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El razonamiento dicotómico de algunos escribidores de la derecha neoliberal los conduce a afirmar que todos los que abogan por su regulación, o por la intervención económica del Estado para corregir sus fallas, son estatistas, son partidarios de la eliminación del mercado. Aunque defendemos la libertad de expresarse de este modo, no podemos dejar de señalar que los que así razonan no han asimilado los cambios ocurridos en los últimos treinta años en la esfera de la política y de la economía. Estos neoliberales, criollos, se sienten los únicos abanderados y propietarios, no solo del mercado sino también de la Democracia y de la Defensa de los Derechos Humanos.
Las crisis de las democracias constitucionales
Los neoliberales creen que el «desmantelamiento de la URSS y la caída de su dominio sobre Europa del Este», es el «fenómeno internacional» más importante de los últimos treinta años. Hay que señalar que este hecho fue el resultado de la crisis de legitimidad de aquellos regímenes que negaron en la realidad su pretensión de ser «gobiernos de la clase obrera». Pero, sin duda alguna, no fue ni es el único acontecimiento internacional de las últimas décadas.
El período neoliberal que sigue al Golden Age del Capitalismo, también registra otro fenómeno de similar envergadura. La práctica de la impostura terminó de arruinar al «bloque del este», cuya expresión simbólica fue la caída del muro de Berlín, pero las «piedras que en su caída desprendía este muro golpearon a los dos lados de la cortina de hierro y no sólo a uno». Como dice Eloy García, el capitalismo y el llamado socialismo constituían las dos caras de una misma moneda, «de un discurso histórico perfectamente trabado en torno a un hilo conductor común». Por eso la crisis del Estado socialista revelaba también la crisis «de su rival el Estado Constitucional Democrático». Aquí también se trata de una crisis de legitimidad, pues la contradicción entre los principios y los hechos de la realidad, evidenciaron y siguen evidenciando una creciente degradación de estas democracias.
Hay pérdida de referentes y de significación en los discursos políticos; hay un «rotundo fracaso» de la representación política; los partidos y los sindicatos han perdido su carácter de «instrumentos de sociabilidad política»; los grupos de poder económico y político ---«que operan siguiendo una lógica ajena a la idea democrática»---, han confiscado y corrompido al aparato institucional del Estado; las libertades individuales han dejado de ser «postulados morales destinados a garantizar la autodeterminación humana para convertirse en medios instrumentales del tráfico mercantil»; en fin, hay una continua desconexión entre la teoría y la praxis que revela la honda crisis que hoy experimentan las democracias constitucionales. (Véase Eloy García, John Rawls versus John Pocock: Justicia frente a «Buen Gobierno», Madrid, 2002).
El neoliberalismo y la democracia
El neoliberalismo que se impone en casi todos los países del mundo desde fines de la década de los setenta del siglo pasado, extendió la idea de que la esencia del Estado de Derecho se encuentra en la neutralidad económica del Estado. La igualdad formal ante la ley es incompatible –decía Hayek— con toda actividad del Estado en la economía.
Pero, como dice Todorov, hoy la principal amenaza que pesa sobre la democracia y las libertades proviene del fortalecimiento de determinados individuos por la puesta en práctica, desde el Estado, de las políticas neoliberales. Se flexibilizaron los mercados laborales porque su regulación supuestamente entorpecía la libertad de acción de los empresarios. Con ello pusieron en desventaja a los trabajadores, acrecentaron la desigualdad y erosionaron las condiciones materiales para el ejercicio de su libertad. Asimismo, las libertades económicas han traspasado las fronteras nacionales, quitándole soberanía a los Estados, con lo cual ya no importan los países, ni las personas ni el medio ambiente, sino los capitales transnacionales. Con el neoliberalismo, el Estado ha cedido su papel de garante social al mercado libre.
Esta tiranía de los individuos y del mercado desregulado ha puesto en evidencia que la separación de poderes del Estado en tres (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), para que se limiten mutuamente, ya no es suficiente garantía de Democracia. Todorov nos recuerda que hay dos poderes adicionales, el económico y el mediático, que también deben ser sujetos a un sistema de pesos y contrapesos, que deben ser necesariamente desconcentrados para evitar el daño que le hacen a la democracia y a las libertades individuales, para evitar que las conviertan y sigan convirtiendo, como diría Eloy García, en «medios instrumentales del tráfico mercantil».
A modo de conclusión
Afortunadamente, hay un renacimiento del pensamiento republicano que nos da pistas para revalorizar lo político «como lazo de conexión social», para imaginar el sentido de una «democracia republicana» y para superar la dicotomía Estado-Mercado. (Véase Pocock, Skinner, Dun, Pettit, Cassassas, Domenech, y otros). Los Estados no pueden estar sometidos al «control político» del mercado, no pueden ser tributarios de las agencias de calificación ni de los grupos de poder que no rinden cuentas a nadie. Por su parte, el mercado, en tanto institución social que genera asimetrías de poder e injusticias sociales, no puede estar al margen de la regulación del Estado. No es verdad que «fuera del mercado desregulado no hay salvación posible».
Publicado en el diario La Primera, el sábado 15 de junio.
Muchos asocian al extractivismo con una modalidad de producción y acumulación existente en países de la periferia, que satisface la demanda de materias primas de los centros industriales. Nuestros países se especializan en la extracción y exportación de bienes primarios, mientras que los países del centro producen y exportan manufacturas. Esta es una definición limitada de extractivismo. Obtener ingresos o rentas de los recursos extraídos de la naturaleza y exportados con muy bajo procesamiento tecnológico, es ciertamente un ejemplo de extractivismo económico. No hay creación de valor, no hay transformación industrial, ni innovaciones, ni aumentos en la productividad con cambios técnicos asociados al procesamiento de los recursos naturales.
El extractivismo colonial y neoliberal
Hay instituciones económicas rentistas que también operan en la esfera de la circulación extrayendo ingresos y recursos de unos para transferirlos a otros. Asimismo, hay instituciones económicas rentistas que extraen ingresos sin innovar ni transformar, sin aumentos genuinos de competitividad, sólo abaratando el costo del trabajo. Estos dos tipos de extractivismo rentista, además de la producción primario exportadora, han sido alentados y consolidados por las políticas neoliberales.
El extractivismo basado en el abaratamiento del costo del trabajo también se practicó en la colonia. Según Acemoglu, la encomienda, la mita, el repartimiento, y el trajín, «fueron instituciones diseñadas para reducir el estándar de vida de los pueblos indígenas a un nivel de subsistencia y extraer así los ingresos que excedían dicho nivel para los españoles. Esto se logró mediante la expropiación de sus tierras, obligándolos a trabajar, pagándoles salarios bajos, imponiéndoles impuestos elevados y cobrándoles precios altos por los bienes que ni siquiera los compraban voluntariamente».
El extractivismo económico es fruto del extractivismo político. Las políticas neoliberales han creado instituciones políticas extractivistas: una constitución que le resta soberanía al Estado frente al capital transnacional, la flexibilización del mercado de trabajo y la pérdida de derechos laborales, el desmantelamiento de todos los estándares regulatorios, el debilitamiento de la capacidad regulatoria del Estado, la práctica corrupta del clientelismo político, y una escasa distribución del poder político. Es claro entonces que el carácter de las instituciones económicas se determina desde la política y por el carácter de las instituciones políticas existentes en el país.
El extractivismo en los Seguros de Salud
Un ejemplo de institución económica extractivista, distinta de la actividad primario exportadora, es la práctica del «control vertical» de las compañías de Seguros de Salud. Estas compañías trabajan con clínicas que brindan servicios médicos y de salud. Estas clínicas tienen «sus propias» farmacias dedicadas a la venta de medicamentos y cuya demanda proviene de los pacientes que «obligatoriamente deben comprar» lo recetado por sus médicos. Es un mercado cautivo. A primera vista este control vertical es teóricamente pertinente, porque podría mejorar la eficiencia, reduciendo costos que deberían beneficiar a los consumidores.
Pero, el extractivismo convierte al «control vertical» en un mecanismo rentista. Se extrae ingreso y riqueza de los pacientes para transferirlos a los «propietarios» de las compañías de seguros y de las clínicas. En ausencia de regulación, el «control vertical» mina la competencia y se convierte en un mecanismo de exacción impune de los ingresos de las personan que cuidan su salud. «Para muestra basta un botón» (véase cuadro adjunto).
El precio del Rhinocort Aqua en la farmacia de la clínica San Felipe es de 226.56 soles. Este mismo producto cuesta en las farmacias circundantes a la clínica, 89.30 soles en promedio. Ahora bien, si es atendido como asegurado de, por ejemplo, Pacífico Salud, usted puede hacer efectivo el coaseguro, supongamos de 25%, sólo en la farmacia de la citada clínica. Por lo tanto, tendría que pagar en esta farmacia, 56.64 soles. Pero, en el supuesto negado que, como asegurado, pudiera adquirir el medicamento en otras farmacias del mercado, pagaría por el coaseguro sólo 22.33 soles. Si su médico de la clínica le recetó los tres medicamentos del cuadro adjunto, usted tiene que pagar 216.41 soles por el coaseguro. Pero, si no hubiera control vertical y la compañía aseguradora aceptara que los medicamentos se adquieran en cualquier otra farmacia del mercado, usted pagaría sólo 127.70 soles por el coaseguro, es decir, 88.71 soles menos.
A modo de conclusión
No hay duda que las instituciones económicas excluyentes y extractivistas tienen su origen en instituciones políticas excluyentes y elitistas. En un país dominado por este tipo de instituciones políticas, los caudillos que llegan a gobernar aprovechan del extractivismo sirviendo a los grupos de poder económico, usufructuando de las redes de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Toman medidas a favor de estos grupos sin importarles el medio ambiente, los restos arqueológicos, los derechos de las poblaciones nativas, y adoptan comportamientos elitistas excluyendo o persiguiendo a grupos políticos que no le son funcionales.
El extractivismo político y económico es enemigo de la democracia. Extrae el ingreso y los activos de grupos de personas para transferirlos y beneficiar a los grupos de poder económico y político. El extractivismo genera desigualdad y socava la capacidad productiva del país.
Publicado en el diario La Primera, el sábado 8 de junio.
El 24 de mayo Ollanta Humala anunció un conjunto de medidas para facilitar la ejecución de las inversiones privadas. Lo hizo «convencido» de que así estaba generando «confianza» en los grupos de poder económico. Pocos días antes, a propósito del asunto Repsol, estos le advirtieron que no se desvíe del rumbo neoliberal en el que ellos mismos lo situaron, ciertamente con su complacencia.
Los problemas de la inversión privada
En el plan La Gran Transformación se dice claramente que en nuestro país la inversión privada extranjera tiene un problema histórico de orientación. No se dirige a diversificar el aparato productivo, no innova ni desarrolla industria, sino que opta por la renta fácil, por el extractivismo que da poder económico y político.
La inversión privada nacional, por su parte, acompaña fundamentalmente el ciclo del extractivismo, al «boom de los metales» o de las materias primas. Esta inversión, a diferencia de la extranjera, tiene restricciones de mercado, de financiamiento, de capital humano, de tecnologías, etc. Pero las medidas anunciadas por Humala no apuntan a la eliminación de estas restricciones. Están más bien dirigidas a la inversión extranjera. Su equipo económico y él, no trabajan para la inversión privada nacional.
Por eso, Castilla y Velarde, que «dirigen» la política fiscal y monetaria en piloto automático, salieron del país para, en un nuevo «road show», anunciar al capital transnacional que los procedimientos administrativos vinculados a temas ambientales, arqueológicos y a la consulta previa de la población involucrada, han sido agilizados. Hoy las autorizaciones y certificaciones para los proyectos de inversión en el ámbito nacional, serán más rápidas porque se han relajado las normas de cuidado ambiental y arqueológico, según los decretos supremos 054-2013-PCM y 060-2013-PCM. No hay criterios técnicos ni económicos, ni lineamientos de política (social, cultural, ambiental), para sujetar las certificaciones y autorizaciones al interés de la Nación y no de los grupos de poder. Ollanta Humala, aparece así, como el discípulo más aplicado de Alan García, pues fue este el que «puso al descubierto» a los «perros del hortelano» que ponían trabas a la inversión.
La única medida que parecía interesante es el proyecto denominado «Ley de promoción del mercado de valores». Sin embargo, hay un sólo artículo, el tercero, en el que se habla de una mayor flexibilización de las condiciones para que las empresas medianas y pequeñas puedan acceder al mercado. Es cierto que la ley debe ser reglamentada, pero en este proyecto ---si se quiere asegurar que realmente estas empresas entren como emisores al mercado de capitales--- debería establecerse los criterios para reducir el riesgo de mercado de sus emisiones, mediante garantías y/o asociaciones, y para honrar sus deudas mediante la creación de fideicomisos ad hoc.
La incorporación de las pequeñas y medianas empresas al mercado de capitales, modificando su marco regulatorio, es una propuesta del plan La Gran Transformación. Pero Castilla lo ha mediatizado porque, tal como está la norma remitida al Congreso de la República, es un «saludo a la bandera» frente a su proyecto de integración de los mercados de capitales de los países de la Alianza del Pacífico Colombia, Chile y México.
La insistencia en el estilo de crecimiento
La incertidumbre acerca de la duración del estancamiento económico internacional, junto a la disminución de los términos del intercambio y a la caída de la demanda por nuestras exportaciones, es también la causa de la desaceleración de la inversión privada y del PBI. El primer trimestre de este año registraron las tasas de 7.4% y 4.8%, respectivamente, cerca de la mitad de las tasas que registraron en el primer trimestre del año pasado.
El gobierno sigue apostando por un estilo de crecimiento que ha hecho menos industrial y más vulnerable y dependiente de factores externos a nuestra economía; que está liderado por la producción de servicios de baja productividad; que genera una distribución del ingreso más desigual y que, por lo tanto, atiza el conflicto social.
Los sectores que más crecieron en el primer trimestre de este año fueron Otros servicios, Comercio y Construcción. Los tres explican el 80.2% del crecimiento del PBI. Este porcentaje sube a 90.3% si a estos tres sectores le agregamos Derechos de importación y otros impuestos (¡?). Este es el mismo patrón de crecimiento que ha seguido la economía en la última década. Por ejemplo, los cuatro sectores (incluyendo nada menos que Derechos de importación y otros impuestos) fueron responsables del 71.7% del PBI del año 2012.
A modo de Conclusión
Así como hay algunos economistas que opinan que se crece sólo con políticas macroeconómicas contra-cíclicas, hay otros como Castilla que creen que la sostenibilidad del crecimiento se asegura sólo con un buen ritmo de las inversiones y no con un cambio deliberado a favor de la industria, de la agro-industria y de la agricultura. Por eso, en las proyecciones que aparecen en el Marco Macroeconómico Multianual 2014-2016, recientemente aprobado y publicado, la manufactura no primaria y el sector agropecuario creen por debajo de la tasa de 6.3% proyectada para el PBI: 4.4% y 5.2%, respectivamente. El ministro no sabe que este estilo de crecimiento es altamente dependiente de importaciones.
Publicado en el Diario la Primera, el sábado 01 de junio.
