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El ministro de Economía Alfredo Thorne en su reciente presentación ante la comisión de producción del congreso, dijo que «será un gran milagro si la economía llega a crecer 3% este año». Luego, suelto de huesos, anunció sus proyecciones de crecimiento de 4.5% para 2018 y de 5% para los años 2019 a 2021. Lo más probable es que no se produzca ese «gran milagro» y que tampoco se cumplan sus proyecciones optimistas.
El ministro ya se acostumbró a los retrocesos, generando un backward path dependency del cual, creo, ya no podrá liberarse. No bajará el IGV; la presión tributaria no volverá al 16.1% del PBI que alcanzó en 2015; no aumentará la formalización; no habrá un crecimiento este año de 3% sino cercano al 2%; tampoco se crecerá por encima de 4% en los años siguientes y, sin duda, no se cumplirán sus metas respecto a la reconstrucción. El ministro tiene la contabilidad física de los daños de El Niño Costero, pero no ha hecho el cálculo detallado de los costos de la «reconstrucción con cambios». La improvisación del gobierno, del cual es parte el ministro, es impresionante.
Las «fuentes» del crecimiento según el ministro El ministro dice que la economía peruana no tiene «suficientes fuentes de crecimiento de largo plazo sostenibles y que la minería no puede ser el único sector que dinamice la economía». Sin embargo, en el «Informe de actualización de proyecciones macroeconómicas» publicado por el MEF el 30 de abril, no hay una sola propuesta de construcción de alguna fuente interna de crecimiento que, por lo menos, morigere su dependencia de la producción y exportación de productos primarios. La volatilidad del crecimiento es causada por la volatilidad de los términos del intercambio; además, como muestra la evidencia empírica, el crecimiento impulsado por el aumento de los términos de intercambio, tiene un efecto des-industrializador (Williamson 2006, 2012; Jiménez, 2017).
El ministro apuesta por un crecimiento de la inversión pública de hasta 15% en los años 2017 y 2018, años en los cuales el déficit fiscal alcanzaría el 3% y 3.5% del PBI, respectivamente. Después le seguiría un ajuste; es decir, una reducción de la tasa de crecimiento de esta inversión hasta 5% en 2019 y 4.5% en los años siguientes, para así converger a un déficit de 1% del PBI en el año 2021. El Ministro cree, entonces, que la inversión pública cumplirá su papel en la reconstrucción solo hasta el año 2018. Por el lado de la inversión privada tampoco hay explicaciones de su recuperación, pues esta ha decrecido desde el año 2014 a una tasa de 4.2% promedio anual. Sin cambios notables en el entorno internacional, se espera que la inversión privada crezca desde 5% en 2018 hasta 6.5% en 2021, solo por el «efecto reconstrucción». ¿Cuál será el señuelo que atraerá a la inversión privada? ¿Las APP y las «obras por terrenos»?
Del impulso primario exportador se pasa al «efecto reconstrucción» para justificar sus proyecciones optimistas. La inversión privada pasaría a explicar un poco más de 1% del crecimiento proyectado para los años 2018 a 2021. Por lo tanto, en correspondencia con el impulso al crecimiento por el «efecto reconstrucción», el sector que liderará el crecimiento será el sector construcción, ahora alicaído por los escándalos de corrupción de Odebrecht, pero que es el que crecería a tasas relativamente más altas según las proyecciones del MEF.
La importancia del motor industrial
La única manera de lograr una fuente de crecimiento sostenible a largo plazo, es sustituyendo el liderazgo de los sectores volátiles, como la minería y la construcción, por la industria manufacturera. Esta industria, como dice Rodrik, tiene características que la distinguen de otras y le otorgan un papel decisivo en el proceso de crecimiento: «En primer lugar, la manufactura tiende a ser tecnológicamente un sector dinámico. De hecho, [...] la actividad manufacturera exhibe convergencia incondicional de la productividad laboral, a diferencia del resto de la economía. En segundo lugar, la manufactura ha absorbido tradicionalmente cantidades significativas de mano de obra no calificada, algo que la distingue de otros sectores de alta productividad como la minería o las finanzas. En tercer lugar, la manufactura es un sector comercializable (tradable sector), lo que implica que no enfrenta las restricciones de demanda de un mercado doméstico poblado por consumidores de bajos ingresos. Se puede expandir y absorber a los trabajadores incluso si el resto de la economía se mantiene tecnológicamente estancada. En conjunto, estas características hacen de la manufactura la escalera perfecta para las economías en desarrollo» (Rodrik, 2016: 3).
Ni la minería ni la construcción multiplican en ingreso y el empleo como lo hace la manufactura. Esta es la única que, cuando se expande, lo hace generando rendimientos crecientes estáticos y dinámicos. «Los rendimientos estáticos se refieren principalmente a las economías de escala internas a la empresa, mientras que los rendimientos dinámicos se refieren al aumento de la productividad derivado del aprendizaje [learning by doing], el cambio tecnológico "inducido" y las economías externas del propio proceso de producción la producción» (Libanio, 2006: 4).
A modo de conclusión
En un estilo de crecimiento liderado por la manufactura, la productividad y el progreso técnico son endógenos. Cuando se expanden los mercados aumenta la posibilidad de incorporar nuevos métodos y medios de producción que dan lugar a un aumento de la productividad del trabajo. Se producen innovaciones tecnológicas en los procesos productivos y «procesos graduales de aprendizaje por el ajuste de tecnologías que permiten optimizar el uso de los recursos, o por la agregación de pequeñas innovaciones que se adelantan en las empresas para adaptar tecnologías en la generación de nuevos productos bajo condiciones locales» (Villamil, 2003: 153).
Publicado en el Diario UNO, el domingo 7 de mayo
El gobierno acaba de presentar al Congreso de la República el Proyecto de Ley Reconstrucción que será sustentado el próximo lunes 24. Según su exposición de motivos este proyecto ley permitirá: 1) Atender en forma rápida a la población; 2) Recuperar prontamente las condiciones de vida y de producción de las zonas afectadas; 3) Planificar las intervenciones generando economías de escala en las contrataciones de bienes y servicios; 4) Planificar integralmente de tal forma de identificar sinergias en los servicios y mejoras en el diseño de la infraestructura; y, 5) Reubicar a la población que habitaba en zonas de riesgo alto y muy alto. Para el logro de estos objetivos se crea una Autoridad a cargo de un Director Ejecutivo con rango de Ministro. Esta Autoridad será entonces responsable de la denominada «Reconstrucción con Cambios».
Las ausencias en el proyecto de Ley
No se entiende cómo se puede diseñar una organización, con un director (con rango de ministro), encargada de reparar los daños causados por los recientes desastres naturales, si no se tiene, aunque sea solo aproximadamente, el costo total de la reconstrucción. El acápite de costos y beneficios solo tiene un listado de dichos daños en la población y sus medios de vida, pero no hay una taxonomía del tipo de intervenciones del Estado de acuerdo a si se trata de una obra nueva o de solo una reparación. No era difícil convocar a los técnicos de los distintos ministerios involucrados, para aproximarse al costo total de la reconstrucción.
Contar con información del tipo de obras y de intervenciones del Estado, habría ayudado incluso a definir tipos de responsabilidades burocráticas: no es lo mismo gestionar la reparación de algo que ya existe que gestionar la construcción de obras nuevas. Por ejemplo, los propios ministerios, con participación de los respectivos gobiernos regionales o locales, se podrían encargar de las reparaciones de colegios, centros salud, carreteras y canales de riego afectados, con una adecuada ampliación presupuestal y con plazos prefijados. De otro lado, la gestión de la construcción de obras nuevas se pudo haber encargado al CEPLAN con un comité técnico integrado por representantes de los respectivos ministerios.
En el proyecto de ley no se define claramente qué es reconstrucción con «cambios». ¿Dónde identificar los «cambios»? ¿Habrá «cambio» en el control técnico de la calidad de las obras y en la determinación de su vida útil? ¿Quién lo hará? ¿Habrá control previo, control durante la ejecución y el control posterior de los proyectos de obras? ¿El «cambio» estará en la justificación rigurosa, si se opta por una APP, de por qué el proyecto de obra se destina al sector privado y no al sector público? ¿Habrá un modelo de vivienda y de urbanización con todos los servicios que se ofrecerá a los damnificados, reubicados y no reubicados? ¿Habrán veedores neutrales provenientes de los colegios de ingenieros y de arquitectos? No sabe dónde identificar los cambios simplemente porque en el proyecto no se explicitan.
El gobierno argumentará que los cambios están definidos en los objetivos del proyecto. Uno de ellos dice que se planificarán las obras de tal manera que se logren economías de escala en las contrataciones. Pero esto es lo que toda organización eficiente y que planifica, debe hacer. También se dice que se evitará la «urbanización» en zonas de riesgo y se buscará crear sinergias en los servicios públicos y mejoras en la infraestructura. Pero no se dice cómo. No hay criterios orientadores para los que se encarguen de la planificación de la reconstrucción. Por lo demás, el proyecto de Ley prescinde del CEPLAN que se supone que es un organismo especializado en planificación.
Silencio administrativo positivo y obras por terrenos
El «cambio» parece estar en el artículo 8 del proyecto de ley sobre Competencias y facilidades administrativas extraordinarias y temporales. Para atender a la población afectada y reparar sus condiciones de vida en forma rápida, el proyecto apela a procedimientos administrativos simplificados «con un plazo máximo hasta 7 días hábiles» y sujetos a silencio administrativo positivo. ¿Estos «procedimientos administrativos necesarios» (permisos, autorizaciones, registros, inscripciones, etc.), serán anunciados públicamente para que sean fiscalizados por la ciudadanía y los organismos de control? En el citado artículo se dice, además, que «los distintos niveles de gobierno deben poner sus predios a disposición a solo requerimiento de la autoridad», para ejecutar los proyectos de acuerdo al Plan. ¿Estos proyectos serán evaluados financiera y técnicamente antes de ejecutar el «requerimiento de la autoridad»?.
El otro «cambio» podría estar en la novena disposición complementaria que dice: «Dispóngase que la inversión privada en el encausamiento y escalonamiento de los ríos que genere tierras aprovechables, puede ser reconocida de acuerdo a las condiciones y modalidades de retribución o compensación para el inversionista, conforme se determine mediante Decreto Supremo. Las modalidades de compensación incluyen la suscripción de contratos de cesión en uso, arrendamiento, usufructo, superficie u otras modalidades permitidas por la Ley». Esto es trueque de obras por terrenos. Pero, tampoco hay criterios orientadores para encausar este trueque de manera transparente. ¿No es acaso indispensable definir la participación de los gobiernos regionales o locales en la formulación de los proyectos que impliquen la cesión de sus predios?
A modo de conclusión
La creación de un director ejecutivo de la reconstrucción, existiendo CEPLAN, no parece ser lo más adecuado. Se puede aprovechar esta coyuntura para fortalecer técnicamente a esta institución que, por cierto, «debe trabajar de la mano con la Presidencia de Consejo de Ministros».
Publicado en el Diario UNO, el domingo 23La caída de la producción manufacturera desde el año 2014 muestra que los tres últimos gobiernos no aprovecharon la oportunidad abierta por los altos precios de las materias primas para iniciar la construcción una economía diversificada, tecnológicamente más moderna, y sostenible ambiental y socialmente. Todos apoyaron la prédica neoliberal de la especialización en las ventajas comparativas, que, en el caso de nuestro país como en otros de América Latina, fue la especialización en nuestra ventaja natural de productor y exportador de materias primas. Las políticas macroeconómicas que acompañaron a esta especialización, exacerbaron sus efectos negativos sobre la manufactura, acelerando la desindustrialización.
Desindustrialización y Terciarización Prematura
Los últimos 25 años de neoliberalismo, entonces, coinciden con el boom de las exportaciones asiáticas, en especial, de China, competidores de bajos salarios. Con liberalización comercial, desregulación de los mercados y la apreciación cambiaria, se facilitó la masiva penetración de importaciones. El total de bienes importados pasó de cerca del 80% en 1980 a 157% de la producción manufacturera a precios de 2007 en 2013.
Este tipo de inserción de nuestra economía a los mercados internacionales condujo a un notable proceso de desindustrialización; es decir, a la caída de la participación de la manufactura en la generación del PBI y del empleo. La manufactura perdió su capacidad de generar empleo y redujo significativamente su contribución al crecimiento económico. La otra cara de este proceso fue la persistente informalidad y el aumento del empleo de baja calificación y de baja productividad, en las actividades terciarias de comercio y servicios. En otras palabras, la desindustrialización es acompañada por una terciarización con atraso tecnológico.
Esto es lo que Rodrik (2016) llama desindustrialización prematura porque ocurre en una economía que no ha alcanzado un grado de desarrollo industrial significativo ni ha llegado a niveles de ingreso per cápita similares a la de los países desarrollados. «La manufactura —dice Rodrik— suele seguir una trayectoria en forma de U invertida a lo largo del desarrollo. […] En la mayoría de (los países en desarrollo), la industria manufacturera ha empezado a encogerse (o está encaminada a encogerse) en niveles de ingreso que son una fracción de aquellos en los que las economías avanzadas comenzaron a desindustrializarse. Los países en desarrollo se están convirtiendo en economías de servicios sin haber pasado por una experiencia adecuada de industrialización. Llamo a esto desindustrialización prematura» (Rodrik, 2016)
En general el efecto negativo de las políticas neoliberales y la ausencia de políticas de fomento de la industrialización afectaron notablemente la productividad de la industria manufacturera. En particular, la apreciación del tipo de cambio junto a la penetración de importaciones, debilitaron el escaso desarrollo industrial. Esta desindustrialización prematura ocurre conjuntamente con una terciarización también prematura porque la mayor parte del exceso de mano de obra que no encuentran trabajo en la agricultura, en la minería y en la propia manufactura, inevitablemente terminan en sectores terciarios informales de baja productividad
Los datos de la desindustrialización peruana
La desindustrialización se expresa justamente como la reducción de la participación de la manufactura en el empleo y la producción del conjunto de la economía. Su participación en la generación de empleo crece sistemáticamente desde 8.3% en 1950 hasta 12.6% en 1975. Después se derrumba con la crisis de comienzos de la década de 1980. Su posterior recuperación solo dura hasta inicios de los años 1990, para luego mostrar una notoria tendencia decreciente que llega hasta 9.4% en el año 2015. Asimismo, su participación en la generación del PBI total muestra un comportamiento similar. Sube desde 13.8% en 1950 hasta un poco más de 18% a comienzos de los años 1970. Después, cae en la década de 1980 y en el período 1990-2015, decrece sistemáticamente hasta 13.4% en 2015.
La desindustrialización prematura tiene efectos retardatarios sobre el crecimiento económico a largo plazo, porque reduce su contribución a este crecimiento. Como se observa en el Gráfico, durante los años 1950-1975 la contribución al crecimiento económico de la industria manufacturera se mantuvo por encima de 19% hasta el año 1972. Después se redujo hasta 14.3% en el año 1976. Los años posteriores hasta 1990, fueron de crisis continuas que cubren más del 50% del total de años del periodo 1976-1990. En estos años la industria manufacturera decrece a la tasa de -0.8% promedio anual.
Durante los años del neoliberalismo 1990-2015, la contribución de la industria manufacturera al crecimiento económico de largo plazo, es sistemáticamente inferior a la que se registró entre 1950-1976. Se mantiene por debajo del 15% entre los años 1991-1999; se recupera hasta alcanzar un máximo de 17.7% en el año 2003 —porcentaje menor al registrado en 1973— y, finalmente, decrece sistemáticamente hasta alcanzar el porcentaje de 6.4% en el año 2015.
A modo de conclusión
Rodrik se pregunta si las actividades de servicios podrán sacar a nuestros países del subdesarrollo. Su respuesta es NO. «En principio, muchas de esas actividades podrán beneficiarse de mejores tecnologías, una mejor organización y una mayor formalización, pero […] los aumentos parciales de la productividad en (estas) actividades son en última instancia autolimitadores, porque las actividades de servicios no pueden ampliarse sin volver su relación de intercambio contra sí mismas: bajando sus propios precios (y rentabilidad). En la manufactura, los países en desarrollo pequeños podrían prosperar a partir de algunos éxitos en la exportación y diversificarse secuencialmente en el tiempo: ahora camisetas, después el montaje de televisiones y hornos de microondas y así sucesivamente, ascendiendo por la cadena de los conocimientos técnicos y del valor» (Rodrik, 2014).
