Lambayeque -

Edwin Oviedo Pichotito, Víctor Antonio Becerril Rodríguez, Segundo Ordinola Zapata y Wigberto Cabrejos Flores, todos ellos ligados a la empresa Tumán, serán investigados por el Ministerio Público por presuntamente causar perjuicio económico y financiero en esta azucarera.



Así lo dispuso el fiscal José Eduardo Céspedes García, del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, tras recibir la denuncia del trabajador y accionista de esta azucarera, César Augusto Sandoval Lozada.



6 DELITOS. Según la disposición N°01 de la carpeta fiscal 853-2012, la investigación preliminar durará 100 días; tiempo en que se desarrollarán una serie de diligencias para determinar si hay evidencias que ameriten al fiscal José Céspedes formular su denuncia preliminar ante el Poder Judicial.



Los cargos contra los administradores de la azucarera son: asociación ilícita para delinquir, fraude en la administración de personas jurídicas, falsedad genérica, estafa, defraudación y violación a la libertad de trabajo; todo ello en agravio de los trabajadores, accionistas y de la empresa agroindustrial Tumán.



EL PERJUICIO. César Sandoval expuso en su denuncia ante el fiscal que el representante del Grupo Oviedo, Edwin Oviedo; así como el gerente general Antonio Becerril; el administrador judicial Segundo Ordinola y el presidente del directorio Wigberto Cabrejos se habrían coludido dolosamente desde el año 2006, generando así un perjuicio económico y financiero a la azucarera.



Explica además -según la carpeta fiscal- que la actual administración viene ocultando intencionalmente la situación económica y omitiendo los balances al no informar sobre las ganancias y pérdidas de la empresa.



Sandoval apunta además que los denunciados vienen comercializando el azúcar a precios indebidos para favorecer a las empresas Shema S.A.C. y D'Libano que serían de propiedad de Edwin Oviedo.



Respecto a la situación laboral de los azucareros, César Sandoval denunció que no se viene cancelando las remuneraciones a los trabajadores activos, ni los beneficios sociales de los jubilados, alegando además que existe despido arbitrario.



Fuente: Diario Correo Perú

Lambayeque, Jueves 12 de Abril de 2012

Lambayeque -

Un sector de trabajadores de las empresas Pomalca y Tumán mostró su rechazo a la reglamentación para la transferencia de acciones del Estado, por considerar que no los beneficiará; sin embargo, existe otro grupo de azucareros que la aprueba.
Ello, luego que el Ministerio de Economía y Finanzas emitiera el decreto supremo 037-2012-EF, precisando las pautas a seguir por los trabajadores azucareros y por Proinversión para hacer efectiva la transferencia de acciones.

Para Moisés Chero Aguirre, trabajador repuesto de la agroindustrial Pomalca, el mencionado decreto supremo es discriminatorio, debido a que margina a los azucareros que fueron despedidos por estar en contra de la administración del Grupo Oviedo.
Advirtió además que la mayoría de azucareros habilitados para comprar acciones del Estado, "no sería de la zona, y ni siquiera son accionistas, sólo son gente ligada al Grupo Oviedo".

Posición contraria mostró el dirigente de la empresa Tumán, Baltasar Severino López, quien dijo que la reglamentación para la transferencia de acciones se ajusta a la ley.

Anunció, además, que los trabajadores de este ingenio ya se han agrupado para comprar el 7 % de acciones que tiene el Estado en Tumán, con lo cual pasarían a manejar la empresa.




Fuente: Diario Correo Perú

06 de marzo de 2012 | 07:16 p.m.

El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó disposiciones reglamentarias que regulan el ejercicio del derecho de adquisición preferente de los trabajadores de las Empresas Agrarias Azucareras de acuerdo con la Ley de ampliación de la protección patrimonial y transferencia de participación accionaria del Estado en estas empresas (Ley N° 29822).

El derecho de adquisición preferente podrá ser ejercido por los trabajadores que a la fecha de entrada en vigencia de la ley contaban con contrato de trabajo a plazo indeterminado celebrado con alguna de las empresas agrarias azucareras y una antigüedad laboral mayor de tres meses anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Además se establecieron las reglas aplicables a la valorización de las acciones, así como las facilidades y forma de pago de los referidos títulos, entre otros.



Fuente: Diario La República

Martes, 06 de marzo de 2012 | 5:00 am

La Libertad -

Mediante el programa “Integrando Talentos”, las azucareras del Grupo Gloria vienen promoviendo el ingreso de los mejores estudiantes universitarios y técnicos en la modalidad de prácticas pre profesionales y profesionales, los mismos que después de una rigurosa evaluación de desempeño pasan a incorporarse a la planilla de las empresas.

