Te encuentras en la páginas de Blogsperu, los resultados son los ultimos contenidos del blog. Este es un archivo temporal y puede no representar el contenido actual del mismo.
El modelo económico neoliberal descuida el desarrollo de los mercados internos porque genera una distribución de los ingresos que perjudica a los trabajadores. El estancamiento de los salarios reales y la precarización del empleo es consustancial a este modelo. No se dinamiza ni se industrializa la economía y, por lo tanto, se posterga el desarrollo de mercados internos, porque se cree que se adquiere ventaja competitiva en los mercados internacionales cuando se dispone de mano de obra con bajos salarios y bajos costos laborales no-salariales.
El predominio del empleo precario
El estilo de crecimiento económico neoliberal tuvo consecuencias importantes en la generación de empleo y de ingresos. Es verdad que aumentó el empleo con el crecimiento económico de la última década. Pero como se trató de un crecimiento impulsado por la demanda externa y los altos precios de los minerales, este crecimiento no alteró significativamente la estructura del empleo. De acuerdo con información del INEI para el año 2013, el 73.7% del empleo es informal y el 70.9% se encuentra en empresas de «1 a 10 trabajadores» (microempresas), donde predominan los bajos ingresos y bajas calificaciones.
La manufactura perdió importancia en la generación de empleo: participa solo con el 10.1%. La elasticidad empleo-producto de este sector disminuyó de 0.764 –que es la que se registra en el período de los sesenta--, a un promedio de cerca de 0.55. De otro lado, la agricultura, comercio, servicios y la construcción, concentran el 88.3% de la PEA ocupada. Son sectores productores de bienes y servicios no transables, y son los que mayores «oportunidades» de empleo generan (63.7%). La agricultura que es básicamente tradicional participa con el 24.6% del empleo total.
Por último, el 78.2% de los ocupados en los sectores comercio y servicios, y cerca del 80% de la PEA ocupada en la agricultura, se encuentran en «empresas de «1 a 10 trabajadores». En estos tres sectores predomina el empleo informal, es decir, el empleo sin derechos laborales que incluye a asalariados fuera de planilla, a los que trabajan por cuenta propia o en empresas no registradas jurídicamente. Son trabajadores sin recursos suficientes para proteger a sus familias y enfrentar sus necesidades de salud y educación.
Esta situación de precariedad laboral proviene del desmantelamiento de los estándares laborales básicos propiciado por el neoliberalismo desde la década de los noventa. «La disciplina del hambre --decía John Bates Clark, autor de la teoría de la distribución del ingreso basada en la productividad marginal--, descalifica al trabajador para hacer una negociación exitosa, y si el empleador está en total libertad de contratar a los hombres que individualmente podrían ofrecerse a trabajar bajo la presión del hambre, el empleador puede conseguirlo por muy poco» (Clark, 1913, p. 292).
Otro modelo de crecimiento es posible
La mayor desigualdad en la distribución de los ingresos y el estancamiento de los salarios reales, le hizo perder liderazgo en el crecimiento a la manufactura y a la agricultura. El resultado fue la imposibilidad de endogenizar el crecimiento económico por la vía de la expansión y creación de mercados internos.
Durante el «fujimorato», el salario real promedio fue equivalente a sólo el 37.2% del registrado en el año 1987. Este promedio no cambió significativamente durante los últimos años. Mientras el PBI per cápita creció a la tasa promedio anual de 3.9% entre 1993 y 2013, los salarios reales lo hicieron a la tasa insignificante de 0.35% promedio anual.
Para los neoliberales los derechos laborales y el cuidado del medio ambiente son vistos como costos que deben ser minimizados para estimular las inversiones. Por eso el crecimiento se hizo dependiente de los mercados internacionales, al mismo tiempo que se descuidó el desarrollo de los mercados internos.
Entonces, lo que el país necesita para desarrollarse es endogenizar su crecimiento; y esto, como señala Palley (2002), requiere «salarios crecientes y una mejor distribución del ingreso. Juntos generan un círculo virtuoso de crecimiento donde un aumento de los salarios estimula el desarrollo del mercado doméstico y el desarrollo del mercado doméstico estimula el crecimiento de los salarios». Los países que fortalecen su mercado interno, desarrollando la industria y la agricultura, están menos sujetos a las fluctuaciones de los mercados internacionales. Además, democracia y buenos estándares laborales (no discriminación, libre sindicalización, contratación colectiva, seguridad social, y otros derechos y beneficios sociales), son la clave de este nuevo modelo.
Hay que recordar que el fácil acceso a mano de obra barata, además de fomentar el extractivismo o rentismo entre las empresas, «elimina el incentivo para que las empresas disminuyan sus costos desarrollando o adoptando nuevas tecnologías». La ganancia genuina de competencia basada en los aumentos de la productividad y las mejoras en la calidad, se sustituye por la ganancia de una competitividad espuria que erosiona la calidad del trabajo, el medio ambiente y la distribución del ingreso. No se puede ganar competitividad a costa de la capacidad adquisitiva de los salarios, y de los derechos y beneficios de los trabajadores.
A modo de conclusión
Cuando no se paga un salario digno –como señala J.M. Clark (1929)--, «hay una pérdida de capacidad productiva que cae como una carga generalizada en la sociedad, que a menudo afectan a las futuras generaciones». El estancamiento de los salarios reales causaun daño irreversible al capital humano de los pobres.
Publicado en el Dario UNO, el sábado 17 de enero.
El ministro de la Producción, P. Ghezzi, ha dicho que «sería una tragedia que el Congreso derogue la Ley de Empleo Juvenil». ¿Habrá querido decir «tragedia para el Gobierno» o «tragedia para él» por haber sido uno de sus autores? Sorprende la exageración del ministro. Esta ley es un desatino y una tremenda falta de respeto a la inteligencia de los jóvenes.
Los argumentos del ministro en defensa de esta ley, que los jóvenes han denominado Ley Pulpín, son deleznables (véase su artículo “Jóvenes productivos, no informales” en LR, 06-01-15).
1. El ministro dice: «El indicador de empleo adecuado es engañoso: muchísimos jóvenes “adecuadamente empleados” no ganan ni la Remuneración Mínima Vital y tienen empleos informales, sin seguro de salud ni pensión».
Así responde cuando se argumenta que la Ley Pulpín pierde sentido si se toma en cuenta que el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años adecuadamente empleados aumentó de 25% a 63% entre 2008 y 2012.
El ministro no sabe qué es y cómo se mide el «empleo adecuado». Según el INEI y el BCR, son «adecuadamente empleados» los trabajadores que laboran 35 o más horas semanales y que obtienen un ingreso igual o mayor al Ingreso Mínimo Referencial; y, también los que voluntariamente trabajan menos de 35 horas. El concepto «adecuadamente empleado» es contrapuesto al de «subempleado»; y el ingreso considerado como adecuado es aquel que resulta superior al Ingreso Mínimo Referencial (IMR), establecido para el cálculo del subempleo invisible.
El ministro miente cuando dice que «muchísimos jóvenes “adecuadamente empleados” no ganan ni la Remuneración Mínima Vital». No sabe que el Ingreso Mínimo Referencial estimado por el INEI al mes de octubre de 2014 es de S/. 865.61, mayor que la Remuneración Mínima Vital de S/. 750 soles.
El crecimiento económico redujo el subempleo de estos jóvenes, situando sus ingresos por encima de la Remuneración Mínima Vital. Pero la Ley Pulpín les fija la percepción de un ingreso igual a la remuneración Mínima Vital. ¡Otro recorte potencial de ingresos!.
El empleo adecuado de los jóvenes aumentó 152% en cuatro años, porque creció la economía. Este crecimiento fue un fenómeno macroeconómico y no el resultado de recortes de derechos y beneficios laborales de los trabajadores. En general, el subempleo se redujo sustantivamente en los años de crecimiento, a pesar de la existencia de estos recortes en distintos regímenes especiales que se introdujeron desde los años noventa.
2. El ministro dice: «Puedes ser informal y tener un empleo adecuado». Según información de la ENAHO «solo 1,7% de los jóvenes de 18 a 24 años tiene un contrato laboral formal, a plazo indeterminado y con beneficios. Entre los demás jóvenes, 63% trabajan en la informalidad, 23% tienen contrato, pero temporal y 11,2% están desempleados. Nadie puede estar satisfecho con esto».
El Ministro está diciendo que la Ley Pulpín es la solución a estos problemas (informalidad, contrato temporal y desempleo). Hay que señalar, de paso, que los jóvenes entre 18 y 24 años que trabajan en la informalidad representan solo el 8.1% del total de trabajadores informales; y, estos últimos representan el 74.3% de la PEA ocupada total.
El razonamiento del ministro es cándido. Supone que las empresas reaccionarán ante el recorte de beneficios y derechos (es decir, ante la Ley Pulpín), creando más puestos de trabajo para los jóvenes. Pero esto es solo un supuesto ideológico. Los puestos de trabajo se expanden cuando crece la producción; y, crece la producción cuando crece la demanda. Si hay incertidumbre sobre el comportamiento futuro de la demanda agregada, si las empresas no avizoran un crecimiento de sus ventas, estas no aumentarán el empleo y pueden incluso despedir trabajadores. El recorte de los ingresos de los trabajadores, al disminuir su capacidad de compra, afecta el nivel de la demanda agregada futura.
Por último, el ministro debe saber que dependiendo del estilo de crecimiento, la expansión del empleo puede enfrentar un límite en el ritmo de acumulación de la capacidad productiva per cápita. Si este ritmo se rezaga frente al crecimiento de la fuerza laboral, aumentará el subempleo y la informalidad.
3. El ministro, suponiendo que los jóvenes ya tienen un empleo por obra y gracia de la Ley Pulpín, manifiesta: «La ley tiene dos grandes pilares: la experiencia y la capacitación. Esto hará que el capital humano de los jóvenes mejore». Después florea: «a los jóvenes les ofrecemos un futuro mejor, bajo la premisa de que una mejor experiencia laboral inicial les traerá beneficios a lo largo de toda su vida profesional, para beneficio de sus familias y de la sociedad».
¿Por qué no nos revela el ministro el número de puestos de trabajo, adicionales a los actualmente existentes, que creará la Ley Pulpin? No tiene manera de saberlo. ¿Cómo se crearán puestos de trabajo en plena desaceleración económica? Si no hay creación de puestos de trabajo, ¿cree el ministro que los 940 mil jóvenes de 18 a 24 años que actualmente trabajan en la informalidad (63%), serán trasladados por las empresas al régimen laboral de la Ley Pulpín? No lo dice. No hay manera de saber cuál es el futuro mejor que ofrece la ley a los jóvenes. A modo de conclusión
El ministro afirma que el régimen para microempresas no funcionó, entre otras razones, «porque los trabajadores formalizados en una MYPE podían pedir beneficios pasados del régimen general. Ello generó un desincentivo grande». Esta es una revelación importante. El ministro nos está diciendo que una vez recortados los beneficios para formalizarse, estos no pueden ser reclamados luego de ser formalizados. Esto es lo que hemos llamado «cambiar mocos por babas». Los trabajadores son informales porque no ejercen derechos laborales. La ley, «reconociéndoles» solo un mínimo de derechos, los convierte en «formales».
Publicado en el Diario UNO, el sábado 10 de enero de 2015
La coyuntura por la que atraviesa actualmente el país está caracterizada por la confluencia de dos hechos. En primer lugar está el enfriamiento de la economía y su incapacidad de reproducir en el futuro próximo las altas tasas de crecimiento de los años previos a la crisis internacional de 2008-2009. El incierto contexto externo ha puesto en cuestión el estilo neoliberal de crecimiento y acumulación de capital de las últimas dos décadas. Y, en segundo lugar, está el creciente deterioro de la democracia constitucional liberal. Los partidos políticos han perdido total credibilidad y todos los poderes del Estado están penetrados por la corrupción. No hay control ni rendición de cuentas creíbles de los elegidos. El extractivismo económico promovido por las políticas neoliberales, llegó hasta los niveles más altos de las instituciones del Estado en forma de aprovechamiento desembozado de los recursos públicos. Hay corruptos y corruptores que han infiltrado el poder judicial, el ministerio público y la contraloría general de la república para operar con impunidad. Las instituciones políticas y económicas extractivistas impulsadas por el poder político desde la década del «fujimorato» se reforzaron mutuamente aprovechando los periodos de altos precios de las materias primas.
La configuración de una coyuntura crítica
La masiva irrupción de jóvenes en la política con movilizaciones contra la Ley Pulpín que les recorta derechos y beneficios sociales –que ha puesto al margen a los políticos tradicionales--, se han sumado al enfriamiento económico y a la erosión de la democracia constitucional liberal, configurando una coyuntura crítica que puede trastornar el equilibrio existente de poder político y económico neoliberal. Se trata de un momento de cambio significativo –como dirían David y Ruth Collier (1991)-- que está dando paso justamente a una nueva expresión política en el país.
Las movilizaciones masivas de los jóvenes y que continuarán según sus organizadores a nivel nacional, apuntan directamente contra el extractivismo neoliberal en el mercado de trabajo. Todas las políticas neoliberales –la liberalización comercial y financiera, las facilidades al capital transnacional, el establecimiento de una competencia entre países mediante el desmantelamiento de los estándares regulatorios, las privatizaciones, el debilitamiento de los sindicatos, la desprotección laboral, y el recorte de beneficios y derechos de los trabajadores--, afectan a los trabajadores de los sectores privado y público, precarizan el empleo, y reducen y/o estancan la capacidad de compra de los salarios. Por esta razón, en casi todos los países que adoptaron el credo neoliberal, aumentó la desigualdad en la distribución de los ingresos.
La indignación de los jóvenes apunta precisamente al núcleo del discurso neoliberal según el cual la diminución relativa de los costos laborales aparece como un factor indispensable para ganar competitividad en el comercio internacional e insertar las unidades productivas en las cadenas de valor de la economía global, y como un incentivo para promover las inversiones privadas. Es el primer cuestionamiento masivo, social y juvenil, al modelo neoliberal que no pudo resolver la informalidad en la que se encuentran más del 70% de los trabajadores.
¿Fin del equilibrio extractivista?
Pero el desenlace de la actual coyuntura crítica, es incierto. «El camino exacto del desarrollo institucional durante las coyunturas críticas --nos recuerdan Acemoglu y Robinson--, depende de cuál de las fuerzas en oposición logra tener éxito, de qué grupos son capaces de formar coaliciones efectivas y de qué líderes pueden estructurar los acontecimientos en provecho propio».
Lo que queda claro es que las protestas juveniles han puesto en agenda los temas antes evitados por el poder político y económico. El rechazo a la restricción de derechos y beneficios laborales expresada en diversos dispositivos que generan distintos regímenes (Ley MYPES, Agroindustria, Textil, CAS, Trabajadores del Hogar, entre otros). Esto pone en cuestión la sobrevaloración del mercado autoregulado. La demanda de derogatoria de la ley Pulpin, puede entonces dar inicio a una movilización masiva por la aprobación de la ley general del trabajo que restituya todos los beneficios y derechos laborales y elimine los distintos regímenes especiales.
El otro tema es el del colapso de los partidos políticos, junto al rechazo de sus principales «líderes» vinculados directa o indirectamente con la corrupción y/o que aprovechan los cargos públicos para hacer negocios privados. Los jóvenes reclaman una nueva forma de hacer política. Es la primera participación ciudadana, activa y directa, el germen de la virtud cívica en jóvenes interesados en mejorar sus condiciones de vida en sociedad,
Si las movilizaciones continúan y se expanden a lo largo y ancho del país, si los jóvenes y otros movimientos progresistas construyen coaliciones efectivas, entonces se producirá una recomposición del espacio político haciendo posible la ruptura definitiva del equilibrio extractivista para dar paso a la innovación política y económica.