Publicado en el Diario UNO, el domingo 16
En nuestro artículo anterior presentamos una estimación preliminar del costo de reconstrucción de viviendas, carreteras, canales de riego, puentes y colegios destruidos y/o inhabilitados por el llamado fenómeno El Niño Costero. Este costo ascendía a 46,761 millones de soles (US$ 14, 388 millones de dólares), equivalente al 7.1 % del PBI de 2016. La información al 29 de marzo, utilizada para este cálculo, pertenece al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y fue publicada por el diario La República el 30-03-2017.
El costo de los daños es más alto
Con información al 1 de abril proporcionada por esta misma institución, el costo por los mismos conceptos sube hasta 66,412 millones de soles (US$ 20,434 millones) y equivale al 10.1 del PBI de 2016. Los kilómetros de carreteras destruidas disminuyeron de 3,599 a 2443, pero los otros rubros aumentaron. Estos son: puentes destruidos y afectados de 523 a 681; canales de riego de 1,004 kms a 4,470 kms; colegios colapsados e inhabitables de 1,672 a 1,796; y, viviendas colapsadas e inhabitables de 30,184 a 226,345. Si le adicionamos los 610 centros de salud colapsados y afectados, el costo aumenta a 67,632 millones de soles (US$ 20,810 millones), que es equivalente al 10.3% del PBI. Si los activos afectados o inhabilitados (es decir, no destruidos) solo son reparados (o parchados), el costo total se reduciría a 50,054 millones de soles (US$ 16,940 millones), equivalente al 8.4% del PBI. Solo en la reconstrucción de carreteras y puentes el costo oscila entre 5.6% a 6.5% del PBI.
El lector comprenderá que nuestras estimaciones son aproximaciones. No estamos tomando en cuenta, por ejemplo, el costo de la construcción de muros de contención o de defensa ribereña para impedir el desborde de los ríos en el futuro, ni el costo de la reubicación y construcción de las viviendas de la población damnificada y afectada.
Cambios necesarios en la política fiscal y monetaria
El ministro de economía dijo que el costo de US$ 12,000 millones (mencionado por el ministro de defensa) era «bastante elevado» y que su sector es el que definirá «cuál es el monto de la reconstrucción». Esperamos que lo haga pronto. Que defina los respectivos costos unitarios y que le diga al país si está pensando en parches o en obras nuevas y de larga duración.
El temor del ministro es sin duda el déficit fiscal, sobre todo ahora que la presión tributaria se encuentra por debajo del 14% del PBI. El déficit tiene necesariamente que subir hasta situarse alrededor del 4% del PBI para que el compromiso de reconstrucción sea creíble. Empezar gastando 2 puntos adicionales del PBI en la ejecución de un plan de inversiones en infraestructura (plan que cubra el período de este gobierno y que sea concebido como parte de un plan de reordenamiento territorial), es esencial no solo para aumentar la demanda agregada sino también para estimular la expansión de la oferta agregada. Si no se hace, la depresión económica y el conflicto social serán inevitables.
Hay financiamiento. El gobierno tiene el FEF y depósitos en el BCRP que ascienden a un poco más del 7% del PBI. Pero también se puede recurrir al endeudamiento interno, emitiendo, en el mercado local, bonos en soles de 30 o 40 años de plazo destinados exclusivamente a la reconstrucción. Es el momento, además, de introducir la «regla de oro» en la gestión y contabilidad fiscal: endeudarse solo para financiar inversiones en infraestructura. Asimismo, el MEF puede garantizar las emisiones de deuda en soles en el mercado local por parte de medianas y pequeñas empresas (individualmente o asociadas) con buen historial crediticio y que se comprometan a modernizar y ampliar su capacidad productiva.
Por su parte el banco central (BCR) tiene que acompañar a la nueva política fiscal contra-cíclica y de apoyo a la reconstrucción. Primero, debe aumentar la meta de inflación a 3% ± 1 punto. El propósito es ampliar el espacio para hacer política monetaria. Desde que el actual presidente del BCR redujo la meta, la inflación se mantuvo por encima del límite superior de la banda en la mayor parte del tiempo. Segundo, debe bajar su tasa de interés de referencia para estimular el crédito y de esta manera contribuir con la recuperación económica. Tercero, debe aplicar la regla de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario cuidando la competitividad de las actividades productoras de transables. Cuarto, debe iniciar la sustitución de sus certificados de depósito por bonos y letras del tesoro en sus operaciones de mercado abierto, operaciones cambiarias y operaciones para fijar la tasa de interés, para así contribuir a la profundización y liquidez del mercado doméstico de capitales. A modo de conclusión
Si a todo lo anterior se le agregara una nueva política industrial, este gobierno contribuiría no solo con la creación de empleos seguros y bien remunerados, sino también con el fortalecimiento de la democracia.
Publicado en el Diario UNO; el domingo 9 de abril.
En nuestro artículo anterior explicamos que nuestro país se encuentra en una coyuntura crítica por la confluencia de una tendencia al estancamiento de la economía y de un proceso de degradación de las instituciones del Estado de Derecho. En relación al estancamiento y considerando los efectos del llamado «niño costero», pronosticamos para este año una tasa de crecimiento del PBI de 2 a 2.5% si la inversión pública aumenta en 10% en términos reales. Si la inversión pública aumenta en solo 5% como está previsto en el Marco Macroeconómico Multianual, el crecimiento podría ser incluso mucho menor sobre todo porque no es seguro que la inversión privada aumente en 5% como espera el MEF.
La pobreza descubierta por las inundaciones
Los daños del «niño costero» han revelado que veinticinco años de neoliberalismo no han servido para resolver los problemas estructurales de pobreza y miseria que afecta a la gran mayoría de la población en casi todas las regiones del país. Ciudades sin infraestructura adecuada, asentamientos humanos y zonas periféricas a las grandes ciudades tugurizadas y con precarios servicios públicos. Las inundaciones mostraron la pobreza en que viven gran parte de nuestros compatriotas, que sin duda, son en su mayoría de baja calificación y de bajos ingresos. Diez años de alto crecimiento no sirvieron para mejorar las condiciones de vida en la mayoría de nuestras regiones, aunque ya nos jactábamos de ser los futuros miembros de la OCDE.
No se modernizó la agricultura ni se industrializó el país. El 63.7% del empleo total se encuentra en los sectores de servicios, comercio y construcción. Este porcentaje sube a 89.2% si le agregamos la agricultura que sigue siendo fundamentalmente tradicional. La gran mayoría de los trabajadores de los cuatro sectores está mal remunerada y es de baja productividad. Estos cuatro sectores son los que generan 74.2% del PBI, según los datos del INEI para 2015. No olvidemos, además, que cerca del 74% del total de trabajadores es informal.
La ausencia del motor externo y los desastres naturales, han puesto al descubierto nuestra miseria y pobreza. Se redujo relativamente la capacidad productiva per cápita y nuestra economía se hizo menos industrial y menos agrícola. Siguiendo la lógica del credo neoliberal se subordinó la sociedad y la política a la economía o a los intereses económicos. Con ello la educación, los servicios médicos, el mantenimiento de la infraestructura social, la seguridad social y la propia seguridad pública, fueron sometidos a la lógica del mercado. No es difícil entender, entonces, que la práctica de un neoliberalismo de Estado en nuestro país, condujo a la erosión de la democracia y de sus instituciones.
Sin duda, los daños del «niño costero» que se ha ocurrido precisamente en plena coyuntura crítica, harán que en la sociedad peruana surja un movimiento de autoprotección que reivindique al mercado como institución social y, de este modo, sitúe al país en el camino de la justicia social, de la virtud cívica y del fortalecimiento de la democracia.
El costo de la reconstrucción
Los daños del «niño costero» deben servir para reflexionar sobre la necesidad de un cambio en la manera cómo se hace la política macroeconómica. Hay que priorizar los objetivos sociales. El Banco Central de Reserva no puede seguir inactivo frente a la desaceleración económica y a la necesidad de reconstruir los activos perdidos por los desastres naturales. Por su parte el MEF no puede seguir con su política de meta rígida del déficit fiscal. El ajuste que hizo en el último trimestre del año 2016, afectó a la inversión pública y, por supuesto, al crecimiento económico.
Pero, para calificar el sentido del cambio en las políticas macroeconómicas, tenemos primero que cuantificar el monto en soles de los daños que, a nivel nacional, han ocasionado los recientes desastres naturales. En una evaluación rápida con la información proporcionada por Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y los costos unitarios respectivos para los diversos rubros considerados, hemos encontrado que, a nivel nacional, el costo de la reconstrucción de las viviendas, carretas, canales de riego, puentes y colegios asciende a 46,761 millones de soles, monto equivalente al 7.1 % del PBI de 2016. Solo la reconstrucción de 3,599 kilómetros de carreteras y de 523 puentes (cifras a nivel nacional) costaría 41,530 millones de soles, que equivale al 6.3% del PBI. Los costos por unidad respectivos son: 5 millones de soles por km de carreta y 45 millones de soles por puente. El 0.8% del PBI restante corresponde a canales de riego destruidos, a colegios afectados e inutilizables, y viviendas colapsadas e inhabitables
Hay que señalar que estos costos son aproximados y que, sin duda, los especialistas podrán corregirlos. Pero, estoy seguro que las cifras en soles aumentarán, en lugar de disminuir, porque como bien se ha dicho, la reconstrucción no debe ser la restauración de lo viejo. La infraestructura reconstruida debe tener larga vida, y los colegios y viviendas deben reconstruirse en zonas sin riesgos, con los respectivos estudios de suelos y con los servicios públicos necesarios. Además, hay que sumar tanto el costo de la construcción de muros de contención o de defensa ribereña para impedir el desborde de los ríos en el futuro, como el costo de reubicación de los miles de damnificados.
A modo de conclusión
En nuestro siguiente artículo trataremos sobre la adecuación de las políticas monetaria, fiscal y cambiaria, a los objetivos de reconstrucción y relanzamiento del crecimiento económico.
Publicado en el Diario UNO, el domingo 2 de abril.
La economía peruana tiende a estancarse en un escenario de muy bajo crecimiento y de reducción del PBI per cápita en dólares. No será posible superar y sostener una tasa de crecimiento por encima de 4% (El FMI pronostica una tasa de 4.1%). El segundo semestre se reducirá sustancialmente la contribución al crecimiento de minería y no hay razones para esperar una reactivación sustancial de la inversión privada. Los recientes desastres naturales (del llamado niño costero), también reducirán la tasa de crecimiento. En consecuencia, el crecimiento para este año podría situarse entre 2 y 2.5%, si la inversión pública aumenta en 10% en términos reales. Solo si esta última crece entre 20 y 30% en términos reales, como lo hizo en el año 2009, la tasa de crecimiento del PBI se situaría en un promedio anual de 3 a 3.5 %. Las razones son las siguientes:
El contexto externo es desfavorable e incierto
Las economías avanzadas enfrentan un escenario de bajo crecimiento (alrededor de 2% en los años 2017 y 2018). Con un estímulo fiscal en USA, las tasas pueden subir a 2.3% en 2017 y a 2.5% en 2018. Pero, hay que considerar que la FED acaba de elevar este miércoles su tasa de interés al rango de 0.25% s 0.50%, y ha anunciado una política de endurecimiento monetario gradual que elevará el costo del crédito. (Nótese que su PBI subió solo en 1.6% el 2016).
Las economías desarrolladas, como señalan varios economistas importantes, han entrado a un período de estancamiento secular (bajas tasas de crecimiento con reducciones del ingreso per cápita). No hay, por lo tanto, razones para esperar una recuperación sostenida de los términos de intercambio y de esta manera relanzar el crecimiento primario exportador en nuestro país.
Por su parte, las economías de mercado emergentes y en desarrollo crecerán por encima de 4.0% este año. China crecerá a una tasa cercana al 6%. Hay consenso en que la recuperación de la post-crisis financiera de 2007-2008 es muy débil en comparación con la de ciclos recesivos registrados desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Este contexto externo es, además, totalmente incierto porque las ligeras recuperaciones del período reciente no son indicación de una tendencia de crecimiento sostenido. Podríamos estar cerca de una nueva recesión. Si hay un fuerte estímulo fiscal en USA como lo anunció Donald Trump (con gasto público y privado en infraestructura y recortes de impuestos para los más ricos), entonces aumentará la tasa de crecimiento del producto. Sin embargo, en un contexto en el que aumenta la tasa de inflación, la Reserva Federal endurecería su política monetaria aumentando más la tasa de interés, con lo cual se afectaría notablemente a los sectores dependientes del crédito, y también a las exportaciones debido a la consecuente apreciación del dólar. Todo esto eventualmente podría conducir a una nueva recesión —como dice J. K. Galbraith en «Can Trump overcome secular stagnation?»—, echando a perder los beneficios del estímulo fiscal para la expansión de la manufactura. Las medidas proteccionistas, también anunciadas por Trump, podrían revertir este efecto, pero —como dice Galbraith—, esas medidas generarían inflación, escasez de productos, desempleo y una caída importante en el consumo.
El contexto interno en «Coyuntura Crítica»
A nivel interno el país atraviesa una Coyuntura Crítica por la confluencia de la tendencia al estancamiento económico y el proceso de degradación de las instituciones del Estado de Derecho. La salida de esta coyuntura puede implicar una regresión política o un cambio hacia un nueva expresión política favorable al desarrollo. (Para una revisión del concepto de «coyuntura crítica», véase David y Ruth Collier, Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement, and the Regime Dynamics in Latin America, 1991).
La tendencia al estancamiento ocurre en una economía cuya estructura productiva no tiene motores internos listos para relanzar el crecimiento. Nuestra economía se ha desindustrializado en lugar de diversificarse. La manufactura redujo su participación en la generación de empleo y del PBI y, por lo tanto, su contribución al crecimiento económico de largo plazo. Cayó notablemente la participación de la producción para el mercado interno en la demanda interna y, se redujo relativamente la capacidad productiva per cápita que explica la existencia de un alto porcentaje (73.7% del empleo total) de trabajadores informales. Por eso decimos que la otra cara del proceso de desindustrialización es la terciarización prematura de la economía. El 84.7% de la PEA ocupada de la última década se encuentra en los sectores Agrícola (30.7%) y de Servicios (54.0%), y en estos dos sectores se encuentra el grueso de las empresas de «1 a 10 trabajadores» de baja productividad y bajos ingresos.
A esta situación económica se suma una crisis política e institucional de envergadura, con la corrupción convertida en una forma de gobierno. La crisis atraviesa a toda la estructura institucional del Estado y a las instituciones políticas. No hay confianza en los partidos ni en los «políticos». Cada vez se evidencia más la necesidad de una reforma constitucional, con un rediseño de las relaciones entre los poderes del Estado y de las relaciones de este con la sociedad y la institución del mercado. De las misma manera, se hace imprescindible una reforma electoral y política, que siente las bases para florezcan instituciones políticas de nuevo tipo.
A modo de conclusión
La Coyuntura Crítica es la expresión local de la crisis de la Globalización Neoliberal que ha acrecentado la desigualdad económica y social en todo el mundo, ha inyectado mucho dinero en la política y ha degradado a las instituciones de la democracia constitucional liberal.
Publicado en mi Columna Economía y Democracia en el Diario UNO, el domingo 26 de marzo.
La práctica de atribuirle a otro un argumento que no le pertenece, para luego supuestamente criticarlo, es también un comportamiento inmoral. Uno de estos críticos dice que yo sostengo que «el modelo económico neoliberal es el único causante de la corrupción en el Perú». Aunque una frase de este tipo no existe en ninguno de mis dos artículos anteriores, el crítico de marras afirma que el concepto de corrupción que desarrollo en ellos, es economicista. Luego sentencia muy orondo que el uso de fondos del tesoro o la práctica de patrimonialismo es una costumbre de los que detentan el poder desde la época virreinal.
La concepción de corrupción que desarrollo en mis artículos no alude exclusivamente al acto ilícito penal de usufructo privado y, por lo tanto, inmoral de la cosa pública. Estos actos han existido siempre y no tienen necesariamente colores ideológicos. Lo que sostenemos es que la corrupción que caracteriza a la sociedad peruana actual, es un proceso sociológico colectivo de degradación. Hay una alteración generalizada de la conducta social y política que desnaturaliza las instituciones de la sociedad. Parafraseando a Eloy García, podemos decir que la sociedad se ha corrompido porque lo que los hombres hacen en su vida social, difiere de lo que tienen por norma, aunque la reconozcan formalmente.