Los datos indican la presencia de un sostenido proceso de enfriamiento de la economía. Las razones son conocidas: el estancamiento de las economías de Europa y Estados Unidos, la desaceleración del crecimiento de la China, y la consecuente reducción de los precios de los minerales. Con el neoliberalismo nuestra economía se hizo más vulnerable y dependiente de factores externos; por lo tanto, no podía estar al margen de los efectos de la crisis internacional actual. El fin del alto crecimiento
Velarde y Castilla cometen un grave error cuando dicen que para impulsar y sostener el crecimiento económico es indispensable restablecer la confianza del empresariado y eliminar las trabas administrativas que afectan a la inversión privada. Quizás lo que le están diciendo al Presidente Humala es que debe hacer más concesiones a la derecha extractivista, como: saltarse la ley de la consulta previa, privatizar Petroperú, derogar la ley de Protección y Defensa del Consumidor, no insistir en la ley de Promoción de la Alimentación Saludable, olvidarse de los derechos laborales, no pensar más en el salario mínimo, dejar al sector privado todo el proyecto petroquímico en el sur, abandonar UNASUR y declararse abanderado de la Alianza Asia Pacífico, declarar para El Comercio que ya no le importa la CAN, y, en fin, jurar que ahora es un convencido de la subsidiariedad del Estado y de la necesidad de su achicamiento.
Lo que la realidad indica sobre el crecimiento, es otra cosa y, no una falta de confianza ni trabas a la inversión. Los empresarios saben que los impulsos al crecimiento provenían de la expansión de los mercados externos y de los altos precios de las materias primas. Y, saben también, que después de lo ocurrido en 2008-2009 ahora ya no es posible crecer a las tasas que se registraron en los años 2005 a 2008.
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Lo que acabamos de decir puede observarse en el gráfico de las tasas de crecimiento del PBI mensual desestacionalizado, del período que va de enero-2005 a marzo-2013. Hay una tendencia claramente ascendente del crecimiento que termina en junio de 2008. Después de este mes y debido a la crisis externa que empieza el segundo semestre de ese año, el crecimiento cae hasta situarse por debajo de cero en junio de 2009. Es verdad que luego se recupera hasta alcanzar en junio de 2010 una tasa de similar magnitud a la que se registró en febrero de 2008, pero en los meses siguientes se registra un proceso de desaceleración del crecimiento que es imposible pronosticar su pronta reversión.
Ante este escenario, un shock de confianza mediante un nuevo «arrinconamiento» al Presidente Humala por parte de la derecha neoliberal, será inútil. La estabilidad del gobierno de Humala dependerá de lo que hagan Velarde y Castilla, los dos gonfalonieros del neoliberalismo.
Debilidades y composición del crecimiento
El impulso al crecimiento económico de los últimos años provino de los altos precios de los minerales y estuvo liderado por los sectores no transables de comercio, servicios y construcción. Estos sectores, junto a las exportaciones tradicionales, crecieron a tasas superiores a la del PBI. La manufactura y la agricultura perdieron participación en la generación de empleo y del PBI. Así, la economía creció a tasas altas fomentando el «rentismo» y el extractivismo en los grupos de poder económico y político. Estos grupos, de ideología de derecha neoliberal, son los que consolidaron su hegemonía durante los años período de alto crecimiento.
Lo que ocurrido con la composición del crecimiento económico durante el mes de marzo pasado revela sus debilidades. La tasa de 3.0% de crecimiento del PBI tiene su origen en la reducción espectacular de la tasa de crecimiento de la construcción, de14.3% en el mes de febrero a 3.8% en el mes de marzo. Asimismo, disminuyeron las tasas de crecimiento de los sectores Comercio (5.6% a 4.0%) y de Otros servicios (de 5.9% a 4.9%). Estos tres sectores explican el 70.5% del PBI y emplean el 59% de los trabajadores. También disminuyó la tasa de crecimiento de la agricultura (de 6.5% a 5.8%). Finalmente, la producción manufacturera se redujo en 3.6%. Por otro lado, hay que mencionar que en los meses de enero-febrero de este año las importaciones crecieron 12.5% respecto a similar período de 2012, mientras las exportaciones se redujeron en 18.0%.
El fin del alto crecimiento ocurre en una economía que es más vulnerable a factores externos, menos industrial, más productora de servicios de baja productividad, básicamente exportadora de minerales y, ciertamente, más dependiente de importaciones. El carácter primario exportador del estilo de crecimiento y la apreciación sistemática de la moneda nacional, dados los tratados de libre comercio y las drásticas reducciones arancelarias, dieron lugar a un crecimiento espectacular de las importaciones. En 1975, cuando se hablaba de una industria adicta a importaciones, estas constituían el 62.6% del total de la producción manufacturera; en 1997 este porcentaje aumentó a 92.3% y en el año 2011 subió el 150.1%. En la actualidad estamos importando un equivalente a 102.1% de la producción manufacturera y agropecuaria en conjunto.
A modo de Conclusión
De acuerdo con la información anterior, basar el crecimiento en la demanda interna para enfrentar lo que sin duda será un largo estancamiento de la economía internacional, corre el riesgo de volver a encontrar su límite en una crisis de balanza de pagos.
Publicado en el diafrio La Primera, el sábado 25 de mayo
Perú logra máximo histórico en inversión extranjera directa (IED) en 2012, dicen periodistas y analistas económicos a propósito del informe de la CEPAL «La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe». En efecto, la Cuenta Financiera del Sector Privado de la Balanza de Pagos de nuestro país registra el monto de 12.240 millones de dólares por concepto de IED el 2012, cifra equivalente al 6.1% del PBI del mismo año y superior en 48,7% al monto registrado en el año 2011.Repatriación de utilidades y rentabilidad del capital extranjeroLo que no destacan estos periodistas y analistas es que de los 12,240 millones de dólares de IED, 8.263 millones correspondieron a reinversiones de las utilidades obtenidas por el capital extranjero que opera en nuestro país; tampoco informan que en el mismo año 2012 salieron del país por concepto de repatriación de utilidades, 11.743 millones de dólares, cifra equivalente al 95.9% del citado monto de IED (véase Gráfico 1).Gráfico 1
La IED acumulada en el período 2003-2012 ---que incluye los años del boom de precios de las materias primas--- fue de 56.751 millones de dólares, y el monto de utilidades repatriadas durante el mismo período fue de 74.078 millones de dólares, es decir, 17.326 millones por encima del total de la IED. Además, 39.336 millones de dólares correspondieron a utilidades reinvertidas que se contabilizan como IED.
La IED aumentó 9.2 veces en nueve años: pasó de 1.335 millones de dólares en 2003 a 12.240 millones de dólares en 2012. En esos mismos nueve años las utilidades repatriadas aumentaron en 10.6 veces y las utilidades reinvertidasen 13 veces. Según la CEPAL «las empresas transnacionales repatrían a sus casas matrices una proporción de sus utilidades ligeramente superior (55%) a la que reinvierten en los países de la región donde fueron generadas (45%)». En Perú los porcentajes se ubican en 53% y 47%, respectivamente.
Además, según la CEPAL la rentabilidad del capital extranjero aumentó notablemente desde el año 2003, «debido al alza de precios de los productos básicos de exportación (para las empresas que exportan recursos naturales». Nuestro país destaca por haber sido la plaza con mayor rentabilidad durante el periodo 2007-2011. Según la CEPAL la tasa anual de rentabilidad promedio del stock de IED en nuestro país fue de aproximadamente 25%, casi 10 puntos por encima de la tasa de rentabilidad en Chile y más de 20 puntos respecto a la tasa de rentabilidad en México (véase Gráfico 2).
Gráfico 2
Efectos de la IED y de la repatriación de utilidades
La IED en nuestro país refuerza la especialización productiva debido a que se orienta fundamentalmente a la explotación de recursos naturales. La manufactura no constituye el sector más atractivo para la IED. Este tipo de especialización productiva mantiene el dominio de las exportaciones tradicionales (75% a 77% del total), reduce las posibilidades de diversificación productiva y, por lo tanto, la generación y multiplicación de empleos de calidad y bien remunerados. Tal como dijo la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, no hay «indicios muy claros de un aporte relevante de la IED a la generación de nuevos sectores o a la creación de actividades de alto contenido tecnológico, considerando que uno de los principales desafíos que enfrenta la región es un cambio en su estructura productiva».
El boom de precios de las materias primas fomenta el «rentismo» y el extractivismo en los grupos de poder económico y político. Este boom favorece al sector exportador tradicional y afecta a la industria manufacturera que compite con las importaciones. El fenómeno simultáneo de apreciación monetaria y de creciente influjo de divisas extranjeras, abarata las importaciones y fomenta la desindustrialización. Los grupos de poder que usufructúan de este boom exportador, refuerzan su dominio y bloquean la innovación y la diversificación. El extractivismo político y el extractivismo económico, o rentista, se refuerzan generando un círculo vicioso.
La orientación reprimarizadora de la IED, entonces, afecta la sostenibilidad del crecimiento futuro. La concentración de las exportaciones en productos primarios pone en permanente riesgo a la sostenibilidad del crecimiento, porque hace más dependiente a la economía de los shocks externos adversos. Pero no es la única causa. El alto crecimiento de las utilidades repatriadas de IED, como también lo señala la CEPAL, «tiende a neutralizar el efecto positivo que produce el ingreso de la inversión extranjera directa sobre la balanza de pagos». Tal como hemos señalado más arriba el monto de utilidades repatriadas durante 2003-2012 fue mucho mayor que el monto de las entradas de IED en el mismo período.
A modo de Conclusión
Sobre los efectos de la IED en el mercado de trabajo, la CEPAL, --«basándose en los empleos directos anunciados por los inversionistas para proyectos de ampliación de la capacidad productiva»-- dice: «Las actividades de comercio y de construcción son las que crean más empleo (siete puestos por cada millón de dólares de inversión), seguidas por la industria manufacturera y los servicios (tres puestos). Las actividades mineras (incluido el petróleo) crean un puesto de trabajo por cada dos millones de dólares. Desafortunadamente poco o nada hacen los gobiernos para mejorar la matriz productiva de nuestros países mediante gravámenes destinados a fondos de desarrollo agrícola e industrial.
Publicado en el diario La Primera, el sábado 18 de mayo
El carácter arcaico, fundamentalista e irracional de la reacción que protagonizó la derecha y sus medios ante la intención del gobierno de comprar los activos de Repsol en la Pampilla –hoy frustrada deshonrosamente--, se resume bien en las palabras que al respecto expresó el presidente de la Confiep, Alfonso García Miró: esto «me confirma –dijo-- la decisión política de interferir en un mercado donde trabajan los privados. Me queda claro que este será el comienzo de la transformación del Perú con un Estado avasallador, prepotente, autoritario, como en Cuba, Bolivia Venezuela y Argentina. Pero los peruanos nos defenderemos de esta gran amenaza».
El vergonzoso retroceso frente al fundamentalismo neoliberal
El presidente Humala dijo el 28 de mayo que la compra de Repsol «será vista con criterio técnico y que él solo defiende el interés nacional». Cuatro días después ---luego de la declaración de su esposa y también, según dicen, de las amenazas de renuncia del ministro Castilla---, la empresa Petroperú informó que tomó la decisión de no comprar los activos de Repsol, «luego de realizar una evaluación técnica, económica y financiera».
No hubo declaración del presidente. Él debió salir a informar al país, con datos y razones técnicas, sobre la decisión de su gobierno de no efectuar dicha compra. Como no lo hizo, apareció otra vez arrinconado por el fundamentalismo neoliberal. La primera vez fue cuando cedió el Banco Central y el MEF a los representantes de esta derecha. Ahora es vox populi que los que gobiernan son los fundamentalistas neoliberales y tienen a Luis Miguel Castilla Rubio como su más conspicuo representante.
Ismael Benavides, uno de los ministros de economía del gobierno de García dijo conocer bien a su ex-viceministro Castilla, asegurando que este no ha cambiado sus ideas con Humala. «Él tiene ideas consistentes --dijo. Ha dado la orientación económica a este gobierno cuando aún estaban dando vuelta los Burneo, Dancourt y Jiménez».
La ignorancia de personajes de derecha como Benavides, que han usufructuado del poder del Estado, es inverosímil. No saben que la institucionalidad de la política monetaria y fiscal que les permitió seguir en piloto automático, fue el resultado de las reformas que hicieron los Burneo, Dancourt, Jiménez, Schydlowsky y García Núñez.
El fundamentalismo neoliberal es enemigo de la democracia
La violencia mediática y su carácter monocorde que practica la derecha en nuestro país, es contraria a la democracia. No puede haber insultos y calumnias democráticas. Querer imponer la ideología del mercado libre como pensamiento único, es contrario a la democracia. Como dice Todorov en su libro Los enemigos íntimos de la democracia: «el primer enemigo de la democracia es la simplificación, que reduce lo plural a único y abre el camino a la desmesura».
La tendencia a contraponer el Estado y el Mercado, de afirmar que el mercado desregulado es intrínsecamente deseable y que la intervención del Estado es indeseable, es una postura ideológica incompatible con la realidad. Los economistas saben que hay «múltiples formas en que los mercados fallan» y que estas fallas producen problemas que adquieren un carácter público. Solo por este hecho, la economía y sus mercados ya requerirían de las políticas públicas. Los que piensan que el Estado debe reducirse al mínimo, y que todo lo demás (los mercados) debe ser absolutamente libre, creen que los problemas de inequidad, del exceso de opulencia, de exclusión, etc., encontrarán «solución por sí mismo». Pero no son consecuentes; pues cuando las crisis o las fallas de mercado afectan a los negocios privados, estos exigen que se socialice sus pérdidas.
Veamos un ejemplo. La crisis internacional de 1998-1999 provocó un salto cambiario que hizo quebrar a varios bancos privados que habían otorgado créditos en dólares, a personas y empresas que tenían ingresos en soles. El Estado tuvo que salir a rescatar al sistema financiero endeudándose por una suma cercana a los mil millones de dólares. Esta deuda la pagamos todos y, ciertamente, no fue asumida por los gremios privados.
Los fundamentalistas neoliberales creen que el desarrollo de nuestro país será el resultado de las fuerzas impersonales del mercado. Creen que el mercado «no hace nada mal», no genera externalidades negativas. Creen en el voluntarismo individual. Olvidan que en el mercado, en tanto es una institución social, existen relaciones de poder y asimetrías que generan desigualdades, exclusiones y conflictos sociales.
A modo de conclusión
«Las reformas que a finales del siglo XX impusieron dirigentes políticos como Thatcher, Reagan y Pinochet en sus respectivos Estados –dice Todorov--, están ahí para dar testimonio de esa actitud voluntarista. Lo mismo podría decirse de la famosa terapia de choque que se aplicó en los países de la Europa del Este después de la caída del muro de Berlín, y también de las intervenciones de los Estados occidentales durante la crisis económica de 2008-2009 para salvar los bancos privados. Ahora, mientras los beneficios siguen siendo individuales, los riesgos se socializan. Se trata de un neoliberalismo de Estado, una contradicción que hace dudar de la coherencia interna del proyecto».
Publicado en el diario La Primera, el sábado 11 de mayo.
Empresarios, políticos y periodistas de derecha siguen reaccionado airadamente contra la intención del gobierno de Ollanta Humala de adquirir para el Estado Peruano las acciones de Repsol en La Pampilla, la red de grifos y la planta envasadora de gas licuado. Ojalá que sus razones falaces y contradictorias, acompañadas de improperios, no le hagan retroceder al presidente. Los «cuasi-argumentos» de la derecha
Dicen que La Pampilla no es un negocio rentable, con lo cual también están diciendo que las inversiones que han hecho las AFP en esta refinería --tienen entre el 20% y 28% de las acciones— es poco menos que una malversación de los ahorros de sus afiliados.