A modo de conclusión
«Toda juventud es inquieta –decía José Ingenieros. El impulso hacia lo mejor sólo puede esperarse de ella: jamás de los enmohecidos y de los seniles (…) Nada cabe esperar de los hombres que entran a la vida sin afiebrarse por algún ideal; a los que nunca fueron jóvenes, paréceles descarriado todo ensueño. Y no se nace joven; hay que adquirir la juventud. Y sin un ideal no se adquiere».
Publicado e el diario UNO, el sábado 03 de enero de 2015
Los argumentos a favor de la «ley Pulpin», son inverosímiles. Se dice, por ejemplo, «que la mayor flexibilización laboral favorece el crecimiento del empleo; que para disminuir la informalidad hay que reducir los mal llamados “derechos laborales”; y, que la susodicha ley apunta justamente en esta dirección». Este es el argumento de los neoliberales criollos. Afirman que los que critican la ley, le están diciendo a los jóvenes «mira papito, si no tienes derechos, mejor no trabajes, quédate jugando Play Station en tu casa».
Hay otros más indoctos que sostienen que «la ley se inspira en la necesidad de un rol activo del Estado en campos como la diversificación productiva y que en esta lógica se considera que parte de la solución al problema de la informalidad pasa por reducir algunos beneficios laborales de manera temporal, hasta que los niveles de productividad del trabajador sustenten un mayor acceso a ingresos y derechos». Creen que esta «es la manera de aproximarse al verdadero objetivo de la norma: mejorar la productividad del trabajo».
Derechos laborales e informalidad
Los dos enfoques aceptan que la causa de la informalidad es la existencia de derechos y beneficios laborales. Creen por eso que la «ley Pulpin» aumentará la demanda de trabajo y, dado que hay un alto desempleo entre los jóvenes, aumentará el empleo formal.
Este es un argumento estático. No toma en cuenta el papel de la acumulación de capital que es la que en última instancia le pone un límite a la demanda de trabajo por parte de las empresas. Hay desempleo involuntario porque la tasa de acumulación de capital se estanca o se desacelera. Y, en países como el nuestro, cuando la tasa de acumulación de capital no crece de manera suficiente para absorber la creciente oferta de trabajo, los que buscan trabajo se emplean en actividades de baja productividad y calificación o, en su defecto, se crean un empleo para sobrevivir.
Los neoliberales tampoco toman en cuenta que la flexibilidad del mercado de trabajo no asegura el aumento del empleo si en la economía existen empresas que pagan salarios reales de eficiencia, precisamente para evitar pérdidas que le ocasionaría la consecuente caída de la productividad si pagaran un salario real menor. Y, también en este caso la dinámica de la demanda de trabajo depende de la tasa de acumulación de capital. Hay desempleo involuntario en la economía (o hay subempleo e informalidad), porque no hay demanda creciente de empleo; y, no hay demanda creciente de empleo, porque no crece a tasas adecuadas la acumulación de capital.
¿Por qué más del 70% del empleo sigue siendo informal si desde los años noventa se inició la flexibilización laboral? ¿Es acaso la «ley Pulpin» la primera reforma neoliberal en el mercado de trabajo? Hace cerca de 12 años se introdujo el régimen laboral de la microempresa (sin gratificaciones, sin CTS, sin asignación familiar, y con solo 15 días de vacaciones), precisamente allí donde el 95% de los trabadores son informales. Sin embargo, este régimen mantuvo en la práctica la tasa de informalidad. Según estadísticas oficiales se formalizaron menos del 5% de los trabajadores en 12 años.
La informalidad y la baja productividad
Los que adhieren al segundo enfoque reproducen el mismo argumento neoliberal: la reducción de la informalidad pasa por la disminución de derechos y beneficios laborales. Pero, afirman, solo hasta que el aumento de la productividad «sustente un mayor acceso a ingresos y derechos». Sus voceros repiten lo que se dice en el segundo y tercer ejes del llamado plan de diversificación productiva (Eliminación de sobrecostos y regulaciones inadecuadas, y Expansión de la productividad), para concluir que la ley es beneficiosa porque es parte de este plan. Semejante argumentación linda con la necedad. (Véase mi artículo del 07-06-14: «Diversificación productiva»: ejes del «gatopardismo» neoliberal).
Los autores del plan de diversificación productiva creen que la baja productividad se debe a las elevadas tasas de informalidad laboral causadas por fallas de mercado y distorsiones en la política laboral. Sin con menores derechos y beneficios laborales (distorsiones) disminuye la informalidad, entonces los menores derechos y beneficios deben ser la base del incremento de la productividad. En esta visión estática, la informalidad y la productividad son exógenas al estilo de crecimiento y acumulación de capital. No hay critica al modelo neoliberal por más que se diga que la ley se inspira en la necesidad de un rol activo del Estado para diversificar el aparato productivo, y que el enganche es la capacitación.
No entienden que la tasa de acumulación de capital y el crecimiento de la productividad no son independientes entre sí. El desempeño de la productividad depende del ritmo y manera cómo se acumula capital y cómo se crece. Los neoliberales y los indoctos del plan de diversificación productiva creen que se requieren reformas microeconómicas para impulsar el crecimiento de la productividad, al margen de la tasa de crecimiento de la capacidad productiva per cápita.
Como señalan los teóricos del desarrollo, la tasa de crecimiento de la productividad es una función directa de la tasa de crecimiento del capital per cápita «porque las innovaciones técnicas que aumentan la productividad del trabajo usualmente requieren el uso de más capital por trabajador y porque la tasa a la cual una economía puede absorber las invenciones e innovaciones del pasado que todavía están sin explotar está limitada por su tasa de acumulación de capital» (Ros, 2013; Kaldor, 1976 y 1981).
A modo de conclusión
Entre 1990 y 2013 el stock de capital per cápita aumentó 26.9%, mientras que el empleo total lo hizo en 96%. Esta es la razón por la cual los sectores de alta productividad no fueron capaces de absorber a la creciente fuerza de trabajo, y la explicación de por qué parte importante de esta fuerza de trabajo se ubicó en los sectores de servicios de baja productividad y donde se encuentra el grueso de los trabajadores informales. Asimismo, ese ritmo relativamente bajo de acumulación de capital per cápita limitó la velocidad de las innovaciones y la absorción de nuevas tecnologías, dando lugar a un bajo crecimiento de la productividad.
Artículo que será publicado en el Diario UNO, el sábado 27 de diciembre
El gobierno de Humala acaba de crear un nuevo régimen laboral para jóvenes entre 18 y 24 años (Ley N° 30288 del 16-12-14), quitándoles, entre otros, los siguientes derechos y beneficios sociales: compensación por tiempo de servicios, vacaciones de 30 días, gratificaciones, asignación familiar, participación en las utilidades de la empresa, seguro de vida y seguro por trabajo en riesgo.
La ley es anticonstitucional
Esta ley que atropella los derechos de los jóvenes es una norma anticonstitucional. El artículo 26 de la Constitución señala que la «igualdad de oportunidades sin discriminación» es uno de los principios que debe respetarse en las relaciones laborales.
Los jóvenes de 18 a 24 años que entren a trabajar no tendrán los beneficios de los trabajadores que se encuentran dentro del régimen general ni dentro del régimen de pequeña empresa o de la modalidad formativa juvenil. Un ejemplo flagrante de discriminación es la mutilación de su derecho a participar en las utilidades de la empresa, derecho reconocido por el artículo 29 de la Constitución y en otras normas regulatorias y que establecen el porcentaje de las utilidades que debe repartir la empresa según el tipo de actividades que desarrolla.
La ley no combate la informalidad
El 57.3% de los jóvenes entre 18 y 24 años trabaja sin contrato laboral. Esta ley no impide la sustitución de trabajadores que culminan sus contratos, implícitos o explícitos, por jóvenes contratados bajo el nuevo régimen laboral especial. Ella sólo prohíbe la sustitución mediante cese de los trabajadores sin causa justa. Es una ley de seudo-formalización. Los trabajadores informales son los que no tienen derechos ni beneficios sociales, ahora con esta ley los trabajadores jóvenes entre 18 y 24 años, careciendo de esos derechos y beneficios, serán incorporados a la planilla electrónica, con lo cual se habrán convertido en trabajadores formales. La ley solo cambia «mocos por babas».
Los beneficios y derechos sociales de los trabajadores, son tratados como costos no-salariales que incrementan el costo del trabajo y que –según los voceros del gobierno--, fomentan la informalidad. Pero, ¿puede ser verdad que estos costos sean responsables de la existencia de 11.5 millones de trabajadores informales? No. La informalidad se debe al bajo crecimiento de la capacidad productiva per cápita, resultado de un estilo de crecimiento y acumulación de capital que no expande la capacidad productiva industrial, agroindustrial y agrícola. Entre 1990 y 2013 el stock de capital per cápita aumentó 26.9%, mientras que el empleo total lo hizo en 96%. Gran parte de este aumento del empleo, es informal.
La ley ratifica la política del «cholo barato»
Se reduce los costos laborales eliminando derechos y beneficios sociales de los trabajadores, supuestamente para estimular las inversiones y aumentar la competitividad. Sin embargo, no es cierto que los costos salariales no laborales sean los más altos en la región. Por ejemplo, se dice que en Chile estos costos representan el 31.3% de salario mensual promedio y que en Perú representan el 59%. Pero no se dice que el salario en Perú es solo el 56.4% del salario en Chile.
De otro lado, no hay experiencia histórica que muestre que la reducción del costo del trabajo estimule el aumento de las inversiones y el crecimiento económico, y menos en un contexto de enfriamiento económico como el actual. Cuando no existe certidumbre de una expansión de la demanda y de las ventas, no hay empresarios que arriesguen su capital. No se puede afirmar, entonces, que con esa ley aumentará el empleo y, por lo tanto, la producción.
La ley es una nueva institución extractivista
La política del «cholo barato» es extractivista porque facilita la obtención de rentas por parte de las empresas privadas y no fomenta la innovación. Recuérdese que el programa neoliberal incluye la flexibilización del mercado de trabajo mediante la eliminación de la estabilidad laboral y de la protección social a los trabajadores. Humala es ahora un discípulo destacado del autor del «perro del hortelano». Es el gran impulsor de instituciones políticas y económicas extractivistas.
Cuando era candidato ofreció practicar la democracia y asegurar la plena vigencia de los derechos civiles, sociales, políticos y humanos. Ahora es un militante del extractivismo neoliberal. La ley que acaba de promulgar es un grotesco regalo a los egresados de Beca 18, porque de acuerdo con su artículo 2, se aplica a jóvenes con educación completa o incompleta de secundaria, y también a jóvenes con educación superior técnica o universitaria. Humala no respeta los derechos laborales y sociales, y miente cuando dice que la ley no se aplica a jóvenes con educación superior o universitaria.
A modo de conclusión
La disminución o estancamiento de los salarios reales y el recorte de los derechos y beneficios sociales de los trabajadores, conspira contra la cohesión social, contra el sentimiento de ser parte de una comunidad. Adam Smith decía que un salario que no le permite subsistir al trabajador y a su familia es un estímulo a la mendicidad o a la delincuencia. Por su parte, J.B. Clark –creador de la teoría de la productividad marginal--, sostenía que las actividades improductivas se expanden cuando se paga salarios bajos respecto a la productividad, lo que deviene en una dinámica de productividad y salarios reales bajos que afecta al conjunto de la sociedad. Los neoliberales criollos de nuestro país deberían leer a los economistas neoclásicos de fines del siglo XIX.
Artículo que será publicado en el Diario UNO, el sábado 20 de diciembre.
Varios economistas han afirmado recientemente que el Banco Central no está acompañando el impulso fiscal del gobierno. Más precisamente han afirmado que el Banco Central no está bajando la tasa de interés de referencia para fortalecer los efectos supuestamente reactivadores de las medidas adoptadas por el MEF. Julio Velarde, presidente de su directorio, nombrado por Alan García y ratificado por Ollanta Humala, ha respondido (véase La República, 07-12-14) afirmando, ofendido, que «es injusto decir que no hemos reaccionado ante la desaceleración del crecimiento económico».
En lo que sigue vamos a mostrar que Velarde no tiene razón; que, por el contrario, su política cambiaria configuró una estructura productiva menos industrial y más productora de no-transables, estructura que ahora constituye una restricción al crecimiento. La política cambiaria de Velarde nos ha dejado con motores internos deteriorados y, por lo tanto, sin capacidad de sustituir al motor externo que actualmente se encuentra apagado.
Las explicaciones de Velarde
Es verdad que por lo menos hasta octubre de este año --como dice Velarde-- no hubo impulso fiscal, pues de enero a octubre la inversión pública cayó en cerca del 2%. Y ¿qué hizo el Banco Central mientras las medidas impulsadas por el MEF no impedían la caída de la inversión pública? Velarde responde: «el Banco Central venía reduciendo el encaje desde junio del año 2013». Pero no reconoció que los efectos de estas reducciones demoran o se pierden en el camino y que, por lo tanto, no cumplen su cometido. El encaje es un instrumento de política monetaria ineficiente. Velarde evade su responsabilidad. No nos dice por qué utiliza un instrumento ineficiente si sabe que los bancos –sobre todo en la situación actual--, son más cautelosos en la promoción de su oferta de créditos.
¿Por qué no utiliza la tasa de interés de referencia, instrumento que introdujo en los años 2001-2003 el directorio del Banco Central de ese entonces? Otra vez, sin reconocer su responsabilidad de haber permitido durante su gestión que los créditos se dolaricen, dijo: «Cuando se tiene que la mitad del crédito de las empresas está en dólares, no es simplemente ver en cuánto bajar la tasa de interés en soles, sino también observar qué pasa con el tipo de cambio».
Los lectores recordarán que tanto Velarde como Castilla afirmaban que no les preocupaba la apreciación cambiaria. Que esta apreciación era la expresión de la fortaleza de la economía. Recordarán que en mayo de 2012 Velarde dijo que no le preocupaba la apreciación del sol, sino el fuerte rebote del tipo de cambio. Así, implícitamente responsabilizaba de la recurrente caída del tipo de cambio a otros factores, y no a su mezcla de medidas y a sus tímidas intervenciones en el mercado cambiario.
Durante cerca de siete años dejaron que los empresarios productores de bienes transables, perdieran competitividad. Permitieron, precisamente en los años de alto crecimiento impulsado por un motor externo (por la creciente demanda mundial y los incrementos en los precios de los minerales), que la moneda se apreciara de manera recurrente configurando una estructura de precios relativos contraria a la producción de transables, que debilitó e impidió la expansión y modernización de la industria y de la agricultura.
Si los motores internos del crecimiento se deterioraron con ese tipo de política cambiaria, ¿cómo puede sentirse ofendido Velarde cuando le dicen que «no han reaccionado ante la desaceleración del crecimiento económico»?.
La actual preocupación por el alza del dólar
Desde setiembre de 2012 el Banco Central cambio su política que consistía en mezclar diversos instrumentos en momentos distintos: compras de dólares en cantidades variables, incrementos en el encaje marginal en dólares y emisiones de Certificados de Depósito no transables. La nueva política anunciada por Velarde en setiembre de 2012, se dirigía supuestamente a enfrentar la apreciación cambiaria. Esta nueva política consistía en comprar dólares en montos fijos para «introducir más volatilidad en el tipo de cambio. Al tener una cantidad fija de intervención –dijo Velarde--, incluso si está comenzando a subir el tipo de cambio seguiríamos comprando, y eso haría que suba un poco más». Velarde tenía la esperanza que esto generaría un poco más de volatilidad en el tipo de cambio, que desalentaría la especulación a la baja y el incremento del crédito en dólares.
