el Niño global y el Niño costero, obliga a replantear el análisis desde una perspectiva preventiva más integral.
El Perú se encuentra en una posición particularmente sensible frente a este fenómeno. A diferencia de otros países, su costa está directamente expuesta al calentamiento de la región Niño 1+2, lo que hace que los eventos costeros tengan efectos inmediatos sobre el territorio. Pero cuando este calentamiento se sincroniza con un Niño global en la región 3.4, el fenómeno adquiere una dimensión distinta, reforzándose la interacción entre océano y atmósfera, se prolonga la duración del evento y se intensifican las precipitaciones.
En consecuencia, no se trata de una suma de efectos, sino de un proceso de amplificación. 
El antecedente del año 2017 resulta ilustrativo, pues a pesar de no haber estado plenamente acoplado a un Niño global fuerte, el Niño costero generó daños equivalentes a más de 1.6% del PBI peruano. 
Evento registrado por la NASA en El Niño del año 2017 

Eventual escenario de acoplamiento y en medio de una crisis política

¿Qué ocurriría si un evento de esa naturaleza se produjera en condiciones de acoplamiento pleno y en el contexto político que viene atravesando el país?. 
Para responder a esta interrogante es necesario abandonar la idea de que el impacto económico del Niño es solo una función directa de su intensidad climática. 
En estricto, el efecto final puede entenderse mejor como el resultado de una interacción entre tres factores: la magnitud del evento, el nivel de exposición de la economía y la capacidad del Estado para gestionar el riesgo. 
Estos elementos no actúan de manera independiente; se potencian entre sí. Así, un evento climático de similar intensidad puede generar consecuencias radicalmente distintas dependiendo de la calidad institucional del país que lo enfrenta. En el caso peruano, esta variable adquiere una relevancia crítica. La fragilidad política que ha caracterizado al Perú en los últimos años introduce un factor de vulnerabilidad adicional. La alta rotación de autoridades, la fragmentación del sistema político, la debilidad en la ejecución del gasto público y la persistente descoordinación entre niveles de gobierno configuran un escenario en el cual la capacidad de respuesta del Estado se ve seriamente limitada. 
En estas condiciones, los problemas no se originan únicamente en la naturaleza, sino en la forma de acción o inacción en que el aparato público reacciona frente a ella. Las obras de prevención se postergan, la planificación pierde continuidad y la respuesta tiende a ser reactiva antes que preventiva. El resultado es que el daño económico no solo ocurre, sino que se amplifica.
Es en este punto donde el análisis del sector minero suele verse distorsionado por percepciones simplificadas. Existe una narrativa extendida que tiende a asociar la minería con la vulnerabilidad frente a eventos climáticos, cuando en realidad su rol es mucho más ambivalente y depende del contexto en el que opera. 
En un entorno de gobernanza relativamente funcional, la minería puede desempeñar un papel estabilizador, toda vez que sostiene las exportaciones, genera divisas, contribuye a la recaudación fiscal y ayuda a mantener la estabilidad macroeconómica en momentos de crisis. Bajo estas condiciones, lejos de agravar el problema, actúa como un amortiguador frente al shock.
No obstante, cuando el mismo fenómeno ocurre en un contexto de debilidad institucional y, además, bajo un escenario de acoplamiento climático, la situación cambia de manera sustancial. Las interrupciones en la infraestructura logística, la paralización de operaciones por eventos extremos, la deficiente gestión de conflictos sociales y la limitada capacidad de supervisión ambiental pueden convertir a la minería en un canal adicional de transmisión del impacto económico.
En este caso, no es la actividad minera en sí la que genera el problema, sino la incapacidad del entorno institucional para sostener su funcionamiento en condiciones adversas.De este modo, la minería deja de ser un amortiguador y pasa a formar parte del mecanismo de propagación del shock. 
Este análisis adquiere una dimensión aún mayor cuando se observa desde la perspectiva de la Comunidad Andina. Aunque los países de la región comparten ciertos rasgos estructurales, sus niveles de exposición climática, dependencia económica y calidad institucional varían significativamente.
El Perú destaca por la combinación de alta exposición al Niño costero, fuerte dependencia de la minería y una marcada inestabilidad política, lo que lo convierte en el país más vulnerable ante un escenario de acoplamiento.
Ecuador enfrenta riesgos climáticos similares, aunque con menor capacidad de amortiguación económica, mientras que Colombia y Bolivia presentan dinámicas distintas, con impactos más asociados a variaciones hidrológicas o a debilidades institucionales específicas.
Esta heterogeneidad no elimina, sin embargo, la necesidad de una respuesta coordinada. Por el contrario, refuerza la idea de que el Fenómeno El Niño debe ser abordado como un riesgo sistémico regional. En este contexto, instancias como el Parlamento Andino adquieren una relevancia particular, no solo como espacios de deliberación política, sino como plataformas para impulsar estrategias conjuntas en materia de prevención, infraestructura resiliente y estabilidad económica frente a shocks climáticos.
La articulación de sistemas de alerta temprana, la coordinación de políticas públicas y el fortalecimiento institucional a nivel regional podrían marcar una diferencia sustantiva en la forma en que estos eventos son enfrentados en el futuro.

El dato 

â–ºEl Fenómeno El Niño no puede seguir siendo interpretado únicamente como un evento natural. En el Perú, su impacto es también el reflejo de las condiciones políticas e institucionales del país. 
â–ºCuando un evento climático de gran magnitud se encuentra con un Estado débil, sus efectos se potencian y pueden traducirse en pérdidas económicas que comprometen varios puntos del producto interno bruto. Para el caso peruano, se aproximaron a veinte por ciento de su PBI en tres eventos estimados para los años : 1982-1983 (11,6 %) ;1997-1998 (6,2 %)  y 2017  (1,6 %).
Tres eventos extremos de El Niño 82/83;97/98 y 16/17 comprometieron aprox 20% del PBI peruano

â–ºResulta prioritario avanzar hacia una comprensión más realista de los desafíos que enfrenta el Perú y la región andina en un contexto de creciente incertidumbre climática y fragilidad política. 

TSM/Datos procesados por el IGP-Mayo 2026
TSM/Datos procesados por IMARPE-Abril 2026

Evidencia comparada entre minería formal e informal
Etiquetas: [actividades mineras]  [aspectos políticos]  [minería de Oro]  [Minería formal]  [Minería informal]  [oro]  [Perú]  
Fecha Publicación: 2026-04-30T16:22:29.345-07:00
Los planes de gobierno presentados por el cúmulo de candidatos presidenciales en estas últimas elecciones generales de 2026 en Perú, dejan plasmado nítidamente que la discusión sobre la minería está cargada de percepciones ideológicas y, en no pocos casos, marcado de una profunda desconexión con la realidad.
En particular, se evidencia la percepción errónea de que toda forma de minería genera impactos similares y que la diferencia entre minería formal e informal es simplemente administrativa. Nada más lejos de la verdad.
El elector percibió correctamente este desacierto, así una mayoría significativa de planes de gobierno expuestos por los partidos participantes fueron desechados, pues mostraron baja representatividad efectiva, traducida en su incapacidad de superar umbrales mínimos de votación. 

Análisis comparado

Al contrastar experiencias emblemáticas de minería informal, como Serra Pelada en Brasil, La Pampa en Madre de Dios y Pataz en la sierra liberteña peruana, frente a operaciones formales como Yanacocha y Pierina en el Perú, permite deshacer varios mitos insostenibles, revelando que no toda minería es igual, y las diferencias son estructurales, no marginales.
Labores de la minería de oro en la sierra de la Libertad-Perú
La minería informal demostró históricamente una capacidad significativa de producción. Serra Pelada, en la Amazonía brasileña, produjo el orden de sesenta (60) toneladas de oro en escasos años durante la década de 1980. Más recientemente, el Perú enfrenta un fenómeno con mayor complejidad: la minería ilegal en la Amazonía y en zonas altoandinas.
Se estima que el país produce y exporta aproximadamente 100 toneladas de oro informal al año, una cifra para nada deleznable si se considera el factor incremental y acumulativo desde inicios del presente siglo XXI.
Sin embargo, detenerse únicamente en el volumen producido supone un error analítico profundo. La minería informal no es solo una forma menos eficiente de producción, es un sistema económico radicalmente distinto, caracterizado por su fragmentación, transparencia opaca y, cada vez más, por su vinculación con economías criminales.
El caso de La Pampa es ilustrativo. No se trata de una mina, sino de un territorio devastado. La deforestación supera ampliamente las 300 mil hectáreas acumuladas, habiéndose registrado 10% de esta cifra entre enero de 2021 y marzo de 2024, con un uso intensivo de mercurio dejando secuelas de contaminación en ecosistemas y servicios ambientales.
En Pataz, por su parte, la minería ilegal ha evolucionado hacia esquemas de control territorial por parte de organizaciones criminales, con presencia de sicariato, extorsión y economías paralelas. A diferencia de Serra Pelada, que representó un caos social desbordado con la participación de más de cien mil personas, el fenómeno contemporáneo en Perú muestra un salto cualitativo hacia estructuras organizadas de ilegalidad.
Frente a ello, la minería formal presenta características completamente distintas. Yanacocha, ha producido más de 800 toneladas de oro desde 1993, con picos anuales de hasta 100 toneladas. Pierina, por su parte, superó las 260 toneladas durante el periodo 1998-2020 de su vida útil. Estas cifras no solo superan largamente a los enclaves informales históricos, sino que lo hacen bajo esquemas de eficiencia técnica, trazabilidad productiva y regulación ambiental. Aquí emerge un punto central que suele ser ignorado en el debate público: la minería formal no elimina el impacto ambiental, pero lo transforma en un fenómeno medible, gestionable y sujeto a fiscalización. La minería informal, en cambio, externaliza sus costos de manera absoluta: no hay control, no hay remediación y no hay responsabilidad. La diferencia es aún más evidente en términos económicos e institucionales. Mientras la minería formal genera canon, regalías, empleo formal y encadenamientos productivos, la minería ilegal no solo termina evadiendo estos aportes, sino que erosiona la capacidad del Estado.
Regiones como Madre de Dios, pese a su intensa actividad aurífera, reciben niveles marginales de ingresos fiscales, configurando una paradoja extrema: abundancia de recursos con ausencia de desarrollo. Este contraste permite desmontar otro mito frecuente: que la minería informal es una alternativa de subsistencia frente a la gran minería.
Si bien en sus orígenes puede haber tenido validez ese componente, hoy en muchos casos opera como una economía extractiva de alta rentabilidad capturada por redes ilegales, donde los costos sociales y ambientales son asumidos por la colectividad.
La evidencia comparada es contundente. La minería informal puede generar volúmenes importantes de producción, pero lo hace con una huella ambiental desproporcionada, altos niveles de violencia y nulo aporte al desarrollo institucional. La minería formal, en cambio, concentra mayores niveles de producción con menor impacto relativo por unidad extraída y contribuye al sostenimiento del Estado. 