“Las prácticas académicas de formación laboral en Casa Grande se centran en el proceso de aprendizaje que desarrollan los estudiantes y egresados mediante la experiencia práctica académica, con la finalidad de desarrollar sus competencias. Evidenciando a través de su rendimiento, el cumplimiento de sus responsabilidades dentro de la dinámica laboral de la organización”, sostuvo Anna Villareal, responsable del proyecto.

Cabe resaltar que de 40 practicantes ingresados en el año 2011, 18 han sido promocionados debido a su buen desempeño. Asimismo, están ingresando 65 postulantes más de las carreras de ingeniería agrícola, agroindustrial, agrónoma, electrónica, química, mecánica, industrial, civil, sistemas, biólogos y arquitectos, entre otras especialidades.

“Este programa está abierto todo el año, queremos que las universidades nos conozcan, confíen en que sus alumnos ganarán una importante experiencia con nosotros que los marcará de manera positiva en su vida laboral. Es una oportunidad para aprovechar”, recomendó.



Fuente: Diario Correo Perú

La Libertad,13 de marzo de 2012 | 10:11 a.m.

Precio de la acción será a valor de mercado para aquellas que cotizan en bolsa y a valor nominal a las que no.







El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó disposiciones reglamentarias que regulan el ejercicio del derecho de adquisición preferente de los trabajadores de las Empresas Agrarias Azucareras de acuerdo a la Ley de ampliación de la protección patrimonial y transferencia de participación accionaria del Estado en estas empresas (Ley N° 29822).
Estas son Tumán, Pomalca y Cayaltí, que han sido beneficiadas con la ley de protección patrimonial, lo que ha impedido a la Sunat les cobre S/. 229 millones en deudas. En el caso de Tumán la deuda tributaria es de S/. 106 millones, mientras que en Pomalca y Cayaltí la deuda es de S/. 104 millones y S/. 19 millones, respectivamente.
El derecho de adquisición preferente podrá ser ejercido por los trabajadores que, a la fecha de entrada en vigencia de dicha ley, contaban con contrato de trabajo a plazo indeterminado celebrado con alguna de las empresas agrarias azucareras y una antigüedad laboral mayor de tres meses anteriores a la fecha de entrada de la ley.
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) solicitará a las empresas agrarias azucareras remitan, con carácter de declaración jurada suscrita por sus respectivos representantes legales, la relación de los trabajadores que cumplen con las condiciones previstas.
Si las acciones de la empresa se encuentran inscritas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el precio de la acción corresponderá al valor promedio de las últimas 30 cotizaciones bursátiles continuas, inmediatamente anteriores a la fecha de entrada de la Ley N° 29822, siempre que no se haya producido una interrupción por falta de vigencia de la cotización.
Tratándose de empresas agrarias azucareras cuyas acciones no estuvieran inscritas en la BVL, así como en el caso de acciones inscritas que no tengan cotización bursátil o que teniéndola no cumplan con la regla establecida en el párrafo precedente, el precio de la acción corresponderá a su valor contable.
Se entiende por valor contable de la acción a la diferencia entre el activo y el pasivo, de acuerdo a los estados financieros de las empresas al 31 de diciembre del 2011, aprobados por la Junta General de Accionistas, dividido entre el número total de acciones.
Los trabajadores que deseen ejercer su derecho de adquisición preferente de forma conjunta, deberán acreditar ante ProInversión que, en conjunto, representan como mínimo el 20% del número total de trabajadores de la respectiva empresa agraria azucarera que cumplen con las condiciones establecidas en el reglamento para ejercer el derecho de adquisición preferente.

¿Cómo las pagarán?
Los trabajadores que ejerzan su derecho de adquisición preferente podrán pagar el precio de las acciones adquiridas a su elección ya sea utilizando hasta el monto máximo de las acreencias laborales que mantengan con la empresa agraria azucarera en la que laboran.
Otra opción es en efectivo, en cuyo caso el pago se podrá realizar al contado o a plazos; o una parte en efectivo y el saldo utilizando el monto de sus acreencias laborales.

El dato
ProInversión adjudicará las acciones a los trabajadores que optaron por ejercer su derecho de adquisición preferente y, en caso de no concretarse la transferencia de la totalidad de las acciones a los trabajadores, proseguirá con los procesos de venta a terceros hasta su conclusión definitiva.