«Este viraje tiene el nombre de La Gran Transformación», dicen los más profanos entre los que se encuentra el presidente de la Confiep. «Ollanta Humala quiere imponerle al país un programa por el cual los peruanos no votaron como la compra de los activos de Repsol por parte de Petroperú» --dice un congresista aprista. Pero seguro que este mismo congresista votó en 2006 por la Ley 28840 de fortalecimiento y modernización de Petroperú. De acuerdo con esta ley –que el actual gobierno demoró en reglamentarla--, Petroperú está facultado a desarrollar «actividades de Hidrocarburos en todas las fases de la industria y comercio del petróleo, incluyendo sus derivados, petroquímica básica y otras formas de energía».
«Ni La Gran Transformación ni un presidente mutante –dijo el congresista Fujimori-- va a echar a perder todo lo avanzado con el modelo económico de la Constitución del 93». Este congresista no sabe que el crecimiento económico actual es el resultado de los altos precios de los metales y que la estabilidad macroeconómica se debe a las reformas efectuadas en los años 2001-2003.
Por último, el ministro Castilla dijo que el gobierno no pretende «retomar las políticas desechadas de La Gran Transformación». Este ex-viceministro de hacienda de Alan García, le ha hecho creer al presidente que manteniendo el presupuesto de los programas sociales en 0.6% del PBI, se logra un crecimiento con inclusión social. Él sabe que la compra de los activos de Repsol no afectaría para nada al modelo neoliberal.
La seguridad energética y la autodeterminación nacional
El rechazo a las empresas estatales en áreas que en otros países se asumen como estratégicas, es decir, decisivas para el desarrollo y la autodeterminación nacional, es inverosímil. Casi todos los países de la región tienen empresas estatales. Por ejemplo, Chile y México, cuyos gobiernos comparten la ideología neoliberal de la derecha de nuestro país, tienen empresas estatales en el área de los hidrocarburos: ENAP y PEMEX.
¿Por qué un grupo empresarial peruano que rechaza la existencia de Petroperú se asoció con la empresa estatal petrolera Chilena ENAP, para comprar los grifos de Shell? De acuerdo con un amigo historiador, los intereses de gran parte de nuestras élites empresariales no coinciden necesariamente con los intereses nacionales, sino con los intereses de sus socios transnacionales. Por esta razón no entienden que comprando los activos de Repsol fortaleceríamos nuestra seguridad energética, al mismo tiempo que impediríamos que la estatal Chilena ENAP se haga de estos activos. Tienen un problema de identidad porque siempre han operado con ideas heterónomas. ¿Es acaso un tema ideológico afirmar que un país que no controla su energía no controla su futuro? Si Petroperú compra los activos de Repsol con participación privada –como dice el presidente— nuestros empresarios deberían asegurarse que sea con ellos, es decir, con el capital privado nacional.
El Estado regulador del mercado y promotor del desarrollo
La adquisición de los grifos de Repsol también permitiría la regulación de los precios de los combustibles. Estos son más caros en Perú que en Estados Unidos. Lo que es peor, los pecios se forman tomando en cuenta la paridad de importación del petróleo, bajo el supuesto que importamos el 100% del petróleo. La seguridad energética no sólo implica resguardar el abastecimiento de los combustibles, sino también que sus precios no sean de monopolio o de oligopolio, y que los combustibles que se venden no contaminen el medio ambiente.
Los mercados no se auto-regulan. En ellos operan grupos de poder generando externalidades negativas como la pobreza, el desempleo y el subempleo, la distribución desigual del ingreso, la degradación ecológica y los abusos de poder de dominio. Estos son problemas de interés público que deben ser enfrentados por el Estado. Pero por un Estado que «debe dejar de ser propiedad de unos pocos y pasar a servir a todos los peruanos»; por un Estado regulador y promotor del desarrollo.
A modo de conclusión
Es cierto que la estructura de poder que tiene el Estado, es una amenaza potencial de despotismo. Por eso el Estado regulador y promotor del desarrollo debe ser controlado democráticamente por una sociedad civil activa, debe rendir cuentas, y su intervención en la economía y sociedad debe ser eficiente, incorruptible y transparente. Y, para que ese Estado sea posible en nuestro país, los recursos naturales deben estar al servicio del interés nacional, en especial, los recursos energéticos. La autonomía nacional en las decisiones del gobierno y el fortalecimiento de la democracia, presuponen el abandono de la «heteronomía» ancestral que ha impedido desarrollarnos autónomamente. Publicado en el diario La Primera el sábado 4 de mayo
Mi artículo «La estructura productiva de Perú en el largo plazo» ha provocado varias reacciones. Destaca la de un economista neoliberal que sostiene que «el gran crecimiento de los servicios», ocurrido en el período reciente, se «debe a cambios radicales en competitividad que le han dando a la economía una nueva fuente de crecimiento». A diferencia de antes, hoy ---dice--- «no estamos embarcándonos en proyectos fallidos». El propósito de este artículo es mostrarle a todos los que piensan como este economista, que el crecimiento económico actual no se basa en la productividad.
Estructura productiva y estilo de crecimiento
En la estructura productiva de la economía peruana predominan los sectores terciarios (comercio y servicios) y la construcción, todos de baja productividad. Hay desempleo disfrazado (alto subempleo e informalidad) y la capacidad de compra de los salarios tiene poca importancia para el crecimiento económico. La agricultura es de bajísima productividad y ha perdido peso en la generación del PBI.
El desempleo y subempleo siguen siendo originados por la «escasez» de stock de capital con relación al trabajo, y por un desarrollo tecnológico que se concentra en reducidas actividades económicas que tienen poca capacidad de difusión, como es el caso de la minería y de algunos servicios. El grueso de la PEA ocupada no calificada y de baja productividad ya no se concentra en el sector agrícola, sino en los sectores comercio, servicios y construcción. La economía crece con salarios reales estancados, no requiere de aumentos sostenidos en el número de mano de obra calificada, y las presiones inflacionarias que genera un incremento de la demanda se neutralizan con importaciones.
La fuerte penetración de importaciones y la apreciación cambiaria están, además, acentuado el escaso desarrollo industrial manufacturero del país. Con las políticas neoliberales, la economía se ha hecho más dependiente de bienes de inversión importados que reproducen una estructura productiva funcional al modelo de crecimiento primario exportador dependiente de los mercados externos. La economía crece descuidando a la industria y a la agricultura, y a los mercados internos, mientras privilegia la vinculación a la economía internacional con la exportación primaria y de productos con bajo procesamiento tecnológico.
En este tipo de economía, la creación de empleos demanda muy poco equipamiento de capital por trabajador, y no requiere trabajadores con altos niveles de calificación. Este es el caso de la construcción, del comercio y de la gran variedad de los servicios, que concentran el empleo de baja calificación y son de baja productividad, pero lideran el crecimiento.
Los cambios en la productividad de los sectores
El crecimiento de los sectores terciarios no se explica, entonces, por cambios importantes en la productividad y, por lo tanto, en su competitividad. La contribución de estos sectores al crecimiento de la productividad puede verse en mi artículo «Empleo y mercado interno en el modelo neoliberal: Una nueva hipótesis sobre el subdesarrollo», publicado en Garavito y Muñoz (eds.), Empleo y Protección Social, Fondo Editorial, PUCP, 2012.
En 1993-2010 ---prescindimos de 1976-1992 que tiene varios episodios de crisis---, el crecimiento de la productividad se desacelera. Mientras en 1950-1975 ---que incorpora los años de industrialización sustitutiva de importaciones--- la productividad crecía a una tasa promedio anual de 3.0%, en 1993-2010 lo hace sólo a la tasa promedio anual de 1.8%.
Para comparar lo que ocurre en los períodos 1950-1975 y 1993-2010, descomponemos la tasa de crecimiento de la productividad media, en dos efectos: a) el efecto crecimiento de la productividad sectorial; y, b) el efecto reasignación del empleo entre sectores.
Durante 1950-1975 la manufactura, el comercio y los servicios explican el 93.1% del crecimiento de la productividad media. Esta productividad crece básicamente porque crece la productividad de estos tres sectores: explican el 88.5% del efecto crecimiento, y este efecto explica, a su vez, el 75.5% del aumento de la productividad de la economía. Durante 1993-2010, el comercio y los servicios son responsables del 60.5% de la desaceleración del crecimiento de la productividad. Además, en estos sectores, el efecto reasignación del trabajo sobre el crecimiento de la productividad, es mayor. Son los que, junto al sector construcción, aumentan su participación en el empleo total.
En ambos períodos el efecto reasignación del trabajo en el sector Agricultura, fue negativo. Su participación en la PEA ocupada se reduce a medida que pasa el tiempo. Lo mismo ocurre en el sector Minería, pero solo en 1950-1975. En el período 1993-2010, el efecto reasignación del trabajo tiene signo negativo en la manufactura: su participación en la PEA ocupada se reduce. Los efectos reasignación negativos, en ambos períodos, se traducen en aumentos de la participación del comercio y los servicios en la PEA ocupada.
A modo de conclusión
Las políticas y reformas neoliberales de las últimas dos décadas, cambiaron la estructura productiva del país a favor de sectores no transables (comercio, servicios y construcción) y sectores de extracción de recursos con alta renta natural. Se terciarizó y reprimarizó la economía, y se implementó un modelo pro exportador sobre la base de una competitividad espuria de reducción de costos unitarios de producción mediante el abaratamiento de la mano de obra.
Publicado en el diario La Primera, el sábado 27 de abril.
Hay economistas y analistas aficionados a la economía que, a propósito del notable crecimiento económico de los últimos años, hablan de un «milagro peruano». Lo dicen no porque sea un resultado de la buena suerte, sino porque, en un país acostumbrado a las «malas políticas», perciben como un milagro que se estén aplicando buenas políticas macroeconómicas de manera sostenida. Lo curioso es que entre estas políticas mezclan, junto a la fiscal y monetaria, la flexibilidad cambiaria. Es curioso porque no reparan en los efectos anti-industriales de la apreciación cambiaria originada, en parte, por el continuo influjo de capital internacional, ni toman en cuenta la histórica restricción externa al crecimiento de largo plazo de nuestra economía. La restricción externa
Los ciclos económicos en Perú están asociados a los ciclos de la economía internacional y/o a los ciclos de los precios de los minerales. Hay bastante evidencia empírica sobre este hecho. Por eso no es una novedad el alto crecimiento reciente. En los años sesenta crecimos por varios años, incluso a tasas más altas.
Tampoco es nuevo que el crecimiento actual sea acompañado por un vector de exportaciones dominado por los productos tradicionales, entre los cuales destacan los minerales. A comienzos de este siglo, estos productos representaban el 72% del total exportado y en los últimos tres años alcanzaron un promedio de 76.8%. No hay cambios significativos a favor de las exportaciones no-tradicionales.
Lo que sí es nuevo, es la notable penetración de importaciones que ha sufrido nuestra economía en las últimas décadas. No solo importamos más de lo que producen juntos la agricultura y la manufactura, sino que la propensión media a importar ---el ratio de importaciones a demanda interna--, se ha más que duplicado: de 10.2% en 1987 se pasó a 18.4% en 1997 y a 22.6% en 2008, todos años-pico del ciclo económico. En el año 2012 ésta propensión registra el valor de 21.9%. Aumentó significativamente, por lo tanto, la elasticidad de las importaciones respecto a demanda interna. En el período 1957-1975, que incluye los años de auge de una industria adicta a importaciones, la elasticidad era de 1.2; y, en el período 1990-2012, años de dominio de las políticas neoliberales, subió a 2.33.
El crecimiento espectacular de las importaciones originado por las políticas neoliberales, está conspirando contra el superávit comercial asociado a los todavía altos precios de los metales. Este superávit ya muestra una tendencia a la reducción: fue equivalente a un promedio de 4.9% del PBI en el años 2010-2011, y se redujo a 2.3% del PBI en el año 2012. Es importante señalar, además, que desde la segunda mitad del año 2011, hay una tendencia decreciente de las exportaciones. En febrero de este año comparado con el mismo mes del año 2011, las exportaciones se redujeron en 20.9% y las exportaciones tradicionales cayeron en 25%. En el mismo período las importaciones totales crecieron 11%. Esto significa que se está reduciendo el estímulo al crecimiento por el lado de boom de los precios de los commodities.
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Podemos afirmar, entonces, que las políticas que desregularon los mercados y el sector externo de la economía, han acentuado la restricción de la balanza de pagos al crecimiento de largo plazo de la economía.
La descomposición del crecimiento económico
El deterioro del sector externo no es resultado sólo de la desregulación neoliberal y de las rebajas arancelarias contempladas en el TLC firmado con China, sino también de la caída sistemática del tipo de cambio real desde el primer mes del segundo gobierno de Alan García, y del impulso al crecimiento mediante la expansión de la demanda interna para contrarrestar los efectos de la desaceleración de la economía internacional.
La expansión de la demanda interna no sólo produce un aumento significativo de las importaciones, sino también un efecto sustitución negativo, es decir, una pérdida de mercado interno. Entre el 2006 y el 2012 se perdió mercado en un promedio equivalente a un punto porcentual del crecimiento del PBI. Este crecimiento fue de 6.9% promedio anual. Además de la pérdida de mercado, el coeficiente de exportaciones a producto se redujo de 20.5% en 2006 a 17.7% en 2012, revirtiéndose así su tendencia creciente que alcanzó un máximo (21.9%) en 2005.
Si se compara la estructura del crecimiento económico durante 2006-2012, con la estructura del crecimiento durante 2001-2006, es notorio que en el primer periodo se exacerba la penetración de las importaciones en el mercado interno, al mismo tiempo que cambia la tendencia del coeficiente de exportaciones. Por otro lado, solo en el período 2006-2012 la demanda externa afecta al crecimiento del PBI: lo reduce en 1.28 puntos porcentuales.
A modo de conclusión
Cuando la matriz productiva de una economía es poco diversificada, el impulso al crecimiento económico mediante la expansión de la demanda interna, impacta negativamente sobre su sector externo. Parte importante de este impulso se va a importaciones. El gasto de inversión tiene un alto componente importado que ha crecido con la desregulación neoliberal. En el año 1997 las importaciones de insumos y bienes de capital constituían el 54.1% de la inversión privada; este porcentaje subió a 86.4% en el año 2011. Hemos corrido demasiado para permanecer en el mismo sitio, como en el país de la Reina en «Alicia a través del espejo» de Lewis Carroll. Publicado en el diario La Primera, el sábado 20 de abril.
Martín Tanaka dice «no sabemos guardar pan para mayo», en su comentando sobre el artículo de Bruno Seminario y Nikolai Alva, «El PIB, tres siglos pasados y media centuria venidera». Este artículo es parte del reciente libro Visiones del Perú en 50 años, editado por Bruno Seminario, Cynthia Sanborn y Nikolai Alva.
Tanaka se sorprende que el producto per cápita del Reino Unido haya pasado de ser 2.4 veces el producto per cápita de Perú en 1700 a 4.1 veces en 2010, no obstante que Perú registrara tasas de crecimiento mayores a las del Reino Unido en gran parte de los años de los últimos tres siglos.