Desafortunadamente para Velarde su nueva política no frenó la caída del tipo de cambio real. De agosto de 2006 a enero de 2013, los tipos de cambio reales, bilateral y multilateral, disminuyeron en 26.9 y 14.9%, respectivamente; y, de agosto de 2012 a enero de 2013 las caídas en los tipos de cambio reales, bilateral y multilateral, fueron de 3.1% y de 1.0%. Lo que ocurrió después no tiene nada que ver con su «nueva política» cambiaria.
El anuncio del cambio en la política monetaria de los Estados Unidos y la consecuente salida de capitales, modificó la sistemática caída del tipo de cambio real. Si no fuera por este hecho, habría que decirle a Velarde que su «nueva política» fue contraproducente. La razón es que, según el propio Velarde, no se puede ahora bajar la tasa de interés porque desde el año 2013 se registra «una presión al alza del tipo de tipo de cambio enorme». En efecto, de enero a octubre de 2013 los tipos de cambio reales, bilateral y multilateral aumentaron en 7.1% y 6.2%, respectivamente. En los meses siguientes hasta noviembre de este año, sólo aumentó el tipo de cambio bilateral (4.1%).
A modo de conclusión
Velarde no ha aprendido la lección. Una gestión como la de él, que no fue capaz de impedir la dolarización de los créditos y que dejó caer el tipo de cambio real, es ineficiente. Ante el nuevo contexto monetario internacional reacciona tarde y preocupado por los efectos de lo que dejó de hacer.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 13 de diciembre.
Luis Miguel Castilla dejó la economía en piloto automático. Lo asumió cuando comenzaba el enfriamiento y no hizo nada para superarlo. Después de la crisis de 2008-2009, Castilla frenó la inversión pública, en lugar de aumentarla y reorientarla para estimular la inversión privada en los sectores agrícola y manufacturero. Aparte de «prenderle velitas a China», el exministro se dedicó, desde 2013, a promover la aprobación de medidas administrativas para facilitar la inversión privada. Pero, la desaceleración de la inversión privada continuó, a pesar de sus normas de expropiaciones, de reposición de capitales, de aceleración de la entrega de certificados de inexistencia de restos arqueológicos, de creación de una ventanilla única para los EIA, de su política nacional para la calidad, de la reforma del mercado de capitales, de la eliminación de barreras burocráticas a la actividad empresarial, de la condonación de deudas tributarias de las empresas privadas, de la ampliación de los contratos de estabilidad tributaria en minería, en fin…de su mecanismo de obras por Impuestos.
Las medidas del ministro Segura
El opositor a los aumentos del salario mínimo fue reemplazo por Alonso Segura en setiembre de este año. Segura aparece luego como el promotor del cuarto y quinto paquete de medidas. A las normas administrativas que hizo aprobar Castilla y que hacen énfasis en factores de oferta, el ministro Segura le adicionó otras en la misma lógica de destrabar, desregular y generar incentivos a las inversiones privadas.
Además, Segura le ha agregado a los dos últimos paquetes, medidas de corto plazo contra-cíclicas, para generar una tasa de 5.5% de crecimiento en 2015. Pero, el estímulo fiscal de corto plazo propuesto en los dos últimos paquetes, es decir, el aguinaldo extraordinario, el gasto en pequeñas obras y la reducción del impuesto a la renta de los estratos bajos y medios de ingresos, bordea solo el 1% del PBI. Por lo tanto, el aumento en el ingreso disponible de las familias tendrá un reducido impacto en el consumo y en la producción interna, amén de que un porcentaje importante de este incremento se traducirá en mayores importaciones.
De otro lado, Segura ha propuesto para el mediano y largo plazo, medidas de oferta como el arancel cero para insumos y como la simplificación de procedimientos para la obtención de permisos y licencias, que al reducir costos y tiempo, se espera que estimulen la inversión privada. Entre estas medidas destaca la que busca agilizar los estudios de impacto ambiental (EIA) y el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, entre otros permisos. Se pretende así reducir el plazo de estos estudios de 120 días a 30 días.
También ha propuesto la reducción del impuesto a la renta de los estratos de altos ingresos, haciendo más regresivo el sistema tributario y poniendo en riesgo los ingresos del estado en los próximos años. Con esta medida y la que aumenta el impuesto a los dividendos, se pretende incentivar la reinversión de las utilidades empresariales. Sin embargo, al igual que las medidas administrativas, estas últimas no constituyen, por teoría y por experiencia histórica, los determinantes de la inversión. Si el futuro para la producción y las ventas es incierto, los inversionistas no arriesgarán sus capitales. Con un motor externo apagado, la incertidumbre continúa. En estas condiciones, acrecentar las utilidades con reducciones de impuestos es una pura transferencia de recursos del Estado al sector privado.
La reducción de los costos laborales no salariales (como el costo de despido, el período de vacaciones, etc.) y la promoción del empleo juvenil sin derechos sociales, son otras medida por el lado de la oferta para estimular las inversiones. Pero estas medidas con contraproducentes porque debilitan simultáneamente la demanda que se quiere reactivar. La reforma neoliberal del mercado de trabajo, estancó los salarios reales y siempre ha buscado reducir los salarios para facilitar a los empleadores contratar y despedir trabajadores, afectando así la demanda en el mediano y largo plazo.
La dicotomía de las políticas
Hay una dicotomía en las políticas propuestas. A corto plazo se incide en factores de demanda y largo plazo en los factores de oferta. Esta dicotomía se sustenta en el supuesto de que el enfriamiento de la economía es solo un desvío del producto respecto a su nivel potencial. A largo plazo, es decir, para estimular el crecimiento del producto potencial, según el pensamiento neoliberal, hay que adoptar medidas por el lado de la oferta. No hay intención, entonces, de reorientar las inversiones a la generación de motores de crecimiento económico internos, como la manufactura, la agroindustria y la agricultura.
El énfasis en este tipo de políticas, solo acentuará la actual tendencia del crecimiento, donde los sectores que más crecen son el Comercio y algunos servicios como: Financiero y Seguros, Servicios prestados a empresas, Otros Servicios, Alojamiento y Restaurantes, etc. En estos sectores, como se sabe, predominan los trabajadores de baja calificación y de baja productividad. Por lo tanto, lo que se estimulará es un crecimiento que no fomenta el aumento de la productividad. Y, no hay manera de sostener el crecimiento del PBI con el crecimiento de estos sectores terciarios de baja productividad.
A modo de conclusión
Las políticas contra-cíclicas son pertinentes, pero riesgosas en una economía cuya estructura productiva se ha hecho menos manufacturera y agrícola, y más productora de servicios de baja productividad. Las políticas contra-cíclicas, para ser exitosas, deben acompañarse de medidas específicas orientadas a cambiar el actual patrón de crecimiento y acumulación de capital.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 6 de diciembre.
En nuestro artículo del sábado 22-11-14, mostramos por qué las políticas fiscal, monetaria, comercial y cambiaria aplicadas por los neoliberales durante los últimos 23 años no pueden ser consideradas la causa directa del crecimiento económico de los años 1993-1997 y 2003-2013. La economía creció porque crecieron la demanda mundial de materias primas y los precios de los minerales que exportamos. El patrón de crecimiento y acumulación de capital fue primario-exportador, y contrario a la producción de bienes transables, es decir, a la producción manufacturera y agrícola. La estructura de precios relativos configurada por las políticas neoliberales, favoreció el crecimiento de los sectores no-transables –comercio, servidos y construcción--, donde se encuentra el 68 del empleo, que en su gran mayoría es de baja calificación y productividad.
La mentira sobre el crecimiento del empleo adecuado
El modelo neoliberal –dicen sus defensores-- no favorece la informalidad. Para sustentar esta afirmación sostienen que en la última década el empleo adecuado ha aumentado, que el subempleo ha disminuido notoriamente y que, por eso, «ya son 10 millones de peruanos que tienen el empleo adecuado».
Si la PEA ocupada total asciende a 15.5 millones, ¿puede haber 10 millones de trabajadores con empleos adecuados y, al mismo tiempo, 11. 5 millones de trabajadores informales? En otras palabras, ¿Tiene sentido afirmar que el 64.2% de esa PEA ocupada total está adecuadamente empleada y el 74.3% de esa misma PEA es informal?
Los neoliberales mienten y desinforman al país. Se sabe que los trabajadores informales, a diferencia de los formales, son de baja calificación y productividad, y que no tienen los mismos beneficios sociales. Si se acepta que parte de los trabajadores informales está adecuadamente empleado, entonces también tendrá que aceptarse que estos «empleos adecuados informales» son precarios por sus bajos ingresos y baja productividad.
En la actualidad, sólo el 25.7%, es decir, alrededor de 4 millones, son trabajadores formales y el resto, 74.3% son informales. En el propio sector productivo formal, hay trabajadores informales que representan el 17.3% del empleo total. En consecuencia, 8.9 millones de trabajadores informales se encuentran en el sector productivo informal constituido por pequeñas empresas con poco capital y que no pueden competir con las empresas que utilizan tecnologías modernas. ¿Dónde están, entonces, los 10 millones de trabajadores con empleos adecuados? La verdad monda y lironda es que el modelo neoliberal –que ya tiene cerca de 24 años--, no ha sido capaz de modificar esta estructura del empleo, dominada por la informalidad y la baja calificación y productividad. El modelo neoliberal es responsable de que gran parte del crecimiento de la fuerza laboral haya sido absorbida por el sector informal.
La mentira sobre vulnerabilidad externa de la economía
Los neoliberales también mienten cuando dicen que «el modelo nos ha permitido reducir la exposición externa de la Economía. Somos –dicen citando a la agencia Moody’s-- el país que, junto a Chile, tiene el nivel más bajo de vulnerabilidad en la región». Y con el mayor descaro afirman que esto es así porque «el modelo económico nos ha permitido acumular un impresionante nivel de reservas internacionales (US$ 67 mil millones, lo que representa 32% del PBI), que cubren 7 veces la deuda externa pública y privada de corto plazo…».
Los neoliberales se olvidan de dos hechos importantes. En primer lugar, olvidan que en los noventa ellos promovieron la dolarización del portafolio bancario y que, por lo tanto, fueron responsables de la larga recesión con crisis bancaria (1998-2002), que se inició con la crisis asiática y rusa. Es importante recordar, además, que los neoliberales impulsaron la dolarización completa de la economía y la práctica desaparición del Banco Central. También hicieron aprobar una ley de Prudencia y Transparencia Fiscal en 1999, en plena crisis, que ataba de manos al gobierno al fijar «el incremento anual del gasto no financiero real del Gobierno general en un máximo de 2%».
En segundo lugar, olvidan que en los años 2001-2003, cuando no controlaban el directorio del Banco Central ni los puestos importantes en el MEF, se hicieron reformas en la política monetaria y fiscal. El Banco Central pudo acumular reservas porque su directorio de ese entonces introdujo un esquema institucional de política monetaria con una meta de inflación y dos reglas: una de política monetaria con la tasa de interés como instrumento y otra de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario. En el MEF, lo primero que se hizo fue sustituir la ley de Prudencia y Transparencia Fiscal por la ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal que abría la posibilidad de aplicar políticas fiscales contra-cíclicas. También se creó un mercado de deuda pública en soles que permitió reducir el peso de la deuda externa en moneda extranjera y «reperfilar» sus servicios. Esto permitió reducir notablemente el ratio de deuda a PBI. En ninguna de estas reformas participaron los economistas neoliberales. Mienten, por lo tanto, cuando dicen que «el modelo económico neoliberal nos ha permitido acumular un impresionante nivel de reservas internacionales».
A modo de conclusión
En el colmo de la desfachatez, los neoliberales dicen que «el fenómeno de la informalidad es consecuencia de la ineficiencia del Estado y el sistema político (no del modelo)». Olvidan que fueron ellos los que fomentaron el desmantelamiento de los sistemas de información y planeamiento de la administración gubernamental del Estado, son ellos los que alentaron su achicamiento dando lugar a la renuncia de sus mejores profesionales. Pero, el tema es otro. No pueden entender que la informalidad tiene otra causa, y que esta se encuentra en la propia lógica del modelo que defienden.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 29 de noviembre.
Los defensores del modelo neoliberal desinforman al país. Dicen que el crecimiento económico de los últimos años está sustentado en el propio modelo, lo que equivale a decir que es resultado de las políticas económicas neoliberales. Que la informalidad no es consecuencia del modelo, sino de la ineficiencia del Estado y del sistema político. También dicen que este modelo ha disminuido la vulnerabilidad externa de la economía. Pero, nada de esto es verdad.
Las políticas neoliberales no son causa del crecimiento
Durante el fujimorato hubo crecimiento económico solo en los años 1993, 1994, 1995 y 1997. Los otros seis de los 10 años de dictadura, fueron de recesión económica. La economía vuelve a crecer a partir del año 2003, reduce su tasa de crecimiento hasta cerca de cero en el año 2009 y vuelve a crecer los años siguientes hasta el año 2013. En total fueron 14 años de crecimiento durante 23 años de neoliberalismo. Pero el crecimiento durante estos 14 años no tienen relación con las políticas y reformas neoliberales. La razones son las siguientes:
1) Durante el fujimorato se apreció el tipo de cambio real, al mismo tiempo que se liberalizó el comercio. Durante los años 2003-2013 también se apreció el tipo de cambio real desde agosto de 2006 y fue la década en que se firmaron tratados de libre comercio con varios países. Estas «políticas» cambiaria y comercial le quitaron competitividad a la producción y exportación de manufactureras, al mismo tiempo que provocaron una notable penetración de importaciones en el mercado interno. Ni la apertura comercial ni el atraso cambiario fueron, entonces, el motor del crecimiento durante el período neoliberal.
2) El crecimiento tampoco tuvo como motor la política fiscal. En los años noventa su principal objetivo fue servir la deuda pública externa. Fueron 8 años consecutivos de generación de superávit fiscal primario: 1.5% del PBI, en promedio. En la última década la generación de superávit primario alcanzó el 2.6% del PBI, no obstante que el ratio de deuda a PBI había disminuido significativamente. Los cálculos del déficit estructural también muestran la práctica de una política fiscal contractiva.
3) La política monetaria tampoco desencadenó el crecimiento, ni en los años noventa ni en la última década. Durante los años noventa la política monetaria restrictiva encareció el crédito; además, promovió la dolarización del portafolio bancario. El crédito caro no podía generar crecimiento. Por su parte, la dolarización creó un descalce de monedas que, con la crisis que se inicia en 1997-1998 y que eleva el tipo de cambio, provocó quiebras bancarias. De otro lado, la política monetaria de la última década se beneficia de la reforma efectuada en los años 2001-2003, que introduce un esquema institucional basado en metas de inflación, una regla de tasa de interés y una regla de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario. Pero desde el año 2006, la aplicación de este esquema de política se acompaña con sistemáticas reducciones del tipo de cambio real, que afecta a la producción de bienes transables. En ambos período, se estimula la penetración masiva de importaciones.
4) Tampoco las privatizaciones estimularon el crecimiento económico. Aumentaron las tarifas de los servicios públicos y, con ello, los costos de las empresas. Aquí tampoco puede encontrarse la fuente de crecimiento económico. La apreciación cambiaria y tarifas públicas caras, hizo perder competitividad a los productores privados en los mercados internacionales.
