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Fecha Publicación: 2016-06-24T17:07:00.001-07:00

Las diferencias en las propuestas económicas de las dos agrupaciones —Fuerza Popular (FP) y Peruanos por el Kambio (PPK)— que compitieron en el balotaje, pasaron a un segundo plano. Keiko Fujimori quiso convertir esta competencia en una disputa entre los intereses de las pequeñas y medianas empresas, cuya representación ella se adjudicó, y los intereses de las grandes empresas que según ella defendía PPK; pero esta treta no le dio resultado, pues traía una historia —su directa vinculación con la dictadura corrupta de su padre— que se reveló intacta con la denuncia de que el secretario general de su «partido» y principal financista de su campaña, Joaquín Ramírez, es investigado por la DEA por lavado de activos y narcotráfico. A esto se agregó la práctica «montesinista» de alterar un audio para tratar de desmentir esta denuncia, con la participación nada menos que de su candidato a la vicepresidencia, José Chlimper.   
La defensa de la democracia      
Las agrupaciones FP y PPK se revelaron, entonces, como dos opciones políticas contrapuestas con relación a la democracia. Los electores tenían que optar, en consecuencia, por una candidatura —la de Pedro Pablo Kuczynski— que representaba la defensa del régimen democrático y la otra —la de Keiko Fujimori— antidemocrática, contraria a la virtud cívica por sus prácticas descaradamente clientelares. El fujimorismo organizado en FP aparecía como la negación de un régimen donde los «todos los ciudadanos tienen iguales derechos y son igualmente Dignos».
Con la elección de PPK, entonces, triunfó la Democracia y perdió la opción que hizo de la mentira una forma de hacer política; perdió la opción vinculada al narcotráfico y al crimen, adornada con un discurso populista. Podemos decir, por otro lado, que el resultado del balotaje es histórico no solo porque revela la existencia en nuestro país de una población (y de una juventud) mayoritariamente democrática, sino también porque es la primera vez que la izquierda liderada por Verónika Mendoza optan por la defensa de la Democracia. Esta es una aceptación abierta de que la transformación del orden social puede y tiene que hacerse en democracia y fortaleciendo la democracia.
Cambios políticos e institucionales
La participación exitosa del conjunto heterogéneo de fuerzas democráticas en el balotaje  puede convertirse, o podemos convertirla, en el inicio de un proceso político conducente al cambio radical en la forma de gobernar y también en la forma de hacer política en nuestro país.
El objetivo de este proceso de este proceso debe ser fortalecer la Democracia o, más precisamente, iniciar una transición verdadera a la Democracia. Primero debe impulsarse una reforma política integral que cierre la posibilidad del retorno de otra amenaza contra ella (como la penetración de la corrupción y el narcotráfico en las organizaciones políticas, las violaciones de los derechos y libertades, el clientelismo como modalidad de organización política, la constitución de oligarquías políticas, etc.). Por otro lado, exigir la práctica de la consulta, el diálogo y la rendición de cuentas como forma de gobernar. El respaldo de la población y sus organizaciones sociales, será indispensable para impedir una oposición intransigente desde el Congreso.
Gobernar a espaldas del pueblo y mediante componendas con el «liderazgo» del fujimorismo que controla el poder legislativo, conspirará más temprano que tarde contra la gobernabilidad. Las condiciones están dadas para gobernar con independencia de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), pero introduciendo mecanismos y reformas institucionales que aseguren que el Estado no solo brinde equitativamente servicios, sino que sea garante absoluto de la legalidad democrática. No habrá seguridad ciudadana ni Estado de Derecho si no se elimina la corrupción en todos los poderes del Estado, en especial en el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Para completar la transición democrática se requiere de una descentralización basada en un nuevo esquema de regionalización. Este esquema debe ser macro-regional y resultado de un ordenamiento territorial que asegure una integración armoniosa de la economía, con la geografía y la demografía. La regionalización actual (que es idéntica a división departamental del país) ha generado más problemas que soluciones. El crecimiento es desequilibrado y desigual, porque no se aprovechan plenamente las potencialidades de áreas geográficas y económicas que traspasan las fronteras de las actuales regiones. Estas son compartimentos estancos que no ayudan a aprovechar las externalidades de las inversiones públicas ni a su gestión eficiente.
Cambios en las propuestas económicas
Se puede empezar con el diseño de la macro-región del sur, para masificar el uso doméstico e industrial del gas, renegociando los contratos respectivos. Es una gran oportunidad para desarrollar industria vinculada a la explotación del gas. No es difícil que el nuevo gobierno encuentre un consenso rápido sobre este tema, incluso dentro del propio congreso, pues también fue una propuesta electoral del fujimorismo.
El nuevo gobierno recibirá una economía cuasi-estancada, con varios desequilibrios y desajustes estructurales, con una menor presión tributaria y con una espectacular penetración de importaciones. El principal reto entonces será articular la gestión del corto plazo (políticas macro) con las políticas orientadas a la diversificación productiva. El objetivo debe ser reducir la dependencia del crecimiento de la expansión de la demanda externa y altos precios de materias primas.
A modo de conclusión
Finalmente, la coyuntura económica actual, interna y externa, es propicia para poner en debate el papel del tipo de cambio como instrumento de cambio estructural, por su impacto directo en la expansión de las actividades transables y, en especial, de las industrias manufacturera y agroindustrial.
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 18 de Junio.