La explicación de Tanaka
Esta divergencia o paradoja, según Tanaka, se entiende «por el fuerte carácter “pendular” de nuestra economía». Períodos de crisis intensos y prolongados –dice-- hacen que se pierdan los «periodos de bonanza que nos hubieran permitido “ponernos al día” con otros países». Luego de mencionar también la divergencia con Chile, Tanaka sentencia «tenemos históricamente la capacidad, habilidad, recursos, para aprovechar momentos de bonanza, pero no sabemos “guardar pan para mayo” ni evitar desplomes futuros».
Lo que Tanaka no entiende es que muchas de estas divergencias se explican no tanto porque «no sabemos guardar pan para mayo», sino porque desde la colonia los ciclos económicos de Perú han seguido a los ciclos de los precios de las materias primas y del mercado internacional. Además, como sucede ahora, los períodos de auge han sido acompañados por salidas de capital mayores que las entradas por inversiones extranjeras. Por ejemplo, durante 2006-2012, período en el que PBI crece a la tasa promedio anual de 6.9%, los capitales extranjeros expatriaron 66 mil 369 millones de dólares de utilidades y solo ingresaron como inversión extranjera directa 52 mil 239 millones de dólares, de los cuales 34 mil 111 millones dólares constituyen reinversiones.
Por lo tanto, sólo tiene un sentido figurado la afirmación de Seminario y Alva, que Perú podría tener en 2062 un producto per cápita similar al de un país desarrollado, si la tendencia de crecimiento actual siguiera sin interrupciones. Cuando el crecimiento económico es dependiente de factores externos, como ocurre actualmente, estamos condenados a «correr como caballo y parar como borrico».
Tasas de crecimiento similares, por ejemplo, entre dos países, no pueden conducir al mismo resultado en términos de producto per cápita y oportunidades de empleo, cuando uno de ellos lo hace industrializándose y el otro lo hace exportando materias primas. En las depresiones, el primero, a diferencia del segundo, pierde muy poco de lo que «ganó» en los períodos de auge.
Estructura productiva y estilo de crecimiento
Las instituciones económicas de nuestro país se han caracterizado por la fácil extracción de rentas y por ser contrarias a la innovación y, por lo tanto, a la diversificación productiva. Al respecto, no es casual que Seminario y Alva mencionen, por ejemplo, «la gran expansión industrial británica durante el siglo XIX». El extractivismo político y económico en nuestro país, ha sido prácticamente una constante desde la colonia.
Según información de un trabajo más extenso de Seminario, el PBI de Perú en 1795 tenía la siguiente composición: Agro 45.2%, Industria 10.8%, Servicios 35.5% y Minería 8.5%. Cerca de siglo y medio después --según el artículo de R. A. Ferrero «La Realidad Económica del Perú», publicado en marzo de 1943 en «El Trimestre Económico»--, la composición del PBI no había variado de manera significativa: Agro 34.4%, Industria 11%, Servicios 33.3% y Minería 19.3%. Así, al inicio de la segunda mitad del siglo XX, la estructura productiva de Perú seguía siendo fundamentalmente agrícola y de servicios, con un sector minero que variaba su participación de acuerdo al ciclo del mercado internacional. En esos dos sectores tradicionales se encontraba el 81% de la PEA ocupada y sólo el 1.8% del empleo le correspondía a la Minería.
Los teóricos del desarrollo de los años cuarenta y cincuenta se referían a esta estructura productiva como característica del subdesarrollo. Lo que ocurrió después ya no aparece en las discusiones sobre la definición del subdesarrollo. La literatura económica dominante ha pasado a denominar a países como el nuestro como pertenecientes a «economías de mercados emergentes».
A modo de conclusión: la nueva característica del subdesarrollo
La estructura productiva de la economía peruana de los años 2001-2011, sigue siendo tradicional y de baja productividad: el 84.7% de la PEA ocupada se encuentra en los sectores Agrícola (30.7%) y de Servicios (54.0%), y en estos dos sectores se encuentra el grueso de las empresas de «1 a 10 trabajadores» de baja productividad y bajos ingresos. Pero, lo que ha cambiado notoriamente es la participación de estos dos sectores en la generación del PBI: la del Agro ha bajado a 8.5% y la de los Servicios ha subido a 64.9%, que en total representan el 73.4% del PBI. Por otro lado, la ubicación relativa de la Industria no ha variado mucho: emplea al 10.4% de la PEA ocupada y explica el 15.1% del PBI. Por su parte, la Minería sigue dominando en las exportaciones, pero participando con muy poco en la generación de empleo y del PBI. En consecuencia, para crecer sobre la base de la productividad, hay que desarrollar mercados internos desarrollando la industria y la agricultura. Ferrero decía que industrializarse «es una necesidad vital». Es la mejor ruta que la primario-exportadora –reiteramos-- para elevar el nivel de vida de la población.
Publicado en el diario La Primera, el sábado 13 d abril.
El año 2012 terminó con un crecimiento del PBI de 6.3%. En los últimos ocho años el PBI ha crecido a una tasa promedio anual de 6.98%. Este crecimiento sostenido se produjo en un entorno macroeconómico de baja inflación. Por eso, políticos y economistas con poco conocimiento de la historia económica y de las teorías del crecimiento y del desarrollo, consideran que este desempeño del PBI ha sido el mejor de la historia contemporánea de nuestro país. Llegan incluso a afirmar que este desempeño ha sido el resultado de la aplicación de «buenas políticas» y no de la «suerte de haber contado con un contexto externo con precios de los minerales muy altos.
El estilo de crecimiento actual
Para empezar, como ya lo hemos dicho en otra oportunidad, el período 1959-1967 es otro período de alto crecimiento económico. El PBI crece en esos ocho años a la tasa promedio anual de 7.2%. Pero, como veremos más adelante, el estilo de crecimiento actual es totalmente diferente: es menos industrial y más dependiente de importaciones. El neoliberalismo ha consolidado una estructura productiva de servicios de baja productividad y primario exportadora.
El impulso del crecimiento proviene de los altos precios de los minerales y es liderado por los sectores de producción de no transables: Comercio, Servicios y Construcción. Como puede verse en el Gráfico 1, estos sectores, junto con el de Hidrocarburos, crecen en los últimos doce años por encima del PBI. La Manufactura y la Agricultura, sectores fundamentales para la diversificación productiva, se rezagan. Como crecen menos, pierden peso en la estructura del PBI.
Este cambio estructural provocado por las políticas neoliberales comienza en los años de la década de los noventa. En el Gráfico 2 se puede apreciar que el liderazgo del crecimiento lo tienen los sectores de Minería metálica y Construcción. Son años de bajo crecimiento económico: el PBI crece de 1990 al 2000 a una tasa promedio anual de 3.97%. Entre el 2000 y el 2012, la tasa de crecimiento promedio anual del PBI fue de 5.82%.
En resumen, las políticas neoliberales han consolidado una estructura productiva poco diversificada y donde la producción de los sectores Comercio, Servicios y Construcción representa el 70.5% del PBI. Cerca del 60% de los trabajadores están empleados en estos sectores que, en general, son de baja productividad. Este tipo de trabajadores de baja calificación y productividad aumenta al 88.1% del total, si se incluye al sector Agricultura, que sigue siendo fundamentalmente tradicional. El milagro económico, entonces, corresponde a un estilo de crecimiento basado en exportaciones primarias y en la producción de no transables de baja productividad; y, su impulso proviene de una demanda externa que todavía mantiene a los precios de los minerales en niveles históricamente muy altos.
Desindustrialización y dependencia de importaciones El crecimiento del período 1959-1967 fue liderado por la manufactura que se expandió sustituyendo importaciones. En el año 1970, luego de ese intenso proceso sustitutivo, el total de importaciones representaba el 34.4% de la producción manufacturera. Este porcentaje subió a 54.9% en 1974 y durante los años del neoliberalismo esta relación cambió notablemente: en el año 1997 el total de importaciones equivalía al 92.3% de la producción manufacturera y en el año 2005 este porcentaje se elevó a 101%. En la actualidad, según cifras preliminares del INEI, el total de importaciones se aproxima al 140% del valor de la producción manufacturera. Peor aún, el valor de las importaciones es mayor que el valor conjunto de la producción agrícola y manufacturera.
El neoliberalismo nos ha hecho mucho más dependientes de importaciones que en los años en los que floreció la «teoría de la dependencia». Se ha producido en estas últimas dos décadas un proceso inverso al de la sustitución de importaciones de los años sesenta, proceso que se ha acentuado con la continua apreciación de la moneda local desde el inicio del segundo gobierno de Alan García.
La sostenida apreciación del sol, nos ha hecho perder competitividad con nuestros principales socios comerciales de la región latinoamericana, como se muestra en el cuadro siguiente.
A modo de conclusión«Los países no se especializan, los países se diversifican». Esta es la recomendación de una buena política económica que ninguno de los últimos gobiernos ha puesto en práctica. Sin el impulso de la industrialización y del desarrollo agrícola no habrá empleo digno ni crecimiento basado en la productividad. Sin industrialización tampoco será posible superar la restricción externa que hoy se ha acentuado. Además, si no nos industrializamos, seguiremos participando como productores de materias primas en comercio internacional. Como país minero que no aprovecha sus ventajas para industrializarse, seguiremos por la ruta del extractivismo y no de la inclusión social.
Publicado en el diario La Primera, el sábado 6 de abril.
La supuesta oposición entre la libertad y la igualdad es parte del discurso polarizador patrocinado por la oligarquía de nuestro país. La derecha liberal se considera el adalid de la libertad y utiliza el argumento de «igualdad ante la ley» como criterio de existencia de la libertad. En el plan LGT no hay oposición entre la libertad y la igualdad. No hay libertad si no hay condiciones materiales para que ella exista; por lo tanto, se hace énfasis en la generación de estas condiciones. El fortalecimiento de la democracia y la vigencia de la libertad, son sus objetivos. Transformar el Estado es una apuesta por la libertad
Las políticas de desregulación de los mercados han reducido el espacio de las políticas públicas y con ello el ejercicio de la libertad. La concentración de la riqueza en pocas manos y la creciente desigualdad en la distribución funcional de los ingresos, limitan la libertad porque generan pobreza y exclusión. La precarización del empleo y de los ingresos, las pensiones de jubilación inciertas, la privatización de los servicios públicos, el deterioro de los servicios de educación y salud, el estancamiento de los salarios reales y el subempleo, han deteriorado las condiciones materiales de existencia de las grandes mayorías y, con ello, su independencia y libertad. Los que menos tienen o no tienen nada, pierden autoestima y autonomía, y su existencia material depende del arbitrio del Estado neoliberal y de su capacidad de financiamiento de las políticas sociales.
El Estado neoliberal ha perdido soberanía frente a los grupos de poder económico. Su afán por atraer inversiones extranjeras le impide reformar el sistema tributario para hacerlo más progresivo y le obliga a promover «la desnacionalización de los recursos con concesiones que afectan al interés nacional y sin rigurosos estudios de impacto ambiental de las inversiones mineras». Así, el Estado neoliberal conspira contra la libertad de los ciudadanos y aplica políticas sociales sólo como mecanismo de atenuación de los conflictos y de compensación de los costos sociales que genera. Transformar el Estado neoliberal es también, por eso, una apuesta por la inclusión y, por lo tanto, la libertad.
En el plan LGT se plantea luchar contra la pobreza y, en general, contra la precarización de las condiciones materiales de existencia de las grandes mayorías; pero, también, contra las asimetrías de poder económico. La concentración de este poder en pocas manos, constituye una auténtica amenaza a la libertad y a la democracia republicana. Con este fin se propone, en primer lugar, transformar al Estado para hacerlo «promotor del desarrollo, regulador de la economía y proveedor de servicios sociales básicos (educación, salud, justicia, seguridad social, agua y desagüe), con políticas públicas que tengan alcance universal»; y, en segundo lugar, cambiar el actual modelo económico rentista y primario exportador.
De la especialización productiva a la diversificación
El neoliberalismo, además de reducir el espacio de las políticas públicas, ha propiciado el dominio del capital transnacional orientado principalmente a la explotación de los recursos minerales y energéticos con mercados externos relativamente seguros, y hacia actividades de servicios de alta tecnología con mercados internos cautivos (como la telefonía). El resultado ha sido la consolidación de un modelo económico rentista, primario exportador, y el descuido del desarrollo de la agricultura y de la industria manufacturera.
Para pasar de la especialización primario exportadora a la industrialización y diversificación productiva, según el plan LGT, primero se tiene que «recuperar nuestro derecho preferencial a la gestión, explotación y usufructo de los recursos naturales del país, en especial de las fuentes de energía. Una nación que no controla sus fuentes de energía no controla su futuro». Esta es la condición necesaria para la diversificación productiva, es decir, para iniciar el proceso de crecimiento económico diversificado, liderado por la industria manufacturera y la agricultura, sectores sin los cuales es imposible generar y multiplicar puestos de trabajo estables y con ingresos dignos.
La industrialización y diversificación productiva es un proceso que acompaña a la expansión de los mercados internos mediante inversiones en infraestructura, en educación y capacitación, en ciencia y tecnología, y con el desarrollo del mercado de capitales en soles para financiar las inversiones privadas nacionales. Como se dice en el plan LGT, «el trato prioritario a la inversión privada nacional y un Estado promotor del desarrollo y regulador de la economía constituyen la base para institucionalizar el circuito nacional de generación de demanda e ingresos». Todo esto, sin embargo, supone cambiar de raíz las instituciones políticas extractivistas que son las que conspiran contra el desarrollo inclusivo y la libertad republicana.
A modo de conclusión
La intervención del Estado invirtiendo en infraestructura, definiendo políticas de ciencia y tecnología, regulando los mercados, controlando el flujo de capitales para asegurar un tipo de cambio estable y competitivo, financiando servicios sociales universales, etc., no tiene por qué afectar la libertad de los ciudadanos. La democracia republicana que se propone en el plan LGT no solo garantiza esta libertad sino también la existencia de mecanismos de participación de los ciudadanos en las decisiones del Estado.
Publicado en el diario La Primera, el sábado 23 de marzo.
Uno de los notables errores que ha cometido cierta izquierda en nuestro país, es difundir la idea que desarrollar mercados es una tarea de «derecha». Por ejemplo, sobre nuestra propuesta de desarrollo de una «economía nacional de mercado» varios «izquierdistas» reaccionaron afirmando: «¡claro que es de derecha, así como su Gran Transformación!». Regalarle el «mercado» a la derecha ha conducido a varias confusiones. Primero, a creer que la izquierda está contra el «mercado» y que la derecha lo defiende con su propuesta de un Estado neutral. Segundo, que la izquierda es estatista y contraria a la propiedad privada y que la derecha es la defensora de este tipo de propiedad.
Desarrollar mercados para transformar la sociedad
Las izquierdas ahora se interesan por el individuo y la democracia, y también por la libertad y los derechos fundamentales de las personas. Pero les falta incorporar la idea del mercado como institución social; que el mercado puede ser también un instrumento de transformación económica y social. Desarrollar mercados internos a lo largo y ancho del país, contribuiría, por ejemplo, a eliminar la exclusión y la marginalidad de las poblaciones de la sierra y de la selva, y de las poblaciones de la periferia urbana. El mercado puede constituirse en un instrumento integrador y de desarrollo social inclusivo.