La fuente del crecimiento no se encuentra, entonces, en las políticas neoliberales. Estas son contrarias al desarrollo industrial y agrícola, Estas políticas no promovieron la generación de puestos de trabajo estables; mantuvieron estancados los ingresos reales de los maestros empleados públicos y trabajadores, promovieron la informalidad porque desaceleraron el crecimiento de la capacidad productiva per cápita; aumentaron la vulnerabilidad de la economía frente a los shocks externos y acrecentaron la dependencia de la economía de las importaciones y de la inversión extranjera, y descapitalizaron al país acrecentando el déficit de la balanza de servicios financieros privados.
¿Por qué, entonces, hubo crecimiento económico?
El crecimiento de la economía durante la década de los noventa y durante la última década, se debió fundamentalmente a la expansión de la demanda mundial y al incremento de los precios de los minerales. Es verdad que las políticas neoliberales cambiaron la estructura de los precios relativos a favor de la explotación y producción de bienes primarios, como la minería, con ventajas naturales de productividad. Pero este cambio en la estructura de precios relativos tampoco hubiera sido suficiente para estimular el crecimiento, si no se hubiera expandido la demanda internacional por las materias primas.
Los neoliberales tuvieron suerte. La demanda internacional se recuperó a partir del año 1992 y creció hasta el año 1997. Con la crisis asiática y rusa de 1997-1999, se desaceleró y luego volvió a crecer a partir del año 2002. En este segundo período de crecimiento tuvo participación importante el crecimiento de la economía China, que hizo crecer notablemente los precios de los minerales.
No fueron las políticas neoliberales, entonces, la causa del crecimiento económico peruano, sino el crecimiento de la demanda mundial, el crecimiento de los precios de los minerales, y el clima en algunos años. La economía peruana creció, porque crecieron la producción y las exportaciones de bienes primarios, y la producción de los sectores no-transables como la Construcción, el Comercio y los Servicios.
A modo de conclusión
El motor del crecimiento neoliberal estuvo fuera de las fronteras nacionales. Este motor está ahora apagado, por eso la economía peruana ha dejado de crecer.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 22 de noviembre.
La información difundida por el INEI no refleja lo que realmente está ocurriendo con el crecimiento económico. Como técnicamente no hay recesión, los voceros oficiales del gobierno afirman que el próximo año la economía volvería a crecer a tasas de 5% o 6%. Pero no habrá manera de crecer a estas tasas si se insiste en el mismo patrón de crecimiento y acumulación de capital. Estudios recientes de la dinámica de la economía internacional revelan que la crisis que empezó en 2008-2009 ha dado lugar a un largo período de estancamiento. No volverá, por lo tanto, un escenario externo con precios altos de los metales, con crecimiento de 4 a 5% promedio anual y con influjos notables de capitales.
Estancamiento de largo plazo en el Centro
No hay signos de una franca recuperación en los países industrializados. Las tasas de desempleo se mantienen en niveles relativamente elevados y no hay signos claros de que tiendan a disminuir sostenidamente. En ausencia de una clara recuperación, la volatilidad y la incertidumbre dominan a sus mercados financieros.
Los efectos de la crisis financiera de 2008-2009 fueron enfrentados primero con políticas monetarias que facilitaron la disponibilidad de dinero y que disminuyeron las tasas de interés de manera notable. Pero no fueron suficientes para impedir la recesión. El recurso lógico a los estímulos fiscales tampoco terminó con la débil recuperación. Pero aumentaron notablemente los déficits fiscales que junto al estancamiento de la economía real, condujo a una rápida expansión de la deuda pública.
La crisis de la deuda soberana en los países de la periferia europea (PIGS), se manifestó como una crisis del Euro. La abundante liquidez que los bancos centrales proporcionaron a estos países, no cambió su situación. Estos países fueron obligados a recortar sus déficits y su deuda para permanecer como miembros de la Eurozona. El conflicto se trasladó de Estados Unidos a Europa, y de la deuda privada a la deuda pública, pero los efectos políticos del problema del déficit fiscal (el reciente triunfo de los republicanos en Estados Unidos, por ejemplo), que es común a ambos, es decir, las presiones por su reducción, está minando las posibilidades de un nuevo estimulo fiscal. El escenario de austeridad y los signos de una tímida recuperación, revelan entonces que “el crecimiento sostenido permanece como una tenue perspectiva a ambos lados del atlántico” (Gualerzi, 2014).
Sin embargo, lo que está en cuestión es si las políticas de ajuste están en el camino del crecimiento sostenido. También está en cuestión el papel de los estímulos fiscales como el mecanismo activador de un crecimiento sostenido. Lo que sostienen diversos analistas es que no está claro que la reanudación del crecimiento ocurra sobre las mismas fuentes y mecanismos que dieron lugar a la expansión económica que caracterizó al periodo de post guerra. Tampoco está claro, como se deduce de diversos análisis sobre la crisis actual, qué sectores liderarán el crecimiento. Lo que es más probable, entonces, es un escenario internacional de estancamiento económico prolongado.
El INEI y el optimismo de algunos economistas criollos
Dado este escenario internacional, tienen razón aquellos economistas que sostienen que es una ilusión esperar que la economía peruana crezca en los próximos años a tasas de 5 o 6% promedio anual. Pero no tienen razón cuando dicen que el actual enfriamiento de la economía podría revertirse significativamente con solo políticas monetarias y fiscales expansivas. Es lo que piensa, por ejemplo, el FMI para el Perú. La equivocación está en suponer que se puede reanudar el crecimiento sobre las mismas bases que explicaron el auge de económico de la última década. No toman en cuenta que la estructura productiva resultante de este auge, ya no es la misma que la de hace quince o veinte años. El crecimiento primario exportador y liderado por los sectores no-transables, provocó un cambio en la estructura productiva al limitar la expansión de la producción manufacturera y agrícola. En consecuencia, políticas contracíclicas de impulso a la demanda, si bien tienen el signo correcto, podrían derivar, más temprano que tarde, en problemas inflacionarios y de balanza de pagos.
Las cifras del INEI no revelan la profundidad de la desaceleración. La economía está creciendo a tasas cercanas a la unidad, porque crecen los servicios. La producción de la agricultura, la pesca y la manufactura, en conjunto, están decreciendo a tasas de 2.5%, 8.3%, 3.4% y 2% desde mayo de este año. Los únicos sectores que crecen, según las cifras del INEI, son Comercio y Servicios, y lo están haciendo a tasas que en promedio se aproximan al 5%. En estos sectores terciarios los que más crecen son Finanzas y Seguros, Servicios Prestados a Empresas y Restaurantes y Hoteles.
Es claro, entonces, que la oferta de producción de bienes está decreciendo con lo cual el producto potencial ya no puede estar creciendo a la tasa de 5%, a menos que para el INEI y para algunos economistas, el producto potencial debe crecer a la tasa que crecen el comercio y los servicios.
A modo de Conclusión
Si la tasa de crecimiento del producto potencial se reduce notablemente, las presiones de demanda, originadas por las políticas contracíclicas, generarán presiones, sobre la balanza de pagos y sobre los precios de los bienes. Además, no hay que olvidar que las importaciones representan cerca del 112% de la producción manufacturera y agrícola en conjunto.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 15 de noviembre.
La desaceleración del crecimiento ha vuelto a poner en debate las causas de la informalidad. Rafael La Porta y Andrei Shleifer (Informality and development, JEP, Summer 2014), hacen un excelente resumen de las explicaciones más conocidas y difundidas.
La crítica explicaciones más difundidas
En primer lugar está la explicación que proviene de los trabajos de Hernando de Soto según la cual la informalidad es el resultado de la sobrerregulación estatal. Así, la existencia de altas tasas de informalidad son las que explicaría el lento crecimiento de la productividad. Por lo tanto, eliminando su causa (las barreras a la entrada) y «formalizando» los títulos de propiedad, se impulsaría el aumento de la productividad y el crecimiento económico. No hay experiencia en el mundo que evidencie que la receta de las desregulaciones haya sido la fuente de los ciclos de crecimiento de las últimas décadas. Precisamente los países donde una parte importante del empleo es informal, implementaron desregulaciones en distintos mercados, en consonancia con el recetario neoliberal.
En segundo lugar está la explicación que coincide con la posición del Mckinsey Global Institute y que describe a las empresas informales como como «parásitos que compiten injustamente con las empresas formales respetuosas de la ley». Las empresas y trabajadores informales disfrutan de ventajas evitando las regulaciones y evadiendo impuestos. Esta explicación, como afirma La Porta y Shleifer, es cínica. No toman en cuenta que la casi totalidad de los trabajadores informales tiene baja calificación, bajos ingresos y baja productividad. Tampoco consideran que las empresas informales son las que «emplean» a este tipo de trabajadores.
La informalidad expresa la existencia de pobreza y de una extendida baja calidad en las condiciones de vida de la gran mayoría de los trabajadores. Hay, por lo tanto, una tercera explicación que sigue la ruta de los teóricos del desarrollo (Lewis, Kalecki, Todaro, Ros y otros). Para estos la informalidad es un «subproducto de la pobreza». El mundo formal es opuesto al sector informal. Empresarios y trabajadores informales son de baja calificación y productividad; operan pequeñas empresas con poco capital y sus productos tienen muy poco valor agregado y, por lo tanto, no compiten con los que generan las empresas que usan tecnologías modernas. No son las regulaciones, sino sus montos facturados y su propio atraso tecnológico y baja productividad, los factores que les impiden transitar a la categoría de formales. Las desregulaciones, entonces, no son el camino para impulsar el crecimiento y menos en la coyuntura externa actual.
Estilo de crecimiento e informalidad
El crecimiento de la economía ayuda a disminuir la informalidad, pero lentamente, dicen La Porta y Shleifer. Entre 1990 y 2012 el PBI per cápita aumentó 2.1 veces, pero la fuerza laboral creció tan rápido como el producto per cápita; por lo tanto, «gran parte de la absorción de la mano fue hecha por el sector informal». A pesar del alto crecimiento económico de la última década, aumentó la participación de los trabajadores informales en el total del empleo, aunque el nivel del empleo formal aumentó de 5 a 8 millones. Efectivamente, según el INEI, el 74.3% del total de la PEA ocupada en 2012 era informal (57% se encontraba en el sector informal –que participa con 20% en la generación del PBI-- y 17.3% fuera de él).
Para La Porta y Shleifer el más importante factor que impide o limita el tránsito hacia la formalidad es la «escasez de empresarios educados». El porcentaje de empresarios y trabajadores informales calificados es muy reducido. La informalidad es alta en los países pobres –dicen estos autores--, porque sus empresarios son improductivos; tienen escasez de oferta de empresarios educados. En consecuencia, para disminuir la informalidad hay que aumentar esta oferta.
No hay duda que empresarios y trabajadores informales tienen bajísima productividad y casi ninguna calificación. Pero esta situación es resultado de un estilo de crecimiento y acumulación de capital que no expande la capacidad productiva industrial y agroindustrial, y que no moderniza la agricultura donde se encuentra cerca del 50% del empleo informal. Este estilo de crecimiento que se inicia en 1990, ha aumentado la participación en el empleo de los sectores terciarios (comercio y servicios) de baja productividad. Esta participación pasó de 36.3% en el período 1960-1980, a 53.9% en el período 1990-2010.
Estos períodos se diferencian por los distintos ritmos de acumulación de capital per cápita (véase gráfico). En 1960-1980, el stock de capital per cápita aumentó 43.5%, mientras que en el segundo 1990-2010 aumentó solo 10.9%. El más alto crecimiento del capital per cápita ocurrió en los años 2010-2013: aumentó 14.9%. En todo el período 1990-2013, el aumento del capital per cápita fue de 26.9%.
A modo de Conclusión
En consecuencia, este más lento crecimiento del capital per cápita que caracteriza al período neoliberal es lo que explica el alto porcentaje de informalidad en el Perú. No aumenta la participación de la inversión en maquinaria y equipo como en el primer período, porque crece más la inversión en construcción (véase gráfico). Y este relativo rezago de la inversión en maquinaria y equipo se debió a la pérdida de liderazgo de la industria manufacturera en el crecimiento económico.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 08 de noviembre
Los voceros oficiales del gobierno están pronosticando una franca recuperación de la economía el año 2015; aunque para este año 2014, tanto el MEF como el BCR han bajado notoriamente sus pronósticos y ahora apuestan por un crecimiento alrededor de 3.0%. El 2015 será mejor –dicen- y pronostican una tasa de crecimiento del PBI de 6%. El ministro de economía ha dicho que para impulsar el crecimiento se «reducirán los costos de transacción y la informalidad» (es decir, la sobrerregulación y las trabas y barreras burocráticas). Por su parte, el titular del Banco Central dijo que la economía crecerá 6% el 2015 «solo si se recupera la inversión pública, se realizan a tiempo las concesiones otorgadas y los proyectos mineros no encuentran nuevas trabas».
El contexto externo: estancamiento y desorden global
La desaceleración económica se debe fundamentalmente a un cambio de signo en el contexto externo. La demanda externa por los productos que exportamos no recupera las tasas de crecimiento que registró en los años previos a la crisis de 2008-2009. Los precios de los minerales ya no crecen, y China ha disminuido su tasa de crecimiento hasta cerca del 7%. Por otro lado, Estados Unidos acaba de poner fin a su programa mensual de compras de bonos, no obstante que no se registran aumentos significativos en el empleo y en la producción, ni incrementos notables de la inflación. Aunque todavía mantendrá su tasa de política cerca de cero, es claro que en un futuro cercano elevará las tasas de interés, provocando salida de capitales de los países como el nuestro.
Según J. Bradford DeLong, profesor de economía de la Universidad de Berkeley- California, es muy probable que el desempeño de la economía internacional en los próximos cinco años sea similar al que tuvo durante los últimos dos años. A esto hay que agregarle un escenario político mundial más conflictivo, un desorden global de duración impredecible, asociados al conflicto en Medio Oriente, inestabilidad en Europa por las intervenciones de Rusia en algunos territorios de su antiguo imperio, y los conflictos territoriales en parte de Asia. Este desorden dificultará aún más la recuperación de la economía internacional.
En consecuencia, ni las concesiones otorgadas a tiempo ni los proyectos mineros sin trabas, y menos la reducción de los «costos de transacción», asegurarán un crecimiento sostenido de la economía peruana a partir de 2015 a tasas superiores al 4% promedio anual.
Los efectos de la desaceleración del crecimiento
La tasa de crecimiento del PBI se ha derrumbado: cayó desde 5.1% anual en el primer trimestre de este año a 1.7% en el segundo trimestre. Lo más probable es que el año termine con una tasa de crecimiento por debajo del 3%. Es importante señalar, sin embargo, que esta tasa de crecimiento será sólo el resultado del crecimiento de algunas actividades terciarias de servicios, que aportan muy poco a la generación de capacidad productiva per cápita. La inversión privada en los dos primeros trimestres del año con respecto a similar periodo del año anterior ha disminuido en 1.5%; y, la inversión pública prácticamente no ha crecido (0.5%). Cuando la capacidad productiva per cápita no crece o se estanca, se expande el sector informal y el subempleo.
De otro lado, las exportaciones ya no aumentan como en los años de alto crecimiento del PBI. Entre agosto de 2011 y agosto de 2014, las exportaciones tradicionales se redujeron en 36.4%. Esto explica que la desaceleración de la economía se debe fundamentalmente a la contracción de la producción minera. Por otro lado, en el período comprendido entre diciembre de 2011 y agosto de 2014, las exportaciones de productos no-tradicionales se mantuvieron en una promedio de US$ 929.62 millones mensuales, con leves fluctuaciones y sin tendencia al crecimiento. El estancamiento de estas exportaciones explica el otro factor de la desaceleración económica: la contracción de la producción manufacturera.