En resumen 

El problema de fondo en el Perú, por tanto, no es la minería en sí misma, sino la coexistencia de dos modelos radicalmente distintos: uno que construye institucionalidad y otro que merma la gobernanza y gobernabilidad del país. Ignorar esta diferencia no solo distorsiona el debate, sino que impide diseñar políticas públicas efectivas.
Desmitificar la minería implica, precisamente, reconocer estas asimetrías. No se trata de idealizar la minería formal ni de negar sus desafíos, sino de entender que, en ausencia de Estado y regulación, la alternativa no es un modelo más sostenible, sino un escenario de salvaje depredación acelerada por los elevados precios históricos que viene alcanzando el oro.
Por consiguiente, el desafío para el Perú y los peruanos no es menor. Formalizar, controlar y reconducir la actividad minera informal no es solo una cuestión económica o ambiental, sino una condición necesaria para preservar de cara al futuro la viabilidad del Estado en vastas zonas de su territorio.
Gobernanza minera en riesgo por un sistema político debilitado
Etiquetas: [2026]  [aspectos políticos]  [elecciones democráticas]  [Gobernabilidad]  [Gobernanza]  [Perú]  [proceso democrático]  [sector minero]  
Fecha Publicación: 2026-04-21T15:27:00.000-07:00
El desarrollo de las elecciones generales del Perú 2026 confirma la consolidación de una crisis estructural del sistema político. No se trata de un episodio coyuntural, sino del resultado de una dinámica acumulativa a lo largo del siglo XXI, donde la fragmentación, la debilidad de los partidos y la baja legitimidad de origen se han convertido en rasgos permanentes.
Esta fragilidad institucional no es un fenómeno aislado. En la última década, el Perú ha tenido una alta rotación de presidentes, ministros y funcionarios públicos de otros niveles, reflejo de un sistema político incapaz de generar estabilidad en la conducción del Estado. Esta volatilidad coexiste, sin embargo, con una realidad contradictoria: una macroeconomía relativamente sólida.
En efecto, el Perú presenta indicadores que, en términos comparados, son favorables. La inflación se mantiene controlada alrededor del 2%, dentro del rango meta del Banco Central . Las reservas internacionales netas bordean el 25% del PBI, lo que constituye un sólido respaldo frente a influencias externas . Asimismo, la deuda pública se sitúa en torno al 35% del PBI, un nivel bajo en comparación con estándares internacionales. A ello se suma la estabilidad de la moneda y un desempeño económico que, pese a la inestabilidad política, ha logrado sostener tasas de crecimiento positivas impulsadas en gran medida por el sector minero,representando un 10% de su PBI .
Sin embargo, esta fortaleza macroeconómica convive con debilidades estructurales profundas. La informalidad sigue siendo elevada estimada en el orden del 18% del PBI y se expande junto con economías ilegales como la minería informal . A ello se suma un contexto de creciente criminalidad y baja presencia estatal para hacer cumplir la ley en territorios identificados. El resultado es una macroeconomía que funciona razonablemente bien sobre una base institucional frágil. Esta es la paradoja peruana: estabilidad económica sin estabilidad política.
En ausencia de reformas que fortalezcan la representación política, el patrón observado de la cadena : fragmentación, baja legitimidad e inestabilidad, no solo persistirá, sino que tenderá a profundizarse.
En este contexto, el impacto sobre el sector minero resulta particularmente crítico. La minería, por su propia naturaleza, requiere estabilidad jurídica, predictibilidad regulatoria y un Estado con capacidad efectiva para gestionar conflictos. Ninguna de estas condiciones se fortalece en un entorno político fragmentado como el que se presenta en el marco del proceso electoral del 2026.
Un gobierno con respaldo electoral limitado tiende a privilegiar decisiones de corto plazo. Ello se traduce en cambios regulatorios frecuentes, retrasos en proyectos y señales contradictorias que erosionan la confianza de los inversionistas. La incertidumbre deja de ser un fenómeno transitorio y pasa a convertirse en una condición estructural del sector. Asimismo, la debilidad del sistema político reduce la capacidad del Estado para gestionar los conflictos sociales vinculados a la actividad minera. En ausencia de mecanismos eficaces de intermediación política, las tensiones territoriales en sus 159 cuencas tienden a escalar, afectando tanto la continuidad de las operaciones como el desarrollo de nuevos proyectos.La posibilidad de impulsar reformas estructurales en el sector se ve limitada.
Temas críticos como la formalización minera, la gestión del canon o la regulación ambiental requieren consensos políticos amplios, difíciles de construir en un sistema altamente fragmentado. 
Las elecciones de 2026, en este sentido, no solo reflejan una crisis política, sino que configuran un condicionante estructural para el desarrollo económico y, en particular, para el sector minero. El Perú enfrenta así una paradoja persistente: cuenta con un sector minero competitivo y de relevancia global, una macroeconomía ordenada y fundamentos sólidos, pero carece de un sistema político capaz de sostener estos logros en el tiempo mediante reglas claras, estabilidad institucional y capacidad de gobierno.
Un sistema político débil no contribuye a tener una adecuada gobernanza y gobernabilidad del país.

Detalles del proceso electoral 2026

El proceso electoral se desarrolló con 35 candidatos efectivos a la presidencia, sobre un padrón de 27,325,432 ciudadanos. Este escenario, marcado además por episodios de inestabilidad institucional que derivaron en la renuncia del jefe de la autoridad electoral ONPE, evidenció un claro desbalance entre la participación ciudadana y la capacidad real de representación política. Con el 93.894% de actas contabilizadas (87,102 de 92,766), los resultados reflejan con nitidez la magnitud de la fragmentación. El partido que ocupa el primer lugar alcanza apenas el 17% de los votos válidos, mientras que el segundo obtiene el 12%. Estas cifras no solo muestran objetivamente la dispersión del voto, sino también la ausencia de mayorías políticas mínimamente consistentes.
El hecho de que ninguna fuerza supere el 20% confirma que la segunda vuelta no sería una excepción, sino una consecuencia estructural del sistema. Más aún, el 77% de los partidos no alcanza siquiera el 2% de los votos, lo que evidencia la proliferación de organizaciones sin base social efectiva.
El padrón electoral, por su parte, revela un país complejo y en transición. La coexistencia de una población joven significativa con un bloque creciente de adultos mayores introduce tensiones en la agenda pública. No existe una demanda predominante capaz de ordenar el debate político, lo que contribuye a la dispersión electoral. 
En términos territoriales, el país mantiene un fuerte centralismo en Lima, que concentra alrededor del 37% del electorado. Sin embargo, las regiones del norte y del sur andino continúan siendo decisivas, especialmente en una eventual segunda vuelta. Se configura así un escenario en el que las elecciones se definen en múltiples espacios polarizados, con intereses diversos y, en muchos casos, contrapuestos.
El voto en el extranjero, que alcanza aproximadamente 1.2 millones de electores, añade una dimensión adicional. Su magnitud lo convierte en un actor relevante en contiendas estrechas, incrementando la complejidad del sistema electoral y la necesidad de mecanismos de representación más adecuados a la realidad del Perú profundo de todas las sangres.
El resultado agregado de estos factores es un sistema político sin la capacidad de procesar adecuadamente la diversidad social del país. Existe pues un desalineamiento evidente entre una sociedad cada vez más compleja  y un sistema de partidos cada vez más precario.
Desarrollo humano bajo el modelo peruano en lo que va del siglo XXI
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Fecha Publicación: 2026-04-09T13:44:00.000-07:00
Como vengo sosteniendo hace décadas en diversos foros, desmitificar la minería en el Perú implica ir más allá del debate ligero sobre su impacto ambiental o económico, ya que el principal propósito es evidenciar que el verdadero desafío es humano e institucional.
En el modelo peruano, se ha asumido que la abundancia de recursos naturales y su redistribución vía presupuesto público serían suficientes para impulsar el desarrollo tanto en zonas urbanas como en rurales. Sin embargo, tanto la persistencia de la migración del campo a la ciudad, anemia,como el limitado acceso y disponibilidad de agua para consumo humano de millones de personas prueban todo lo contrario.
Es en ese sentido que el país no enfrenta un problema de falta de recursos, sino de incapacidad de gestionarlos y transformarlos poniéndolos en valor para generar bienestar.
No basta con tener cobre, oro, plata, zinc, minerales críticos para la transición energética o abundante agua dulce. Sin una estrategia que coloque al capital humano en el centro, que fortalezca el estado de derecho y que promueva la iniciativa privada, estos recursos seguirán siendo oportunidades perdidas. 
Es necesario construir un Perú donde la riqueza natural no continúe siendo una ilusión de desarrollo, donde el presupuesto público se traduzca en resultados concretos y donde el verdadero motor del progreso sea la persona humana.
Pérdidas con el RRHH por desconexión entre generación de riqueza y uso del gasto público.