La transformación de la sociedad no puede hacerse excluyendo al mercado. Es posible desarrollar un economía de mercado donde los intercambios de bienes y servicios entre los individuos sean «justos»; que asegure que todos los individuos lleven en el «bolsillo su conexión con la sociedad»; que sea regulada para que las asimetrías de poder no limiten la competencia y la innovación; que dé lugar al desarrollo de instituciones económicas inclusivas; y, que genere las condiciones materiales para el ejercicio de la libertad de los individuos. Pero todo esto requiere la intervención del Estado. Sin intervención no hay mercado regulado. El mercado como institución social es, pues, resultado de una acción política. Hay acciones que se orientan a la defensa de las asimetrías de poder, a la defensa de instituciones económicas extractivistas; y, ciertamente, puede haber acciones que se orienten a la defensa de los intereses del conjunto de la sociedad o de la nación. El plan LGT es una propuesta de este segundo tipo de acciones.
Por otro lado, en el plan LGT, no hay oposición entre la libertad y la igualdad. No hay libertad si no hay condiciones materiales para que ella exista; por esta razón, no se puede luchar por la igualdad sacrificando la libertad. Una izquierda nueva debe basar su existencia en su compromiso con la libertad y democracia republicanas. La construcción de un mercado sin grandes desigualdades y asimetrías de poder, ayuda a la conquista de esta libertad y democracia.
¿Cómo se construye una economía nacional de mercado?
En el plan LGT se responde: «Primero, promoviendo la eclosión de la capacidad empresarial nacional y de los mercados internos; segundo, desarrollando instituciones y espacios de política para generar de manera estable demanda interna e ingresos, vinculando el corto con el largo plazo; y, tercero, con un nuevo contrato social que asegure la democracia republicana».
Desarrollar capacidad empresarial nacional supone enfrentar las restricciones que enfrenta la inversión privada asociada a ella. «En primer lugar, el reducido tamaño y poca diversidad de los mercados internos; en segundo lugar, la limitación de financiamiento de mediano y largo plazo; y, en tercer lugar, la limitación de capital humano y tecnología». La superación de estas restricciones debe conducir a «centrar el circuito de generación de demanda e ingresos dentro del territorio nacional» y, por lo tanto, a reducir la dependencia de los mercados externos, sin cerrar la economía y diversificando su aparato productivo.
Por su parte, el circuito nacional de demanda e ingresos, exige «conectar la administración del ciclo de la demanda con el crecimiento y las transformaciones estructurales». «La condición necesaria para construir este circuito es eliminar las restricciones que impiden que la inversión privada nacional se expanda» y «la administración del ciclo debe ser funcional a este objetivo de largo plazo». Entre las políticas de corto plazo se proponen: uso de la tasa de interés para administrar el ciclo de la demanda agregada (en especial, de la inversión privada nacional); mejorar la eficiencia de esta política y hacer sostenible la política fiscal desarrollando el mercado de capitales en soles; política fiscal con regla contra cíclica; controlar el flujo internacional de capitales; y, asegurar un tipo de cambio real estable y competitivo. Finalmente, se propone restablecer el salario mínimo como instrumento de política de ingresos e introducir estándares laborales decentes, el derecho a la libre sindicalización y un sistema de protección social universal. A modo de conclusión
«Cambiar la estrategia de desarrollo neoliberal por otra que implique la construcción de una economía nacional de mercado –se dice en el plan LGT-- requiere un nuevo entorno político y social, una nueva coalición de poder, que asegure la construcción de la Nación y la práctica de una democracia republicana. No hay otra manera de centrar la generación del circuito de demanda e ingresos en el interior del país y en beneficio de toda la población».
Publicado en el diario La Primera el sábado 16 de marzo.
En el plan LGT no hay oposición entre el Estado y el desarrollo de la economía de mercado. El Estado debe ser libre de captura por los grupos de poder económico y los ciudadanos deben ser libres de dominación social. Sin embargo, como no se puede concebir la libertad fuera del contexto de «relaciones e instituciones sociales», hay que partir del reconocimiento del carácter «políticamente no neutral de la vida social». Por eso, a diferencia de los liberales y neoliberales, sostenemos que los individuos de la sociedad no disfrutan «igualmente un conjunto de derechos», sino que interactúan en un espacio con «asimetrías de poder». Por lo tanto, la libertad tiene un carácter socialmente endógeno: hay que conquistarla, hay que hacerla posible construyendo instituciones inclusivas. El papel social del Estado republicano
Las relaciones e instituciones sociales se construyen. Es posible, por lo tanto, construir una sociedad sin grandes asimetrías de poder y generando las condiciones materiales para una «existencia social autónoma de los individuos o libres de dominación social». En el plan LGT se propone instaurar un Estado con deberes públicos, ejercidos por autoridades legítimas. Un deber público fundamental de este Estado es, entonces, «erradicar las causas de la dominación social». Tiene que impedir, por ejemplo, que los recursos que permiten el acceso a la propiedad se concentren en pocas manos, generando marginación y exclusión social.
Sin embargo, como este Estado, de acuerdo a la concepción de la democracia, se rige por la voluntad general de los integrantes de toda la comunidad política, tienen que existir canales adecuados para el ejercicio del control de las instituciones por parte de los ciudadanos. El objetivo de erradicación de la dominación social por el bien del conjunto de la sociedad, no es compatible con un Estado detentado y usufructuado por grupos de poder que luego convierten «el orden social en una oligarquía o en una tiranía plutocrática». La institución política del Estado y su aparato gubernamental, no pueden convertirse en espacios de dominios de poder de grupos que los utilizan para su propio beneficio. El mercado es una institución social
En el plan LGT el mercado es concebido como una institución social. El mercado, o los mercados, de las economía capitalistas, son evidentes escenarios de asimetrías de poder y, por ello, fuentes de conflicto. El neoliberalismo ha exacerbado estas asimetrías: ha acrecentado la desigualdad en la distribución de los ingresos y recursos, al oponerse al papel regulador del Estado con políticas orientadas a desmantelar los estándares regulatorios en casi todos los mercados.
Los mercados de las economía capitalistas han dado lugar, pues, a la aparición de marginados o excluidos de la «vida social». «El hombre lleva su nexo con la sociedad en el bolsillo», decía el joven Marx. Los menesterosos, los pobres, los desdichados, es decir, los que no tienen dinero en el «bolsillo», son los desconectados con la «sociedad». Y los que tienen esa conexión, han convertido las relaciones entre las personas en relaciones alienadas, intermediadas por cosas.
Pero los mercados como institución social pueden cambiar de naturaleza. Pueden ser rediseñados y regulados de tal manera que no hayan grupos de poder que lo utilicen para su propio beneficio, desapareciendo así las causas de la dominación social. Los mercados pueden operar reproduciendo y fortaleciendo la independencia material de todos los individuos de la sociedad y, en consecuencia, la inclusión social. Se puede cambiar su actual diseño que favorece a los grupos de poder, internos y externos, para que sus beneficios de una asignación descentralizada de bienes y recursos, «no erosione la posición social de los individuos como actores económicos libres».
Este planteamiento Smithiano tiene que ser rescatado por las izquierdas. El mercado –que también es usado por las derechas, como dice Casassas-- «puede alimentar el encuentro entre individuos libres y civilmente independientes, encuentros que pueden asegurar: el mejoramiento de las condiciones de vida que todo ser humano aspira y que este mejoramiento material ocurra en una comunidad plural, diversa y en ningún caso en una sociedad socialmente fracturada». La mano invisible de Smith «guía a la sociedad hacia la máxima libertad y felicidad cuando la comunidad es una sociedad de individuos libres e iguales».
A modo de conclusión
En el plan LGT se dice que «cambiar la estrategia de desarrollo neoliberal por otra que implique la construcción de una economía nacional de mercado, requiere un nuevo entorno político y social, una nueva coalición de poder, que asegure la construcción de la Nación y la práctica de una democracia republicana». Como dijimos desde el inicio de esta serie, en el «contexto político» se configuran las instituciones económicas. Por lo tanto, para transformar el país desarrollando mercados, teníamos que advertir que era y es necesario partir de la identificación de quién o quienes detentan ahora el poder del Estado. Una nueva coalición de poder que construya legítimamente instituciones políticas inclusivas, puede dar lugar a la generación de instituciones económicas también inclusivas, y dar inicio de este modo al círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo.
Publicado en el diario La Primera, el sábado 09 de marzo
La democracia republicana no puede ser compatible con el totalitarismo. La critica a la democracia y al Estado existentes en nuestro país --que se hace en el plan LGT--, descubre una crisis de efectividad o de legitimidad de esa democracia y de ese Estado; una distancia entre la «teoría y la praxis» que el neoliberalismo acentuó en las últimas décadas. Esta práctica de la impostura fue también la que finalmente provocó el derrumbe de los regímenes totalitarios que se reclamaban «gobierno de la clase obrera». Por lo tanto, la propuesta de una democracia republicana en el plan LGT, apunta no solo a la eliminación del control del gobierno y el Estado de nuestro país por los grupos de poder económico que el neoliberalismo reforzó, sino también a la transformación del Estado para hacerlo más democrático y republicano, es decir, sujeto al control ciudadano. La crítica al Estado real o actual
En el plan LGT decimos que «la democracia es débil e incompleta porque esta acosada permanentemente por poderes fácticos, tanto nacionales como internacionales, quienes a través de canales y mecanismos no institucionales ejercen niveles de incidencia pública y política, fijan las agendas políticas, organizan a la opinión publica y alcanzan niveles de participación privilegiada en la toma de decisiones y ejercicio de poder».
«Décadas de militarismo y de gobiernos civiles escasamente reformistas menoscabaron el desarrollo democrático del país y la consolidación de una sociedad igualitaria y de una cultura ciudadana como fundamento de una convivencia pacífica. Este ejercicio antidemocrático del poder impidió el desarrollo de ciudadanos, hombres y mujeres libres, y el surgimiento de un Estado democrático y nacional representativo». Este Estado «fue débil y represor internamente mientras era obsecuente con las potencias extranjeras. Por eso el Perú sigue siendo hasta ahora una nación en formación. Concluir su construcción es la principal tarea de todos los peruanos».
El neoliberalismo ha hecho evidente la carencia de un Estado que represente e incluya a todos los peruanos. Además, su propuesta de reforma del Estado «se ha concentrado casi exclusivamente en los circuitos por los que discurren los intereses de las grandes empresas y de un reducido grupo de individuos que hoy maneja el país». Por esta razón, los poderes del Estado,Ejecutivo, Judicial y Legislativo, siguen en «una profunda crisis que se manifiesta no solo en una creciente pérdida de legitimidad sino también en un mayor desinterés por las condiciones de vida de los pueblos indígenas y nativos, de los más pobres y excluidos del país».
La concepción democrática y republicana del Estado La solución, por lo tanto, no es menos Estado, como señala el neoliberalismo, sino un Estado que «debe dejar de ser propiedad de unos pocos y pasar a servir a todos los peruanos, debe dejar de estar al servicio de pequeños, aunque poderosos, grupos económicos» para promover el desarrollo del país. Minimizar el Estado es impedir la integración del país y perpetuar el carácter inacabado de la Nación.
El plan LGT propone, en consecuencia, instaurar un Estado con deberes públicos, para alcanzar la libertad, la justicia, la universalización de los derechos sociales, y posibilitar el control de las decisiones políticas por parte de los ciudadanos. En otras palabras, se construye Nación «con un Estado social de derecho, democrático, eficiente y descentralizado, que represente a todos los peruanos, que defienda nuestro patrimonio, promueva la integración cultural, proteja el ambiente y los recursos naturales; a la vez que fomente el desarrollo nacional y la integración latinoamericana».
Por lo tanto, la transformación del Estado incluye la reforma constitucional para evitar que se priorice los intereses privados por encima de los intereses públicos de la Nación. Esto tiene relación con la heteronomía introducida en el capítulo económico de la Constitución del año 1993. Pero, la citada reforma también debe incorporar los mecanismos que aseguren la descentralización de la administración gubernamental del Estado, la desconcentración del poder, la participación ciudadana en las decisiones políticas y la regulación de los mercados, para hacer posible la democracia republicana. La transformación del Estado también incluyela nacionalización, es decir, poner al servicio del interés nacional los recursos naturales, en especial, los recursos energéticos. Este concepto de nacionalización y la propuesta de culminar la construcción de la Nación le daban significado, en el momento actual, al nacionalismo como alternativa democrática a la modernización neoliberal excluyente y desnacionalizadora. El nacionalismo, dice el plan, es «un programa político de cambio radical de un modelo neoliberal que acentúa la desigualdad social, depreda los recursos naturales, violenta la legalidad y la democracia, y no genera desarrollo. Pero, más específicamente, el «nacionalización» es una forma de impedir el control del Estado por el capital transnacional. Es una ruptura de la «heteronomía» ancestral que ha impedido a nuestro país desarrollarse autónomamente.
A modo de conclusión
Según el republicanismo, «un individuo es libre en la medida en que dispone de los recursos y los medios instrumentales necesarios para realizar o determinar sus propios planes de vida, su autorrealización personal»; de la misma manera, una Nación es libre si tiene los recursos para desarrollarse autónomamente.
Publicado en el diario La Primera, el sábado 02 de marzo.
Los dos primeros capítulos del Plan LGT corresponden al análisis crítico del «contexto político», pues es en este «contexto» que se configuran las instituciones económicas. El discurso va de la crítica a la propuesta. No se puede aspirar a una economía inclusiva si las instituciones políticas no lo son. Por eso también empezamos con una propuesta política. La crisis de la democracia liberal
Las políticas del Consenso de Washington que se aplicaron en nuestros países en los últimos treinta años, deterioraron la legitimidad democrática en lugar de fortalecerla. Los regímenes «democráticos» optaron por la globalización y renunciaron a la autodeterminación nacional, acentuando la crisis de los sistemas de partidos y fomentando el abandono de los deberes del Estado en el ámbito público. Los que ejercen el poder se olvidan «de los principios éticos, igualitarios y equitativos que deberían regir en una democracia». Los procesos electorales se privatizan y los electores no tienen responsabilidad ciudadana, es decir, están lejos de ser ciudadanos activos.
Pero, el neoliberalismo con su propuesta de neutralidad y minimización del Estado, solamente acentuó la práctica clientelista y patrimonialista que caracterizó al Estado peruano desde la colonia. Hizo de la impostura el «principio vertebrador del poder», abriendo la puerta a la corrupción.
Por eso dijimos que «la disputa política en el Perú actual no es entre demócratas y las fuerzas del cambio que son motejadas de antisistemas. Es entre quienes utilizan la democracia para defender los intereses del gran capital nacional y transnacional, y los que creemos en una democracia republicana. Es la disputa entre los que defienden el pasado vergonzante y los que pugnan por el nacimiento de una patria nueva, de una comunidad política de ciudadanos libres e iguales, con un Estado independiente y soberano, respetuoso de los derechos humanos».
La propuesta de democracia republicana
El Plan propone instituir una democracia republicana de gobierno, con mecanismos explícitos de evaluación y control constitucional de los gobernantes. «Esta democracia no solo debe garantizar la separación de poderes y la vigencia plena de los derechos civiles, sociales, políticos y humanos, sino también la generación de condiciones materiales de existencia alos pueblos de la sierra y de la selva, excluidos, discriminados y maltratados desde la colonia. Este es el requisito para el ejercicio pleno de la libertad».