Con la desaceleración económica también se desacelera el crecimiento de los ingresos tributarios del Estado. Su tasa de crecimiento se reduce significativamente: de 17.5% en 2011, baja a 11.8% en 2012 y a 6.4% en 2013. Si la tendencia registrada entre los meses de enero y setiembre de este año continúa, la tasa de crecimiento de los ingresos tributarios se ubicara este año alrededor de solo 4%. El monto de la tributación minera durante los tres primeros trimestres del año, es menor en 38.1% del total de la tributación efectuada en similar período del años 2013. Como se comprenderá, este comportamiento de los ingresos tributarios hace peligrar el sostenimiento de los gastos sociales del Estado.
A modo de conclusión
Los últimos gobiernos, fieles al recetario neoliberal, no aprovecharon la oportunidad para incrementar la inversión pública en infraestructura económica y social. Durante los años 1990-2000, la inversión pública ascendía al 4.4% del PBI. Este porcentaje se redujo ligeramente a 4.3% en los años de alto crecimiento 2003-2013. Durante el segundo gobierno de Alan García se registró el mismo porcentaje de 4.3%, y en los tres años que lleva el gobierno de Humala la inversión pública aumentó hasta representar solo 5.3% del PBI. Dado nada asegura que los ingresos tributarios aumenten como en los años de alto crecimiento económico, no hay razones para esperar que los gastos en inversión pública aumenten de manera sustancial. Finalmente, si la inversión pública crece en magnitudes que permitan sostenerla en 5.3% del PBI, no será suficiente para reproducir el promedio de las tasas de crecimiento económico de la última década. Pubicado en el diario UNO, el sábado 1 de noviembre.
La economía peruana ya no contará, por mucho tiempo más, con un contexto externo favorable (tasas de interés bajas, crecientes influjos de capital, altos precios de los minerales, y demanda externa en aumento), que fue el motor de su alto crecimiento en la última década, pero también la fuente de su vulnerabilidad ante shocks externos adversos. En consecuencia, ha llegado la hora de cambiar el actual estilo de crecimiento neoliberal.
Baldwin sobre el Plan de diversificación productiva
Este cambio no será posible con el plan de «diversificación productiva» del actual gobierno. Esto es lo que le dio a entender Richard Baldwin a su principal promotor, el ministro Ghezzi. El profesor Baldwin --del Graduate Institutede Ginebra y que estuvo en Lima la semana pasada invitado por la PUCP--, le dijo a Ghezzi que no es posible lograr la diversificación productiva insertando las unidades productivas peruanas en las cadenas de valor de la economía global.
Los argumentos de Baldwin fueron elocuentes. No hay capacidad tecnológica y no se puede competir con aquellas economías que se encuentran más cerca de las economías de Estados Unidos, Alemania o Japón que son las que tienen el liderazgo en la tecnología. Sabemos, además, que las estrategias y el dinamismo de las cadenas globales de valor son definidos por las grandes empresas transnacionales. Perú, por lo tanto, no podría actuar activamente en las cadenas. Si la participación en las cadenas globales fuera posible, tampoco permitiría superar la vulnerabilidad externa de la economía, exacerbada por las políticas neoliberales de las últimas décadas.
Ghezzi cree que el Estado debe intervenir en la economía solo donde hay «fallas de mercado». No sabe que en la sierra y en la selva del Perú, no hay mercados, y los pocos que existen son reducidos y poco dinámicos. Es posible que tampoco lo supiera Richard Baldwin, pero saberlo no era necesario para sostener una concepción de la intervención del Estado distinta. «Estoy convencido de que cuando se trata del desarrollo de un país –dijo--, es importante que el gobierno se involucre en el proceso de industrialización. Diversificar y generar industrias fuertes debe manejarse igual que desarrollar una nueva área urbana, necesitas a alguien que decida por dónde irán las carreteras, la tuberías y los cables de electricidad».
No sabemos si Ghezzi y Baldwin conversaron sobre los otros dos ejes del plan de «Diversificación Productiva». Sin embargo, queda claro que si Perú no puede participar activamente en las cadenas globales de valor, tampoco tiene sentido su segundo eje: las desregulaciones (Ghezzi las denomina «perfeccionar las regulaciones») en las áreas laboral, de salud y medioambiental. El plan de Ghezzi propone ganar competitividad de manera espuria, abaratando costos mediante desregulaciones. El tercer eje del plan es más vacuo. Se desea incrementar la productividad sin desarrollar la industria ni la agricultura. La productividad no es concebida como resultado macroeconómico endógeno.
¿Diversificación a través de los servicios?
Por otro lado, Baldwin propuso como una opción para el Perú, el desarrollo del sector Servicios. Dijo que se podría empezar creando un clúster de servicios en torno a la minería, porque la demanda por estos servicios (ingeniería, logística, finanzas, etc.) ya existe. Mencionó la experiencia de Nueva Zelanda, Noruega y Australia, donde el motor del crecimiento es el mercado interno impulsado por los servicios. Asimismo, propuso desarrollar la agricultura con alto valor agregado.
¿Es viable una estrategia de desarrollo a partir de los servicios? En los sectores Servicios y comercio, se encuentra el mayor porcentaje de la PEA ocupada de baja calificación y de baja productividad. Además, la agricultura, básicamente tradicional, es la actividad productiva predominante en las regiones de la sierra y de la selva peruana; y, es un sector que explica un poco más del 30% del empleo, también de baja calificación y productividad. No creo, por lo tanto, que las actividades de servicios sean las impulsoras de la diversificación productiva y los motores de un nuevo estilo de crecimiento. Los servicios con alta productividad (las finanzas, los seguros, los servicios comerciales, la información y las comunicaciones), demandan trabajadores altamente calificados y no tienen capacidad para absorber a los trabajadores no especializados, de baja calificación e informales, que son los que abundan en los sectores terciarios. Las actividades de comercio y otros servicios son los principales «empleadores» de este tipo de trabajadores.
La manufactura, en cambio, tiene mayor capacidad de absorción de empleo. Por los encadenamientos que genera, multiplica los empleos y los ingresos, y eleva la productividad del conjunto de la economía. La manufactura es un auténtico motor del crecimiento del producto y de la productividad del trabajo. Como sostiene Kaldor, cuando crece el producto, crece la productividad del trabajo «como resultado de la presencia de rendimientos crecientes a escala en las manufacturas». Por lo tanto, el desarrollo industrial manufacturero es, por esta misma razón, el que permite endogenizar el crecimiento económico.
A modo de conclusión
«Con la manufactura –dice Rodrik—los países en desarrollo pequeños podrían prosperar a partir de algunos éxitos en la exportación y diversificarse secuencialmente en el tiempo: ahora camisetas, después montaje de televisores y hornos de microondas y así sucesivamente, ascendiendo por la cadena de los conocimientos técnicos y del valor. En cambio, en los servicios el éxito continuo requiere aumentos simultáneos y complementarios de la productividad en el resto de la economía. De modo que sigo siendo escéptico sobre la posibilidad de que un modelo impulsado por los servicios brinde un crecimiento rápido y buenos puestos de trabajo como sí lo puede hacer la manufactura».
Publicado en el diario UNO, el sábado 25 de octubre.
En agosto, al igual que en los meses anteriores, el PBI no crece. La tasa de aproximadamente 1% que registra el INEI solo se explica por el enigmático crecimiento de los sectores terciarios como Financiero y Seguros (12.32%), Servicios Prestados a Empresas (5.81%) y Otros servicios (4.08%) en el que se incluyen los servicios personales. Mientras los sectores primario y secundario no crecen, estas actividades del sector terciario crecen y a tasas altas. Se han vuelto curiosamente contra-cíclicos; actúan como estabilizadores automáticos (hecho que el INEI tiene la obligación de explicar).
Estilo de crecimiento e informalidad
El crecimiento no puede sostenerse si su motor externo no se recupera. Cuando se apagó este motor externo, se evidenciaron los efectos negativos del crecimiento neoliberal. No hay motores internos en buenas condiciones. No se creció con progreso tecnológico y desarrollo industrial. Se descuidó el agro. Se creció afectando a los sectores transables con una sostenida apreciación del tipo de cambio real. Se estimuló la expansión de los sectores Comercio, Servicios y Construcción que absorben el 63.5% del empleo, mal remunerado y de baja productividad. (Estos sectores explican el 74.2% del PBI. Si le agregamos la agricultura, que sigue siendo básicamente tradicional, los cuatro sectores explican el 87.7% del empleo y el 81.3% del PBI). Se creció desregulando los mercados, en especial el mercado de trabajo; debilitando las organizaciones sindicales; deteriorando la calidad de la educación; y, aumentando la desigualdad. Se creció, en fin, con salarios reales estancados, subordinando los intereses nacionales a los objetivos del capital transnacional y descuidando el desarrollo de los mercados internos.
Más de dos décadas de neoliberalismo generó una economía menos industrial y menos agrícola, y más dependiente de importaciones. La notable expansión de las importaciones tuvo que haber limitado y/o desplazado a la producción local manufacturera y agrícola. Por eso crecieron más las inversiones en construcción que en equipamiento y maquinaria para este tipo de actividades productivas. La acumulación de capital que acompañó al estilo de crecimiento neoliberal no expandió, entonces, la capacidad productiva per cápita, con lo cual tampoco crecieron significativamente las oportunidades de empleo en las actividades transables como la manufactura.
Cuando no se expande la capacidad productiva per cápita, la oferta de trabajo no crece a tasas suficientes para absorber el subempleo y reducir la informalidad. Así, después de dos décadas de neoliberalismo el empleo informal sigue siendo alto: 70.5% del empleo total. Más de 11 millones de trabajadores perciben bajos ingresos, tienen baja calificación profesional y solo una fracción reducida de estos trabajadores cuenta con aseguramiento social.
El estilo de crecimiento neoliberal mantiene la informalidad, porque no expande la inversión privada local o nacional, no genera cambio técnico endógeno y tampoco estimula el desarrollo de la competitividad internacional sobre la base de la productividad y de salarios reales crecientes. En consecuencia, la desaceleración actual puede conducir al estancamiento económico y con ello al aumento del subempleo y la informalidad.
Desregulación e informalidad
Hay economistas, y también aficionados a la economía, que creen que la sostenida desaceleración de la tasa de crecimiento del PBI puede revertirse con más desregulaciones (laborales y ambientales). Están convencidos, por ejemplo, que la informalidad tiene como causa “las regulaciones y la escasa flexibilidad laboral”. No hay relación, para ellos, entre la informalidad y el relativo estancamiento de la capacidad productiva per cápita provocado por el actual estilo de crecimiento.
Reducir la informalidad ---se dice— es requisito fundamental para relanzar el crecimiento. Desregulando el mercado laboral (eliminando el salario mínimo y reduciendo a su mínima expresión los costos no salariales), disminuirá la informalidad, aumentarán las inversiones y la competitividad internacional de las empresas y, por lo tanto, se reactivará la economía.
Es falso que los costos no salariares sean altos. Chile tiene un salario mensual promedio de 725 dólares y un costo no salarial de 32%. Perú, por su parte, tiene un salario mensual promedio de 409 dólares y un costo no salarial de 59%. De aquí no se deduce que Perú tenga los costos no-salariales más altos. La lectura correcta debería ser que Perú tiene el salario mensual promedio más bajo. Si el salario promedio de Perú fuera igual al de Chile, los costos no salariales representarían sólo el 33.2%.
A modo de Conclusión
Por último, el deterioro de los estándares laborales y ambientales conspira contra el objetivo de fortalecer la democracia. Adam Smith, en su Teoría de los Sentimientos Morales, publicado en 1759, decía que la «disposición de admirar y a casi reverenciar al rico y al poderoso, y a despreciar o por lo menos, a no prestar atención a las personas pobres y de condición media es, al mismo tiempo, la gran y más importante causa universal de la corrupción de nuestros sentimientos morales» (Parte I, Capítulo III, 3.1).
Publicado por el Diario UNO el sábado 18 de octubre
La persistencia de la fragmentación «política» así como la presencia de un alto porcentaje de candidatos con antecedentes de corrupción y de actos ilícitos, es atribuida, por una de las explicaciones más sofisticadas, a la existencia de un vasto sector informal popular cuyas necesidades son recogidas por alguno de estos candidatos en una suerte de contrato implícito: me das tu voto y yo a cambio no me inmiscuyo en tu conducta informal pero te ayudo a resolver tus necesidades básicas. Este tipo de contrato implícito prolifera, se dice, porque no hay partidos ni políticos con «propuestas sostenibles de reformas que hayan logrado involucrar a esos sectores mayoritarios». Pero, no se dice por qué no hay esos partidos ni esos políticos.
La explicación alternativa y el neoliberalismo
En nuestro país la corrupción en la «política» tiene una larga historia, pero su generalización a nivel de todos los poderes del Estado hasta el punto de degradar la naturaleza de la función pública, es reciente. Empezó durante el primer gobierno de Alan García y se exacerbó durante el «fujimorato» y la imposición del neoliberalismo. El inicio de este período de corrupción generalizada coincidió con la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, hechos que dieron lugar a una crisis de las ideologías, principal fuente de identidad de los partidos políticos de ese entonces. Lo que siguió fue una crisis de estos partidos, principales usufructuarios de las ideologías que dominaron gran parte del siglo XX.
Con la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría desapareció el competidor ideológico del modelo constitucional democrático. Esta desaparición facilitó la propagación de los postulados democráticos por casi todos los países del mundo, pero al mismo tiempo, puso al descubierto sus debilidades y, en países como el nuestro con escasa historia democrática, estas debilidades de la democracia constitucional se revelaron en forma más dramática: proliferaron «políticos» y agrupaciones «políticas» que degeneraron y pervirtieron la esencia misma de la democracia. Fue el golpe de muerte a los partidos políticos y/o a sus principios y programas que les dieron origen.
La crisis se exacerbó con la llegada del neoliberalismo que colocó a la libertad económica en el mismo nivel que las demás libertades individuales. Se fomentó el individualismo, desacreditando el interés público, se privatizaron los servicios públicos y se destruyeron funciones sociales importantes del Estado. Los grupos de poder privados penetraron las instituciones de casi todos los poderes del Estado, desnaturalizando el papel de la función pública. Con el neoliberalismo, entonces, se agudizó la crisis del modelo constitucional democrático en nuestro país: el fomento del individualismo (de la tiranía de los individuos, diría Todorov) puso en peligro el bienestar de toda la sociedad. El funcionamiento real de la democracia se alejó así de los principios que lo inspiran; y la vida política se convirtió en una lucha por el «botín del poder». La lógica de la política como lazo de conexión social fue desplazada como nunca por la lógica del poder y del tráfico mercantil.
El modelo económico neoliberal
El neoliberalismo, además, reforzó un estilo de crecimiento rentista o extractivista, que mantiene a la economía desconectada de la geografía y la demografía, y que tiene efectos sociales y ambientales nocivos. Los conflictos sociales regionales y locales proliferan porque los frutos del crecimiento no se distribuyen por igual. Es un estilo de crecimiento que se funda en la minimización del papel económico del Estado, que fomenta la especialización en la producción y exportación de materias primas, que crea enclaves que no tienen conexiones dinámicas con la economía interna, que no desarrolla los mercados internos y que alimenta la informalidad.