Fecha Publicación: 2016-06-24T17:04:00.003-07:00

El FMI —a través del artículo «Neoliberalismo: sobrevendido?» escrito por sus funcionarios Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani y Davide Furceri, y publicado en la edición de junio de este año de su revista Finance & Development—,  acaba de reconocer que las principales reformas y políticas neoliberales han tenido efectos contraproducentes en la sostenibilidad del crecimiento y en la distribución del ingreso. Pero este mea culpa no incentiva a sus autores a explicitar aquellas políticas que debieron adoptar países como el nuestro para superar las restricciones al crecimiento y fortalecer la democracia. Tampoco hay un recuento de los daños que esas reformas y políticas hicieron a nuestras economías y a la institucionalidad democrática.
Los ejes del programa neoliberal
Los dos ejes principales del programa neoliberal fueron: a) el aumento de la competencia mediante la desregulación y la apertura de los mercados nacionales —incluidos los mercados financieros— a la competencia extranjera; y, b) la reducción del papel del Estado, mediante la privatización de las empresas públicas y la limitación de la capacidad de los gobiernos para gestionar el déficit fiscal y la deuda pública.
¿Qué políticas no dieron los resultados esperados, según sus patrocinadores? Los autores del artículo señalan que hay dos políticas cuyos efectos económicos y sociales fueron negativos. La primera, la política orientada a la eliminación de las restricciones a los movimientos del capital internacional (o la liberalización de la denominada cuenta de capital); y, la segunda, la política de austeridad (denominada también de consolidación fiscal) orientada a reducir el déficit fiscal y los niveles de la deuda pública.
Los autores reconocen que los efectos de estas políticas, primero, no fueron beneficiosos para apuntalar el crecimiento económico de «un amplio grupo de países»; segundo, sus «costos en términos de aumento de la desigualdad [fueron] prominentes»; y tercero,  el aumento de la «desigualdad afectó el nivel y la sostenibilidad del crecimiento». En general, el registro de estos efectos es correcto, sobre todo si pensamos en nuestro país. Se creció en función a los ciclos de la demanda mundial y precios de las materias primas; y aumentó la desigualdad en la distribución funcional del ingreso junto al desmantelamiento de los derechos de los trabajadores.
Lo que no dice ni reconoce el FMI
Se suponía que la libre movilidad de capitales canalizaría los ahorros del resto del mundo hacia actividades productivas en países como el nuestro. Pero, según el FMI esto se cumplió sólo en el caso de la Inversión extranjera directa (mediante la cual se transfirió —dice—tecnología y capital humano)  y no en el caso de los otros capitales —fundamentalmente de corto plazo— que se dirigieron a inversiones de cartera, a endeudamiento externo de los sistemas bancarios nacionales y a otras inversiones de carácter especulativo.
Lo que no se dice dice en el artículo, es que, con la liberalización comercial y financiera, las inversiones extranjeras se dirigieron básicamente hacia actividades de alta renta natural (materias primas) y/o hacia actividades con mercados cautivos (como la telefonía y la electricidad). Estas inversiones generaron, por un lado, una economía especializada en la producción de materias primas y de bienes no transables, junto a un proceso de desindustrialización asociado a la «enfermedad holandesa» (sistemática apreciación cambiaria); y, por otro lado, un aumento en el costo de producción por el aumento de las tarifas públicas proveniente de las empresas privatizadas.
La apertura financiera también permitió la práctica del «carry trade» por parte de los bancos nacionales. Se endeudaron en el exterior para prestar en moneda extranjera a empresas y familias locales con ingresos en moneda nacional. La consecuente dolarización de los créditos fue la causa de una crisis bancaria por el salto del tipo de cambio provocado por la crisis asiática y rusa; y, en los dos últimos años, ha provocado una «pérdida» masiva de reservas internacionales del Banco Central para impedir un nuevo salto cambiario durante la crisis de 2008-2009 y durante el período que siguió al anuncio de una política monería menos laxa por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El FMI no dijo nada durante el proceso de dolarización de los créditos en los años 1990 y del que ocurrió a partir de julio de 2006. Tampoco dijo nada respecto al proceso de desindustrialización y a la expansión de los sectores terciarios donde se encuentra el grueso de los trabajadores con baja productividad y calificación.
Finalmente, la privatización y los recortes de gastos para reducir el déficit fiscal y la deuda pública, tuvieron un costo económico y social elevado.  Disminuyeron los presupuestos de educación, salud, seguridad social como porcentaje del PBI; se desmanteló el sistema de planificación de las inversiones públicas; y se redujeron los gastos en mantenimiento de la infraestructura económica y social. El FMI y Banco Mundial, fueron los responsables de la década perdida de América Latina (los años 1980); y, en nuestro país, del deterioro de la calidad de la educación, de la salud, de la infraestructura y de las instituciones que conforman la administración gubernamental del Estado.
A estas dos instituciones que participaron activamente en la renegociación de la deuda externa, nunca se les ocurrió crear un mercado interno de deuda en moneda local para pre-pagar la deuda externa y eliminar el riesgo cambiario y de tasas de interés de la deuda pública. Era y es la manera de asegurar la sostenibilidad fiscal.
A modo de conclusión  
No solo había que recuperar soberanía en la política cambiaria mediante restricciones al movimiento internacional de capitales, sino también desarrollar el mercado de deuda publica en soles. El tipo de cambio debió convertirse en el principal instrumento de industrialización y el mercado de deuda pública «solarizada» contribuiría no solo a la sostenibilidad fiscal, sino también al desarrollo del mercado de capitales.
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 4 de Junio