El significado de la Globalización Neoliberal
El neoliberalismo es un planteamiento ideo-político que se impone en el mundo a fines de los años 1970, mediante cambios constitucionales y las políticas públicas. El nuevo andamiaje institucional subordina a la sociedad y a la política a la dinámica de lo que se concibe como mercado autorregulado. Se impone un modelo político y económico que cambia los equilibrios de poder debilitando notablemente la sindicalización de los trabajadores, y que genera exclusión social, exacerba los problemas de distribución, mina los acuerdos sociales básicos dentro de cada país, y acrecienta la desigualdad en la distribución de los ingresos. Así, a nivel mundial se impone la práctica extractivista de ganancia fácil, que abre paso a una degradación moral generalizada.
De otro lado, con la globalización neoliberal los Estados Nacionales pierden soberanía, dejan de actuar en defensa del interés de su colectividad, facilitado la expansión de las empresas multinacionales que son responsables únicamente ante sus administradores y accionistas. Pierden soberanía. Y, como dice Dani Rodrik «las multinacionales que solicitan tribunales de arbitraje especiales no tienen (…) consideración por el interés público». Con Estados subordinados, la corrupción se convierte en una forma de gobierno. Sin duda, la intensidad de esta degradación estará en relación directa con la historia pasada de los gobiernos y de su relación con la respectiva comunidad política.
Sin estado soberano y con una conducta individualista que antepone el interés privado sobre el público, se abandona los deberes cívicos y la importancia de estar «socialmente vinculado». Se llega así a un estado social colectivo de irrespeto deliberado y generalizado de las normas e instituciones que definen el Estado de Derecho.
Como dice J. M. Ros, el repliegue de los individuos en su esfera privada «fomenta su obsesión por el bienestar material y les hace indiferentes hacia los asuntos públicos, lejos de aumentar (…) su independencia y realización personal, los sitúa en realidad, de manera subrepticia y paternalista, a merced de las nuevas formas de despotismo (el providencialismo estatal, la metafísica economicista del mercado etc.) (Véase su artículo «Consideraciones sobre la crítica republicada al liberalismo»).
Como salir de la crisis
No se sale de esta situación de degradación solo cambiando el modelo económico o el capítulo económico de la constitución. Como señalamos en nuestro libro «Otra Ruta de Desarrollo para el Perú: crítica del neoliberalismo y propuesta de transformación republicana», los ejes de las reformas político-constitucionales deberían ser:
1) Como la legitimidad democrática se expresa y compendia en la Constitución, es importante crear condiciones institucionales y legales mediante un cambio de la Constitución, para que la legitimidad del poder político provenga del pueblo. Ello implica, entre otras cosas, incorporar mecanismos explícitos de comunicación y control ciudadano sobre los elegidos por el voto popular.
2) Reivindicar el principio de la participación política, desarrollado ciudadanos como sujetos activos de derechos y deberes. No puede haber ciudadanos súbditos, ni gobernantes soberanos ni representantes elegidos que practican la impostura. El ciudadano, como propietario de su soberanía, debe tener canales para asegurar su participación activa en la discusión y toma de decisiones que atañen a la colectividad, a su vida en sociedad;
3) Transformar el modelo neoliberal. Se tiene que crear un contexto económico y social que haga posible la justicia, libertad, la preservación ecológica, y que funde la legitimidad de la democracia en la licencia social para explotar los recursos naturales.
A modo de conclusión
En el libro también proponemos medidas específicas de reforma política para: a) Fortalecer a los partidos sin quitarle poder a los ciudadanos; b) Desprofesionalizar la política, y fortalecer la ciudadanía y la política; c) Fortalecer la independencia de los poderes del Estado e introducir el control constitucional de los elegidos, y, d) Institucionalizar la vigilancia permanente de la ciudadanía a sus representantes.
Publicado en el diario UNO, el domingo 19 de marzo.
En nuestro artículo anterior sostuvimos la tesis de que la corrupción que sufre el país, es un proceso caracterizado por una conducta social y una práctica política que operan en el sentido del deterioro de la sociedad. Las instituciones que definen a una sociedad como comunidad política, se degradan. También dijimos que hay dos períodos en la historia moderna con este tipo de fenómeno sociológico: el Gilded Age de los años 1800 a los años 1920, y el actual de Globalización Neoliberal que empezó a fines de los años 1970. En ambos se denostó contra el papel regulador del Estado y se promovió el mercado auto-regulado. En esos períodos se transformaron a las instituciones en extractivistas, se subordinó el interés público al interés privado, se promovió la «carrera hacia el fondo», afectando a los trabajadores y aumentando la desigualdad en la distribución del ingreso.
La crítica a nuestro concepto de corrupción
Hay, como era de esperarse, destacados analistas para quienes este estado de degradación de la sociedad y de la democracia no es propio de la globalización neoliberal. Por más que el mercado esté regulado como lo estaba en la URSS y como también lo está ahora en China —dice por ejemplo Oswaldo de Rivero—, hay gran corrupción y esta no es un resultado del modelo neoliberal. Ilustra su afirmación señalando que en el Perú se «echó mano al tesoro público» desde el virreinato y en toda la República.
Primero, ni la fenecida URSS ni la China actual pueden ser ejemplo de regulación de los mercados. Estatización o control estatal de las inversiones, no es regulación. Segundo, la definición de corrupción que utiliza, es general. Una descripción excelente de la práctica constante de aprovechamiento de los recursos y patrimonio del Estado, desde el poder político y en muchos casos con participación de intereses privados, es la que hace Alfonso Quiroz en su libro «Historia de la corrupción en el Perú»; sin embargo, tampoco trabaja el concepto que nosotros utilizamos.
No nos referimos a la corrupción en general, como acto ilícito y reñido con la moral. Para nosotros la corrupción que impera en nuestro país ahora --y que ciertamente lo incluye--, alude a un proceso sociológico colectivo de degradación. Hay un trastocamiento de la conducta social y política que afecta al conjunto de la sociedad, degradándola. Y, un proceso sociológico de este tipo no puede ser a-histórico. Tiene su propia especificidad. Las instituciones extractivistas han existido desde la colonia, como por ejemplo el obraje; pero el extractivismo que hoy practican las AFP, los Seguros, las empresas extranjeras que usufructúan de concesiones en detrimento de la población y del medio ambiente, o lo que hacen las combis con el transporte en la ciudad, responden a la lógica del fundamentalismo de mercado que sobrepone el interés privado sobre el público. Este proceso de degradación colectivo no ocurre en una sociedad colonial, sino en otra donde impera el fundamentalismo de mercado.
Privatización del Estado y degradación de la democracia
El fundamentalismo de mercado y la ideología contra el papel regulador del Estado, se impuso en los últimos 35 años en el mundo desde el poder político, mediante cambios legales y constitucionales. Es global porque trata de convertir al conjunto de las naciones en un mercado gigante, mediante la apertura comercial y los tratados de libre comercio que operan en contra de la soberanía de los Estados Nacionales. Con la globalización neoliberal, se reproduce, a escala mundial, comportamientos y prácticas rentistas (o de ganancia fácil) en la economía, en la política y en la conducta social. Se acrecienta la desigualdad en la distribución del ingreso y las injusticias sociales, se deteriora el medio ambiente y se violan los derechos de los pueblos originarios, al mismo tiempo que se degradan las instituciones de la democracia constitucional liberal.
Con el neoliberalismo, entonces, se impone el interés privado sobre el público, y la política se convierte en un ejercicio de marketing de las oligarquías políticas que compiten por llegar al poder del Estado comprando directa o indirectamente el voto. Los medios de comunicación también operan con la lógica del mercado, y no del interés público. Por lo tanto, el neoliberalismo es enemigo de la democracia. Las oligarquías políticas «roban pero hacen obras», y los votantes no son libres ni siquiera en el acto de votar porque han sido compradas sus conciencias.
En esta lógica privatista, las ganancias son siempre privadas, no importa como se obtengan, pero los riesgos (como en el caso de las famosas APP) se socializan. El Estado sale a rescatar a los bancos en crisis, por ejemplo, pero le quita derechos a los trabajadores y les impone la flexibilidad laboral. El Estado se ha privatizado o se ha impuesto un neoliberalismo de Estado, como dice Todorov. El Estado se pone al servicio de los intereses privados. Cuando la actividad económica privada se convierte en global, «ya no está sometida al control político de los Estados. Todo lo contrario, dice Todorov. Son los Estados los que se han puesto al servicio de la economía. Los Estados son, en efecto, tributarios de las agencias privadas de calificación, que orientan sus decisiones y a la vez quedan al margen de todo control político. Lo único que les queda de democracia es el nombre, porque ya no es el pueblo el que detenta el poder» (T. Todorov, Los enemigos íntimos de la democracia).
A modo de conclusión
La corrupción como degradación social, no puede ser entonces un fenómeno cultural, o una ceguera que impide distinguir entre patrimonio privado y el público.
Publicado en el diario UNO, el domingo 12 de marzo.
Estimados amigos:
Todos los domingos, desde el 5 de marzo, publicaremos nuestra columna "Economía y Democracia", el el diario UNO.
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La corrupción que ha penetrado el Estado en las últimas décadas no tiene relación alguna --dicen varios analistas y politólogos-- con el modelo económico y político neoliberal aplicado a rajatabla en nuestro país. Esta tesis condescendiente con el modelo es políticamente paralizante porque fomenta el «gatopardismo»: «cambiar todo para que nada cambie». En nuestra opinión, la corrupción, al haberse convertido en una forma de gobierno, revela la existencia de un grave declive en la salud de la institucionalidad democrática de nuestro país. Por lo tanto, es fundamental identificar la causa de esta degradación.
La corrupción como proceso sociológico
En su Historia de Florencia Maquiavelo define a la corrupción como un proceso sociológico colectivo de degradación de las instituciones que definen a una sociedad como comunidad política. El patrón de conducta social y del obrar político se trastocan
y operan en el sentido del deterioro de la sociedad (véase Eloy García, Istorie Fiorentine de Maquiavelo, 2010).
Con instituciones degradadas ya no es posible practicar la virtud cívica y la democracia. La conducta social ya no responde a los principios ni preceptos democráticos orientados al bien común; las instituciones se han desnaturalizado. Como dice Eloy García «los gobernantes no obedecen ellos mismos las reglas que exigen e imponen a los gobernados, y los gobernados no condenan moralmente esas conductas sino que buscan ansiosamente los medios para también ellos, poder llevarlas a cabo de manera impune». Una sociedad en decadencia no es libre. Reinan las oligarquías políticas practicando la impostura, en un contexto institucional convertido en extractivista, de provecho fácil y propio. El interés privado desplaza al interés público, y estas oligarquías, parafraseando a Maquiavelo, se ganan a la «plebe con festejos y dádivas públicas».
Este es el tipo de sociedad que tenemos a la vista en nuestro país. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? No hablamos de ilícitos penales particulares que no distinguen colores ideológicos, sino de un estado social colectivo cuya solución va más allá remedios legales. Hay dos períodos en la historia moderna con este tipo de fenómeno sociológico y en estos dos momentos se publica y lee la Historia de Florencia de Maquiavelo, publicado en 1532.
El mercado autorregulado del periodo del despilfarro
El primer período comprendido entre fines de los años 1800 y los años 1920, es conocido como The Gilded Age (La Edad del Despilfarro). Son años de auge del capitalismo impulsado por la segunda revolución industrial, pero también de despilfarro, corrupción y exhibición de riqueza en la sociedad norteamericana. Dominan los Robber Barons(Barones del Hurto) que penetran el poder del Estado (petroleros, mineros, ferrocarrileros, constructores, industriales, financistas y banqueros), en un contexto de mercado autorregulado y de rechazo a la intervención regulatoria del Estado. No había impedimento para prácticas monopolistas y lograr posiciones de dominio, ni para organizar lobbies e influir en la política con el objeto de eludir impuestos, pagar salarios bajos y obtener otras canonjías. El interés privado desplazó al interés público
El Sherman Anti-Trust Act de 1980 (ley de competencia) fue insuficiente para limitar la acción de los Robber Barons, pero fue el preludio del fin del mercado autorregulado y que en realidad ocurrió luego de las crisis de los años 1920.
La responsabilidad del neoliberalismo
El período que siguió a la segunda guerra mundial y terminó a fines del años 1970 —conocido como la Edad de Oro del Capitalismo—, fue de crecimiento sostenido y bienestar social. Se había logrado un compromiso entre el Estado y la Democracia de los países industrializados, otorgándole al primero las tareas de asegurar los equilibrios macroeconómicos y resolver las injusticias sociales generadas por el mercado. Este período concluyó a fines de los años 1970 y empezó la Globalización Neoliberal con la imposición en el mundo de las reformas y políticas de libre mercado y privatistas.
Con la Globalización Neoliberal retorna, después de un siglo, el mercado autorregulado y el rechazo a la intervención regulatoria del Estado. Las medidas desregulatorias y la imposición de la subsidiariedad del Estado, junto al fomento del individualismo emprendedor, transformaron a las instituciones en extractivistas y subordinaron el interés público al interés privado. Se volvió a promover la «carrera hacia el fondo», afectando a los trabajadores y aumentando la desigualdad en la distribución del ingreso como en los años de los Robber Barons, pero con la diferencia de que ahora los que imponen su conducta inmoral son empresas transnacionales en un contexto de pérdida de soberanía de los Estados nacionales.
A modo de conclusión
Lo que dijo Karl Polanyi –en su libro La Gran Transformación (1944)-, refiriéndose al capitalismo autorregulado del siglo XIX, vale también para este período de Globalización Neoliberal. «La idea de un mercado que se regula a sí mismo –dice Polanyi-- es una idea puramente utópica. Una institución como ésta no podía existir de forma duradera sin aniquilar la sustancia humana y la naturaleza de la sociedad, sin destruir al hombre y sin transformar su ecosistema en un desierto».
Publicado en el diario UNO, el domingo 5 de marzo.
No hay, no puede haber separación de la economía de la política porque el mercado es una institución social. «Es en las comunidades que compartimos los principales riesgos de la vida económica. Las interacciones sociales entre los individuos —dice John Kay— no son alternativas a las relaciones de mercado: son los medios mediante los cuales las relaciones de mercado funcionan (véase The Truth About Markets, 2003). No entender que esto es así, daña la legitimidad social y política del mercado.
Tampoco puede haber una reforma política orientada a fortalecer la democracia, sin cambios en la manera cómo se crece, cómo se acumula capital y cómo se distribuye la riqueza que se produce. Los mercados autorregulados generan asimetrías de poder que luego se traducen en injusticias sociales que los deslegitiman. Estas asimetrías, por un lado, permiten la extracción de rentas de los consumidores mediante colusión de precios o su fijación con márgenes de ganancia que reflejan la existencia de un alto poder de mercado y, por otro, dan lugar a una distribución desigual del ingreso. En consecuencia, el mercado autorregulado al generar condiciones para el ejercicio arbitrario del poder económico y político, puede afectar las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto y erosionar la democracia.
La defensa de la institución del mercado
Pero no se puede rechazar la institución del mercado, sobre todo en un país como el nuestro donde faltan mercados. Los mercados permiten la generación descentralizada de bienes y servicios que sirven al bienestar de la población. «Nosotros podemos alcanzar nuestros objetivos personales o de grupo —dice John Kay— sólo a través de nuestras relaciones con los demás». En este sentido el desarrollo de los mercados puede contribuir también al fortalecimiento de la democracia.
Esto es precisamente lo que buscó el consenso keynesiano de post guerra que permitió un crecimiento continuo desde la segunda mitad de la década de 1940 hasta 1973. Angus Madison llamó a este período el Golden Age de las economías de mercado. ¿Por qué? Porque el ingreso per cápita creció entre 1950 y 1973 en cerca de 3% promedio anual (véase «Growth and Interaction in the World Economy: The Roots of Modernity», 2005).
El Golden Age fue el período en el que, según Paul Krugman, el compromiso entre la democracia y la economía de mercado le otorgó dos papeles al Estado: a) velar por los equilibrios macroeconómicos; y, b) enfrentar las injusticias sociales generadas por el funcionamiento del mercado (véase «The Conscience of a Liberal», 2009). Para este consenso, entonces, defender la economía de mercado significó optar por su regulación con el objetivo de minimizar las externalidades negativas que genera su funcionamiento.
Lo que ocurrió después del Golden Age es conocido por todos. Se impuso el neoliberalismo en el mundo con la creencia de que el desmantelamiento de las regulaciones reduciría la volatilidad de la producción. Se argumentó que las economías de mercado avanzadas habían entrado a un período que algunos llamaron de la Gran Moderación, pero esta afirmación se fue al traste con el pánico financiero de finales del año 2007 y la crisis económica de 2008 cuyas consecuencias aún persisten.