El proceso seguido en el periodo 2001-2026

A inicios del siglo XXI, el Perú era un país centralista en términos políticos, económicos y fiscales. Su capital, Lima concentraba el orden del 50% del PBI nacional y hasta el 75% del presupuesto público. El resto del país giraba alrededor de una estructura donde la generación de riqueza y la toma de decisiones estaban concentradas en la capital.
veinticinco años después, el discurso oficial sostiene que el país avanzó hacia la descentralización. Sin embargo, un análisis comparativo entre la participación regional en el PBI, el uso del presupuesto público y la evolución de indicadores sociales críticos como la anemia infantil revela una realidad compleja y contradictoria.
En términos de producción económica, el país experimentó cambios importantes, pero no necesariamente estructurales. Lima sigue concentrando alrededor del 45% del PBI nacional, lo que evidencia una leve desconcentración, pero no una transformación del modelo. Algunas regiones incrementaron su participación, impulsadas principalmente por actividades extractivas y la agroexportación. 
Es decir, el crecimiento territorial del PBI no ha sido producto de una diversificación económica, sino de la expansión geográfica del patrón primario exportador.
La participación de Lima en el gasto nacional ha caído significativamente. Este cambio responde al proceso de descentralización con la creación de gobiernos regionales y la transferencia de recursos a través de mecanismos como el canon minero y gasífero.
En apariencia, esto sugeriría un avance hacia un país más equilibrado, sin embargo, la evidencia demuestra que la descentralización fiscal no ha ido acompañada de una descentralización productiva ni de capacidades de gestión en los territorios. 
Es al incorporar un indicador humano básico donde la paradoja se vuelve más evidente. 
A inicios del siglo XXI, alrededor del 72% de la población peruana era urbana y cerca del 28% residía en zonas rurales. Para el año 2025, esta proporción se modificó a más del 80% de la población viviendo en áreas urbanas, mientras que la población rural se redujo por debajo del 20%. Este proceso refleja una migración sostenida desde el campo hacia las ciudades, impulsada por la falta de oportunidades económicas, servicios básicos y condiciones de vida adecuadas en zonas rurales. Este despoblamiento rural es una evidencia de la frustrada construcción de economías territoriales sostenibles. Las zonas rurales, muchas de ellas ricas en recursos naturales no logran retener a su población, las cuales se desplazan hacia ciudades que, a su vez, crecen de manera desordenada, presionando servicios básicos e incrementa las brecha entre producción y gasto, lo cual debilita su desarrollo armónico.
A inicios del siglo XXI, la anemia infantil en el Perú afectaba aproximadamente al 50% de los niños menores de tres años. Dos décadas después, pese al crecimiento económico sostenido, al incremento del presupuesto público y a la descentralización fiscal, la anemia sigue afectando a cerca del 40% de los niños a nivel nacional, con niveles críticos en regiones con tradición minera como es el caso de Cajamarca.
El país ha crecido, ha gastado más y ha redistribuido recursos, pero no ha logrado resolver uno de los problemas más elementales de desarrollo humano. 
Sin embargo, existe una paradoja aún más profunda y menos discutida que es el agua. En el contexto global, el agua es considerada el petróleo del siglo XXI, un recurso estratégico para el desarrollo, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.
El Perú, es un país privilegiado en disponibilidad de agua dulce a nivel global; no obstante, millones de peruanos aún carecen de acceso y disponibilidad adecuados al agua para consumo humano. Gran parte del recurso hídrico se pierde por falta de infraestructura, mala gestión, contaminación y ausencia de ordenamiento territorial. Así, un país con abundancia hídrica convive con escasez en sus ciudades y zonas rurales. Esta paradoja del agua no es distinta a la de los recursos minerales.
El Perú, pese a poseer importantes reservas de cobre, oro y minerales críticos que serán fundamentales para la transición energética global, sin embargo, por la experiencia demostrada en las últimas décadas, se acredita que la sola existencia de estos recursos no garantiza su desarrollo sostenible. Al igual que ocurre con el agua, la riqueza potencial no se traduce automáticamente en bienestar para la población.
Al cruzar las variables de PBI, población, presupuesto, anemia y acceso al agua, el caso peruano muestra precisamente la ausencia de este enfoque integral. 
Por un lado, existe un Perú productivo, representado por regiones que generan más riqueza de la que reciben en presupuesto público. Por otro lado, un Perú dependiente, conformado por regiones donde el gasto estatal supera la capacidad productiva, pero sin lograr traducirse en bienestar tangible. Y en ambos casos, la persistencia de la anemia y las brechas en acceso al agua evidencian que ni la generación de riqueza ni el incremento del gasto han bastado para mejorar las condiciones básicas de vida. 
Un caso ilustrativo es el de las regiones con canon minero o gasífero, como Ãncash y Cusco. Estas presentan un aparente equilibrio entre producción y presupuesto, pero con niveles de anemia y limitaciones en acceso a servicios básicos que evidencian una desconexión entre recursos disponibles y resultados sociales.
Esto confirma que la riqueza natural, ya sea minera o hídrica, no garantiza desarrollo si no está acompañada de instituciones sólidas y gestión eficiente.
En ese sentido, correspondería mejorar el modelo vigente garantizando procesos electorales transparentes que garanticen la construcción de  gobernabilidad y gobernanza con capacidades reales de transformar recursos en bienestar y mejora de calidad de vida en un país que cuenta con un legado histórico y un futuro prometedor.
El verdadero debate en minería que el país aún no enfrenta
Etiquetas: [2026]  [aspectos económicos]  [aspectos políticos]  [cadena de valor]  [minería sostenible]  [Perú]  
Fecha Publicación: 2026-04-01T18:20:00.000-07:00
Han pasado 24 años desde que, en 2002, el Perú inició el proceso de formalización minera con la Ley N° 27651, orientada a la pequeña minería y minería artesanal. Una década después, en 2016, el Decreto Legislativo N° 1293 declaró de interés nacional dicha formalización. Más recientemente, el 26 de diciembre de 2025, la Ley N° 32537 extendió este proceso hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta la entrada en vigor de la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento.
A pesar de este largo recorrido normativo, el país llega a las elecciones generales del 12 de abril de 2026 atrapado en una controversia que se repite sin mayor evolución. 
El debate sobre la minería ha sido reducido, durante años, a una falsa dicotomía: minería sí o minería no; agro sí o mina no; agua sí u oro no. Este enfoque simplista ha condicionado propuestas igualmente limitadas, que no logran diferenciarse en lo sustantivo y que, en la práctica, han contribuido a ralentizar el desarrollo nacional durante casi un cuarto de siglo.
El problema de fondo es que se sigue intentando responder a fenómenos complejos, como la expansión de la minería ilegal, con soluciones fragmentadas, lineales y desarticuladas.
El resultado es evidente: el crecimiento exponencial de esta actividad ilícita, frente al cual los esfuerzos del Estado, especialmente desde el sistema de justicia, resultan insuficientes.
Sin embargo, incluso este diagnóstico se queda en la superficie.
El verdadero problema estructural que el Perú no ha querido enfrentar es otro: sigue operando bajo una lógica de cadena productiva primaria, cuando el desafío real es construir una cadena de valor minera.
El Perú es, sin duda alguna, una potencial potencia minera, vinculado a lo históricamente demostrado como uno de los principales productores mundiales de cobre, oro, zinc y plata. Pero esa fortaleza encierra una paradoja: exporta grandes volúmenes de recursos, pero no captura plenamente la riqueza que estos pueden generar. Extrae minerales, pero no maximiza su valor. La razón es conceptual y estratégica. Perú estructuró la minería como una cadena productiva: un proceso lineal que comienza con la exploración, continúa con la extracción, pasa por un procesamiento básico y culmina en la exportación.
En este esquema, el país participa fundamentalmente en los eslabones de menor valor agregado. Las consecuencias son conocidas: alta dependencia de la fluctuación en los precios internacionales, escasa diversificación productiva, limitada generación de empleo calificado y una creciente percepción social de que la minería no deja beneficios suficientes en los territorios donde opera.
Frente a ello, cobra relevancia el concepto de cadena de valor, desarrollado por Michael Porter. No se trata solo de producir más, sino de producir mejor, integrando actividades que generen valor en cada etapa del proceso.
Aplicado a la minería, esto implica ir mucho más allá de la extracción. Supone apostar por investigación geológica avanzada, innovación tecnológica, fundición y refinación dentro del país, desarrollo de industrias aguas abajo, servicios especializados de clase mundial, generación de conocimiento y formación de capital humano calificado.
En suma, transformar la minería en un verdadero motor de desarrollo integral.
El Perú, sin embargo, aún no ha dado ese salto. Sigue básicamente exportando concentrados en lugar de metales refinados. Dependemos de tecnología importada en vez de desarrollarla. Los encadenamientos productivos locales son débiles y las regiones con tradición minera permanecen, en gran medida, desconectadas de procesos industriales más complejos.
Esto no es casual. Es el resultado de décadas sin una política clara de industrialización minera. Mientras tanto, otros países de las Américas han avanzado en esa dirección. No solo exportan concentrados de commodities, sino que ha construido un ecosistema de proveedores mineros, generando valor más allá de la extracción.
Pero el desafío no es únicamente económico. Es también social, ambiental y político. 
Muchos de los conflictos vinculados a la minería responden a una percepción legítima: que la riqueza no se distribuye de manera equitativa. Una minería basada únicamente en la lógica de cadena productiva tiende a reforzar esa percepción. En cambio, una minería articulada como cadena de valor puede generar empleo local, dinamizar economías regionales y construir legitimidad social.
Una mirada a los servicios industriales de la marina-SIMA,puertos y cadena de valor
Por ello, el debate que el Estado peruano necesita no es si debe o no explotar sus recursos minerales, sino cómo hacerlo de manera inteligente. No se trata de estar en contra de la minería abandonándola o dejando aislada a la inversión privada, sino de transformarla y acompañarla en el proceso de cambio.
En un contexto electoral como el que se encuentra el país a escasos días de elegir a su mandatario de un abanico de treinta y cinco candidatos presidenciales, marcado mayormente por discursos polarizantes, propuestas simplistas que llevan a discusiones bizantinas, resulta imprescindible pedir a los candidatos una visión más ajustada a la realidad que exige el país : ¿Qué plantean para que el Perú deje de ser un exportador de materias primas agotables y se convierta en un generador de valor? ¿Cómo piensan articular la minería con la industria, la tecnología y el ordenamiento territorial? ¿Qué estrategias concretas proponen para cerrar esta brecha histórica?.
El país no puede seguir postergando esta discusión, siendo que al año 2026 la minería representa cerca del 10% del PBI peruano y es uno de sus pilares económicos por ser motor de exportaciones y generador de empleo. La cuestión de fondo es si seguirá siendo una actividad extractiva tradicional o si estamos dispuestos a convertirla en una verdadera plataforma de desarrollo sostenible.
La diferencia entre cadena productiva y cadena de valor no es meramente académica. Es, en esencia, la diferencia entre un país que exporta lo que extrae y otro que construye riqueza a partir de lo que posee. Y esa decisión, más que técnica, es profundamente política.

! Dios bendiga al pueblo peruano e ilumine a sus gobernantes !

Dr. Msc. Ing. Javier Prado Blas

DNI N° 08186048

CIP N° 38874
Ausencia de estrategias para gestionar eficientemente el recurso agua
Etiquetas: [agua]  [estrategias]  [gestión]  [Perú]  [Política Hídrica]  [recursos hídricos]  [seguridad hídrica]  [siembra de agua]  
Fecha Publicación: 2026-03-28T18:44:00.000-07:00
En el Perú existe una paradoja altamente sensible: mientras el presupuesto público se ha incrementado de manera sostenida desde inicios del siglo XXI, la inversión en infraestructura mayor de almacenamiento de agua, ya sea represas, reservorios y sistemas de regulación hídrica no ha seguido el mismo ritmo.
Este desfase no es menor. Es, en realidad, uno de los principales factores que explican la creciente vulnerabilidad del país frente a una eventual crisis hídrica y energética.
El país cuenta con más de 700 presas inventariadas por la Autoridad Nacional del Agua, construidas a lo largo de casi un siglo. Durante décadas, especialmente entre 1960 y 1980, el Estado peruano entendió que el agua era un factor clave para el desarrollo y promovió grandes proyectos de irrigación y regulación hídrica. Posteriormente, entre 1980 y el 2000, se consolidó una etapa de expansión hidroeléctrica y de proyectos multipropósito.
Sin embargo, en lo que va del siglo XXI, este impulso se ha diluido en simultaneo con la recurrente crisis política del país.
Existen esfuerzos singulares como el Proyecto Olmos, pero no una política sistemática ni sostenida de almacenamiento de agua en espacios estratégicos a escala nacional.
Lo más preocupante es que esta desaceleración ocurre en un contexto diametralmente opuesto al del siglo pasado. Hoy enfrentamos los efectos del cambio climático, con periodos de sequía más prolongados, mayor variabilidad en las precipitaciones y un acelerado retroceso de los glaciares andinos.
Es decir, cuando más necesitamos capacidad de almacenamiento, menos estamos invirtiendo en ella. El argumento de falta de recursos ya no es válido. El presupuesto público peruano ha crecido significativamente en las últimas dos décadas, impulsado por el crecimiento económico, la recaudación tributaria y los ingresos provenientes de actividades extractivas. Sin embargo, ese mayor gasto no se ha traducido en infraestructura estratégica que garantice la seguridad hídrica. Se ha priorizado, en muchos casos, el gasto corriente o proyectos de impacto inmediato, dejando de lado inversiones de largo plazo cuya rentabilidad social es incuestionable.