Fecha Publicación: 2016-05-30T14:28:00.000-07:00
Ollanta Humala pasará a la historia, no como el presidente más mediocre (que sí lo es), sino como el presidente que dejó que se deteriore la economía (optando por el piloto automático) y que no frenó la continua degradación de la democracia con una adecuada reforma política. Además, este presidente dejó que aumente la inseguridad ciudadana y no hizo prácticamente nada para que disminuya la corrupción. Si fue «conminado» a no tocar el modelo económico, pudo haber hecho algo importante en el terreno de la política y la democracia; pero, no lo hizo. Por estas garrafales omisiones, Humala será recordado como el presidente que allanó el camino para el retorno (Dios no lo quiera) del fujimorismo y del narco Estado.
 
El daño en la estructura productiva
Su gobierno nos hizo perder una excelente oportunidad para resolver los principales problemas estructurales de la economía.  Asumió el poder con una economía en crecimiento y va a dejar una economía cuasi estancada. Pudo parar el crecimiento espectacular de las importaciones, pero puso en el Banco Central a un economista que promovió la sistemática apreciación de la moneda, haciéndoles perder competitividad a los exportadores de productos no tradicionales. El resultado fue un creciente déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que pasó de 1.9 % del PBI en 2011 a 4.4 % en 2015 y a 4.7% en el primer trimestre de este año. Recordemos que en los últimos 36 años, la cuenta corriente fue superavitaria solo durante cuatro (de 2004 a 2007) y nuevamente se ha vuelto deficitaria por la inacción de los dos últimos gobiernos. No aprovecharon el boom primario exportador para diversificar el aparato productivo.
Humala nos deja una economía con una estructura productiva menos industrial, menos agrícola, más productora de servicios de baja productividad y con una tasa de acumulación del capital per cápita que no permite la creación de empleos en magnitudes suficientes para reducir el subempleo y la informalidad. Entre los años 2010 y 2015 el empleo creció a la tasa de 1.65 % anual (se crearon aproximadamente solo 220 mil empleos por año (formales e informales). El empleo informal sigue siendo alto (74.3 % en 2012) y lo más probable es que esté aumentando con la actual desaceleración de la economía.
También dejará un Banco Central con solo 13 % del PBI de reservas internacionales. El cambio de las condiciones externas generó presiones al alza del tipo de cambio desde abril de 2013 y, desde esta fecha, en solo dos años, el Banco Central perdió US $ 24,447.33 millones, para impedir el efecto inflacionario de la presión devaluatoria. Con el mismo objetivo aumentó la tasa de interés en pleno enfriamiento económico, como si este tipo de política pudiera tener impacto en el flujo de salida de capitales.  En la medida en que no habrá —por varios años más— un nuevo boom de precios de materias primas ni una recuperación sostenida de la demanda mundial, este gobierno dejará un monto de reservas que no será suficiente para enfrentar un nuevo shock que presione al alza del precio del dólar de manera significativa.
Por último, dada estructura productiva dañada por el neoliberalismo, el espacio para una reactivación con políticas fiscales y monetarias contra-cíclicas es reducido. Los incrementos de la demanda interna, sin bien pueden reactivar la industria manufacturera, propiciaran simultáneamente el aumento del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. El incremento de este déficit provocará presiones devaluatorias y, por lo tanto, inflacionarias.