La necesaria regulación de los mercados
En nuestro país las políticas neoliberales acentuaron las externalidades negativas del funcionamiento autorregulado de los mercados (la pobreza, el subempleo, la informalidad, la degradación ecológica, el poder de dominio y el rentismo, etc.) que —prestándonos la expresión de Eric MacGilvray, 2012— diríamos que ahora se han convertido en «asuntos de interés público prioritario». No se puede abandonar, entonces, la regulación de los mercados. Por ejemplo, es urgente que se regulen las fusiones y adquisiciones empresariales para terminar con las concentraciones, monopolios o cuasi monopolios que, por su práctica rentista, afectan a los consumidores, impiden la entrada de nuevos competidores y generan posiciones de dominio que debilitan a la democracia. Será muy bueno que esta vez se propicie un intenso debate sobre el proyecto de ley respectivo, que ya ha sido anunciado por algunos congresistas. (Véase La República, 03-10-2016).
Debe ponerse en discusión sus principios generales y su modalidad de control preventivo; los modelos de fusiones, integraciones y adquisiciones; la conveniencia o no de un tratamiento diferenciado por tipo de actividades (por ejemplo, servicios financieros vs comercio de alimentos y bebidas); los niveles de participación en el mercado; la autonomía relativa de INDECOPI y su blindaje para impedir su captura por el poder económico (prohibir la política de puerta giratoria); etc. Hay actividades diversas donde se requiere este tipo de regulaciones: el mercado financiero; los medios de comunicación; las AFP; los seguros donde se practica el control vertical que encarece las medicinas y perjudica a los asegurados (véase nuestro artículo del 08/06/2013); el expendio de bebidas y alimentos, etc. Este tipo de regulación, al fomentar la entrada de nuevos competidores al mercado, también fomenta las innovaciones y la creación y expansión de los mercados. Los mercados concentrados y monopólicos fomentan el rentismo o extractivismo, es decir, la extracción de ingresos y recursos, sin innovaciones ni aumentos genuinos de competitividad.
En general, la regulación es la mejor defensa del mercado. Como señala John Kay «para que los mercados sobrevivan y evolucionen, la estructura de sus instituciones debe tener legitimidad. En ausencia de dicha legitimidad, los ricos se disputan los derechos de propiedad en los tribunales, y la gente pobre lo disputan en las calles. Y si no hay una aceptación general de la justicia de la distribución del ingreso y la riqueza, el poder político se disputa en formas que impiden el desarrollo económico eficaz».
Publicado en el Diario UNO, el sábado 8 de octubre.
Las consecuencias de la crisis financiera global de 2008 han originado un intenso debate sobre los efectos de los shocks adversos en el PBI de largo plazo. Diversas investigaciones para los países avanzados muestran que las recesiones impactan negativamente en el PBI tendencial o potencial y que las brechas del producto se cierran con la revisión hacia abajo del producto potencial más que mediante el rápido crecimiento que se piensa podría ocurrir después de la recesión. No se cumple la idea de que el PBI retorna a su nivel potencial previo al shock. La consecuencia es que las predicciones del PBI son revisadas a la baja. Los shocks tienen efectos permanentes. Por lo tanto, se puede decir que los shocks adversos de demanda tienen efectos permanentes porque impactan en el producto de largo plazo. (Véase: Haltmaier; 2012; Reifscheneider, 2013; Ball, 2014; Fatás y Summers, 2015; Martin, Munyan y Wilson, 2015).
Los economistas del «mainstream» han sostenido que el producto tiene una tendencia estacionaria; es decir, que al quitarle su tendencia o evolución de largo plazo, lo que queda es un proceso puramente estacionario. Esta idea es parte de la teoría macroeconómica dominante en el Estados Unidos. Se sostiene que el comportamiento de las familias y empresas depende no solo de las condiciones económicas actuales, sino de los que ellas (las familias y empresas) esperan que ocurra en el futuro. Pero como dice Blanchard (2014) en su artículo «Where Danger Lurks», comentando críticamente la concepción sobre las fluctuaciones de esa teoría: «El futuro esperado depende en parte de las decisiones actuales o corrientes. […] Pequeñas perturbaciones [exógenas o de política] pueden tener grandes efectos adversos o podrían dar lugar a depresiones largas y persistentes».
El producto potencial y la política económica
Los shocks que desatan las fluctuaciones no se autocorrigen y tienen efectos de largo plazo; dependiendo de su intensidad. Hay varias razones que explican por qué las recesiones —y, en general, las políticas económicas que se aplican en el período corriente— impactan negativamente en el producto potencial o de largo plazo. La más importante, sin embargo, para propósitos de nuestro artículo, es la caída de las inversiones que, al desacelerar la acumulación de capital o limitar su expansión, impactan negativamente en el crecimiento de la capacidad productiva y, por lo tanto, del producto potencial.
Pero esta relación entre las fluctuaciones y el producto potencial, ha puesto en evidencia otro hecho que los economistas que no pertenecen al «mainstream» ya sabían desde hace tiempo. Esto es, que las políticas económicas que practican los países, en especial, los países como el nuestro, pueden retrasar o acelerar el crecimiento económico y, por lo tanto, pueden determinar el comportamiento del producto potencial o de su tendencia a largo plazo.
La década perdida de América Latina (las década de 1980) es un ejemplo de esta afirmación. Las políticas de austeridad que privilegiaron el pago de los servicios de la deuda externa y afectaron negativamente los gastos de inversión en infraestructura, en salud y educación, afectaron el crecimiento del producto potencial. Por eso aumentó el subempleo y se aceleró la informalidad, agravando los problemas estructurales de nuestras economías. Los que patrocinaron estas políticas (FMI y Banco Mundial) nunca imaginaron a tiempo las soluciones a nuestros problemas y sólo cuando se produjo la crisis asiática y rusa, algunos economistas empezaron a hablar del pecado original que nuestros países habían cometido al endeudarse en moneda extranjera y en los mercados internacionales. Y, sin embargo, no innovaron nada en materia de política macroeconómica.
¿No hay espacio para una política fiscal expansiva?
Hoy, los herederos criollos de esta ideología económica dan consejos fiscales pontificando que no se debe sobredimensionar el espacio fiscal actual para hacer política expansiva. No caen en la cuenta, por ejemplo, que la apreciación cambiaria propiciada por el Banco Central desde agosto de 2006 y reforzada con la enfermedad holandesa asociada a la exportación primaria, redujeron tremendamente el mercado interno para la producción manufacturera, agroindustrial y agropecuaria orientada al mercado interno; y, que así se limitó la inversión en maquinaria y equipo en estos sectores. En el período de oro del crecimiento (2003-2013), las inversiones en construcción siguieron siendo las dominantes.
Hay varios economistas, incluyendo al propio ministro de economía Alfredo Thorne, que dicen que el producto potencial está creciendo a 3.5% anual. Si el PBI —como señalan las estadísticas— está creciendo a la tasa de 4% anual, entonces estamos camino al sobrecalentamiento de la economía. ¡Qué les parece! ¿Será esta la razón por las que se ha aconsejado la política fiscal de austeridad gradual?
Lo que muestran los estudios mencionados anteriormente es que cuando se produce una fuerte desaceleración económica, la brecha del producto tiende a cerrarse mediante la reducción del producto potencial o del producto tendencial. Y, cuando esto ocurre, puede errarse en el diseño de la política económica y, con ello retrasar aún más la transformación productiva que requiere nuestro país para disminuir el peso del liderazgo primario exportador en el crecimiento. Y esto, sin duda, precisa de una replanteamiento de la políticas macroeconómicas para hacerlas funcionales a la transformación productiva. Sobre esto he escrito varios artículos con el título «Repensando la política económica para el Perú del siglo XXI».
Publicado en el Diario UNO, el sábado 1 de octubre
Alfredo Thorne tiene la oportunidad de pasar a la historia. Él puede ser el iniciador del cambio estructural y de la modernización que requiere nuestro país. Es verdad que para diversificar el aparato productivo (estimular el desarrollo industrial y agroindustrial) no es suficiente la política fiscal, pero es necesaria y puede desatar un proceso que obligue a los otros sectores y al BCR a actuar. Veinticinco años de crecimiento primario exportador no han servido para resolver los problemas estructurales de nuestra economía. El actual estancamiento internacional debe ser, entonces, una oportunidad para reducir su dependencia de las fluctuaciones de los términos del intercambio, mediante un proceso de diversificación productiva que puede empezar con el desarrollo de mercados internos. «No hay que olvidar que el problema central en países con escaso desarrollo industrial y agrícola como el nuestro no está en la magnitud de la inversiones privadas domésticas, sino en la orientación de su asignación» (véase nuestro artículo del 01/08/2015).
Política fiscal y estímulo a la inversión privada nacional
La política fiscal puede jugar un papel fundamental para orientar la asignación de la inversión privada nacional hacia la diversificación productiva. Lo puede hacer mediante un plan multisectorial de inversiones de mediano y largo plazo en infraestructura económica y social (ferrocarriles, carreteras, represas y canales de riego, puertos, aeropuertos, institutos tecnológicos, hospitales, policlínicos, colegios, agua y desagüe, electrificación, etc.), desde una perspectiva macro regional y bajo un nuevo ordenamiento territorial. La historia económica enseña que este tipo de inversión pública es «el mejor mecanismo de atracción de la inversión privada nacional y de creación de mercados internos».
Optar por este plan significa reorientar el gasto del Estado priorizando las inversiones. Con este fin se debe introducir la Regla de Oro de la política fiscal, según la cual el endeudamiento del gobierno debe destinarse a financiar solo el gasto de inversión y no el gasto corriente. (Véase capítulo IV de mi libro Reglas y Sostenibilidad de la Política Fiscal, 2008). Ciertamente, no todo el presupuesto de los planes de inversión debe ser financiado con endeudamiento público. En el plan también se debe determinar los proyectos de inversión que requieran de las asociaciones público privadas (APP), con criterios de evaluación de sus efectos distributivos y fiscales. Es indispensable que se determine una unidad especializada dentro del MEF responsable del banco de información y de la evaluación (ex ante y ex post) de los respectivos contratos. (Sobre este tema véase Germán Alarco, Ventajas y desventajas de las APP en América Latina. 2015)
El otro mecanismo con el que cuenta el MEF para reorientar su política fiscal hacia el cambio estructural, es el mercado de deuda pública doméstica. El ministro Thorne ya dio una buena señal. Ha dicho que «retirará hasta US$ 6,000 millones de deuda externa en dólares para cambiarla a deuda interna en soles, mediante prepagos, intercambio o canje de deudas y recompras de deudas». Esta operación, como ha explicado Thorne, permitirá «enfrentar de una manera más sólida la posible subida de tasas de la Reserva Federal».
La deuda externa (US $ 24,671 millones) representa, al 30 de junio de este año, el 55% del total. Esto quiere decir que 55% de la deuda pública está expuesta al riesgo cambiario. Cuando el precio del dólar sube, se requiere más soles para pagar un mismo monto en dólares de servicio de la deuda externa. En realidad el ministro debería contemplar la posibilidad de un plan de sustitución de deuda externa por interna cuyo objetivo sea reducir al máximo el peso de la deuda en dólares y de esta manera liberar recursos (soles) para inversiones. Esto implica no endeudarse más en dólares. Se debe desistir, entonces, de la propuesta de emisión de deuda en dólares por US$ 1,769 millones en el año 2017. «Un gobierno que pueda emitir deuda en su propia moneda —dice Robert Skidelsky— puede fácilmente mantener tasas de interés bajas».
En consecuencia hay que darle mayor impulso al programa de creadores de mercado de deuda pública doméstica; hacerlo más líquido y profundo, para contribuir con el desarrollo, en el mismo sentido, del mercado de capitales. Por su parte, el mercado de capitales debe reformarse para darle prioridad a las transacciones en moneda local y para facilitar la emisión de deuda por parte de las empresas medianas y pequeñas, bajo determinadas condiciones. El ministro dice que se «buscará un rol más protagónico del Banco de la Nación, de COFIDE, de AGROBANCO, y del Fondo mi Vivienda». De acuerdo. Pero sobre la base de esta política, COFIDE, por ejemplo, puede garantizar la emisión de deuda en soles por parte de las pequeñas y medianas empresas (agroindustriales y manufactureras), para modernizar sus procesos de producción y aumentar su productividad. Esta es la mejor manera de caminar hacia la formalización.
Lo que no debe hacer el Ministro
En primer lugar, el ministro debe olvidarse por un tiempo de la reducción del IGV y gestionar la derogatoria inmediata de la Ley que dispone la disminución del Impuesto a la Renta. En segundo lugar, debe concentrase en el combate a la evasión y elusión tributaria. El particular debe gestionar la puesta en vigencia de la Norma XVI introducida por el Decreto Legislativo 1121 de julio de 2012 para combatir la elusión. Es una norma contra el uso de artificios legales para dejar de pagar impuestos y faculta a la SUNAT a revisar ejercicios fiscales del año corriente y hasta 4 años anteriores. Como nos recuerda Claudia Cisneros, la norma es importante «porque el Perú está decidido a entrar al club de ricos de la OCDE y el combate contra la elusión fiscal es un requisito» (CC: La Republica, 11-09-2016).
En tercer lugar, el ministro no tiene por qué sujetarse a la trayectoria del déficit público recomendada por el Consejo Fiscal. Se tiene que revisar la metodología de cálculo del resultado fiscal estructural. Las políticas aplicadas en los últimos veinticinco años han modificado la estructura del aparato productivo y afectado al producto potencial. La economía es menos agrícola e industrial y más productora de servicios de baja productividad (que concentra el grueso de la PEA de baja calificación); y, ha perdido mercado interno por la masiva penetración de importaciones. La especialización primario exportadora afectó negativamente al producto potencial y a su tasa de crecimiento, al sesgar la inversión hacia la construcción y la extracción minera.
La disminución relativa de la inversión en maquinaria y equipamiento, contrajo la tasa de acumulación de capital no residencial, bloqueó el desarrollo de actividades que promueven avances tecnológicos y, por lo tanto, afectó negativamente al producto potencial. No hay que olvidar que la política económica puede retrasar o acelerar el crecimiento económico y, por lo tanto, que «las estimaciones del producto potencial siempre siguen a la producción real».
Publicado en el Diario UNO, el sábado 17.
El ministro Alfredo Thorne ha optado por el ajuste fiscal gradual durante todo el período de gobierno de PPK. Propone bajar el déficit a 2.5% del PBI en 2017, a 2.3% en 2018, a 2.0% en 2019 y a 1.0% en 2021. Es, sin duda, un ajuste menos drástico que el propuesto por el ex ministro Segura, como se lee en el MMM 2017-2019 aprobado en abril de este año. Este ex ministro tuvo el descaro de proponer un déficit de 1.8 % del PBI en 2017, de 1.3% en 2018 y de 1.2% en 2019, no obstante haber sido el que provocó un aumento del déficit hasta el actual 3.4% del PBI, al exacerbar, con la reducción del impuesto a la renta, el impacto negativo sobre la recaudación tributaria de la caída de los precios de los commodities.
La política fiscal en los últimos años de Humala
Los que avalan el ajuste propuesto por Thorne, afirman que gobierno de PPK no puede seguir aplicando una política fiscal expansiva. Dicen que ya hubo un impulso fiscal positivo en los años 2013, 2014, 2015 y 2016; y, como la economía ya está creciendo a 4% promedio anual, la política fiscal –dicen estos sabios-- ya cumplió su rol expansivo. Sin embargo, como vamos a ver, esta afirmación que pertenece a uno de los miembros del llamado Consejo Fiscal, no se condice con los datos.
En 2013 la tasa de crecimiento del PBI fue de 5.9% y el 78% de esta tasa fue explicado por Otros servicios, Comercio, Construcción y Minería. Fue el año en el terminó el ciclo de crecimiento alto de la economía. En 2014 el PBI creció a la tasa de 2.4%, mientras la minería decreció en 2.2%. En 2015 la tasa de crecimiento del PBI de 3.3% fue explicada en cerca del 90% por Otros servicios y Minería. Finalmente, más del 50% de la tasa de crecimiento de 4.08% registrada en el primer semestre de este año fue explicada solo por la Minería; si le sumamos Otros servicios, ambos sectores explican cerca del 70% de esa tasa de crecimiento.
Exceptuando el año 2013, entonces, el PBI habría crecido aproximadamente a la tasa promedio de 2.0%, sin considerar la contribución de la minería. Sin minería el crecimiento del primer semestre de este año habría sido de sólo 1.2%. Este sector creció en 2015 a la tasa de 15.5% y este año lo hará a la tasa de 20.1%, pero su crecimiento se reducirá hasta cerca de 1% en 2019. En consecuencia la tasa de 4% registrada el primer semestre de este año no puede ser adjudicada al impulso fiscal.
