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Fecha Publicación: 2016-01-31T06:37:00.004-08:00

En su editorial del sábado 23-01-2016 el diario El Comercio pide que los candidatos presidenciales y sus equipos económicos se «concentren en garantizar el retorno a la estabilidad de la moneda y el saneamiento de las cuentas del Tesoro. Debe ser prioridad –sentencia—la lucha frontal contra la inflación». Lo que hace después es repetir lugares comunes de cierta ortodoxia ideológica como receta macroeconómica. Dice NO a las políticas de estímulo económico y aconseja «concentrarse en los fundamentos de la economía». Es decir, laissez faire laissez passer para no generar distorsiones en el funcionamiento del mercado.

En el difícil e incierto contexto externo «no hay margen para las políticas aventureras sobre el crédito, la moneda o las cuentas fiscales», pontifica el decano de la prensa, cuya posición de domino es contraria a su dogma del libre mercado. De acuerdo con este editorial tenemos que entender, entonces, que la inflación de 4.4% y el déficit fiscal de 2.0% que se registraron en el año 2015, son el resultado de intervenciones estatales que distorsionaron el libre funcionamiento del mercado.

El origen de la actual coyuntura macroeconómica

Lo que el escribidor del editorial de El Comercio ignora es que la coyuntura macroeconómica actual es el resultado de una gestión apegada al dogma neoliberal de las políticas monetaria, cambiaria y fiscal. Desde la gestión de Alan García el directorio del Banco Central presidido por Julio Velarde, gestionó de manera ineficiente las reglas de política monetaria (tasa de interés de referencia) y cambiaria (intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario).

Dejó que se dolarizara el crédito doméstico (hay todavía un porcentaje cercano al 30% de este crédito en dólares), y ahora se preocupa del impacto en la morosidad bancaria del aumento del tipo de cambio. Dejó que disminuyera sistemáticamente el tipo de cambio perjudicando a las actividades exportadoras no-primarias, y ahora  que el tipo de cambio aumenta debido al giro desfavorable en las condiciones internacionales se preocupa por su impacto inflacionario. El Banco Central no puede neutralizar la presión al alza el tipo de cambio porque ya perdió cerca del 50% de sus reservas (posición de cambio). Esta posición ahora es equivalente a sólo el 12% del PBI.

El directorio del Banco Central presidido por Velarde construyó su propio laberinto desde agosto de 2006, quizá porque sus integrantes no creían en las reglas de política que se introdujeron en los años 2001-2003, por el directorio de ese entonces. Como ya no puede seguir gastando reservas para eliminar el impacto inflacionario del alza del tipo de cambio, el actual directorio del Banco Central ha vuelto a incrementar la tasa de interés de referencia hasta el 4%, con lo cual se encarece aún más el costo del crédito en soles, conspirando así contra el crecimiento de la producción y el empleo. El MEF también hizo lo propio para generar la situación que actualmente sufrimos: contrajo la inversión pública en plena caída de la inversión privada, además de haber reducido absurdamente el impuesto a la renta y, por tanto, la presión tributaria. El déficit fiscal fue resultado fundamentalmente de esta política.

A rio revuelto ganancia de rentistas

El déficit fiscal y la desaceleración económica con inflación, tiene que ver entonces con la ineficiente e ideológica gestión de las políticas monetaria, cambiaria y fiscal de las autoridades económicas. Ni la inflación ni el déficit fueron provocados por «políticas de estímulos». No hay brecha expansionista del producto, sino contraccionista. El déficit no se genera por aumentos del gasto (la inversión pública ha caído) sino por una política que se fundamenta en la ideología de que la inversión privada reacciona positiva e inmediatamente a reducciones de impuestos, y no al crecimiento sostenido de la demanda agregada.   

Finalmente, en este escenario macroeconómico de inflación con cuasi-recesión económica, el aumento del tipo de cambio y la «tolerancia» de los organismos reguladores son aprovechados por los rentistas para hacer ganancias especulativas. Por ejemplo, aumenta el precio de las tarifas eléctricas (19% en los últimos 12 meses) no porque hay muchos soles circulando en la economía, sino porque las empresas Edegel, Kallpa y Enersur ejercen una posición de dominio. El organismo regulador Osinergmin que debe defender la libre competencia justifica este aumento señalando que obedece al incremento del tipo de cambio, sin tomar en cuenta que hay varias empresas de generación que utilizan como insumo el gas barato de Camisea.

Al poder de mercado que las empresas rentistas utilizan para aumentar sus precios indexándolos al tipo de cambio, hay que añadir que también ocurre un simple traspaso de la devaluación a los precios a través del componente importado de la canasta de consumo. Las autoridades económicas de este gobierno acrecentaron la penetración de las importaciones en el mercado interno.

A modo de conclusión

El escribidor del editorial de El Comercio no entiende que para estimular la producción y el empleo hay que abaratar el crédito en soles, y para que ocurra este abaratamiento el Banco Central debe bajar su tasa de interés. Tampoco entiende que para neutralizar el efecto depresivo de la producción y el empleo provocado por la caída de la inversión privada, el MEF tiene que aumentar la inversión pública, en especial, la inversión en infraestructura. Además, seguro que no entiende en absoluto que el tipo de cambio puede ponerse al servicio de la diversificación productiva y del empleo, desdolarizando los créditos y regulando la entrada de capitales. Y es altamente probable que este escribidor se espante, si le decimos que para salir sostenidamente del actual entrampamiento hay que cambiar el modelo neoliberal primario exportador.



Publicado en el diario UNO, el sábado 30 de enero.

Fecha Publicación: 2016-01-31T06:32:00.002-08:00
Los mismos que argumentan que son las empresas y no los sectores productivos los que arrastran al conjunto de la economía generando desarrollo, también sostienen que el alto crecimiento de los años 2003-2013 nos ha conducido a una situación definida como «trampa del ingreso medio». Un país se encuentra en esta trampa cuando alcanza un nivel de ingreso per cápita promedio del que no puede salir; o, más precisamente, está en una trampa porque no puede dar el salto hacia un nivel de ingreso más alto debido a que tiene pendientes de solución problemas de tipo institucional, de infraestructura, de educación y tecnología, de sobre-regulación de los mercados y/o porque no ha emprendido en serio una reforma laboral para flexibilizar totalmente el mercado de trabajo.
 
La evolución del ingreso per cápita
 
En 1990, cuando se inició formalmente la aplicación de las reformas y políticas neoliberales, el ingreso per cápita ascendía a US$ 1,351. Con el crecimiento económico registrado en el período 1993-1997 aumentó a US$ 2,282. De 1990 a 1997 creció a una tasa de 7.8% promedio anual. Con la recesión de los años siguientes originada por la crisis asiática y rusa, se redujo en 14.5%, llegando a la cifra de US$ 1,950 en el año 2001. Entre 2003 y 2013 la economía creció a la tasa de 6.4% promedio anual. Fueron años del súper-ciclo de los precios de los mienrales: el precio de la onza troy de oro aumentó de US$ 356.9 en enero de 2003 a US$ 1,771 en setiembre de 2011; por su parte el precio de la tonelada de cobre los hizo de US$ 1,650.3 en enero de 2003 a US$ 9,881 en febrero de 2011. Precisamente en estos años de crecimiento espectacular de los precios de los minerales, el ingreso per cápita creció a la tasa de 11.8% promedio anual pasando de US$ 2,174.3 en 2003 a US$ 6,621.8 en 2013.
 
Desde hace tres años los precios de los minerales se están reduciendo sistemáticamente: la onza troy de oro se redujo a US$ 1,068.3 en diciembre de 2015 y la tonelada métrica de cobre a US$ 4,638.8 en la misma fecha. No hay analista internacional de los mercados de commoditiesque pronostique una recuperación sostenida de estos precios en el futuro inmediato. El súper-ciclo terminó y la desaceleración de los precios continuará, dando lugar a un bajo crecimiento del PBI o al estancamiento económico. Por lo tanto, también se reducirá o tenderá a estancarse el ingreso per cápita. No habrá posibilidad de un salto a un nivel de ingreso per cápita más alto en los próximos cuatro o cinco años.
 
El ingreso per cápita aumentó en 194.5% de 2003 a 2012, precisamente cuando los precios de los metales aumentaron de forma espectacular; por ejemplo, el precio de la onza troy del oro aumentó durante esos mismos años en 359.1%.  A partir de 2012 los estos precios empiezan a descender de manera sostenida. El precio del oro cae entre 2012 y 2015 en 30.5%, mientras el ingreso per cápita se reduce en aproximadamente 7%. Es claro, entonces, que la situación de «país de ingreso medio» se alcanzó por el crecimiento espectacular de los precios de los minerales y que este ingreso no será sostenible (y tenderá a disminuir) en los próximos años.
 
La «trampa» del estilo de crecimiento
 
El incremento del ingreso per cápita revela, además, el aumento excesivo de la desigualdad en la distribución del ingreso. Los datos son escalofriantes. Supongamos que el producto per cápita de S/. 18,665.9 registrado en el año 2014 corresponde al nivel superior del rango de ingresos mensuales que define al grupo social denominado «clase media». Este es un supuesto realista de acuerdo a varios estudios sobre el tema. El ingreso promedio mensual en empresas «de 1 a 10 trabajadores» donde se encuentra cerca del 77% de la PEA Ocupada  representa solo el 5.6% de este «ingreso» per cápita. El sueldo promedio de los maestros representa el 16%. El sueldo neto promedio de los profesores principales y asociados en universidades privadas representa un poco más de 42% y el de los profesores de universidades públicas no llega al 32% del citado producto o «ingreso» per cápita.
 
Además, ese producto per cápita alcanzado en 2014 corresponde a una estructura productiva que no es el de los países que industrializaron su economía y diversificaron sus exportaciones antes de llegar a la llamada «trampa del ingreso medio».  El patrón neoliberal de acumulación de capital de los últimos veinticinco años consolidó, en nuestro país, una estructura productiva, menos industrial y más productora de servicios de baja productividad, y primario exportadora. Por eso el crecimiento impulsado por los altos precios de los minerales no se sustentó en aumentos sostenidos de la productividad y, por lo tanto, no condujo a ganancias de genuinas de competitividad.
 
Finalmente, hay que señalar que ese patrón de acumulación de capital descuidó el desarrollo de mercados internos. Aumentó de manera espectacular las importaciones y convivió con una fuerza laboral con sueldos y salarios reales estancados y de baja calificación y productividad. El salario real promedio del período 1990-2014 no llega al 40% de su valor registrado en el año 1987.
 
Con el motor externo apagado y en mediante la profundización de las reformas neoliberales (como la denominada reforma laboral que elimina derechos de los trabajadores), no hay manera de salir del actual cuasi-recesión o enfriamiento económico. En consecuencia, no estamos en la «trampa del ingreso medio» sino en la trampa del propio patrón de acumulación de capital y de la estructura productiva configurada en las dos décadas de neoliberalismo.
 
A modo de conclusión
 
Para salir de la trampa a la que nos ha conducido el modelo neoliberal, hay que sustituirlo por otro donde sea posible aumentar el stock de capital per cápita al ritmo requerido por el crecimiento de la PEA y la conversión del subempleo en empleo adecuado.
 
 
Publicado en el diario UNO, el sábado 23 de enero

Fecha Publicación: 2016-01-16T21:18:00.002-08:00

La campaña electoral actual ha puesto en debate otra vez el tema de la identificación de los actores sociales y económicos en las propuestas de transformación del país. En el abanico de la izquierda y el progresismo se encuentran los que sostienen que el neoliberalismo ha abierto grandes oportunidades al denominado «emprendedurismo», identificando como su enemigo principal al Estado. Por esta razón, los «pobres convertidos en empresarios» (los microempresarios), constituirían el motor del desarrollo (véase mi artículo del 26/09/2015).

Pero en este mismo abanico, están los que provienen de los partidos de clase que todavía no han hecho el esfuerzo de actualizar sus planteamientos ideo-políticos a la realidad actual, del país y del mundo. Es difícil afirmar que la clase obrera o campesina protagonizarán el cambio, cuando cerca del 74% de los trabajadores son informales y que en su gran mayoría son microempresarios. Como se encuentran atrapados ideológicamente, no identifican los problemas fundamentales del país y menos sus soluciones. Si renunciaran a su endogamia (un amigo me dice, al complejo de Colón), habrían aprovechado la difusión del plan La Gran Transformación, para iniciar un debate sobre cómo salir del entrampamiento al que nos ha conducido el neoliberalismo, sin renunciar al objetivo de la emancipación social y en democracia.

La causa de la expansión de las PYMES y MYPES

Decir que las micro y pequeñas empresas de nuestro país no pueden liderar solas el crecimiento y desarrollo (no pueden “jalar” al conjunto de la economía), es una verdad de Perogrullo. Son empresas dedicadas al comercio y a los servicios, y fundamentalmente operan con trabajadores de baja calificación y productividad. Pero de aquí pasar a afirmar que el liderazgo le corresponde a la gran y mediana empresa, es desconocimiento total de los procesos económicos registrados por la historia y la teoría del desarrollo. Hay, pues, un falso dilema que es necesario aclarar.   

No son los tamaños de las empresas, sino los sectores en los que ellas operan las que pueden tener capacidad de arrastre e imprimirle dinamismo al conjunto de la economía. Ciertamente, no son los sectores de producción de no-transables ni los primario exportadores los que tienen esta capacidad. Estos últimos fueron los que precisamente lideraron el crecimiento en los últimos veinticinco años. La especialización en la producción primaria de alta renta natural, en un contexto de desregulación de los mercados y de una sistemática apreciación cambiaria, dio lugar a una tasa de acumulación de la capacidad productiva per cápita insuficiente para absorber, con empleos adecuados, a la creciente población económicamente activa. En verdad, el cambio en el estilo de crecimiento y acumulación de capital ocurrió desde la aplicación de las políticas de ajuste estructural.

Esta insuficiente acumulación de capital es la responsable de la existencia de subempleo, del autoempleo y de la informalidad. El capital extranjero usufructúa la alta rentabilidad de los recursos naturales que explota (o de los mercados cautivos en los que opera, como la telefonía), mientras que los inversionistas privados nacionales (agrícolas e industriales) tienen una restricción de financiamiento (enfrentan tasas de interés real onerosas) que les impide acumular capital a una tasa adecuada para reducir el subempleo y detener el crecimiento de la informalidad. 

La ausencia de mercados internos dinámicos

Pero los inversionistas nacionales tienen también una restricción de mercado. Los ajustes fiscales efectuados en los años ochenta y noventa, por la crisis de la deuda y sus secuelas, se hicieron mediante contracciones importantes de la inversión pública que condujo al descuido de la infraestructura, agravando, con ello, la desconexión de la economía con la geografía y demografía del país. En los años 2001-2008 la inversión pública fue de solo 3.2% del PBI, casi la tercera parte de la registrada en los años 1981-1985 (9.0%). En los años 2009-2013 aumentó a únicamente 5.5% del PBI.

La caída relativa de la inversión pública no permitió integrar económica y socialmente a los dos Perú, el oficial y el otro Perú de los que nos hablaba José Matos Mar. Esta desarticulación mantuvo mercados internos poco dinámicos y no permitió crear otros a lo largo y ancho del país. Esta es la razón por la cual las inversiones en regiones atrasadas del país no son rentables, lo que a su vez explica la baja tasa de acumulación de capital per cápita.

El neoliberalismo, además, al abrir el comercio y mantener un tipo de cambio apreciado, afectó la rentabilidad de las inversiones en las actividades de producción de bienes transables de la economía. La estructura de precios relativos se hace desfavorable a este tipo de producción de transables o comercializables, dando lugar a una reasignación de recursos a favor de las actividades terciarias y no-transables de comercio, servicios y construcción.  Esta pérdida de rentabilidad de las inversiones, en particular en el sector manufacturero, ocurre al mismo tiempo que se contrae el mercado interno de este sector. A todo esto hay que agregarle otro efecto contractivo del mercado interno causado por el mantenimiento de salarios reales bajos y estancados como resultado de la desregulación del mercado laboral.  

A modo de conclusión

En consecuencia, las políticas y reformas neoliberales de los últimos veinticinco años configuraron una estructura económica dominada por pequeñas y micro empresas que operan como estrategias de autoempleo, optan por la informalidad y producen para mercados internos atrasados y poco dinámicos. Como se sabe, estas empresas se ubican en sectores o actividades de baja productividad y donde predomina el empleo no calificado. 

 


Publicado en el Diario UNO, el sábado 16 de enero de 2016

Fecha Publicación: 2016-01-16T21:15:00.003-08:00
La composición de las planchas presidenciales para las elecciones generales de abril de 2016, revela la crisis profunda por la que atraviesan los partidos políticos de nuestro país. Sin ideario ni principios, vacíos de contenido y varios de ellos vinculados directa o indirectamente con el narcotráfico y la corrupción, estos partidos han constituido sus planchas presidenciales sobre la base del oportunismo y sin visión de país. En la constitución de sus fórmulas presidenciales han primado los intereses privados y oligárquicos, junto a una práctica proveniente de marketing, ambas prácticas ajenas a la virtud cívica y a la democracia.  

Partidos sin contenido ideo-político 

Hay varios factores que explican esta situación. El neoliberalismo desapareció completamente las diferencias ideológicas  de casi todos los partidos políticos. El mercado auto-regulado y la economía se impusieron sobre la política. La oposición a la intervención económica del Estado desapareció a los proyectos políticos nacionales. El individualismo se impuso sobre lo social y el bien común. Este proceso de indiferenciación ideológica condujo al total abandono de la ética en las acciones políticas. La política se convierte en marketing para acceder al poder y usufructuarlo en provecho propio. El recurso a la “política social” en el discurso electoral es el mecanismo a través del cual se busca el apoyo electoral de los votantes en los procesos de elección popular. No hay interés por la vida en común y menos, ciertamente, en el fortalecimiento de los mecanismos democráticos de control popular a sus elegidos o representantes.