Las posturas sociales de un converso neoliberal
Humala ha apartado aún más la economía de la democracia y de los derechos sociales. En plena degradación de la democracia, las reducciones de impuestos decretadas por su gobierno en beneficio de las grandes empresas, reducirán la presión tributaria. Humala pide que el próximo gobierno respete «sus» programas sociales, pero los dejará con financiamiento tributario reducido. Es verdad que existe el Fondo de Estabilización y algunos depósitos en la banca comercial, pero estos pueden servir para apuntalar a corto plazo la inversión pública, pero no para sostener en el tiempo el financiamiento de los programas sociales. Recién en los dos últimos años de su gobierno, Humala aceptó aumentar el presupuesto (como porcentaje del PBI) en los sectores sociales, en especial en educación, y no se dio cuenta, cuando le hicieron firmar las reducciones tributarias, que «borraba con el codo lo que hizo con la mano».
Pero también Humala ha conspirado contra la democracia y la soberanía nacional, al promover y firmar tratados (como el TPP), que encarecerán los medicamentos (limitando el acceso a medicamentos genéricos más baratos) y que —al igual que los tratados comerciales—, someten al Estado al poder de las empresas transnacionales. Se le maniata su capacidad para dictar medidas (regulaciones, controles de capital, aumentos tributarios, etc.) orientadas a mejorar el desempeño económico en interés de la población.
Tampoco hizo una reforma del sistema de pensiones favorable a los trabajadores. Se preocupó más por velar los intereses de las AFP, instituciones claramente extractivas o rentistas. Se opuso, junto con su ministro de economía, a la ley que permite el retiro del 95.5 % de los fondos de las AFP.  En el colmo de la desfachatez, su  ministro dice que esta ley viola el Convenio 102 de la OIT sobre la seguridad social y que él supone que será denunciada internacionalmente (¡).
El ministro miente porque el Convenio 102 no protege a las AFP. Por el contrario, el propio gobierno —al proteger a las AFP— es el que ha violado el Convenio 102 porque no se ha preocupado de que aumente el «el porcentaje de la población protegida por los sistemas de seguridad social», ni se ha preocupado por las mejoras en las tasas de reemplazo y en el nivel de la «prestación mínima». Como bien señala la misma OIT, «el Convenio 102 no prescribe la manera de lograr estos objetivos, sino que deja una cierta flexibilidad a sus Estados Miembros».
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 28 de mayo

Fecha Publicación: 2016-05-30T14:25:00.002-07:00
Sería una falta de respeto a los que luchan por el desarrollo de nuestro país en democracia; a los que defienden nuestros derechos y libertades; a los patriotas que creyeron y creen en la soberanía nacional; a los que defienden su patrimonio natural y cultural; a los que se indignan ante la discriminación y la exclusión social y económica; a los luchan contra la depredación de los recursos y el daño de nuestros ecosistemas; en fin, sería una falta de consideración a las futuras generaciones, mantenerse neutral o votar en blanco en el balotage del 5 de junio próximo. Para decirlo de una vez, y claramente, un gobierno de Keiko Fujimori sería muy riesgoso para el futuro de nuestro país. Es preferible votar por el candidato PPK que no tiene una historia ominosa contra la democracia.
 