¿Qué impulso fiscal puede ser este si descontando la contribución de la minería, la tasa de crecimiento se reduce a cerca del 2% promedio anual? ¿Qué efecto positivo importante sobre el producto puede tener un gasto fiscal que se mantuvo casi constante como porcentaje del PBI en los años 2014 (21.5%) y 2015 (21.3%)? Tómese en cuenta, además, que desde el año 2014 la industria manufactura se encuentra en recesión (registra tasas de variación negativas). Lo que el Consejo Fiscal no dice es que se puede aumentar el espacio para aplicar una política fiscal expansiva, revirtiendo las absurdas medidas tributarias del ministro que los nombró, pero también adoptando otra política de endeudamiento para financiar el déficit que generaría la realización de las ofertas hechas por el presidente PPK (véase mi artículo del 30-07-2016).
La opción del ajuste fiscal no es inevitable
El ministro Thorne se ha atado de manos. Con la trayectoria del déficit que el ministro se ha comprometido a respetar, no será posible cumplir con el aumento del gasto en infraestructura económica y social ofrecido por el presidente en su discurso inaugural. Podría incluso ponerse en riesgo esta misma trayectoria si se disminuye el IGV a partir de enero de 2017 y no se deroga la norma que redujo el impuesto a la renta. Con un gasto que crece a tasas moderadas, o se mantiene constante como proporción del PBI, junto a ingresos tributarios que tienden a reducirse, la posibilidad de mayores déficits aumenta y con ellos el endeudamiento público.
Con el ajuste fiscal propuesto y sin reformas, el ministro proyecta una tasa de crecimiento que bordea el 4% promedio anual durante el período 2017-2019. No hay explicación de cómo se logrará esta tasa y menos de cómo el crecimiento del PBI no primario se acercará al 5% promedio anual como se menciona en el MMM revisado. El ministro confía, como otros, en el contexto político favorable a los negocios, generado con la elección de PPK. Asimismo, cree que sus propuestas de reforma (como la disminución del IGV; el nuevo marco tributario con un tratamiento especial a las micro, pequeñas y medianas empresas; la reforma de ProInversión; la mayor formalización; y, el destrabe de las inversiones) permitirán incrementar la inversión privada y la tasa de crecimiento del PBI a 5% promedio anual. Pero, con un mercado internacional estancado y con mercados internos poco dinámicos, esto no será posible.
Se trata de una apuesta riesgosa. Que el presidente genere más confianza y que se realicen las reformas propuestas por su gobierno, no asegura para nada que la demanda agregada aumente de modo sostenido, para que los empresarios de las distintas actividades aumenten sus inversiones y la producción. Tampoco se puede afirmar que la reducción del IGV y las otras medidas de apoyo a la formalización, realmente disminuyan la informalidad y menos que aumenten la recaudación. La alta tasa de informalidad se debe al lento crecimiento del capital per cápita no residencial registrado en las últimas décadas y al hecho de que el grueso de las inversiones no se orienta a diversificar el aparato productivo (al desarrollo del agro y de la industria, por ejemplo).
Si las propuestas de reforma del ministro Thorne se realizaran en un contexto de auge, no habría mucho problema. El ministro haría bien entonces en olvidarse de la reducción del IGV y concentrarse en lograr la rápida derogatoria de las medidas tributarias del anterior gobierno, en combatir la elusión y evasión tributaria, y en elaborar un programa de inversiones públicas para lograr el objetivo de modernización democrática anunciado por el presidente PPK. Hay, pues, otra manera de hacer política fiscal.
Publicado en el Diario UNO el sábado 10 de setiembre
El gobierno acaba de presentar al congreso de la república el proyecto de presupuesto para el año 2017 que asciende a S/.142,472 millones y representa el 20.1% del PBI. El presupuesto de 2016 fue de S/.138,490 millones y era equivalente al 21.0% del PBI, porcentaje superior al del presupuesto actual. En cifras absolutas el monto del presupuesto de 2017 es mayor que el del año 2016 en solo S/. 3,981 millones. Esta cifra es equivalente al 0.6% del PBI y menor que el 0.8% del PBI que corresponde a la pérdida de ingresos del gobierno por las medidas tributarias del ex ministro Alonso Segura. Sin esta pérdida de ingreso que redujo la presión tributaria, el monto del presupuesto para el año 2017 como porcentaje del PBI, podría haber sido igual o mayor que el del presupuesto de 2016.
El presupuesto presentado al congreso, entonces, no es expansivo, sino el inicio de un proceso de ajuste de gastos que continuará hasta los próximos dos o tres años.. En términos reales, es decir, el presupuesto de 2017 neto de inflación, prácticamente no crece. En efecto, su tasa de crecimiento nominal es de 2.88%, mientras que la tasa de inflación estimada para este año es de 3.1% y la proyectada para el próximo año es de 2.8%.
No hay política fiscal expansiva
El presupuesto revela que el gobierno de PPK finalmente ha optado por el ajuste fiscal. No hay ni habrá política fiscal expansiva en los próximos años. El ex ministro Segura tuvo una gestión desafortunada. Fue incapaz de aumentar ordenadamente la inversión pública y redujo los ingresos del Estado con la reducción del impuesto a la renta que favoreció a las grandes empresas, pero no estimuló, como se pretendía, el crecimiento la inversión privada. El presidente Humala recibió una economía con superávit fiscal y en crecimiento, y, por haber elegido malos ministros de economía, le ha dejado a su sucesor una déficit fiscal (3.3% del PBI), una presión tributaria a la baja (14.5% del PBI, y una deuda pública (23% del PBI) cuya tendencia creciente asusta al FMI y a su remedo criollo denominado Consejo Fiscal.
Ciertamente, esta situación fiscal de aparente riesgo no es expresión de una política fiscal expansiva y exitosa aplicada por los ministros de Humala, sino de una desastrosa gestión, que ahora, sus propias creaturas, o más bien engendros, actúan como restricciones a la administración de la política fiscal por parte del actual ministro Alfredo Thorne. En efecto, el 30 de octubre de 2013 el ex ministro Luis Miguel Castilla hizo aprobar la Ley No. 30099 de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal, en cuyo artículo 23 crea el Consejo Fiscal “como una comisión autónoma, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo objeto es contribuir con el análisis técnico independiente de la política macrofiscal, mediante la emisión de opinión no vinculante a través de informes, sobre: a) La modificación y el cumplimiento de las reglas fiscales (…); b) Las proyecciones fiscales contempladas en el Marco Macroeconómico Multianual; c) La evolución de corto y mediano plazo de las finanzas públicas; d) La metodología para el cálculo de las cuentas estructurales (…) y del PBI potencial y los precios de exportación de mediano plazo”. A fines del año 2015 el ex ministro Alonso Segura nombró, mediante resolución suprema, a sus integrantes para que ¡emitan opiniones independientes!.
Consejo Fiscal, remedo del FMI
La existencia de este Consejo Fiscal no tiene sentido alguno, aunque tenga opiniones no vinculantes. Hay una burocracia calificada en el MEF que hace el trabajo técnico sobre los temas que serían materia de evaluación y opinión de este Consejo, y con una especialización mayor que cualquiera de sus actuales integrantes. Por otro lado, el ministro tiene asesores que pueden involucrarse en este trabajo y discutir con sus pares del MEF y con los del BCRP, y también con los del FMI, como se hacía durante el gobierno de Alejandro Toledo.
Pues bien, precisamente, es este Consejo el que ha afirmado (según dicen, a pedido del ministro Thorne) que “hay relativamente poco espacio para hacer políticas fiscales expansivas”. Los miembros de este Consejo no se opusieron tajantemente a las medidas tributarias adoptadas por el ex ministro segura, ni pusieron sus cargos a disposición del que los nombró y, sin embargo, ahora dicen que los menores ingresos tributarios no solo de deben al deterioro de los precios de las materias primas y a la desaceleración de la economía internacional, sino también a las “medidas tributarias adoptadas para estimular la economía”.
Este mismo Consejo opina que “según estimaciones de su secretaria técnica” (mini MEF) habría un escenario de riesgo externo extremo, pues “si se mantuviese la senda de déficits proyecta en el Marco Macroeconómico Multianual Revisado, la deuda pública se ubicaría en el año 2019 por encima del límite máximo de 30.0 por ciento del PBI establecido en la ley de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal”.
¿De dónde saca este Consejo que el límite máximo de endeudamiento público es de 30.0% del PBI? ¿Es igualmente riesgoso, para este Consejo, un endeudamiento público externo o en moneda extranjera de 30.0 % del PBI que un endeudamiento interno en soles de 30% del PBI?
El gobierno de PPK está doblemente atrapado por el fundamentalismo. Por el lado de la política fiscal, está el referido Consejo que asusta al Ministro Thorne, y por el lado de la política monetaria hay un presidente del BCRP que se opone a realizar una política expansiva en serio. Otra vez estamos frente al fantasma del piloto automático y el ministro Thorne ahora solo confía en las velitas que le pone al Congreso para que le den luz verde a sus reformas.
Publicado en el Diario UNO el sábado 3 de setiembre
Hay economistas y analistas neoliberales que no ayudan al desarrollo de las ideas ni contribuyen al progreso del país. Son lo que defendían el modelo primario exportador durante la década de alto crecimiento (¡decían que este era el resultado exitoso de las políticas neoliberales!), cuando nosotros insistíamos en que ese era el momento de iniciar la transformación productiva para enfrentar mejor el previsible shock externo de caída de los términos del intercambio y estancamiento de la economía internacional. Defendían la gestión de Julio Velarde y de los ministros de economía de los dos últimos gobiernos, cuando nosotros planteábamos «repensar la política económica para el Perú del siglo XXI» (véase capítulo V de nuestro libro Otra Ruta de Desarrollo para el Perú, 2016). Recién hoy nos dicen que existe el riesgo de estancamiento económico por el bajo crecimiento de los países desarrollados. Recién se dan cuenta que el gobierno de Humala redujo la presión tributaria en lugar de aumentarla (está en 14.5%) y se lamentan del actual déficit fiscal de 3.3% del PBI que ahora lo consideran riesgoso. Neoliberal de «hueso colorado»
Entre este tipo de economistas y analistas se encuentra el periodista económico y magister en administración de negocios Bruno Giuffra, nuevo ministro de la producción. Para este señor la crisis de 2008-2009 y sus secuelas no es la demostración de lo que hacen los empresarios en los mercados desregulados. Para este ministro, que se ubica a la derecha de Piero Ghezzi, el actual estancamiento internacional no ha puesto en cuestión al estilo de crecimiento primario exportador seguido por nuestro país en los últimos veinticinco años.
No se entiende como el señor Giuffra llegó a ser ministro de la producción de este gobierno. Hay una clara contradicción entre lo que este ministro afirma y algunas de las propuestas de política del presidente PPK y de su ministro de economía Alfredo Thorne. PPK habla de una revolución social que presupone una mayor acción y presencia del Estado a lo largo y ancho del país. Por su parte, el ministro Thorne habla de «dinamizar a las pymes a través de créditos que serán otorgados por el Banco de la Nación y Agrobanco, con el apalancamiento de COFIDE». Esto es algo que los neoliberales no le permitieron hacer al gobierno de Toledo. Por último, Fernando Zavala, presidente del consejo de ministros, afirma que, «en un contexto externo que nos ha restado dinamismo, es una tarea urgente generar motores internos para el crecimiento de corto, mediano y largo plazo».
Para el ministro Giuffra, sin embargo, no hay nada que hacer por el lado de la oferta ni por el lado de la demanda. Ha dicho, suelto de huesos, que «la diversificación productiva la hacen los empresarios», que «la empresa privada es la que escoge y ve sus oportunidades para embarcarse en nuevas líneas de producción […]. No soy amigo del dirigismo, ni mucho menos. (El Estado se debe) limitar a un rol normativo y dejar que las cosas sucedan lo mejor posible». La diversificación productiva no es, entonces, una tarea que involucra al Estado, sino algo que debe darse «naturalmente desde el sector empresarial».
Giuffra ha rechazado claramente el Plan Nacional de Diversificación Productiva, ejecutado por su antecesor, con lo cual también ha repudiado el argumento, repetido por Piero Ghezzi, de que el Estado debe intervenir allí donde hay fallas de mercado. Giuffra, entonces, es un neoliberal de «hueso colorado». No importa su posterior comportamiento camaleónico frente a sus críticos. Ya sabemos como piensa, aunque después dijo, sin ruborizarse, «es clarísimo como prioridad para mi gestión hacer todos los esfuerzos que encaminen hacia una diversificación productiva sana y saludable. En ese sentido, la diversificación productiva va».
La ideología del fundamentalismo de mercado
Giuffra, como todos los neoliberales criollos, separa la economía del contexto institucional. Por eso dice que el rol del Estado solo debe ser «el de agilizar, el de destrabar», el de eliminar las restricciones a la libre operación de las empresas privadas. No conoce la historia de la creación y desarrollo de los mercados; no sabe, por ejemplo, que las economías de mercado exitosas han tenido o tienen Estados grandes y fuertes (Mariana Mazzucato, 2013; John Kay, 2003). El ministro no sabe que el carácter y la manera como operan los mercados en un país responden a sus especificas instituciones sociales, políticas y económicas. Es la naturaleza del contexto institucional el que explica, por ejemplo, por qué no hay mercados dinámicos en Pampa Cangallo (Ayacucho) o en el distrito de Mangas (Ancash), para mencionar solo dos lugares del interior del país que integran lo que Matos Mar denominó el Otro Perú marginado y discriminado. ¿Por qué, en veinticinco años de neoliberalismo, las empresas privadas (que están en el pensamiento de Giuffra) no decidieron libremente embarcarse a crear mercados y líneas de producción en esta parte del país, es decir, a diversificar el aparato productivo? ¿Sabrá el Giuffra que las restricciones que enfrenta la inversión privada en países subdesarrollados no son las mismas que enfrenta esta inversión en los países desarrollados? ¿Sabrá que la inversión privada nacional no tiene las mismas restricciones que la inversión extranjera? ¿Sabrá por qué las inversiones privadas nacionales no se orientan a desarrollar agroindustria e industria en el interior del país? Cuando uno no sabe nada de esto, cree que los que proponen la diversificación y, más precisamente, la industrialización del país, apelan a una «varita mágica». Parafraseando una expresión inglesa: «sloppy thinking leads to sloppy language».
Los neoliberales de «hueso colorado» creen que la avaricia individual es la más importante motivación en la economía de mercado, pero, como dice John Kay en su libro The Truth About Markets: Their Genius, Their Limits, Their Follies (2003), hay otras motivaciones éticamente más atractivas. Estos mismos neoliberales creen que bajando los impuestos se estimula la inversión privada. Pero, no reconocen que esto es válido solo para inversionistas rentistas y no para los empresarios innovadores y creadores de riqueza. Ellos no hacen esta distinción. Dicen que nuestras instituciones políticas y económicas son débiles, pero en realidad son rentistas o extractivistas porque están dominadas por aquellos que no crean riqueza sino que usufructúan la riqueza natural o creada por otros.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 27 de agosto.
Los compromisos de gastos y la reducción del IGV en un punto porcentual anunciados por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) —sumados al mantenimiento de las reformas tributarias regresivas del ex ministro Segura y a la notable reducción de la tributación minera—, aumentarían el déficit fiscal hasta muy por encima del 3% del PBI. No habría, entonces, manera de cumplir con el objetivo anunciado por el ministro Alfredo Thorne de reducir el déficit que se registraría este año, a 2.5% en el año 2017, a menos, claro está, que se renuncie a esos compromisos y/o se recorte gastos. Pero, este no sería el único objetivo que incumpliría el gobierno.
Tampoco aumentaría la formalización con la reducción del IGV ni se incrementaría, por lo tanto, la recaudación tributaria. La causa de la informalidad (véase nuestros artículos del 13/09/2014 y del 08/11/2014), no está por el lado tributario ni por el de las supuestas rigideces del mercado laboral. La causa está en el estilo de crecimiento y acumulación de capital primario exportador, dependiente de factores externos, que desaceleró el ritmo de expansión del stock de capital per cápita. Éste creció 43.5% durante el período 1960-1980, pero en período neoliberal 1990-2013 aumentó solo 26.9%. No se expandió la capacidad productiva industrial y agroindustrial, ni se modernizó la agricultura donde se encuentra cerca del 50% del empleo informal, por eso aumentó la participación de los sectores terciarios (comercio y servicios) en la generación de empleo de baja productividad. Esta participación pasó de 36.3% en el período 1960-1980, a 53.9% en el período 1990-2010.