El otro factor de indiferenciación de los partidos y vaciamiento de sus contenidos fue la caída del Muro de Berlín.  La existencia de este Muro era el símbolo de la diferenciación entre partidos de derecha e izquierda. El definitivo derrumbamiento de los países llamados socialistas,  puso al descubierto dos cosas. Primero, la ilegitimidad de ese régimen debido a la contradicción entre el discurso a favor de la clase obrera “emancipada de la dominación burguesa” y la práctica política antidemocrática, la presencia de un poder burocrático autoritario, oligárquico y, por lo tanto, privilegiado económica y socialmente. Segundo, la ilegitimidad de la democracia liberal debido a la constitución de una clase política que opera siguiendo una lógica totalmente ajena a la idea democrática de la soberanía de la comunidad de ciudadanos. Como dice Eloy García, “la lógica del poder –la política concebida en el sentido weberiano de la lucha por el liderazgo, la dominación y la consecución de un séquito—sustituye a la política de las ideas entendidas como un instrumento de transformación desde la razón y la ilusión que, según sus propios postulados, debiera caracterizar al régimen liberal-democrático”.

Los partidos de derecha, sin embargo,  aprovechando la caída del muro de Berlín contribuyeron, todos, a la imposición del neoliberalismo; pero, al hacerlo, dejaron de tener identidad y apoyaron la pérdida de soberanía de sus Estados Nacionales, contribuyendo a erosionar aun más las instituciones democráticas. Con el neoliberalismo y la globalización se amplió el ámbito de los contratos y se redujo el de las leyes en casi todas las democracias, lo que significa –según Todorov--  que “se restringió el poder del pueblo para dar libre curso a la voluntad de los individuos”. Dado que la globalización “no procede de ningún Estado ni de ninguna legislación, se recurre exclusivamente a los contratos. Poco le importan los países”. El Estado pierde soberanía a tal punto que puede ser juzgado por tribunales internacionales si, en opinión del capital transnacional respectivo, incumple esos contratos. Los partidos ya no son “instrumentos de sociabilidad política”, ya no importa el ideario que les proporciona identidad. En este contexto –como dice Eloy García—se abre paso la Ley de Gresham de la oligarquía partidista; “solo que en este caso es el militante burdo y disciplinado –y no la moneda mala—el que expulsa al inteligente y con iniciativas”.

La ausencia de reacción de la izquierda

Si bien la indiferenciación de los partidos tradicionales con la pérdida de sus identidades no alcanzó a las izquierdas partidarias e intelectuales de nuestro país, estas no remozaron sus idearios y propuestas políticas. No redefinieron la relación entre el Estado y el Mercado, a pesar que la construcción definitiva de la nación requiere de la creación y desarrollo de mercados internos. No fundamentaron su adhesión a la democracia ni construyeron un ideario democrático basado en la noción de bien público, de la virtud cívica, de los mecanismos de control de los representantes del pueblo para evitar la enajenación de su soberanía,  de la pluralidad y, lo que es peor, no recusaron la tradición del partido de la clase obrera y de la dictadura del proletariado. Como no lo hicieron, queda la duda de si su prédica a favor de la emancipación social es compatible con la democracia. 

Por las mismas razones, los partidos de izquierda no tienen una concepción explícita de la libertad como no-dominación que es la que sería compatible con el principio democrático del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esta concepción de la libertad es distinta de la liberal y neoliberal que fundan la libertad en la ausencia de interferencia del Estado en las decisiones individuales. La libertad concebida como ausencia de dominación exige condiciones materiales de existencia. Finalmente, hay que señalar que tampoco sabemos si las izquierdas tienen el esbozo de las características de un “modelo” distinto al capitalismo neoliberal compatible con la democracia. 

A modo de conclusión

Por la ausencia de renovación de su ideario, los líderes de la izquierda siguen actuando con la misma lógica de las oligarquías partidarias de derecha. Se perciben distintos, pero en realidad son iguales en su práctica política. No actúan con ética ni transparencia. Son calculadores y desleales. Por lo tanto, no hay nada nuevo en sus maneras de hacer política. Su fragmentación es resultado de la ausencia de un ideario común. Divididos como están, serán incapaces de impedir, en las próximas elecciones, la continuidad de los partidos del neoliberalismo.



Publicado en el Diario UNO, el sábado 2 de enero de 2016

Fecha Publicación: 2015-12-24T09:40:00.002-08:00
La economía peruana va camino al estancamiento económico en consonancia con la disminución de los precios de los commodities y el débil dinamismo de la demanda externa. Este entorno internacional desfavorable tardará varios años en revertirse. Si se considera que en los últimos quince meses los sectores manufactura y construcción han registrado tasas negativas de crecimiento, se puede afirmar que, para propósitos prácticos, la economía ya se encuentra en recesión. De otro lado, el bajo crecimiento del empleo registrado recientemente (alrededor de 2%), es de baja calidad. Crece el subempleo mientras el empleo adecuado ya no crece.
 
El crecimiento del PBI durante estos mismos meses --que en promedio se ubica por debajo del 3%--, se explica fundamentalmente por la expansión de la producción de los sectores terciarios: estos crecen por encima del 5% con la «ayuda» del INEI. Por ejemplo, en los últimos 24 meses los servicios financieros y seguros y los servicios prestados a empresas, crecieron a las tasas promedio mensual-anualizadas de 11.6% y 5.98%, respectivamente.  
 
Revertir la desaceleración del crecimiento de la producción y el empleo con políticas macroeconómicas contra-cíclicas, sin cambiar el estilo de crecimiento y en un contexto externo económico y financiero desfavorable, es difícil. Hay, además, una situación interna que exacerba esta dificultad. El 33% de los créditos están dolarizados; el aumento del tipo de cambio –que se acentuará con la reciente elevación de la tasa de interés de la FED--, incrementa la inflación; las reservas internacionales del Banco Central (BCR) han caído en cerca de 50% (ahora dispone de solo US $ 25,226.36 millones, equivalente al 12.4% del PBI). Esta es una realidad que ha obligado al BCR a subir su tasa de interés de referencia en dos ocasiones, situándola desde el 9 de este mes en 3.75%.
 
La oportunidad para cambiar el modelo económico
 
La actual crítica situación económica que se da en el contexto de una profunda crisis política, ha generado nuevamente, como en otras ocasiones en la historia económica de nuestro país, una gran oportunidad para iniciar el camino al desarrollo. Es la hora de cambiar el modelo de crecimiento y acumulación de capital. Es la hora de emprender un proceso de industrialización de nuevo tipo, basado en la agricultura y en la agroindustria, y con políticas macroeconómicas adecuadas a este propósito.
 
Esta oportunidad está caracterizada por la caída de los términos de intercambio y una demanda externa por commodities, cuya debilidad se prolongará por varios años, acompañada de condiciones financieras desfavorables a la práctica rentista (carry trade)  de endeudarse «barato» en el extranjero para prestar «caro» en la economía doméstica. Hemos pasado de un largo período de apreciación cambiaria que le quitó competitividad a las actividades transables y manufactureras, a otra de signo contrario: aumenta el tipo de cambio y, bajo ciertas condiciones de política, se genera la posibilidad de diversificar e industrializar la economía. Hemos pasado de una situación donde el financiamiento del crecimiento provenía básicamente de la inversión extranjera y de los influjos de liquidez internacional, a otra que, sin rechazar la inversión extranjera, exige promover la inversión privada nacional orientada a la diversificación productiva y basar el financiamiento del crecimiento en el desarrollo del mercado de capitales en moneda local. En fin, podemos decir que hemos pasado de un largo período de pérdida de la autodeterminación nacional en las decisiones de política económica, a otra donde se abren posibilidades de un manejo soberano de la política monetaria y cambiaria, y de cambio en la orientación de la política fiscal y de inversiones públicas.     
 
Políticas macro para iniciar el cambio del modelo
 
En primer lugar, hay que recuperar el manejo soberano de la política cambiaria para convertirlo en el principal instrumento de diversificación productiva. Esto requiere terminar con la dolarización de los créditos y adoptar restricciones fiscales o de otro tipo principalmente a la entrada de capital especulativo internacional. Hay que impedir la práctica rentista del «carry trade» por parte de la banca comercial.
 
En segundo lugar, hay que recuperar también el manejo soberano de la política monetaria, para que el BCR no siga subiendo su tasa de interés en pleno enfriamiento económico, por temor a los efectos del aumento del tipo de cambio. Este riesgo desaparece en un sistema financiero que no dolariza los créditos, pero también cuando se morigera la vulnerabilidad de la economía al movimiento del capital especulativo internacional. Un instrumento de política adicional que permitirá mejorar la eficiencia de la política monetaria, es el desarrollo del mercado de capitales en soles. Con un mercado de capitales dinámico y en expansión aumenta la competitividad en el mercado financiero y abarata el costo del endeudamiento doméstico en moneda local.
 
En tercer lugar, adecuar la política fiscal al objetivo del crecimiento y del cambio estructural. Esto requiere priorizar la inversión en infraestructura pública sobre la base de un reordenamiento territorial que dé lugar a un nuevo esquema de regionalización. La diversificación productiva y el cambio en el actual modelo de crecimiento no pueden realizarse bajo el actual esquema de «regionalización». De otro lado, sin capacidad financiera el Estado no puede promover el cambio estructural. Es necesario entonces reformar el sistema tributario para hacerlo más progresivo y combatir la evasión y la elusión.
 
A modo de conclusión
 
El esbozo de política macro presentado aquí se orienta a promover el desarrollo de mercados internos para apuntalar el cambio estructural. No limita sino que aumenta los espacios de acción del mercado, pero al mismo tiempo exige una revalorización del papel del Estado. Hay que abandonar el tratamiento contrapuesto y dicotómico del Estado y el mercado que hace el neoliberalismo. 
 
 
 
Publicado en el diario UNO, el sábado 19 de diciembre de 2015

Fecha Publicación: 2015-12-16T06:43:00.003-08:00
¿Será posible crecer a la tasa de 6% promedio anual como en 2003-2013, manteniendo el actual modelo de crecimiento y acumulación de capital? O, más específicamente, ¿será posible crecer a esa tasa solo con impulsos monetarios y fiscales? La respuesta es NO. El fin del súper-ciclo de las materias primas ha mostrado la fuerte dependencia del estilo de crecimiento respecto del aumento de la demanda externa y de los precios de los minerales. En el contexto de libre comercio y desregulación de los mercados, en particular de los mercados de trabajo y financiero, el aumento sostenido de los términos del intercambio acentuó la especialización de la economía en la producción de materias primas y de servicios no transables, y desestimuló la producción de transables por su efecto contractivo del tipo de cambio real.
 
Camino al estancamiento económico
 
Hay, en desarrollo, una tenencia al estancamiento económico que tomará varios años en revertirse y que ha sido configurada fundamentalmente por factores externos. Los factores internos, como veremos, solo acentúan esta tendencia. La principal razón, entonces, de esta tendencia es la persistencia de un contexto externo desfavorable al crecimiento económico.
 
Por un lado está la desaceleración económica de China. Durante el boom de los precios de los minerales, la economía china creció a una  tasa superior al 10%. China crece ahora a una tasa menor al 7% y ha cambiado de estrategia orientándose más al mercado interno. Las altas tasas de crecimiento de la economía china casi duplicaron sus importaciones de cobre, que es el principal producto de exportación peruano. En general, los precios de los metales aumentaron de manera espectacular, pero ahora muestran una tendencia a la baja.  El precio del Cobre aumentó de 1650.31 US$/TM en enero de 2003 a 9880.94 US$/TM en febrero de 2011; después registra una tendencia a la baja que continúa. Su precio disminuyó a 5516.09 US$/lb en octubre de 2015. De otro lado, el precio del Oro aumentó de 356.86 US$/oz.tr en enero 2003 a  1747.05 US$/oz.tr en octubre 2012; hora sigue una tenencia a la baja: en octubre de 2015 descendió hasta 1159.44  US$/oz.tr.
 
El otro factor que conspira contra el crecimiento económico peruano es el cambio de signo en las finanzas internacionales. La crisis de 2008-2009 generó un periodo de financiamiento barato para países de los llamados mercados emergentes.  La FED redujo su tasa al rango de 0 y 0.25%. Entraron capitales y aumentó el crédito en moneda extranjera en nuestro país con el beneplácito del Banco Central (BCR).  Los créditos en moneda extranjera a familias y empresas con ingresos en soles, alimentaron el problema de hoja de balance cuyo desenlace preocupa ahora al BCR por el alza del tipo de cambio y la dolarización de los créditos en cerca de la tercera parte del total.  
 
A comienzos de 2013 la FED anunció moderar su política monetaria. Redujo gradualmente la inyección de dólares a su economía mediante el programa de compra de bonos (Quantitative Easing-QE) que llegó a 85 mil millones mensuales. En octubre de 2014 la FED decidió concluir progresivamente este programa de inyección de liquidez, al mismo tiempo que anunció subir su tasa de interés en setiembre de 2015. El cumplimiento de este último anuncio fue pospuesto hasta el mes de diciembre de este año. Es posible, entonces, que la FED suba su tasa en cualquier momento de este mes.
 
Desde que la FED anunció la «moderación» de su política monetaria, el tipo de cambio empezó a subir después de haber caído sistemáticamente desde agosto de 2006. Esta presión al alza del tipo de cambio fue acentuada por la consecuente dolarización de los depósitos y portafolios de familias, empresas e inversionistas institucionales, en particular, de las AFP que son las que más se han «beneficiado» de las actuales condiciones desfavorables de las finanzas internacionales. Según información del propio BCR, entre setiembre y octubre los depósitos en dólares pasaron de 70.5% a 81.4%.
 
Debido a que los capitales seguirán saliendo dado que el alza de las tasas de interés en Estados Unidos continuará en el año 2016, el aumento del tipo de cambio continuará, fomentando la especulación en el mercado cambiario o reforzando la preferencia por los ahorros y depósitos en dólares. El BCR facilitó la dolarización de los créditos y ahora no puede impedir la dolarización de los depósitos. Desde que se inició la presión al alza del tipo de cambio, ha quemado cerca del 49% de sus reservas (posición de cambio).  Ahora tiene sólo US $ 25,258.1 millones, monto parecido al de la primera quincena de abril de 2010.  Además, el aumento persistente del tipo de cambio seguirá presionando al alza de la tasa de inflación que ahora está por encima del 4.1%.
 
Los factores internos
 
El aumento de la inflación que genera la tendencia creciente del tipo de cambio será reforzado por las consecuencias negativas del fenómeno del Niño en la producción agrícola y actividades conexas. Este fenómeno natural se adiciona a lo hecho por las autoridades económicas.
 
El contexto macroeconómico monetario interno es, en la actualidad,  anti-crecimiento. La tasa de interés de referencia del BCR estuvo en 4.25% entre mayo 2011 a octubre 2013. Durante este mismo período la tasa promedio de inflación fue de 3.4% (por encima del límite superior del rango meta). En octubre de 2013 la tasa de interés de referencia bajó a 3.25% y se mantuvo en este nivel hasta enero de 2015. La tasa de inflación promedio durante este período fue de 3.3%.
 
Como se sabe, la disminución de la tasa de interés de referencia tiene como objetivo estimular la demanda y, por tanto, el crecimiento. Pero desde abril de 2013 el tipo de cambio empieza a aumentar presionando al alza de la inflación. Por esta razón, en setiembre de 2015 el BCR elevó su tasa de referencia a 3.50% en un contexto de demanda débil y bajo dinamismo del consumo. Dos factores relacionados explican este signo de política del BCR: su temor a la inflación y al aumento del tipo de cambio por el problema potencial de hoja de balance.
 
A modo de conclusión
 
Si la FED sube su tasa de interés y continúa haciéndolo en 2016, el BCR se verá obligado a también subir su tasa de interés de referencia, por las razones anteriores. No será posible entonces contar con una política monetaria contra-cíclica en ni en este ni en el próximo año. Solo nos queda la política fiscal para enfrentar la caída de la producción. Aun así el crecimiento de los próximos años se situará por debajo del 3.5% anual.
 
 
 
Publicado en el Diario UNO el sábado 12 de diciembre.

Fecha Publicación: 2015-11-29T07:55:00.000-08:00
Las AFP han mostrado ser, aquí y en el propio Chile cuyo modelo copiamos, auténticas instituciones extractivistas. Siempre ganan, pero pagan pensiones muy por debajo de los ingresos percibidos antes de la jubilación. La tasa de reemplazo (proporción de la remuneración promedio cubierta por la pensión) en el año 2014 fue de 40%. Lo más probable es que, debido a su alta varianza, la tasa de reemplazo sea inferior al 20% para por lo menos el 50% de sus afiliados. En Chile, para este mismo porcentaje de afiliados con pensión, la tasa de reemplazo no supera el 15%.
 
De acuerdo al estudio de Cruz Saco, Mendoza y Seminario, profesores de la Universidad del Pacífico, «las comisiones son tan elevadas que la rentabilidad de las AFP es más de cuatro veces la de los fondos que administran desde el 2000. (…) El rendimiento de las AFP está vinculado estrechamente a las comisiones de administración cuyo pago es independiente de la evolución del valor cuota de los fondos. Ello implica que aún durante situaciones de crisis financiera, las AFP continúan recibiendo ingresos por comisiones mientras que los rendimientos de los fondos podrían ser negativos».
 
