«[A]nte la duda de que los componentes químicos pudieran ser abortivos porque no existen definiciones de cuándo se inicia el proceso de la vida en la madre, se establece que el Estado no debe distribuirla [sobre la píldora del día después]» Ana Jara, Ministra de la Mujer del Perú

Eso de los «anticonceptivos naturales» suena a mala broma, al menos no se muestra en contra del preservativo (método que considera natural). Sí me resulta preocupante el tema del aborto, es un «parón» en los leves cambios que estábamos teniendo sobre la materia. ¿Quedará nomás el «aborto terapéutico»? Ya la ministra rechaza de plano el aborto para los casos de mujeres embarazadas tras una violación, lo cual es condenar a la víctima en una situación demasiado dura de por sí.

Pero vamos al tema de los Anticonceptivos Orales de Emergencia, o pastilla del día siguiente o píldora del día después, en Perú hemos tenido un par de resoluciones importantes sobre la materia:

• Corte Superior de Lima determinó que la píldora no era abortiva;
• El Tribunal Constitucional consideró que «podría tener» un efecto abortivo y por ello el Estado no debía distribuirla (aunque no impidió su distribución fuera del sistema nacional de salud).

Me ha sorprendido leer que la ministra de la mujer diga eso de «no existen definiciones de cuándo se inicia el proceso de la vida en la madre», definiciones existen a montones, a grandes rasgos existen cuatro grandes teorías, la de la fecundación (o formación del genotipo), la de la anidación, la de formación de los rudimentos del sistema nervioso y la teoría del nacimiento con vida, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), autoridades en este tema, mantienen que el embarazo empieza en el momento de la anidación.

Ana Jara puede coger una teoría u otra, sumarse al TC en la extraña sentencia arriba comentada (en el artículo enlazado), pero no puede decir que no existen definiciones para, en realidad, dar por válida la más extensa (ante la duda, la fecundación) y que parezca que su postura no responde a una de esas definiciones. Resulta una postura harto cínica la defendida por el TC en aquel caso enlazado, y más todavía que la ministra se agarre como clavo ardiente: Si se cree que es una píldora abortiva, en cumplimiento de nuestra constitución se debería prohibir en todo caso (solo el peligro de vida de la madre permite el aborto en este momento, y por un choque de intereses insuperable en realidad), y si se acepta que no es abortiva (actúa antes de la anidación básicamente), el Estado debería distribuirla, en este sentido está (infinitamente) más cerca del DIU que de un aborto provocado. Con esa postura errática del TC que la ministra hace suya, genera:

«[q]ue las personas con recursos podrán seguir haciendo uso de la píldora del día siguiente, pero la gente sin ellos se queda sin poder acceder al AOE. En Perú se da el extraño caso que siendo delito el aborto, te venden una píldora abortiva (según el TC), cuyo fin es interrumpir el embarazo (aun inexistente para la OMS y la FIGO, pero existente para nuestros queridos magistrados) y no pasa nada.»

En aquella ocasión, en la STC, dos magistrados dieron un voto particular en que afirmaban:

«[S]e ha probado que el AOE no solo no es abortivo pues no produce el desprendimiento del embrión anidado sino que además no afecta al embrión pues los efectos comprobados teniendo en cuenta la dosis apropiada y la frecuencia de su uso solo tiene efectos antiovulatorios y antifecundatorios; y, en segundo lugar, no ha sido probada la inconstitucionalidad de su distribución con información actualizada. Por lo demás, somos concientes que lo que pretende la demandante es paralizar una medida de política de salud reproductiva cuya ejecución ya fue valorada y decidida en anterior oportunidad.»

Estos magistrados también recordaron lo absurdo que resulta permitir una distribución de la pastilla en favor de quienes tienen medios privados para acceder a la misma y a la par impedir que las personas con menos recursos accedan a esta pastilla aplicando unos principios distintos (en unos casos se aplican principios «pro consumidor» y en otros «pro débil» -del proyecto de ser fecundado-).

Es claro que la píldora del día siguiente no debe ser un método anticonceptivo sustitutivo de otros como los preservativos o la píldoras anticonceptivas, su función no es esa, y sus efectos secundarios desaconsejan su uso frecuente, es un método de emergencia (ante el fallo, por ejemplo, del condón) para evitar embarazos, pero ni evita enfermedades de transmisión sexual (papel que otros preservativos sí cumple) ni favorece un comportamiento responsable (es un método de emergencia, no uno de uso normal).

Por cierto, hay que recordar que una de las «propuestas de políticas» dentro del apartado «7.3.2. Políticas para la Equidad de Género» del plan de gobierno de Gana Perú fue:

«Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres; el acceso a métodos de planificación familiar y protección contra ETS, incluyendo la AOE (Anticonceptivo Oral de Emergencia), así como el VHSIDA y la despenalización del aborto.»

¿Qué hace Gana Perú eligiendo como Ministra de la Mujer a una persona contraria a la AOE y a la despenalización del aborto? ¿Se ha leído Humala el plan de gobierno con el que se presentó? ¿Se lo leyó la señora Jara cuando se lanzó como candidata de esa formación? Bueno, si ya incumple Ollanta todo lo que puede, ¿por qué la píldora del día siguiente le quitaría el sueño?

El siempre difícil equilibrio entre la libertad y el derecho de informar y recibir información (no «la libertad de expresión») vuelve a estar en el debate público tras la aprobación por el Congreso de los Diputados del Texto Sustitutorio de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sobre los proyectos de ley 00027/2011-CR y 00204/2011-CR (expediente, PDF), el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) sacó un comunicado de prensa solicitando al presidente Ollanta Humala que observe la ley para que no sea publicada (más información en Perú 21), reacción tajante ante lo que consideran una «ley mordaza» en toda regla y que supone, de hecho, una censura a la prensa que impediría su trabajo de informar (y por tanto, limitaría el derecho a ser informado que tenemos todos).

En el Decreto Legislativo nº 635, de 1991, el Código Penal del Perú, encontramos que actualmente se regula la interferencia telefónica (conocido popularmente como chuponeo, art. 162º del CP) por un lado, y la interferencia en el correo por otro (arts. 161º, 163º y 164º), la modificación aprobada cambia la «interferencia telefónica» por «Interferencia y difusión de comunicaciones privadas», lo que aumenta considerablemente el tipo penal (de ser interferencia telefónica a cualquier tipo de escucha), se incluye la difusión dentro del tipo, también se propone un considerable aumento de la pena (de entre 1 y 3 años a entre 2 y 4 años de cárcel). Como digo, quienes difunden están al mismo nivel de quienes interfieren o escuchan, con lo que, por ejemplo, un periodista tendría la misma condena que un «espía», cuando actualmente uno sería condenado y el otro no. Se incluye, eso sí, una curiosa excepción para quienes difunden: No serán condenados si los hechos divulgados son constitutivos de delitos. Acá el IPYS tiene toda la razón cuando dicen que ellos no son quién para determinar si unos hechos son o no son constitutivos de delitos.

Sobre este tema de audios (y la privacidad, ese difícil límite entre la vida privada y el derecho a la información) en esta bitácora he escrito bastante,, para el caso peruano, sobre todo porque hablo de una iniciativa que iba en la misma dirección que la actualmente aprobada, les recomiendo la lectura de: «¿Matando al mensajero?» y, ya que todo esto está íntimamente vinculado con la jurisprudencia constitucional, el comentario que hice sobre la STC nº 655-2010-phc/TC, sobre la prueba prohibida en el caso Químper (los petroaudios).

La proporcionalidad de las penas es importante, y que el Código Penal castigue de igual forma hechos que afectan al mismo bien jurídico, no puede ser que una grabación de una conversación telefónica y su posterior difusión tenga más pena que una interceptación de un correo privado (electrónico o postal), así la pena máxima por vulnerar el correo de una persona es la misma que la pena mínima por interceptar el teléfono, la difusión de una carta, y solo si dicha difusión causa perjuicio, tiene una pena mínima (limitación de días libres entre 20 y 50), mientras que si lo divulgado es una conversación telefónica (u otra privada) la pena sea entre dos y cuatro años de cárcel. Es incoherente y desproporcional que el teléfono o una conversación cara a cara tengan mayor protección que el correo. Esa incoherencia actualmente existe (y peor, mientras que publicar un correo está taxativamente prohibido, difundir un audio captado ilegalmente no), así que es necesario reformar todo el capítulo IV del Título IV del Código Penal (algo que vengo mencionando -siempre en gerundio- cada vez que puedo, sea dicho).

Las dos (auto) recomendaciones que pongo hace un par de párrafos son mi postura sobre este difícil tema, que se puede resumir en la necesidad de analizar «caso por caso», porque «no todo vale» para el periodista, siempre teniendo presente, eso sí, el derecho a informar y recibir información y el más que importante papel de la prensa (en su acepción más amplia, no de «medios tradicionales»).

Y sobre este proyecto en particular, ya se pueden imaginar: Es una ley que valdría más que fuera observada por el presidente de la república, no solo por lo que dice (y con razón) el IPYS, sino porque lo que necesitamos es una reforma de todo el tema, no un parche particular que encima crea inútiles diferencias entre el correo y una conversación cara a cara o telefónica.

Para los amigos, todo, para los enemigos, LA LEY. Esa forma de pensar es doblemente peligrosa, por un lado, resulta un desprecio a lo que es un Estado de Derecho, la propia idea de «igualdad ante la ley» se basa en que no se debe distinguir al amigo del enemigo, por otro, eleva a norma aceptable lo que no es más que discriminación, y de una forma bien cínica. Sí, estoy hablando de cómo Amaiur se quedó sin grupo por unas décimas (y eso que intentaron que no contara su parlamentario electo por Navarra), una aplicación la mar de estricta del reglamento en una cámara donde sin problemas se han montado grupos con solo tres integrantes, donde los préstamos de diputados (como lo que ha hecho UPyD y FAC esta legislatura, y BNG con IU/ERC la pasada*) o el hacer la vista gorda sobre los porcentajes han permitido a varios partidos tener grupo propio (PNV y ERC, IU ya ha sufrido la aplicación estricta en el pasado).

Hay que reconocer que Amaiur ha jugado mal sus cartas, o mejor dicho, las ha jugado de forma que se puedan hacer la víctima, por lo visto hasta última hora no buscaron amistad con nadie, apostaron todo a que no se considerara el diputado elegido por Navarra (como se hizo tanto en 1996 como en el 2000 para favorecer al PNV, favor realizado por el PP en ambos casos, esas dos legislaturas el PP estuvo generoso también con CC, en ambos casos les prestó los diputados de la coalición UPN-PP para que CC tuviera grupo propio, con 4 congresistas; antes el PSOE también le echó una mano al PNV no contando Navarra), ahora mira a Geroa Bai, pero Barkos ya es portavoz del Grupo Mixto, con lo cual todo se complica. Aun así, el Reglamento pudo ser aplicado con menos severidad tanto a UPyD (para que no requiera préstamos) como a Amaiur. En realidad esa norma del reglamento debería ser cambiada, da más problemas que soluciones. Se debería poder conformar grupo con más de un diputado en la cámara y santas pascuas.

Es cierto, he comenzado hablando de la necesidad de respetar el Estado de Derecho y luego pido una aplicación «flexible» de la norma, pero la pido para todos, no solo para los partidos que me gustan, esto es, una norma organizativa debe ser relativamente flexible, y en el Congreso se debe buscar la forma de «dar voz» a todos, no de dificultar el trabajo parlamentario, y esa es la lógica que se ha seguido en todos esos otros casos donde la mesa no ha tenido en cuenta determinados porcentajes para permitir grupos parlamentarios a partidos que rozaban el cumplimiento. Es que con tantos diputados Amaiur, incluso, es un estorbo en el Grupo Mixto, dentro del tiempo que le corresponderá será una resta al resto de partidos que se encuentran en ese grupo (que ya están bastante incómodos), con lo que no es tanto un castigo a Amaiur como una forma de apagar más las voces del resto que estén en el grupo mixto. Al final o alguien les prestará diputados o terminarán con «agrupaciones de diputados» (para parcelar el Grupo Mixto), lo cual es «casi» como un GP.

Pero eso de «favores a unos y la ley a otros» lo he leído y escuchado bastante estos días, «es de justicia» que UPyD tenga grupo propio, decían en coro, y a Amaiur hay que ilegalizarla. Cuando le preguntaban a Díez sobre el tema negaba la mayor, su grupo ya ha pedido la ilegalización de Amaiur (oyéndola en RNE, en la entrevista mañanera de hoy), Díez recordaba las sentencias de ilegalización de Batasuna a la par que decían que Amaiur es la heredera, «como Bildu», pero olvidaba que el Tribunal Constitucional dio el visto bueno a Bildu (por eso la ilegalización de Amaiur es harto difícil, más sin ETA actuando), y Amaiur no es heredera de Batasuna, lo es de la legal Bildu (eso de recordar unas sentencias y no otras queda mal)… Volvamos a los opinadores, que de eso les venía a hablar, les copio parte de la columna de Ignacio Camacho en ABC el pasado jueves:

«Contra esa democracia tonta hay que oponer una democracia antipática, firme, de persianas bajadas. Contra las tretas de listillos, la interpretación estricta de normas y reglamentos. Derechos, los que les correspondan, pero ninguna generosidad, ninguna cortesía, ninguna complicidad. Cero. Los favores, para quienes se los merezcan.
Para UPyD, por ejemplo. Favorecer al grupo de Rosa Díez y los suyos es un modo de enviar un mensaje de firmeza democrática: todo para los partidarios de la convivencia y de la libertad, nada para sus adversarios. Pedagogía política fácil de entender. Buenos y malos, como en el libro gordo de Petete. Al alcance incluso de esas mentes obtusas capaces de seguir justificando o comprendiendo la violencia ideológica.»