Por qué debemos votar contra Keiko Fujimori
Con Keiko se perpetuaría la actual degradación de la democracia, el atraso social y la miseria moral que son básicamente el producto del gobierno de su padre, hoy preso por corrupto y violador de los derechos y libertades fundamentales. La candidata fujimorista con su propia campaña electoral está exacerbando la degradación de la democracia y de la política. Las razones son las siguientes:
1)   Lidera un «partido» que alberga a violadores de derechos de los trabajadores y a acusados de lavado de activos. Su candidato a la vicepresidencia, propietario de la empresa Agrokasa, aplica una norma que le permite no pagar las CTS a sus trabajadores y recortarles sus gratificaciones y vacaciones. Además, no permite la sindicalización de sus trabajadores; si estos osan hacerlo, los despide.  El otro caso emblemático es Joaquín Ramirez, secretario general de su «partido» y principal financista de su campaña, acusado por lavado de activos.  
2)   Viola las reglas electorales democráticas. Acaba de hacer, en el sur de nuestro país, una demostración de poder antidemocrática, insultante y que viola las reglas electorales, al trasladar, en más de un centenar de camionetas, a supuestos simpatizantes de su «partido» para asistir a una de sus concentraciones o mítines proselitistas. No se sabe cómo se financian estos traslados multitudinarios, ni quiénes son los propietarios del centenar de camionetas.  
3)   Trata a la población pobre como serviles y no como ciudadanos. El traslado de supuestos simpatizantes es a cambio de dinero; por lo tanto, estos desplazamientos no son espontáneos.  Se abusa de la precariedad de la situación económica y social de la población reclutada, atentando así contra su libertad y su integridad moral. Los compatriotas así reclutados son peor que meros electores; son comprados, con lo cual han perdido su capacidad de ciudadanos.
4)   Apela a los marginales, a los informales y a los que están fuera de la ley. Firma trato con extorsionadores, se «compromete» con transportistas informales y transgresores de la ley, firma acuerdos con mineros ilegales (como el congresista electo por su partido Moisés Mamani, investigado por el Ministerio Publico), y tiene promotores a traqueteros  y traficantes de coca.
5)   Pervierte a las instituciones, en especial al poder judicial. Al igual que el APRA, el fujimorismo ha penetrado las instituciones del Estado, en especial el poder judicial y el ministerio público. La muerte de dos personas por la volcadura de una de las camionetas que transportaba a «simpatizantes» del fujimorismo, ha «permitido» revelar que su propietario era nada menos que el Fiscal Adjunto Provincial de Prevención del Delito de San Román – Juliaca, Yóber Juan Chaiña Mamani.
6)   Su aspiración es copar y controlar todos los poderes del Estado. Esta práctica es de raigambre aprista y fujimorista. Controlarán el poder legislativo (han conseguido mayoría absoluta en la primera vuelta) y el poder ejecutivo, si llega a ser gobierno; y, por su puesto, en este caso penetrarán aún más en los otros poderes del Estado. Sin independencia y separación de poderes, no habrá democracia.
La mentira y la corrupción como forma de hacer política
Con estas caracterizas del movimiento fujimorista, no hay posibilidades de superación de la actual degradación de la democracia. La mentira y la corrupción es la forma de hacer política de todos los fujimoristas. Su líder ha dado versiones contradictorias sobre el origen del financiamiento de sus estudios en Estados Unidos y ha cambiado algunas de sus ofertar electorales para aproximarse al centro. Todos operan en un marco legal e institucional extractivista, rentista, que es contrario a la democracia y al desarrollo.
Del fujimorismo hemos heredado la «cultura de la yuca». Ellos no obedecen las leyes ni las reglas. Son transgresores consuetudinarios. Del fujimorismo hemos heredado un estadio social  con miseria moral. Aliados, militantes y líderes del fujimorismo están acostumbrados a una pauta de conducta moral que es contraria a la convivencia democrática.  Son contrarios al desarrollo de ciudadanos virtuosos, políticamente activos y comprometidos con los intereses públicos.   
A modo de conclusión
Se dice que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. Ya vivimos la tragedia del fujimorismo liderado por reo Alberto Fujimori. Evitemos que llegue al gobierno Keiko Fujimori, la ex primera dama, porque sería un gobierno del engaño o de la patraña, con espacios cerrados para el ejercicio de la democracia. Nuestro país merece, como lo hemos dicho varias veces, una cura moral, para salir del atraso e iniciar otra ruta de desarrollo.
 
 
Publicado en el Diario UNO,  el sábado 21 de mayo

Fecha Publicación: 2016-05-11T14:49:00.002-07:00


Fecha Publicación: 2016-05-07T13:51:00.000-07:00
Hay una polarización del discurso económico del fujimorismo para esta segunda vuelta electoral. Los fujimoristas dicen que el candidato PPK representa a las grandes empresas porque, según su plan de gobierno, las empresas que facturen «2300 UIT’s —9 millones de soles— o más pueden descontar el integro de su inversión de su monto imponible». Esta es «una ofrenda a los grandes empresarios», «es una propuesta tributaria que favorece directa y únicamente a las grandes empresas», dijo su nuevo vocero económico Elmer Cuba. Hay un «desconocimiento del mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Es una ridiculez pensar enfatizó Cuba— que la gente se va a formalizar por bajar un punto el IGV, no hay evidencia internacional que sostenga semejante planteamiento».