Consecuencias de la inacción

En primer lugar, afecta la seguridad alimentaria. La agricultura en la costa, donde se concentra gran parte de la producción y fomentar la cadena de valor, depende críticamente de sistemas de almacenamiento y regulación. Sin ellos, el agua de las lluvias se pierde en el mar durante los meses húmedos y escasea durante los periodos secos.
En segundo lugar, compromete la seguridad energética. El Perú mantiene una alta dependencia de la generación hidroeléctrica. Sin reservorios adecuados, la producción de energía queda sujeta a la disponibilidad inmediata de agua, lo que incrementa el riesgo de déficits en años secos y obliga a recurrir a fuentes térmicas más costosas y contaminantes.
En tercer lugar, incrementa la conflictividad social. La falta de infraestructura hídrica exacerba la competencia por el recurso entre agricultura, consumo humano, industria y minería. En este último caso, el debate suele centrarse en la supuesta competencia por el agua, cuando en realidad el problema de fondo es la ausencia de sistemas de regulación que permitan gestionar eficientemente el recurso.
Así, el Perú enfrenta una triple vulnerabilidad: hídrica, energética y económica. No porque carezca de agua, sino porque carece de capacidad para almacenarla y gestionarla estratégicamente. 
Es la paradoja de un país con abundantes recursos hídricos que, sin embargo, no logra convertirlos en seguridad ni en desarrollo sostenible. Lo que está en juego no es solo la gestión del agua, sino la capacidad del Estado para planificar el futuro.

Seguridad Hídrica como eje central de la política pública

La seguridad hídrica debería ser un eje central de la política pública, articulando inversiones en infraestructura gris, pudiendo ser represas, reservorios, trasvases y otras opciones con soluciones basadas en la naturaleza, como la siembra y cosecha de agua.
Asimismo, se requiere promover esquemas de financiamiento innovadores, incluyendo la participación del sector privado en proyectos multipropósito que beneficien a múltiples usuarios. 
Persistir en la inacción tiene un costo creciente. Cada año que pasa sin ampliar la capacidad de almacenamiento es un año en el que el país se vuelve más vulnerable frente a sequías, más dependiente de condiciones climáticas inciertas y más expuesto a crisis que podrían evitarse con planificación. 
El país requiere retomar la política de almacenar agua para que no se pierda
El Perú no necesita descubrir nuevas fuentes de agua, tampoco necesita de masivos costosos proyectos de desalinización de agua de mar, necesita, con urgencia, aprender a almacenar la que ya tiene, así como tratar las aguas residuales para darle valor en diversos usos.
Esa es la verdadera base de la seguridad hídrica y, también, una de las claves más importantes para garantizar su desarrollo en el siglo XXI.
Crisis en política de los residuos sólidos municipales
Etiquetas: [2026]  [crisis política]  [gestión]  [Perú]  [residuos sólidos municipales]  
Fecha Publicación: 2026-03-19T17:34:17.151-07:00

A escasos 24 días de las elecciones generales del próximo 12 de abril, en las que el país de los Incas elegirá presidente de la república, senadores, diputados y representantes al parlamento andino y, en términos prácticos, una nueva conducción del Estado peruano, resulta importante poner en agenda uno de los problemas estructurales más graves y persistentes de América Latina y particularmente en Perú: la gestión de los residuos sólidos municipales - RSM.

Durante el periodo 2001–2026, el Perú ha experimentado un importante crecimiento económico, acompañado de una expansión urbana acelerada y altamente fragmentado territorialmente con 196 municipios provinciales y 1890 municipios distritales.

Sin embargo, este crecimiento no ha sido respaldado por un fortalecimiento equivalente del Estado, generando una crisis silenciosa pero profunda en la gestión de RSM. 

Hoy enfrenta una realidad crítica en la que cada vez genera más residuos sólidos mientras la responsabilidad de su disposición final recae en sus 196 municipalidades provinciales que, en su mayoría, no cuentan con capacidades técnicas ni financieras suficientes, lo que ha derivado en la persistencia de vertederos o botaderos a cielo abierto en gran parte del país y en el desaprovechamiento de la posibilidad de generar energía eléctrica a partir de estos residuos. 

A ello se suma la alta morosidad ciudadana en el pago de arbitrios, lo que debilita aún más el sistema, así como la corrupción en gobiernos locales que ha contribuido a decisiones que agravan el problema. Uno de los aspectos más graves y menos discutidos es el enterramiento de residuos en zonas inundables de la costa norte peruana, justamente donde son recurrentes eventos como el Fenómeno El Niño y el Fenómeno El Niño Costero. 

Estas prácticas han generado la dispersión de residuos durante inundaciones, la liberación de lixiviados altamente contaminantes y la consecuente contaminación de agua, suelos y zonas habitadas, afectando directamente a la salud de la población más vulnerable.No es casualidad que, en contextos críticos como la pandemia de COVID-19, las zonas con mayor precariedad ambiental y competencia municipal hayan registrado niveles dramáticos de morbimortalidad, lo que evidencia una relación directa entre mala gestión pública, degradación ambiental y vulnerabilidad sanitaria.

A pesar de que el país cuenta con un marco normativo claro, como el establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que obliga a priorizar la valorización de los residuos antes de su disposición final, la realidad en los 196 municipios provinciales del país muestra un incumplimiento sistemático de estas disposiciones. Este no es un problema aislado ni técnico; es una expresión directa de las debilidades estructurales de las políticas públicas que arrastra el Estado peruano sujeto a una alta rotación de los tomadores de decisión en este extremo que amerita un serio debate con algunas ideas fuerza expresadas seguidamente:

La primera, que debe quedar claramente establecida, es que existe una brecha crítica entre la norma y la realidad, producto de una combinación de limitaciones presupuestales, falta de capacidades técnicas y ausencia de planificación de largo plazo. Para muchos gobiernos locales, enterrar residuos sigue siendo la alternativa más sencilla y menos exigente en el corto plazo, aun cuando ello comprometa la sostenibilidad ambiental, la salud pública y la economía futura. La valorización, que implica reciclaje, compostaje y reaprovechamiento, requiere inversión, conocimiento y gestión eficiente, elementos que no han sido priorizados en la mayoría de las municipalidades provinciales.

La segunda, es la debilidad institucional del sistema de control y fiscalización. Entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y la Contraloría General de la República no han logrado generar mecanismos efectivos, continuos y disuasivos que obliguen a los gobiernos locales a cumplir con la normativa vigente. La falta de supervisión oportuna y de sanciones ejemplares ha permitido que el incumplimiento se normalice.

La tercera, es la ausencia de un mercado sólido y formal para la valorización de residuos. Sin cadenas de valor estables para los materiales reciclables, los municipios carecen de incentivos económicos para apostar por sistemas de reaprovechamiento. A ello se suma la persistencia de la informalidad en el reciclaje, que, si bien cumple un rol importante, no ha sido adecuadamente integrada en modelos formales e inclusivos de gestión. 

La cuarta, es la débil cultura ciudadana en materia de segregación en la fuente. Sin participación activa de la población, cualquier esfuerzo de valorización se vuelve más costoso y menos eficiente. Este componente, fundamental para el éxito de cualquier sistema moderno de gestión de residuos, ha sido históricamente relegado. 

Una quinta idea fuerza que no puede seguir siendo omitida: la corrupción estructural que atraviesa la gestión de residuos sólidos en el país y que alcanza, en mayor o menor medida, a los 196 municipios provinciales. La contratación de servicios de recolección, transporte y disposición final, así como la ejecución de proyectos de infraestructura como rellenos sanitarios o plantas de tratamiento, representan espacios altamente vulnerables a prácticas corruptas.La transparencia opaca en los procesos, la colusión con proveedores, la sobrevaloración de proyectos y la falta de rendición de cuentas han convertido a la basura en un negocio antes que en un servicio público. Esta realidad distorsiona completamente los incentivos, desincentivando soluciones sostenibles como la valorización, que suelen ser menos rentables desde una lógica corrupta.

Nos encontramos, por tanto, ante una crisis sistémica que combina fallas institucionales, debilidad financiera, corrupción, mala planificación territorial, pérdida de oportunidades económicas como la valorización energética de residuos y graves impactos ambientales y sanitarios. 

En síntesis, objetivamente me reafirmo en la convicción que el crecimiento económico y el aumento sostenido de los RSM no han sido acompañados por un fortalecimiento del Estado. La asignación de responsabilidades a municipalidades sin capacidades, sumada a la morosidad, la corrupción y prácticas no sanitarias como el enterramiento de residuos en zonas inundables, ha generado una crisis estructural que incrementa la vulnerabilidad de la población y desperdicia oportunidades de desarrollo. 

En este contexto, resulta indispensable que los múltiples candidatos a la presidencia, al Congreso y a los distintos niveles de gobierno se pronuncien de manera clara, técnica y verificable sobre cómo enfrentarán este problema.

No basta con declaraciones generales; el país necesita propuestas concretas que aborden el financiamiento de la valorización, el fortalecimiento de capacidades municipales, la reforma de los sistemas de fiscalización, la formalización de los recicladores, la educación ciudadana y, de manera central, la lucha frontal contra la corrupción en la gestión de residuos sólidos municipales.

! Dios bendiga al pueblo peruano e ilumine a sus gobernantes !