En otras palabras, para los amigos todos, para los enemigos la ley. Pero claro, el columnista se despacha llamando filoetarras y diciendo que ellos no condenan a la banda terrorista ETA cuando en la coalición están tanto Eusko Alkartasuna, Alternatiba y Aralar (partidos que han pedido el fin de ETA innumerables veces) suena a repetir una mentira mil y un veces, aunque es cierto que la mayoría de parlamentarios electos pertenecen a esos «independientes de la izquierda abertzale» (y no a miembros de los partidos antedichos)… Es como el titular en La Razón del 6 de diciembre «Amaiur sigue las órdenes de ETA y no festeja la Constitución», ¿perdón? ¿Y el PNV -que tampoco «festeja la constitución»- también sigue los dictados de ETA? ¿E Izquierda Unida, que tampoco la celebra y pide reemplazarla, también sigue los dictados de ETA?

Y sí, dejar un diputado en casa puede ser «fraude de ley», pero si así lo creemos, «prestar» diputados también lo sería. Lo que tiene difícil explicación, sin dudas, es que a veces se sea tan estricto y a veces tan flexible. Y encima pedir que así sea, que la aplicación de la ley no se base en principios pro-derechos (dar más voz, en este caso) sino en a quienes se considera «buenos» y a quienes «malos», esto es, piden la aplicación desigual de la ley para favorecer a quienes te caen bien. Eso sí torpedea la lógica del Estado de Derecho.

* Hace tres años y mucho desde UPyD se declaró que el acuerdo entre ERC, IU-ICV y BNG para que el partido gallego les preste los dos diputados y poder formar Grupo Parlamentario propio era un «uso instrumental» del Reglamento del Congreso de los Diputados, consideró que era una «chapuza» que el BNG fuera al Grupo Mixto tras ayudar a IU-ICV y ERC a tener grupo propio. ¿FAC se quedará en el grupo con UPyD o se irá al grupo mixto? ¿Ahora ya no es un «uso instrumental» del reglamento y una «chapuza» o lo sigue siendo? ¿Estaba mal si lo hacían los colegas de otros partidos y está bien cuando UPyD lo tiene que hacer? ¿Ahora es algo «de justicia» y antes no lo era? Cada vez UPyD cae en vicios que solía denunciar, contando la incoherencia.

A veces no sé si quienes debaten algunos temas de altura tienen idea de lo que se cuece en la calle. Hablo de la propuesta esa de los «miniempleos» por 400 euros. No tengo nada claro por qué surge como una «propuesta informal» del presidente de la patronal de patronales. Y no lo sé porque: a) ya existen miniempleos; b) 400 euros al mes por 15 horas semanales es más que el sueldo pagado en la mayoría de miniempleos ya existentes; c) quien decide por cuánto tiempo demanda el trabajo (la jornada parcial) es el empresario, ¿o es uqe quieren que se les subvencionen trabajadores? Legalmente, por si las moscas, se puede hacer un contrato de trabajo por 10 minutos al año, si se quiere. No sé ustedes, pero yo sí conozco muchas personas que tienen varios miniempleos, o que viven de miniempleo en miniempleo, todo precario y sin futuro (no hablamos de completar un trabajo con otro pequeño o de, como en otros países, ser una fórmula para que jóvenes accedan a su primer empleo o para personas que quieren trabajar muy pocas horas*).

La única razón para esta propuesta (retirada y nunca formal) es que se regule su compatibilidad real con otras ayudas o prestaciones (como la Renta Garantizada y similares), porque sino, bueno, por parte del trabajador, mejor en negro que perder la prestación por cuatro horas. Según la EPA (III trimestre de 2011) 851500 personas tienen, en su empleo principal, una ocupación efectiva en la semana de entre 1 y 19 horas, así que ese «contrato» de 15 horas a la semana ya es una realidad… Ahora, seguro que la mayoría no ganan 400 euros al mes.

Eso de 400 euros al mes me dejó otra duda: ¿A doce o a catorce pagas? En España son, por lo menos, 14 pagas, pero muchas veces cuando se habla de salarios ya se incluyen las dos extras prorrateadas. Así que nos movemos entre 4800 y 5600 euros al año, y son unas 45,57 semanas laborales al año, si hablamos de 15 horas a la semana, tenemos unas 683,57 horas al año, lo que nos da el precio-hora entre 7,02€ y 8,12€. Bien, el Salario Mínimo Interprofesional, regulado en España para el 2011 por el Real Decreto 1795/2010, es de 8979,6€ al año, en otras palabras, 4,92€ la hora. En realidad, 400 euros por algo más de 60 horas al mes es equivalente a 1062 euros al mes, si hablamos de 14 pagas, 14896€ al año, lo cual pondría a ese salario sobre el 43,03% de los salarios españoles (en relación con información de fuentes tributarias sobre el mercado de trabajo, para 2009). De todas formas, en el 2009 el 18,45% de los trabajadores cobró menos de medio SMI al año, con lo que cobrar 400 euros al mes ya te pone por encima de ese grupo (y te manda al siguiente, que es en el que se encuentran el 12,2% de los asalariados).

¿Por qué estoy diciendo todo esto? Por lo que comentaba al principio: Ya mucha gente se encuentra en la situación de miniempleos con minisalarios, no hay trabas para contratar de esta forma. Lo siguiente que se me ocurre es que la patronal intente que no se apliquen las tablas salariales para personas con menos de cierta cantidad de horas a la semana y, para ellos, se aplique una tabla fija salarial independientemente del puesto, lo curioso es que si hacen esto los empleos más precarios y que más gente contratan de esta forma verían aumentados sus haberes (en no pocos trabajos y categorías profesionales no se llega a 7 euros ni de casualidad).

Sin contar mi actividad remunerada principal, el último empleo que compatibilicé con el mismo era de 8 horas semanales. He llegado a firmar por 4 horas semanales -contrato indefinido, eso sí- y he recibido ofertas por empleos de un par de horas a la semana -y casi todos por el SMI, por tanto, menos que la «propuesta patronal»-. Dentro del personal de limpieza -por nombrar un colectivo afectado por este tema- es habitual que se compaginen muchos empleos de pocas horas a la semana cada uno, considerando además que al final más tiempo se gasta en el transporte que en trabajar; sectores como la hostelería tienen este tipo de contratos parciales como la norma -pagando menos que lo propuesto por la patronal o muy similar-… Así que no sé de qué hablamos.

Lo que sí sé es lo siguiente: En ningún caso es una medida contra el paro. En Alemania no se puso para atajar el desempleo, sino para favorecer contrataciones de personas que no querían trabajar a tiempo completo*. Si un empresario no necesita un trabajador, no demandará un trabajador, da igual si es por una hora a la semana o cuarenta, si no le necesita no le contrata. Lo sé, es una Perogrullada, pero a veces se les olvida esto. ¿Cómo va a crear empleo esta medida? Es como la moderación salarial (¿ya lo han visto, este año los salarios han crecido por debajo del IPC? ¡Y no se han creado empleos! pero si es que hasta desde la OIT se reconoce que es una medida que no crea empleo -PDF-), lo único que hace es aumentar la cuenta de resultados de unos pocos, pero ni más empleo ni en mejores condiciones ni nada.

Así que, imagino, si piden un nuevo contrato de trabajo (¿no que había que simplificarlos o ir al contrato único? ¡aclárense!) de 15 horas por 400 euros solo puede ser para pagar menos para los casos que el precio/hora sea superior al resultante de esos 400 euros y así saltarse el Convenio Colectivo de alguna forma legal. Engañarnos, eso es lo que quieren. ¿O es que queremos repartir el trabajo? Siempre recordando que el trabajo demandado no es una cantidad fija, sino que es una demanda derivada. Bien, planteémoslo en serio y de forma global, propuestas como la soltada por el presidente de presidentes de patronales resultan un insulto a la inteligencia y/o un desconocimiento de la realidad bastante vergonzoso. Importar medidas concretas sin ver el conjunto del sistema resulta absurdo.

*Hay que tener en cuenta que en España existe un rechazo al trabajo a tiempo parcial, al punto que el 54,25% de los ocupados a tiempo parcial lo son por no haber encontrado un empleo a tiempo completo (datos de la EPA).

Hoy día uno de los parlamentos más fragmentados, pero con mayoría absoluta, ha comenzado su andadura, y lo más interesante (además de la poca cintura del PP para no aceptar la mayoría absoluta en cuanto órgano pueda, contando la dirección del Congreso de los Diputados, que ha dejado a IU sin ningún puesto), a falta que conozcamos los destinos posibles del grupo parlamentario de Amaiur y UPyD (los primeros han hecho una jugada la mar de curiosa y los segundos se fían en una aplicación laxa del reglamento, o un préstamo ajeno si eso), lo divertido fue la inútil jura de la constitución. Lo siento, por más que el TC se esfuerce en justificar un requisito que no está en la Constitución. Esta vez fue más circo que otros años (ahí, España peruanizándose, que nosotros ya somos expertos en eso de prometer haciendo el ridículo y hasta por ex presidentes condenados por delitos contra la humanidad).

No me voy a extender en lo de la jura como requisito para el acceso al cargo, voy a recordar dos textos, uno mío de hace dos años: «¡Sí juro!» (no es por echarme flores, es por no repetirme tanto); y la Sentencia del Tribunal Constitucional 74/1991, publicada en el BOE el 14 de mayo de 1991, y recordando, de esta última, lo siguiente:

«Los recurrentes tienen derecho a prestar su juramento o promesa de acatar la Constitución en los términos realizados, y el impedirles la perfección de su condición de Senadores por no utilizar la fórmula establecida en el art. 11.3 R.S. supone una “restricción indebida” a su derecho a acceder al cargo en condiciones de igualdad. Se hace prevalecer una interpretación de la Constitución excluyente frente a otra integradora, teniendo en cuenta que la fórmula «por imperativo legal» según la STC 119/1990, no tiene valor condicionante ni limitativo de la promesa.»

Así que podemos partir de una premisa que ya tiene una jurisprudencia asentada, al punto que las últimas veces (como en el 2008) que alguien agregó el «por imperativo legal» ya no hubo controversia (un presidente negando el acceso al diputado, un diputado electo que no puede ejercer y tiene que recurrir al TC, ya me entienden, lo que dio lugar a toda la jurisprudencia existente). Así que por más circo que sea, es un circo legal y constitucional.

Bien, quien más ha puesto el grito en el cielo es Rosa Díez, en su papel de víctima y defensora de España, declaró:

«[U]n circo y una auténtica falta de respeto (…) no empezamos bien la legislatura (…) si no hay voluntad de reconocer la Constitución lo que deberían hacer es no presentarse a las elecciones».

A mí, personalmente, me parece una falta de respeto tener que jurar la constitución. En RNE hicieron, en el noticiario de las 2pm, una ronda de saludos, felicitaciones y preguntas entre las distintas cabezas de los principales partidos, entre ellos a Rosa Díez (no por gusto es el cuarto partido de España en cuanto a votos totales), y ella aprovechó para atacar a todos los que han agregado alguna coletilla a la jura o promesa (que no han sido solo los pérfidos separatistas), y declaró que su partido es «totalmente constitucionalista».

Y ahí me quedé, escuchando y digiriendo sus palabras, pensando en qué tendrá que ver que tenga más de un millón de votos con el que se le aplique una barrera del 5% para lo de los grupos, y de no entender que la situación del PNV es totalmente diferente (superan el 15% en todos los sitios donde se presentaron*), que incluso si a ellos se le aplicara esa vara de medir sobre los sitios donde han sacado diputados (Madrid y Valencia), tampoco tendrían derecho a grupo (en Madrid tuvieron el 10,29% y en Valencia el 5,92%), incluso, si se le aplicara esa vara a IU-LV-ICV en vez del 5% nacional, los 11 diputados no tendrían grupo propio (en ninguna de las 7 provincias donde obtienen representación llegan al 15%).