El carácter rentista o extractivista de las AFP es evidente. Son instituciones diseñadas para «extraer ingresos y bienestar» de los trabajadores y pensionistas en beneficio de sus propietarios. El intento de alargar la esperanza de vida de sus afiliados y con ello aumentar sus beneficios y reducir las pensiones, en colusión con la SBS, fue otra muestra bochornosa de su rentismo. La pensión promedio que otorgan estas instituciones, según información de 2014, es de 977 soles, solo 30% más que el salario mínimo.
 
La propuesta de reforma que no se discutió
 
Las AFP no participan activamente en el desarrollo del mercado de capitales en soles, ni en la generación de cambios tecnológicos en sentido amplio, y menos en las innovaciones que requiere el propio sistema financiero. Su carácter extractivista le hace daño al desarrollo y al bienestar de la población. Urge transformarlas radicalmente construyendo un sistema de pensiones redistributivo, solidario y de carácter fundamentalmente público. Prolongar su existencia no tiene sentido.  
 
Es bueno recordar la propuesta de reforma que hicimos en el Plan La Gran Transformación 2011-2016. Según esta propuesta el sistema de pensiones debía sustentarse en dos pilares (página 173):
a.    Un pilar público que garantice pensiones de jubilación para todos y que esté constituido por dos componentes: a) El contributivo-obligatorio (base de este primer pilar) en el que se otorgue una pensión de acuerdo a la edad y al número de cuotas aportadas. La afiliación en este sistema contributivo sería obligatoria para todos los trabajadores activos, tanto asalariados como independientes cuya aportación estaría en función de sus salarios o ingresos; y, b) el no contributivo, en el que se otorgaría una pensión básica para todos los adultos mayores de 65 años. Esta opción sería financiada básicamente por impuestos.
b.    El pilar privado, complementario y no alternativo al primero, totalmente voluntario. Estaría basado, como es ahora, en cuentas de capitalización individuales para trabajadores asalariados e independientes. Los aportes se determinarían en función del nivel de ingresos que excede al tope establecido para determinar las contribuciones al pilar público.
 
De acuerdo con esta propuesta, entonces, a la pensión del sistema público se le adicionaría una pensión complementaria en función de lo aportado y del rendimiento del fondo de su cuenta de capitalización. Pero, además, el sistema de pensiones propuesto tendría una cobertura universal porque tiene un componente  no contributivo, Pensión 65, focalizado precisamente en sectores de la población más vulnerables.
 
Modificaciones a esta propuesta de reforma
 
Lo que debe guiar esta reforma es el carácter público que debe tener todo sistema de pensiones, carácter que ha sido desvirtuado por las AFP. La sociedad en su conjunto se beneficia cuando los jubilados y las personas de sectores vulnerables perciben pensiones que les permite vivir su vejez con decencia y dignidad.
 
Con este fin planteamos una modificación de la propuesta anterior, incorporándole las medidas de cambio que se han sugerido en el reciente debate sobre el tema. Se mantendría Pensión 65 con una cobertura mayor y un monto de pensiones más alto. El monto de la pensión inicialmente planteado fue de 250 soles, pero este gobierno lo redujo a la mitad.
 
En primer lugar, se debe reformar el actual sistema público contributivo que gestiona la ONP para que el pilar público propuesto se constituya en parte fundamental del sistema de pensiones. Su reforma puede contemplar la introducción de  una administración con un directorio independiente, con un buen gobierno corporativo y con equipos de inversión especializados y calificados. Su objetivo debería ser rentabilizar y acrecentar el fondo, para que la tasa de reemplazo se ubique por encima del 80%. Se puede subastar periódicamente la administración financiera de este fondo, con normas que aseguren su autonomía frente a los gobiernos de turno.
 
En segundo lugar, el pilar privado, complementario y totalmente voluntario, puede tener dos opciones. Las cuentas individuales de capitalización como las que hay ahora y el ahorro individual en cuentas bancarias a plazo fijo abiertas periódicamente mediante subastas en el sistema bancario con el propósito de conseguir la más alta tasa de interés.
 
En tercer lugar, en el período de transición, de llevarse a cabo la reforma, deben liberarse los fondos acumulados por las actuales AFP en un porcentaje de determinen los propios aportantes, en los siguientes casos: a) cuando sus afiliados cumplan los 65 años y/o cuando decidan jubilarse; b) cuando el afiliado sufra una enfermedad terminal; y, c) cuando el afiliado menor a los 65 años desee invertir su dinero en la compra de una vivienda.
 
A modo de conclusión
 
Esta propuesta de reforma es para debatir. Con las críticas, comentarios y otras propuestas complementarias se puede mejorar. Lo que sí no podemos permitir es que un sistema fracasado siga afectando a sus afiliados.
 
 
 
 
 
 
Publicado en el Diario UNO el sábado 28 de noviembre. 
 

Fecha Publicación: 2015-11-21T04:50:00.002-08:00
Con la caída del muro de Berlín (1989) los partidos políticos quedaron huecos de contenido ideo-político. De pronto –como dice Eloy García—se extendió a todos «los confines de la tierra (…) las ideas de la Constitución, derechos del hombre, legalidad y juridicidad del poder, representación, partidos y elecciones libres». Pero en ese mismo momento «en las democracias constitucionales comenzaba a evidenciarse una creciente degradación en los valores, en las normas, en las instituciones, en lo político y en lo jurídico».

En realidad, esta degradación aumenta en intensidad con la imposición del neoliberalismo desde inicios de los años ochenta. La política se convirtió en propiedad privada de las «oligarquías políticas» («clase política», le dicen) «que operan siguiendo una lógica ajena a la idea democrática», y sus partidos devinieron –por lo menos, en nuestro país-- en «grupos de interés» constituidos por un caudillo y su entorno, unos con algo de historia pero que ya no les sirve y otros que aparecen solo en las coyunturas electorales. La democracia para estas oligarquías es un acto procedimental de elecciones periódicas que usan para confiscar el aparato institucional del Estado.

Neoliberalismo, Corrupción y pérdida de ciudadanía

Con el neoliberalismo, entonces, la política fue sustituida por la economía, lo público por lo privado y el interés común por el individualismo. Así, el camino hacia la corrupción por el que transitan las facciones oligárquicas se hizo más directo y descarado. La corrupción, y no la virtud cívica, se convirtió en una forma de gobernar y de hacer «política». Piénsese en los actuales candidatos punteros en las encuestas, y en los caciques regionales y locales. Todos han pervertido el sentido original de la política, enajenándola completamente al quitarle su propiedad de ser práctica social orientada al bien común. Cuando se pierde interés por lo público, también se pierde el comportamiento ético y, por lo tanto, el sentido de la política como práctica de la virtud cívica, como la participación de la ciudadanía en los asuntos colectivos, como «un espacio de convivencia y de creación junto a los otros» (Abellán López, 2014).

En nuestro país, las reformas y políticas neoliberales de los noventa generaron el contexto institucional apropiado para que la corrupción alcanzara su máximo nivel, y se propagara a todos los poderes y organismos del Estado. No hay que olvidar que en el año 2000, Alberto Fujimori fue re-relegido en segunda vuelta con el 74% de los votos (ganándole a un recién llegado a la «política») y que luego renunció por fax (21-11-2000) tras divulgarse evidencias de actos de corrupción durante los años en el que estuvo usufructuando  el poder del Estado. Lo que siguió después no fue, como dicen algunos, una transición a la democracia, pero sí fue un momento desperdiciado porque nadie tenía un esquema institucional, con un sistema de partidos políticos de nuevo tipo, para rescatar el sentido original de la democracia. Y, ciertamente, no se podía rescatar el sentido original de la democracia, con un modelo económico que subordinaba la política a la economía y hacia elogio del individualismo.

En los años que siguieron al «fujimorato» la democracia procedimental se adecuó al neoliberalismo. Los ciudadanos aparecen solo durante los procesos electorales, para después, pasada la votación, dejar de serlo. Pero, ni siquiera en el momento de depositar el voto en las ánforas son «ciudadanos libres», porque --como dice Eloy García—lo impide el control mediático de la sociedad. No hay ciudadanos, hay electores limitados en su libertad de elegir. Además, la práctica política de las oligarquías, viejas o de nuevo cuño, bloquean el desarrollo de la ciudadanía, de la misma manera como la concentración del poder económico, la concentración de la información  y la privatización de la política impiden el desarrollo de la democracia.

La corrupción y la impostura son las características del actual Estado Constitucional Neoliberal en nuestro país y que atentan contra la esencia misma de la  democracia: «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo». Piénsese en el magistrado del CNM recientemente vacado para quien «Haber cobrado 100 dólares por expediente será inmoral, pero no es delito»; o en el «político que roba, pero hace obras» elegido alcalde; o en el actual «candidato que indultó a delincuentes y narcos»; o en la candidata fujimorista que aprendió de su padre cómo se hace «política»; o, en fin, en el candidato propietario de universidades que declara ganar adeptos regalando artefactos domésticos y dinero. La experiencia nos dice que estos y sus entornos, una vez elegidos (presidente y congresistas), sirven a los grupos de poder económico que los «ayudaron».

Por último, hay politólogos y «políticos» que defienden la reelección de los que ejercen la representación por elección popular. Pero, la reelección es contraria al principio democrático de rotación, principio que es fundamental para promover la participación y el ejercicio ciudadano de la virtud cívica. Sin rendición de cuentas ni mecanismos directos de control ciudadano, la representación y su mecanismo de reelección le quitan legitimidad a la democracia. Los ciudadanos dejan de ser los verdaderos sujetos políticos, pues su participación se limita al acto periódico de votar.

¿Qué hacer para construir ciudadanía y democracia?

Nuestro país requiere una democracia con participación ciudadana y una concepción de la política como «ejercicio público de un mandato colectivo». Esta es la democracia republicana, que se funda en la participación directa de los ciudadanos en todos los ámbitos de su vida en comunidad; que supone limitar y controlar el poder de los elegidos, mediante mecanismos institucionales explícitos (desde las revocatorias bien reguladas, la rendición de cuentas, la rotación o la no reelección, las listas abiertas, etc.); pero, que también exige un diseño institucional que impida la injerencia de  los grupos de poder. De otro lado, los partidos, sobre todo los que tienen un pasado de izquierda, deben convertirse en «escuelas» de ciudadanía; en verdaderos «cauces fundamentales de representación, mediación y participación política». Hay dos ciudadanos que, si los elegimos, pueden llevar adelante estas reformas con un nuevo contrato social: Gonzalo García y Verónika Mendoza, Verónika Mendoza y Gonzalo García. Ninguno tiene el lastre de las oligarquías políticas.
 
 
 
Publicado sin la última parte por el Diario UNO, el sábado 21 de noviembre.

Fecha Publicación: 2015-11-09T14:05:00.000-08:00
Para entender lo que ocurre con el mercado, la democracia, los procesos políticos y el desarrollo, lo que importa es la calidad de las instituciones --no si son débiles o fuertes. Hay instituciones fuertes, pero que promueven la concentración de poder y favorecen la presencia de oligarquías rentistas en la economía y en la política que impiden el desarrollo social. Con este tipo de instituciones, que Acemoglu denomina extractivistas (o extractivas), la democracia pierde su sentido original, la impostura se convierte en característica de la política y la concentración del poder económico desaparece toda posibilidad de igualdad de oportunidades. Las oligarquías que dominan las instituciones extractivistas, se oponen por todos los medios a los cambios económicos, sociales y políticos. No promueven la innovación y se «asustan» ante la posibilidad de una destrucción creativa porque les puede desestabilizar su poder político y económico.
 
Las AFP están estructuradas para practicar el rentismo
 
Las AFP fueron creadas durante el «fujimorato». Su autor Carlos Boloña, ministro de economía en ese entonces, fue «nominado», tan pronto dejó la cartera, presidente de la AFP Horizonte. Desde su origen fue entonces una institución extractivista. Su creación afectó gravemente al sistema público de pensiones porque le quitó gran parte de sus afiliados y sus fondos. Las AFP nacen como un sistema alternativo al público, no como un sistema complementario.
 
El reciente desplome de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) revelóa que los aportes acumulados de los afiliados de las AFP se redujeron en cerca de 6 mil millones soles (de S/.121.388 millones en julio de este año bajó a S/.115.406 millones en octubre). Frente a este hecho las autoridades respondieron afirmando que este problema era de corto plazo y que, por tanto, se resolvía en el largo plazo. La mala gestión fue justificada apelando al ciclo, pero no dijeron si estas eran fluctuaciones sobre una tendencia de capitalización creciente. Pero tampoco les importó mencionar si se les compensaría a los afectados que les toca jubilarse entre este año y el próximo.
 
En el colmo del extractivismo, Luis Valdivieso, presidente de la Asociación de AFP, propuso que los afiliados realicen aportes voluntarios desde que ingresan al sistema de pensiones o se incremente la edad de jubilación, como una forma de atenuar efecto de la reciente elevación de la esperanza de vida de los aportantes en tres años y cuyo efecto sería la reducción de las pensiones entre 3% y 5%. 
 
Los propietarios de las AFP nunca pierden, siempre ganan, y su ganancia es básicamente rentista porque administran fondos que provienen de un descuento compulsivo de nuestros ingresos que el Estado les trasfiere sin condiciones. Desde su origen fueron estructuradas para beneficiarse de la extracción de recursos de los trabajadores. No protegen el derecho de propiedad de nuestros «ahorros forzosos», concentran el poder en un grupo financiero, especulan en el mercado cambiario, son rentistas y no contribuyen al crecimiento diversificado de nuestra economía.
 
Los que defienden a las AFP tiene argumentos contradictorios. Luis Valdivieso, por ejemplo, dice que «la recuperación de la rentabilidad de los fondos dependerá de la coyuntura internacional»; pero otros como el viceministro de economía piden que el límite de sus inversiones en el exterior se eleve para enfrentar en mejores condiciones la volatilidad de la BVL (Hasta agosto de este año las AFP tenían invertidos en el exterior cerca del 40% de su portafolio). Sin embargo, nadie recuerda la teoría que le dio origen, según la cual el sistema de capitalización es mejor que el de reparto, porque los fondos capitalizados contribuyen a aumentar la tasa de acumulación de capital.
 
Se puede «buscar una mayor diversificación y rentabilidad para las inversiones que hacen las AFP», no solo elevando el límite de sus inversiones en el exterior, sino también diversificando y expandiendo el mercado de capitales doméstico. Pero, ciertamente esta innovación es incompatible con el carácter extractivista de las AFP.
 
Urge destrucción creativa en el sistema privado de pensiones
 
Tenemos que pasar a un sistema que no cree desigualdades empobreciendo a los viejos y que respeten la propiedad de nuestros ahorros. No es verdad, como señala Stiglitz, que después de lo ocurrido en 2008, los fondos de pensiones sean mejor gestionados por los privados. Él recomienda una reforma como la que planteamos en el Plan La Gran Transformación. Un sistema multipilar con «bajos costos de transacción y muy buen servicio al cliente» como el que existe en los Países Bajos y Noruega, o que incorpore el modelo de fondo gubernamental canadiense con «independencia, altos retornos, baja volatilidad y costos de transacción, e, incluso, inmune a la influencia política».
 
Nosotros proponíamos los pilares público y privado complementarios y no alternativos. Un pilar público con un componente contributivo obligatorio (donde se determina una pensión básica) y otro no contributivo y redistributivo; y, un segundo pilar privado que sirva de complemento al primero, voluntario y basado en cuentas individuales como el actual.
 
A modo de conclusión
 
Hay que iniciar un debate sobre esta y otras propuestas. En la coyuntura actual urge la necesidad de transformar todas las instituciones extractivistas, en instituciones inclusivas. Nuestro país requiere una «distribución amplia y pluralista del poder» para emprender definitivamente la ruta del desarrollo.
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 07 de noviembre.

Fecha Publicación: 2015-11-02T12:42:00.003-08:00
El presidente Ollanta Humala afirmó recientemente que su gobierno «ha roto con el viejo poder de los poderes económicos» y que él trabaja para los de abajo. Este fue una lapsus línguae; una mala jugada de su inconsciente que, siguiendo a Freud, diríamos que revela precisamente una impostura. Es verdad que fue elegido por los de abajo, pero los traicionó al gobernar con el programa de los que perdieron las elecciones. Es verdad que en la campaña electoral fue vilipendiado por los grupos de poder económico, pero después se sometió a sus designios. El carácter indigno de este sometimiento ha hecho que estos mismos grupos de poder lleguen a aborrecerlo, como lo hicieron con Sánchez Cerro.
 