El fujimorismo está reproduciendo, mutatis mutandis, el escenario de la segunda vuelta electoral del año 1990. Mientras se autoproclama representante de los llamados «emprendedores», acusa a su contrincante PPK, de representante de las grandes empresas que no «requieren de ofrendas para invertir».  En este empeño de polarización, el fujimorismo anuncia también que derogará la norma que reduce el impuesto a la renta hasta 26% y acelerará «el crecimiento económico con políticas macroeconómicas fuertemente anti-cíclicas bien pensadas, para llevar a una tasa de crecimiento de 5% o 6% en los cinco años de gestión».
Fujimorismo es contrario a la democracia
Este discurso económico es efectista, electorero, y no apunta a la solución de los problemas estructurales del país. Hay que agregar que estamos frente a una maquinaria política clientelista caza-votos para «conquistar» el poder; maquinaria que ha sido construida durante varios años de «trabajo», no de formación de adherentes ciudadanos, sino de «compra» de votantes con dinero aparentemente «inexplicable».
Como lo señalamos en nuestro artículo del 20/02/2016, la aplicación de las reformas y políticas neoliberales en los años 1990, «dio curso al individualismo “criollo” y a la reproducción de la informalidad en la economía y en la política». Por esta razón,  la organización que lidera Keiko Fujimori, no puede calificarse de democrática. No son ciudadanos lo que le dan sustento, sino los informales, los que transgreden la ley, los mineros ilegales, los que provienen de la «cultura-combi» y la practican, los que no respetan los espacios públicos, los «pastores» conservadores y otros personajes extorsionadores.  A este cultura combi o de la informalidad y que yo llamo «subcultura de la yuca» —recordando el gesto de su padre—, pertenece el fujimorismo liderado hoy por Keiko.
Este fujimorismo convive con la actual crisis política. Es parte de esta crisis porque  envilecieron y siguen envileciendo la política. Porque hicieron y seguirán haciendo del fraude,  de la corrupción, del delito y de la mentira, una forma de gobernar. El fujimorismo en el poder degradará aún más a la democracia, vaciándola de contenido.
El fujimorismo económico
El mundo de la informalidad —económica, social y política— proviene de las reformas neoliberales llevadas a cabo en la década de los años 1990. Con las desregulaciones y privatizaciones,  aumentó la informalidad. El sector servicios —donde se encuentra el grueso de los trabajadores no-calificados y de baja productividad, es donde más crece el empleo. El número de trabajadores en este sector aumentó en 26.7 % durante el período 1992-2000. El empleo sin contrato creció en 22.3 % durante este mismo período. También creció de manera notable el empleo sin contrato en las micro empresas (representaron el 72.3 % en el año 2000). Por último, aumentó el número de trabajadores en el sector informal,  pasando de cerca de 50 % en 1992 a 63 % en el año 2000. En la actualidad más del 70% de los trabajadores son informales.
Durante esta misma década disminuyeron de manera notable los presupuestos de educación, salud y seguridad social, como porcentaje del PBI. Pero, se robó cerca de 6 mil millones de dólares del patrimonio el Estado, equivalentes a 11.4 % del  PBI promedio de los años 1995-2000 y a 17.1 % del PBI promedio de 1990-1994. De acuerdo con estos porcentajes, ese monto correspondía de 5 a 8 presupuestos del sector educación.
Es curioso, por decir lo menos, que los efectos sociales negativos de las políticas del fujimorismo neoliberal de los años 1990, sean ahora la explicación del crecimiento de su maquinaria política. El país se hizo más informal y se expandieron las instituciones extractivistas en la economía y la política, y en casi todo el aparato gubernamental del Estado.
A modo de conclusión
La actual degradación de la política y la democracia será exacerbada con la vuelta del fujimorismo al poder. Se cerrarán las puertas a los movimientos ciudadanos que están por el cambio social. La izquierda tendrá menos posibilidades de competir con una maquinaria de este tipo. El fujimorismo será un gobierno que se servirá de la palabra democracia para mantenerse en el poder, pero socavándola o degradándola más. En consecuencia, el fujimorismo debe ser visto como el enemigo fundamental de la democracia. Tenemos que impedir, desde las urnas, que vuelva al poder.   


Publicado por el Diario UNO, el sábado 7 de mayo.

Fecha Publicación: 2016-05-06T16:02:00.000-07:00



Fecha Publicación: 2016-04-30T13:18:00.002-07:00
Las últimas cifras de crecimiento del PBI (6.04% en febrero y 4.72% en los dos primeros meses del año), están siendo exhibidas por las autoridades de este gobierno como resultado de sus propias acciones. No se cansan de señalar que, en el actual escenario de estancamiento internacional, nuestra economía sería la que más crecería en la región. El ministro de economía Alonso Segura ha dicho que este año el crecimiento sería de 4 % y el próximo de 5%. Entusiasmado por las cifras de crecimiento recientes,  hace aproximadamente dos semanas, afirmó que ya no es necesario estimular el crecimiento desde el Estado. «No puedes tener política expansiva permanentemente, ya es momento de retiro», sentenció. Nótese que el 21 de marzo del año pasado, este mismo ministro afirmó que la economía crecería 4.2% en 2015 (redujo su primer pronóstico de 4.8 %) y en 5.5 % en el año 2016. Pero, según la información del INEI, la tasa de crecimiento en el año 2015 fue de 3.3%.
 