Las medidas tributarias de Thorne y el crecimiento
No habría, tampoco, un incremento de la presión tributaria, incremento que podría aliviar el creciente déficit fiscal que se generaría con la expansión del gasto anunciada por PPK. La rebaja del IGV (de 18 a 17), la reducción del impuesto a la renta efectuada por el ex ministro Segura (y que el ministro Thorne dice que evaluará si se mantiene o no) y la notable caída de la tributación minera, darán lugar a reducciones significativas de los recursos del Estado. La recaudación disminuirá, en lugar de aumentar. El ministro Thorne y PPK están ofreciendo una política fiscal con expansión del gasto y reducción de ingresos tributarios. Esta es una apuesta muy riesgosa. La reducción de impuestos, según la evidencia empírica, tiene un casi nulo efecto positivo en el crecimiento del producto.
Las otras medidas tributarias, en su mayoría sensatas y pertinentes, —factura electrónica; modificación de regímenes tributarios de las micro y pequeñas empresas; amnistía para el retorno de capitales peruanos al país; amnistía de moras para la deuda judicializada; revisión de la ley anti-elusión; reemplazo del RUC por el DNI para convertirse en contribuyente; deducciones mayores para el pago del impuesto a la renta; conversión del gasto realizado mediante un POS, en factura; y, la limitación del uso de efectivo para la compra de automóviles e inmuebles— tendrán efectos diferenciados y no de corto plazo en la recaudación. Tómese en cuenta, además, que estas reformas se realizarían en un periodo de estancamiento de la economía internacional y de desaceleración de la economía nacional, que han acrecentado la incertidumbre para las decisiones de gasto del sector privado. Por eso decimos que en el año 2017 será imposible reducir el déficit a 2.5% del PBI, si los gastos anunciados se realizan.
El financiamiento de los compromisos de PPK.
El ministro Thorne ha dicho que en el año 2017 el ratio de deuda a PBI podría situarse alrededor de 28%; que no pasaría el techo de 30%; y, que este ratio empezaría a bajar a partir de 2018. El ministro está pensando que los déficits de este año (algo más de 3%) y del próximo (2.5%), y que sumados se acercan a 6% del PBI, son los que elevarán el ratio de deuda a PBI hasta cerca de 28%. (El año 2015 terminó con un ratio de deuda a PBI de 23.06%). Sin embargo, por las razones explicadas antes, el déficit fiscal puede elevarse hasta superar el 5% del PBI, con lo cual el ratio de deuda pública pasaría el techo de 30%.
¿Con que tipo de deuda se financiará el déficit? Lo más probable es que se financie básicamente con endeudamiento externo. La deuda pública externa representa cerca del 60% de la deuda pública total y es equivalente a aproximadamente el 15% del PBI. La suma de esta deuda con la deuda externa privada, representa el 33% del PBI. Si como acabamos de señalar, el déficit fiscal se aproxima al 5% del PBI, este porcentaje se elevaría hasta situarse alrededor del 40% del PBI. Ciertamente, un ratio de deuda externa, pública y privada, de 40% del PBI, expuesta al riesgo cambiario, conspiraría absolutamente contra la sostenibilidad de las cuentas fiscales. En consecuencia, optar por el endeudamiento externo es alimentar la fragilidad financiera pública y privada.
Fuentes y efectos de la reactivación económica
El ministro Thorne sabe que el impacto en el crecimiento de las inversiones en minería efectuadas en el pasado, se acabará en el año 2017. Este impacto equivale a un poco más del 50% de la actual tasa de crecimiento del PBI de 4.0% anual. Para compensar dicho agotamiento y asegurar un crecimiento de 5% como desea el ministro, se requieren otros motores distintos a la minería. El ministro cree que esto será posible con el impulso al crecimiento del consumo y de la inversión que provendría de las reformas y de algunos importantes proyectos de inversión que serían destrabados en los primeros 100 días de gobierno (como la carretera de Ica y la Línea 2 del Metro). No hay una propuesta integral de diversificación productiva.
El aumento del gasto anunciado por el gobierno hará crecer, sin duda, la demanda interna. Pero no todo este crecimiento impulsará la expansión de la producción interna, pues parte importante del mismo se desviará hacia las importaciones. La producción industrial y agrícola ha perdido participación en el mercado interno con la notable penetración de las importaciones. Por lo tanto, la reactivación de la economía mediante el crecimiento de la demanda interna, sin cambios en el patrón de acumulación de capital y con exportaciones en continua desaceleración, incrementará el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que en la actualidad es de 5% del PBI.
En resumen, la estrategia de crecer con aumento de la deuda externa y crecientes desequilibrios macroeconómicos, es muy riesgosa. Puede socavar el objetivo de Modernización Democrática propuesta por PPK. Pero hay tiempo para cambiar de ruta.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 6 de agosto.
En el discurso inaugural de su gobierno para el período 2016-2021, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) anunció que realizará una revolución social para modernizar el país. Con este fin, asumió seis importantes compromisos con la población, señalando que al final de su mandato: 1) todos los peruanos tendrán acceso a agua potable de calidad y a desagüe las 24 horas del día; 2) todos los niños peruanos tendrán acceso gratuito a educación inicial, primaria y secundaria de calidad; 3) el país entero tendrá un Sistema Nacional de Salud, moderno y con acceso universal; 4) el 60% de los puestos de trabajo serán formales; 5) habrá infraestructura para el desarrollo del país (trenes, carreteras, gasoductos, aeropuertos, etc.) y, en especial, la región de Iquitos será conectada por tierra con todo el país; y, 6) la corrupción será erradicada mediante una reforma profunda del sistema judicial.
Su concepción de la modernidad
Hemos escrito varias veces que el neoliberalismo en lugar de integrar al país, mantuvo su separación en dos Perú, con uno, el Perú No Oficial, discriminado y sin acceso a la modernidad. Además, el neoliberalismo, con su ideología del individualismo y de la eliminación de las interferencias del Estado y de las regulaciones económicas, promovió un estilo de crecimiento primario exportador que reinstauró en los últimos veinticinco la modernización neocolonial decimonónica. Pero también fomentó el emprendedurismo criollo que se abrió paso sin consideración de la situación de los otros, rechazando el bien común y practicando la elusión tributaria y la informalidad.
Los viajes que hizo PPK durante la campaña electoral sin duda le permitieron conocer de cerca la situación de nuestros compatriotas del Perú marginado. Quizás por eso el ahora presidente PPK ha dicho que desea terminar con esta situación y que anhela “que en cinco años el Perú sea un país moderno, es decir, “un país sin discriminación. Seamos conscientes que somos un país milenario y además cuna de civilización. Con 200 años de República y miles de años de historia. Y una parte de esta historia, nuestra raíz civilizatoria y cultural, ha sido despreciada y marginada. Esto debe cambiar --dijo. Está cambiando, pero debe cambiar más rápido y más profundamente”.
De otro lado, la modernización para ser distinta a la neoliberal, no puede olvidar el agro y en general al sector rural del país donde —como mencionó el presidente— “está la mayor cantidad de pobres del Perú […] El agro aporta las dos terceras partes de los alimentos que consumimos los peruanos y da empleo a un tercio de la fuerza laboral. Apoyar a los hombres y mujeres del campo significa llevar la verdadera justicia social a los más pobres del país. Desafortunadamente el presidente no dijo cómo modernizar el agro, como iniciar la industrialización a partir del agro, que es la única manera sostenible de generar desarrollo y diversificación productiva, y oportunidades de empleo e ingresos para los pobres del campo.
Esta es una concepción de modernidad que no se condice con el extractivismo ramplón y menos con la ausencia del Estado que nos impuso el neoliberalismo. Si la modernización significa eliminar las desigualdades elevando el ingreso de los más pobres, esto —como ha dicho el presidente— tiene que lograrse “emparejando el acceso a servicios esenciales que hoy son escasos o inexistentes y, por tanto, extremadamente costosos para los más pobres”. Su concepción de modernidad es económica y social, que no contrapone el Estado con el mercado. No es, a mi juicio, la modernidad de la supremacía del mercado libre; es la modernidad que precisa de un Estado que priorice el bien común, que promueva la virtud cívica (la asignatura de educación cívica será obligatoria), y que busque la complementariedad entre la inversión pública y la inversión privada.
No hay ni tiene que haber contradicción entre la búsqueda de este tipo de modernidad y el fortalecimiento de la democracia. Por eso es importante que el presidente haya señalado que respetará la voluntad de los pueblos, que practicará el diálogo y la consulta, y que eliminará la corrupción enquistada como forma de gobernar en nuestro país. No obstante todo lo anterior, hay que señalar que no hubo menciones a la indispensable reforma política y electoral, sobre todo si de aquí en dos años tendremos elecciones regionales.
¿Qué políticas económicas acompañarán la modernización?
Los compromisos del presidente PPK implican claramente la opción por una política fiscal expansiva. Se harán mejoras y se ampliarán los programas sociales; se “cerrará la brecha en el acceso a la salud y a la seguridad social”; se generarán oportunidades para acceder a la educación básica y “seguir carreras universitarias y técnicas”; y, habrá “mucha más construcción, ampliación y modernización de aeropuertos, puertos, carreteras nacionales, regionales y locales; trenes, el tren de cercanías alrededor de Lima; gasoductos, y la conexión de Iquitos por tierra al resto del Perú”.
Todos estos compromisos implican gastos que no pueden ser el resultado solo del esfuerzo privado; se requerirá de financiamiento y de inversiones públicas. Por lo tanto, importa saber cómo se financiarán estos gastos públicos. Imposible pensar en un financiamiento mediante la tributación. Al respecto no hay propuesta alguna de reforma tributaria para elevar los ingresos del Estado. Si se baja en un punto el IGV como se ha anunciado, se perderá cerca de 0.5% del PBI en impuestos. Además, si se mantienen las reformas tributarías regresivas del gobierno de Humala, se dejará de recaudar cerca del 1% del PBI. A todo esto hay que sumarle la disminución de la recaudación minera en cerca de 50%. Es claro, entonces, que el aumento consecuente del déficit fiscal requerirá de un mayor endeudamiento público. Sobre este tema y la ausencia de otras políticas económicas que deberían acompañar a la modernización, trataremos en nuestro próximo artículo.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 30 de julio
En nuestro artículo del 16/07/16 señalamos la propuesta económica de PPK plantea dos posibles caminos. El primero sería de estancamiento económico, con reducción de la inversión pública y con aumentos de la informalidad y el subempleo, si se decide mantener (o reducir) el déficit fiscal de 3% del PBI proyectado para este año. Este camino parece haber sido ya descartado por el ministro designado Alfredo Thorne. El segundo y el más probable, sería de un crecimiento cercano al 4%, con fuertes desequilibrios macroeconómicos. Los gastos en el fortalecimiento de los programas sociales y la universalización de los servicios básicos (como agua, alcantarillado y otros), conducirían a un déficit fiscal que puede superar el 5% del PBI, con el consecuente aumento de la deuda pública. El aumento de la demanda interna, sólo estimularía el crecimiento de actividades terciarias de baja productividad. No hay otras fuentes de crecimiento que impliquen la superación de su dependencia del ciclo de las materias primas.
Alfredo Thorne cree que las nuevas fuentes de crecimiento aparecerán cuando se «destraben proyectos que se encuentran atracados —como los 60 mil millones de dólares de inversiones en el sector minero— y cuando se reduzca la informalidad en 50%». De los tres millones de nuevos empleos ofrecidos en la campaña —dice—, la mitad corresponderá a los puestos de trabajo que crearán los proyectos destrabados y la otra mitad a la formalización». Nada de esto, desafortunadamente, será posible. El contexto externo ya no es el mismo y la informalidad no se debe a problemas tributarios ni a problemas legales.
Desequilibrios macroeconómicos y mayor endeudamiento público
La segunda ruta que implica un aumento notable del déficit fiscal presupone: o un fuerte endeudamiento público o una modificación de la ley de responsabilidad y transparencia fiscal en acuerdo con el congreso. No hay aumento posible de la recaudación tributaria de acuerdo con la propuesta económica de PPK. Cambiar la ley es inviable políticamente; por lo tanto, el gobierno optaría por el aumento de la deuda pública y, específicamente, externa. Es verdad que el ratio de deuda a PBI es de los más bajos de la región (está en 23% del PBI). Por eso, aumentarla en dos o tres puntos, dicen algunos, no haría mucha diferencia. Pero, en la actualidad la deuda pública externa más la deuda privada externa suma el 33% del PBI; nada menos que 144% más que las reservas internacionales (o posición de cambio) del Banco Central.
Esta es, entonces, la ruta de la reactivación del aparato productivo cuya composición menos industrial y menos agrícola es el resultado del estilo de crecimiento primario exportador. Con un sector manufacturero en recesión, con exportaciones que se desaceleran y una alta penetración de importaciones en el mercado interno, el aumento de la demanda interna puede traducirse en presiones inflacionarias y en un mayor desequilibrio externo. Dado el estancamiento económico externo, no hay posibilidades de crecimiento sostenido si el Estado no se involucra directamente en la generación de condiciones para cambiar el estilo de crecimiento. Lo que tendríamos, entonces, es una economía que crece sin fuentes internas sólidas y con importantes desequilibrios macroeconómicos: un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que puede superar el 5% del PBI, un alto endeudamiento externo privado y público, y un alto déficit fiscal. La presión tributaria puede bajar porque se mantendrían las medidas tributarias regresivas dictadas por el gobierno de Humala y se reduciría en un punto del IGV, junto a la disminución de la tributación minera. De otro lado, en el año 2017 terminaría el crecimiento de la producción minera que proviene de inversiones pasadas (las Bambas, Toromocho y la ampliación de Cerro Verde). No hay ni habrá nuevas inversiones mineras como las que se hicieron durante el superciclo de las materias primas.
Lo que exige el nuevo estilo de crecimiento
Si no se desea terminar con un ajuste económico y financiero notable, tiene que iniciarse la modificación del estilo de crecimiento, cambiando la manera cómo se acumula capital y cómo se crece: pasando el liderazgo en la acumulación de capital y en el crecimiento económico de los sectores primarios extractivos a los sectores secundarios como la manufactura. Lo que a su vez significa, por un lado, sustituir el liderazgo de la inversión extranjera en sectores extractivos por el liderazgo de la inversión privada, sobre todo nacional, en el desarrollo de la industria, la agroindustria y la agricultura; y, por otro, adecuar las políticas macroeconómicas a este fin.
Primero, hay que eliminar las restricciones a la expansión de la inversión privada nacional y de la capacidad privada empresarial y, consecuentemente, de los mercados internos. Para ello es importante implementar un plan de inversiones en infraestructura, pública y/o en asociación con el sector privado —carreteras, ferrocarriles, represas, canales de riego, centrales de energía, etc.— con un criterio macroregional y bajo un nuevo ordenamiento territorial. Estas inversiones generan mercados y estimulan el crecimiento de inversiones industriales privadas indispensables para diversificar el aparato productivo y para asegurar que la innovación tecnológica eleve la productividad de toda la economía. Puede empezarse con el desarrollo de la macroregión sur para el cual el gobierno entrante ha ofrecido el gasoducto, una planta de fertilizantes y la industrialización de nuestros recursos naturales.
La inversión privada nacional enfrenta restricciones no solo de infraestructura y de mercados, sino de financiamiento y capital humano. «La disponibilidad de capital y de habilidades suficientes —dice Rodrik— son claves para que el sector innovador se expanda en forma rápida y continua». Hay que expandir el mercado de capitales en soles para que las empresas pequeñas y medianas financien sus inversiones con deuda. El Estado puede, al inicio, garantizar las emisiones privadas a plazos prudenciales, y condicionadas al desarrollo industrial y agroindustrial. Además, se tiene que invertir en la creación de institutos tecnológicos y de facultades de ingeniería y agronomía de punta, y fomentar la investigación y el desarrollo de capacidades.
Finalmente, las políticas macroeconómicas deben responder al objetivo de cambio del estilo de crecimiento. Primero hay que desdolarizar las deudas para flexibilizar la gestión de la política monetaria. Segundo, se tiene que adoptar medidas que regulen el movimiento de capitales, para hacer posible una gestión cambiaria que incentive la producción de transables. Tercero, eliminar los frenos legales para utilizar los ahorros del tesoro sólo en inversión pública. Cuarto, evitar el endeudamiento externo, reduciendo al máximo el riesgo cambiario de la deuda externa y de esta manera asegurar la sostenibilidad de la política fiscal. Quinto, eliminar las medidas tributarias regresivas y no tocar el IGV. Hay más, pero es suficiente para iniciar un debate sobre las posibilidades de cambio que abre el triunfo de la democracia con la elección de PPK.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 23.