Las políticas macro y el crecimiento económico
 
Humala recibió una economía en crecimiento y la mantuvo en piloto automático. La economía siguió creciendo impulsada por factores externos favorables, a pesar de las políticas macroeconómicas que se aplicaron desde el MEF y el Banco Central. Durante el período 2003-2013 creció a una tasa de 6.1% promedio anual, excepto el año 2009, en el que la tasa baja hasta 0.9%. En 2014, año en el que se acentúa el enfriamiento, la tasa de crecimiento se redujo a 2.35% y, es altamente probable que en este año y en el próximo se sitúe por debajo de 3% promedio anual debido a que el contexto externo cambió de signo.
El crecimiento durante 2003-2013  no tuvo que ver ni con los tratados de libre comercio ni la política cambiaria. Las «políticas» cambiaria y comercial le quitaron competitividad a la producción y exportación de transables, en particular a la manufactura, al mismo tiempo que provocaron una notable penetración de importaciones en el mercado interno. Entre julio de 2006 y abril de 2013 los tipos de cambio real bilateral y multilateral cayeron 25.6% y 14.1%, respectivamente. (Entre 2002 y 2006 hubo un manejo más sensato de la política cambiaria). Las importaciones como porcentaje del PBI manufacturero aumentaron de 87.2% en 2002 a 146.2% en 2013. Ni la apertura comercial ni el atraso cambiario fueron, entonces, el motor del crecimiento.
El crecimiento tampoco tuvo que ver con las políticas fiscal y monetaria. En la década 2003-2013, la generación de superávit primario alcanzó el 2.6% del PBI, no obstante que el ratio de deuda a PBI había disminuido significativamente. Los cálculos del déficit estructural también muestran la práctica de una política fiscal contractiva. En plena desaceleración económica, desde 2014 se siguen generando superávit primarios. Este fue  de 2.1% en el primer semestre de 2015.
La política monetaria tampoco fue directamente pro-crecimiento. Creció el crédito doméstico estimulado por el contexto financiero externo favorable, pero se promovió su dolarización junto a una reducción sistemática del tipo de cambio real. Cerca de 32% del crédito doméstico total esta dolarizado, lo que genera un descalce de monedas que dificulta un manejo eficiente de las políticas monetaria y cambiaria durante la actual desaceleración del crecimiento.  
Los problemas económicos que deja Humala
No hay relación directa entre las políticas macro descritas y el crecimiento económico. Esas políticas (y las elevadas tarifas de los servicios públicos) fueron contrarias al desarrollo industrial y a la diversificación productiva, y le hicieron perder competitividad a los productores privados en los mercados internacionales.
Humala deja una economía camino a la recesión. Con el fin del súper ciclo de las materias primas, deja una economía relativamente menos productora de transables y, por tanto, menos industrial. La producción manufacturera como porcentaje de la demanda interna bajó de 17.5% en 2003 a 13.8% en 2014.  Además, esta producción está cayendo sistemáticamente desde julio de 2014 a una tasa de 2.6% promedio mensual anualizada.
No creció la capacidad productiva per cápita al ritmo necesario para crear puestos de trabajo adecuados y con ingresos decentes. Esta es la razón por la cual el 73.7% de los trabajadores son informales. Los salarios reales prácticamente se mantuvieron estancados: entre  2001 y 2013 crecieron a la tasa de 1% anual. La situación laboral tiende a empeorar debido a la notable desaceleración del crecimiento del empleo en empresas de 10 y más trabajadores. La tasa de crecimiento anualizada de los últimos meses está por debajo del 1%, cifra ocho veces menor que el promedio registrado en los meses de enero a abril de 2011.
Aumentó la vulnerabilidad de la economía frente a los shocks externos y la  dependencia de la economía de las importaciones y de la inversión extranjera. En plena desaceleración económica aumenta el déficit comercial y el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. En el año 2014 estos déficit fueron de 0.6% y de 4.0% del PBI, y de 2.1% y 4.5% en el primer semestre de este año, respectivamente. Se descapitalizó al país acrecentando el déficit de la balanza de servicios financieros privados.
Por último, el actual gobierno ha debilitado la presión tributaria con la reducción del impuesto a la renta  que ha favorecido fundamentalmente a las grandes empresas, y con la imposición de un gravamen enteramente favorable a las empresas mineras. Humala dejará una presión tributaria relativamente menor de la que encontró cuando asumió el poder, lo que sin duda afectará el financiamiento de los programas sociales en plena recesión económica.
A modo de conclusión  
El próximo proceso electoral, a diferencia de los dos anteriores, se realizará en el contexto de una economía que tiende a la recesión o al estancamiento. Será entonces un proceso en el que se debatirá la continuidad o el cambio del modelo económico neoliberal.
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 31 de octubre

Fecha Publicación: 2015-10-24T07:05:00.000-07:00
Es evidente que el crecimiento económico ha llegado a su límite. Su desaceleración, la recesión de la manufactura y la construcción, y los efectos que tendrá el fenómeno del niño, configuran una situación de crisis del estilo de crecimiento neoliberal. A esto se suma la agudización de la crisis política por la incapacidad moral del actual gobierno, que revela, además, los límites a los que está llegando la democracia constitucional liberal. Ambos hechos, el económico y el político, ya han configurado una coyuntura crítica, de debilitamiento del equilibrio entre los poderes económico y político. La ruptura total de este equilibrio puede dar lugar a cambios importantes en el estilo de crecimiento económico y en la manera de hacer política en nuestro país. En última instancia, dependerá de cómo se organicen o configuren las organizaciones políticas y sociales que están por el cambio del actual modelo neoliberal.

La crítica situación económica
No hay posibilidades de volver a crecer a tasas cercanas al 6% promedio anual, si el actual estancamiento de la economía internacional continúa en los próximos años. Más específicamente, ya no es posible replicar la tasa de crecimiento de los años 2003-2013, si no crecen, como lo hicieron en dicho periodo, la demanda de minerales y sus precios. No hay nada en la economía internacional que indique que vuelva a ocurrir en un período cercano ese súper boom del ciclo de las materias primas.
El estilo de crecimiento neoliberal vulnerable y dependiente de factores externos es el principal responsable de esta situación. El neoliberalismo generó, mediante la liberalización del comercio, un modelo económico especializado en la producción y exportación primaria. El dogma neoliberal postula que los países comercian porque tienen distintas especializaciones, y se benefician, por lo tanto, si cada uno produce y vende lo que sabe hacer relativamente mejor. Así se crearon enclaves que no tienen conexiones con la economía interna, sin consideración de los costos medioambientales de la explotación de recursos primarios. No se toman en cuenta los intereses de la comunidad nacional de la sierra y la selva del país, ni se respetan sus derechos. Las políticas neoliberales no desarrollaron ni desarrollan mercados internos; promovieron una competencia internacional espuria basada en la supresión de los derechos de los trabajadores; minimizaron el papel del Estado; y, erosionaron la soberanía del Estado Nacional con la imposición de contratos de estabilidad tributaria.

En suma, las reformas y políticas neoliberales aumentaron la vulnerabilidad externa de la economía, y generaron una economía con una estructura productiva menos industrial y más productora de servicios de bajísima productividad, y con una distribución del ingreso más desigual y, por tanto, más expuesta al conflicto social.
La crítica situación política

Hay dos hechos que se suman al deterioro de la democracia constitucional liberal. En primer lugar está la pérdida de legitimidad del gobierno actual. A la derogatoria por el Congreso de la República de la «Ley Pulpín» a comienzos de este año, ahora se suman la derogatoria del Decreto Ley 1198 sobre privatización de bienes arqueológicos y, el rechazo, por este mismo Congreso a la decisión del Presidente de impedir que Petroperú ingrese al Lote 192. Ayer aprobó este Congreso incorporar una cuarta disposición complementaria final a la Ley de 30130 (de modernización de la refinería de Talara) para que se exceptúe la aplicación de su artículo 6 a Petroperú, que le impedía a asumir y explotar lotes petroleros. Aparte de su decisión de gobernar con el programa de los que fueron derrotados en las elecciones del año 2011, hay otros hechos que revelan que el gobierno de Humala se encuentra a la deriva y que tienen relación con sus acciones para impedir que se investigue a la presidenta del partido nacionalista. En otro contexto democrático, estos hechos habrían sido suficientes para revocarlo por incapacidad moral.
En segundo lugar, la pérdida de credibilidad en los partidos políticos, la gran mayoría de los cuales está penetrada por la corrupción. Estos partidos se disponen a participar en el próximo proceso electoral,  a pesar de su notorio alejamiento de los movimientos sociales, y de los movimientos regionales y locales, reivindicativos y de defensa de sus respectivos derechos. Ninguno ha rechazado el financiamiento privado, el mismo que es contrario a la naturaleza de la democracia; tampoco promueven la no relección de congresistas que facilitaría la desaparición de las oligarquías partidarias, al mismo tiempo que fortalecería la virtud cívica. Las reformas políticas que no fortalezcan la ciudadanía, que no introduzcan mecanismos explícitos de control de los ciudadanos a los elegidos por el voto popular y que no tiendan a desprofesionalizar la política, será incapaces de impedir el deterioro o crisis de la democracia constitucional liberal.

A modo de conclusión
Las organizaciones que están por el cambio del modelo neoliberal han adoptado la decisión de efectuar elecciones internas para elegir a sus candidatos. Este paso histórico es parte del necesario cambio en la manera de hacer política: fomenta la participación y , por tanto, el desarrollo de ciudadanía. El siguiente paso será la transformación de los partidos en organizaciones políticas donde se desarrolle la virtud cívica, se practique la deliberación y la crítica, y se construyan propuestas sobre los distintos problemas relacionados con el bien común. Pero para que esto ocurra, estas organizaciones ahora agrupadas en dos frentes, deben constituirse en una gran coalición, dejando de lado intereses particulares. Si esto ocurre, se habrá roto el equilibrio económico y político neoliberal, y se habráabierto el camino hacia la gran transformación.
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 24 de octubre

Fecha Publicación: 2015-10-18T13:17:00.000-07:00
La Asamblea Anual del  FMI y el Banco Mundial llevada a cabo recientemente en Lima, provocó comentarios de distinto signo y, sobre todo, preguntas acerca del papel desempeñado por estas instituciones en las economías de nuestros países. Sin duda, lo más positivo y notorio en la situación actual del país, fue que aumentó el turismo y que benefició notablemente a los negocios del rubro de la gastronomía. Pero, ni las conferencias ni los informes efectuados durante el desarrollo de la Asamblea, abordaron autocríticamente los efectos de las reformas y políticas patrocinadas por dichas instituciones. Por ejemplo, no se dijo nada sobre lo que actualmente ocurre en Grecia luego de que la troika(el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo) le impusiera un paquete draconiano de medidas consistente en reducciones de sueldos y jubilaciones, privatizaciones, aumentos de impuestos y despidos de funcionarios de su administración gubernamental.

La pérdida de soberanía del Estado nacional
Los préstamos (créditos stand-by) del FMI condicionados a ese paquete de medidas y a la firma de una carta de intención por los gobiernos y autoridades económicas, son bien conocidos en América Latina. Durante la crisis de la deuda externa (fines de los años 1970 y los años 1980), la condicionalidad de los ajustes propuestos por el FMI se intensificó con la participación del Banco Mundial (BM) y de la propia administración norteamericana. En el primer lustro de los años 1980 se impuso el denominado Plan Baker consistente en la generación de liquidez en los países deudores, bajo la condición de que adoptaran el paquete de estabilización del FMI y otras políticas de libre mercado. Esta institución actuaba como intermediario entre los países deudores y los bancos acreedores. 
El plan Baker no contemplaba la reducción de la deuda ni de la carga de su servicio. Recién en 1989 se anuncia el  Plan Brady cuyo objetivo era «disminuir el valor nominal de la deuda, reducir su servicio y/o facilitar préstamos nuevos», pero en el contexto de programas de reformas impuestos por el FMI y el BM que incluían, además de las políticas de estabilización conocidas, «medidas para alentar nuevas inversiones extranjeras, repatriar capitales, cancelar atrasos, privatizaciones y canje deuda por acciones de capital». Estos programas fueron implementados bajo la supervisión conjunta del FMI y del BM.

La crisis de la deuda provocó un cambio drástico en los roles asignados en 1944, en Bretton Woods, al FMI y al BM. La función original del FMI era facilitar la corrección de los desequilibrios macro mediante préstamos y políticas de ajuste fiscal y monetario; mientras la del BM era financiar la ejecución de proyectos específicos de inversión, para promover el crecimiento económico a largo plazo. Esta separación de roles terminó con la crisis de la deuda. El FMI introdujo el «Extended Fund Facility» y el «Structural Adjustment Facility», cuyo propósito era afectar la oferta agregada mediante la desregulación de todos los mercados. El BM, por su parte, empezó a condicionar sus préstamos a la adopción de las políticas de estabilización del FMI. De esta manera institucionalizaron el llamado Consenso de Washington sobre la libertad irrestricta del mercado y la eliminación de la intervención del Estado.
El hecho que las políticas económicas se definieran en el exterior con la participación de estas dos instituciones, condujo, por lo tanto, a la pérdida de soberanía de nuestros Estados Nacionales.  

La década perdida de América Latina
¿Cuáles fueron los resultados de la aplicación de las reformas y ajustes neoliberales patrocinadas por estas dos instituciones? Su costo económico y social fue enorme. Sin embargo, hasta ahora no hemos escuchado ni leído autocrítica alguna. Nuestras economías se estancaron durante más de una década. Crecieron la informalidad, el subempleo y la pobreza; bajó la inflación, aunque muy poco, a costa de la apreciación monetaria y la contracción de la capacidad de compra de los sueldos y salarios; aumentaron las tarifas de los servicios públicos; aumentó el costo del crédito; se redujeron los presupuestos de educación, salud y de inversión en infraestructura; y, los «despedidos pagados» de funcionarios públicos precarizaron la burocracia de los Estados.  Por estas razones, la década de los años 1980 es conocida ahora como la «década perdida de América Latina».

Las reformas y políticas neoliberales siguieron en los años 1990. Las consecuencias en nuestro país fueron: reducción del ritmo de crecimiento de la capacidad productiva per cápita que agravó los desajustes entre la oferta de empleos y el crecimiento de la fuerza laboral; reprimarización de la economía; dolarización de los créditos; pérdida de competitividad de las actividades de bienes y servicios transables; e inicio de un cambio estructural regresivo: la economía tendía hacerse menos industrial y menos agrícola, y más productora de servicios de baja productividad. La crisis asiática y rusa de 1997-1998 agravó esta situación: ocasionó quiebras bancarias y una notable recesión que se prolongó hasta el año 2002.
A modo de Conclusión

Ningún analista político ni periodista aprovechó la realización de la citada Asamblea en Lima, para informar que durante los años 2001-2006 se recobró algo de soberanía nacional en la definición las políticas fiscal, monetaria y cambiaria. Sobre esto hemos escrito en otras oportunidades. Se intentó salir de la ruta neoliberal que nos conducía al papel de productores de materias primas y a servir al proceso de acumulación y crecimiento de los países del centro con la enajenación de nuestros mercados.



Publicado en el Diario UNO, el domingo 18 de octubre

Fecha Publicación: 2015-10-03T10:19:00.000-07:00
Con la imposición del neoliberalismo desde fines de los años 1970, se abandona la idea de que el Estado debería regular el funcionamiento de los mercados para impedir el surgimiento de asimetrías de poder y las consecuentes injusticias sociales. A esta tarea del Estado, que fue parte del consenso que duró casi treinta años desde la post segunda guerra, se le adicionó la de velar por los equilibrios macroeconómicos. La idea neoliberal de que el Estado es el problema, excluye la posibilidad de este consenso, y en su lugar se impone la concepción del funcionamiento libre de los mercados para que «florezca la creatividad empresarial y no se destruyan puestos de trabajo».
 
Los efectos de las desregulaciones
Los efectos de las desregulaciones en países como el nuestro, han frenado el desarrollo en lugar de promoverlo. La liberalización comercial y los tratados de libre comercio con países industrializados y desarrollados, redujo el mercado doméstico para la producción nacional y nos especializó en la producción y exportación de materias primas. Trabó las posibilidades de industrialización y diversificación productiva. Este efecto negativo en la industria fue exacerbado por la entrada de capitales, sin restricciones, que, junto con el boom primario exportador, redujo el tipo de cambio haciéndoles perder competitividad a las actividades productivas de transables.
La desregulación de los préstamos de la banca comercial en el exterior estimuló la dolarización de los créditos domésticos, haciéndole perder autonomía a la autoridad monetaria. Desde que se agotaron las condiciones de mercado y financieras favorables para el crecimiento primario exportador de nuestro país, se revirtió la tendencia a la baja del tipo de cambio. Así, para impedir que la devaluación ponga en riesgo a los bancos que prestaron en dólares, la autoridad monetaria reaccionó vendiendo sus dólares (o reduciendo su posición de cambio); pero también lo hizo para impedir que la devaluación siga incrementando la inflación. Con la venta de dólares el Banco Central perdió casi el 50% de sus reservas. Esta espectacular merma de sus reservas, obligó al Banco Central a elevar su tasa de interés de referencia en pleno enfriamiento económico.
El deterioro de la autonomía de la autoridad monetaria ha provocado desconfianza en la moneda nacional, la misma que se expresa en la creciente dolarización de los depósitos bancarios: 56.9% corresponden a personas jurídicas y 46.44% a personas naturales. Esta dolarización es otro factor que acrecienta las presiones devaluatorias, y ocurre al mismo tiempo que aumenta el retiro de los depósitos bancarios en soles que reduce la liquidez en moneda nacional de los bancos.
La flexibilización del mercado de trabajo y el recorte de derechos laborales, es otro ejemplo de desregulación que ha afectado a los trabajadores y a su calidad de vida, convirtiéndose en fuente de conflicto social. Cerca del 75% de los trabajadores tienen ingresos menores a mil soles y un poco más del 74% son informales. De otro lado, hay que mencionar que la gran mayoría de los conflictos sociales están relacionados con las actividades extractivas. Los últimos gobiernos han vuelto más laxas las regulaciones orientadas a proteger el medio ambiente y los derechos de las poblaciones indígenas. Por ejemplo, se acortaron los plazos para los estudios de impacto ambiental.
No hay regulación en el «mercado» de la salud. El acceso a genéricos de todo tipo es limitado y será aún peor si el gobierno firma el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). En carta dirigida al presidente Humala, Joseph E. Stiglitz -premio Nobel de Economía- y Adam S. Hersh -economista senior en el Instituto Roosevelt-, advierten que ese acuerdo irá «mucho más allá de una simple reducción de aranceles y cuotas, pues exigirá cambios fundamentales en las instituciones jurídicas, judiciales y reguladoras de cada país, lo que constituye una concesión a los poderosos grupos de presión».  Elevará la protección de los derechos de propiedad intelectual no para innovar, sino para mantener, por ejemplo, a los competidores de los «Big Farma», como son los genéricos, fuera del mercado.  
La pérdida de soberanía del Estado
Los tratados comerciales y este último, el TPP, no solo cercenan la capacidad regulatoria del Estado, sino también su soberanía. Como dicen los economistas citados, el TPP reducirá su capacidad «de aprobar normas legales regulatorias para proteger la salud pública, la seguridad y el ambiente, porque creará mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados, que permitirían a los extranjeros a demandar al gobierno cuando consideren que alguna regulación afectará sus ganancias. El arbitraje sería privado y vinculante, incluso si el fallo fuera contrario a las leyes nacionales».
Esta pérdida de soberanía que favorece a los inversionistas y grupos de poder extranjeros, además de someter al Estado a un arbitraje privado internacional, le bloquea las posibilidades de realizar transformaciones sociales y económicas, en particular, por ejemplo, para adoptar medidas orientadas a la integración el país sobre la base de un nuevo esquema de regionalización y ordenamiento territorial.
A modo de Conclusión
Adam Smith se declaraba a favor de la regulación argumentando que, si bien la presencia de un muro es una violación de la libertad natural del fuego, su construcción es indispensable para impedir la propagación de los incendios. Al respecto, cuando la libertad natural «está concentrada en pocas manos de un modo inapropiado –dice Casassas--, esa libertad natural puede poner en riesgo a la sociedad entera». El Estado debe intervenir entonces «para que no se den esas inapropiadas concentraciones de la libertad natural».  La sociedad se pone en riesgo cuando el Estado «rompe los lazos que lo vinculan a la sociedad civil» y ya no promueve el bien común porque está controlado por una plutocracia.
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 3 de octubre