Dr. Msc. Ing. Javier Prado Blas

DNI N° 08186048 

CIP N° 38874

  
USD 200 millones del BM para minería en Perú
Etiquetas: [Banco Mundial]  [inversion de capitales]  [inversión minera]  [Perú]  [proyectos mineros]  
Fecha Publicación: 2026-03-18T16:15:00.000-07:00
El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó un nuevo proyecto para respaldar al Perú en aumentar la competitividad, transparencia y sostenibilidad del sector minero, sentando las bases para la creación de más y mejores empleos.
Destacó que la minería representa cerca del 10% del PBI peruano y constituye uno de los principales motores de exportaciones y generación de empleo.
En el año 2025, las exportaciones mineras alcanzaron USD 61.849 millones, reflejando un crecimiento interanual significativo. 
Asimismo, advirtió que la inversión minera se ha desacelerado en los últimos años debido a factores como: cuellos de botella regulatorios, demoras en la aprobación de permisos y desafíos de gobernanza en el sector.
El proyecto busca modernizar la capacidad geocientífica del país y fortalecer la gestión institucional del sector minero. Entre las medidas previstas se incluye la generación y difusión de datos geocientíficos de última generación, lo que permitirá mejorar el conocimiento del potencial mineral del país.
Asimismo, contempla la creación de: una Litoteca Nacional de Testigos de Perforación, un laboratorio de geocronología de última generación y la implementación de una Ventanilla Única Digital para agilizar la aprobación de permisos mineros.

¿Consultas sobre las próximas elecciones generales en Perú?
Etiquetas: [2026]  [aspectos políticos]  [aspectos sociales]  [campaña electoral 2026]  [elecciones democráticas]  [Perú]  
Fecha Publicación: 2026-03-14T12:49:00.000-07:00
Ante el honor que me hacen mis pares, colegas y discípulos al consultarme sobre el próximo proceso electoral a realizarse en Perú el 12 de abril del presente año, comparto con ustedes algunas reflexiones asi como la opinión personalísima del suscrito sobre el particular:

Escenario electoral en Perú para las elecciones generales del año 2021
En toda democracia el voto es un derecho. Pero en determinados momentos de la historia de un país, ese derecho adquiere también la dimensión de una responsabilidad moral. 
El Perú atraviesa hoy uno de esos momentos. La fragilidad institucional, la desconfianza en la política, la polarización y los constantes conflictos entre poderes del Estado han debilitado la confianza ciudadana.
En ese contexto, votar pensando en el imperio de la ley deja de ser solo una preferencia política y se convierte en una obligación ética, de tal manera que las reglas se aplican por igual a todos, que las autoridades están sometidas a la Constitución y que ninguna persona o colectividad política está por encima de la ley.
No se trata de una consigna abstracta; es la base que permite que las instituciones funcionen, que la economía genere confianza y que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos con plena seguridad.
Cuando el imperio de la ley se debilita, las consecuencias son visibles: proliferan la corrupción, la arbitrariedad, la captura de instituciones y el uso del poder para intereses particulares, primando los crematísticos en el país que fue un modelo de desarrollo con el floreciente imperio de los Incas.
La historia reciente del Perú ofrece suficientes ejemplos de cómo la erosión institucional termina afectando no solo a la política, sino también al crecimiento económico, la inversión y la estabilidad social.
Un indicador particularmente dramático de esta crisis institucional es el hecho de que varios presidentes de la República en las últimas décadas han sido investigados, procesados e incluso encarcelados por delitos de corrupción. No estuvieron ajenos a seguir estas vicisitudes los funcionarios de los otros niveles de la gestión pública del Estado.  
No escapa al conocimiento público que en los últimos 10 años la crisis e inestabilidad  política ha hecho que 8 presidentes de la república se sentaran en el sillón de Pizarro, de los cuales solamente dos (2) fueron electos en elecciones generales y el resto ocuparon el espacio por sucesión constitucional o gobiernos de transición tras renuncias o vacancias, donde el balance de poder se concentró en la representación nacional del Congreso de la República.
Así las malas prácticas en democracia llegaron a su clímax con el último referendum nacional realizado el nueve de diciembre de 2018, cuando la propuesta de restablecer la bicameralidad del congreso contemplando senadores y diputados, fue rechazada por amplia mayoría en una cantidad superior al noventa por ciento de electores de la población peruana.  
Sin perjuicio de la primacía de la voluntad popular, en el proceso electoral a realizarse este 12 de abril del 2026, se impuso vía reforma constitucional a la bicameralidad, manteniendo el status quo mediante un poderoso senado. 
Esta situación no solo daña la imagen presidencial como piensan algunos, sino lesiona la percepción de todo el país, revelando una falla profunda en los mecanismos de selección política y en la cultura de la libertad respecto al extremo de la consciencia pública.
La corrupción no empieza necesariamente con grandes escándalos, diezmos o millonarios sobornos. Comienza antes, en un acto más sutil pero igualmente grave: aceptar un cargo público para el cual no se tiene la preparación, la experiencia o la integridad necesarias.
Cuando alguien asume una función pública sin la capacidad para ejercerla adecuadamente, se debilita la calidad de las decisiones públicas y se abre la puerta a la improvisación, al clientelismo y a la captura de instituciones.
Las consecuencias de esta práctica son visibles en la vida cotidiana del país. La falta de preparación y de visión de Estado suele traducirse en las recurrentes crisis políticas, inestabilidad gubernamental y debilitamiento institucional a que hago referencia. 
Los patriotas que se atreven a enfrentar a estas malas prácticas, son neutralizados de diversas formas y en el caso de militares y policías simplemente son invitados a pasar al retiro.
El accionar de los operadores de justicia son ralentizados mediante el argumento presupuestal.
A ello se suman crisis sectoriales recurrentes que afectan directamente a la población, como los problemas del deterioro en la seguridad ciudadana, la seguridad en los servicios de salud, la seguridad energética y las crecientes tensiones en torno a la disponibilidad y gestión del agua justamente en la costa peruana, allí donde se localiza la mayor población de peruanos. 
Cuando las decisiones públicas se toman sin conocimiento técnico, sin planificación y sin respeto por las instituciones, el país pasa de administrar problemas estructurales a vivir permanentemente en estado de urgencia y plagado de la informalidad en su vida cotidiana.
Lo que debería gestionarse con políticas públicas de largo plazo termina convirtiéndose en emergencias cíclicas tanto de origen antropogénico como natural, con un alto costo social, económico y humano para millones de personas instaladas en territorio nacional.
Por ello, frente a cada proceso electoral, los ciudadanos deberíamos hacernos una pregunta sencilla pero fundamental: ¿qué candidato cuenta con la trayectoria, el equipo y planes de administración de la cosa pública que garantizan realmente el respeto a la ley y a las instituciones? Más allá de ideologías, promesas o discursos demagógicos, el criterio mínimo para evaluar a quienes aspiran a gobernar debería ser su compromiso con el Estado de derecho, la independencia de poderes, la transparencia y la rendición de cuentas.
Votar pensando en el imperio de la ley no significa apoyar a un partido específico. Significa algo más profundo: defender las reglas que hacen posible la convivencia democrática. Sin instituciones fuertes, cualquier programa político sea económico, social o ambiental,termina siendo inviable. 
Bajo estas consideraciones, muchos partídos políticos y sus candidatos experimentados en lides electorales no pasarían con éxito una auditoría de gestión y por consiguiente la valla electoral.
Estas reflexiones las hago mirando todo el país, incluyendo porsupuesto al Perú profundo, al país real que vive más allá de los círculos del poder político y de los debates coyunturales de la capital Lima, la ciudad tres veces coronada villa. 
Conocer el territorio en sus cuencas hidrográficas, sus regiones, sus recursos y las dificultades que enfrentan millones de peruanos respecto a las brechas existentes en los servicios básicos, permite comprender que el país no puede seguir repitiendo las mismas fórmulas, ni los mismos rostros políticos que fracasaron rotundamente en el pasado. Persistir en los mismos errores solo prolonga los ciclos de crisis y frustración colectiva.
En ese sentido, resulta fundamental que las nuevas generaciones asuman su rol ante la historia. Los jóvenes peruanos no solo representan el futuro del país; también tienen la responsabilidad de renovar la política con ideas, preparación, ética pública y compromiso con el bien común. Sin su participación activa y consciente, será difícil romper con las prácticas que han debilitado dramáticamente la gobernanza y gobernabilidad del país.
En estas elecciones generales, la cédula electoral que es considerada la más grande en la história electoral del pais, presenta el desafío de llenar una matriz con filas de múltiples organizaciones políticas y 5 columnas donde en la misma cédula se eligirá al Presidente y vicepresidente de la República (columna 1), senadores nacionales que representan a todo el país (columna 2), senadores regionales que representan a cada región del país (columna 3), diputados a nivel regional (columna 4) y representantes al parlamento Andino (columna 5). Ante la complejidad de las 5 elecciones en la misma cédula, el tiempo estimado para votar que tiene el elector, podría constituirse en un cuello de botella para definir los votos validamente emitidos en ciertas jurisdicciones electorales de un país multidiverso.
La democracia no se sostiene solo con elecciones; se sostiene con ciudadanos que comprenden que su voto tiene consecuencias para el futuro institucional del país.
En el Perú de hoy, ejercer ese voto con responsabilidad implica priorizar el respeto a la ley por encima de la coyuntura política o de las simpatías momentáneas.
En tiempos de incertidumbre, la defensa del imperio de la ley no es solo una opción política. Es, ante todo, un compromiso con la democracia, con la integridad de las instituciones y con el futuro del país.
En consecuencia, soy de la opinión que el ciudadano peruano , este en territorio peruano o en el extranjero, debe ir a votar en estas elecciones generales de abril y defender su voto para lograr el bien común de ésta y las futuras generaciones. 
Por estas consideraciones mi voto será para la alternativa que reuna las calificaciones antes mencionadas y será consecuente con lo que muy probablemente pensarían mis colegas y amigos que formaron parte de ese 99% de los fallecidos por COVID-19 en el Perú que estaban en edad de votar.

! Dios bendiga al pueblo peruano e ilumine a sus gobernantes !

Dr. Msc. Ing. Javier Prado Blas

DNI N° 08186048

CIP N° 38874

La administración pública ante eventos climáticos extremos
Etiquetas: [2026]  [administración]  [crisis climática]  [Emergencia climática]  [eventos]  [gestión]  [Perú]  [resiliencia]  
Fecha Publicación: 2026-03-04T15:20:00.000-08:00
Hoy 4 de marzo, en el día mundial de la ingeniería para el desarrollo sostenible comparto las siguientes reflexiones en momentos en que diversos gobiernos locales a nivel nacional del país de los Incas se encuentran en emergencia para fortalecer la respuesta del Estado ante intensas lluvias y a escasos 39 días para las elecciones generales de una nueva administración de la cosa pública en Perú.