Por lo tanto, el estilo de crecimiento neoliberal no toma en cuenta los intereses de la comunidad nacional de la sierra y de la selva del país, ni de la periferia de las grandes ciudades. Además, el neoliberalismo fomenta una competencia internacional espuria basada en la supresión de los derechos de los trabajadores, el mantenimiento de los salarios reales estancados, y la desatención de los costos medioambientales de la explotación de los recursos primarios.
El neoliberalismo no fortalece, entonces, la institucionalidad democrática. Privilegia las inversiones extranjeras en la actividad primaria exportadora, beneficiándolas con contratos de estabilidad tributaria y otras exoneraciones. Favorece la especialización en actividades primarias sin mayor transformación que dependen de los mercados externos, en lugar de promover la creación y el desarrollo de mercados internos, la diversificación productiva y la innovación.
En suma, el neoliberalismo ha erosionado la institucionalidad democrática de nuestro país y han vuelto a truncar la culminación de la construcción de un Estado Nacional soberano.
A modo de conclusiónSin embargo, la crisis descrita no ha desaparecido el principio democrático. Sigue vigente la fuente de su legitimidad. Pero se precisa de reformas que permitan convertir a los electores en ciudadanos, superar la concepción de la democracia como solo un procedimiento institucionalizado, controlar y vigilar a los representantes elegidos, respetar la diversidad cultural y promover una verdadera descentralización política, y hacer énfasis en la virtud cívica de los ciudadanos y en su participación responsable en los asuntos públicos bajo un marco legal e institucional adecuado. Estas reformas democráticas deben basarse, además, en una concepción de la libertad como no-dominación, y en la consideración del Estado y del mercado como instituciones sociales indispensables y no contrapuestas.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 11
El proceso electoral que culmina el próximo 5 de octubre, ha revelado no solo la persistencia de la fragmentación «política» (muchos candidatos para una misma presidencia regional o para una misma alcaldía), sino también la presencia de un alto porcentaje de candidatos con antecedentes de conducta corrupta, de violaciones a la legalidad o con vinculaciones con el narcotráfico. La pregunta que surge de este dato real es: ¿qué deficiencia muestra la democracia peruana para que en una contienda electoral predomine este tipo de candidatos sobre otros con antecedentes honorables? ¿Por qué este tipo de candidatos (que «roban pero hacen obras») logran el apoyo de vastos sectores de la población? El caso paradigmático, conocido por todos, es el del candidato Castañeda a la alcaldía de Lima Metropolitana denunciado por el caso Comunicore y, después, sorprendentemente absuelto. Este candidato es el favorito de la población frente a la candidata a la reelección Susana Villarán, con una gestión proba, no corrupta, pero a diferencia del primero vilipendiada por la derecha desde que asumió el cargo.
Dos explicaciones insuficientes
Entre lo que se ha escrito sobre esta situación hay dos explicaciones, a nuestro juicio, insuficientes. En primer lugar, está la explicación más sofisticada, pero circunscrita a Lima Metropolitana. Ese tipo de candidatos tiene el apoyo –aunque solo sea un apoyo bastante pasivo--, porque junto con no afectar a un vasto sector informal de la ciudad, atiende las necesidades básicas de sus sectores populares. La explicación de este apoyo no está ni en la naturaleza corrupta del candidato, ni en la incapacidad de votar «bien» de parte de los sectores que lo apoyan; sino en el hecho que el candidato con sospechas de corrupción y de actos ilícitos, ha sido capaz de «recoger las necesidades de los sectores populares para transformarlas en políticas públicas».
Los que sostienen esta explicación se adelantan a responder otra pregunta: ¿por qué el honesto y que hace obras (como Susana Villarán, por ejemplo) no tiene el apoyo popular? Se responden, porque no hay partidos ni políticos con «propuestas sostenibles de reformas que hayan logrado involucrar a esos sectores mayoritarios». Pero, no dicen por qué no hay esos partidos ni esos políticos.
La segunda explicación, es trivial y contradictoria. No obstante que los sectores populares saben que su candidato es corrupto, están dispuestos a votar por él. ¿Por qué? Porque no hay élites políticas ni administrativas dignas de imitar ni instituciones inclusivas e igualitarias. En el Perú las «élites nunca han tenido un comportamiento ejemplar; son excluyentes, prepotentes y abusivas con los sectores populares. Practican la separación social, una forma de «convivencia» paralela con estos sectores populares «informales». La consecuencia es que estos sectores viven entre la legalidad y la ilegalidad, y como no pueden “derrotar a esas elites”, se unen a ellas. Se sienten incluidos identificándose con el candidato corrupto a través de la mediación de las obras que éste hace. Este nexo entre las elites corruptas y los informales es «lo único que la política puede hacer». Pero, adelantándose a una crítica inmediata, los que sostienen esta explicación dicen: «pensar que todo está perdido sería un error», porque «los excluidos, los discriminados, votan por aquellos candidatos que critican el sistema político y económico y que cuestionan las desigualdades sociales». ¿En qué quedamos?
Una explicación alternativa a modo de hipótesis
En nuestro país, candidatos y elegidos, ministros, jueces y magistrados, y otros altos funcionarios, en connivencia con sujetos privados, se benefician de los recursos públicos o practican la política de la «puerta giratoria» degradando con este tipo de conducta la naturaleza de la función pública. Esta práctica se hizo más visible y zafia desde los años noventa del siglo XX, con el «fujimorato» que introdujo las reformas y políticas neoliberales. Pero, el inicio del período neoliberal en nuestro país coincidió con la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, hechos que tuvieron un efecto fulminante en las ideologías y que, en países como el nuestro, generó un profundo vacío interpretativo de sus problemas y fenómenos reales. Ser importadores de doctrinas ideo-políticas, nos dejó desvalidos, acelerando la crisis de sus principales usufructuarios, los partidos políticos; de todos los partidos, porque esa crisis también puso en evidencia las debilidades de la institucionalidad democrática de nuestros países.
Por lo tanto, cuando el funcionamiento real de la democracia constitucional choca con los principios que lo inspiran, «una ola de desafección por los mecanismos y prácticas políticas», invade a las democracias. «En semejante contexto --dice Eloy García— se multiplican los episodios individuales de violación de las reglas de conducta de los gobernantes, en un tiempo en que la perdida de ideología de los partidos convierte a la vida política en una lucha por el botín del poder».
A modo de conclusión La crisis política por la que atraviesa nuestro país tiene que ver, entonces, con la ausencia de principios ideo-políticos sólidos provocada por la crisis de las ideologías y con la pérdida del sentido de la política y de su arraigo en la población. Publicado en el Diario UNO el sábado 4 de octubre La Mirada hacia el Futuro del ministro Segura es optimista (véase su artículo con el mismo título publicado el 21-09-2014). Reconoce que los factores externos contribuyeron de manera determinante en el enfriamiento de la economía, pero a renglón seguido afirma que lo peor de la desaceleración ya pasó. ¿Cómo llega a esta conclusión? Los datos del contexto externo no muestran signos de recuperación sostenida. Por ejemplo, los precios del oro y del cobre, principales productos de exportación siguen con una tendencia a la baja. El precio de la onza de oro está disminuyendo después de haber alcanzado el pico de $ 1,881.6 en agosto de 2011 y esta reducción se acelera en lugar de revertirse después de octubre de 2012 cuando su precio alcanzó la cifra de $ 1,781.8. Su precio actual es de $ 1,209.7. De otro lado, el precio de la libra de cobre también registra una tendencia a la baja: de un pico de $ 4.57 en enero de 2011 se ha reducido a $ 3.06 en la última semana de este mes.
Si por el lado del sector externo no hay signos de mejora, decir que habrá una recuperación del crecimiento en los próximos meses, en la lógica del ministro, es creer que esto ocurrirá por obra de las «reformas e iniciativas ya en marcha». El ministro cree que las medidas puestas en marcha por Castilla (las desregulaciones ambientales, el abaratamiento de los costos, en especial, del trabajo, la eliminación de la «tramitología» publica) y otras «medidas adicionales en los ámbitos tributario y laboral», serán las nuevas fuentes de crecimiento económico.
El olvido del desarrollo industrial
En línea con el segundo eje del Plan Nacional de Diversificación Productiva, dice el ministro, elaborarán normas para que las propias entidades públicas diseñen, propongan y remitan «iniciativas de simplificación de sus procesos, en un breve plazo». Al igual que este plan, el ministro Segura no alude en absoluto a la necesidad de apuntalar el desarrollo industrial como la fuente alternativa de generación de crecimiento y modernización del país. Al igual que el anterior ministro, el actual no se atreve a cambiar el actual estilo de crecimiento y acumulación de capital.
El desarrollo industrial es el camino al desarrollo, es la ruta para elevar el nivel de vida de la población. La experiencia histórica lo muestra: Inglaterra, en el siglo XIX; Alemania, Estados Unidlos y Japón, en el siglo XX; y, más recientemente Corea, Taiwán y China. Subordinar la industria manufacturera al modelo primario exportador, es dañar su capacidad de multiplicar los empleos e ingresos. Esto es lo que pasó en los últimos 20 años. La pérdida de liderazgo de la manufactura, afectó el crecimiento de su productividad y debilitó la capacidad de absorción de empleo en sus actividades de alta productividad. El resultado fue que los sectores terciarios de baja productividad continuaron manteniendo una alta participación en el empleo de baja calificación e ingresos.
El crecimiento de la productividad en el período neoliberal
Hay dos factores que explican el crecimiento de la productividad total del trabajo: el efecto crecimiento de la productividad en los mismos sectores y el efecto reasignación del empleo entre sectores. Cuando la manufactura lidera el crecimiento, de acuerdo con la literatura especializada, la reasignación del empleo ocurre de los sectores de baja productividad hacia sectores con niveles más altos de productividad.
Para evidenciar los efectos de las políticas neoliberales, compararemos el crecimiento de la productividad total del trabajo en los períodos 1950-1975 y 1993-2010. El primero incorpora cerca de dos décadas de un estilo de crecimiento liderado por la industria manufacturera; y, el segundo corresponde al estilo de crecimiento exportador neoliberal, liderado por los sectores primario (minero) y terciario (comercio y servicios).
La industria manufacturera explica un poco más de la quinta parte (21.8%) del crecimiento de la productividad total del trabajo durante el período 1950-1975. El 75.5% del aumento de esta productividad corresponde al efecto crecimiento. La diferencia, el 24.5%, se debe al efecto reasignación. El 25.5% de este último efecto es explicado por la manufactura.
¿Qué ocurre en el período 1993-2010? Se desacelera el crecimiento de la productividad total del trabajo. Mientras en el primer período 1950-1975 crecía a una tasa promedio anual de 3.0%, en el segundo período lo hace sólo a la tasa promedio anual de 1.8%. La manufactura explica solo el 13.6% de este crecimiento. De otro lado, el 87.9% del aumento de la productividad se debe al efecto crecimiento, mientras que sólo el 12.1% se debe al efecto reasignación. Este último efecto es negativo en la manufactura. Los sectores terciarios (comercio y servicios son los que más contribuyeron con la reducción del crecimiento de la productividad total (60.5%) y son los que concentran el efecto reasignación (90.9%). Estos sectores y la construcción, aumentaron su participación en el empleo total. La manufactura, por su parte, perdió importancia. Su contribución total al crecimiento de la productividad fue similar a la del sector construcción, pero registró un efecto reasignación negativo. (Véase F. Jiménez, Empleo y mercado interno en el modelo neoliberal: Una nueva hipótesis sobre el subdesarrollo, 2012).
Publicado en el diario UNOI el sábado 27 de setiembre.
La renuncia del ministro Castilla se produce en una coyuntura especial. Hay una confluencia de hechos económicos y político-institucionales que podría ser el inicio de una crisis de gobernabilidad de envergadura.
La naturaleza de la actual coyuntura
Por un lado, hay una espectacular caída del crecimiento económico cuyo origen se encuentra en la crisis y el posterior estancamiento de la economía internacional, y en el fin del incremento sostenido de los precios de los minerales que exportamos. El enfriamiento del mercado externo ha puesto en evidencia los límites y debilidades del modelo económico impulsado por las políticas neoliberales. Al efecto negativo sobre el crecimiento del actual contexto externo adverso, se suma la abrupta contracción de la inversión pública en el segundo trimestre de este año. La industria y la agricultura están debilitadas y sin capacidad para impulsar y sostener el crecimiento. La caída sistemática del tipo de cambio real ocurrida en los últimos ocho años, les hizo perder competitividad, al mismo tiempo que produjo una masiva penetración de importaciones que les redujo el mercado interno.
Por otro lado, en país experimenta una profunda crisis institucional, solo comparable a los años en que se puso en evidencia la corrupción del gobierno de Fujimori y Montesinos. Hay evidencia de que se gobierna con ministros que favorecen a empresas privadas y grupos de poder económico (véase los Cornejoleaks). Pero existe, además, evidencia de corrupción en el poder judicial con el involucramiento de fiscales para favorecer a gobernantes regionales corruptos. Por el lado del Congreso hay una nueva correlación de fuerzas que no favorece al actual gobernante. A todo esto se agrega un proceso electoral para presidentes regionales y alcaldes teñido de participantes indecentes y denuncias de corrupción que llegan hasta los asesinatos de algunos candidatos. El país enfrenta entonces una crisis de su modelo económico y de su institucionalidad democrático-constitucional.
La privatización de la función pública
En el contexto descrito, Castilla, el ayer ministro y tercer personaje más poderoso del país, renuncia para proteger su imagen de ministro «estrella» y no mellar sus vínculos con la «pareja presidencial». Su renuncia fue una forma de cubrirse y liberarse de una posible censura por parte del Congreso. El señor Castilla estaba en serios problemas. Presentó un proyecto de ley dentro del «paquete reactivador» que favorecía a la Corporación Lindley, representante en el Perú de Coca Cola Company, copiando los argumentos que esta Corporación utilizó en un proceso contra la Municipalidad de Lima. Este proyecto modificaba la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, favoreciendo económicamente a dicha Corporación y perjudicando a SERPAR (Servicios de Parques de Lima). De otro lado, el exministro Castilla fue el que impuso el descuento compulsivo de los independientes para las AFP (norma que acaba de ser derogada). Él fue también el autor de los descuentos o condonaciones millonarias de deudas tributarias a grandes empresas, y el que ha transferido la actividad de estudios y propuestas sobre asociaciones público privadas (APP), que era responsabilidad del MEF, a una empresa privada conocida. Hay más, pero es suficiente para mostrar que este ministro fue el que, con el beneplácito de la «pareja presidencial», promovió la privatización del ejercicio de la función pública y empezó privatizándola en su propio ministerio. La privatización del ejercicio de la función pública y su ejercicio con intermediarios que favorecen a grupos privados, es contrario a su objetivo de servir al bien común y al interés nacional.
La medición del crecimiento económico
El exministro no se pronunció sobre los problemas de medición del PBI. O no se interesó por este tema, o estaba perfectamente enterado. Desde que se cambió el año base venimos señalando nuestras dudas sobre la manera cómo se mide el PBI, sobre todo cómo se mide la producción de aquellas actividades cuya información no se basa en encuestas periódicas especializadas. Es el caso, por ejemplo de la producción del sector «Servicios financieros, seguros y pensiones» que registra altas tasas de crecimiento precisamente cuando se está desacelerando la tasa de crecimiento del PBI (véase gráfico). Si se elimina de la contabilidad del PBI la producción de «Servicios financieros, seguros y pensiones», las tasas de crecimiento en los meses de junio y julio habrían sido, aproximadamente, de -0.31% y de 0.57%, en lugar de 0.3% y de 1.16%. El Gráfico muestra que desde junio de 2013, se produce una sorprendente divergencia entre la tasa de crecimiento del PBI y la tasa de crecimiento del sector «Servicios financieros, seguros y pensiones». Este hecho debe estar morigerando la desaceleración de la tasa de crecimiento del PBI.