Fecha Publicación: 2015-10-03T10:16:00.003-07:00
¿Es verdad que el actual contexto neoliberal (¡que ya tiene cerca de veinticinco años!) ha propiciado el surgimiento de emprendedores schumpeterianos --micro y pequeños--, que finalmente nos conducirán al desarrollo? Esta pregunta me la hizo un amigo, mencionando algunos trabajos donde se destacan los casos de pobres convertidos en empresarios que, según sus autores, representan la evidencia de las grandes oportunidades abiertas por el neoliberalismo en nuestro país. Es más, me dijo, este discurso, conocido como «emprendedurismo», ha sido recogido por algunos partidos políticos que se encuentran dentro del abanico de la izquierda y el progresismo, cuyos líderes sostienen que «el Estado es el principal enemigo de la pequeña empresa».  Por último, me recordó que algunos ideólogos del «emprendedurismo» peruano se consideran schumpeterianos, nada menos que seguidores de Joseph A. Schumpeter, economista austro-estadounidense, autor, entre otras obras, de The theory of Economic Development y Capitalism, Socialism and Democracy.
 
Este discurso neoliberal –le respondí a mi amigo—no puede ser considerado en absoluto schumpeteriano. Lo que sigue es un resumen de la explicación de mi respuesta.
1.      El neoliberalismo es la ideología del individualismo y de la concepción del Estado como obstáculo al desarrollo de la economía de mercado. Es la misma ideología del hoy llamado «emprendedurismo». Los organismos multilaterales que antes financiaron programas a favor de las pequeñas y micro empresas, hoy continúan promoviéndolas con el nombre de emprendedurismo. Impusieron en nuestros países políticas macroeconómicas neoliberales, simultáneamente con propuestas microeconómicas individualistas, desde los años 1980. Fueron los responsables de la «década perdida» de América Latina, los que desmantelaron el Estado de sus mejores cuadros técnicos mediante la «compra de renuncias», los que obligaron a nuestros países a servir la deuda externa recortando los presupuestos de educación, salud y seguridad social. Las reformas y políticas neoliberales aumentaron la pobreza, la informalidad, el subempleo y, consecuentemente, el autoempleo (hoy llamado emprendedurismo) como estrategia de sobrevivencia. Para el neoliberalismo «no hay sociedad, hay individuos»; entonces, la conversión de pobres en «empresarios» ha sido transformada en resultado paradigmático del mercado, libre de las interferencias del Estado. Se trata, sin embargo, de una clara distorsión de la realidad.
2.      El crecimiento económico durante el período neoliberal no se basó en aumentos de la productividad mediante cambios tecnológicos. Fue el resultado de condiciones externas favorables para la explotación y exportación de materias primas. El desmantelamiento de los estándares regulatorios y la apreciación monetaria durante gran parte de dicho período, afectaron a la producción de transables, propiciaron la penetración de importaciones y, por lo tanto, la reducción del mercado interno para la producción nacional. La consecuente disminución de la tasa de crecimiento de la capacidad productiva per cápita, incrementó la informalidad y el autoempleo. Cerca del 80% de los trabajadores son de baja calificación y productividad, y de bajos ingresos. En este contexto social y económico generado por el neoliberalismo, «surge» el emprendedurismo.
3.      Este concepto de emprendedurismo, entonces, no puede ser schumpeteriano. Para el autor de la Teoría del Desenvolvimiento Económico, el emprendedor (unternehmer) es un agente que genera e implementa innovaciones, «que realiza cosas nuevas con los factores existentes combinándolos en forma más eficiente», beneficiando a unos sectores y perjudicando a otros en un proceso que él denominó de «destrucción creativa». Es, por lo tanto, un protagonista del desarrollo, de la diversificación productiva y de los incrementos en la productividad que conducen a la larga a disminuciones en los costos unitarios de producción. Una economía con empresarios schumpeterianos crecería, entonces, sobre la base de aumentos en la productividad. Por esta razón, en teoría del crecimiento se habla de un ajuste schumpeteriano: los empresarios –se dice-- reaccionan innovando y aumentando la productividad en un contexto de salarios crecientes. Los empresarios schumpeterianos no exigen reducción de salarios o eliminación del salario mínimo para innovar. En este sentido, los empresarios schumpeterianos no pueden ser neoliberales. De aquí se deduce que un neoliberal tampoco puede reclamarse ser seguidor de Schumpeter.
4.      El emprendedor schumpeteriano necesita crédito o financiamiento para realizar cambios cualitativos en la economía. Así, la introducción de nuevos productos con nuevas combinaciones de factores, tiene que ir acompañada con la creación de demanda, y esta creación de demanda no puede ser otra cosa que creación de poder de compra. Para Schumpeter, la concesión de crédito y la creación de nuevo poder adquisitivo es fundamental para «efectuar nuevas combinaciones remunerativas al nivel existente de precios». «La función principal del mercado de dinero o del capital --dice Schumpeter-- es, por lo tanto, el tráfico en crédito con el propósito de financiar el desenvolvimiento. Éste crea y mantiene dicho mercado». Por eso los empresarios schupeterianos priorizarán la innovación del mercado de crédito y de capitales, antes que la reducción del poder de compra de sus trabajadores.
A modo de conclusión
Finalmente, Schumpeter no funda la implementación de sus innovaciones en la austeridad. No acepta la proposición neoclásica y monetarista de que el ahorro determina la inversión. Se acerca más, en este terreno, a Keynes. Con nueva deuda que no es otra cosa que nuevos medios de pago, el empresario financia su nueva inversión y con la venta de los nuevos bienes que va a producir, obtiene un flujo de efectivo que le permitirá saldar su deuda.
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 26 de setiembre.
 

Fecha Publicación: 2015-09-21T08:26:00.001-07:00
De manera intermitente aparecen comunicados de supuestos defensores de la Democracia, pero que son, paradójicamente, los responsables de la pérdida de su legitimidad. Es decir, son las oligarquías «partidarias» que, en el fondo defienden solo el procedimiento del «voto popular» (muchas veces fraudulento), para acceder al Poder y luego usufructuarlo en función a sus intereses particulares y no en beneficio del interés nacional. Esta vez han reaccionado, al parecer ante supuestos rumores de golpe, cuando son los que en el Poder y en sus propias organizaciones se comportan con una lógica ajena al principio democrático, comportamiento que, por lo demás, siguen algunas organizaciones de la llamada izquierda tradicional.
 
Crisis del Estado constitucional democrático
 
Soslayar la existencia de este comportamiento ajeno al principio democrático, desvía la atención del problema que realmente existe en la democracia en nuestro país. Los que lo hacen, implícitamente aceptan que el marco constitucional de la democracia no está en crisis. Más allá, entonces, de los rumores, en nuestro país, hay una crisis del Estado constitucional democrático. Aunque crisis similar existe en muchos otros países, en el nuestro adquiere connotaciones especiales por el grado generalizado de corrupción en todos los niveles de la institucionalidad democrática. Por lo tanto, la fórmula de la legitimidad democrática «se halla sumida, como dice Eloy García, en un gigantesco proceso de degeneración en el que sin que medie un rechazo frontal de la idea que la fundamenta, las cosas no son lo que dicen ser».  
 
La fórmula de legitimidad está alejada de la realidad política y social. Por ejemplo, esta fórmula no incluye el respeto a los derechos de las comunidades nativas y a la preservación ecológica de su ambiente y territorio, ni hace de la consulta previa y la licencia social para la ejecución de  proyectos extractivos, los fundamentos de la legitimidad de la democracia. La ruptura entre la teoría y la práctica del constitucionalismo democrático es tal que el principio democrático ha sido abandonado no solo por los gobiernos y representantes elegidos con el «voto popular», sino también por los «partidos políticos». Los gobiernos operan abiertamente burlando la separación de poderes, penetrando y corrompiendo al poder judicial, y vulnerando las aspiraciones de la comunidad nacional que los eligió. En otras palabras, la praxis «política» de los elegidos es un activo desconocimiento y transgresión del principio esencial de la democracia: «un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo». El desconocimiento deliberado de este principio de legitimidad de la democracia, al ser convertido en principio estructural del ejercicio del Poder, conduce a la corrupción.
 
«La corrupción --dice Eloy García, citando la Historia de Florencia de Maquiavelo—es un estadio sociológico de ruina o degradación de la naturaleza original de los ordinien que se articula una comunidad política. (…) La corrupción significa una escisión ontológica entre el ser y sus manifestaciones, inducida por la acción humana. Surge de una mutación del patrón que identifica la conducta social, provocada por un obrar cotidiano que no responde a las prescripciones de sus ordini. La existencia política no se reconoce en una manera de operar que, a la vez, no guarda correlato con lo que dice contener dentro».
 
Precisamente este tipo de conducta corrupta de los «elegidos» que se aleja del principio democrático, vacía de contenido a la democracia. Con el neoliberalismo se exacerba esta degeneración de la praxis política. Los estados, como diría Todorov, se ponen al servicio de la economía de «libre mercado, con lo cual lo único que queda de democracia es el nombre, porque ya no es el pueblo el que detenta el poder, sino las oligarquías económicas y políticas.   
 
Esta ruptura entre la teoría y la praxis ha propiciado la profesionalización de la política, dando lugar al surgimiento de una «clase política cuya sola existencia –dice Eloy García—ataca la esencia misma de la democracia, causa su degeneración y se convierte en el mayor enemigo de los principios que en teoría debieran inspirar el Estado Constitucional Democrático». Con el neoliberalismo se favorece aún más esta profesionalización. Se despolitiza y privatiza la vida pública, lo que acentúa la existencia de ciudadanos como sujetos pasivos de derechos. No hay reconocimiento de derechos diferenciales para comunidades diversas, ni respeto a la pluralidad cultural.
 
Los ejes de la reforma política
 
Si se parte de este diagnóstico, entonces no es difícil imaginar reformas político-constitucionales que reivindiquen el principio democrático que felizmente «continúa vivo y que es la sustancia de la fórmula de legitimidad democrática». Los ejes de estas reformas, son los siguientes:
 
1)     Como «la legitimidad democrática se expresa y compendia en la Constitución»,  hay que crear condiciones institucionales y legales mediante un cambio de la Constitución, para que la legitimidad del poder político provenga del pueblo. Ello implica, entre otras cosas, incorporar mecanismos explícitos de comunicación y control ciudadano sobre los elegidos por el voto popular.
 
2)     Reivindicar el principio de la participación política, desarrollado ciudadanos como sujetos activos de derechos y deberes. No puede haber ciudadanos súbditos, ni gobernantes soberanos ni representantes elegidos que practican la impostura.  El ciudadano, como propietario de su soberanía, debe tener canales para asegurar su participación activa en la discusión y toma de decisiones que atañen a la colectividad, a su vida en sociedad.
 
3)     Transformar el modelo neoliberal. Se tiene que crear un contexto económico y social que haga posible la justicia, libertad, la preservación ecológica, y que funde la legitimidad de la democracia en la licencia social para explotar los recursos naturales.
 
A modo de conclusión
 
Específicamente, las medidas de reforma política (véase nuestro artículos del 14/03/2015 y del  y 21/03/2015), serían:
 
a.   Fortalecer a los partidos sin quitarle poder a los ciudadanos.
b.   Desprofesionalizar la política, y fortalecer la ciudadanía y la política. 
c.   Fortalecer la independencia de los poderes del Estado e introducir el control constitucional de los elegidos.
d.   Institucionalizar la vigilancia permanente de la ciudadanía a sus representantes.
 
 
 
Publicado por el Diario UNO, el sábado 19 de setiembre.

Fecha Publicación: 2015-09-12T09:01:00.000-07:00
Desde abril de 2013 el Banco Central (BCRP) ha utilizado el 46.8% de sus reservas (posición de cambio) para frenar el alza del tipo de cambio. Esta reducción de sus reservas se aceleró en los últimos meses.  De octubre de 2014 a la fecha, el BCRP ha «perdido» un promedio de US $ 1,380 millones mensuales. A este ritmo, el total de reservas que le queda (US$ 26,305 millones) le alcanzarían solo para 19 meses.  

La actual presión al alza del precio del dólar es un «hecho estilizado» de la economía peruana. Como somos un país primario exportador, cuando los precios de las materias primas que exportamos ya no crecen, el precio del dólar aumenta porque no solo ya no entran dólares a la economía, sino que se van del país porque las condiciones financieras internacionales se tornan desfavorables para nosotros. Lo contrario ocurre en épocas del auge primario exportador. Ahora bien, cuando el tipo de cambio sube de manera importante, impacta sobre los precios, es decir, la inflación aumenta. Y esto es lo que ha pasado recientemente: la inflación al 15 de agosto pasado fue de 4.06%, situándose muy por encima del límite superior de su rango meta. 

Las equivocaciones del directorio del BCRP

El impacto de la coyuntura externa sobre el tipo de cambio puede variar en intensidad dependiendo de las medidas que tome el directorio del BCRP, no solo en materia cambiaria sino también monetaria y crediticia. ¿Qué hizo el directorio del  BCRP para que en la actual coyuntura de enfriamiento económico haya decidido subir su tasa de interés de referencia de 3.25 a 3.50%? Aunque ya hemos tratado sobre las decisiones contraproducentes que tomó el actual directorio del BCRP, haremos un breve resumen de lo que hizo:

Primero, desde el año 2007 promovió la dolarización de los créditos bancarios. No mantuvo los encajes a los préstamos externos de la banca comercial que habían sido introducidos por el directorio anterior; estos préstamos son utilizados por los bancos para otorgar créditos en dólares en el mercado interno. Por haber promovido este «carry trade» en el sistema bancario, los créditos en dólares del sector privado han llegado hasta cerca del 15% del PBI. Entonces, el alza del tipo de cambio, hace peligrar la estabilidad de la banca debido a que hay una parte importante de los créditos en dólares que se otorgaron a empresas y familias que tienen ingresos en soles.

Segundo, desde agosto de 2006 el directorio del BCRP dejó caer sistemáticamente el precio del dólar. Eran años de apogeo del modelo primario exportador: los precios de los minerales que exportamos crecían y las condiciones financieras nos eran favorables. La abundancia de dólares que había en el país presionaba a la baja del tipo de cambio. Desde el 1 de agosto de 2006 al 30 de abril de 2013, el BCRP acumuló reservas por un monto promedio de solo de US $ 500 millones mensuales. El Sr. Velarde, presidente del BCRP, decía que no le importaba la apreciación de la moneda, sino el rebote del tipo de cambio. Así dejó caer el tipo de cambio haciéndoles perder competitividad a las actividades manufactureras y de exportación no-tradicional. Fueron años de una masiva penetración de importaciones que redujeron el mercado interno de las actividades agropecuaria e industrial. La consecuencia es que ahora el rebote del tipo de cambio le está haciendo perder reservas al BCRP en un monto promedio de US $ 1380 mensuales. El peligro, entonces, es que, si todo sigue igual, el BCRP puede llegar a julio de 2016 con un monto de reservas aproximadamente igual al monto (US $8,078 millones) con el que Julio Velarde empezó su gestión el 1 de agosto de 2006. Las expectativas devaluatorias crecen en proporción inversa a la caída de las reservas del BCRP.

Tercero, Julio Velarde, desde que asumió la presidencia del directorio del BCRP, promovió la reducción de la meta y el rango meta de la inflación. De 2.5% (+/-1%) lo bajó a 2% (+/-1%). El límite superior del rango meta de la inflación antes era de 3.5% y ahora es de 3%.  Esta disminución no fue un simple error, sino falta de conocimiento de los factores que determinan la inflación en una economía con desarticulaciones sectoriales, tecnológicamente  heterogénea, y con una estructura productiva sin liderazgo de las actividades manufactureras. Chile tiene un rango meta de 2% a 4%. La consecuencia de esta decisión es que ahora la inflación está muy por encima del límite superior del rango meta. 