Fuente: Diario Expreso

Lima, Miércoles, 14 de Marzo de 2012, 10:42

La enredada novela entre el Grupo Oviedo y el Estado Peruano podría llegar a su capítulo final hoy, cuando se venza el tantas veces prorrogado plazo para la ampliación del Régimen de Protección Patrimonial. Pero el final sería feliz solo para los Oviedo, que se quedarían con las acciones y seguirían sin pagar los impuestos. En la imagen Edwin Oviedo Picchotito, director de Pomalca. (Foto: mundodeporticomasfm.blogspot.com)





El año pasado la controversia tributaria más sonada fue una extensión de prórroga para pagar impuestos: la así llamada ley Oviedo.

Hoy, en el día bisiesto, finalmente acaba la prórroga de la Ley Oviedo (oficialmente llamada Ley del Régimen de Protección Patrimonial). Desde hoy, las acciones que administra Fonafe —ese cubo de cemento que el Estado arrastra hace 8 años— dentro de las azucareras Pomalca y Tumán serán ofertadas a los trabajadores de las azucareras.

Además, el Grupo Oviedo, al perder este auxilio legal, tendrá que pagar los impuestos (Essalud, impuesto a la renta, CTS y jubilación) que no ha cancelado a tiempo desde el 2004.

¿Y AHORA QUÉ?

Pero la pregunta que se hacen desde las chacras azucareras hasta en las gélidas oficinas del Estado es: ¿Y cómo harán los Oviedo ahora?

En concreto, lo que se viene es que Proinversión venderá las acciones a los que tienen la primera opción de compra, que son los trabajadores. Sin embargo, éstos tendrían que llegar al concurso con liquidez (plata en mano) para comprar el porcentaje administrado por Fonafe (32,88% de Pomalca y 7,22% de Tumán), que equivalentes a varios millones de soles. ¿De dónde van a sacar dinero?

El año pasado, el gerente de Pomalca, Antonio Becerril, negó que el grupo azucarero les fuera a prestar dinero a sus trabajadores para comprar acciones. Sin embargo, una fuente cercana a todo este proceso le ha confirmado a INFOS la jugada:

— (El grupo Oviedo) ha ofrecido darles dinero a sus trabajadores, con la condición de que ese préstamo se cuente como las deudas que tienen con estas personas.

Es decir, en el papel figuraría como una deuda cancelada con el trabajador, pero, en realidad, se trataría de un préstamo para comprar acciones. Posteriormente, los dueños de las azucareras podrían recomprar dichas acciones a precios irrisorios (coaccionados bajo el argumento ‘si no me vendes tu parte te despido’).

¿Y LOS IMPUESTOS?

Resuelto ese entuerto, la segunda pregunta: ¿Cómo seguirán sin pagar impuestos? Esta misma fuente indicó dos hipótesis:

Opción 1) Luego de obtener las acciones de los trabajadores, el Grupo Oviedo llegaría a Indecopi en condición de deudor llevando en una mano el acuerdo global de refinanciación y en la otra todos los balances en rojo de los últimos 5 años. Así, solicitarían aprobar un plan de pagos a sus acreedores para, de esta forma, acceder a un reflotamiento, buscando la manera de reducir deudas con el Estado.

Opción 2) Los Oviedo patean el tablero: no compran nada, rematan sus acciones — los primeros interesados serían sus proveedores— y declaran en quiebra las azucareras. Esto forzaría a sus acreedores a llevarlos Indecopi. Los Oviedo, entonces ofrecerían un programa de reflotamiento parecido a la primera hipótesis y, de esta forma, podrían volver a la acción.

(Evidentemente, existe una tercera opción: esperar una nueva ley de protección como por arte de magia desde el Congreso, lugar donde los Oviedo han sabido conseguir muchos amigos.)

En cualquiera de los dos primeros casos, si las azucareras buscan entrar a un sistema de refinanciamiento, se tendrán que acoger al Procedimiento Concursal en Indecopi. Pero tampoco es que sea tan simple: “Cualquier empresa que venga, por solo presentar su documentación, no necesariamente va a ser reflotada”, indicó el abogado Jaime Gaviño Sagástegui, secretario técnico de la Comisión de Procedimientos Concursales.

Si las azucareras entran a concurso, tendrá que franquear varios filtros, desde la Instalación de la Junta de Acreedores —impuesta por Indecopi— hasta someterse a un análisis de la situación legal. Este último escenario no sería precisamente grato para los intereses de este grupo: dos miembros de la familia y del directorio actual de Pomalca (Elvis y Edwin Oviedo) han sido demandados por fraude por el Fonafe. ¿Por qué?