Pero volvamos a lo de «constitucionalista», le espeta a los pérfidos que no juran su absoluta sumisión al texto constitucional mientras, a la vez, critica la legislación electoral que parte desde la Constitución. ¿No ven la contradicción? UPyD propone casi más cambios en el texto constitucional (tanto cuantitativa como cualitativamente) que PNV, CiU, ICV, Amaiur, Esquerra… Bueno, más o menos, UPyD quiere un cambio total, que afecte a todos los españoles (otros quieren unos cambios que afecten a una parte de los españoles, al extremo, para algunos, de que parte de los mismos dejen de ser españoles), así UPyD propone toda una reforma que va desde el sistema electoral regulado por la constitución (por ejemplo, lo que proponen para el Senado, o la forma de trampear la provincia como circunscripción para el Congreso de los Diputados), a grandes cambios en la organización territorial (lo que llaman reordenar las competencias y «cerrar el mapa autonómico», además de quitar los derechos forales) y en otros múltiples aspectos, hasta quieren cambiar el juramento del Rey (pero no proponen quitarlo), UPyD no está nada cómoda con la actual constitución, pero se vende como «un partido totalmente constitucionalista».

¿Significa que sus objetivos pasan por reformar la Constitución respetándola? CiU, Esquerra, IU, ICV, PNV y demás también han propuesto reformar la constitución para poder cumplir con sus objetivos, piden referendos y demás, ¿eso los hace menos constitucionalistas que UPyD? ¿Por qué? Creo que el que más honda reforma constitucional propone no es un partido separatista, sino uno federalista, es IU quien propone una constituyente para la III República, que incluye el derecho de autodeterminación (y se quedan muy cortos en lo que quieren como final del camino).

Aun así, todos los que proponen cambios sustanciales (desde el PNV con su petición de bilateralidad hasta CiU con el pacto fiscal o ERC con la autodeterminación, o los ya mencionados de UPyD) son conscientes que los mismos deben tener encaje en la Constitución (al PNV ya se le echó un «plan» para atrás por no tenerlo, por más que ellos insistían que sí), y no son pocas las veces en que intentan justificar la constitucionalidad para no tocar el texto sagrado (CiU y el tema fiscal) o se apuran para pedir reformas constitucionales que abran la posibilidad de lo que ellos quieren (una reforma de la Constitución para que las autonomías puedan convocar referendos cuyo resultado es totalmente vinculante, mecanismo propuesto por ERC), están, finalmente, respetando la Constitución.

Si la Constitución sirve como ideología (no es un texto neutro), y coletillas como «por imperativo legal» (algo que es cierto, además) son «una falta de respeto», el proponer reformar el texto sagrado también sería una falta de respeto, un despropósito herético de innombrables consecuencias apocalípticas. Si ser un partido constitucionalista significa, por otro lado, el respeto a la constitución porque es la norma suprema del ordenamiento jurídico, todos los que están en la cámara son partidos constitucionalistas, con lo que la queja de la diputada rosada sobraría. ¿O es que son constitucionalistas los que no decían coletilla alguna aunque pretendan tocar tanto la Constitución que al final ninguno de sus padres del 78 la reconozca? Porque ahí estaríamos en una definición formal venida desde un acto ritual y formal, doblemente absurdo.

Bueno, señora Díez, yo creo que no existe voluntad de reconocer la constitución por parte de su partido en partes tan importantes para muchos españoles como los derechos históricos de algunas autonomías o comunidades forales, o de no reconocer la posibilidad (constitucional) de la anexión de Navarra al País Vasco (si los navarros quieren), ¿por qué se presentan a unas elecciones si no reconocen la constitución tal cual es? ¡Evidentemente porque quieren cambiarla! El cumplimiento de la Constitución se ve desde el momento en que deciden presentarse respetando las reglas de juego, aunque no les gusten (como a UPyD no le agrada la legislación electoral, que viene desde el propio texto constitucional). No es un tema de respeto o falta del mismo, indudablemente todos deben acatar la constitución (la misma lo manda así), pero no puede ser un ancla ideológica (el propio TC lo ha recordado innumerables veces) y se puede proponer cualquier reforma (que no vulnere los tratados de derechos humanos firmados por España).

Existe una clara doble vara de medir: si UPyD (o el PP o incluso el PSOE) proponen reformar la constitución, son partidos «constitucionalistas» (de «centro», que dicen los del PP), si quienes proponen tocar la carta magna son los demás, los mentados anteriormente los acusan de ser unos partidos que desprecian a los españoles de bien, no quieren la constitución, y les espetan que para qué se presentan a las elecciones, parafraseando a Rosa Díez. Al parecer solo algunos pueden criticar la carta magna y ser, además, sus más fieles defensores al mismo tiempo. Es lo que tiene ser el portador de la verdad absoluta, que el debate o disenso es una falta de respeto.

(Me recuerda todo esto a cuando se puso de moda la expresión de «patriota constitucional». También me recuerda, todo esto, a la doble vara de medir sobre la reforma constitucional en Perú, cuando unos proponen reformas está bien, cuando otros las proponen quieren atentar contra el sistema constitucional, y cosas así…)

*Hace no mucho escuché una entrevista a uno de los dirigentes del PNV, le preguntaron por el tema de los grupos en el parlamento y sobre su postura con respecto a Amaiur (si se fijan, el PNV sí tendrá grupo, mientras que Amaiur, con más diputados, puede que no), y el dirigente vasco recordó que su formación dejó de concurrir en Navarra (con sus siglas y fuera de coaliciones) para asegurarse, justamente, el tener el 15% en cada una de las circunscripciones donde se presentan y así poder tener grupo propio, dejando caer que los colegas de Amaiur ya conocían las reglas, como ellos (y ellos se adaptan a las reglas electorales, ¿eso es ser constitucionalista? porque el PNV se ha adaptado a las reglas electorales mientras que UPyD no -y con todo el derecho, pero ahora PNV le podría espetar a UPyD que por qué se presentan si no les gustan las reglas, como los de UPyD le reprochan al PNV por su forma de jurar la Constitución-), Amaiur no llega a ese 15% justamente en Navarra (se quedaron con 14,86%), y por eso «peligra» su grupo (y de ahí que el navarro no haya recogido su acta aun, estrategia curiosa para que solo se tomen en cuenta los porcentajes de las tres provincias donde sí tienen más del 15%).

Hace unas semanas una comisión del Congreso nos dio una alegría parcial e inicial: «Comisión de Trabajo del Congreso aprobó modificaciones a las leyes de Promoción Agraria y derogatoria del Decreto Legislativo 1057 sobre el Contrato de Administración de Servicios (CAS)». El nuevo Ministro Trabajo y Promoción del Empleo, José Villena Petrosino y Luis Miguel Castilla Rubio, Ministro de Economía y Finanzas, ha apuntado en la misma dirección: El gobierno rechaza el dictamen de la comisión de Trabajo del Congreso (lo que uno y otro dijeron, según las correspondientes noticias).

Hay que recordar algo: Humala nunca prometió eliminar los CAS (trampeados desde el principio), sino «mejorarlos», en ese sentido van las dos declaraciones de sus ministros, «mejorar» los CAS. En su día puse unas notas sobre este extremo de las promesas de Humala al tomar el mando del país:

Humala Tasso no acabará con los CAS, con lo que mantendrá un régimen injusto y excepcional en donde la administración en vez de contratar como es debido a su personal (mediante contratos laborales o funcionarios) recurre a ese engendro creado por la administración de García. Mejorar los CAS no sirve de nada, deberían desaparecer, y es algo que compete directamente al Estado.

Aunque podemos encontrar en el discurso del ministro de Trabajo algunos componentes para el optimismo (reforma global del sistema de contratación pública), el que recurra a una patética demagogia como:

«Si los estudios de la Comisión de Trabajo me garantizan que esas personas van a mejorar el servicio al ciudadano, estaría el primer paso (para la reforma del sistema), pero si es solo es algo político, hay que tener cuidado.»

No ayudan en nada a que le tomemos en serio. A mí si él me demuestra que los CAS hacen que pueda darse un mejor servicio público que otro sistema de contratación que garantice los derechos laborales de los trabajadores con buenas condiciones económicas me creeré sus razones para mantener los CAS. Y si eso es así, no sé por qué están tardando tanto en reconvertir a todos los trabajadores públicos en autónomos con CAS y mejorar todo el sector público.

Desde la izquierda cada vez se ve el oficialismo más lejano, y la CGTP, que tanto capital político apostó en Gana Perú, ya se muestra como la novia engañada y recuerda que no es tolerable que el gobierno se derechice así, y menos cuando es una derecha autoritaria y militarista, uno de los temas que escuecen, como no puede ser de otra forma, no es solo el nombramiento de este nuevo Ministro de Trabajo, sino que algunas de las reivindicaciones laborales de la central se ven imposibles con el nuevo gabinete, entre ellas la derogación de los CAS.

No deja de ser curioso que esta cuasi ruptura con la izquierda también esté acompañada de la ruptura con los aliados para la segunda vuelta que se ubicaban a su derecha, hablo del roto con Perú Posible (que trae consigo movidas dentro de la alianza electoral y parlamentaria de la que PP forma parte), y lo que puede significar el comienzo en solitario del gobierno (o en búsqueda de nuevos aliados, que mire bien a la derecha autoritaria del país, encontrarán nuevos amigos).

Por mi parte: No me extraña, aunque «casi» me sorprende el poco tiempo que ha pasado entre esas manifestaciones de apoyo y la crítica más frontal, o lo poco que ha durado el «gabinete de concertación», solo cuatro meses enteros, pero los últimos eventos han acelerado un proceso algo cantado, y la renuncia de Lerner Ghitis simplemente fue el fin del comienzo. Para terminar vuelvo a recomendar un artículo del Jorobado de Notre Dame, conocido por algunos como Carlos Meléndez, titulado «HumAlan». La nota es del 1 de diciembre, 10 días después el autoritarismo de derechas ocupó el cargo de primer ministro, y con él un cambio profundo y antisocial del gabinete (once nuevos en total).

Un lector me recuerda un tema de actualidad relacionado al congresista acá adoptado, y enlaza una nota de Perú21, que debemos completarla con la aparecida en El Comercio, Correo (y más en ese medio) y La Primera (uno de los pocos periódicos que ha preguntado a Javier Diez Canseco por el tema, o que al menos se ha molestado en no repetir, sin más, lo que el fujimorismo dice). Hay dos cuestiones en todo esto: Un posible (más que posible) conflicto de intereses por parte de JDC (y su familia) y el tema sobre la participación de los trabajadores en la empresa (que en Perú, desde hace unos años, se ha limitado a recibir parte de los dividendos o poder adquirir acciones que no son acciones*).

La norma de la discordia es la proposición de ley 00564/2011-CR (PDF), presentada por la bancada de Gana Perú, en especial de la mano de Diez Canseco (aunque en realidad el PNP en la legislatura pasada ya presentó normas similares), se acusa a JDC de querer enriquecerse (él y su familia) gracias a la «conversión», en realidad sí existiría una considerable mejora: De tener unos títulos que solo dan derechos económicos a tener unos títulos que dan derechos económicos y políticos en las sociedades. Pero es simplemente mentira, como repiten los fujimoristas y los medios que no han dado voz a JDC, que con esto pase a «mejorar su patrimonio bursátil en 1000%», la propia norma recoge que no se hace un canje de una acción por otra (se habla de «respetar la proporción de los valores nominales vigentes», art. 4º de la norma propuesta, lo cual ya deja claro los errores de las leyes, al pensar que el valor nominal significa algo realmente).

Creo que, en aras a la transparencia, JDC no solo debería explicar bien la norma, sino que debería vender (él y su familia más directa) todas las acciones de inversión que posea (no voy a pedir que las AFP donde tengan sus pensiones vendan sus acciones de inversión porque eso sí que perjudicaría a mucha gente que ni le va ni le viene el tema), aunque patrimonialmente le pueda suponer un perjuicio (no tanto en el corto plazo, sí en el largo), es importante que, para debatir el proyecto, no pesen sobre él las sospechas (fundadas) de querer favorecerse, esto es, de otra ley con nombre propio, eso facilitaría que, entre otras cosas, los medios dejen de señalar a la persona y entren en el fondo del asunto.

Es importante, insisto, que JDC se deshaga del interés directo que tiene sobre la norma que promueve, ya saben, la mujer del César y todo eso.

Hablando del fondo del asunto, que entren de verdad, no como hace El Comercio en el apartado de «Una Mirada Técnica», donde JF Bertolotto se olvida que en el pasado existieron las «Comunidades Laborales» (estas Comunidades pertenecían a los trabajadores estables por el hecho de serlo, no daban acciones individuales y comerciables a dichos trabajadores), que poseían acciones comunes de las empresas (que iban dándolas detrayendo una parte de su patrimonio de los beneficios hasta llegar a unos porcentajes máximos, distintos por sector), cierto es que la norma la promulgó un dictador.