El miedo del BCRP a devaluar

Las equivocaciones mencionadas anteriormente configuraron, en pleno enfriamiento económico, una situación que explica el miedo del BCRP a devaluar. Este miedo le ha obligado a subir su tasa de referencia, en pleno enfriamiento económico. En lugar de aplicar una política contra cíclica, el BCRP ha decidido frenar aún más el crecimiento económico, retirando los estímulos monetarios para expandir la demanda interna. Ha preferido frenar el alza del precio del dólar, a costa de frenar más con ello el crecimiento económico.

Lo que debe quedar claro al lector es que el propio directorio del BCRP generó, con sus propias decisiones, su miedo a devaluar. ¿Fue correcta la decisión de aumentar su tasa de interés de referencia? La regla dice que se debe elevar la tasa de interés cuando la inflación aumenta por presiones de demanda. Lo que hay ahora es una inflación (por encima del límite superior del rango meta) provocada básicamente por la devaluación. Si no se hubiera bajado el rango meta de inflación, su miedo a devaluar sería menor. Lo mismo ocurriría ni no se hubiera alentado la dolarización de los créditos bancarios, pues no habría el problema de «hoja de balance» debido a que habría continuado la desdolarización iniciada por el directorio de 2001-2006.

A modo de conclusión

Retirar los estímulos monetarios en pleno enfriamiento económico es un error supino. No es verdad que ya se inició la recuperación de la economía.  Los sectores primarios crecen por las inversiones que se realizaron cuando los precios de la materias primas estaban altos. La inversión privada está cayendo y el retiro de los estímulos económicos no ayudará a su recuperación. Con el recrudecimiento de la desaceleración de la economía China y cuando la FED decida subir su tasa de interés, el escenario externo adverso será peor para la economía peruana.  En estas condiciones era mejor permitir una devaluación gradual de la moneda y, simultáneamente, aumentar la inversión pública y adoptar medidas para una rápida desdolarización de los créditos.
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 12 de setiembre

 

 

 

 

 

Fecha Publicación: 2015-09-06T10:03:00.001-07:00

Nuestro país, como ya argumenté en artículos anteriores, se encuentra nuevamente en una «coyuntura crítica». Por un lado, hay evidencia acerca del agotamiento del modelo neoliberal primario exportador y, por otro, también hay evidencia de una crisis de la institucionalidad de la democracia. La desaceleración del crecimiento del PBI y del empleo urbano en empresas de 10 o más trabajadores, y las restricciones estructurales para reactivar y sostener el crecimiento en el actual contexto internacional, junto a las prácticas corruptas en el ejercicio de la función pública, la penetración del poder económico y político en los poderes del Estado, y la presencia de oligarquías políticas que alejan cada vez más a la ciudadanía de sus representantes, están configurando procesos sociales y políticos, ciertamente contradictorios, que pueden generar transformaciones más o menos profundas de la economía y sociedad, o, como ya ocurrió en el pasado, que pueden frustrar estas transformaciones y perpetuar el  dominio de las oligarquías políticas y económicas, renovadas o remozadas.
 
Las coyunturas críticas son momentos decisivos en los que aparece como oportunidad la posibilidad de abolir la «ley de hierro de la oligarquía», es decir, el gobierno de una minoría conservadora, cuya composición puede mutar en el tiempo, pero que, como señala su autor Robert Michel, busca expandir y mantener su poder «a cualquier precio, incluso abjurando de su principios e ideales primigenios». La «ley de hierro de la oligarquía» no es exclusiva de las autocracias, pues también se da, como en el caso de nuestro país, en las democracias, donde operan organizaciones y partidos políticos también oligárquicos. Estas oligarquías partidarias usan sus organizaciones para llegar al núcleo del poder y usufructuarlo de acuerdo a sus intereses particulares. En consecuencia, las oligarquías políticas dañan la democracia porque practican el clientelismo, favorecen la existencia de caudillos y bloquean el desarrollo de la ciudadanía.
 
Las oportunidades perdidas
 
En los últimos cincuenta años, el Perú ha pasado por varias coyunturas críticas. Todas fueron aprovechadas por las fuerzas conservadoras para bloquear las posibilidades de transformación social, política y económica. Mencionemos solo tres de ellas.
 
La primera ocurrió en la segunda mitad de la década de 1950, década que termina con la crisis económica de 1958-1959. De esa coyuntura surge el movimiento político, nacionalista y progresista, liderado por Belaúnde Terry que, elegido democráticamente, gobierna el país de 1963 a 1968.  En 1959 se había promulgado la ley de industrialización y el gobierno de Belaúnde adoptó las banderas de la integración nacional, la reforma agraria y la diversificación productiva. Este proyecto transformador fue bloqueado por una fuerza política retardataria desde el congreso de la república: la llamada coalición APRA-UNO, es decir, una amalgama del partido del dictador Odría y el aprismo convertido ya en una fuerza retardataria.
 
La segunda ocurre durante la «catástrofe económica» provocada por el primer gobierno aprista de Alan García. Las fuerzas progresistas y de izquierda, divididas, hacen posible el triunfo de Alberto Fujimori. Este traiciona rápidamente sus ofertas electorales, sumándose al coro del neoliberalismo que recorre, patrocinado por el FMI y el Banco Mundial, toda la América Latina. Con las fuerzas progresistas y de izquierda, divididas y algunas expulsadas del poder, luego de un golpe de Estado, Alberto Fujimori convertido en caudillo y coludido con el poder económico, sigue un régimen de «neoliberalismo de Estado», y entroniza, como lo hizo Alan García, la corrupción como forma de gobierno. En una década de «fujimorato», la economía creció solo durante cuatro años.
 
La tercera coyuntura crítica ocurre durante 1998-2001 y se inicia con los efectos en la economía interna de la crisis asiática y rusa. Son años lucha política de todas las fuerzas progresistas y de izquierda que hace posible la elección democrática de Alejandro Toledo, después de un breve gobierno de transición todavía dominado por el libreto económico neoliberal. Las oligarquías se recomponen y reubican en el núcleo del poder. Las fuerzas progresistas y de izquierda dejan «solos» a los profesionales que desde el BCR y el MEF hicieron reformas para, desde la política macroeconómica, iniciar el cambio del modelo de crecimiento económico neoliberal. Toledo, quien hizo poco para impedir la penetración neoliberal en su gobierno, fue sustituido, mediante elección democrática, por Alan García, quien inicia su segundo gobierno desandando lo poco que se había avanzado por la ruta de la soberanía nacional y del progreso social. Otra vez el aprismo reaccionario, bloquea el cambio, ahora con su modernización neocolonial del «perro del hortelano».
 
Alan García tuvo suerte en su segundo gobierno. La economía creció en piloto automático con un entorno externo sumamente favorable. García, que también hizo de la corrupción una forma de gobierno, solo se dedicó a concesionar el territorio nacional a las inversiones extranjeras dirigidas a la explotación de los recursos naturales. Respetó escrupulosamente el libreto neoliberal: nombró en el MEF y el BCR a profesionales afines con ese libreto. El presidente del BCR designado por García sigue en el cargo hasta ahora y su viceministro, que fue ungido ministro por Humala, renunció recién hace un año. Humala siguió fielmente el librero neoliberal y la política del «perro del hortelado».
 
A modo de conclusión
 
Ni durante el gobierno de García ni en el de Humala, que aún no termina, las organizaciones progresistas y de izquierda se reagruparon y fortalecieron, para enfrentar exitosamente las elecciones. Las peleas entre la cúpulas de las actuales dos organizaciones, Únete y Frente Amplio, con responsabilidades compartidas, puede ahora ser la causa de una nueva frustración de nuestro pueblo. Existe, entonces, el peligro de que «ley de hierro de la oligarquía» continúe en nuestro país.  
 
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 5 de setiembre
 

Fecha Publicación: 2015-08-29T17:27:00.000-07:00
La mayor desaceleración de la economía China que parece haber obligado a sus autoridades a devaluar el yuan, ha acentuado el pesimismo sobre la recuperación de la economía internacional. Sus efectos inmediatos han sido la caída de los precios de los commodities y el desplome de los mercados financieros en casi todos los países del mundo. En el nuestro cayeron los precios de las acciones, en especial de las mineras que son las que predominan en el mercado. Se puede decir, entonces, que la evidencia de la caída del crecimiento chino, ha exacerbado la incertidumbre sobre el futuro del crecimiento de la economía mundial.
 
Los pronósticos del crecimiento económico
Si bien las autoridades económicas de nuestro país redujeron su pronóstico de crecimiento para este año una cifra menor al 4%, siguen sosteniendo que el crecimiento en el año 2016 se situaría alrededor de 5%. Este optimismo parece sustentarse en las altas tasas de crecimiento del subsector minero registradas en los meses anteriores.  Por ejemplo, en el mes de junio pasado la minería metálica creció a la tasa de 14.15%. Sin embargo, se trata de un optimismo mal fundado porque estas tasas de crecimiento son resultados rezagados de las inversiones que se hicieron en el periodo de crecientes precios de los metales.
El escenario ahora es otro. Los precios de los commodities están cayendo; ya no crecen. Por ejemplo, los precios de nuestras exportaciones (que en gran porcentaje corresponden a minerales), se han reducido, de enero de 2013 a junio de 2015, en 25.9%. En ese mismo período los términos de intercambio disminuyeron en 16.9%. Esto explica por qué desde 2014 las inversiones privadas ya no crecen. Disminuyeron en 1.7% en el año 2014 y en el primer semestre de este año decrecieron a la tasa de 6.4%. Si a todo esto le sumamos la mayor desaceleración de la economía china, las tasas de crecimiento de nuestra economía, en este y en el próximo año, se situarán muy por debajo de los pronósticos oficiales.
Las reacciones de las autoridades económicas
La economía sigue enfriándose. El sector manufacturero, por ejemplo, está decreciendo desde hace catorce meses. Y ¿cómo están enfrentando el MEF y el BCR este enfriamiento económico? De manera extraña, por no decir absurda. Empecemos por el MEF. Entre las medidas más llamativas que adoptó esta institución se encuentran la reducción de la «tramitología» y la reducción del impuesto a la renta de las empresas, ambas, según se señala, para estimular las inversiones privadas. Pero, como acabamos de ver, estas inversiones siguen cayendo desde 2014. Lo inverosímil, sin embargo, es que el MEF descuidó irresponsablemente la inversión pública. En lugar de expandirla con infraestructura focalizada para estimular el crecimiento del agro y la manufactura, la dejó caer en 2.4% en el año 2014 y en 19.5% en el primer semestre de este año. A esto hay que agregarle que la reducción del impuesto a la renta, que favorece más a la grandes empresas, contraerá la presión tributaria en cerca de 1.5% del PBI.
Aquí no terminan los absurdos del MEF. Cuando «sorprendidos» por el repunte del precio del dólar el «sentido común» recomienda desdolarizar las deudas, el MEF nos hace saber que el 17 de este mes colocó el denominado Bono Global 2027 por  US$ 1,250 millones a 12 años con una tasa de rendimiento de 4.15%. Esta colocación fue realizada por los bancos de inversión Citigroup y JP Morgan que, como se sabe, cobran una importante comisión por hacerlo.
Suelto de huesos el MEF afirmó que el dinero recaudado servirá para financiar el presupuesto público del 2016.  Con ello nos advirtió que la recaudación fiscal del año será insuficiente para financiar el presupuesto de 2016. También nos hizo saber que no le importa dolarizar la deuda pública y que tampoco le preocupa que aumente el peso de la deuda pública externa que en la actualidad asciende a  51.3% del total. Con un tipo de cambio al alza, lo que ha hecho el MEF significará mayores desvíos de ingresos del tesoro al pago de los servicios de la deuda pública externa.
Por el lado del BCR, lo primero que hay que recordar es que este fomentó la dolarización de los créditos desde el año 2006 y dejó que nuestra moneda se apreciara sistemáticamente hasta inicios de 2013. Desde julio de 2006 a enero de 2013, los tipos de cambio reales bilateral y multilateral disminuyeron en 27.0% y 14.6%, respectivamente. El BCR también bajó la meta de inflación a 2% (+/- 1%).
El presidente del BCR está enredado en su laberinto. Dijo que no le preocupaba la caída del tipo de cambio, sino su rebote. Desde el 30 de abril de 2013 al 20 de agosto de este año, ha «perdido» el 45.1% (US $ 22,305 millones) de sus reservas (posición de cambio) en su intento de impedir el aumento del precio del dólar. En los últimos 10 meses ha «perdido» un promedio mensual US $ 1,300 millones. A este ritmo le quedan reservas solo para 21 meses. No obstante que a la venta de dólares le ha sumado otras medidas, el alza del tipo de cambio sigue imparable. Ya alcanzó la cifra de 3.3 soles por dólar y es muy probable que el año termine con un tipo de cambio de 3.5 soles. De otro lado, la inflación aumenta en pleno enfriamiento. Se encuentra cerca del 4%, por encima del límite superior del rango meta.
En lugar de bajar la tasa de interés para combatir el enfriamiento, el BCR ha bajado el encaje, pero al hacerlo ha dejado que la tasa de interés interbancaria se aleje de su tasa de interés de referencia. La tasa interbancaria se encuentra en 5% mientras que la tasa de referencia se mantiene en 3.25% desde enero de 2015. En el fondo, lo que el BCR pretende es subir la tasa de interés porque le preocupa la creciente presión al alza del precio del dólar y su efecto sobre la inflación; más aún si, como se ha anunciado, la Reserva Federal de los Estados Unidos aumenta su tasa de interés en setiembre próximo provocando una mayor salida de capitales de economías como la nuestra.
En efecto, Velarde acaba de declarar que «están evaluando cuándo es el momento oportuno para retirar el estímulo monetario», es decir, para subir la tasa de interés de referencia. Esta es una señal de desesperación. Cuando aún no hay signos de una evidente recuperación económica, el Presidente del BCR nos dice que están estudiando la posibilidad de pasar a una política monetaria contractiva.
A modo de conclusión
Las autoridades económicas nos están conduciendo a una «tormenta perfecta».
 
 
Publicado en el diario UNO, el sábado 29 de agosto. 

Fecha Publicación: 2015-08-15T16:53:00.000-07:00

El crecimiento económico reciente, al igual que el que se registró en los años noventa, fue impulsado por el auge de la demanda externa y de los precios de los commodities. Extraer y exportar minerales es lo que mejor “sabíamos hacer” según el libreto neoliberal. No fue, por lo tanto, un crecimiento sostenible y endógeno (impulsado por fuentes internas). Fue un crecimiento que mantuvo un alto porcentaje de trabajadores y empresas informales de baja productividad; que exacerbó las brechas de productividad con el reforzamiento de la especialización en la producción y exportación de minerales; que afectó a la industria; y, que expandió los sectores terciarios donde se concentran los  trabajadores de baja calificación.
 
Este estilo de crecimiento ha vuelto a poner en evidencia el problema que explica el subdesarrollo en economías como la nuestra: la orientación sectorial de las inversiones privadas. Estas no se dirigen espontáneamente a desarrollar actividades productivas (agroindustriales e industriales) a lo largo y ancho del país.
 
La importancia de la industrialización
 
La industrialización es un proceso de “expansión del rango de bienes producidos” que ocurre con aumentos sostenidos de la productividad (rendimientos crecientes) y el incremento simultáneo de la relación capital-trabajo. Esta es una característica que no tienen otras actividades económicas (Allyn Young, 1928). La industrialización es un proceso de transformación estructural caracterizado por el nacimiento y expansión de nuevas industrias, con productividades cada vez mayores, y la transferencia simultánea de mano de obra desde las actividades tradicionales o de menor productividad hacia actividades más productivas y modernas que implican la utilización de “más capital en relación con el trabajo” (Rodrik, 2013 y Young, 1928).
 
No hay diversificación productiva exitosa sin industrialización. La expansión de la industria impulsa el crecimiento de la economía en su conjunto mediante los cambios que origina en la estructura de la producción y de la demanda, e influye en el crecimiento de productividad de las actividades no industriales y, por lo tanto, en la tasa global de crecimiento de la productividad y del empleo (Kaldor, 1966).
 
Los límites del proceso de industrialización no están por el lado de la oferta de factores productivos, sino en la expansión del mercado. En los inicios del proceso se utilizan técnicas conocidas, pero que no eran rentables “a una escala más baja de producto”, y se van incorporando técnicas nuevas derivadas de las invenciones e  innovaciones que aparecen con la expansión del mercado. “Las técnicas más intensivas en capital se vuelven rentables en la medida en que la escala del producto se incrementa” (Ros, 2013).  De aquí se sigue que “la industrialización puede tener lugar en presencia de un bajo nivel de capacidades fundamentales: las economías pobres pueden experimentar transformación estructural incluso cuando las habilidades son bajas y las instituciones débiles” (Rodrik, 2013).
 
Ejes de la política industrial para un nuevo estilo de crecimiento
 
El desarrollo industrial requiere la intervención directa del Estado para asegurar que la transformación productiva sea un proceso secuencial de generación de actividades económicas con relaciones capital-trabajo cada vez mayores. Este proceso debe basarse en el desarrollo de mercados internos, sin descuidar las exportaciones. Ahora bien, una de las características de la economía subdesarrollada como la nuestra es que tiene mercados internos reducidos y poco dinámicos, allí donde existen. Por lo tanto, la política industrial debe incorporar la creación de mercados con intervenciones del Estado específicas.
 