La naturaleza del crecimiento reciente
No hay manera de demostrar que las cifras de crecimiento de los últimos veintisiete meses sean una muestra de «crecimiento sano». Se trata más bien de un crecimiento que no aumenta la capacidad productiva per cápita y que, además, su fuente no es el aumento de la productividad.  Las razones son las siguientes:
1)   Desde el año 2014 la economía crece con caída de la inversión tanto pública como privada. Caen en 2.0 % y 2.1% en 2014 y en 7.5 % y 4.3 % en 2015, respectivamente. Lo más probable es que en este año tampoco crezca la inversión privada. Es claro que si la inversión no crece por varios años, no hay adiciones netas a la capacidad productiva per cápita, lo que consecuentemente debe tener un efecto negativo sobre la evolución del producto potencial. Podemos afirmar, por lo tanto, sin lugar a equivocarnos, que la tasa de crecimiento del producto potencial debe estar notoriamente por debajo del 4.0 % promedio anual. Además, debemos señalar que el alto crecimiento de la producción minera, que explica parte importante del repunte del crecimiento reciente, es el resultado de inversiones hechas en años anteriores y no de inversiones nuevas. 
2)   Desde el año 2011 la tasa de crecimiento del empleo urbano «en empresas de 10 y más trabajadores», ha disminuido sistemáticamente hasta aproximarse a cero en los últimos meses. Este hecho, junto con el crecimiento del PBI que no está impulsado por la inversión, explica el aumento relativo del empleo de baja calificación y baja productividad que prolifera en empresas con menos de diez trabajadores. El resultado es un incremento del peso del sector Otros Servicios en la generación del PBI: ha aumentado de 45.41 % en el año 2007 a 49.0 % en los dos últimos años.  De otro lado, el sector Manufactura, para efectos prácticos, se encuentra en recesión desde el año 2014; está decreciendo sistemáticamente hasta la fecha.
3)   El crecimiento reciente ocurre junto con una caída sistemática de las exportaciones, no obstante el alto crecimiento de la producción minera. Se rompió el nexo entre la tasa de crecimiento del PBI y la tasa de crecimiento de las exportaciones —nexo dominante en el periodo de 2002 a 2013—, debido a la desaceleración de los precios de los minerales. Como la producción minera crece por la maduración de inversiones pasadas, esta situación no puede sostenerse en el tiempo. El estancamiento de las inversiones mineras en los próximos años explicará la rápida desaceleración del actual crecimiento de la minería. Mientras tanto, el crecimiento de la demanda interna que acompaña al crecimiento del PBI atenuará la caída de las importaciones, lo que se traducirá en déficits comerciales persistentes. No hay posibilidades de un impulso notorio de las exportaciones por el lado del tipo de cambio real. El tipo de cambio real bilateral está en los niveles que tenía en 1998 y por debajo (12 % menos) de su nivel promedio del período Julio 2002-julio 2006.
4)   Como consecuencia de la disminución del valor de las ventas de la producción minera,  el impuesto a la renta de este sector cayó en 41.5% en 2015 y en 20.3 % en el primer trimestre de este año. El actual crecimiento entonces está acompañado de una disminución del canon que afecta los presupuestos de las los gobiernos regionales y locales. Las bajas tasas de crecimiento del PBI en los dos últimos años también provocaron la caída de la recaudación total en 3.1 %.
El crecimiento reciente es, entonces, un espejismo
Si no hay crecimiento de la capacidad productiva per cápita porque la inversión no crece desde hace dos años; si el empleo en empresas de más de 10 trabajadores ya no crece; si la tasa de crecimiento del producto potencial se encuentra alrededor de 3.5 %; si la manufactura está en recesión desde hace dos años; si lo que crece es el empleo informal y el empleo de baja calificación y de baja productividad; si el producto per cápita ha caído en cerca de 14% (de US $ 6 167.9 en 2014 a US $ 5 673.2 en 2015); si los ingresos del gobierno, al igual que el canon, se han reducido; si el déficit comercial aumenta; en fin, si el contexto externo no vuelve a ser favorable para el crecimiento primario exportador en los próximos tres a cuatro años; entonces el crecimiento del PBI registrado recientemente no puede ser signo de salud económica.
El gobierno de Ollanta Humala dejará, entonces, una economía con un modelo de crecimiento agotado y con conflictos distributivos y regionales. Los que dicen que más que cambiar del modelo, la población exige un Estado más eficiente y menos corrupto, no han entendido que este Estado es fruto, nada más y nada menos, que de las políticas neoliberales.
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 30 de abril