Bien, aun en dictadura, esa norma que permitía el acceso de los trabajadores al accionariado empresarial (y vinculándolo con su condición de trabajadores, por medio de una persona jurídica separada, cosas raras que se hacen con el Derecho) es anulada, se toma el capital de esas Comunidades Laborales y se crean las «Acciones Laborales», seis años de acumulación de acciones comunes por parte de los trabajadores de un plumazo se volvieron en acciones laborales sin derechos políticos, después de un par de modificaciones y desarrollos más de las formas de participación de los trabajadores en la empresa (siempre entendida como participación económica, no política), se llega al cambio de nombre en 1991 (se habla de «Acciones del trabajo») hasta la actual Ley nº 27028, Ley que sustituye las acciones del trabajo por las acciones de inversión (PDF), norma de 1998, que es la legislación actual. Las acciones de inversión sí tuvieron un origen en acciones con derecho a voto, de una forma peculiar, pero poco discutible.

Tampoco hay que olvidar, algo que los medios enlazados no recuerdan, que ya existen mecanismos de canje entre acciones de inversión y acciones comunes, de capital, o de verdad de la buena, que para eso está la Ley nº 28739, Ley que Promueve el Canje o Redención de las Acciones de Inversión (ley28739), publicada hace cinco años y que ha tenido un uso insignificante (según el proyecto de JDC solo 7 empresas han hecho uso de esta posibilidad), la diferencia entre el proyecto de JDC y esa Ley nº 28739 es que lo que para una es algo voluntario para la otra norma sería una obligación.

Alejandro Indacochea, economista citado en El Comercio, pone la llaga en la herida:

«La participación de los trabajadores puede llegar a ser mayoritaria, lo cual cambia el sistema de gobierno de las empresas»

El tema de fondo (y para que así se ataque a JDC, quien poco a poco se siente en el ala marginada del gobierno) está en ese posible cambio, me pregunto si realmente hay alguna sociedad que, una vez bien hecho el canje, tenga un importante poder del accionariado en trabajadores, y si creen que eso es una amenaza para el control de las sociedades (digamos que una gran empresa que cotiza en bolsa, por ejemplo, tiene el capital realmente distribuido, y los trabajadores, aunque entre todos sumen un 10%, no van a actuar de forma conjunta y solidaria, sino más bien serían accionistas individuales muy pequeños). En el proyecto de ley hablan de que la media es del 7%, con un 7% en manos de un solo accionista se puede tener el control efectivo de una sociedad, pero ese 7% está más que distribuido en realidad.

Sobre la medida: No resulta realmente beneficiosa para los trabajadores, esto es, no tendrán un real acceso a la propiedad de la empresa, sino unas pocas acciones comunes de la misma, también me parece un error en general la redacción de la norma, deja demasiadas preguntas en el aire (para posibles reglamentos futuros), se fija demasiado en el valor nominal, se justifica mucho en la Constitución del 79 (que, recordemos, no está vigente), y se olvida mencionar que estas acciones comunes nacidas del canje de las acciones de inversión pueden ser una de esas «otras formas de participación» que el Estado reconoce como derecho de los trabajadores dentro de la empresa (art. 29º de la Constitución política del Perú).

La verdad es que tanto la propiedad como la participación dentro de la empresa por parte de los trabajadores debería hacerse con mecanismos imperativos (en eso estoy de acuerdo con la propuesta de GP, en tanto que la voluntariedad de la norma de 2006 se ha mostrado ineficaz) y no individualizados ni vinculados al capital social (como son las acciones), porque estas acciones de inversión pueden comprarlas (como efectivamente pasa) personas que no son trabajadores de las empresas (se las compran a ellos), de ahí que las AFP tengan tantas, con lo que el canje propuesto realmente no beneficia a «los trabajadores» sino a los poseedores de estas acciones de inversión (no es lo mismo, el propio proyecto recuerda cómo muchos empresarios han seguido estrategias para subvalorarlas y volverlas a adquirir), en este sentido, el mecanismo, aunque limitado, de 1970 me parece mejor, se premia al trabajador, no el hecho de poseer una acción.

* Aunque se llaman «Acciones de Inversión» la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887 (PDF) ya lo deja claro en la disposición final quinta: Ni son acciones (de las reguladas por la LGS) ni a los titulares de éstas se les puede considerar «accionistas».

A primera vista pueden sorprender noticias como la Semana de Lucha de hace casi un mes (entre el 14 y el 18 de noviembre), que entre los temas por los que salimos a la calle estuvo la defensa de los Servicios Públicos (mencionando sanidad, transporte y enseñanza), si bien hay quien duda del carácter anarcosindicalista de la CGT (no solo por participar como tal en las elecciones sindicales, sino por recibir las subvenciones relacionadas a sus delegados electos), de la CNT a nadie se le escapa que su trayectoria es total y absolutamente apegada al anarcosindicalismo. La CNT incluso tiene un interesante documento, dentro de sus Cuadernos para el Debate, titulado «La permanente encrucijada de los servicios públicos». Y en el periódico de la FAI, Tierra y Libertad, encontramos (en la edición de diciembre de 2011) un interesante artículo en defensa de la educación pública: «El único hábitat de la educación es la comunidad». ¿Por qué los anarquistas defienden servicios dados por el Estado si buscan su destrucción? Esa es la duda del millón de dólares.

La respuesta está en dos elementos: a) La alternativa que actualmente se impone sobre los «servicios públicos» es peor que la existencia de esos «servicios públicos» dados por el Estado (entendiendo el Estado de forma amplia), esto es, que quede en manos de empresas privadas dentro de un esquema de dominación como es el capitalismo es peor alternativa que el tener Estado, máxime cuando el servicio se sigue prestando, pero ahora en otra lógica («cliente-consumidor» y no la de «ciudadano-servicio») aunque muchas veces el dinero siga siendo público; b) No se defienden los «servicios públicos» tal cual existen ahora, sino su transformación en verdaderos servicios públicos autogestionados por la comunidad en su conjunto. Estos dos elementos, por ejemplo, quedan claros en la nota de Tierra y Libertad o en el documento sobre los servicios públicos de la CNT.

Todo este preludio (o nota o artículo o comentario o como quieran llamarlo) es para recomendarles, sobre esto, un interesante artículo de Félix García Moriyón, titulado «Servicios públicos»:

Siguiendo la crítica que ya realizó Proudhon cuando el Estado empezaba a crecer, la generalización de los servicios sociales a cargo del Estado tiene tres aspectos sumamente negativos: la aparición de una potente maquinaria burocrática que se hace cargo del control de nuestras vidas; la pasividad y dependencia que genera en los beneficiarios de esos servicios; la proliferación de los funcionarios públicos y el peculiar estilo de trabajo que les caracteriza.
(…)
Y por eso resulta muy importante dejar claro un discurso anarquista alternativo y diferenciador. El primer rasgo diferenciador de un genuino sector público es tener como objetivo prioritario, casi exclusivo, el beneficio del conjunto de la sociedad, satisfaciendo adecuadamente las necesidades de la población. A eso hay que unir el objetivo de una gestión eficaz que controle el gasto, y también el clientelismo y el amiguismo. El segundo rasgo es el de la participación activa de los interesados en la gestión del sector público, pues es esta participación la que garantiza el objetivo anterior y el siguiente. Sólo avanzando en dicha participación lograremos que se cumpla el objetivo anterior. Se trata de promover la autogestión completa: que todas las personas que trabajan en un sector público participen de hecho y activamente en la organización del mismo, pero que también lo hagan los usuarios de los servicios y productos generados por dicho sector. Un tercer y último rasgo es el de la transparencia absoluta en la gestión y la rendición de cuentas.

No se habla de la defensa de una aparato público mastodóntico que funcione con lógicas de clientelismo, de burocratización e imposición, sino de unos servicios realmente públicos, así como una posición totalmente contraria a unos servicios que terminen funcionando con de dinero público (aunque sea parcialmente), y en su caso privado (de los usuarios-consumidores, no de ONG que ponen de su bolsillo), sin garantizar ni siquiera el acceso universal, o que funcione solo bajo la lógica del «cliente – empresa» (y no, eso del «cliente siempre tiene la razón» no es ni de lejos cierto, además, si el pagador es el Estado, el cliente no es el usuario del servicio, sino el Estado) en vez de una lógica de «cubrir necesidades».

Kotler me pasó un simpático enlace en que se iban viendo distintos chapulines creados por aficionados al gran héroe mexicano, y al final me preguntó si yo ya había dibujado mi versión del genialísimo Chapulín Colorado, así que me picó el gusanillo de dibujar a tan poderoso superhéroe, lo primero que se me ocurrió es la más que típica referencia a problemas varios de la vida real que acaben con lo de «Oh, ¡quién podrá defendernos!» y que apareciera el personaje creado por Chespirito para «salvar» la situación. Un chiste ene veces repetido que hasta ahora yo no había hecho… (Sí, he intentado una «caricatura» del gran Chespirito.)

Ahora pasamos a las versiones propias (click para hacer más grande, se abre en la misma ventana/pestaña):

No necesitan mucha explicación, uno está dibujado más «tipo cómic de superhéroe» o «manga» o «amerimanga» o lo que rayos sea, digamos más superheróico, los cambios son evidentes, le he puesto botas (en vez de las zapatillas de siempre), guantes (en vez de nada), lentes y el traje también le cubre el rostro, además de ser un traje «escamado» (no sé si se ve la textura), y los pantalones cortos ya no son tales, sino que son parte del traje rojo. Y tiene un cinto azul oscuro… La pose es en plan Thor con el Chipote Chillón como arma.

El segundo es más con mi estilo «cómico», zapatos grandes, cabeza gigante, nariz prominente, desproporcionado, vamos, el traje, salvo por las zapatillas, es más como el original (y que he olvidado hacer el cinturón), la postura es más desenfadada y el color más simple (algo más simple) que el anterior (que tampoco me he comido la cabeza), y sí, tiene la chicharra paralizadora, y la usará si a ustedes no les gustan los dibujitos.

En fin, espero que hayan disfrutado con esta entrada y que les hayan gustado los dibujos.

Leyendo la nota de Perú 21 «BID: ‘Las adolescentes se embarazan para dejar el colegio’» tras leer la nota de prensa del BID («El Fracaso Educativo: Embarazos para no ir a clase») y el propio informe (PDF), creo que el que escribió la noticia en Perú 21 ni ha leído el informe ni ha entendido de qué iba el tema (el objetivo del estudio o los hallazgos), es que creo que ni siquiera ha leído entera la nota de prensa del BID donde se dice cosas como: «Contrario a la lógica convencional, el estudio “El fracaso Educativo: Embarazos para no ir a clase” encuentra que es la baja calidad de la educación, sumado a la falta de estímulos educativos y emocionales para continuar con los estudios, lo que hacen que el embarazo se convierta casi que en el paso lógico para algunas jóvenes. Los embarazos no son el motivo principal para el abandono escolar.» Un periódico, dicen, información, dicen… Lean el estudio que está bastante interesante.

«La paz obtenida con el filo de la espada no es más que una simple tregua»
Pierre Joseph Proudhon

En un par de días hemos pasado del inicio del diálogo en Cajamarca (tras un largo paro y bloqueo de la ciudad) al Estado de Emergencia (así, suspendidas las libertades), con la lógica militarización regional por dicha declaración (por más que digan que las FF.AA. van en apoyo de la PNP), evidentemente esto trae consigo la suspensión de las protestas antimineras (no hacerlo sería incurrir en delitos y daría pie a un ataque frontal por parte de quienes buscan sangre, esto es, el Estado). El acuerdo no fue posible (muy poco tiempo para pensar que eso es una negociación que pueda cerrarse) y el paro, se suponía, iba a continuar, pero el gobierno jugó su carta: Estado de Emergencia (y por el plazo máximo: 60 días). Fujimoristas y apristas aplauden la medida…

Las visiones que dan las partes sentadas a negociar (solo ocho horas, no pues, en cuatro horas no se resuelve nada) han comunicado a la prensa, evidentemente, una visión totalmente distinta de lo ahí ocurrido, el Presidente de Cajamarca, Gregorio Santos, acusa al ejecutivo de haber ido con unos acuerdos y haber amenazado que o se firmaban o se declaraba el Estado de emergencia. La intransigencia, para el PCM (comunicado de prensa dado el 4), en el cual ni se plantea por encima la posibilidad de declarar el Estado de Emergencia.

También las versiones discrepan en otra cosa: Santos dice que ellos no iban a firmar sin consultar, así que no, no solo se negaron a firmar los «ambientalistas», sino también el resto de alcaldes, con la razón que sea, por más que estaban más cerca al acuerdo (con el tema de un nuevo informe), pero no significa que la reunión la reventaron los ambientalistas ni mucho menos, Santos asegura que el gobierno quería ya tener el acuerdo firmado, que no aceptaba esa posibilidad de que se levantaran de la mesa sin él (¿de verdad pensaban que en ocho horas podían sacar un acuerdo que cerrara el tema?). Al menos sabemos que este gobierno sí cumple… las amenazas. No las promesas, esas no las cumplirá (Arana tiene razón).

Wilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental (uno de esos intransigentes según Ollanta Humala, presidente de la República), declaró:

«Regresemos a la normalidad en todas y cada una de las actividades en Cajamarca y en todas y cada una de las provincias de nuestra región para no caer en el juego de los que hoy todavía se mantienen en el gobierno y quieren solucionar los problemas de nuestro pueblo a bala y a sangre»

Al final se está repitiendo el esquema que con Alan (y antes con Toledo -si al final lo de HumAlan será cierto y todo-), cuando reclamas no te hacen absolutamente nada de caso, se impone siempre lo que al poderoso le conviene, tienes que llegar casi al extremo (hace un tiempo escribí sobre la violencia como única forma de que te hagan caso), después de mucho tiempo en ese extremo (nueve días de paro que vaciaron la ciudad, según las limeñas crónicas de periodistas «que no podían salir»), y ahí el Estado se mueve en la dirección incorrecta y termina proscribiendo cualquier protesta, si no aceptas lo que el Estado «ofrece», eres «intransigente» y vas contra la Nación, un antipatriota. Ahí o hay más violencia o el movimiento descontento actúa con prudencia y firmeza (como las declaraciones de Saavedra).

El tema es complejo y difícil, y el gobierno ha demostrado no estar a la altura desde el primer momento, y ha actuado como lo hicieron sus antecesores.

Criminalizar la protesta e imponer con las armas el orden (eso es un Estado de Emergencia «para asegurar la paz»), a la par que se llama al «diálogo», es la forma de bloquear las soluciones posibles y poner a la otra parte como «enemiga» más que «contraria».

La ideología no puede ser una razón para no inscribir a un partido político, y menos si esa decisión la toma un órgano que no pertenece al Poder Judicial (como es el Jurado Nacional de Elecciones). Podemos posicionarnos totalmente en contra del Partido Político Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF en adelante), pero el que incluyan en su ideario la adhesión al «pensamiento Gonzalo» no puede llevar a concluir que su «seguimiento implica actos violentos en contra de la Constitución», como pretende la JNE, véase la resolución 0224-2011-ROP/JNE, de 28 de noviembre (PDF), y sin existir más sospechas que las ideológicas (no hay prueba alguna de que estén armados o vayan a atentar) que se prohíba su inscripción es algo que todos deberíamos rechazar.

El JNE, si leen la resolución, basa su decisión en lo que hizo SL y lo que supone el llamado «Pensamiento Gonzalo» (esa «cuarta espada del Marxismo» que Abimael Guzmán se creía), una estrategia de «guerra de guerrillas» frontal contra el Estado para tomar el poder por parte del proletariado, de ahí deduce que necesariamente MOVADEF cometerá delitos contra la Constitución y los derechos fundamentales, esto es, MOVADEF no puede ser un partido legal porque Sendero Luminoso cometió delitos contra la Humanidad bajo la dirección del «Presidente Gonzalo».

«Sendero Luminoso» fue un movimiento terrorista brutal que cercenó la vida de decenas de miles de personas (¡ay revolución, cuántas contrarrevoluciones se han hecho en tu nombre!, que diría Parra en uno de sus artefactos). El primer atentado de SL fue en Chuschi (Ayacucho) cuando atacaron el local donde se guardaban las ánforas y padrones para las siguientes elecciones presidenciales (las primeras que se celebraban tras 17 años). En el 85 el PCP-SL (o sea, Sendero Luminoso) recordó que su llamado era contra las urnas, no hay que votar, sino «generalizar la guerra de guerrillas», en 1990 volvieron a lo mismo con un documento titulado: «¡Elecciones, no! ¡Guerra popular, sí!». En los «Estatutos y Programa General de la Revolución Democrática», nacidos tras el 1er Congreso del PCP-SL, podemos leer cosas como:

«Militarización del Partido y construcción concéntrica de los tres instrumentos de la revolución;»
«Desarrollar la guerra popular que, mediante un ejército revolucionario de nuevo tipo bajo dirección absoluta del Partido, destruya por partes el viejo poder, principalmente sus fuerzas armadas y represivas y sirva a construir el nuevo poder para el proletariado y el pueblo.»

En 1992 se desarrolla el III Pleno del CC de Sendero Luminoso, en el Documento Central (no encuentro el resto de documentos) se insiste en la idea de continuar y mejorar en la «guerra de guerrillas», se manifiesta:

«Hay que forjar cuadros, militantes forjados en la guerra en general, en la guerra revolucionaria, y en la guerra en este país.»

¿Por qué menciono esto? Porque si esa inferencia que hace el JNE fuera tan automática, debieron darse cuenta que existe una real contradicción entre ese «pensamiento Gonzalo» y un partido político que busca ser un actor electoral. O dicho de otra forma, no todos los partidos marxistas o maoístas se tiran al monte para iniciar la guerra popular, ni tienen por qué hacerlo.

Sabemos lo que el MOVADEF quiere, ellos no lo ocultan (piden una amnistía general, que también beneficiaría a uno de sus principales enemigos: Alberto Fujimori Fujimori), lo declaran en sus propios principios, desde el nombre del partido, pero hasta ahora todo lo que han hecho (contando el querer inscribirse en el registro de partidos) vulnera el «pensamiento Gonzalo» de los años en que Guzmán (montó y) dirigió Sendero Luminoso, así que o aceptamos que existe una vinculación ideológica que no significa seguir a pies juntillas el ideario declarado (aunque sea por un tema de solo estrategia) o veríamos una seria contradicción entre lo que hacen y lo que dicen ser.

¿Debería ocultar MOVADEF sus principios ideológicos para poder ser aceptado? En la ONPE están registrados los estatutos de partidos como Nueva Mayoría que ni siquiera tienen una declaración de principios (¿le aplicamos a Nueva Mayoría el duro rasero que sufre MOVADEF y defendemos ilegalizar a NM porque en el art. 1 de sus estatutos lanzan un reconocimiento sobre el «liderazgo histórico» del «Presidente Alberto Fujimori Fujimori», condenado por delitos de lesa humanidad, ya que si siguen a un delincuente ellos también son delincuentes?), eso nos llevaría a un ilógico en que es mejor no dejar plasmada la ideología propia en los estatutos del partido o en el ideario que los acompaña para evitar una tacha administrativa.

En todo caso: Lo grave es que el JNE sea capaz de impedir la inscripción de un partido político porque consideran que su ideología no es acorde con la Constitución Política del Perú y significa realizar actos violentos (sin ninguna prueba de estos actos). Esto da un poder demasiado grande al JNE, capaz de decidir si una ideología es o no violenta por lo que hizo alguien en el pasado bajo su nombre (bien, aunque ese alguien sea el «creador»). Para la inscripción de los partidos (como las asociaciones, sindicatos y demás) debería bastar el cumplimiento de requisitos formales (y ya son excesivos en nuestros país con el tema de las firmas), esas lecturas ideológicas son más bien peligrosas.

Y si las razones del JNE se aplicaran por igual a todos, ni NM, ni Sí Cumple ni Fuerza2011 deberían mantener su inscripción, todas están vinculadas a una persona condenada por corrupción y por delitos contra la Humanidad, ¿seguir el ideario de Fujimori no nos llevaría a plantear el terrorismo de estado como alternativa? ¿El auto-golpe de Estado como fórmula de estabilidad de gobierno? Esa misma resolución del JNE, bien leída (y aplicando una historia más extensa que la peruana de los últimos años) llevaría, en la práctica, a impedir que cualquier partido marxista (en cualquiera de sus múltiples intérpretes) se inscriba.

Cuarta entrega de «Al Toque», la historieta sobre los andares de «Defensor Los Andes» (el equipo que llevo en Trophymanager. Pueden ver estas páginas dando click sobre las miniaturas, o toda la historieta (que tampoco es muy larga) en Garabatos, en la galería «Al Toque». Como suele ser costumbre, los sucesos son más o menos fieles a lo que ocurre en el juego (que otro equipo puje por jugadores, que ponga a la venta uno o el minuto y forma del gol, quién dio el pase de gol y esas cosas), el resto de cosas es cosecha propia (como que el presidente de un equipo lance un hadouken -波动拳, para los entendidos-, y sí, usé la típica postura de Ryu para las portadas de videojuegos).

Y sí, en tres páginas solo hay cinco viñetas de fútbol, una del estadio rival y cuatro del gol ese que pintarrajeo, todo porque Izquierdo (uno de salida) daba el pase de gol.

En la parte de dibujo he usados escenas muy fáciles en general, tanto en composición como en factura, esta vez no hay casi fondos (en muy pocas), y he usado más tonos para las sombras (no mucho más), sigo intentando un dibujo y relleno rápido, ahora lo es un poco más, también me voy acostumbrando a la tableta y se nota en el tembleque de las líneas (que siguen demasiado cobardes).

Es la primera vez que hago la típica trampa de «copiapega» para el estadio Anfield, digo, Barricadas, con lo que la décima página y la primera tienen la misma viñeta (lalala), y también la primera vez que meto un estadio distinto al propio, en este caso usé una fotografía mía de un estadio de España (una chocolatina a quien averigua cuál es), que tiene una capacidad similar a la que se supone tiene la del juego de ese equipo.

Espero que les guste.

Estoy con Carlos Meléndez, más conocido como el Jorobado de Notre Dame, «no culpes a la lista», más aun, no lo hagas cuando tú confeccionaste las listas. Si tú invitaste a Pascual, aupaste en unas falsas primarias a Menganito y permitiste, previo pago, que Sutano entrara con el siempre beneficiado número 13, no te quejes del voto preferente para explicar que tus parlamentarios apesten (hablando feo y pronto) y que sean unos díscolos que no saben por dónde andan. Si tu idea de partido político es un club de amigos que reúnen plata para las elecciones, no te quejes que luego la maquinaria partidista no funcione para nada y que los congresistas (o cargos electos en general) sean un atajo de mentirosos o disfuncionales miembros bajo unas siglas normalmente cambiantes (y de esto los fujimoristas nos pueden dar cátedra, y eso forman lo más parecido, junto al APRA, a un Partido Político, así, con mayúscula). Mejor lea esos consejos que hace unos días daba El Jorobado a todos los que monten chiringuitos partidarios.

Pero vamos por partes, ¿por qué la saña contra el voto preferente? Recordemos que esa «facultad» no afecta al número de congresistas electos por cada formación, sino que «desbloquea» la lista y permite a los ciudadanos «ordenar» a los candidatos dentro de la misma, o dicho de otro modo, decir «sí, quiero este partido, y si puede ser, en concreto estos dos congresistas» (o uno si es Madre de Dios), las listas las han aprobado los partidos, así que quejarse por los integrantes de las mismas es bastante absurdo. Es el partido el responsable final (políticamente hablando) de la limpieza de los integrantes de las listas que presentan, de la integridad de todos ellos, de la competencia para poder ser representantes y, por supuesto, de su comportamiento con respecto al partido.

Todo lo demás (como esa «furia antitransfuguista», representada proyectos de reforma del reglamento del Congreso o de la ley de partidos, que no es de ahora, sino que viene de antiguo), como la crítica de que el voto preferente favorece la pugna interna (pues escojan personas que se nieguen a hacer campañas personalistas, so memos) y una vinculación directa entre el ciudadano-votante y el candidato-elegido en vez de entre el congresista y el partido, habría que recordar, nuevamente, que a ese le eligió el partido, que sin voto preferente también pasaría lo mismo que hoy por hoy ocurre (si hay desapego entre los candidatos y el partido es porque el partido no funciona, no es una institución, no tiene mecanismos internos o estructura real, solo existen en los comicios), y que el congresista no es un representante del partido, sino de «la nación», no tiene mandato por parte de nadie (eso por ahora pone el primer párrafo del art. 93 de la carta magna), pretender que el congresista sea un pelele del partido es, incluso, inconstitucional (y poco democrático), haya o no voto preferente.

Es curioso ver como en algunos sitios con férreas listas cerradas ya hasta algunos partidos mayoritarios plantean el «desbloquearlas» en Perú queremos cargarnos un mecanismo que no es para nada negativo (máxime teniendo en cuenta la inexistencia de partidos y lo llenas que están de morralla, no sé, a mí todas las veces que he votado me ha gustado indicar quién quisiera que saliera dentro del partido que apoyé, incluso siempre he visto muchos indeseables en listas que apoyo, es una forma que esos partidos se lleven mi voto sin que la decisión sea o un indeseable que va cabeza de lista o voto nulo), hace un par de años, de pasada comenté este tema:

No deja de ser curioso la saña que se tiene con el voto preferente, es tal vez el único respiro que tenemos los votantes ante listas cerradas, en tanto que las volvemos rígidas. Si el ciudadano sabe que determinado partido de una formación que sí le agrada es una mala pieza (tenga títulos académicos o no, tenga condenas o no), en un caso de lista cerrada se ve obligado a elegir entre castigar a todo el partido (no votando) o votar por ese candidato no apto (votando por la lista cerrada y rígida), con el voto preferente se incluye una opción más, que es castigar a ese candidato votando por otros dentro de la lista de su preferencia (voto dentro de una lista cerrada con ordenación de preferencia).