Administración pública en 482 años

La administración pública en los tiempos del virreinato del Perú como máxima entidad territorial y administrativa duró oficialmente 282 años, pues después de crearse el virreinato en 1542, se activó administrativamente con el primer virrey en 1544; por lo que su duración administrativa efectiva fue de 280 años, comprendiendo total o parcialmente en su máxima extensión territorial (siglos XVI–XVII) a los territorios de seis países actuales en la región andina de sudamérica y a partir del siglo XVIII, su territorio se redujo ante la creación del virreinato de Nueva Granada (1717) y el virreinato del Río de la Plata (1776).
Desde entonces, la administración pública del virreinato del Perú quedó concentrado principalmente en los actuales Perú y Bolivia, hasta su desaparición en 1824.
Constituye un hito la conmemoración de los 200 años de la independencia peruana su declaración de independencia en 1821  y la consolidación de su libertad en 1824; motivo por el cual se estima en libertad hasta la actualidad la vigencia de 202 años en que esta fase de la administración  pública participó en el proceso de crecimiento y desarrollo del país.

Periodos de retorno de los eventos climáticos

Registros históricos arqueológicos y sedimentológicos de efectos climáticos ocurridos en el periodo colonial sobre la costa peruana asociados con el fenómeno El Niño, caracterizado por intensas lluvias, grandes avenidas e inundaciones, fueron anotados en apuntes no instrumentales desde el año 1578, seguidos en 1607–1608; 1619–1620; 1630–1631; 1650; 1671; 1687 ; 1701;1720;1728;1761;1784–1785;1791.
Durante el periodo republicano temprano (siglo XIX), se registraron en los años: 1803–1804; 1828;1844–1846;1857–1858;1864;1871;1877–1878;1884–1885;1891.
Asimismo en el periodo instrumental temprano (1900–1950) se suscedieron en los años : 1902;1905–1906;1911–1912;1918–1919;1925–1926; 1930;1932;1939–1941 y en el periodo instrumental moderno (1950–2000) las anotaciones datan de : 1951;1953;1957–1958;1965–1966;1969–1970;1972–1973;1976–1977;1982–1983;1986–1988;1991–1992;1997–1998.
Al llegar el Siglo XXI , con el soporte de equipos e instrumentos de alta confiabilidad científica se obtuvieron registros en los años : 2002–2003;2004–2005;2006–2007;2009–2010;2014–2016 ;2017–Niño Costero; 2018–2019;2023–2024, 2026.
De la misma manera, eventos extremos de sequías constituyen una característica repetitiva del espectro climático peruano durante milenios, habiéndose registrado en el último medio siglo, eventos con intensidades de moderada a extremadamente seco en departamentos andinos para los años : 1982,1983,1985,1987,1988,1990,1992,2004,2005 y 2016; considerando que su impacto está en función a la capacidad de gestión del agua. 
Registro histórico y sedimentológico de efectos climáticos en el desierto de Nazca
Entrando en contexto, es una verdad irrefutable que en territorio peruano, tanto en la antigua como en la nueva administración pública , tuvieron que gestionar los impactos climáticos y en la medida del avance científico, es posible establecer rangos de ocurrencia y patrones probabilísticos que hacen posible que la administración pública no actúe reactivamente ante intensas lluvias o sequías severas , ya que es perfectamente posible prevenir y gestionar el riesgo de ocurrencia con rangos aceptables para los eventos extremos. 

Gestión del recurso agua

En la época preinca, los mecanismos utilizados para captar agua de la escorrentía subterránea en ríos estacionales de la costa desértica fue mediante puquios, reservorios y canales; en tanto que en la zona alto andina de la sierra, fueron usadas las qochas,amunas,waru waru y andenería. En la época Inca se perfeccionaron las terrazas agrícolas con andenes, la siembra y cosecha del agua mediante amunas, el uso de reservorios alto andinos y camellones  o waru waru, así como los sistemas de drenaje; todos ellos en el marco de un modelo de gestión de riesgo climático integrado a la estructura política y administrativa del Estado. 
Así,en el tahuantinsuyo al gestionar sistémicamente la ecuación tierra y agua, se relacionaba con el clima anticipándose a eventos extremos,distribuyendo su impacto territorialmente,de tal manera que el suceso producido se amortiguaba y compensaba socialmente.
Durante el virreinato, la gestión del agua pasó del modelo territorial integral andino a un modelo jurídico productivo colonial, convirtiéndose en un recurso económico estratégico, regulado y su uso concentrado en haciendas y centros mineros.
En la época republicana, la gestión del agua discurrió de un modelo agrícola-sectorial hacia un modelo legal, institucional y técnico especializado integrado por cuencas.
Así, los instrumentos jurídicos y normativos se dieron a través del código de aguas de 1902, la ley general de aguas de 1969 y la ley de recursos hídricos de 2009; los instrumentos institucionales que cuentan con las empresas prestadoras de servicios supervisadas por el organismo regulador, los consejos de recursos hídricos de cuenca y la autoridad nacional del agua; los instrumentos técnicos y de planificación con los planes de gestión de recursos hídricos por cuenca, estudios hidrológicos y económicos ; los instrumentos de infraestructura hidráulica mayor conformado por los proyectos de trasvase e irrigación como Choclococha de Huancavelica-Ica (1950), Chira-Piura (1970), Majes-Siguas (1980), Olmos del río Huancabamba al río Olmos (2000).Un tratamiento especial se identifica en la infraestructura de trasvase alto andinos de Marcapomacocha para la capital del país - Lima.
Los precitados proyectos de trasvase fueron acompañados entre otros por represas y reservorios para la costa como : San Lorenzo (Piura-1958), Tinajones (Lambayeque 1968),Poechos (Piura-1978), Condoroma (Arequipa-1985), Gallito ciego (Cajamarca-1988),Chavimochic (La libertad-1997),Limón (Lambayeque-2009).
A lo largo de este proceso, la administración pública coadyuvó en los esfuerzos para controlar avenidas y sequías; regular caudales, mantener el caudal ecológico, expandir la frontera agrícola, general energía, entre otros y en estricto  gestionar el riesgo climático mitigando los fenómenos meteorológicos,atmosféricos e hidrológicos que se presentan a nivel nacional en sus 159 cuencas hidrográficas.

Desafíos de la nueva administración pública

La gestión de la nueva administración pública en Perú,supone grandes desafíos con agenda pendiente por atender frente a los eventos climáticos extremos que las sociedades prehispánicas desarrollaron en armonía con la naturaleza.
Pese a que en la modernidad se cuenta con una combinación de avances científicos,tecnológicos y de gestión que permiten monitorear,predecir y mitigar el cambio climático asi como a los fenómenos el niño, el niño costero, la niña, entre otros; la desatención del impacto climático combinado sobre el crecimiento del PBI peruano en el periodo 2001-2026 es en el orden del 9 % del PBI acumulado.
Abona a obtener esta realidad la recurrente crisis política que influye directamente en la suficiencia del Estado, donde la inestabilidad institucional incrementa los impactos económicos y sociales derivados de la reducción en su capacidad de resiliencia climática.
Evolución de la política pública para la gestión del agua
Etiquetas: [2026]  [agua]  [América Latina]  [gestión]  [Perú]  [Política pública]  [recursos hídricos]  
Fecha Publicación: 2026-02-23T09:31:00.000-08:00
A través de los tiempos, el recurso agua se convirtió en una de las fortalezas que acompañó el crecimiento y desarrollo de los pueblos localizados en America latina y particularmente en la superficie donde floreció el imperio de los Incas y que en la modernidad, en parte cubre el territorio peruano, donde el acceso y la disponibilidad del recurso hídrico ostentan una paradoja estructural: el Perú cuenta con abundante recurso hídrico a escala nacional, sin embargo la mala distribución natural, el cambio climático y las limitaciones en la gestión pública, producen importantes brechas con agenda pendiente por resolver.
Para lograr ello, pese al sincretismo del agua en el Perú,  este recurso atravesó por un proceso que tras evidenciar la sabiduría hidráulica pre inca e inca, aspira a que actualmente fuera progresiva y adecuadamente distribuida para sus diversos usos.

Entre los años 200 a.C. y 600 d.C

Asi, en la época preinca se tiene como registro los acueductos de Cantalloc en Nazca como parte del sistema hidráulico subterráneo que permitió a la cultura Nazca dominar el desierto, toda vez que les permitía captar y conducir agua de consumo humano, también para irrigar sus campos de cultivo y de esta manera permitir el asentamiento de centros poblados establecidos en zonas extremadamente áridas.
Sistema de ingeniería hidráulica subterránea de Cantalloc_ Cultura pre inca Nazca 

Entre los años 1200 d.C. y 1533 d.C

Durante el imperio Inca se aplicó el modelo sostenible de gestión integrada del agua basado en un riguroso planeamiento territorial y enfoque participativo, donde el trabajo comunitario daba cuenta de su  cosmovisión sistémica, incorporando sinérgicamente agua y tierra.
En el Tahuantinsuyo los procesos productivos y cadenas de valor, consideraron al agua como elemento integrador para el desarrollo de los sistemas de andenes y sistemas de distribución del agua; en el marco de  diversos climas, pisos ecológicos, cuencas; conectando los cuerpos de agua según la estacionalidad que presentaba el ciclo hidrológico dentro de su territorio que en su máxima expansión abarcó seis países de la actual latinoamérica. De esta manera, el  agua fue considerado como un elemento sagrado,recurso estratégico del Estado y bien común.
Sistemas de distribución del agua en el imperio Inca.

La gestión integrada del agua evitó la erosión en adenes, permitiendo la agricultura en grandes pendientes.

Entre los siglos XVI y XVIII

Durante el periodo del Virreinato del Perú, el agua fue tratada como un recurso estratégico controlado por el poder político de la corona española. En esta época colonial el recurso hídrico fue gestionado priorizándolo para el uso minero, en molinos, fuentes y acequias que abastecían a ciudades coloniales; para el riego de haciendas agrícolas y en comunidades indígenas.
Las edificaciones y camino inca se construían en partes altas evitando inundaciones por lluvias.

Entre los siglos XIX y XX

Lograda la independencia peruana en 1821, el Estado asumió el rol que tenía antes la corona y la joven república en forma limitada reconoció al agua como bien público,sin embargo, prosiguió con el modelo colonial de gestión del agua en una primera etapa hasta 1902, fecha considerada como un punto de quiebre con el Código de aguas al marcar un hito en la política hídrica republicana. Esta regulación declaró al agua como un bien de dominio público,introduciendo el sistema de concesiones y licencias; sin contar con el ordenamiento territorial que permitiera contemplar un enfoque de cuenca.
En la costa desértica peruana prima el ecosistema de oasis impactado por eventos climáticos extremos

En el transcurso del siglo XXI

Entre los años 2001 y 2026, el Perú pasó de una gestión sectorial del agua a una gestión integrada por cuencas, el acceso universal y la sostenibilidad ante el cambio climático.
En el 2008 fue creada la Autoridad Nacional del Agua , institución que regula el uso del agua en el marco de la Ley de Recursos Hídricos promulgada el año 2009; norma que suplió a la Ley General de Aguas de 1969. 
El año 2014 se promulgó la Ley N° 30215 sobre el uso de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos - MERECE, vistos como instrumentos para generar,canalizar e invertir en acciones orientadas a la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas, como fuente de servicios ecosistémicos, a través de acuerdos voluntarios entre contribuyentes y retribuyentes.