«La práctica de la evaluación y control constitucional de los gobernantes elegidos por el pueblo, impedirá que estos gobiernen en función de los intereses de minorías económicas que no tienen la legitimidad del voto popular. Con este ejercicio corrupto de la función de gobierno se perpetuaron la desigualdad y la desarticulación económica, social y política del país. Se requiere poner en práctica un modo de gobernar participativo sujeto a la Constitución, que penalice a los representantes de gobiernos inconstitucionales y establezca mecanismos de evaluación de los informes presidenciales con apego estricto a las normas constitucionales».
«El gobierno republicano, por definición, debe asegurar el ejercicio pleno de la libertad, dotando de condiciones materiales de existencia a todos los que carecen de ellas. Cambiará así el modo de hacer política restituyéndole el carácter de instrumento de la justicia. El resultado será el desarrollo de una verdadera sociedad civil (o la vida social civilizada) donde la libertad republicana se hace efectiva».
Las diferencias con los demócratas neoliberales
Como se comprenderá, nuestra propuesta es democrática; pero nuestra concepción de libertad es distinta a la liberal porque se inscribe en el pensamiento republicano. Para muchos neoliberales inspirados en la ideas de Isaiah Berlin, la libertad es una noción «negativa», es decir, es ausencia de interferencias o intromisiones por parte del Estado en la vida de cada uno los individuos. Por eso abogan por un Estado neutral frente a las actividades económicas de los individuos, y que debe limitarse a garantizar el ejercicio de esta libertad y sus consecuentes derechos.
En la concepción de republicana de la democracia, la libertad individual se asegura –como dicen Ayala y Martinez, citando Philip Petit, en Socialdemocracia y republicanismo cívico: el renacer de las ideas republicanas -- cultivando las virtudes políticas y consagrándose a una vida de servicio público». Esta concepción de libertad supone la ausencia de dominación. No se puede ser libre si estamos sometidos a la «voluntad arbitraria de otro». Por lo tanto, para ser libre hay que estar dotado de condiciones materiales de existencia.
A modo de conclusión
Para que la democracia republicana sea una realidad se requiere –de acuerdo con el Plan-- «transformar el Estado con una nueva Constitución para hacerlo descentralizado y participativo; promotor del desarrollo social y de los derechos sociales universales; regulador de la economía de mercado; promotor de la institucionalidad democrática y de una gestión gubernamental descentralizada en base a regiones transversales, y defensor de la soberanía nacional. Esta es la herramienta para construir una nación para todos, una comunidad de ciudadanos iguales en derechos y obligaciones. Es decir, desarrollaremos nuestra identidad nacional con respeto por la diversidad étnica y cultural, y fomentaremos la interculturalidad y la pluralidad».
Publicado en el diario La Primera, el sábado 23 de febrero
Se ha dicho y escrito mucho en contra del Plan La Gran Transformación, y sin embargo los jóvenes y trabajadores de diversas partes del país –en conferencias y congresos-- lo enarbolan como símbolo de agitación e identidad política. Desafortunadamente sus detractores han opacado lo poco que se ha escrito explicitando el sustrato filosófico y político de sus propuestas de democracia republicana; de moralización de la política; de Estado regulador y promotor del desarrollo económico, político y social; de la libertad y de los derechos sociales; y, de la concepción del mercado como institución social. El Plan, como veremos en una breve serie de artículos cuya publicación iniciamos hoy, está lejos de ser sólo un documento programático; sus propuestas económicas no tienen –como algunos lo creen— un sesgo keynesiano; y, su concepción del desarrollo es contraria al extractivismo económico y político. El origen del Plan La Gran Transformación
El Plan como obra colectiva, puede tener errores, vacíos y desarticulaciones; pero hay un pensamiento filosófico y político que le da consistencia. Sin embargo, hay que decirlo, no todos sus defensores o adherentes actuales se percatan de este hecho. Algunos creen que el Plan sólo resume las banderas de la nación, la justicia social y la democracia (o lo que vagamente se menciona como «profundización» de la democracia). Otros, más osados, piensan que el Plan es economicista. Para todos estos no hay filosofía política y menos una nueva concepción de la transformación social.
Una explicación de la heterogénea interpretación de sus adherentes se encuentra en el propio origen del Plan. Su primera versión se elabora bajo el liderazgo de Gonzalo García Núñez, por un equipo amplio de profesionales e intelectuales entre los meses de enero y febrero del año 2006. Ningún integrante del Partido Nacionalista tiene arte ni parte en este trabajo intelectual. (Es importante señalar aquí que Walter Aguirre, también convocado por Gonzalo García, se hace militante del PNP después).
Gonzalo pertenecía a un equipo de economistas de izquierda que acababa de tener experiencia de gobierno en el Banco Central y en el MEF, y él me encargó responsabilizarme de la parte económica del Plan. La versión del Plan 2006-2011 se denominó La Gran Transformación, en homenaje a la obra, con el mismo título, de Karl Polanyi. En esta obra, Polanyi señala que la puesta en práctica del liberalismo económico habría destruido las bases materiales y políticas de la sociedad moderna (mediante las guerras mundiales y el surgimiento de nuevos proyectos políticos totalitarios). Polanyi es pues contrario al capitalismo autoregulado.
Ollanta Humala hace suyo el Plan, pero pierde las elecciones. Muchos «izquierdistas» se mantuvieron al margen de la elaboración de este Plan. No ocurrió así cuando en el año 2010 asumí la responsabilidad de dirigir la Comisión de Plan 2011-2016. Yo pertenecía a Ciudadanos por el Cambio, organización que surgió del equipo de profesionales responsable de la primera versión del Plan y al que se sumaron nuevos integrantes, esta vez de las filas de las «izquierdas». Ollanta Humala, como ocurrió antes, tuvo escaso contacto con el equipo del Plan. No hay una sola sección del Plan que sea de su autoría. Por lo tanto, el Planpertenece a Ciudadanos por el Cambio.
La crisis de la legitimidad democrática
El desconocimiento del Plan por parte del candidato presidencial era inverosímil. No era posible saber si estaba o no de acuerdo con la idea de que el «nacionalismo constituye una alternativa democrática a la actual modernización neoliberal excluyente y desnacionalizadora». Tampoco podíamos saber si sabía cómo implementar, desde el poder, una democracia republicana y menos cómo eliminar de los mercados a los grupos de poder que impiden la innovación y la competencia. Por eso no es sorprendente que haya abandonado, tan pronto llegó al poder, las banderas de la gran transformación. Precisamente en relación a este hecho, en el Plan se dice «Nuestra democracia es precaria porque está acosada permanentemente por poderes fácticos, tanto nacionales como internacionales, que nadie elige, nadie controla y nadie fiscaliza».
Los gobernantes que hacen lo contario a lo que ofrecieron en la campaña electoral, se deslegitiman y son la causa de la crisis de legitimidad de la democracia. Cuando la impostura se constituye en el «principio vertebrador del poder», se transita, como dirían los politólogos de la Escuela de Cambridge, hacia la «degeneración de los principios», es decir, hacia la corrupción. Hay pues una relación entre la mentira política y la corrupción. Una de las razones del fracaso de las democracias y de la representación política, es la práctica de la mentira que, bajo el llamado «realismo político», abandona los ideales y los principios.
A modo de conclusión
«Proponemos --se dice en el Plan La Gran Transformación-- moralizar la política y combatir la corrupción. La corrupción se ha convertido en parte del sistema político y de gobierno. El pueblo legitima a sus gobernantes mediante su voto, pero los elegidos gobiernan en función de los intereses de minorías económicas que no han sido elegidas por el voto popular. Con este ejercicio corrupto de la función de gobierno se asegura la reproducción de sus intereses, y se perpetúan la desigualdad y la exclusión».
Publicado en el diario La Primera, el sábado 16 de febrero.
Llama la atención, por decir lo menos, que economistas de distintas posiciones ideológicas recién estén expresando su preocupación por la notable caída del tipo de cambio real multilateral o, lo que es lo mismo, por la notable apreciación de nuestra moneda respecto de la canasta de monedas de nuestros socios comerciales. Lo que más sorprende es que tanto el MEF como el BCR, que hasta hace poco se mostraban indiferentes ante la creciente apreciación monetaria, han iniciado la búsqueda y aplicación de un conjunto de medidas para evitar una mayor caída del tipo de cambio real. Los límites del crecimiento exportador
Los neoliberales apostaron por los mercados externos en detrimento de los mercados internos. Alineados con la globalización que tendía a incrementar la importancia relativa de los mercados externos, adhirieron a la estrategia de aprovechamiento del mercado mundial mediante el impulso de las exportaciones, de la inversión extranjera directa y de los flujos de capital internacional.
Para acrecentar la participación de nuestras exportaciones en el mercado mundial, los neoliberales se apoyaron en el aumento de la competitividad mediante la reducción de los costos por unidad producida. El principal instrumento de esta reducción fue la flexibilización del mercado laboral, las restricciones al aumento de los salarios y las limitaciones al derecho de sindicalización y huelga por parte de los trabajadores. De otro lado, para atraer inversiones extranjeras, se recurrieron a las privatizaciones, a las concesiones favorables al capital extranjero en servicios de alta tecnología y en el sector minero, a las congelaciones tributarias y otras medidas que menoscabaron la soberanía nacional.
La crisis internacional de 1998-1999 fue la primera indicación de que el crecimiento exportador, liderado no por los productos mineros sino por los productos no-tradicionales, enfrentaba como límite no solo el estancamiento de nuestros principales socios comerciales, es decir, el estancamiento de su capacidad de compra, sino también la mayor productividad y grado de industrialización de otros competidores que como la China acrecentaban a mayor velocidad su participación en los mercados internacionales.
La crisis internacional de 2008-2009 y su consecuencia, el largo estancamiento económico de los principales países industrializados, han convertido en insuperables, para el modelo exportador, a los dos límites señalados anteriormente. Peor aun cuando ya no se puede ganar más competitividad abaratando el costo del trabajo. En estas condiciones, la caída del tipo de cambio real que hasta hace un año no era motivo de preocupación de las autoridades económicas, ha pasado a ser un tema de urgente atención.
La naturaleza del mercado cambiario
La caída del tipo de cambio real no es un fenómeno reciente. Es importante recordar que durante el gobierno de Alejandro Toledo, es decir, de julio de 2001 a julio de 2006, el tipo de cambio real multilateral aumentó en 7%. El equipo económico de este período estaba convencido que un tipo de cambio real, estable y competitivo, era el principal instrumento para diversificar la economía. No es casual que durante ese gobierno se dio impulso a las exportaciones no tradicionales. Pero, desde agosto del 2006, cuando Alan García puso como presidente del BCR a Julio Velarde, el tipo de cambio real multilateral inició su caída sistemática: de julio de 2006 a diciembre de 2012, se redujo en 14.9%.
En un mundo de economías abiertas y en el que se han descartado los aranceles como instrumento de diversificación productiva, el tipo de cambio real es uno de los instrumentos idóneos para estimular la industrialización: un tipo de cambio real estable y competitivo abarata las exportaciones con valor agregado y contenido tecnológico, al mismo tiempo que encarece las importaciones. Pero desde julio de 2006 ha ocurrido lo contrario: se han encarecido nuestras exportaciones no-tradicionales y se han abaratado las importaciones.
Algunos economistas dicen que aunque todavía no es claro que el tipo de cambio se «esté alejando de sus fundamentos», es preciso «atacar flujos específicos de capitales» para detener su caída. Estos economistas razonan con el enfoque de equilibrio de flujos, incapaz de explicar la volatilidad del tipo de cambio. Esta volatilidad tiene que ver con una nueva realidad caracterizada por una creciente movilidad internacional de capitales, por la integración de mercados financieros y el mayor reconocimiento al papel de las expectativas en la toma de decisiones de los inversionistas que operan en los mercados financieros. El enfoque del mercado de activos es el más apropiado para explicar lo que ocurre con el tipo de cambio en esta nueva realidad. El tipo de cambio se comporta como el precio de un activo financiero. Por lo tanto, se determina por las condiciones de equilibrio de stocks existentes de activos financieros, sus ajustes se producen con extrema rapidez ante la llegada de nueva información y está dominado por las expectativas acerca de su valor futuro. En estas condiciones, el mercado cambiario es dominado por la especulación. Se especula tanto al alza como a la baja del tipo de cambio.
A modo de conclusión
No se puede decir entonces que el tipo de cambio depende solo de sus fundamentos, sino también de los valores de estos fundamentos esperados por los especuladores. La extrema volatilidad del mercado hace, por lo tanto, indispensable la intervención de la autoridad monetaria.
Publicado en el diario La Primera, el sábado 09 de febrero
Gastón Soto Vallenas,Pablo Talavera Elguera, Luis Maezono Yamashita, Vladimir Paz de la Barra, Luz Marina Guzmán Díaz y Máximo Herrera Bonilla --consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), los mismos que nombraron jefe de la ONPE al concursante que obtuvo la nota mínima aprobatoria en el examen escrito--, acaban de cometer un acto de injuria a la justicia y a la moral pública. Estos seis consejeros han acordado archivar la investigación al abogado Javier Villa Stein por rebajar la condena a los miembros del Grupo Colina cuando fungía de presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. El ingeniero Gonzalo García Núñez --también consejero del CNM-- fue el único que votó en contra, mostrando nuevamente su integridad moral y su compromiso de defender la legalidad en el país. Abuso de poder e irrespeto al Estado de Derecho
Estos seis consejeros archivaron el caso, no obstante tener conocimiento de que la misma Sala Penal de la Corte Suprema anulara la sentencia a favor del Grupo Colina, luego de la protesta nacional e internacional. Sabían, también, que Villa Stein y Josué Pariona, sostuvieron que ese Grupo no habría cometido delitos de lesa humanidad, en clara oposición a la opinión de los jueces Jorge Salas, Baltazar Morales y Francisco Molina. Por lo tanto, las razones para realizar una investigación y abrirle proceso disciplinario a Villa Stein eran todas justificadas. Además, los citados seis miembros del CNM no acataron los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Grupo Colina, fallos que deben respetarse y tomar en cuenta, en mérito a los compromisos asumidos soberanamente por el Estado Peruano en el derecho internacional.
La decisión de los seis consejeros es absolutamente contraria a la misión del CNM, que consiste en «fortalecer el sistema de administración de justicia, nombrando y ratificando a jueces y fiscales probos y eficientes y destituyendo a los que transgredan sus responsabilidades, contribuyendo de ese modo a mejorar la administración de justicia y la defensa de la legalidad en el país». Estos consejeros están, asimismo, atentando contra la visión del CNM, tomando decisiones sobre «la incorporación y separación de magistrados y autoridades civiles-administrativas», que no son justas ni transparentes, y que le restan credibilidad y legitimidad a la institución que representan.