.png)
A modo de conclusión
Al nuevo ministro de economía le toca la tarea de sincerar las estadísticas del PBI, fortaleciendo la capacidad técnica del INEI. La siguiente tarea es parar la privatización de la función pública. Es importante que haya fiscalización y evaluación de las APP aprobadas antes de su gestión. La información de estas evaluaciones debe publicarse en el portal del MEF. Debe, asimismo, gestionar la inversión pública con un plan de inversiones macroregional y local, para facilitar la expansión de las inversiones privadas nacionales y el desarrollo de mercados internos. Debe apoyar el desarrollo de la industria manufacturera, la agroindustria y la agricultura, para diversificar la estructura productiva del país. Asimismo, debe promover una política cambiaria que no perjudique a los sectores de producción de transables.
Publicado en el Diario UNO el sábado 20 de setiembre
Hay una concepción difundida sobre las causas de la informalidad que impide, a los que la defienden, comprender los límites que enfrenta el actual estilo de crecimiento. Es la misma concepción que en los años noventa les sirvió para justificar las reformas neoliberales. Sin embargo, cerca de un cuarto de siglo de neoliberalismo no ha sido suficiente para desarrollar una economía más «formal», más diversificada y menos primario exportadora. Como antes, la informalidad laboral es concebida como el «resultado simultáneo de la baja productividad del trabajador que se refleja en sus bajos ingresos y (de) la legislación laboral» (Véase Elmer Cuba, La República, 06-09-14). Así, las prescripciones de política que se discuten en el actual escenario de desaceleración económica, constituyen una reiteración atemporal: flexibilizar la entrada y salida del mercado laboral, e incrementar la productividad de la economía con la provisión de insumos de baja o inexistente disponibilidad, y con reducción de costos.
La informalidad es una consecuencia
La informalidad es una característica de la economía peruana que ha resistido a las reformas y políticas neoliberales de las dos últimas décadas. En el año 2012, según el INEI, el 74.3% del total de la PEA ocupada era informal (57% se encontraba en el sector informal y 17.3% fuera de él). Pero, este sector donde se ubica alrededor de 60% del empleo, participa en la generación del PBI con solo el 20%. El total del empleo informal es, entonces, de bajísima productividad. Son empleos con ingresos precarios y con escasa o ninguna calificación. Nótese, además, que «40% de los hogares peruanos tienen ingresos laborales provenientes del sector informal».
¿Por qué las reformas neoliberales ni el alto crecimiento de cerca de una década «mantuvieron» la informalidad? Ante todo hay que señalar que la causa de la informalidad no está en la supuesta rigidez del mercado laboral, ni en fallas de mercado que no existen, y menos en una legislación laboral que supuestamente fomenta la informalidad del empleo y su baja productividad. La informalidad es una consecuencia de un estilo de crecimiento y acumulación de capital que no expande la capacidad productiva industrial y agroindustrial, y que no moderniza la agricultura donde se encuentra cerca del 50% del empleo del sector informal.
Con las reformas y políticas neoliberales la economía peruana se ha hecho menos industrial y más productora de bienes y servicios no transables, donde se encuentra un alto porcentaje de la PEA ocupada de baja productividad y calificación. El liderazgo del crecimiento por los sectores primario-exportador y de producción de no transables, junto a una sistemática apreciación cambiaria, explican el escaso crecimiento de la intensidad de capital de los últimos años, que ocurrió junto a un proceso de desinstrialización (se redujo la participación de la manufactura en la generación del PBI y del empleo).
La productividad como fenómeno macroeconómico
La baja productividad del sector y del empleo informal no puede ser concebida, entonces, como uno de los limitantes al crecimiento, sino su consecuencia. La productividad, como fenómeno macroeconómico, es un resultado de la manera como se acumula capital físico. Cuando las inversiones predominantes son en construcción y no en maquinaria y equipo para el desarrollo industrial, se rezaga el crecimiento de la productividad. De acuerdo con la literatura especializada sobre el tema, «el crecimiento de la productividad es en gran medida endógeno, un subproducto de la acumulación de capital y la expansión del producto como consecuencia del progreso técnico incorporado, de la presencia de rendimientos crecientes a escala, de los efectos negativos sobre la productividad de los “excedentes de trabajo” en sectores que no presentan rendimientos crecientes y, especialmente importante en países en desarrollo, del rol de las ganancias de productividad derivadas de la reasignación de la fuerza de trabajo entre sectores» (Ros, 2013. Véase también Verdoorn, Kaldor, McCombi).
Si no aumenta el ratio de capital por trabajador, como ocurrió en nuestro país en gran parte de los últimos veinte años, se limita el crecimiento de la productividad. Esto es así, como señala Ros, porque las innovaciones técnicas que aumentan la productividad no son posibles sin la utilización de mayores cantidades de capital por trabajador y «porque la tasa a la cual una economía puede absorber la invenciones e innovaciones del pasado que todavía están sin explotar está limitada por su tasa de acumulación de capital».
La relación estrecha entre la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo y la tasa de crecimiento de la producción como su determinante, es una característica de la industria manufacturera porque en ella operan los rendimientos crecientes a escala. Por lo tanto, en una economía que crece limitando o frenando el liderazgo de esta industria, se impide el crecimiento de la productividad. Y, cuando no se expanden y multiplican el empleo y los ingresos en la manufactura (que es un sector que al crecer genera encadenamientos hacia atrás y hacia adelante) debido a la pérdida de su liderazgo en el crecimiento, aumenta la participación de los sectores de baja productividad (comercio y servicios) en el empleo y la producción. A modo de Conclusión
En consecuencia, para «combatir» la informalidad hay que cambiar el actual estilo de crecimiento y acumulación de capital, restituyéndole el liderazgo a la manufactura.
Publicado en el Diario UNO el sábado 13 de setiembre
En un artículo anterior publicado en este mismo diario, argumentamos por qué las AFP son instituciones económicas extractivistas. Se puede mostrar fácilmente que si los descuentos previsionales de nuestras remuneraciones se depositaran en una cuenta a plazo fijo de un banco o en una cuenta similar a la cuenta de CTS, la capitalización de estos ahorros habría sido mayor que la que contabiliza período tras período las AFP. Además, tendríamos otras ventajas. Con unos requisitos adicionales, podríamos disponer de estos ahorros «forzosos» para invertirlos, por ejemplo, en la compra de un inmueble. También podríamos retirarlos totalmente, sin mayores trámites, si migramos a un empleo en el extranjero. No es esto, sin embargo, todo lo que podría incluir una reforma integral del sistema previsional. En nuestro artículo ya citado, tratamos del contenido de este tipo de reforma, cuya urgencia es fundamental para evitar que los «dueños» de estas instituciones sigan lucrando con nuestros ahorros (pagando pensiones muy por debajo del salario mínimo y obteniendo rentabilidades como industria muy por encima de las rentabilidades de nuestros ahorros «forzosos»). Son instituciones con notorio poder económico que no fomentan la competencia, no promueven el desarrollo de los mercados, e impiden la constitución de un pilar solidario en el sistema previsional.
El significado de extractivismo económico
Las instituciones económicas extractivistas son las que se oponen a la las regulaciones para fomentar la competencia y el desarrollo de otros mercados, las que buscan la ganancia fácil y promueven, por lo tanto, el «rentismo», las que no innovan y buscan aumentos espurios de la productividad promoviendo el abaratamiento del trabajo. La existencia de este tipo de instituciones económicas es una prolongación de las que se desarrollaron durante el período colonial. El extractivismo económico así como el comportamiento cortesano de políticos y periodistas frente al poder económico, no ha tenido solución de continuidad en nuestro país.
Los obrajes de la época colonial son el paradigma del extractivismo económico. Eran industrias «altamente rentables» cuya principal «inversión» consistía en contratar mano de obra «indígena» y retenerla mediante el endeudamiento con el mecanismo de adelanto de salarios y pagos en especie con precios elevados. Con este mecanismo nefasto el trabajador nunca podía pagar sus deudas y estaba condenado a pasar el resto de su vida en los obrajes. Sus deudas crecían más que sus salarios. Los obrajeros, además, se beneficiaron con el trabajo de mano de obra «indígena» condenada por algún delito a prestar servicios forzosos en sus «industrias».
La historia de este tipo de instituciones demuestra que su existencia tiene su origen en el poder político. Son creadas y sostenidas por un poder político también de naturaleza extractivista. Las instituciones económicas extractivistas son fruto, entonces, de instituciones políticas extractivistas. Estas últimas no fomentan el desarrollo ni la profundización de la democracia, no promueven la rendición de cuentas ni el control constitucional efectivo de los gobernantes. Son instituciones que se fundan en el clientelismo y que no desarrollan organizaciones políticas de ciudadanos practicantes de la virtud cívica y el bien común. Por eso, allí donde predominan las instituciones políticas extractivistas, la administración gubernamental del Estado y las organizaciones políticas, son penetradas por la corrupción.
Los seguros de Salud también son extractivistas
Una institución tan importante, creada para ayudar a proteger la salud de sus afiliados, también actúa en nuestro país como una institución económica extractivista. Es una de las que mejor ha asimilado la práctica de los obrajesde la era colonial. Podríamos decir que estos seguros (que pertenecen a grupos económicos relacionados), son los «obrajes modernos». Los seguros operan con clínicas al «interior» de las cuales se instalan farmacias donde el asegurado, atendido por uno de sus médicos, debe acudir a comprar –con descuento del seguro-- las medicinas que estos recetan.
La similitud con el «obraje colonial» está en que las farmacias de las clínicas que «pertenecen» a un seguro (piense en el que usted pertenece, si está asegurado), elevan los precios de las medicinas en tal magnitud que a veces sale a cuenta comprarlas en una farmacia que opera alrededor de ellas y donde, ciertamente, no se puede aplicar el descuento que le corresponde al asegurado. La pregunta es, entonces: ¿cuál es la ventaja de estar asegurado, es decir, cual es la ventaja de que te descuenten periódicamente de tus remuneraciones con tal fin?
Veamos los datos del cuadro siguiente. Los medicamentos recetados por un médico de la clínica San Felipe tienen un precio total de 1,082.38 soles. Con el descuento del seguro el paciente pagaría 270.6 soles. El precio total de los mismos medicamentos en otras farmacias que operan alrededor de la clínica, asciende en promedio a 693.87 soles. Si se pudiera aplicar el descuento del seguro comprando las medicinas en cualquiera de estas farmacias, el paciente pagaría solo 173.5 soles. El sobreprecio en la clínica «del» seguro es de 56%.
A modo de Conclusión
¿Qué hace el organismo regulador del sistema de Seguros? ¿Qué hace la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP?
Publicado en el Diario UNO el sábado 6 de setiembre.
Hace ya bastante tiempo (véase nuestro artículo del 25-05-2013), advertimos que después de junio de 2010 empezó un proceso sostenido de desaceleración del crecimiento de la economía peruana. Las tasas de crecimiento mostraban claramente una tendencia decreciente, aunque no muy pronunciada. Entre julio de 2011 y noviembre de 2013 el promedio de las tasas mensuales anualizadas fue de 5.8%, pero con una tendencia a la baja debido a que en algunos meses de este mismo período, las tasas disminuyeron hasta alrededor de 3%, cifra sólo comparable a las que se registraron en el año 2004. Después de noviembre de 2013 el proceso de enfriamiento económico se agudizó. En el Gráfico 1 se observa una caída en picada de la tasa de crecimiento desde 8.1% en noviembre de 2013 a 0.2% en junio de este año.
Gráfico 1
La explicación interna de la desaceleración
La desaceleración ocurrida durante los últimos 48 meses se explica, en gran parte, por el estancamiento relativo de la demanda externa por nuestras exportaciones tradicionales y no tradicionales, y, la desaceleración del aumento de los precios de los minerales. A estos hechos se le adicionó, recientemente, el cambio en la política monetaria de los Estados Unidos (menores inyecciones de dinero a su economía mediante la compra de bonos y anuncio de la FED de aumentar su tasa de interés de referencia), que ha dado lugar a salidas de capitales extranjeros de nuestro país.
Sin embargo, la caída espectacular y sin mayores oscilaciones de la tasa de crecimiento del PBI en los últimos seis meses tiene, además, un explicación interna: la desaceleración notable de la inversión pública que está bajo la responsabilidad del ministro Castilla. En el primer trimestre de este año crece a la tasa de 7.9%, casi la mitad de la tasa que se registró en el mismo período de 2013 (15.2%); y, en el segundo trimestre de este año cae estrepitosamente a la tasa de -4.5%. No hubo previsión ni se tomaron las medidas adecuadas para enfrentar oportunamente los efectos negativos del estancamiento de las economías de Europa y Estados Unidos, la desaceleración del crecimiento de China, y la consecuente reducción de los precios de los minerales.
Desde la crisis internacional de 2008-2009 disminuyeron las tasas de crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios y, desde el año 2012 sus montos empiezan a caer en cifras absolutas. En los primeros dos trimestres de este año disminuyeron en 1.7% y 4.8%, respectivamente. Por su parte, la cuenta corriente de la balanza de pagos registra déficits desde el año 2008 y estos aumentan sostenidamente desde el año 2011. Los déficits son de -1.9% del PBI en 2011, -3-3% en 2012 y -4.5% en 2013. Los déficits registrados en los dos primeros trimestres de 2014 fueron de -5.7% y de -7.3% del PBI, respectivamente. Castilla no tomó ni sugirió medida alguna para disminuir la vulnerabilidad y dependencia de la economía a factores externos. Mantuvo la especialización primario exportadora y descuidó el desarrollo industrial, agroindustrial y agrícola.
Hay recesión en la Manufactura
Según el INEI el PBI del segundo trimestre de 2014 creció en 1,7% respecto a similar periodo del año anterior, mientras que la producción de la actividad manufacturera se contrajo en 3.4%. Desde el mes de diciembre de 2013 --con la excepción del mes de febrero de 2014--, la tasa de crecimiento del PBI desestacionalizado ha sido negativa. Son seis meses de contracción aunque no consecutivos, de lo contrario la economía peruana estaría técnicamente en una recesión.
Gráfico 2
Hay que mencionar, sin embargo, que la actividad manufacturera sí se encuentra técnicamente en recesión. De acuerdo con el INEI, durante los dos primeros trimestres de 2014 la producción manufacturera disminuyó en 2.3% y 3.2%, respectivamente. El Gráfico 2 muestra que la producción desestacionalizada de la manufactura fue relativamente más pronunciada que la del PBI. La caída de esta producción en 3.5% el segundo trimestre de este año, se explica por la contracción de sus industrias que producen tanto para el mercado interno como para el mercado externo (textil y cuero, productos metálicos, madera y muebles, etc.).
El papel de la actividad «Servicios financieros, seguros y pensiones»
Desde el primer trimestre de 2013 la producción de la actividad «Servicios financieros, seguros y pensiones» registra tasas de variación crecientes mientras que se desacelera la tasa de crecimiento del PBI. Los dos últimos trimestres de 2014 esta divergencia se acentúa de manera espectacular: el PBI crece a las tasas de 5.1% y 1.7%, mientras la producción de «Servicios financieros, seguros y pensiones» lo hace a las tasas de 14.4% y 15.2%, respectivamente.