Con el ilustre congresista César Yrupailla Montes, tras la aprobación de iniciativa MERECE
El acceso al agua para el consumo humano se integró en la Constitución Política del Perú en el año 2017 mediante Ley N° 30588 , reconociendo el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable.
Bajo estas consideraciones se promueve un enfoque climático fortaleciendo la gobernanza con mayor inversión a los efectos de cerrar brechas y mejorar la calidad del agua.

Agenda pendiente

Al efectuar una disección ambiental sobre el proceso evolutivo de las políticas públicas para la gestión del agua, se pone en evidencia la agenda por desarrollar de cara al futuro : 

Poner en valor el recurso agua para diversos usos.

La norma peruana considera uso primario,poblacional,productivo,recreativo y medicinal.

Reforzar la política de prevención en la gestión pública



Cerrar brechas de infraestructura 
Incluye problemas de retroceso de glaciares andinos,contaminación,conflictos entre usuarios
Por consiguiente, los retos y desafíos que enfrenta el país pasa por contar con una gestión integrada por cuencas hidrográficas ; inversión en infraestructura de almacenamiento y tratamiento ; protección de fuentes naturales de agua, reducción de desigualdades territoriales en acceso al agua ; y fortalecimiento de la gobernanza del recurso hídrico.
Crisis climática que pone a prueba la democracia en el milagro peruano
Etiquetas: [2026]  [Congreso de la República]  [control]  [crisis climática]  [elecciones democráticas]  [Emergencia climática]  [modelo económico]  [Perú]  
Fecha Publicación: 2026-01-27T15:53:00.000-08:00
Comparto una síntesis de las reflexiones sobre el contexto que abarca la prorroga del estado de emergencia en la capital de la república peruana dispuesto por el DS N° 006-2026-PCM sobre el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia, y su correlato con sendos decretos supremos que declaran emergencia ante intensas precipitaciones pluviales en diferentes localidades del país: 

«Este año 2026 se realizan elecciones democráticas en Perú, alcanzando cifras históricas de una oferta electoral con 36 grupos políticos y más 3 alianzas electorales reconocidos como habilitados por el Jurado Nacional de elecciones para presentar 36 candidatos presidenciales que pretenden ocupar el sillón de Pizarro, sin embargo, resulta paradójico que en el marco del pluralismo político demostrado, la gran mayoría de ellos cuentan con planes de gobierno que lindan con propuestas extremadamente demagógicas, muy distantes de su compleja realidad; algunas de sus características fueron bien descritas por el pretigioso conferencista  andrés oppenheimer en su anotación «El milagro peruano: El país modelo que América Latina se niega a copiar».

El modelo económico 

Pese a la presencia de nocivos políticos desorientados, el paradigma peruano mantiene una macroeconomía estable que le da predictibilidad económica a una sociedad que funciona independientemente de quien gobierne el país.
Expertos en el mundo se preguntan en un escenario de volatilidad económica mundial, cómo es posible que en este país con corrupción endémica en contratos públicos, inestabilidad política, desigualdad y gasto público descontrolado que erosionan la confianza de la población; pueda sostener una economía estable.
Ciertamente no son suficiente los recursos naturales que ostenta,también es necesario considerar a una población de emprendedores que en un marco de informalidad, mantiene una disciplina de desarrollo, demostrado con cifras que llaman a reflexión : La deuda pública peruana representa en torno al 34 % de su PBI sitúandolo entre los niveles más bajos de la región latinoamericana, asi mismo sus reservas internacionales bordean los 90 mil millones de dólares cerrando el 2025, cifra que está en el orden  del 28 % de su PBI, uno de los niveles más altos de su história en términos absolutos. En lo que a inflación se refiere, ésta se mantiene dentro del rango meta del banco Central de reserva del Perú (BCRP) y reporta 2.8 % anual.
Perú mantiene un cuello de botella dinámico con las economías ilegales que incluyen actividades como minería ilegal,tala ilegal,entre otras; representando en un rango amplio el orden del 4 % de su PBI.
Estos números que se registran actualmente le sucede a un Estado poco menos que fallido como se catalogaba al Perú por los años de 1990, donde mostraba una inflación de 7650 % anual y reservas internacionales negativas.

Fenómeno de transición en dos décadas

En diecisiete años consecutivos, Perú creció el orden del 5,3 % anual para el periodo 2002-2019, previamente blindando de las sucesivas fluctuaciones en las administraciones de turno desde 1993 al BCRP  , institución cuya credibilidad constituye un importante activo con que cuenta el pais de 35 millones de habitantes, donde se incorporaron progresivamente el orden de 1,6 millones de venezolanos en la última década. Siete presidentes de la república peruana dieron cuenta de la inestabilidad política en el periodo 2001-2024 , de los cuales cuatro enfrentan cargos de corrupción o están en prisión.
En el periodo 2005-2019 Perú recibió más de 120 mil millones de dólares en inversión extranjera en los sectores minero, telecomunicaciones, energía, servicios financieros, agricultura de exportación, entre otros; siendo la minería el sector estrella.
Los tratados de libre comercio (TLC) apoyaron enérgicamente, particularmente con China, que es el principal socio comercial del Perú desde el año 2009; mismo año en que entró en vigor el TLC con USA e hizo lo propio con Japón en el 2012 y con la unión europea en el 2013. 
El crecimiento económico desordenado en el territorio peruano, dio paso al urbanismo acelerado con el incremento de problemas multidimensionales alentados por la desigualdad, pobreza,informalidad y falta de oportunidades en espacios geosociales excluidos altamente vulnerables, donde los estereotipos de organizaciones criminales afectan directamente la vida cotidiana hasta orillarlos a estados de emergencia.
Para el periodo 2021-2025 se estima en veinticinco mil millones de dólares la salida total de recursos desde Perú hacia cuentas o inversiones en el exterior, que pudieran incluir utilidades de empresas extranjeras, depósitos de no residentes,entre otros.

Riesgos significativos

El crecimiento macrocefálico de la burocracia en el aparato público, hace que se ralentice en sus reflejos asi como en la capacidad de respuesta necesarios que requieren los desafíos actuales y futuros demandados por las 159 cuencas del país; quienes para la gestión nacional,regional y local, cuentan con más de 6 mil organismos públicos con 19 ministerios, 196 municipios provinciales y 1694 municipios distritales, los cuales en su gran mayoría presentan problemas en calidad y cantidad del gasto público, los mismos que se ven distorcionados desde el momento de su aprobación presupuestal destinada una parte importante a gastos corrientes. 
Así, fortalecer la gobernanza y gobernabilidad del país pasa no solamente por reducir sus barreras burocráticas, niveles de corrupción e inseguridad ciudadana; sino que aplica el fomento de la diversificación productiva con gran potencial en sus regiones naturales: costa,sierra y selva amazónica, sin dar la espalda al mar. 
Para fortalecer ello, es imprescindible mantener además de la estabilidad macroeconómica, las condiciones atractivas para que la inversión de capitales , tanto nacionales como extranjeros , puedan participar y conquistar los mercados existentes en el mundo; donde su indicador riesgo país se ubique en un nivel competitivo.
Asi, es importante promover un concenso político transgeneracional a los efectos de mantener flujos comerciales dinámicos, sin subordinarse necesariamente a determinado cluster que lidere un país hegemónico.

Lecciones aprendidas a partir de la crisis climática

En este contexto, es importante no volver a repetir las etapas de crisis vividas con programas del estado para la reconstrucción,seguidas por la reconstrucción con cambios; de tal manera que pueda promoverse el cierre en la brecha existente de infraestructura con visión de innovación y desarrollo que modernize un estado al servicio de la nación.
Como antecedentes en este país megadiverso, los eventos extremos de prolongadas sequías y grandes avenidas generaron pérdidas equivalentes a 11,6 % del PBI con el fenómeno extraordinario de El Niño de 1982-83; 6,2 % del PBI con el fenómeno extraordinario de El Niño de 1997-98; 1,6 % del PBI con el fenómeno de El Niño costero de 2017; con la pandemia de COVID-19 basicamente en el extremo de la inoperatividad por confinamiento y aspectos ambientales, el Perú cayó 11,1 % del PBI en 2020 en comparación con el año anterior; así se estima que la mayor frecuencia de estos eventos críticos recurrentes restan anualmente alrededor de 2% al crecimiento del PBI como resultado de la contracción de sectores estratégicos que influyen al crecimiento y desarrollo del país.

Necesario control político 

La función de control político que tiene el congresista como parte de la representación nacional en Perú, consiste en fiscalizar y supervisar la actuación del poder ejecutivo y de los demás organismos del estado a efectos de que éstos actúen conforme a la Constitución, las leyes y el interés público ; y en ese sentido se evidencia la necesidad de reforzar con una educación de calidad y el sistema nacional de control en diferentes regiones del país, a fin de mejorar la gestión integral de la conectividad a través de infraestructura impactada por la crisis climática que lleva a recurrentes declaratorias de emergencia como las establecidas mediante decretos supremos en el periodo 2023-2026 : DS N° 028-2023-PCM;DS N° 029-2023-PCM;DS N° 035-2023-PCM;DS N° 033-2024-PCM;DS N° 032-2024-PCM;DS N° 012-2024-PCM;DS N° 043-2025-PCM;DS N° 038-2025-PCM;DS N° 033-2025-PCM;DS N° 026-2025-PCM;DS N° 021-2025-PCM;DS N° 024-2025-PCM;DS N° 007-2025-PCM;DS N° 005-2026-PCM;DS N° 003-2026-PCM.
Un tema conocido y acreditado palmariamente en el proceso explosivo del crecimiento de las ciudades - además del evidente perjuicio económico derivado - es el daño ambiental ocasionado por la inadecuada gestión integral de los residuos sólidos municipales, los que en épocas de inundaciones, colmatan los sistemas de drenaje, generan lixiviados altamente contaminantes y afectan  a la salud pública.