Entre ese artículo y hoy han pasado unas elecciones generales, ¿hicieron los partidos políticos lo suficiente para tener unas listas «limpias»? ¿De quién es culpa de que ciertos personajes vayan en las listas al Congreso? (Los ciudadanos también somos responsables de a quiénes votamos, pero nosotros estamos mediatizados por lo elegido por los partidos.) Lo que es más importante: ¿Eliminando el voto preferente hubiésemos impedido que, por ejemplo, Armando Romero saliera electo? Pues no, él fue el cabeza de lista en Madre de Dios. La «robacable» sí está ahí gracias al voto preferente, pero el problema de quiénes son candidatos por cada partido es independiente a su número en la lista, es que desde el saque no debían ser candidatos, o atenerse a las consecuencias de su nombramiento.

Como dice El Jorobado y como lo hacen otros muchos, eliminando el voto preferencial no se soluciona ningún problema en cuanto a los congresistas, sí se cierra una vía más de participación de los ciudadanos-votantes, tampoco ayuda a los partidos políticos en nada (no asegura fidelidad entre los congresistas y el partido, ni limpieza en los candidatos, ni apertura de los partidos a los ciudadanos). ¿Se requiere una reforma global? El problema no está tanto en la legislación (y que yo diga esto tiene tela), aunque la misma sea mejorable (o haga falta una «gran reforma») sino en la práctica política, si los partidos siguen funcionando como lo hacen hoy en día, da igual lo maravillosa que sea la ley, el Congreso será una porquería de cara a los ciudadanos y los partidos, fuera del imaginario de cuatro políticos, seguirán sin existir.

Por parte de los partidos me parece una irresponsabilidad política y partidaria creer que el camino es una reforma puntual en el voto preferente.

Hay que relajarnos un poco tras todo el periodo electoral, así que: Sigo haciendo tarjetas o cartas para aquel amigo y los de su clan, gremio o algo así (primera tanda, segunda entrega), basadas en Urban Rivals (todo el diseño de la carta así como el dibujito del clan pertenece a los de UR), en este caso las descripciones físicas han sido algo más explícitas que la vez anterior, aunque también más complicadas. Son cinco cartas, como reza el titular. El primero, que acompaña este párrafo, es un joven ajedrecista que tiene telequinesis, y lo llevan a una academia que, por lo visto, es uno de los clanes del juego, que, según vi en las cartas de ejemplo que me mandaron, tiene un «uniforme» (a veces cambian tonos y algunas cosas del diseño), así que el diseño de la ropa no es mío para nada… Salvo el efecto de la telequinesia me gusta cómo me quedó el «pintado». Modestia al margen, muy al margen.

Esta carta es de un «joven musculoso lleno de cicatrices», en la descripción se hablaba de pinchos en los pantalones y de una espada de pinchos, ojos verdes (que están pintados así, aunque casi no se nota), así que nada, típica postura a lo Conan o algo por el estilo y un dibujo resultón sin mucho más… Las manos quedaron particularmente chicas y los hombros algo raros, los pantalones simplemente son negros puros. Las cadenas no se ven mucho, pero bueno.

La descripción hablaba de muchos complementos «macabros», del báculo y el lanzamiento de una «bola negra y morada», de un brujo al que no se le ve el rostro, así que a tirar, capucha que le tapa la cara, puse la calavera como parte superior del palo ese con el poder «morado», el original es más grande, pero igual no se le ven los pies, creo que subiré los dibujos sin meterlos en la miniatura, algunos tienen más detallitos. Creo que exageré con el morado.

¿Hulk rojo? ¿Hulk rojo con un solo ojo? Sí, es la postura de Hulk, con un palo en la mano (que olvidé hacer la parte de abajo, pero nadie se ha dado cuenta en realidad), en la descripción me hablaban de un cíclope hiper musculoso y con una camiseta rota o algo así (me pasaron una carta y me dijeron: «La ropa como ese», la ropa no es muy igual, una camisa media rota, como ese dibujo, pero poco más). La descripción decía «piel rojiza» y creo que me pasé tres pueblos con el rojo ese. Es un Hulk (de ahí copié la postura), así que es un dibujo muy poco original.

Hablando de poco originales, la primera dama que me piden dibujar y voy y saco la postura de una figurita de Witchblade, La postura básicamente. Y bueno, también de cintura para abajo es medio copia de la figurita esa (he de admitir). La descripción hablaba de pelo largo azulado (es la base y el brillo), así como un corsé rosado claro (me emocioné y no quedó claro, pero la base sí lo era, el resto vino de la aplicación de sombras y demás) y una gran sonrisa…  Así que poco original también. El pintado sí que me gustó cómo quedó en general.

Como siempre: espero que les guste.

El PP saca una considerable mayoría absoluta. Una tertuliana, en RTVE, comentaba cómo al PSOE se le castiga por los recortes pero se elige a un partido que ya los va anunciando (y haciendo donde gobierna), no confundamos, los que castigan al PSOE por los recortes (eso en concreto) no votan al PP, sus votos se van a otros partidos, abstención, blancos y nulos, tal vez los que salten del PSOE al PP lo hagan pensando que el PP puede hacerlo mejor en lo económico, o justamente para que meta con más fuerza la tijera. Al 95% de votos escrutados el PP obtendría, con el 44,55% de votos válidos, unos 186 escaños (mayoría más que absoluta), ojo, no parece que el PP consiga superar el techo de los 11 millones de votos, y tampoco es un triunfo, en votos, espectacular (no llegan a mejorar cinco puntos, y es solo 1,7 puntos más que el PSOE del 2008).

Es el PSOE el que se ahoga en su propia porquería, pasa del 43,87% al 28,66% de votos, esa sí es una caída espectacular, de 169 escaños a 110, un tercio menos (más o menos). El PSOE pierde en la práctica totalidad de las provincias (solo vence en dos circunscripciones, ¡solo 2!), al punto que por primera vez en Cataluña no es el partido más votado en unas generales (aunque gana en Barcelona).

En el otro lado, el PP gana en prácticamente toda España, solo no consigue ser el partido más votado en dos comunidades: País Vasco y Cataluña. Más aun, el PP es el tercero en Cataluña y el cuarto en el País Vasco (ahí el PP cae en votos válidos y todo), donde Amaiur, la formación de la izquierda abertzale, consigue ser la fuerza con más escaños (pero no la más votada), cayendo el PSE-EE del primer al tercer lugar. CiU es la gran ganadora, por primera vez es la fuerza más votada ahí en unas generales, y pasa de 10 a 16 curules, acomodándose con fuerza como la tercera fuerza en el Congreso de los Diputados. Y ha sido la CiU más racista e independentista, también la de los recortes sociales y las huelgas hasta de médicos. Y los ciudadanos catalanes la han premiado.

IU y UPyD aumentan considerablemente, tanto en votos (lo más) como en escaños (lo menos, siguen perjudicados por el sistema), así UPyD pasa de 1,19% a 4,75% (lo que le vale saltar de 1 escaño a 5 curules, o sea, directos al Grupo Parlamentario propio); la federación de izquierdas de Cayo Lara, por su parte, da un triple mortal, roza el 7% de votos y los 11 escaños (de 2 actuales). Varios partidos nuevos entran al Congreso de los Diputados, estará más fragmentado que otros años…

Una participación del 71,72% (2 puntos menos que en el 2008), más nulos y blancos (1,28 y 1,37% respectivamente).

Por ahora no digo más, pueden ir viendo el artículo en De Igual a Igual con los resultados o la web oficial.

Actualización (11:12am del 21/11): Tonto el que no se consuela. Le voy a dar un argumento a mis amigos del PSOE para que se sientan algo mejor: Ustedes, señores del PSOE, tuvieron, en términos absolutos, un mejor resultado electoral en el 2008 (y 2004) que el PP en estas elecciones. No hombre, no se echen las manos a la cabeza, ya sé que en el 2008 (y 2004) el PSOE no obtuvo mayoría absoluta, también sé que en votos válidos el PSOE del 2008 sacó 0,75 puntos menos que el PP ahora (sí, la diferencia entre la victoria del PSOE y la del PP no llegan a un punto), pero les voy a dar datos para la alegría: El PSOE, tanto en el 2004 como en el 2008, superó los 11 millones de votos, el PP en el mejor resultado de su historia no ha llegado (por poco, se queda con 10,83 millones), los votos con respecto al censo (hoy hay más votantantes que en el 2008, en concreto, un 2% más) indican que esta mayoría absoluta tan clara del PP (por tanto, un resultado en términos relativos) no lo es con respecto a la población con derecho a decidir, así el PSOE en el 2008 consiguió el apoyo del 32,19% de los censados (en el 2004 el apoyo del 31,89%) mientras que el PP en esta ocasión se queda con el 30,27% del voto de los censados (ya que tanto se compara este resultado con el del 86 del PSOE, en esa ocasión el PSOE obtuvo el favor del 30,57% de los censados).

Pero claro, las elecciones no son una carrera de absolutos, sino que se miden en términos relativos, uno puede sacar más o menos el mismo resultado en votos absolutos pero tener una suerte dispar al momento de transformarse esos votos en diputados, ya que esto depende de la diferencia relativa, y ahí es donde el PP ha goleado, le ha sacado a su principal contendiente la friolera de 15,89 puntos en el total estatal, pero es que en 30 circunscripciones la diferencia fue de más de 20 puntos (y en 3 de 40 puntos o más).

Me sirve como ejemplo Burgos: el PP ha bajado en votos absolutos pero ha subido en votos relativos, y lo que es más importante, ha aumentado su ventaja relativa, así en el 2008 obtuvo el 50,51%, esta vez, con 2000 votos menos (y 3 puntos menos de participación de los censados), el PP se lleva el 54,25% de los votos válidos. El PSOE esta vez consiguió un patético 27,94% (de algo más del 40% que sacó la vez anterior), con lo que la diferencia de 10 puntos de antaño ahora se volvió en 26,31 puntos, conclusión: El PP con menos votos (absolutos) sacó 3 diputados (uno más que en el 2008), y la debacle del PSOE hizo que perdieran uno de los dos que habían conseguido en esa circunscripción. Y eso ha pasado en media España, el PP manteniéndose o subiendo poco en términos absolutos, el PSOE desplomándose, conclusión: Más escaños para el PP. En todos esos sitios donde una pequeña diferencia en votos es una gran diferencia en escaños, donde al repartirse poco el partido que ha ganado se lleva el 75% de la tarta, es el PSOE el que más lo ha sufrido, y ahí donde más partidos han aparecido quién más ha sufrido la sangría de escaños es el segundo o tercero, o sea, el PSOE. Por poner ejemplos: Valencia (PP mantiene 9, los 7 del PSOE se reparten en 4 partidos), Madrid (se reparte uno más, ese extra se lo lleva el PP con menos votos absolutos que en el 2008, los 5 del PSOE se reparten entre IU y UPyD), y así en un par más, salvo Asturias, donde respetuosamente el PP y el PSOE le han dado uno a FAC e IU, respectivamente.

Por último, y ya que hablo de la dispersión del voto (en todos menos en el PP), este es el año con más partidos superando la barrera del millón de votos (5, frente a los 2 del 2008) o más partidos superan el 1% del censo electoral (5 frente a los 4 del 2008)…

Tercera entrega de Igualito (sí, tercera) con la incorporación de un nuevo personaje y todo eso… Espero que les guste.

No creo que me dé tiempo para escribirles muchos puntos más de los cuatro programas que estos días he revisado (Propiedad Intelectual, sistema electoral y participación ciudadana y, solo del PP, temas laborales), y esta entrada más bien será breve: ¿Mañana España será republicana? Recordemos que fue un vuelco electoral trajo la segunda república española (la tricolor), y no hay dos sin tres, y que en esta bitácora ya desde hace años llamamos al fin de la monarquía, por ser directamente contraria a la igualdad entre los ciudadanos y totalmente antidemocrática… Y aun así, en la forma monárquica española queda una reminicensia machista que muchos monárquicos proponen quitar, hasta hace unos años (cuando nació la sucesora del sucesor) se comenzó a hablar del tema, para aparcarlo cuando del segundo embarazo de la princesa consorte nació una niña, con lo que no había problema de que el machismo constitucional afectara a la heredera del heredero (machismo que nos deja un príncipe de Asturias actual, en vez de una princesa de Asturias). Que la jefatura del estado sea una institución machista debería hacer sonrojar a cualquiera: ¿Los partidos tocan este tema?

Para el PP todo está perfecto
Ni una mención en el programa. El partido que conseguirá la mayoría absoluta no habla de la monarquía, lo suyo es el gobierno, el jefe del Estado les importa poco, así como la sucesión o lo que tercie. Claro, hablar de una reforma constitucional de la corona es algo difícil, se necesita un acuerdo amplio y convocar elecciones, y ya sabemos que para el PP, cuando gobiernan, mientras menos elecciones mejor. Así que el PP no propone nada sobre la jefatura del Estado, ni siquiera para eliminar el machismo consagrado en el artículo 57.1 de la constitución.