En materia económica el país se encuentra en una disyuntiva: o se reactiva el modelo primario exportador o se cambia el estilo de crecimiento. Los que apuestan por seguir con el actual modelo de crecimiento, no obstante la presencia de una coyuntura internacional desfavorable y con una política macro que le es funcional, no se han enterado aún —como diría Dani Rodrik— que la liberalización comercial y financiera dirigida a integrarnos plenamente al mercado mundial, ha «desagarrado a nuestras sociedades». Es, por lo tanto, una opción que nos conducirá al despeñadero.
Lo que nuestro país requiere en la hora actual es cambiar de estilo de crecimiento. Pero es una tarea difícil porque se necesita mucha imaginación, aunque es urgente si queremos —como parece ser el deseo de Pedro Pablo Kuczynski— «un país más igual, más socialmente desarrollado». Cambiar la manera como se crece es cambiar el patrón de acumulación de capital, es apostar por una inversión dirigida a la diversificación productiva mediante una industrialización basada en la agricultura y en nuestros propios recursos naturales.
La economía que recibe PPK y su propuesta tributaria
El gobierno de PPK recibirá una economía con problemas macroeconómicos importantes. El déficit fiscal está en 3% del PBI; la cuenta corriente de la balanza de pagos registra un déficit de cerca del 5% del PBI; las reservas internacionales (Posición de Cambio) que pertenecen al Banco Central ascienden ahora a solo el 13.5% del PBI; la deuda pública externa ha aumentado hasta superar el 60% del total (es 15% del PBI); la deuda externa privada se ha casi triplicado de 2007 a 2015: asciende al 18% del PBI (y de este porcentaje cerca de 8 puntos le pertenecen al sector financiero privado); la industria manufacturera está en recesión desde el año 2014; la inversión privada decrece desde el año 2014; y, el empleo urbano prácticamente ya no crece.
Por otro lado, la tasa de crecimiento del PBI que bordea el 4%, no es sostenible. Se explica en casi 50% por el crecimiento del sector minería resultante de las inversiones pasadas. Y, como no hay nuevas inversiones, el crecimiento de este sector terminará en uno o dos años. No hay manera entonces de continuar con el crecimiento primario exportador. Además, con una economía que se desacelera, los ingresos tributarios seguirán el mismo curso. Si a esto se le agrega la disminución propuesta del IGV y el mantenimiento de la reducción del impuesto a la renta efectuada por el gobierno de Humala, la recaudación disminuirá entre uno y dos puntos del PBI. Por lo tanto, el déficit fiscal aumentaría hasta situarse entre 4% y 5% del PBI. No estamos considerando el ofrecimiento que les hizo PPK a las empresas que facturen 2,300 UIT o más, de descontar el total de sus inversiones del monto imponible contra el impuesto a la renta.
En resumidas cuentas, entonces, si el ministro de economía de PPK decide que el déficit fiscal no supere el 3% del PBI, tendrá necesariamente que recortar el gasto; y, si este fuera el caso, el gasto que recortaría sería el gasto en inversión pública, como lo ha sido siempre. No habrá, en consecuencia, posibilidades de reactivar la economía con una política fiscal expansiva. Por otro lado, si se persiste en el ofrecimiento del presidente electo de fortalecer los programas sociales y de universalizar la dotación de servicios básicos del agua y alcantarillado, entonces tendrá que enfrentar un déficit fiscal de 5% del PBI o más con endeudamiento, generando una tímida reactivación. La evidencia empírica señala que las reducciones de impuestos no tienen efectos multiplicadores significativos sobre el producto, y la inversión pública en servicios básicos solo reactivaría actividades terciarias de baja productividad. Parece que estas son las dos únicas rutas a las que nos conduciría la propuesta de política macroeconómica del gobierno entrante.
La inversión privada y la reactivación económica
El futuro ministro de economía confía más en medidas administrativas orientadas a destrabar las inversiones privadas. El proyecto del gasoducto del sur y la construcción de una planta de fertilizantes; el proyecto de la línea 2 del metro; la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez y, quizá el aeropuerto de Chincheros del Cuzco. Se habla de un monto de inversión cercano a los 25 mil millones de dólares. Afortunadamente, no se habla de flexibilizar el mercado laboral (sobre todo en los temas de contratación y de despido de los trabajadores); pero la reactivación con megaproyectos como los mencionados, sin políticas efectivas de diversificación productiva, a la larga solo exacerbarán los desequilibrios macroeconómicos.
No hay proyectos de inversión pública que sirvan para reactivar la economía y al mismo tiempo para cambiar el estilo de crecimiento, desarrollando fuentes internas para asegurar su sostenibilidad. Tampoco hay una propuesta de política macro consistente con este propósito de transformación. Las políticas monetaria y cambiaria tendrán el mismo curso actual y, ciertamente, no acompañarían a luna política fiscal expansiva, en caso de adoptarse.
Por angas o por mangas habrá que enfrentar el déficit fiscal con endeudamiento. Si PPK sigue la ruta del actual gobierno, de endeudar al Estado en moneda extranjera (se habla de un endeudamiento de cerca de 6 mil millones de dólares), aumentará el riego de mercado cambiario de las cuentas fiscales. Puede evitarse este endeudamiento si se recurre a los ahorros del tesoro que equivalen al 16% del PBI. Pero aquí sí la tramitología, aunque básicamente política, es importante: el gobierno requiere de una ley para utilizar, por ejemplo, los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal que se aproximan al 5% del PBI.
Finalmente, como dijimos en un artículo anterior (9/7/16), algunas propuestas del presidente electo pueden abrir la ruta de la transformación del estilo de crecimiento. Por ejemplo ha ofrecido, entre otras cosas, industrializar nuestros recursos naturales. Pero de esto y de las políticas macro respectivas, trataremos en nuestro próximo artículo.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 16 de julio.
El triunfo electoral de PPK en el balotaje no fue el triunfo de su programa, sino el triunfo de los defensores de la democracia. El 5 de junio, entonces, debe ser recordado como la segunda gesta ciudadana, después de la marcha de los cuatro suyos liderada por Alejandro Toledo. Pero, lo que diferencia a esta gesta de la primera, es que ocurre en una coyuntura crítica de envergadura, económica y política, generada por veinticinco años de neoliberalismo.
Lo que expresan los resultados electorales
Veinticinco años de construcción —desde el Estado— de una economía de «mercado libre», en particular en el mundo del trabajo, de la tierra y de los recursos naturales, tuvo que afectar a las instituciones políticas y a las condiciones de vida de la población, en especial, del interior país, pues el neoliberalismo se impuso en un Perú todavía fracturado en dos, como decía Matos Mar, en un Perú Oficial y en el Otro Perú de la sierra y de la amazonia. La reducción de la pobreza monetaria en los años de alto crecimiento, no eliminó las precarias condiciones de vida de esta población. Además, la lógica del «laissez-faire» penetró en todas las esferas de la vida social y política, degradando la democracia y trastornando la vida en sociedad.
«Los mercados de trabajo, de tierra y de dinero, son sin ninguna duda —dice Karl Polanyi, el autor de La Gran Transformación— esenciales para la economía de mercado. No obstante, ninguna sociedad podría soportar, incluso por un breve lapso de tiempo, los efectos de semejante sistema [de mercado autorregulado], a no ser que su sustancia humana y natural, así como su organización económica, estuviesen protegidas contra [sus] devastaciones» (1989, p. 129).
Los resultados electorales, expresan precisamente la masiva insatisfacción ciudadana con su situación económica y social. No expresan, como creen algunos analistas, el amplio «triunfo de partidos que se entienden como “derecha” y el fracaso de los partidos de “izquierda” que no lograron pasar a la segunda vuelta». Esta población insatisfecha se distribuyó entre el «partido» del fujimorismo Fuerza Popular, la izquierda liderada por Verónika Mendoza y el «partido» de PPK; y, aparece en plena coyuntura crítica caracterizada no solo por el fin del super-ciclo de las materias primas y la degradación de las instituciones de la democracia, sino también por la crisis de ideologías que antes impulsaban a los partidos políticos.
La alternancia democrática electoral después de la «marcha de los cuatro suyos», no alteró la «cultura de la informalidad» que fue la principal creación del fundamentalismo del «laissez-faire» en un país subdesarrollado como el nuestro. Aumentó la inseguridad ciudadana por proliferación del crimen; se expandió la corrupción en todos los poderes del Estado; y, se deterioró la calidad de vida tanto por el estancamiento de los ingresos reales de los trabajadores, como por la inseguridad en los empleos.
El populismo antidemocrático y clientelar
Estas consecuencias culturales, sociales y económicas del neoliberalismo, constituyen la base del nacimiento de un nuevo populismo en nuestro país. En la primera vuelta, los votos de Keiko Fujimori y Verónika Mendoza sumaron el 58.7% del total. Si se toma en cuenta los votos de Barrenechea, Gregorio Santos y Fernando Olivera, el porcentaje asciende a 71%. Esta cifra, que incorpora votación fundamentalmente popular, indica que algo anda mal en la economía y en la sociedad. Esto es así aun cuando las propuestas del fujimorismo que obtuvo el 39.8% y de la izquierda que obtuvo el 18.9%, no son coincidentes. No incluimos el 20.98% que obtuvo PPK, porque asumimos que corresponde a una votación que no es mayoritariamente popular. Entonces, la gran mayoría de la población, en especial, la de escasos recursos (donde están los trabajadores informales, los campesinos, los mineros, los desempleados, etc.), expresó con el voto, su insatisfacción con la actual situación económica y social.
No se puede afirmar, por lo tanto, que la votación por Keiko Fujimori fue de defensa del modelo económico. Bastaría repasar sus propuestas intervencionistas en la economía para darse cuenta de ello. ¿Qué representa entonces el «partido» Fuerza Popular? No es un «partido» democrático, no es un «partido» que reivindica la práctica de la virtud cívica, sino el «partido» que representa la «cultura de la informalidad», de los que no saben comportarse en democracia, de los que han hecho de la corrupción una forma de hacer política, de los que no son beneficiarios del neoliberalismo. Su sesgo anti-democrático, clientelista, corrupto y caudillista corresponde al actual momento crítico generado por el neoliberalismo. Aunque su rasgo común con los populismos del pasado es el intervencionismo del Estado, este es, por su origen, un populismo que no puede conducir a la construcción de ciudadanía ni al fortalecimiento de la democracia. Es la base social que requieren los regímenes autoritarios o dictatoriales.
¿Se abrirá una nueva ruta de desarrollo?
En consecuencia, en el balotaje compitieron un populismo corrupto y antidemocrático con un movimiento de defensa de la democracia que, en la coyuntura actual, le tocó liderar a Pedro Pablo Kuczynski. Si su gobierno se orienta no solo a mitigar las consecuencias negativas del neoliberalismo sino a transformar el estilo de crecimiento económico, entonces habrá abierto la posibilidad de un proceso democratizador e integrador. Él ha dicho, por ejemplo, que su «gobierno construirá un ducto de gas por la ruta Sicuani-Juliaca-Puno-Arequipa, para distribuirlo en distintas ciudades del sur del país, hasta llegar al mar donde se construirá una planta de fertilizantes». También ha dicho que se «impulsará una planta de cobre para industrializarlo en el Perú y no exportarlo» y que respetará los derechos de los trabajadores.
Siguiendo a Polanyi podemos afirmar que la coyuntura crítica creada por el neoliberalismo, ha revelado la presencia de un doble movimiento en el terreno de la política. Así, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski puede crear las condiciones para el desarrollo de un movimiento político que «apunte a la reinscripción de la economía en reglas que aseguren el respeto al marco democrático». El fundamentalismo del mercado amenaza a la democracia y parece que el momento de librarla de esta amenaza ha llegado.
Publicado en el diario UNO, el sábado 09 de julio.
Las diferencias en las propuestas económicas de las dos agrupaciones —Fuerza Popular (FP) y Peruanos por el Kambio (PPK)— que compitieron en el balotaje, pasaron a un segundo plano. Keiko Fujimori quiso convertir esta competencia en una disputa entre los intereses de las pequeñas y medianas empresas, cuya representación ella se adjudicó, y los intereses de las grandes empresas que según ella defendía PPK; pero esta treta no le dio resultado, pues traía una historia —su directa vinculación con la dictadura corrupta de su padre— que se reveló intacta con la denuncia de que el secretario general de su «partido» y principal financista de su campaña, Joaquín Ramírez, es investigado por la DEA por lavado de activos y narcotráfico. A esto se agregó la práctica «montesinista» de alterar un audio para tratar de desmentir esta denuncia, con la participación nada menos que de su candidato a la vicepresidencia, José Chlimper.
La defensa de la democracia
Las agrupaciones FP y PPK se revelaron, entonces, como dos opciones políticas contrapuestas con relación a la democracia. Los electores tenían que optar, en consecuencia, por una candidatura —la de Pedro Pablo Kuczynski— que representaba la defensa del régimen democrático y la otra —la de Keiko Fujimori— antidemocrática, contraria a la virtud cívica por sus prácticas descaradamente clientelares. El fujimorismo organizado en FP aparecía como la negación de un régimen donde los «todos los ciudadanos tienen iguales derechos y son igualmente Dignos».
Con la elección de PPK, entonces, triunfó la Democracia y perdió la opción que hizo de la mentira una forma de hacer política; perdió la opción vinculada al narcotráfico y al crimen, adornada con un discurso populista. Podemos decir, por otro lado, que el resultado del balotaje es histórico no solo porque revela la existencia en nuestro país de una población (y de una juventud) mayoritariamente democrática, sino también porque es la primera vez que la izquierda liderada por Verónika Mendoza optan por la defensa de la Democracia. Esta es una aceptación abierta de que la transformación del orden social puede y tiene que hacerse en democracia y fortaleciendo la democracia.
Cambios políticos e institucionales
La participación exitosa del conjunto heterogéneo de fuerzas democráticas en el balotaje puede convertirse, o podemos convertirla, en el inicio de un proceso político conducente al cambio radical en la forma de gobernar y también en la forma de hacer política en nuestro país.
El objetivo de este proceso de este proceso debe ser fortalecer la Democracia o, más precisamente, iniciar una transición verdadera a la Democracia. Primero debe impulsarse una reforma política integral que cierre la posibilidad del retorno de otra amenaza contra ella (como la penetración de la corrupción y el narcotráfico en las organizaciones políticas, las violaciones de los derechos y libertades, el clientelismo como modalidad de organización política, la constitución de oligarquías políticas, etc.). Por otro lado, exigir la práctica de la consulta, el diálogo y la rendición de cuentas como forma de gobernar. El respaldo de la población y sus organizaciones sociales, será indispensable para impedir una oposición intransigente desde el Congreso.
Gobernar a espaldas del pueblo y mediante componendas con el «liderazgo» del fujimorismo que controla el poder legislativo, conspirará más temprano que tarde contra la gobernabilidad. Las condiciones están dadas para gobernar con independencia de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), pero introduciendo mecanismos y reformas institucionales que aseguren que el Estado no solo brinde equitativamente servicios, sino que sea garante absoluto de la legalidad democrática. No habrá seguridad ciudadana ni Estado de Derecho si no se elimina la corrupción en todos los poderes del Estado, en especial en el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Para completar la transición democrática se requiere de una descentralización basada en un nuevo esquema de regionalización. Este esquema debe ser macro-regional y resultado de un ordenamiento territorial que asegure una integración armoniosa de la economía, con la geografía y la demografía. La regionalización actual (que es idéntica a división departamental del país) ha generado más problemas que soluciones. El crecimiento es desequilibrado y desigual, porque no se aprovechan plenamente las potencialidades de áreas geográficas y económicas que traspasan las fronteras de las actuales regiones. Estas son compartimentos estancos que no ayudan a aprovechar las externalidades de las inversiones públicas ni a su gestión eficiente.
Cambios en las propuestas económicas
Se puede empezar con el diseño de la macro-región del sur, para masificar el uso doméstico e industrial del gas, renegociando los contratos respectivos. Es una gran oportunidad para desarrollar industria vinculada a la explotación del gas. No es difícil que el nuevo gobierno encuentre un consenso rápido sobre este tema, incluso dentro del propio congreso, pues también fue una propuesta electoral del fujimorismo.