PROCESOS EMPALAGOSOS

Exactamente hace un año, se planteó la denuncia por parte de Fonafe acusando penalmente a los hermanos Elvis y Edwin Oviedo y a José Gamarra Mizrraji.

Según directivos de Fonafe, además de haber sido elegido un directorio sin su participación ni autorización, miembros de cuatro proveedores de las azucareras (Shema, Mega Super Mayorista, D`Libano y Dismar) eran también los mismos del actual directorio del grupo Oviedo.


Los acusaron de omitir información. Había, pues, una presunta existencia de intereses que son incompatibles. “No puedes producir azúcar y vendértela a ti mismo”, nos desde Fonafe.

Además, investigaciones periodísticas recientes determinaron que entre 2007-2009 estas cuatro empresas compraron el 76% de producción a un descuento de alrededor del 20% del precio real. “Encima, te la vendías barato, perjudicando a la azucarera”, sentenciaron.

La denuncia estuvo a cargo de la 39ª Fiscalía Provincial de Lima. El abogado de Fonafe pidió varias veces la información contable de Pomalca pero no pudo obtenerla.

A pesar de las claras observaciones a la diferencia de precios, en el informe de la DININCRI, presentado el 14 de octubre del año pasado, no se encontraron mayores irregularidades en la venta del azúcar a las cuatro empresas cuestionadas.

Sin embargo, este peritaje policial fue desestimado a inicios de febrero de este año, por la fiscal Judith Pinto Zavalaga. Se espera que realice uno nuevo.

En las manifestaciones realizadas entre el 12 al 14 de setiembre ante la policía, los hermanos Edwin, Elvis y Auria Oviedo, además de José Arturo Gamarra Mizrraji (director de Pomalca), indicaron al unísono que Fonafe debía de tener conocimiento de que esas cuatro empresas comercializaban con sus empresas azucarera. Prueba de ello, dijeron, era que se encontraba en los registros públicos. Y sobre la preferencia de vender a estos proveedores aseguraron que no existía oligopolio alguno, únicamente relaciones comerciales de abastecimiento. Preguntados por qué vendían a menores precios —como indicaban las denuncias periodísticas— respondieron que era falso, y que solo se basaban en el precio del mercado.

Luego de ser comunicada de los hechos la fiscal Judith Pinto Savalaga dispuso, en su informe del 4 de noviembre, abrir investigación preliminar contra los Oviedo y los responsables que resulten implicados.

Durante la declaración de Edwin Oviedo, realizada en Chiclayo el 24 de noviembre, la fiscal le hizo varias preguntas relacionadas a la empresa Shema S.A. Sorprende que el empresario cuzqueño no recordara cuál es el porcentaje que tiene a su nombre Shema, empresa de la que fue gerente general y accionista durante 10 años, hasta enero de 2011. Tampoco recordó quién era el actual gerente general ni los montos en dinero que ascendió la comercializadora entre Shema y Pomalca.


Independientemente de lo que suceda luego de finalizada la prórroga el proceso penal seguirá en marcha.

Finalmente, después de todos estos procesos legales y administrativos, todo esto podría acabar en manos de Indecopi, o del Ministerio de Agricultura u otra entidad que termine por resolverle los problemas a una industria que no debe detenerse pero que tampoco puede seguir funcionando de esta manera. El Estado buscó entrar al negocio azucarero para que no quiebre, al final el que se fue al diablo fue el propio Estado porque no encontró mejor negocio que regalar todo lo que tenía. Un amargo final.




Fuente: www.infos.pe

Miércoles 29 de Febrero de 2012

Información Sensible

http://www.infos.pe/2012/02/azucar-al-gusto/

¿Por qué es grave lo que ha hecho el Estado con los Oviedo? Pues, primero, por el abuso que supone para con sus acreedores, que tuvieron la mala suerte de ver durante todos estos años sus acreencias convertidas en papeles inútiles.





Acaba de vencerse la última de las protecciones legales que nuestro Congreso promulgó para las azucareras de la familia Oviedo. No es esperable, sin embargo, que esto sea lo último que sepamos del continuado escándalo de mercantilismo que vienen protagonizando, muy juntos y en envidiable compás, este grupo económico y el Estado Peruano. Después de todo, la ley Oviedo ha sido renovada desde el 2003 ya siete veces (la última con el sólido apoyo de la bancada de Gana Perú y con la interesante revelación de un aparente vínculo laboral, aún no esclarecido, del hermano de la vicepresidenta Espinosa con los Oviedo). Se ha mantenido, pues, viva y flameante la llama que ha alimentado esta ley durante tres regímenes diferentes, lo que demuestra que el poder del grupo norteño va más allá de quién esté en el gobierno y es ya parte de nuestra institucionalidad más acendrada.