El PSOE y la promesa constante
El PSOE consiguió reformar la constitución con ayuda del PP, pero no en algo que ya había prometido en el pasado: Eliminar el machismo constitucional en la sucesión a la corona. El PSOE es un partido que se reclama republicano («republicanismo cívico», según las resoluciones del 37 Congreso del PSOE) pero que no lo lleva en el programa ni siquiera como declaración de intenciones (como sí habla, por ejemplo, de la «cultura federal»).

En el apartado sobre «la optimización de nuestro sistema de descentralización del poder» vuelve a tocar de forma somera (página 125) el tema de la discriminación en la línea de sucesión, para reclamar o prometer un cambio constitucional para que mande el primer hijo en igualdad del resto de condiciones, esto es, que se elimine la preferencia del varón sobre la mujer (digo «vuelve» porque en el 2008 ya lo prometió, miren la página 270 del programa).

UPyD con una monarquía sin discriminación
Lo sé, la monarquía hereditaria por definición es discriminatoria (una sola familia tiene el derecho de acceder al cargo), pero nos referimos a la línea de sucesión, proponen eliminar del art. 57.1 de la Constitución la preferencia por el varón. También, y cada uno con sus filias y fobias, proponen eliminar del art. 61.1, que regula el juramento del Rey ante las Cortes, eso «de las comunidades autónomas». Me escama que un partido que propone tantas reformas constitucionales y se llame a sí mismo progresista pretenda mantener la monarquía (es algo que no les preocupa, tampoco hay menciones al tema, por ejemplo, en el Manifiesto Fundacional).

IU y la III República
Esto me gusta. Bien, decir «esto me gusta» está alejado de un comentario sobre el programa, cierto, ahora lo desarrollo: En el Eje 2 («Propuestas para una democracia avanzada») tienen un punto (el quinto) titulado: «El proceso constituyente como camino hacia la III República». Tal cual. En el cambio profundo del Estado que pide IU se encontraría con la III República como «medio» (y no solo un cambio en la jefatura del Estado). IU comienza haciendo un repaso de lo conseguido por la izquierda en la Constitución del 78 y cómo quedaron en papel mojado (como derechos al trabajo, vivienda y demás, es que los derechos los carga el diablo, y si te los ponen en la sección de «principios» ya no son realmente «derechos»), así que la coalición propone una República, como «cosa pública», en que todos están «comprometidos ejerciendo la responsabilidad de su condición ciudadana».

Recordando cosas como que no hay libertad sin las condiciones materiales para ejercerla, que «[l]a libertad republicana es la ausencia de dominación» (lean, por cierto, sobre las culturas republicanas -y II- en esta bitácora), por ello hablan de una República laica y de un Estado Social. No dicen que Las Cortes tengan que hacer una reforma que vaya a la república, no, hablan de que el trabajo desde dentro y fera de las instituciones logre una constitución republicana, basada en la participación ciudadana, hablan, finalmente, de construir el Estado de abajo a arriba, y consideran que el actual sistema «ha devenido ilegítimo». Para IU, además, la construcción de la República nos dará un modelo federal, que defienda la autodeterminación de los pueblos que libremente formen el Estado.

Consideraciones finales
Tanto el PP como UPyD y el PSOE se sienten cómodos en la monarquía parlamentaria, no proponen cambiarla ni a corto ni a largo plazo, para el PP ni siquiera es un tema del que se deba hablar (ni para acabar con el machismo institucional, seguro que hasta les parece bien, los carlistas andarán contentos con el PP). El PSOE se supone que es republicano, pero cada vez menos, en realidad eso de «republicanismo cívico» es una forma de decir que una cosa es lo que piensan y otra la forma de Estado… Triste claudicación. UPyD se suma a ese «intocable» sobre la forma de Estado, piden cambios de todo tipo, menos la república.

Izquierda Unida es el único partido de los vistos (no el único de los que se presentan, claro) que pide claramente la República, y no como un mero cambio de forma de jefatura del Estado, sino un cambio profundo que afectaría a toda la nueva república española, un cambio hacia el modelo federal puro y duro, y libre en cuanto a la entrada y salida de las partes que conformarían esa república (que recoge los valores republicanos como el de la no dominación). De cajón en este punto coincido con IU y me alejo totalmente de los otros tres partidos mencionados.

Uno de los temas recurrentes en esta bitácora es el electoral, desde noticias sobre elecciones de todas la latitudes hasta temas más de «sistema» (y ni siquiera les voy a poner ejemplos, espero que los tengan en mente), también deben recordar, en este punto, que me gustaría ver una profunda modificación tanto del Congreso de los Diputados como del Senado (este es hasta más urgente, ¿pero para qué dos reformas si todo puede ir en la misma?) y, por supuesto, del sistema electoral en su conjunto, desde la determinación de la circunscripción (¿la provincia? por favor) hasta el método de reparto. Bien, con esto en mente es lógico que sea el segundo tema para los artículos de «Qué proponen en…», inaugurado ayer con el temático de la propiedad intelectual, será el de «Elecciones y Participación Ciudadana», centrándome en el tema electoral y los mecanismos de participación extra y pasando un poco por encima de la reforma de las Cortes; ya saben la dinámica, recojo y critico los programas de IU, UPyD, PP y PSOE (siendo los cuatro partidos a nivel nacional más grandes).

El PP: ¿Cambios electorales? No gracias
Una de las medidas que el Partido Popular propone es ampliar «los mecanismos de participación de la sociedad en la elaboración de disposiciones normativas legales y reglamentarias», lo cual no significa absolutamente nada… Más adelante ya tienen un apartado titulado «Una Democracia Ejemplar» (pp 169 y ss), entre otras cosas el concepto de «regeneración política» es centrarse sober «las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos» para pasar a ningunear lo hecho por el PSOE por «obsesiones ideológicas y la satisfacción de intereses minoritarios», una de dos, o esos intereses minoritarios no son preocupaciones de ciudadanos (minoritarios) o simplemente el PP cree que solo lo que ellos opinan es lo que interesa a los ciudadanos, o que solo los intereses de la mayoría son dignos de ser atendidos (lo cual es muy grave).

Una de las pocas medidas concretas sobre participación ciudadana está en «reconocer» el derecho de la oposición a promover iniciativas sin que sean «vetadas», vamos, lo de iniciativa legislativa popular debe ya sonar a chino… La novena medida del apartado 5.1 de «Una Democracia Ejemplar» va en la línea de reformar el sistema electoral municipal «para respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos» garantizando «la estabilidad de los ayuntamientos», lo primero que me planteo acá es por qué solo para los ayuntamientos (¿y las Comunidades Autónomas? ¿Y el Estado?), lo que parece indicar que harán que el partido que gane se lleve la mayoría absoluta (no suena a que hagan segundas vueltas)… Y ya. Eso es todo. El sistema electoral para el PP no merece ni una línea, ni reforzar, más allá de lo mencionado, la participación ciudadana, ¡por el pueblo sin el pueblo!

Cabe recordar que la modificación restrictiva de la Ley electoral aprobada a comienzos de año contó con el voto favorable tanto del Partido Popular como del Partido Socialista Obrero Español.

El PSOE ante el sistema electoral
El PSOE tiene un punto, en el quinto apartado («Democracia») que apunta al Sistema Electoral, el 2.3, y otro sobre participación ciudadana, el 2.4, nos centraremos en ambos.

La idea, nos dice el PSOE, es mejorar la relación entre representante y representado (entonces no entiendo la razón que les llevó a aprobar la reforma de la LOREG hace unos meses) y para ello apuntan al «modelo alemán», mientras tanto, como parche proponen «listas electorales desbloqueadas» (lo que se conoce como voto preferente, no solo votas por un partido, sino que dices qué políticos de los que te dan en la lista prefieres), tanto para las nacionales como para las locales, y ya, poco más reseñable, sí, hablan del «voto por Internet» como complemento al del correo y a seguir buscando la «presencia equilibrada entre hombres y mujeres». Ahora, si quieren mejorar la representatividad, sin cambiar la constitución, deberían proponer ir al máximo de diputados (400), reducir el mínimo a 1 por circunscripción y cambiar el método de reparto (de D’Hondt a Resto Mayor, método Hare).

En cuanto a participación ciudadana, y en un claro guiño al 15-m, quieren «un Estado más abierto (…) participativo e incluyente» y así abrir «más espacios para la participación política», por ello quieren crear una nueva Ley Básica de Participación Cívica e Institucional, que parta de un proceso de participación impulsado desde los ayuntamientos, mejorar el proceso de Iniciativa Legislativa Popular, bajando los requisitos y límites, hablan del diputado 351 (el defensor de la iniciativa en el pleno, comisión y demás, con voz pero sin voto), convertir la comisión de Peticiones en una de Participación Ciudadana, que las comisiones del Congreso deban «oír» a los representantes de los sectores afectados por las normas que debaten, crear procedimientos para que todas las administraciones públicas para dar a conocer sus iniciativas y poder recibir valoraciones y propuestas ciudadanas.

Algunas propuestas del PSOE no son malas, lástima que no las hayan planteado durante los últimos 7 años, pero ni de lejos. ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Por cambios filosóficos? No, no lo parece. ¿Para atraer a los del 15M? Puede. ¿Para limitar el poder del PP gobernante poniéndolo en jaque? Puede también. Aun así, son propuestas insuficientes.

UPyD y la reforma profunda en el tema electoral
El saque del programa de UPyD es «Reforma de la Ley Electoral General» y dentro del apartado de «Reforma de la Constitución y el Estado» nos encontramos con el apartado de «Mejora de la participación ciudadana en las decisiones políticas» (2.7). En cierta medida sorprende que la reforma electoral no esté dentro de la Reforma de la Constitución y el Estado y sea el primer punto del programa (¿lo más importante? tal vez no lo sea, ¿algo con autonomía propia e independiente como para no entrar en el siguiente apartado? No), pero está claro que a UPyD el tema electoral le preocupa de forma importante, son uno de los partidos más damnificados por el actual sistema.

De saque proponen llegar al límite constitucional actual de 400 diputados y el cambio del método de reparto por Resto Mayor usando Hare (hasta cierto punto hecho en falta que expliquen en su programa qué significa este cambio), a la par que un cambio del sistema de forma que «trampea» la circunscripción provincial, 200 diputados se elegirían por circunscripciones provinciales y los otros 200 por circunscripción única nacional. Bien, un pequeño paso inicial para luego cambiar la provincia como circunscripción en favor de las Comunidades Autónomas (esto me sorprende, mantienen un doble sistema para el Congreso, preferiría una circunscripción única para el Congreso de los Diputados, y un Senado fuerte con una representación territorial basada en las autonomías). También proponen las listas desbloqueadas, pero me asusta que lo vinculen a las «herramientas informáticas», ya saben que en esta casa no queremos el voto electrónico.

Sobre la última reforma, proponen eliminarla (quitar ese 0,1%, esto les honra, ya que esa reforma no les ha perjudicado), me pregunto si también eliminarían la barrera electoral, esos 200 diputados en una única circunscripción usando Resto Mayor con el método Hare permiten que partidos pequeños, realmente pequeños, puedan entrar en el Congreso de los Diputados, algo que yo veo positivo, pero en la web de UPyD más de una vez he leído cosas como subir la barrera para eliminar a los nacionalismos del Congreso de los Diputados (con una barrera nacional alta, del 3 o 5%, y eso también se lo he oído a varios de sus ideólogos), lo que es contradictorio con esa proclamación de respeto a la pluralidad.

Todo este cambio de políticas para favorecer el derecho a elegir choca con una prohibición: Limitación de los mandatos máximos a dos legislaturas (es la 328). No termino de entender esta medida, y menos la interpretación que hace Rosa Díez de la misma (muy parecida a la forma en que la planteó Fujimori en su día), ¿para qué tanto voto preferente y demás si luego me prohíben elegir a Menganito porque ya ha sido diputado durante dos legislaturas? ¿Y si lo está haciendo realmente bien? ¿Y si ahora sería gobierno y ayer fue oposición? Lo curioso es que esto lo suelte una persona que es política profesional y que no ve realmente nada malo en ello.

Sobre participación ciudadana resulta interesante que los ciudadanos podamos promover referendos consultivos (con esas 500 mil firmas) así como una reforma de la constitución para permitir que la Iniciativa Popular pueda entrar en temas de Ley Orgánica (curioso que no digan lo mismo de cuestiones tributarias, también excluidas). Y nada más.

Izquierda Unida y el eje «Para una Democracia avanzada»
Los tres primeros puntos del Eje 2 del programa de Izquierda Unida van dirigidos al tema electoral y de participación ciudadana. Aunque es un poco vago, sabemos por dónde van, proponen «eliminar los factores que provocan la desproporción», hablan del «tamaño de las circunscripciones», su magnitud, la barrera electoral, la fórmula electoral, y mejorar la proporcionalidad, pero no, realmente no proponen nada (en ese sentido está mejor el programa de UPyD), sí me parece destacable que hablen de que todos los partidos tengan los mismos requisitos (actualmente se distingue a los partidos ya representados frente a los extraparlamentarios, favoreciendo a los que ya están en las cámaras). Es una pena que no concreten más.