El CNM es parte de la institucionalidad del sistema democrático; por lo tanto, las decisiones de sus autoridades, cuando no son justas ni transparentes, y cuando violentan la justicia y la legalidad, debilitan la democracia y corrompen o vician el sistema político y de gobierno. Este tipo de decisiones son las que caracterizan a las instituciones políticas y económicas extractivistas, que según James Robinson, coautor junto con Acemoglu del libro Why Nations Fail, «fomentan el clientelismo político, los monopolios y la violencia como enemigos del progreso y el desarrollo»
No hay desarrollo con instituciones extractivistas
En nuestro país la corrupción ha penetrado el sistema político y de gobierno; se pervierten o vician la naturaleza de las instituciones, impunemente. Participamos en la elección de nuestras autoridades, pero éstas una vez en el cargo, se desempeñan en función de los intereses de minorías que no han sido elegidas por el voto popular. Esta práctica extractivista debilita y desprestigia a la democracia representativa y al propio Estado de Derecho, porque no se respetan los derechos de los ciudadanos. No hay mecanismos de acción popular ni de fiscalización de las autoridades penetradas por los grupos de poder que han convertido a las instituciones del Estado en clientelista y patrimonialista.
Cuando no se respetan los derechos ciudadanos ni la separación de poderes y el orden constitucional, se fomenta el conflicto social y político; y, esta práctica de las autoridades no puede ser inclusiva ni política ni económicamente. Con este tipo de institucionalidad no es posible hacer de la cultura ciudadana el fundamento de la convivencia pacífica. El extractivismo genera un círculo vicioso que perpetúa la desigualdad, la violencia y la exclusión.
Según Acemoglu y Robinson, las instituciones económicas se configuran desde el «contexto político». Por lo tanto, no hay manera de transitar hacia instituciones económicas inclusivas --que fomentan la innovación, la competencia y el empleo--, si no se erradica la corrupción y el clientelismo en las instituciones de la administración del Estado. No son pues las llamadas políticas sociales las que definen el carácter inclusivo de un modelo de desarrollo.
Lo que nuestro país requiere –como se señala en el plan La Gran Transformación— es erradicar la corrupción y el narcotráfico para «transformar el modo de hacer política, restituyéndole el carácter de instrumento al servicio de la justicia». Necesitamos una cura moral y practicar la decencia como el «supremo valor moral en toda clase de relación –personal, social, política y profesional». No hay otra manera de hacer de la política «una acción de servicio social y no de provecho propio».
A modo de conclusión
La corrupción y el clientelismo son uno de los enemigos íntimos de la democracia en nuestro país. Luchar contra este enemigo es, la mismo tiempo, luchar por una forma republicana y democrática de gobierno, con mecanismos explícitos de evaluación y control constitucional de los gobernantes.
Publicado en el diario La Primera, el sábado 02 de febrero.
De acuerdo con Acemoglu --Why Nations Fail, 2012-- las instituciones son extractivistas cuando no incentivan la innovación, cuando erosionan la democracia, cuando evaden la fiscalización y favorecen el desarrollo de la corrupción. Estas instituciones coexisten con instituciones económicas extractivistas que operan extrayendo rentas, sin transformar ni innovar, y que rechazan la regulación de los mercados. Sus beneficiarios son los principales enemigos de la inclusión política y económica. Extractivismo en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)
El extractivismo político y económico persiste en nuestro país desde la colonia. No se respeta los derechos ciudadanos y hay una estructura de incentivos contraria a la meritocracia, a la innovación y al desarrollo institucional.
Un ejemplo de extractivismo es lo ocurrido con el reciente concurso para el puesto de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Las fases de este concurso y sus ponderaciones anunciadas por resolución del CNM, fueron: 1) examen escrito (20%), 2) evaluación del currículo (30%), 3) evaluación del plan de trabajo (20%), y 4) entrevista personal (30%). Las calificaciones de las fases 1 y 2 se encargaron a una comisión, con participación de ESAN, y sus resultados fueron publicados en la página WEB del CNM sin mayor dilación. La calificación de las fases 3 y 4 –realizadas el 15 de enero-- estuvo a cargo de seis de los siete miembros del CNM. El Ingeniero Gonzalo García Núñez se abstuvo de participar en todo el proceso de concurso por propia voluntad, dando muestras de integridad moral pues tenía algunos conocidos entre los concursantes.
Los citados seis consejeros --sin conocimientos ni especialidad en planeamiento estratégico y menos en ciencia política--, perjudicaron a la candidata Dra. Carlota Casalino Sen, quien obtuvo un puntaje promedio de 82.44, el más alto de las fases 1 y 2 del concurso. Estos seis consejeros, que no publicaron sus calificaciones a cada uno de los concursantes, favorecieron a Mariano Cucho Espinoza. En el examen escrito don Cucho obtuvo 66.7, ligeramente mayor que la nota mínima aprobatoria de 66.66 puntos. ¿Algún profesor universitario de Economía y Administración que haya leído los planes de trabajo y haya visto la entrevista personal, sería capaz de calificar a don Cucho con una nota mayor en casi 17 puntos que la que le correspondería a la Dra Casalino? Si le hubieran puesto una nota inferior en 10 puntos, ella habría ocupado el primer lugar.
Lo que queda claro es que el concurso de marras que dejó el 50% de su resultado a discreción de los seis integrantes del CNM, sirve –como en toda institución extractivista--, para ocultar o rellenar su ausencia. En realidad no hay concurso. Y, lo que es peor, la ausencia de transparencia (pues no se ha publicado el detalle de las calificaciones) no es causal para impugnar la decisión del CNM. Su reglamento dice: «El acuerdo adoptado es inimpugnable». Las instituciones extractivistas no favorecen la auditoria ciudadana, no fortalecen el servicio civil con personal idóneo y calificado, no innovan y, por supuesto, practican la corrupción y el tráfico de influencias.
La tropelía del consejero Pablo Talavera Elguera
El abuso de poder y la falta de respeto al Estado de Derecho es otra de las características de las instituciones extractivistas. En la entrevista personal, el señor Pablo Talavera del CNM, cometió una infracción que no fue ni censurada ni amonestada por sus pares. Este señor amenazó a la Dra. Casalino con condicionar su voto si no le decía el tipo de relación que ella mantenía con Félix Jiménez. Orondo pontificaba su preocupación por la autonomía de la ONPE, la misma que supuestamente peligraría de estar ella relacionada con el responsable del Plan de Gobierno La Gran Transformación.
Talavera convirtió la entrevista en un juicio, pero situándose fuera del Estado de Derecho y de las normas que establecen los requisitos para ser jefe de la ONPE. Siendo un abogado, puso en duda públicamente la integridad profesional, ética y moral de la Dra. Casalino. Hizo prácticamente una acusación temeraria que está tipificada en el artículo 402º del Código Penal como denuncia o acusación calumniosa. Quería inmiscuirse en la vida privada de una concursante, violando sus derechos constitucionales. El abogado Talavera ignora, además, que la ley no restringe el derecho a la participación política de las personas vinculadas al Jefe de la ONPE ni exige que el Jefe de la ONPE deje de ejercer el cargo por tener algún pariente o vinculado participando en política.
Todorov dice que «la democracia genera por sí misma fuerzas que la amenazan». Por eso hay que estar alertas. Efectivamente, la mediocridad, la corrupción, el privilegio y la inmoralidad enquistados en las instituciones del Estado, son los enemigos de la democracia en nuestro país. Inmiscuirse en los asuntos privados de los ciudadanos es una violación a los principios democráticos y al Estado de Derecho. Ante esta violación no se puede guardar silencio. A modo de conclusión
Todorov dice que «la democracia se caracteriza no sólo por cómo se instituye el poder y por la finalidad de su acción, sino también por cómo se ejerce». Es una obligación de los ciudadanos, por lo tanto, imaginar mecanismos de control y evaluación constitucional no solo de los gobernantes, sino también de instituciones como el CNM que nombran jueces y autoridades del poder electoral.
Publicado en el diario La Primera el sábado 26 de enero.
La última década de crecimiento económico corresponde, dicen algunos analistas, al mejor período de la historia moderna del país. La tasa de crecimiento del PBI y la estabilidad macroeconómica se exhiben como las características fundamentales de este período supuestamente inmejorable. Consecuentemente, la recomendación de estos analistas es que hay que «seguir haciendo lo que se está haciendo a nivel macro», invertir en educación y cuidar el contexto externo para enfrentar sus efectos de manera eficiente y oportuna. Su poca formación en temas de desarrollo les hace confundir crecimiento con desarrollo y desigualdad con impuestos regresivos La economía es más vulnerable a shocks externos adversos
No se puede afirmar que el crecimiento económico de la última década sea la expresión de una economía con una estructura productiva sólida, es decir, de una economía cuyo funcionamiento es relativamente autónomo respecto de las fluctuaciones de la economía internacional.
Nuestra hipótesis es que la economía peruana de los últimos veinte años es más vulnerable a los shocks externos adversos que la economía peruana de los años sesenta del siglo pasado. Dos son las razones. En primer lugar, el liderazgo del crecimiento económico del período neoliberal no lo tiene el sector manufacturero; y, en segundo lugar, la economía actual está más penetrada por importaciones. Estos dos fenómenos se dan en una economía que mantiene su vector de exportaciones especializado o poco diversificado, debido al predominio de las exportaciones primarias o tradicionales.
Características del crecimiento de los períodos 1959-1967 y 2003-2011
De 1959 a 1967 la economía peruana creció a la tasa de 7.2% promedio anual. Este crecimiento fue impulsado por el sector manufacturero que se expandió, en el mismo período, a la tasa de 7.8% promedio anual. Durante el período 2003-2011 las tasas de crecimiento son menores. El PBI crece a la tasa promedio anual fue de 6.8%, mientras que la producción manufacturera lo hace a la tasa de 6.6%. Por lo tanto, se puede decir que en términos de tasas de crecimiento, no estamos en el mejor período de la historia moderna del país.
Durante los años 1959-1967 las exportaciones de bienes y servicios crecen, en términos reales, a una tasa promedio anual de 8.6%, mientras que en el período 2003-2011 lo hacen a la tasa de 6.4%. En ambos períodos las importaciones crecen más rápido, pero la gran diferencia es que en el primero la economía se está industrializando, sustituyendo importaciones. Se trata de un período donde el sector manufacturero está liderando el crecimiento y, por lo tanto, acrecentando su participación en la producción total. Ello no obstante, las importaciones totales del período representan el 80% de la producción manufacturera total.
La situación es totalmente distinta en el período 2003-2011. La industria crece a una tasa menor que la del PBI; por lo tanto, pierde liderazgo y peso en la producción total país. Y, lo que es peor, las importaciones totales superan a la producción manufacturera en 34.1%. En otras palabras, la economía peruana del período neoliberal está produciendo bienes manufacturados que solo representan el 74.5% de las importaciones totales. La tendencia a producir bienes manufacturados en montos cada vez menores a los que importamos corresponde a todo el período neoliberal, de 1990 a la fecha. Hemos pasado de una economía con una propensión a importar de 13.7% en el período 1959-1967 a una economía con una propensión a importar de 20.3% en el período 2003-2011.
El crecimiento es de baja productividad
¿Qué sectores impulsan el crecimiento actual? De acuerdo con información del INEI la tasa de crecimiento del PBI de enero a noviembre de 2012 fue de 6.37%. Los sectores de servicios y de producción de no transables explican el 78.6% de este crecimiento. Es decir, el liderazgo del crecimiento lo tienen los sectores Construcción, Comercio, Resto de Otros Servicios, Derechos de Importación e impuestos (¡), Transporte y Comunicaciones, Servicios Prestados a Empresas, y Restaurantes y Hoteles. Como se sabe, el grueso de la PEA ocupada de baja calificación y productividad se encuentra es estos sectores. Este no fue el caso del crecimiento correspondiente al período 1959-1967.
Es claro entonces que el período de crecimiento actual no es el mejor de la historia. El empleo es temporal y con alta rotación en los sectores de servicios. Los empleos son por lo tanto precarios y con bajos niveles de sueldos y salarios. Pero como se trata de un crecimiento altamente dependiente de importaciones, los empleos no tienen horizontes de estabilidad prolongados y menos ingresos adecuados. Por lo demás, los inversionistas privados saben que el boom de precios de los metales no puede ser permanente. Más temprano que tarde reaparecerá el límite al crecimiento por el lado del sector externo de la economía. El neoliberalismo está reeditando las crisis cíclicas de la balanza de pagos, pero en peores condiciones.
A modo de conclusión
Los neoliberales criollos creen que lo que ocurre con el tipo de cambio depende «esencialmente de lo que pasa afuera»; y, creen que la desigualdad se resuelve con impuestos más progresivos y con más gasto en educación. Lo que el país requiere es un nuevo modelo de crecimiento basado en la reindustrialización y en el desarrollo del agro. Esto significa, entre otras cosas, desarrollar mercados internos, mantener un tipo de cambio estable y competitivo, y controlar eficientemente el influjo de capitales.
Publicado en el diario La Primera, el sábado 19 de enero.
La crisis económica actual está provocando un intenso debate sobre los efectos nocivos del neoliberalismo a escala mundial. Prácticamente todos los países desmantelaron los estándares regulatorios de sus mercados financiero y de trabajo, liberalizaron su comercio exterior y su cuenta de capitales, y minimizaron el tamaño y el papel del Estado. Con ello generaron una creciente desigualdad en la distribución de los ingresos, junto a un déficit estructural de demanda que fue compensado con un creciente endeudamiento. La crisis de la doctrina neoliberal
Los efectos económicos y sociales de la crisis –el estancamiento de la producción y el creciente desempleo que está afectando más a los jóvenes—se exacerban con las medidas de austeridad fiscal. Los recortes del gasto en infraestructura pública y en los sectores sociales, prolongan el estancamiento económico, reducen notablemente las oportunidades de empleo y generalizan los conflictos sociales poniendo en peligro los regímenes democráticos en los países europeos. Por eso sostenemos que la crisis financiera y económica actual es también la crisis del modelo neoliberal.
Las apreciaciones monetarias que desestimulan la producción de transables y originan desequilibrios en las cuentas corriente de los países emergentes por la creciente penetración de importaciones, ha hecho recular al FMI en sus convicciones sobre la libre movilidad de capitales.
La política de austeridad fiscal, tanto en Norteamérica como en Europa, no sirve para relanzar el crecimiento económico y la generación de empleo. Recordemos que este mismo tipo de política generó la llamada «década perdida» en la América Latina de los años 1980s. Según Olivier Blanchard, Director del Departamento de Investigación del FMI, esta institución se equivocó en la magnitud del ajuste que recomendó a los países de la periferia europea para salir de la crisis. Se equivocaron, dijo, en la magnitud del multiplicador de los ajustes fiscales: por cada dólar de recorte fiscal se perdían 1.5 dólares y no 0.5 dólares como inicialmente habían estimado (véase Growth forecast errors and fiscal multipliers, enero 2013).
La política de minimización del Estado está a su vez generando el deterioro e insuficiencia de los bienes y servicios públicos. No hay inversión privada que compense este deterioro. Las bajas tasas de interés en los países del centro, solo estimulan un creciente flujo de capital especulativo hacia la periferia donde las tasas de interés son relativamente más altas. La desaceleración y/o estancamiento de la inversión productiva privada en los países del centro, a pesar de sus bajas tasas de interés, está afectando su estructura productiva y, por lo tanto, su capacidad de competitiva frente a los países emergentes del Asia, con China en primer lugar.
Todo esto ocurre en un contexto de libre comercio, donde los países con apreciaciones monetarias prolongadas, son las que más pierden desde una perspectiva de mediano o largo plazo, pues el crecimiento de estos países, impulsado por la producción de no transables y altamente dependiente de importaciones, tiene un límite en el sector externo de sus economías.