En los lugares donde los mercados son inexistentes o larvados, predomina la actividad agropecuaria tradicional. Por esta razón, la industrialización debe comenzar con la modernización de este sector y de las condiciones de vida de la población del campo, desarrollando mercados mediante inversión pública en infraestructura. Mejor, si esta inversión (que puede asociarse con la inversión privada), se focaliza a  partir de un ordenamiento territorial que dé lugar a un nuevo esquema de regionalización. La construcción represas y de canales de riego, silos, carreteras, electrificación, agua y desagüe, etc., son fundamentales para aumentar la productividad agropecuaria y generar condiciones de atracción de inversiones privadas para el desarrollo agroindustrial e industrial. En los años 2001-2006 la inversión en infraestructura como porcentaje del PBI solo llegó al 1.5%, mientras que en Chile fue de 5.2% 
 
De otro lado, las actividades industriales existentes y la aparición de otras nuevas, necesitan un tipo de cambio real que abarate el precio relativo de sus exportaciones y les permita competir con las importaciones. Un tipo de cambio real estable y competitivo “es esencial para el crecimiento en una economía abierta, de mercado y en desarrollo” (Ros, 2013). Aparte de la inversión en infraestructura, este es el otro eje de la política industrial porque también genera condiciones de rentabilidad para que aumenten las inversiones privadas en las actividades industriales (que son en esencia transables). Además, un tipo de cambio real competitivo “es una forma de subsidiar todos los sectores no tradicionales (mayormente transables), sin costos administrativos y sin propiciar comportamientos de búsqueda de rentas y corrupción” (Frenkel, 2014 y Rodrik 2003).
 
A modo de conclusión
 
Sobre los principios e institucionalidad de la política industrial puede verse nuestros artículos del 01/12/2012 y del 24/08/2013, publicados en este mismo diario. Hay otras medidas complementarias a las anteriores como el cambio de la matriz energética y construcción del gasoducto del sur; la disminución del poder de mercado en la provisión de servicios públicos; el financiamiento en soles en el mercado de capitales a pequeñas y medianas empresas; y, el desarrollo de programas de capacitación y calificación laboral con participación directa del sector privado.
 
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 15 de agosto
 

Fecha Publicación: 2015-08-02T09:27:00.000-07:00
 
Al igual que las políticas monetaria y cambiaria, la política fiscal es fundamental para lograr el objetivo de construcción de motores internos de crecimiento económico. La cuenta corriente de la balanza de pagos, la inflación, los niveles de actividad y de empleo, así como la composición de la población ocupada y de la producción, son afectados por los tres tipos de políticas, en este sentido, todas están relacionadas entre sí.
 
El esquema institucional vigente de la política fiscal
 
En los años 2001-2004 se realizaron importantes cambios en el esquema institucional de política fiscal. En el año 2003 se creó el Programa de Creadores de Mercado de Deuda Pública con varios objetivos: a) mantener un perfil de deuda pública sostenible incrementando notoriamente el peso de la deuda en moneda local; b) desarrollar el mercado de capitales en soles con la generación de una curva de rendimientos (de los bonos de la deuda pública con plazos de vencimiento distintos) referencial para las emisiones en la misma moneda local; y, c) mejorar la eficiencia de la política monetaria con el aumento de la competencia en el mercado financiero originado por la expansión del mercado de capitales en soles.
 
El Programa de Creadores de Mercado puesto en marcha en marzo de 2003, permitió reperfilar la deuda pública reduciendo riesgos de refinanciamiento, pre-pagar la deuda pública externa o en moneda extranjera y disminuir significativamente el ratio de deuda pública/PBI. También se creó la curva de rendimientos en soles, que es una referencia indispensable para la emisión de deuda en moneda local por parte del sector privado. El consecuente desarrollo del mercado de capitales en soles permitiría transformar los ahorros domésticos disponibles en inversión productiva doméstica de mediano y largo plazos; pero, además, permitiría combatir la dolarización de la economía. El objetivo último de estas transformaciones era lograr que el crecimiento económico sea realmente liderado por el sector privado nacional en una economía menos vulnerable y volátil.
 
También se modificó la ley de Prudencia y Transparencia Fiscal de 1999 que limitaba absurdamente el incremento del gasto no financiero real del gobierno a 2% anual y el déficit fiscal anual del sector público consolidado a 1% del PBI. La ley que la sustituyó fue la de Responsabilidad y Transparencia Fiscal promulgada en el año 2003. Posteriormente esta sufrió otras modificaciones y se le puso el nombre de ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Sin embargo, ninguna de sus modificaciones incorpora una regla contracíclica que tome en cuenta la trayectoria del superávit primario que hace sostenible la deuda pública
 
La gestión reciente de la política fiscal
 
Si bien aumentaron las emisiones del sector privado en el mercado doméstico de capitales, estas no fueron, todas, en moneda nacional. Los dos últimos gobiernos promovieron las emisiones privadas de deuda en dólares así como la posibilidad de que otros países de la región andina financien sus inversiones en el mercado local y en moneda extranjera. Tampoco se promovió la emisión de deuda de las pequeñas y medianas empresas en el mercado de capitales.
 
Desde el segundo gobierno de García se promovió la integración de los mercados de capitales de Perú, Chile y Bogotá, de tal forma que inversionistas chilenos, colombianos y peruanos pueden negociar en los tres mercados de manera simultánea. Esta integración desnaturaliza el objetivo de convertir el mercado de capitales en soles como el mecanismo de superación de la restricción de financiamiento de los inversionistas privados nacionales, porque desincentiva la participación de pequeñas y medianas empresas locales frente a empresas de Chile y Colombia consideradas menos riesgosas por su grado de desarrollo e historial crediticio. Las emisiones de las empresas peruanas requieren en muchos casos de garantías para bajar su costo financiero.
 
Por último, en la década 2003-2013, la política fiscal siguió basándose en la fijación de metas de déficit, con lo cual los ajustes pro-cíclicos se hacían mediante las variaciones de la inversión pública. Así se descuidó la inversión en infraestructura económica y social. Los gastos en salud y educación se mantuvieron relativamente estancados. Aumentaron recién en este año. Durante los diez años de alto crecimiento, los gobiernos privilegiaron la generación de superávit primarios, los mismos que alcanzaron un promedio de 2.6% del PBI, no obstante que el ratio de deuda/PBI había disminuido significativamente. Los cálculos del déficit estructural también muestran que la política fiscal de este período fue fundamentalmente contractiva.
 
Reforma de la  política Fiscal
 
Las siguientes propuestas de reforma están orientadas a mejorar la eficiencia de la política fiscal, para promover tanto la estabilidad macroeconómica como la transformación de la estructura productiva y del actual estilo de crecimiento. Estas reformas son:
 
1)  Implementar una regla explícita contra-cíclica utilizando la trayectoria del superávit primario que hace sostenible la deuda.
2)  Reformar la estructura tributaria para hacerla más progresiva y, de esta manera, facilitar la aplicación de la regla contra-cíclica.
3)  Implementar la “regla de oro” de la inversión pública según la cual el endeudamiento debe destinarse sólo a financiar el gasto de inversión y no el gasto corriente (véase F. Jiménez, 2008).
4)  Priorizar la inversión en infraestructura pública en el contexto de un ordenamiento territorial que dé lugar a un nuevo esquema de regionalización.
5)  Reformar el mercado de capitales haciéndolo predominantemente en moneda local y para facilitar la emisión de deuda por parte de las empresas privadas pequeñas y medianas. El desarrollo y profundización del mercado de capitales en soles, mediante un mayor impulso y promoción del Programa de Creadores de Mercados, debe convertirse en un mecanismo de endeudamiento alternativo al sistema bancario.
 
A modo de conclusión
 
La inversión pública en infraestructura económica y social, en países como el nuestro, es el mejor mecanismo de atracción de la inversión privada nacional. 

 
 
 
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 1 de agosto

Fecha Publicación: 2015-07-25T06:40:00.004-07:00
Antes de abordar el tema de las políticas para la construcción de fuentes internas de crecimiento y desarrollo, en este artículo propondremos algunos cambios en el actual esquema institucional de políticas monetaria y cambiaria orientados a la configuración de una estructura de precios relativos funcional a un nuevo estilo de crecimiento basado en la expansión de los mercados internos y de las actividades transables.

Reglas vigentes de políticas monetaria y cambiaria

Desde 2002 la política monetaria está basada en una meta de inflación (con una banda de +/- 1%), y una regla con la tasa de interés de referencia del Banco Central (BCRP) como instrumento. Se supone que los movimientos de esta tasa influyen positivamente en el resto de tasas de interés de plazos más largos. Bajo este esquema de política, el BCRP mueve su tasa para asegurar que la inflación y las expectativas de inflación no se alejen de la meta anunciada y, al hacerlo, también asegura la reducción de la brecha del producto. En el mismo año 2002 se introdujo una regla de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario para contrarrestar las fluctuaciones del precio del dólar. La aplicación de esta regla, dada la inflación doméstica, debería impedir apreciaciones o depreciaciones abruptas del tipo de cambio real y, al mismo tiempo, debería permitirle al BCRP contar con suficientes reservas internacionales para intervenir en el mercado.

Para garantizar la eficiencia de este nuevo esquema de políticas monetaria y cambiaria, el BCRP debería desdolarizar el crédito y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo del mercado de capitales en soles. La lección que nos dejó la crisis de 1998-1999, fue concluyente: la dolarización del crédito bancario, a familias y empresas con ingresos en soles, implica un riesgo cambiario notable por el efecto hoja de balance a que da lugar un aumento del tipo de cambio. (Este mismo riesgo cambiario lo tiene la deuda pública cuando es predominantemente externa o en moneda extranjera).

La reciente aplicación de las reglas monetaria y cambiaria

A inicios de 2002, el BCRP anunció una meta explícita de inflación de 2.5%, dentro de una banda de 1.5% y 3.5%. Pero, en enero de 2007, el nuevo directorio del BCRP decidió bajar la meta de inflación a 2% (+/- 1%). La única justificación para esta reducción fue que la inflación subyacente se mantuvo por debajo de la meta desde fines de 2004 hasta fines de 2006. Esta decisión no tomaba en cuenta la importancia que en nuestro país tienen los choques de oferta, dada su estructura productiva. Pero, además, no se ponderó que la disminución de la meta a 2% podría restarle eficiencia a la política monetaria en situaciones recesivas en las que aún se precisan de estímulos monetarios.

La administración de Julio Velarde, además, de reducir la meta de inflación, en 2007 cambió la política de encaje que en 2004 «se impuso a los adeudados con el exterior de la banca comercial para evitar (los) ciclos de expansión y contracción del crédito en moneda extranjera de origen externo». Con este cambio de política Velarde promovió nuevamente el incremento del crédito en moneda extranjera. (Véase O. Dancourt y R. Jiménez, 2014, Perú: lecciones de la recesión de 2008-2009).

Por último, en la actual desaceleración económica el BCRP utiliza la tasa de encaje en moneda nacional, en lugar de bajar significativamente su tasa de interés de referencia. Entre noviembre de 2013 y junio de 2014, disminuyó esta tasa de 4.25% a 4%, y realizó disminuciones posteriores hasta llegar a 3.25%, que es la tasa vigente en la actualidad. Su temor es que mayores rebajas estimulen mayores salidas de capital que den lugar a incrementos en el precio de dólar y, consecuentemente, a aumentos en la tasa de inflación y a efectos hojas de balance por la existencia de crédito en moneda extranjera.

Reforma de la  política monetaria y cambiaria

Las siguientes propuestas de reforma están orientadas a mejorar la eficiencia de las políticas monetaria y cambiaria, y a promover la transformación de la estructura productiva y del actual estilo de crecimiento económico. Estas reformas son:
 
1)  Adoptar una meta de inflación de 3% (con una banda de +/- 1%).
2)  Mantener un tipo de cambio real alto y competitivo por largos períodos, con la aplicación eficiente de la regla de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario.
3)  Adoptar restricciones fiscales y de otro tipo, fundamentalmente a la entrada de capital financiero especulativo.
4)  Desdolarizar el sistema financiero.
5)  Fortalecer el mercado doméstico de capitales en soles.

Las tres últimas son condiciones indispensables para mejorar la eficiencia de la política monetaria y cambiaria. Sobre la quinta trataremos con más detalle en nuestra próxima entrega. Lo que importa destacar aquí es que un mercado de capitales en soles robusto, aumenta la competitividad en el mercado financiero, abaratando el costo del endeudamiento.

La adopción de una meta de inflación de 3% (+/-1%) permitirá al BCRP enfrentar con mayor flexibilidad los choques de oferta y las restricciones sectoriales que ocurran durante el proceso de transformación de la estructura productiva, que a su vez debe ser acompañado por incrementos de la demanda interna. Tener más espacio para la política monetaria, es fundamental en una economía que va a transitar de un estilo de crecimiento primario exportador a otro basado en la expansión de la agricultura, la agroindustria y la manufactura, entre otros.

Por último, la adopción de un tipo de cambio real estable y competitivo para promover la expansión de las actividades transables. Según la teoría, un régimen de tipo de cambio flotante permite aislar la economía doméstica de las fluctuaciones financieras internacionales: la moneda se aprecia cuando entran capitales y de deprecia cuando salen. Pero, cono señala Dani Rodrik, «pocas economías toleran (estos) reajustes cambiarios. La apreciación abrupta de la moneda local destruye la competitividad internacional del país. Y la depreciación abrupta provoca consecuencias inflacionarias que la convierten en pesadilla de los bancos centrales».

A modo de conclusión

Transformar el actual estilo de crecimiento requiere una nueva estructura de precios relativos.




 Publicado recortado y con errores en el Diario UNO, el sábado 25 de julio
 

Fecha Publicación: 2015-07-18T12:55:00.002-07:00

El estilo de crecimiento primario exportador de los últimos 25 años ha llegado a su límite. La crisis internacional iniciada en 2008-2009 ha provocado un largo estancamiento de la demanda externa de commodities, con términos de intercambio a la baja y condiciones financieras desfavorables. Se habla de un periodo de estancamiento secular por el que estarían atravesando las economías industrializadas, lo que significaría que el «motor externo» que dio lugar al alto crecimiento de los años 2003-2013, se mantendría apagado por un tiempo relativamente largo. Esto obliga, a países como el nuestro, a construir fuentes internas de crecimiento y desarrollo.
 
Con el «motor externo» apagado, es imposible crecer a una tasa igual o superior a 4% promedio anual y menos a las tasas que se registraron durante la «década dorada» de 2003-2013. Las políticas fiscal y monetaria contra-cíclicas no pueden reemplazar a ese «motor externo», ni configurar, sin cambios estructurales y de precios relativos, las condiciones para un nuevo estilo de crecimiento, distinto al neoliberal primario exportador.
 
Los problemas generados por el neoliberalismo    
 
Los que creen que las políticas contra-cíclicas son suficientes para enfrentar la actual desaceleración económica (la tasa de crecimiento de los meses de enero-mayo de este año con respecto a similar período de 2014, ha sido de solo 2.14%), no toman en cuenta los problemas generados en nuestra economía con la aplicación de las reformas y políticas neoliberales.
 
En primer lugar, la desaceleración ocurre por la caída de la demanda (fundamentalmente de inversión en el sector extractivo), simultáneamente con una presión al alza de la tasa de inflación originada por una sistemática depreciación monetaria. El tipo de cambio sube porque salen capitales debido al giro en sentido contrario de la política monetaria norteamericana y porque aumenta el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Este déficit fue de 4.0% en 2014 y ha subido a 5.7% en el primer trimestre de este año.
 
No hay caída conjunta de la demanda agregada y de la tasa de inflación para reducir la tasa de interés, siguiendo la regla de Taylor. Como la inflación sube en lugar de bajar, una disminución de la tasa de interés con el propósito de aumentar la demanda, puede exacerbar la presión al alza del tipo de cambio. En lugar de reactivar la economía se originaría un efecto contrario. Dada la dolarización de las colocaciones del sistema bancario, aumentaría su cartera morosa, provocando una contracción mayor de los créditos y problemas de «hoja de balance» en los bancos que dolarizaron los créditos.
 
No se ha aprendido nada, o muy poco, de los efectos que produjo en nuestro país la crisis asiática y rusa de los años 1997-1998. Entre abril de 2013 y el 1 de julio de 2015, el Banco Central (BCRP) en su intento fallido de impedir la subida del tipo de cambio, ha perdido el 42.9% de sus reservas internacionales (posición de cambio). La tasa de pérdida mensual entre  enero y junio de este año, fue de US$ 1,193 millones.  El BCRP ahora tiene solo US$ 28,212.6 millones, cifra que alcanzaría  únicamente para 24 meses, si la tasa de pérdida mensual continúa.
 
En segundo lugar,  la tasa de crecimiento del producto potencial es muy baja: entre 3.5% y 4.5% del PBI. Las magnitudes varían según los métodos de estimación que se adopte y según se tome en cuenta para el cálculo del producto potencial, todo el PBI o solo la producción material, dejando de lado las actividades de servicios. Impulsar el crecimiento mediante aumentos de la demanda interna, a tasas superiores a la del producto potencial, exacerbaría las presiones inflacionarias y acrecentaría el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.
 
Las reformas y políticas neoliberales cambiaron la estructura productiva y, por tanto, el comportamiento a largo plazo del PBI. La economía peruana actual es menos productora de bienes manufacturados y agrícolas, y más productora de servicios de baja productividad. El 67.1% del PBI de 2013 corresponde a actividades no transables (comercio, construcción y servicios). Este porcentaje se eleva a 79.2% si se le adiciona la producción de minería e hidrocarburos. La producción manufacturera, agrícola y pesquera representa solo el 20.8% restante, producción que equivale al 25% de la suma del consumo e inversión del sector privado. De otro lado, el total de las importaciones de bienes asciende a 157% de la producción manufacturera a precios de 2007. Este porcentaje se reduce a 112.5% si la producción agrícola y pesquera se suma a la producción manufacturera.
 