Si se elimina de la contabilidad del PBI la producción de «Servicios financieros, seguros y pensiones» --que no sabemos exactamente cómo se mide--, las tasas de crecimiento durante los primeros trimestres de este año habrían sido de 4.7% y de 1.1%, en lugar de 5.1 y de 1.7%.
A modo de Conclusión
La responsabilidad del ministro Castilla en la exacerbación del enfriamiento económico es indiscutible. Castila representa la continuidad neoliberal, mientras que la situación económica por la que atraviesa el país exige una transformación, una solución de continuidad.
Publicado en el Diario UNO el sábado 30 de agosto
El primero de los tres ejes estratégicos del Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) es el de la «promoción de la diversificación productiva» cuyo objetivo es «ampliar la canasta exportadora de bienes y servicios de la economía». Se dice que la ampliación de esta canasta se efectuará identificando «actividades donde existan oportunidades exportadoras latentes para orientarla a grandes cadenas de valor mundiales».
Subordinación a la demanda mundial
Los autores del plan no se preguntan si tiene importancia o no para la integración nacional, que la estrategia de estas cadenas de valor se defina fuera del ámbito nacional. El ministro de la producción dice que se trata de evitar la producción de bienes y servicios «sin mayor demanda mundial». En realidad, en el PNDP la diversificación productiva no se orienta a resolver los problemas estructurales del país: la desarticulación sectorial y el atraso industrial, la desconexión de la economía con la geografía y demografía, ni la superación del atraso agrícola para culminar la construcción de la nación.
El concepto de diversificación productiva del PNDP es totalmente limitado; es un concepto derivado, un subproducto de la diversificación de las exportaciones. La diversificación está, por lo tanto, subordinada a la dinámica de la demanda mundial. Así, con la aceptación de participar en las grandes cadenas lideradas por las empresas transnacionales, Ollanta Humala ha abandonado su oferta electoral de integrar económica y socialmente el país mediante la estrategia de desarrollo de mercados internos. Ha renunciado a la autodeterminación nacional, al subordinar la diversificación de la canasta exportadora a las cadenas de valor global lideradas por las empresas transnacionales.
«Falla de mercado» en ausencia de mercados
En el PNDP se dice que la diversificación productiva se logrará «mediante la corrección de fallas de mercado que son sustantivas en sectores donde existe una importante potencialidad exportadora de bienes y servicios». Hay que suponer que estas fallas existen allí donde existen mercados; por lo tanto, el plan no propone un cambio estructural en el sentido de crear y expandir los mercados allí donde estos no existen.
Como la economía no está articulada con la geografía y demografía del país, los mercados internos son inexistentes y los que existen son larvados y poco dinámicos. Por lo tanto, si no hay mercados no se puede hablar de «fallas de mercado». Si no hay «plata en el bolsillo de la gente» de la sierra y la selva del país, no hay mercados. Para que los habitantes del interior del país lleven su «nexo con la sociedad en el bolsillo» hay que crear y desarrollar mercados internos.
El PNDP no es pues una propuesta para endogenizar los motores del crecimiento; para situarlos al interior de la economía nacional y promover su integración mediante la creación y desarrollo de mercados. No es, en consecuencia, un plan que busque fundar las ganancias de competitividad internacional en fuentes internas. Este plan propone que la demanda externa siga siendo la prime mover de la economía peruana. El cuento de las «fallas de mercado»
Como dice el principal promotor del PNDP «hay falla de mercado cuando la mano invisible del mercado no produce resultados eficientes». El lector se preguntará: ¿cuándo produce resultados eficientes el mercado? La respuesta de los que adhieren a la doctrina de las «fallas de mercado» será: cuando hay información perfecta, cuando no hay costos de transacción, cuando no hay externalidades, es decir, cuando el mercado es perfecto o la competencia es perfecta; en estas condiciones los productos idénticos son vendidos a un precio que es igual a su costo marginal. En consecuencia, toda desviación del mercado respecto del «mercado perfecto» será una «falla de mercado» (debido a que hay externalidades, o monopolios naturales, o asimetrías de información). Entonces, proponer superar una falla de mercado es proponer acercarlo a un mercado perfecto. Y, de acuerdo con la teoría, cuando los mercados son perfectos «no hay innovación ni diferenciación de los productos». La diversificación productiva del PNDP se funda, por lo tanto, en una fábula.
El papel del Estado en el PNDP El PNDP «propone –dice su principal promotor— intervenir sólo cuando hay una falla de mercado y cuando el instrumento de política que la corrige genera beneficios mayores a sus costos». Más allá del problema no resuelto en el plan de cómo se efectuará el cálculo de estos beneficios y costos, basar la intervención del Estado únicamente a través de existencias de «fallas de mercado», conduce, como señala John Kay, a «una visión empobrecida de la política, la democracia y la toma de decisiones colectiva».
Los ideólogos de esta doctrina no toman en cuenta que el mercado es una institución social y que, por lo tanto, los bienes y servicios que se transan en el mercado son el resultado de un proceso social, y que también pueden existir decisiones o elecciones económicas esencialmente colectivas que no pueden ser descritas como la «suma de preferencias individuales o personales».
A modo de conclusión Entre el Estado y el mercado hay interdependencia, cuya naturaleza depende de las condiciones de cada país. En el nuestro el Estado debe promover un crecimiento integrador del país, con un nuevo modo de crecer basado en la creación y expansión de los mercados internos.
Publicado en el diario UNO el sábado 23 de agosto
Mediante Decreto Ley No. 25897 del 6 de diciembre de 1992, se creó el sistema privado de pensiones, como una de las reformas neoliberales más importantes. Así, las AFP no fueron creadas por el «libre mercado» sino por el Estado que obligó a los trabajadores a ahorrar en ellas en cuentas individuales de capitalización. El fondo de «ahorro forzoso» que las AFP debían capitalizar, era la base de este modelo previsional que supuestamente aseguraría el bienestar de los trabajadores y sus familias cuando alcanzaran la edad de la jubilación, fallecieran o sufrieran de invalidez. Sin embargo, las AFP, con 21 años de existencia, no han cumplido ni cumplirán este objetivo.
Las AFP actúan como instituciones económicas extractivistas: obligan al grueso de sus afiliados a pensiones por debajo del nivel de subsistencia y extraen toda la renta restante del fondo de «ahorro forzoso» para sus propietarios y grupos económicos relacionados. Cobran comisiones elevadas, no son transparentes, ni promueven la competencia, no posibilitan ni fomentan la participación de sus afiliados en sus directorios y, peor aún, no innovan ni crean valor. Las AFP parasitan en un mercado oligopólico con un marco legal que les permitió a sus propietarios enriquecerse rápidamente. Los datos son elocuentes: 57.1% de los pensionistas de las AFP reciben pensiones menores que el sueldo mínimo de 750 soles; sus ganancias han crecido 3.5 veces más que el porcentaje de capitalización del fondo que administran (8%).
La indispensable reforma hacia una institución inclusiva
La reforma de este sistema extractivista se planteó en la campaña electoral de 2010-2011, por las mismas razones que hoy se esgrimen. El ataque mediático fue impresionante. Muy pocos defendieron la propuesta de reforma que se encontraba en el plan La Gran Transformación (LGT); el propio Humala «tiró la toalla», como se suele decir. Es y era claro que la manera como se administra el «ahorro forzoso» y el marco legal en el que operan las AFP, es lo que explica por qué el sistema no sirve para la obtención de pensiones dignas. La experiencia internacional, además, ya había mostrado que el sistema previsional privado tenía límites y que, por lo tanto, el Estado no podía desatenderse del tema de las pensiones. Richard Webb ha vuelto a «poner el dedo en la llaga» con un artículo publicado precisamente en el diario que más denostó contra la propuesta de reforma de LGT.
Esta propuesta consistía en un régimen de pensiones sustentado en dos sistemas: a) uno público con un componente contributivo obligatorio (donde se determinaría una pensión básica) y otro no contributivo que hoy es precisamente Pensión 65; y, b) otro privado que serviría de complemento al primero; voluntario, basado en cuentas individuales para trabajadores asalariados e independientes, y con una regulación adecuada para impedir el extractivismo.
Esta propuesta era parecida a la que hizo la Defensoría del Pueblo el año 2005 en su Informe Defensorial N° 99, titulado «El futuro de los sistemas de pensiones. Hacia una nueva relación entre el sistema público y el privado». La Defensoría proponía «un esquema que incluya una pensión básica y uniforme a cargo del régimen público y un sistema tipo SPP con contribución adicional obligatoria». La única diferencia con la propuesta de LGT era que en el último sistema la contribución adicional sea obligatoria, mientras que en LGT se planteaba que la contribución adicional sea voluntaria.
Es importante recordar, por su actualidad, las razones que llevaron a la Defensoría a proponer la reforma del sistema de pensiones. Decía que: «1. Los sistemas previsionales de nuestro país atraviesan en la actualidad por una profunda crisis expresada en los montos bajos de las pensiones que éstos otorgan y su escasa cobertura a nivel nacional. Una de las principales causas que explica esta crisis es el modelo de relación alternativa que existen en los sistemas público y privado de pensiones. 2. La creación de las AFP y la relación existente entre el SPP y SNP ha provocado el traslado de un grupo importante de trabajadores activos del sistema público al privado; restando de esta manera la base contributiva que permitía financiar el pago de las pensiones del sistema estatal. 3. Adicionalmente, constituye una causa de la situación actual de los sistemas previsionales, la alta rotación de la mano de obra en nuestro país y la contratación informal de trabajadores; quienes al no estar incluidos en planillas no realizan los aportes de ley».
La propuesta de LGT no descartaba la creación de una AFP estatal para contribuir con la regulación de las comisiones de las AFP privadas; además, se proponía que sobre la base de las comisiones que ahora van directamente a manos de los accionistas de las AFP, se cree un Fondo de Administración Pensionaria, para facilitar la competencia y abrir el mercado a nuevas AFP; y, por último, se proponía la participación de los trabajadores en los directorios de las AFP, en mérito a una obligación derivada del convenio 102 de la OIT sobre seguridad social.
A modo de conclusión
Como paso previo a un reforma total del sistema previsional proponemos al Congreso: a) derogar la norma que dispuso desde el 1° de agosto pasado la obligatoriedad de los aportes previsionales para los trabajadores independientes; b) Aprobar una norma que permita a los afiliados retirar íntegramente sus ahorros si deciden no recibir una pensión mensual o cuando emigran definitivamente del país.
Publicado en el Diario UNO el sábado 15 de agosto
Ollanta Humala inició su cuarto año de gobierno con la bancada de su partido fracturada: siete congresistas renunciaron en rechazo a su práctica autoritaria y por diferencias ideológicas. Pero, en su mensaje por fiestas patrias ante el Congreso de la República, no aludió a este hecho. Fue un mensaje mediocre, nada autocrítico y conservador.
No ha fortalecido la democracia Su gobierno ha sido cooptado por los poderes fácticos y los grandes grupos económicos, tanto nacionales como extranjeros. Exacerbó la crisis de representación política con la imposición de su candidata a la presidenta del Congreso. Por eso su gobierno es igual a los que le antecedieron. Perdió a siete congresistas porque no cumple con sus promesas. No obstante el rechazo de los trabajadores independientes ha hecho efectiva la retención de parte de sus haberes para las AFP. Favorece al grupo económico que opera en la industria alimentaria y la publicidad al promover un reglamento a «Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes», que según los especialistas desconoce los parámetros técnicos establecidos por la OMS. De oro lado, mantiene sin promulgar el Proyecto de Ley de Evaluación Previa de los Actos de Concentración Empresarial. En realidad, como dejaron entrever los renunciantes a su bancada, Humala es una «interpósita persona»: gobierna según los dictados de su ministro de economía y finanzas, fiel escudero de los grupos de poder.
No dio detalles de las concesiones en megaproyectos Habló de la importancia de la «Línea 2 del Metro Ate-Callao», del «Gasoducto Sur Peruano», de la «Refinería de Talara», del «aeropuerto de Chinchero», del «Puerto San Martín en Pisco», de la «Red Dorsal de Fibra Óptica», etc., pero no dio detalles de los términos en los que se hicieron las concesiones. Se sabe que en más de un caso no se promovió la competencia, es decir, la presencia de más de un postor. El Congreso de la República y la Contraloría deberían investigar estas y otras concesiones, al igual que la ciudadanía organizada. Hay que evitar que la corrupción siga siendo parte del sistema político y de gobierno, y también hay que evitar que el costo de algunas de esas inversiones se financie con incrementos en las tarifas públicas que pagan los consumidores.
Humala no ha cumplido su oferta electoral de poner en práctica «una forma republicana de gobierno con mecanismos explícitos de evaluación y control constitucional de los gobernantes». Estos mecanismos, junto a la activa acción cívica de los ciudadanos, son fundamentales para que la política se convierta en una acción de servicio social y no de provecho propio. Ollanta Humala hablaba con ironía cuando dijo: «estamos cumpliendo lo prometido». Tres años de «piloto automático»
Humala se dedico a administrar el Estado como cualquier otro gobierno. No aprovechó el auge económico para hacer los cambios que ofreció cuando era candidato. Mantuvo estancados los gastos en educación y salud como porcentaje del PBI durante tres años; por ejemplo, la cifra de cerca de 3.0% del PBI del gasto en educación que heredó de Alan García. Por eso su anuncio de aumentar el gasto en educación en alrededor de 0.5% del PBI a partir del próximo año, fue tardío. ¿Por qué va a ser posible este incremento ahora que el crecimiento está en cuestión, si no lo fue antes en pleno auge económico? Se desaprovecharon tres años para iniciar los cambios en la educación y superar el límite de capital humano que enfrenta las inversiones. Por lo demás, la cifra anunciada es insuficiente dado los problemas por los que atraviesa el sector (infraestructura, sueldos, calidad de los profesores, equipamiento, etc.). Hoy, de no haber operado su gobierno en «piloto automático», el gasto en educación debería estar por encima del 4.0% del PBI. Igual ha ocurrido en salud y seguridad ciudadana. El que definió los montos a gastar desde el inicio de su gobierno fue el ministro Castilla. Este mediatizó el impuesto a las sobreganancias mineras y redujo «Pensión 65» de 250 a 150 soles. De otro lado, la solidez macroeconómica que mencionó Humala no fue fruto de sus tres años de gobierno; lo heredó del gobierno de Toledo. Los encargados de administrar la nueva institucionalidad macroeconómica que heredó su gobierno --Castilla y Velarde-- se durmieron junto al «piloto automático» desde el gobierno de Alan Garcia.
Su plan de diversificación productiva no convence Humala también anunció que acaba de aprobar «El Plan Nacional de Diversificación Productiva». Dijo que este plan permitirá sostener el crecimiento económico a largo plazo y que el Estado asumirá el «rol de identificar, junto al sector privado, los sectores que tienen el mayor potencial para darles las condiciones necesarias para su despegue». ¿Cómo se procederá a esta identificación? La propuesta repite un error de la política industrial tradicional. Humala ha olvidado su propuesta de «desarrollar mercados locales y regionales internos, para que se desarrolle un mercado nacional y para terminar con la segmentación productiva».
A modo de conclusión El impulso a la inversión privada y su orientación hacia la agricultura y la industria, según esta estrategia que Humala ha olvidado, provenía de la eliminación de las restricciones de mercado y de financiamiento que esta inversión enfrenta. Las medidas con este fin hacían énfasis en soluciones de mercado, como, por ejemplo, el tema del financiamiento de las inversiones en el mercado de capitales.
Publicado en el Diaro UNO, el sábado 09 de agosto.