Es interesante además dos propuestas que amplían el universo de las personas con derecho a votar: Bajar la edad legal a los 16 años y permitir que los inmigrantes con 2 años de residencia puedan votar en las generales. ¡Genial! Eso sí permitirá una verdadera integración.

Desde IU buscan un «Estado Social Participativo», con especial protagonismo para las organizaciones y colectivos sociales, no solo en la participación al configurar y planificar las políticas, sino también para la ejecución de las mismas y en la gestión de los servicios públicos, llevando la democracia «a las empresas públicas y privadas» (no concretan, nuevamente, qué significa eso), solo dicen que se debe educar mejor (para una cultura participativa, no solo de ciudadanos pasivos) y que se deben establecer mecanismos de participación a todos los niveles. En cuanto a la Iniciativa Legislativa Popular, quieren que realmente sirva y los ciudadanos en el procedimiento legislativo, eliminando restricciones, dando voz a los proponentes, entre otros… También proponen implementar los «presupuestos participativos»… Y llegamos a la oveja negra en casi todos estas propuestas: Potenciar el voto electrónico. No, por ahí no debemos pasar.

El apartado de participación ciudadano está bastante explicado, en cambio el tema electoral, aunque es un constante en los debates de IU, queda vacío de contenido propio más allá de unas declaraciones de intenciones y esas dos medidas positivas sobre la masa de ciudadanos que podrán votar.

Consideraciones finales
El PP pasa por encima de este tema, realmente no le interesa un pimiento, en su ideario, por lo visto, tal como estamos la participación ciudadana es más que suficiente… El PSOE propone algunas cosas curiosas, insuficientes, pero curiosas, lástima que no lo haya pensado hace 7 años (o durante los mismos), fijo que en partidos como IU, UPyD, ERC, BNG y alguno más hubiese encontrado suficientes votos para reformar la LOREG en el sentido que ahora proponen. Es que su único gesto en la materia electoral fue a peor. UPyD tienen un buen desarrollo del tema y propuestas interesantes (algunas quedan algo raras por las prohibiciones o por lo que el partido normalmente manifiesta) e IU creo que ha desperdiciado una oportunidad para explicar mejor cómo debe ser el sistema electoral para ellos, aunque la parte en que describen la participación ciudadana no está nada mal.

De todas formas, tanto UPyD como IU son, de los 4, los dos que más se acercan a algunas ideas que he pintado en esta casa de lo que pienso que deberían ser las elecciones para mejorar la representatividad, así como en el tema de participación ciudadana.

Voy a realizar unas pocos (muy pocas) entradas sobre determinados temas comentándoles por encima lo que dicen los partidos en sus programas, mejor dicho, lo que yo entiendo de lo que dicen (porque sino bastaría con que se los lean), me voy a centrar, en general, en los programas de los cuatro grandes partidos nacionales (PP, PSOE, IU y UPyD), aun a sabiendas que UPyD no es el cuarto partido más votado (ni lo sea tras estas elecciones), es simplemente un criterio para elegir entre qué programas comentarles. El primer tema es el de «propiedad intelectual», últimamente un tema importante aunque la urgencia económica ha desplazado algunos de los debates iniciados, sobre todo tras la propuesta y aprobación de la (llamada) Ley Sinde, hasta se movió con fuerza «No les votes» (aunque ahora han variado su enfoque).

El PP y la Propiedad Intelectual
Su modelo es el estadounidense. No paran de decirlo. Aprobaron el canon digital (en el 2006), luego se sumaron a la corriente que pidió su eliminación, aprobaron la «Ley Sinde», pero comprometiendo a que se cambiara todo el tema de la copia privada, contando el mal llamado canon digital…

Hablan mucho de generar las condiciones para un nuevo «modelo de negocio», el incentivo fiscal a los «creadores» (editores y productores, entiéndase, y a inversores, esto último lo dicen), favorecer el micropago (¿cómo? a saber) y de «promover una mayor protección» a la propiedad intelectual. El nuevo modelo se basa, en cierta medida, en cambiar las subvenciones por mecenazgos (esto no me convence nada, tampoco las subvenciones…).

Hablan de suprimir el canon digital, pero a la par de modificarlo, esto es, quitan una cosa para poner otra, lo que en mi casa se llama modificar, no suprimir (pero es que llevan tanto prometiendo que lo «suprimirán»), la idea es un sistema más «justo y equitativo» (como la ley dice que debería ser la compensación por copia privada, que fue en lo que se ciscaron en la Orden Ministerial y es lo que el TJUE ha dicho que está mal en la legislación española), a la par que quieren «reforzar» la «protección» de la propiedad intelectual, ¿quitar la «Ley Sinde»? Realmente no, o sí, o sea, harán «más» para impedir la copia. Me escama que siempre pongan la propiedad intelectual y la industrial juntas, no son lo mismo, al menos no en las culturas continentales, esa forma de ver los derechos de autor es propia del modelo anglosajón.

(El PP farda mucho de tener muchas medidas en su programa, pero es que algunas las tiene repetidas, o sea, en distintos apartados la misma, por ejemplo, miren la tercera del apartado 1.9, súmenle la octava del 1.8 y ahora la tercera del apartado 3.8, así también yo completo cuatrocientas medidas numeradas. Y pocas medidas son concretas, ¿qué significa «reforzar la protección de la propiedad intelectual»? Por otras declaraciones lo sabemos: Más criminalización del usuario.)

El PSOE y los derechos de autor
El retroceso que hemos tenido en los últimos años en los Derechos de Autor de la mano del PSOE son innumerables, y son los autores de la inefable «Ley Sinde», que en realidad es la última gota en el vaso, ni más ni menos.

En el punto 4.4 del programa del partido que se irá del gobierno (porque se irá) ya tiene una diferencia clara con el PP, al menos hablan de más cultura que la puramente en español, y no meten la protección a la tauromaquia como una medida concreta (mira, de las pocas realmente concretas del PP)… en fin, al lío:

Proponen crear una Agencia de Propiedad Intelectual, sustituir el «canon digital» por un «nuevo modelo de protección» que de equilibrio a los derechos de usuarios y creadores, algo que en sí mismo tampoco significa nada, y más viniendo de la boca del PSOE, habló antes de equilibrio y sacó la «Ley Sinde» y una OM horrorosa con tarifas absurdas. También insisten en el mecenazgo… Lo único interesante es que el IVA super reducido (4%) de los libros físicos se aplique también a los digitales. También hablan de «cambio en el modelo de negocio», sin decir qué modelo de negocio nuevo, oyen campanas pero no saben desde donde.

En realidad no hay nada nuevo bajo el sol del puño con la rosa, no proponen cambios reales en materia de propiedad intelectual, es más de lo mismo. Solo el tema del IVA resulta positivo y claro (y es algo que intentaron en el actual gobierno, pero haciéndolo mal y no consiguiéndolo).

Izquierda Unida ante el mundo de la creación
No hay que olvidar que IU también votó a favor de la reforma de 2006, pero bueno, a partir de ahí pareciera que han reflexionado más sobre el tema y se han ido acercando a posturas más transformadoras de lo que actualmente existe (ya hemos visto que el PSOE y el PP proponen o más de lo mismo o irnos a lo estadounidense, cada cual peor que la otra).

El punto 3 del eje 8 se titula «Por un nuevo modelo de la Propiedad Intelectual y por la libre distribución de la cultura», lo cual ya es más significativo en la orientación. Han comprendido más o menos la transformación en los medios de producción (el acceso a los mismos) y en el cambio desde el punto de vista laboral que se está produciendo. No estoy de acuerdo en que «se ha eliminado a los intermediarios (editores y distribuidores)», más aun, con todo lo que se ha aplaudido el desembarco de Amazon y el triunfo de Apple y su modelo de distribución cerrado lo que se produce es un cambio en los distribuidores, pero no su eliminación (aunque la misma sí esté en la potencia de la red).

Pero bueno, hablan directamente de «gestionar de forma pública los derechos de autor», del software libre (y en contra de las patentes de software), de ayudar a difundir las creaciones desde los artistas de base y en un cambio en el modelo de propiedad intelectual, entendiendo que el actual modelo sirve únicamente para maximizar el «beneficio de grandes empresas (…) y [que] dificulta el acceso al conocimiento», además de existir un oligopolio de entidades de recaudación, así que hablan de crear un modelo que permita proteger a autores a la par que permita «mayores facilidades posibles para que esas obras puedan llegar a la ciudadanía».

Para IU la gestión debe ser pública de los derechos (esto presenta nuevos y complejos problemas, aleja la idea de la autogestión, si el modelo que santifica el oligopolio es malo, uno puramente público puede ser peligroso), el «canon digital» se eliminaría (¿y el «analógico»?) y se cambiaría por una contribución de los operadores de telecomunicaciones e industrias tecnológicas a determinar, siempre que no sea «indiscriminado», es un paso pequeño, pero un paso. Curiosamente incorporarían la posibilidad de que el autor renuncie a determinados derechos (el de cobrar por las copias privadas es irrenunciable actualmente) además de un reconocimiento legal de las Creative Commons, lo cual tiene un doble y absurda lectura: Que son las únicas licencias libres/semilibres que existirían de forma claramente legal y que actualmente no son legales. Ambas lecturas resultan de un mal planteamiento de la cuestión en realidad. Hablan de derogar la «ley Sinde» para garantizar la neutralidad de la Red.

Otro punto positivo es favorecer la digitalización de obras literarias y científicas que estén en dominio público para, se entiende, su acceso global, hablan de apoyar iniciativas tipo Proyecto Gutenberg (¿por qué no directamente ese proyecto) así como favorecer a esta digitalización de las obras descatalogadas por las editoriales (¿y las huérfanas? no son lo mismo que las descatalogadas).

Los derechos de autor para UPyD
En el punto 10.1 encontramos las propuestas de 363 a 368, todas ellas sobre Propiedad Intelectual. Lo primero que proponen es una nueva LPI, considerando que la actual no está adaptada a la era digital y que defienda a la cultura y difusión como bien social, hablan, y esto es importante, de dejar de criminalizar a los usuarios.

A mis colegas devolucionistas les puede agradar lo siguiente: Proponen que el Dominio Público como algo no solo obligatorio, sino como opción para «la creación amateur o como opción gratuita», eso sí, confunden licencias libres (o dominio público) con gratuidad, no señores, incluso hoy se siguen vendiendo copias del Quijote, ¡y está en el Dominio Público! Pero bueno, hablan de que los fondos digitales del procomún (como RTVE) se favorezca el acceso y que usen prioritariamente licencias «copyleft» (a saber si hablan de libres o en ese concepto en que se permiten como «copyleft» cosas como CC BY-NC-ND) y el uso de software libre.

También pretenden acabar con la llamada «Ley Sinde» y con los monopolios de las sociedades de gestión, pero no sé a qué se refieren con eso de «flexibilizar el mercado de patentes». Sobre la «compensación por copia privada» o el resto de tasas cobradas (entiendo que acá están hablando de cosas como el «canon» por comunicación pública y todo eso), hablan de un cambio de modelo, del actual a uno mediante fiscalidad especial…

Es interesante esa plataforma de creación que proponen, bueno, hablan de dos (¿por qué dos?), una para contenidos de pago (sea tarifa plana u otros) para obras (sin importar si son copyright o copyleft, no sé para qué se favorecería a los primeros, si no aportan tanto como los segundos) y otra de contenidos gratuitos para «copyleft», y acá tienen otro concepto, porque hablan de obras que estén en el Dominio Público (por extinción o por decisión de los autores) y las que están en el procomún (como RTVE). La idea de dos plataformas me parece absurda, mejor sería una con todos los contenidos, distinguiendo gratuitos y de pago, si se quiere, y potenciando los «copyleft» (si es Dominio Público por extinción no es copyleft, no sé por qué UPyD tiene tantos problemas con los términos).

Sobre las entidades de gestión proponen un cambio de modelo algo insuficiente, se distinguen tres niveles, no sé por qué las «sin ánimo de lucro» solo puedan ser financiadas por cuotas y no por la venta de material, el ánimo de lucro no está tanto en que exista una actividad económica sino lo que se hace con lo recaudado.

Consideraciones finales
Personalmente, en este apartado, no me siento representado por ninguno de los cuatro programas, los del PP y el PSOE no dicen nada nuevo realmente, o lo que es peor, van en la línea contraria a mis propios pensamientos en esta materia, UPyD tiene alguna buena idea, pero no sé si tiene claros los conceptos que maneja (o si estamos hablando el mismo lenguaje), e IU tiene, como en otras tantas materias, un quiero y no puedo claro, también con algunas buenas ideas que siguen encajando con el esquema internacional (ninguno propone apartarse, y es que hay que cambiar los convenios Internacionales).

En este apartado, para mí, quienes más piedras favorables colocan la balanza, para inclinar el voto a un lado u otro, es IU, eso sí, con muchos peros y puntos a mejorar.