En tercer lugar, el patrón de acumulación de capital que dio lugar a este tipo de estructura productiva, si bien aumentó el coeficiente de inversión a PBI, estuvo caracterizado por un sesgo hacia la inversión en construcción. La participación de esta inversión se mantuvo, en promedio, por encima de la participación de la inversión en maquinaria y equipo. Esta última aumentó en los años de la «década dorada», pero estuvo dirigida fundamentalmente hacia el sector extractivo.  Como resultado de ello, el stock de capital per cápita aumentó en solo 26.9% durante el período 1990-2013, casi la mitad del incremento registrado (43.5%) en los años 1960-1980. Esta reducción relativa de la capacidad productiva per cápita explica la existencia de un alto porcentaje (73.7% del empleo total) de trabajadores informales (de baja productividad y bajos ingresos), a pesar del crecimiento en la «década dorada». Pero, además, esa reducción opera como una barrera a los aumentos sostenidos del PBI per cápita, debido a que aumentarían significativamente las importaciones y, por lo tanto, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.
 
A modo de conclusión
 
La actual estructura de precios relativos --funcional a este estilo de crecimiento sesgado a la producción de commoditiesy de bienes y servicios no transables--, tiene que cambiar para dar inicio a la construcción de motores internos de crecimiento y desarrollo. 
 
 
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 18

Fecha Publicación: 2015-07-11T17:53:00.000-07:00
Los efectos económicos contractivos de la crisis internacional de 2008-2009, que aún no se revierte totalmente, nos obligan a replantear el contenido de la política económica aplicada en el país en los últimos veinticinco años. La vulnerabilidad externa de la economía peruana no es nueva. En la mayor parte de su historia, los impulsos al crecimiento y los factores de su desaceleración, no fueron internos sino fundamentalmente externos. Tampoco es nuevo que en las etapas de enfriamiento económico, como el actual,  «redescubramos» que se hizo muy poco o casi nada por desarrollar fuentes internas de un crecimiento y desarrollo sostenible. Lo nuevo es que la actual desaceleración económica, al igual que la recesión de los años 1998-2001, ocurre en una economía con una estructura productiva afectada por las políticas neoliberales. Además, este hecho nuevo nos dice que es imposible construir motores de crecimiento internos con las mismas políticas que acompañaron a los episodios de crecimiento de los años 1993-1997 y 2003-2013.

Las lecciones que tenemos que aprender
En primer lugar, no se puede seguir con una economía dependiente de las fluctuaciones de la economía internacional. El carácter abierto de la economía no tiene por qué entrar en contradicción con la necesidad de generar fuentes internas de crecimiento económico, es decir, fuentes de crecimiento que se encuentren dentro del Estado-Nación. Esta endogenización del crecimiento es la alternativa de desarrollo con relativa independencia de los mercados internacionales.
Después del fracaso del proceso sustitutivo de importaciones y de la crisis de la deuda externa, se introdujeron políticas de ajuste estructural, de desmantelamiento de los estándares regulatorios y las privatizaciones, en consonancia con el decálogo del Consenso de Washington, que afectaron notablemente la estructura productiva, la composición del producto, y su capacidad de absorción de empleo. Las políticas de industrialización y de diversificación productiva fueron dejadas de lado porque, según la ideología neoliberal, no eran compatibles con la libertad y auto-regulación de los mercados y con la noción de que las intervenciones del Estado solo generan distorsiones en los mercados.
En segundo lugar, la libre movilidad de capitales es otro factor de vulnerabilidad de la economía ante cambios repentinos en los mercados financieros. Los efectos de estas fluctuaciones son nocivos para el crecimiento y  el empleo. Las entradas de capitales aprecian la moneda minando la competitividad de las actividades transables y sus abruptas salidas generan fuertes presiones inflacionarias. A esta apreciación que genera el influjo de capitales se suma la llamada «enfermedad holandesa» que es la apreciación provocada por el modelo primario exportador.
En tercer lugar, no es verdad lo que dice la «teoría» de la libre movilidad de capitales. Según esta «teoría» las inversiones productivas domésticas son financiadas por los fondos de capital internacionales. Lo que sí es verdad es que las empresas transnacionales aprovechan la libre movilidad de capitales para financiar sus inversiones, en el país o en sus países de origen, mediante la absorción de ahorro doméstico a través de emisiones de títulos financieros en el mercado nacional de capitales.
En relación a los problemas que genera en nuestros países la libre movilidad de capitales, el propio FMI señaló en febrero de 2010 que «la lógica sugiere que los controles a los flujos de capitales diseñados apropiadamente podrían ser útiles complementos a otras políticas». Los controles impedirían la pérdida de competitividad de las actividades transables por la apreciación monetaria que generan los influjos de capitales, y, también reducirían –como bien señala Dani Rodrik— «la vulnerabilidad de la economía a cambios repentinos en el sentimiento de los mercados financieros que causan estragos en el crecimiento y en el empleo».
En cuarto lugar, no hay que olvidar que el problema central en países con escaso desarrollo industrial y agrícola como el nuestro, no está en la magnitud de las inversiones domésticas, sino en la orientación de su asignación. Las inversiones privadas nacionales no se dirigen, por sí solas, a desarrollar agroindustria y manufactura en la sierra y la selva del país. Estas tienen restricciones tanto de mercado como de financiamiento que las inversiones extrajeras no las tienen. Esta es la razón por la cual no se puede prescindir del Estado, de su capacidad para orientar la transformación productiva y su diversificación.
Finalmente, la experiencia enseña que las políticas pro crecimiento y empleo deben estar acompañadas por políticas macroeconómicas (fiscal, monetaria, cambiaria y de desarrollo del mercado de capitales) que les son funcionales. Estas políticas no pueden operar en sentido contrario ni ser, ni son en la práctica, absolutamente neutrales. Las políticas macroeconómicas son las que determinan la estructura de precios relativos útiles para la orientación de la asignación de las inversiones; y, la política de inversiones públicas, en particular, es fundamental para superar la restricción de mercado de las inversiones privadas nacionales.  
A modo de conclusión
Suena mal decir, «se les dijo; se les advirtió». Pero, en este caso es preciso recordar que los responsables del retraso en el gasto de inversión en las regiones y del enorme riesgo cambiario que enfrentan las empresas privadas endeudadas en dólares son Luis Miguel Castilla y «el mejor banquero central de América Latina», Julio Velarde. El porcentaje de dolarización de los créditos corporativos, de la gran empresa y de la mediana empresa está por encima del 50%, y el de los créditos hipotecarios es de 33.5%.
 
 
Publicado en el Diario UNO, hpoy sábado 11 de julio.

Fecha Publicación: 2015-07-05T10:14:00.002-07:00
El gobierno griego no pudo convencer a sus acreedores para que le reduzcan significativamente su deuda y para cobrar mayores impuestos a las grandes empresas y fortunas. Esta propuesta era la alternativa a los rescates condicionados a los recortes de gastos y a los incrementos de los impuestos indirectos que le exigían sus acreedores. El martes 30 de junio Grecia tenía que pagar 1,600 millones de euros al FMI y, como no lo hizo, esta institución lo declaró en default.

Grecia en el espejo de América Latina

Seguir con las políticas de austeridad (recortar gastos sociales y limitar los gastos de inversión priorizando el pago de los servicios de la deuda pública), es condenar a la economía griega a un largo estancamiento. Los ajustes fiscales no ayudan a salir de la crisis; por el contrario, la prolongan. Grecia viene aplicando desde hace cinco años estas recetas de la «troika» (el grupo de decisión integrado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, y el Fondo Monetario Internacional), y en lugar de mejorar económicamente, está peor.   

América Latina fue el lugar del primer experimento de este tipo de políticas. Tan pronto se inició la crisis de la deuda externa, en 1982, el gobierno norteamericano puso en marcha el Plan Baker, junto a los programas de estabilización del FMI, con el objetivo de generar liquidez en los países deudores bajo la condición de que éstos aplicaran ajustes fiscales drásticos. Se trataba de una liquidez generada por los préstamos denominados de ajuste estructural, que no incorporaban la reducción de la deuda ni de la carga de sus servicios.  Los recortes de los gastos que hicieron los gobiernos, provocaron un largo estancamiento económico que luego fue denominado la «década perdida de América Latina».

A fines de la década, en 1989, se puso en marcha el Plan Brady que sí contemplaba la reducción del valor nominal de la deuda, la rebaja de sus servicios y la obtención de nuevos préstamos, pero que sumaba a las políticas de austeridad, la privatización de las empresas públicas, la liberalización comercial y financiera, la flexibilización del mercado laboral, las facilidades a las inversiones extranjeras, el pago obligatorio de los atrasos y otras reformas estructurales, todo bajo la supervisión conjunta del FMI y del Banco Mundial. Así, las políticas económicas para nuestros países se dictaron desde el exterior, con lo cual perdió sentido la concepción del Estado Nacional como centro básico y soberano de decisiones de política. Grecia está ahora en una situación parecida.

¿Crisis de la Unión Europea?

Algunos eventos socio-políticos pueden convertirse, sin que necesariamente se hayan propuesto sus actores, en hechos ejemplares y con transcendencia histórica. Este puede ser el caso si el pueblo griego vota masivamente por el NO en el referéndum convocado para el próximo domingo 5 de julio. Votar por NO someterse a las políticas definidas por la «troika», sería la expresión de la recuperación --por medios democráticos-- del Estado Nacional como «centro básico y soberano de decisiones» para reestructurar la economía griega. Pero hay que señalar que el objetivo de la «troika» es otro. Pretende que el referéndum sea el que saque al primer ministro Alexis Tsipras del gobierno.

La crisis que provocaría la salida de Grecia del sistema del Euro, sería la demostración de que la globalización o integración económica mundial, no es posible ni siquiera en términos de un federalismo «regional» como lo es la llamada Unión Europea. Aspirar a un supra-Estado y a una economía global, es posible solo sacrificando la democracia y la soberanía nacional.

El proyecto político de la Unión Europea tuvo un defecto de origen. Les quitó soberanía monetaria a sus integrantes, creando un Banco Central único, pero dejó un conjunto desigual de países con relativa autonomía fiscal. Los miembros de esta Unión perdieron la posibilidad de hacer política monetaria y cambiaria, pero podían implementar programas fiscales deficitarios, endeudándose con los bancos de los países del centro europeo. Este tipo de endeudamiento encontró su límite en plena crisis financiera internacional desatada con la quiebra de Lehman Brothers.

Grecia es solo un eslabón de la cadena de países endeudados de la periferia europea. Los otros son Italia y Portugal con una deuda de 132% y 130% de su PBI, respectivamente. Pero aunque sólo represente el 2% de la economía de la Unión Europea, el triunfo del NO podría acabar con el mito de tener un «Estado Nacional» totalmente receptivo a las necesidades de la economía internacional (o del centro europeo), sin afectar la democracia. Las decisiones de política fuera de las fronteras nacionales afectan la democracia. Como dice Dani Rodrik, «Democracia, soberanía nacional e integración económica mundial son objetivos mutuamente incompatibles. Si se desea más globalización hay que renunciar a algo de democracia o a algo de soberanía nacional. Alcanzar los tres objetivos es imposible».

A modo de conclusión

Alexis Tsipras no propone ciertamente sacar a Grecia de la zona euro. Pero la decisión no está en sus manos, sino en la de sus acreedores y de la «troika». Estos ya han conseguido que más de la mitad del presupuesto griego se destine al pago de intereses y amortizaciones de la deuda. Acentuar las políticas de austeridad y ajuste, como pretende la «troika», será imposible si gana el NO en el referéndum. Por eso la salida de Grecia del sistema del Euro es altamente probable; y, si ocurre, puede constituirse en un ejemplo de recuperación del Estado Nacional. No habrá más efectos que la  continuación del estancamiento económico internacional. En todo caso sus efectos financieros serán mínimos. Grecia, la cuna del pensamiento democrático republicano y del Estado de Derecho, está ante la posibilidad, como dice Stiglitz, de  «modelar un futuro»





Publicado en el Diario UNO, el sábado 04 de julio



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Fecha Publicación: 2015-06-23T17:20:00.000-07:00
Economistas, politólogos y otros profesionales está difundiendo la idea de que el problema central en el Perú de hoy está en la existencia de instituciones débiles. No sorprende que los acólitos del llamado milagro económico (el alto crecimiento de los años 2003-2013) estén de acuerdo con este diagnóstico. Son los que difunden la idea de que «los culpables de esta debilidad son «los gobiernos». Son los mismos que sostienen –contradictoriamente-- que la causa del milagro de las «realizaciones económicas y sociales» fue la Constitución de 1993. ¡Fue una nueva institución –la constitución del 93—la que hizo posible el aumento de la inversión privada (y también de la pública), generando, por lo tanto, crecimiento, creación de empleo, disminución de la pobreza, etc.!   

«Milagro» con instituciones económicas extractivistas

Lo que no se entiende bien es por qué coinciden con este diagnóstico, los que sostienen que el crecimiento de los años 2003-2013 fue un falso milagro y que sus causas fueron totalmente externas (crecimiento de la demanda mundial, precios altos de los minerales y condiciones financieras favorables). Reconocen que fue un crecimiento con un alto porcentaje (73.7%) de trabajadores informales y con un pobre desempeño de la productividad (véase el libro de Ganoza y Stiglich: El Perú esta Calato – El falso milagro de la economía peruana y las trampas que amenazan nuestro progreso).

Si se acepta que este crecimiento fue el resultado de la operación de instituciones económicas extractivistas, entonces no será difícil concluir por qué éstas fueron acompañadas por instituciones políticas también extractivistas. Decir que las instituciones son débiles, es, por lo tanto, un eufemismo, para encubrir que el extractivismo es la característica fundamental del modelo neoliberal, modelo que  se introdujo precisamente con la constitución del año 1993. Las instituciones políticas extractivistas son fuertes, no son débiles, y para sustituirlas con instituciones políticas inclusivas, se tiene que cambiar el modelo económico y político neoliberal, y el contrato social que le dio origen.

Las instituciones económicas extractivistas son las que operan extrayendo rentas, sin transformar ni innovar, y que promueven, junto a la concentración del poder económico, el desmantelamiento de los estándares regulatorios. El neoliberalismo, como ideología de la libertad irrestricta del mercado, ha promovido la explotación (especialización en la producción) de recursos con alta renta natural, como los minerales. Pero también, la obtención de ganancias espurias de competitividad mediante la flexibilización del mercado de trabajo y el abaratamiento de los costos laborales; por eso no hemos tenido ganancias de competitividad sobre la base de aumentos en la productividad. Hay extractivismo en todos los sectores de la economía. Es la institución de la ganancia fácil (piense en las AFP, en los seguros, o, más específicamente, en las ganancias cambiarias de los bancos).

Las instituciones políticas extractivistas

Las «deficiencias institucionales» de las que nos hablan Ganoza y Stiglich no se pueden desvincular del extractivismo neoliberal de los últimos 25 años, aunque su origen o parentesco es más remoto. La «debilidad de los partidos políticos, la incapacidad del Estado para imponer seguridad y combatir el crimen, y la pérdida de legitimidad de los poderes del Estado», así como el deterioro de la calidad de la Educación y de los servicios de Salud, tienen relación con las políticas económicas neoliberales implementadas en los últimos veinticinco años. ¿Quién no sabe que en los años noventa se generaban superávit primarios para servir la deuda externa, recortando gastos en educación, salud y mantenimiento de la infraestructura económica y social? ¿Quién no recuerda que en pleno «milagro» se generaron superávit primarios de 3.2% del PBI en los años 2004-2008 y de 2.8% en los años 2011-2013? ¿Quién no sabe que esta ideología de la austeridad es, en todo momento y en todo lugar, una ideología neoliberal?

Krugman dice que «las ideas realmente malas tienen un extraordinario poder de resistencia (…) Y el ejemplo perfecto de una idea realmente mala es la determinación, contra toda evidencia, de defender que el gasto público que ayuda a los desfavorecidos es una causa fundamental de nuestros problemas económicos». A los neoliberales no les importa que «la ayuda a los desfavorecidos» en Perú, sea mejorar la calidad de la educación y salud públicas, o aumentar los sueldos de los maestros, del personal del poder judicial y de la policía. Por eso decimos que las instituciones económicas extractivistas no están disociadas de las instituciones políticas extractivistas. Estas últimas no incentivan la innovación ni la eficiencia en el ejercicio de la función pública; erosionan la democracia porque no promueven la virtud cívica y la rendición de cuentas de los elegidos; evaden la fiscalización; y, favorecen la penetración de la corrupción en las instituciones de Estado. Entonces, la llamada debilidad institucional es funcional al modelo neoliberal extractivista.

Shock institucional o cambio de modelo

Para superar esta «debilidad» se requiere un shock institucional –dicen Ganoza y Stiglich—orientado a lograr «cuatro cambios fundamentales para tener instituciones políticas y judiciales conducentes al desarrollo: 1) fortalecimiento y concentración de los partidos políticos; 2) representatividad de esos partidos con mecanismos de democracia interna; 3) calidad de los jueces y fiscales por medio de una carrera judicial meritocrática; y, 4) transparencia y rendición de cuentas en las instituciones judiciales (poder Judicial, Ministerio Público y Consejo Nacional de la Magistratura)».

Pero se trata de un shock que no va al fondo del problema. El proceso político determina el tipo de instituciones económicas y son las instituciones políticas las que determinan cómo funciona este proceso. Por lo tanto, de acuerdo con Acemoglu y Robinson, «El problema está en quién tiene el Poder (cómo se toman las decisiones, quién toma esas decisiones y por qué los que tienen el poder deciden hacer lo que hacen) (…) Diferentes instituciones tienen distintas consecuencias para la prosperidad de una nación, sobre cómo se reparte esa prosperidad y quién tiene el poder» La solución está entonces por el lado de la acción política y de los procesos políticos.






Publicado en el Diario UNO, el sábado 20 de junio