¿Qué ha hecho la ley por los Oviedo durante estos ocho años? Principalmente, proveerles de algo que el Congreso ha llamado “protección patrimonial” y que en buen criollo solemos llamar “perro muerto”: el derecho continuado de no pagar sus deudas.

¿Por qué es grave lo que ha hecho el Estado con los Oviedo? Pues, primero, por el abuso que supone para con sus acreedores, que tuvieron la mala suerte de ver durante todos estos años sus acreencias convertidas en papeles inútiles. Segundo, porque quienes estamos subvencionando el negocio de los Oviedo somos todos los peruanos, con particular carga sobre los más pobres que no han podido ver los S/.340 millones que las azucareras del grupo Oviedo deben a la Sunat aplicados a cosas como la infraestructura de electricidad o saneamiento, o como salud y educación. Y, tercero, porque la ley supone dar una ventaja injustificada a unas empresas escogidas frente a sus competidores, que sí tienen que asumir entre sus costos el pago de sus deudas. En otras palabras, impide que sean los que producen el mejor azúcar al menor precio (en otras palabras, quienes aprovechan mejor los recursos existentes en el país) los que crezcan y prevalezcan en el mercado.

Con todo, sin embargo, lo más grave de este asunto es la descarada forma en que muestra, una vez más, los permanentes niveles de indecencia que existen en nuestras instituciones representativas, con la carga de deslegitimación que ello conlleva. Eso, y el insulto constante que supone para toda la ciudadanía ver que se usan los poderes públicos y la ley para dar ventajas a un grupo de mercantilistas avezados, a costa del resto del país.

Si en este espacio defendemos insistentemente al mercado abierto es porque estamos convencidos de que este, cuando hay una ley que se cumple igual para todos y también niveles decentes de educación y salud garantizados, es el mejor camino para empoderar a cada ciudadano a fin de que, con su trabajo e iniciativa, pueda alimentar su bienestar y su propio respeto. En esa medida, nos resultan tan perjudiciales los intentos de estatismo desembozado, como los avances mercantilistas. Estos últimos ni siquiera tienen el beneficio de la sinceridad de aquellos y son también una manera de usar el Estado para quitar la última palabra a los consumidores (es decir, a todos), además de para romper la igualdad ante la ley sin la que el sistema se vuelve una burla. Una burla, como esa a la que los señores Oviedo nos vienen sometiendo desde hace 8 años, con notable desparpajo.



Fuente: Editorial Diario El Comercio

Lima, Viernes 02 de Marzo de 2012

Uno de los sectores que más beneficios ha recibido del Estado (léase contribución de todos los peruanos) es el azucarero, ya que a una serie de beneficios tributarios y condonación de deudas se sumó, a fines del año pasado, la extensión del plazo con el propósito de proteger los patrimonios de tres empresas (Tumán, Pomalca y Cayaltí) para que no sean embargadas por cuentas no pagadas.





No obstante, Cayaltí es la que más problemas tenía, según el analista económico Ricardo Valcárcel, quien en enero del 2003 advirtió de este peligro, pues se sabía de los planes del entrante presidente regional de Lambayeque, Yehude Simon, de establecer un contrato de fideicomiso para reflotarla, a pesar de que sus registros contables habían desaparecido y tenía enormes pasivos.

LAS PÉRDIDAS. A pesar de este panorama, el gobierno regional de Yehude Simon y la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) firmaron el fideicomiso. Esta última asumió la administración y gestión de los activos y pasivos de Cayaltí, con el rol de fiduciario.

El fideicomiso, que muy prestamente impulsó y avaló Simon, perdió S/.13.7 millones el 2008 y S/.23.8 millones el 2009, con lo cual ahora sus costos operativos son mayores que sus ingresos; sus gastos de administración son desmesurados; tiene exceso de personal y muy baja productividad; no tiene dinero para invertir; y afronta 311 procesos laborales, civiles y penales, que le generan altos gastos de defensa y mayores contingencias económicas.

Luego, Valcárcel dijo que el endeudamiento de Cayaltí crece a grandes pasos: debe S/.26 millones en tributos a EsSalud y al Sistema Nacional de Pensiones, impuesto predial, ONP y por sentencias de procesos laborales y civiles. Pero, continuó, el principal problema de Cofide es la deuda del fideicomiso con tres bancos por S/.70 millones. Clorinda Flores - cflores@epensa.com.pe




Fuente: Diario Correo Perú

Lima, 09 de Febrero de 2012

Jaime Cok - web@epensa.com.pe