El nuevo gobierno recibirá una economía cuasi-estancada, con varios desequilibrios y desajustes estructurales, con una menor presión tributaria y con una espectacular penetración de importaciones. El principal reto entonces será articular la gestión del corto plazo (políticas macro) con las políticas orientadas a la diversificación productiva. El objetivo debe ser reducir la dependencia del crecimiento de la expansión de la demanda externa y altos precios de materias primas.
A modo de conclusión
Finalmente, la coyuntura económica actual, interna y externa, es propicia para poner en debate el papel del tipo de cambio como instrumento de cambio estructural, por su impacto directo en la expansión de las actividades transables y, en especial, de las industrias manufacturera y agroindustrial.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 18 de Junio.
El FMI —a través del artículo «Neoliberalismo: sobrevendido?» escrito por sus funcionarios Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani y Davide Furceri, y publicado en la edición de junio de este año de su revista Finance & Development—, acaba de reconocer que las principales reformas y políticas neoliberales han tenido efectos contraproducentes en la sostenibilidad del crecimiento y en la distribución del ingreso. Pero este mea culpa no incentiva a sus autores a explicitar aquellas políticas que debieron adoptar países como el nuestro para superar las restricciones al crecimiento y fortalecer la democracia. Tampoco hay un recuento de los daños que esas reformas y políticas hicieron a nuestras economías y a la institucionalidad democrática.
Los ejes del programa neoliberal
Los dos ejes principales del programa neoliberal fueron: a) el aumento de la competencia mediante la desregulación y la apertura de los mercados nacionales —incluidos los mercados financieros— a la competencia extranjera; y, b) la reducción del papel del Estado, mediante la privatización de las empresas públicas y la limitación de la capacidad de los gobiernos para gestionar el déficit fiscal y la deuda pública.
¿Qué políticas no dieron los resultados esperados, según sus patrocinadores? Los autores del artículo señalan que hay dos políticas cuyos efectos económicos y sociales fueron negativos. La primera, la política orientada a la eliminación de las restricciones a los movimientos del capital internacional (o la liberalización de la denominada cuenta de capital); y, la segunda, la política de austeridad (denominada también de consolidación fiscal) orientada a reducir el déficit fiscal y los niveles de la deuda pública.
Los autores reconocen que los efectos de estas políticas, primero, no fueron beneficiosos para apuntalar el crecimiento económico de «un amplio grupo de países»; segundo, sus «costos en términos de aumento de la desigualdad [fueron] prominentes»; y tercero, el aumento de la «desigualdad afectó el nivel y la sostenibilidad del crecimiento». En general, el registro de estos efectos es correcto, sobre todo si pensamos en nuestro país. Se creció en función a los ciclos de la demanda mundial y precios de las materias primas; y aumentó la desigualdad en la distribución funcional del ingreso junto al desmantelamiento de los derechos de los trabajadores.
Lo que no dice ni reconoce el FMI
Se suponía que la libre movilidad de capitales canalizaría los ahorros del resto del mundo hacia actividades productivas en países como el nuestro. Pero, según el FMI esto se cumplió sólo en el caso de la Inversión extranjera directa (mediante la cual se transfirió —dice—tecnología y capital humano) y no en el caso de los otros capitales —fundamentalmente de corto plazo— que se dirigieron a inversiones de cartera, a endeudamiento externo de los sistemas bancarios nacionales y a otras inversiones de carácter especulativo.
Lo que no se dice dice en el artículo, es que, con la liberalización comercial y financiera, las inversiones extranjeras se dirigieron básicamente hacia actividades de alta renta natural (materias primas) y/o hacia actividades con mercados cautivos (como la telefonía y la electricidad). Estas inversiones generaron, por un lado, una economía especializada en la producción de materias primas y de bienes no transables, junto a un proceso de desindustrialización asociado a la «enfermedad holandesa» (sistemática apreciación cambiaria); y, por otro lado, un aumento en el costo de producción por el aumento de las tarifas públicas proveniente de las empresas privatizadas.
La apertura financiera también permitió la práctica del «carry trade» por parte de los bancos nacionales. Se endeudaron en el exterior para prestar en moneda extranjera a empresas y familias locales con ingresos en moneda nacional. La consecuente dolarización de los créditos fue la causa de una crisis bancaria por el salto del tipo de cambio provocado por la crisis asiática y rusa; y, en los dos últimos años, ha provocado una «pérdida» masiva de reservas internacionales del Banco Central para impedir un nuevo salto cambiario durante la crisis de 2008-2009 y durante el período que siguió al anuncio de una política monería menos laxa por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El FMI no dijo nada durante el proceso de dolarización de los créditos en los años 1990 y del que ocurrió a partir de julio de 2006. Tampoco dijo nada respecto al proceso de desindustrialización y a la expansión de los sectores terciarios donde se encuentra el grueso de los trabajadores con baja productividad y calificación.
Finalmente, la privatización y los recortes de gastos para reducir el déficit fiscal y la deuda pública, tuvieron un costo económico y social elevado. Disminuyeron los presupuestos de educación, salud, seguridad social como porcentaje del PBI; se desmanteló el sistema de planificación de las inversiones públicas; y se redujeron los gastos en mantenimiento de la infraestructura económica y social. El FMI y Banco Mundial, fueron los responsables de la década perdida de América Latina (los años 1980); y, en nuestro país, del deterioro de la calidad de la educación, de la salud, de la infraestructura y de las instituciones que conforman la administración gubernamental del Estado.
A estas dos instituciones que participaron activamente en la renegociación de la deuda externa, nunca se les ocurrió crear un mercado interno de deuda en moneda local para pre-pagar la deuda externa y eliminar el riesgo cambiario y de tasas de interés de la deuda pública. Era y es la manera de asegurar la sostenibilidad fiscal.
A modo de conclusión
No solo había que recuperar soberanía en la política cambiaria mediante restricciones al movimiento internacional de capitales, sino también desarrollar el mercado de deuda publica en soles. El tipo de cambio debió convertirse en el principal instrumento de industrialización y el mercado de deuda pública «solarizada» contribuiría no solo a la sostenibilidad fiscal, sino también al desarrollo del mercado de capitales.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 4 de Junio
Ollanta Humala pasará a la historia, no como el presidente más mediocre (que sí lo es), sino como el presidente que dejó que se deteriore la economía (optando por el piloto automático) y que no frenó la continua degradación de la democracia con una adecuada reforma política. Además, este presidente dejó que aumente la inseguridad ciudadana y no hizo prácticamente nada para que disminuya la corrupción. Si fue «conminado» a no tocar el modelo económico, pudo haber hecho algo importante en el terreno de la política y la democracia; pero, no lo hizo. Por estas garrafales omisiones, Humala será recordado como el presidente que allanó el camino para el retorno (Dios no lo quiera) del fujimorismo y del narco Estado.
El daño en la estructura productiva
Su gobierno nos hizo perder una excelente oportunidad para resolver los principales problemas estructurales de la economía. Asumió el poder con una economía en crecimiento y va a dejar una economía cuasi estancada. Pudo parar el crecimiento espectacular de las importaciones, pero puso en el Banco Central a un economista que promovió la sistemática apreciación de la moneda, haciéndoles perder competitividad a los exportadores de productos no tradicionales. El resultado fue un creciente déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que pasó de 1.9 % del PBI en 2011 a 4.4 % en 2015 y a 4.7% en el primer trimestre de este año. Recordemos que en los últimos 36 años, la cuenta corriente fue superavitaria solo durante cuatro (de 2004 a 2007) y nuevamente se ha vuelto deficitaria por la inacción de los dos últimos gobiernos. No aprovecharon el boom primario exportador para diversificar el aparato productivo.
Humala nos deja una economía con una estructura productiva menos industrial, menos agrícola, más productora de servicios de baja productividad y con una tasa de acumulación del capital per cápita que no permite la creación de empleos en magnitudes suficientes para reducir el subempleo y la informalidad. Entre los años 2010 y 2015 el empleo creció a la tasa de 1.65 % anual (se crearon aproximadamente solo 220 mil empleos por año (formales e informales). El empleo informal sigue siendo alto (74.3 % en 2012) y lo más probable es que esté aumentando con la actual desaceleración de la economía.
También dejará un Banco Central con solo 13 % del PBI de reservas internacionales. El cambio de las condiciones externas generó presiones al alza del tipo de cambio desde abril de 2013 y, desde esta fecha, en solo dos años, el Banco Central perdió US $ 24,447.33 millones, para impedir el efecto inflacionario de la presión devaluatoria. Con el mismo objetivo aumentó la tasa de interés en pleno enfriamiento económico, como si este tipo de política pudiera tener impacto en el flujo de salida de capitales. En la medida en que no habrá —por varios años más— un nuevo boom de precios de materias primas ni una recuperación sostenida de la demanda mundial, este gobierno dejará un monto de reservas que no será suficiente para enfrentar un nuevo shock que presione al alza del precio del dólar de manera significativa.
Por último, dada estructura productiva dañada por el neoliberalismo, el espacio para una reactivación con políticas fiscales y monetarias contra-cíclicas es reducido. Los incrementos de la demanda interna, sin bien pueden reactivar la industria manufacturera, propiciaran simultáneamente el aumento del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. El incremento de este déficit provocará presiones devaluatorias y, por lo tanto, inflacionarias.
Las posturas sociales de un converso neoliberal
Humala ha apartado aún más la economía de la democracia y de los derechos sociales. En plena degradación de la democracia, las reducciones de impuestos decretadas por su gobierno en beneficio de las grandes empresas, reducirán la presión tributaria. Humala pide que el próximo gobierno respete «sus» programas sociales, pero los dejará con financiamiento tributario reducido. Es verdad que existe el Fondo de Estabilización y algunos depósitos en la banca comercial, pero estos pueden servir para apuntalar a corto plazo la inversión pública, pero no para sostener en el tiempo el financiamiento de los programas sociales. Recién en los dos últimos años de su gobierno, Humala aceptó aumentar el presupuesto (como porcentaje del PBI) en los sectores sociales, en especial en educación, y no se dio cuenta, cuando le hicieron firmar las reducciones tributarias, que «borraba con el codo lo que hizo con la mano».
Pero también Humala ha conspirado contra la democracia y la soberanía nacional, al promover y firmar tratados (como el TPP), que encarecerán los medicamentos (limitando el acceso a medicamentos genéricos más baratos) y que —al igual que los tratados comerciales—, someten al Estado al poder de las empresas transnacionales. Se le maniata su capacidad para dictar medidas (regulaciones, controles de capital, aumentos tributarios, etc.) orientadas a mejorar el desempeño económico en interés de la población.
Tampoco hizo una reforma del sistema de pensiones favorable a los trabajadores. Se preocupó más por velar los intereses de las AFP, instituciones claramente extractivas o rentistas. Se opuso, junto con su ministro de economía, a la ley que permite el retiro del 95.5 % de los fondos de las AFP. En el colmo de la desfachatez, su ministro dice que esta ley viola el Convenio 102 de la OIT sobre la seguridad social y que él supone que será denunciada internacionalmente (¡).
El ministro miente porque el Convenio 102 no protege a las AFP. Por el contrario, el propio gobierno —al proteger a las AFP— es el que ha violado el Convenio 102 porque no se ha preocupado de que aumente el «el porcentaje de la población protegida por los sistemas de seguridad social», ni se ha preocupado por las mejoras en las tasas de reemplazo y en el nivel de la «prestación mínima». Como bien señala la misma OIT, «el Convenio 102 no prescribe la manera de lograr estos objetivos, sino que deja una cierta flexibilidad a sus Estados Miembros».
Publicado en el Diario UNO, el sábado 28 de mayo
Sería una falta de respeto a los que luchan por el desarrollo de nuestro país en democracia; a los que defienden nuestros derechos y libertades; a los patriotas que creyeron y creen en la soberanía nacional; a los que defienden su patrimonio natural y cultural; a los que se indignan ante la discriminación y la exclusión social y económica; a los luchan contra la depredación de los recursos y el daño de nuestros ecosistemas; en fin, sería una falta de consideración a las futuras generaciones, mantenerse neutral o votar en blanco en el balotage del 5 de junio próximo. Para decirlo de una vez, y claramente, un gobierno de Keiko Fujimori sería muy riesgoso para el futuro de nuestro país. Es preferible votar por el candidato PPK que no tiene una historia ominosa contra la democracia.
Por qué debemos votar contra Keiko Fujimori
Con Keiko se perpetuaría la actual degradación de la democracia, el atraso social y la miseria moral que son básicamente el producto del gobierno de su padre, hoy preso por corrupto y violador de los derechos y libertades fundamentales. La candidata fujimorista con su propia campaña electoral está exacerbando la degradación de la democracia y de la política. Las razones son las siguientes:
1) Lidera un «partido» que alberga a violadores de derechos de los trabajadores y a acusados de lavado de activos. Su candidato a la vicepresidencia, propietario de la empresa Agrokasa, aplica una norma que le permite no pagar las CTS a sus trabajadores y recortarles sus gratificaciones y vacaciones. Además, no permite la sindicalización de sus trabajadores; si estos osan hacerlo, los despide. El otro caso emblemático es Joaquín Ramirez, secretario general de su «partido» y principal financista de su campaña, acusado por lavado de activos.
2) Viola las reglas electorales democráticas. Acaba de hacer, en el sur de nuestro país, una demostración de poder antidemocrática, insultante y que viola las reglas electorales, al trasladar, en más de un centenar de camionetas, a supuestos simpatizantes de su «partido» para asistir a una de sus concentraciones o mítines proselitistas. No se sabe cómo se financian estos traslados multitudinarios, ni quiénes son los propietarios del centenar de camionetas.
3) Trata a la población pobre como serviles y no como ciudadanos. El traslado de supuestos simpatizantes es a cambio de dinero; por lo tanto, estos desplazamientos no son espontáneos. Se abusa de la precariedad de la situación económica y social de la población reclutada, atentando así contra su libertad y su integridad moral. Los compatriotas así reclutados son peor que meros electores; son comprados, con lo cual han perdido su capacidad de ciudadanos.
4) Apela a los marginales, a los informales y a los que están fuera de la ley. Firma trato con extorsionadores, se «compromete» con transportistas informales y transgresores de la ley, firma acuerdos con mineros ilegales (como el congresista electo por su partido Moisés Mamani, investigado por el Ministerio Publico), y tiene promotores a traqueteros y traficantes de coca.
5) Pervierte a las instituciones, en especial al poder judicial. Al igual que el APRA, el fujimorismo ha penetrado las instituciones del Estado, en especial el poder judicial y el ministerio público. La muerte de dos personas por la volcadura de una de las camionetas que transportaba a «simpatizantes» del fujimorismo, ha «permitido» revelar que su propietario era nada menos que el Fiscal Adjunto Provincial de Prevención del Delito de San Román – Juliaca, Yóber Juan Chaiña Mamani.
6) Su aspiración es copar y controlar todos los poderes del Estado. Esta práctica es de raigambre aprista y fujimorista. Controlarán el poder legislativo (han conseguido mayoría absoluta en la primera vuelta) y el poder ejecutivo, si llega a ser gobierno; y, por su puesto, en este caso penetrarán aún más en los otros poderes del Estado. Sin independencia y separación de poderes, no habrá democracia.
La mentira y la corrupción como forma de hacer política
Con estas caracterizas del movimiento fujimorista, no hay posibilidades de superación de la actual degradación de la democracia. La mentira y la corrupción es la forma de hacer política de todos los fujimoristas. Su líder ha dado versiones contradictorias sobre el origen del financiamiento de sus estudios en Estados Unidos y ha cambiado algunas de sus ofertar electorales para aproximarse al centro. Todos operan en un marco legal e institucional extractivista, rentista, que es contrario a la democracia y al desarrollo.
Del fujimorismo hemos heredado la «cultura de la yuca». Ellos no obedecen las leyes ni las reglas. Son transgresores consuetudinarios. Del fujimorismo hemos heredado un estadio social con miseria moral. Aliados, militantes y líderes del fujimorismo están acostumbrados a una pauta de conducta moral que es contraria a la convivencia democrática. Son contrarios al desarrollo de ciudadanos virtuosos, políticamente activos y comprometidos con los intereses públicos.
A modo de conclusión
Se dice que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. Ya vivimos la tragedia del fujimorismo liderado por reo Alberto Fujimori. Evitemos que llegue al gobierno Keiko Fujimori, la ex primera dama, porque sería un gobierno del engaño o de la patraña, con espacios cerrados para el ejercicio de la democracia. Nuestro país merece, como lo hemos dicho varias veces, una cura moral, para salir del atraso e iniciar otra ruta de desarrollo.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 21 de mayo