Ciudades del Perú en costa,sierra y selva, impactadas por mayor frecuencia de crisis climática 
El nuevo congreso de la república, que será elegido en 75 días, tiene la gran tarea de legislar sobre temas críticos como es el dejar de construir vertederos o rellenos sanitarios en zonas sujetas a recurrentes inundaciones o la Ley MAPE; que permitan seguir creyendo en el resurgimiento del milagro peruano. »

El Dato

En los siguientes títulos publicados por el suscrito, se trataron temas afines donde se incorporan con algún detalle aspectos antes mencionados:
Responsabilidad de los Estados frente al cambio climático.
Crisis en Formulación y Evaluación de Proyectos Ambientales : El caso Peruano.
Transformando basura en energía.
Cierre de minas en Perú.
Transición energética & problemas ambientales.
Política integral o sectorizada en materia de Residuos sólidos.
Estados de emergencia por metales pesados en agua de consumo humano.
Medidas urgentes para pasivos ambientales mineros en Perú.
Desarrollo de sistema informático para pasivos ambientales mineros.
Pasivos ambientales y agua de fuentes subterráneas.
Experiencia peruana en gestión de pasivos ambientales mineros.
Pasivos ambientales & LMP.
Activo & Pasivo minero.
Gestión de sitios contaminados en Perú.
Políticas públicas sobre pasivos ambientales que gatillan la crisis ambiental.
Transición energética & problemas ambientales.
Bioacumulación como incremento de morbimortalidad en Perú.
Cambio climático en Perú: Pasivos ambientales & arsénico en Salud pública.
Proyectos ambientales con rentabilidad social en Perú.
Riesgo por sobreendeudamiento & pasivos ambientales en Perú.
Estado, pasivos ambientales mineros y remediación.
Agenda pendiente de pasivos y daños ambientales.
Estado, pasivos ambientales y conflictos sociales.

Cobre para atender la demanda mundial : Proyecto 51
Etiquetas: [2026]  [APVEA]  [Chile]  [electromovilidad]  [minería de cobre]  [Perú]  [Proyecto 51]  
Fecha Publicación: 2026-01-14T11:08:00.000-08:00
El Proyecto 51 es una iniciativa binacional de cooperación estratégica entre el Perú y Chile, firmado en septiembre de 2025, con una visión de futuro y el propósito de incrementar la participación de ambos países en el mercado global de la industria del cobre, incluyendo no solo en la producción de este mineral, sino también en su industrialización y valorización.
En ese sentido, la sinergia aplicada permitiría suministrar el 51% del cobre que se consume a nivel mundial de cara a los próximos quince (15) años.
Este proyecto no solo busca incrementar la producción, pasando de un modelo competitivo a colaborativo en el mercado del cobre , sino también cambiar la forma en que ese cobre se comercializa y transforma; transitando de la tradicional forma de exportar materias primas (concentrados y cátodos) a producir y vender productos de cobre con valor agregado requerido por las industrias de alta tecnología, como es en el caso de la automotriz, aeroespacial, electromovilidad, electrónica, entre otras.
Basándose en la complementariedad geológica, minera, logística y empresarial de Perú - Chile, el Proyecto 51 marca un hito frente a la creciente demanda global de cobre asociada a la transición energética y la expansión de la electromovilidad existente en el planeta.

Coordinaciones en marcha

Con el precio internacional del cobre en máximos históricos, la reciente visita al Perú del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, resultó oportuna para abordar temas clave de cooperación bilateral con autoridades y empresarios peruanos. Entre los puntos desarrollados en la agenda, se destacó la lucha conjunta contra el crimen organizado y la minería ilegal, así como la importancia de coordinar políticas mineras y energéticas entre ambos países.

El dato

Dentro de 88 días se tiene previsto las elecciones generales en Perú, donde se elegirá al presidente y a representantes al Congreso de la República para un periodo de 5 años; los mismos que tendrán el reto de priorizar proyectos vinculados al sector minero, entre los cuales destaca el Proyecto 51.
Instituciones de la sociedad civil como la Asociación Peruana de Vehículos Eléctricos y Alternativos - APVEA en Perú y sus pares en Chile, se encuentran atentos para coadyuvar en los esfuerzos conjuntos que realizan los Estados democráticos para asistir en proyectos de avance tecnológico en el sector minero.
The best is jet to come
Etiquetas: [2026]  [defensor de la democracia]  [desarrollo humano]  [elecciones democráticas]  [Energía limpia]  [ordenamiento territorial]  [Perú]  [WtE]  
Fecha Publicación: 2026-01-09T15:00:00.000-08:00
Lo mejor está por venir en Perú , es la expresión de esperanza y optimismo que como una declaración de sentido pleno, transmito a mis pares, colegas, amigos y discípulos, en este año electoral 2026 donde la democracia se verá fortalecida.
Algunos miles de ellos inicialmente escépticos ante los conocidos problemas de gobernanza causados por la corrupción, ineficiencia en la gestión de la cosa pública, insuficiente planificación para distribuir el presupuesto público; los cuales conllevan retos socioeconómicos en términos de desigualdad, pobreza, informalidad, falta de acceso y disponibilidad a servicios básicos de agua, salud, educación y vivienda; todos se encuentran conectados sistémicamente a los problemas ambientales y en parte generados por actividades ilegales de actividades extractivas como es en el caso de la tala de bosques, minería, pesca y otros , dando cuenta de una presumible inacción que alcanzaría a quienes desarrollan función pública.
Las dudas sobre alcanzar el progreso en cercano periodo se desvanecen, cuando objetivamente se demuestra que el Perú es un país milenario donde la modernidad convive con su rica cultura ancestral y cuenta con valiosos recursos humanos además de potenciales recursos naturales en su territorio, permitiendo ver el futuro prometedor que en democracia tiene para alcanzar su crecimiento y desarrollo sostenible.
Conservar esta democracia en el tiempo ha sido posible gracias al histórico legado ciudadano así como el aporte de ilustres patriotas que el Estado desde el año 2007 reconoce con la «Medalla al Defensor de la Democracia».

Reconocimiento a los Defensores de la Democracia 

La parte considerativa de la Resolución Suprema N° 001-2026-PCM difundida por el diario oficial El Peruano con fecha jueves ocho de enero de 2026, establece lo siguiente: 
Que, mediante el artículo 1 de la Ley Nº 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea condecoración, se instituye el 22 de abril y el 12 de setiembre de cada año como Días de los Defensores de la Democracia en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, a los Comandos integrantes del Operativo Militar Chavín de Huántar, a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú, a los integrantes de los comités de autodefensa y ciudadanos que fallecieron, quedaron heridos o discapacitados como resultado de la lucha contra el terrorismo, así como a militares, policías, licenciados de las Fuerzas Armadas y ciudadanos que en la lucha contrasubversiva prestaron eminentes servicios a la Nación;
Que, asimismo, el citado artículo señala que constituyen Defensores Calificados de la Democracia los mineros y personal auxiliar que participaron en la construcción de los túneles subterráneos que posibilitaron el Operativo Militar Chavín de Huántar, así como los rehenes que contribuyeron con acciones de inteligencia al Operativo Militar Chavín de Huántar. Adicionalmente, señala que la norma se aplica también a los miembros de las Fuerzas Armadas, licenciados de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa que participaron en operaciones de lucha contra el terrorismo, que pusieron en riesgo su propia integridad física aun cuando no resultaron heridos ni discapacitados;
Que, según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Nº 29031, el Consejo de la Condecoración “Medalla al Defensor de la Democracia†está conformado por el Presidente del Consejo de Ministros, quien lo preside; el Ministro de Relaciones Exteriores; el Ministro de Defensa; el Ministro del Interior; y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos;
Que, a través del artículo 4 de la Ley Nº 29031, se crea la Condecoración “Medalla al Defensor de la Democraciaâ€, a que se concede mediante resolución suprema, en la que consta el nombre de los ciudadanos que hayan destacado en la lucha contra el terrorismo, quienes son designados de acuerdo a los requisitos y procedimientos que se determinen en el Estatuto, el cual es aprobado por el Consejo de la Condecoración “Medalla al Defensor de la Democraciaâ€(...) 

Cuellos de botella a superar

La inestabilidad provocada por la recurrente crisis política que sufre el país percibida desde inicios del presente siglo XXI, constituye el efecto de los sistemas complejos subsumidos en la dimensión ambiental.
Es preciso entender que los problemas ambientales son sumamente complejos pues no tienen causas simples al estar formadas por redes neuronales de causas, donde los efectos secundarios, daños potenciales, tiempo respuesta, entre otras consecuencias y capacidades se encuentran conectadas por el producto de sus interacciones.
Puedo citar a modo de ejemplo, el problema de los residuos sólidos municipales en Perú, que para entenderlo es necesario ver múltiples indicadores, así como las propiedades emergentes del manejo y su gestión en la totalidad de la cadena de valor, no de los componentes individuales.
Este problema crítico de gestión de residuos sólidos municipales, se fue agudizando hasta hacerse crónico a partir de las políticas públicas que no contaron con el soporte de una adecuado ordenamiento territorial o instrumentos de gestión como en el caso de la zonificación ecológica económica, hecho que permitió la explosiva urbanización, especialmente de ciudades en la franja costera, con el consecuente detrimento de las zonas rurales, las cuales tras la atomización tienden a despoblarse. De esta forma la mayor presión demográfica, determina mas requerimiento de agua, alimentos, energía (...) y un inexorable incremento en la producción de residuos sólidos municipales que demandan una adecuada disposición final.
El hecho objetivo es que en el país, los actuales 196 municipios provinciales y 1694 municipios distritales no han sido lo suficientemente eficientes en la gestión de los residuos sólidos municipales , pese a contar con el soporte de la Ley orgánica de municipalidades manteniendo disonancias económicas, financieras y limítrofes en su división política ; así, desde un prolijo análisis de la Ley N° 23853 del año 1984 y la vigente Ley N° 27972 del año 2003, se colige que las causas y efectos de las deficiencias encontradas se encuentran disgregadas tanto en tiempo como en espacio. 
La desatención en la dinámica de los cuellos de botella encontrados, restringieron a las distintas administraciones de turno para mirar solamente a los efectos inmediatos que durara sus respectivas gestiones, atacando los síntomas y mas no las causas subyacentes.
En el presente siglo XXI, continúan los esfuerzos legales para ordenar el territorio, mediante la Ley N° 32279 ( 2/4/2025) y su reglamento el DS N° 153-2025-PCM (6/1/2026), los mismos que adecuadamente implementados podrían coadyuvar en los esfuerzos desplegados por los gobiernos locales a efectos de resolver los impases subsistentes en materia de residuos sólidos municipales y otros que involucran a los tres niveles de gestión de la administración pública.

Energía eléctrica que impulse el desarrollo minero

La actividad económica que consume más energía eléctrica en Perú es la minería y en el marco de la transición energética, el país de los incas cuenta con fortalezas para impulsar la generación y el uso de energías renovables que apoyen al sistema eléctrico interconectado nacional, motivo por el cual la alternativa de contar con electricidad a partir de los ubérrimos residuos sólidos municipales en las grandes ciudades del país, constituyen una opción latente que a partir del 28 de julio el equipo de la nueva administración del Estado debiera considerar en consonancia después del 4 de octubre con las renovadas autoridades municipales electas para los gobiernos locales.

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