Hacia una nueva relación entre el Estado y el Mercado
El dominio del neoliberalismo desde la era Reagan-Thatcher estuvo caracterizado por su rechazo a la posibilidad de una relación virtuosa entre el Estado y el Mercado. Según los neoliberales el Estado es depredador y su intervención en la economía afecta la eficiencia de los mercados libres, perjudicando el bienestar de la población. Hoy, esta doctrina está en crisis. Su dominio durante más de tres décadas, ha provocado desbalances globales y desbalances internos en los países del centro y de la periferia.
En los países emergentes como el nuestro, el neoliberalismo ha descuidado la esfera productiva de la economía. Como le importa más el supuesto bienestar de los consumidores, ha propiciado la creciente penetración de importaciones en el mercado interno, dificultando así la diversificación del aparato productivo, es decir, el desarrollo industrial y agro-industrial.
Es claro ahora que no se puede aspirar a ser competitivos en el mundo actual solo sobre la basa del abaratamiento del costo del trabajo. Como dice Rodrik, «una economía sólida requiere una estructura productiva sólida. Y el consumo debe estar respaldado por un alto empleo con salarios adecuados».
La preocupación por la diversificación productiva y no solo por el consumo, conduce a una diferente posición sobre el papel del comercio internacional. Mientras los neoliberales optan por el libre comercio para favorecer el consumo con importaciones más baratas, los que proponemos la diversificación productiva subordinamos el comercio a este fin: el comercio debe servir al desarrollo de la economía interna y de sus mercados, así como a la expansión del empleo con salarios adecuados. Desde esta perspectiva el Estado tiene un enorme papel que cumplir para desarrollar mercados a lo largo y ancho del país, para promover la innovación y la diversificación productiva, para independizar la política monetaria de la política cambiaria y para mantener un tipo de cambio estable y competitivo.
A modo de conclusión
Es bueno que algunos neoliberales criollos ahora afirmen que el Estado debe impedir la gestación de una burbuja inmobiliaria e interrumpir la creciente apreciación de la moneda --ambas asociadas al creciente influjo de capitales en nuestro país.
Publicado en el dario La Primera, el sábado 12 de enero.
El 14 de noviembre pasado el FMI dio su «aprobación» a los controles de capital, argumentando que «la globalización financiera puede inducir a crisis financieras y a movimientos de divisas económicamente desfavorables». Y hace solo ocho días —el 26 de diciembre— recomendó públicamente emprender un conjunto de reformas para asegurar crecimiento con inclusión social en nuestro país. Mi experiencia con las misiones del FMI
¿Ha cambiado el FMI? La recomendación del uso de impuestos y otras restricciones a la entrada de capitales para evitar la apreciación de nuestra moneda, es una medida sensata para un país con un escaso desarrollo industrial y con exportaciones predominantemente primarias. Asimismo, proponer un crecimiento con inclusión social es sugerir un cambio en el estilo de crecimiento, dejar el estilo de crecimiento extractivista para optar por un crecimiento inclusivo. Pero cuidado, el FMI no ha cambiado. ¿No es está acaso recomendando recortes fiscales a los países endeudados de la periferia europea para salir de la crisis?
Soy de los que piensan que el FMI y el Banco Mundial fueron los responsables de la «década perdida» por casi todos los países latinoamericanos endeudados en los años ochenta. Estas mismas instituciones participaron de distintas maneras en la renegociación de la deuda que, en el caso de Perú, significó la acumulación de sus servicios en la primera década de este siglo hasta alcanzar un promedio de 3.5% del PBI. Eran los años del gobierno de Alejandro Toledo, quien había ofrecido incrementar los gastos en educación y los sueldos de los maestros. El país gastaba más en servicios de la deuda externa que en educación.
Tuve la oportunidad de participar en reuniones con miembros de la misiones del FMI en los primeros años del gobierno de Toledo y recuerdo que escuché asombrado su recomendación de reducir los gastos fiscales para generar un superávit primario de 1.5% del PBI. Este absurdo era indispensable según el FMI para lograr la estabilidad macroeconómica y cumplir con los acreedores de la deuda externa. Es importante recordar que Fujimori dejó una economía en recesión y un déficit fiscal de cerca del 3% del PBI.
Cuestioné tajantemente esta política recesiva del FMI; y, en su lugar, propuse iniciar el prepago de la deuda externa y reperfilar sus servicios, desarrollando un mercado de deuda interna en soles, junto a otras medidas. La idea era bajar el peso de los servicios de la deuda a menos de 2% para liberar recursos y destinarlos al aumento de los gastos en educación y salud. (Las contribuciones que hice durante mi paso por el MEF en los años 2001 a 2004 pueden verse en mi libro Reglas y Sostenibilidad de la Política Fiscal, publicado por el Fondo Editorial de la PUCP).
Las propuestas ideológicas del FMI
El FMI no ha renunciado a sus propuestas ideológicas. Sigue patrocinando el libre comercio para países como el nuestro, desconociendo la experiencia histórica de los países desarrollados. También sigue creyendo en el libre movimiento de capitales, solo que ahora sostienen que este requiere «un determinado umbral de desarrollo institucional financiero y de gobierno que los países emergentes no lo tienen».
Por otro lado, el FMI afirma que la significativa inestabilidad financiera mundial se debe a la política de acumulación de reservas que adoptaron en la última década muchos países emergentes, como el Perú. El FMI no reconoce que esta política les permitió a estos países enfrentar la volatilidad del tipo de cambio y la pérdida de competitividad de sus exportaciones no tradicionales. Como dice K. P. Gallagher «a pesar de la abundante evidencia académica y de la experiencia de los países en contrario, el FMI sigue obstinadamente aferrado a la idea de una eventual liberalización de la cuenta de capitales».
Y, ¿qué reformas nos recomienda para asegurar un crecimiento con inclusión social? El FMI recomienda «aumentar la competitividad mediante la valorización del capital humano y el mantenimiento de la flexibilidad del mercado de trabajo; eliminar cuellos de botella en infraestructura; optimizar el clima de negocios para fomentar la inversión y la innovación; y mayor desarrollo del mercado de capitales para facilitar la inversión y una mejor asignación de los ahorros».
El FMI sigue postulando aumentar la competitividad abaratando el costo del trabajo y desmantelando los estándares regulatorios y tributarios para mejorar el «clima de negocios». Sobre el tema de la infraestructura no hay texto alguno donde el FMI lo relacione con la expansión de los mercados internos y la política industrial. Por último, hay que mencionar que el FMI era reacio al desarrollo del mercado de deuda pública en soles, requisito indispensable para desarrollar el mercado de capitales en el país. Me temo que el FMI sea el promotor de la compra y venta de bonos por instituciones financieras y empresas extranjeras en el mercado local; lo cual solo acrecienta la vulnerabilidad de dicho mercado.
A modo de conclusión
Ollanta Humala dice que la economía no está en «piloto automático». No se da cuenta que su equipo económico neoliberal está exacerbando la vulnerabilidad de la economía ante shocks externos adversos. Ollanta Humala no toma en cuenta lo que implica tener una economía que importa bienes manufacturados por un monto que supera notablemente la producción manufacturera interna.
Publicado en el diario La Primera, el sábado 5 de nero de 2013.
El gobierno de Ollanta Humala termina sus primeros diecisiete meses con una economía menos competitiva y penetrada por importaciones, con un crecimiento económico que no se basa en la productividad y con una mediocre gestión fiscal. Economía menos competitiva
Durante estos diecisiete meses de gobierno ha continuado la tendencia sistemática a la caída del tipo de cambio real que empezó con Alan García. De agosto de 2011 a diciembre de 2012 el tipo de cambio real multilateral se redujo en 10.5% y el tipo de cambio real bilateral en 6.7%. Los exportadores de productos no tradicionales saben que la caída de del tipo de cambio real encarece sus productos en los mercados internacionales y, por lo tanto, les hace competir con enorme desventaja en estos mercados.
Además, la caída del tipo de cambio real abarata las importaciones. La economía se hizo más dependiente de importaciones. Ollanta Humala también en este aspecto continuó la política de García. Hoy se importa más bienes manufacturados de los que producimos internamente. El valor de los insumos, bienes de capital y bienes de consumo duradero importados representa el 123.9% del valor total de la producción manufacturera. En los años 1974-1975, cuando se hablaba del apogeo de una industria adicta a dólares e importaciones, los bienes de consumo duradero, insumos y bienes de capital importados representaban sólo el 55.1% de la producción manufacturera.
El crecimiento no se basa en aumentos en la productividad
El crecimiento económico se debe fundamentalmente al crecimiento de la construcción, del comercio y de los servicios. Durante los primeros nueve meses de este año respecto a similar período de 2011, el crecimiento del PBI fue de 6.3%. Los sectores que crecieron por encima de este promedio fueron: Construcción (16.24%), Comercio (6.82%), Transporte y Comunicaciones (7.33%), Servicios Prestados a Empresas (7.5%), Restaurantes y Hoteles (9.1%), y Resto de Otros Servicios (6.75%). Todos estos son sectores de producción de no transables, es decir, de producción que no se comercian en los mercados internacionales. La tasa de crecimiento de la manufactura fue de solo 0.99% y de la agricultura de 4.6%. En el conjunto de los sectores de servicios, incluido el comercio, se encuentran de manera predominante las empresas «de 1 a 10 trabajadores» donde los ingresos de os trabajadores son bajos. El crecimiento, entonces, está impulsado por sectores de baja productividad.
La mediocre gestión fiscal
En la Hoja de Ruta se hace énfasis en el monitoreo de la inversión pública para asegurar su ejecución. Pero el ministro Castilla que anda promocionando la inversión extranjera, ha repetido su ineficiencia del año pasado. Del total presupuestado para 2012 en proyectos de inversión, ha gastado solo el 65%. Este ministro tampoco ha hecho mucho para desarrollar el mercado de capitales en soles, ni para reducir el peso de la deuda externa. Por el contrario, ha aumentado la deuda con el BID y con la CAF. Es además el responsable de que el famoso gravamen minero sólo haya permitido recaudar S/. 1,500 millones y no los S/. 3,000 millones que anunció en su momento. Perspectivas
No hay cambios en el actual estilo de crecimiento. La economía se ha hecho más dependiente de importaciones. Por lo tanto, en una situación de largo estancamiento de la economía mundial y de reducción sostenida de los términos de intercambio, el crecimiento económico habrá encontrado un límite.
Publicado en el diario La Primera el 2 de enero de 2013.
La libre movilidad de capitales es parte fundamental de las políticas neoliberales que patrocinaron organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por eso los controles de capital fueron proscritos, por ejemplo en los TLC y otros tratados internacionales. Luego de la crisis asiática y rusa de 1997-1998, algunos países cuestionaron la citada proposición neoliberal controlando el flujo de capitales. La necesidad de controles se hizo más evidente con la notable entrada de capitales que siguió a la crisis financiera de 2007-2009, debido a que está exacerbando la apreciación monetaria asociada al auge primario exportador de países como el nuestro. Por qué es importante mantener un tipo de cambio más alto
En el mundo globalizado actual donde la política arancelaria ha perdido importancia, el tipo de cambio no puede ser dejado al arbitrio del libre mercado. Nuestros argumentos son conocidos por los lectores de este diario.
Cuando el tipo de cambio se reduce, dadas las tasas de inflación externas e internas, los bienes extranjeros se hacen relativamente más baratos o los bienes nacionales se hacen relativamente más caros. En otras palabras, un dólar más barato estimula las importaciones, mientras que un dólar más caro (más soles por dólar) abarata las exportaciones. Para decirlo de otra manera, las importaciones baratas asociadas a un tipo de cambio bajo afectan a los productores nacionales y, por lo tanto, al empleo; mientras que las exportaciones baratas, asociadas a un tipo de cambio alto, estimula la producción nacional y, por lo tanto, el empleo.
Pero no solo importa el nivel del tipo de cambio (que sea alto o bajo), sino también sus fluctuaciones. En realidad las fuertes entradas y salidas de capitales en un contexto de libre movilidad, complican las decisiones de inversión privada nacional en los sectores de producción de bienes comercializables internacionalmente. Las decisiones de inversión suponen flujos de ingresos en un horizonte temporal largo; por lo tanto, las fuertes fluctuaciones del tipo de cambio afectan estas decisiones.
De otro lado, la apreciación monetaria cuando ocurre en medio de una crisis internacional que implica una caída de la demanda externa –como está ocurriendo ahora--, reduce la rentabilidad de la producción manufacturera exportable y, en consecuencia, el empleo. Las empresas privadas más afectadas con esta situación son las que tienen dificultades de acceso al financiamiento y un casi nulo poder de mercado (las pequeñas y medianas empresas que operan en los sectores transables).
Hay entonces razones de carácter financiero y productivo para adoptar una política cambiaria activa. Por un lado, el aumento del tipo de cambio reduce los costos en dólares de las empresas y, por otro lado, la depreciación de la moneda reduce la tasa de depreciación esperada (porque el tipo de cambio se acerca al esperado) con lo cual se desincentiva la adquisición de activos externos. El resultado es que esta política influye positivamente en la rentabilidad de los sectores productores de transables y protege el mercado nacional.
Tipo de cambio competitivo y control de capitales
La propuesta de desarrollo de una economía nacional de mercado abierta al mundo, para ser viable en el escenario de la globalización actual requiere la adopción de una política monetaria y cambiaria autónoma. La apertura financiera y la libre movilidad de capitales dificultan la administración de la tasa de interés y el tipo de cambio real, dos precios relativos importantes que influyen en la demanda de inversión privada.
Para una buena administración de la economía nacional de mercado abierta al mundo, es necesario tener la libertad de fijar una tasa de interés apropiada (la tasa de interés del Banco Central), sin referencia a las tasas prevalecientes en el resto del mundo. Y, para que esto sea posible, se deben introducir controles drásticos al flujo internacional de capitales como política complementaria a las intervenciones cambiarias esterilizadas y de acumulación de reservas internacionales del Banco Central.
Pero, para asegurar el objetivo de un tipo de cambio real estable y competitivo, el Banco Central debe aplicar activa y adecuadamente su regla de intervenciones esterilizadas. En otras palabras, las intervenciones deben estar orientadas no solo a evitar significativas apreciaciones o depreciaciones monetarias, sino también a asegurar un tipo de cambio que contribuya con la competitividad de la producción industrial, agroindustrial y agrícola.
Estas son las medidas para mantener la competitividad de la economía y su capacidad de generación de empleos en el contexto de la globalización actual. La pasividad frente al tipo de cambio atenta contra el proceso de desarrollo no-extractivista, y contra los objetivos de generación de empleo, creación de mercados e inclusión social.
A modo de conclusión
El 14 de noviembre pasado el FMI dio su aprobación a los controles de capital, «legitimando el uso de impuestos y otras restricciones a los flujos financieros transfronterizos». De patrocinador de la liberalización financiera el FMI ha pasado a reconocer que «la globalización financiera puede ser perjudicial –puede inducir a crisis financieras y a movimientos de divisas económicamente desfavorables». ¿Qué dirán Castilla y Velarde de este «sorprendente giro» del FMI?
Publicado en el diario La Primera, el sábado 22 de diciembre.