Fecha Publicación: 2016-04-28T06:55:00.003-07:00
El proceso electoral, que aún no termina, ha revelado la profunda degradación de la democracia.  Las razones son las siguientes:

1)   Las autoridades electorales (JNE y JEE) usurparon nuestro derecho a elegir y violentaron el principio de igualdad ante la ley. Estas autoridades tuvieron un desempeño totalmente cuestionable que ha llevado a calificar a estas elecciones como «semidemocráticas». Afectaron nuestra libertad de elegir y no actuaron con neutralidad ni con estricto respeto a nuestros derechos constitucionales. Excluyeron a dos candidatos que en conjunto tenían alrededor de 20 % de adherentes. A uno (Julio Guzmán) se le excluyó por una infracción administrativa y al otro (César Acuña) por entregar dinero en plena campaña electoral y en aplicación de la Ley N.° 30414, que fue promulgada a menos de tres meses del día de la votación. Pero, esta ley no se le aplicó a Keiko Fujimori no obstante las evidencias de prácticas similares en los días posteriores de su puesta en vigencia. La razón (ilegal) que se adujo para exonerarla fue que no entregó dinero de su propiedad. Las autoridades electorales decidieron, entonces, por quienes deberíamos votar y por quienes no. A todo esto hay que sumarle los problemas «administrativos» generados por la ONPE (la introducción del voto electrónico que operó con fallas y el incremento en más de 50 % en el número de personas por mesa) que retardaron y complicaron el proceso de votación, restándole credibilidad.

2)   El JNE cometió otra violación de la ley. Menos de veinticuatro horas antes de la votación del 10 de abril decidió no aplicarle al APRA la misma Ley N.° 30414 que le aplicó al señor Acuña y que en su artículo 2 aumenta la valla electoral en 1 % de los votos válidos a los partidos que participan en alianzas electorales. Las encuestas señalaban que el APRA no pasaría la valla de 7%, lo que significaría su anulación como organización política. Para evitar este hecho el JNE le bajó la valla a 5% con el argumento de la irretroactividad de las normas. El JNE aplicó el principio de irretroactividad discriminatoriamente, con interpretaciones que solo le han hecho perder autoridad moral.

3)   Desde que se abandonó la dictadura «fujimorista», los sucesivos gobiernos, no obstante que surgieron de procesos electorales continuos, contribuyeron a la degradación de las instituciones democráticas. Estas fueron convertidas en meros instrumentos de poder, con la ausencia de instituciones independientes con capacidad de impedir el fraude y la corrupción.  El sistema electoral nacido de la dictadura, y con insustanciales reformas efectuadas por los posteriores gobiernos elegidos, se convirtió en un filtro para cerrarle el paso a organizaciones políticas críticas, llamadas «antisistema», y que no son parte de las oligarquías políticas y económicas. Estas oligarquías han penetrado ideológica y políticamente en casi todas las instituciones del Estado.

4)   En los procesos electorales y, en general, en la vida política del país participa como otro poder los medios de comunicación (radio, televisión y prensa escrita). Estos medios concentrados conspiran contra la democracia porque no permiten que las ideas, puntos de vista, e ideologías diversas, circulen libremente. La libertad de crítica y el pluralismo político, consustanciales a la democracia, son bloqueados por los grandes medios de comunicación que han absorbido a los pequeños e independientes. Las organizaciones políticas que defienden el statu quo económico «compiten» en los procesos electorales con el apoyo de los grupos de poder y de los grandes medios de comunicación. Procesos electorales de este tipo y que son administrados por las oligarquías políticas, alejan a la democracia del principio en que se funda: la soberanía del pueblo, la comunidad de ciudadanos.

5)   El neoliberalismo ha acompañado, como ideología económica, a la dictadura «fujimorista» y a los siguientes gobiernos surgidos del «voto popular». La competencia política, según los defensores del mercado autoregulado, no debe poner en riesgo el modelo económico.  Creen, como Hayeck, que «a partir del momento en que se permite que los políticos intervengan en el orden espontáneo del mercado», se inicia un proceso que conduce a la «dominación sin cesar, ampliada, de la política sobre la economía». No es casual, por eso, que las oligarquías políticas y los poderes, económico y mediático, se preocupen por «colocar el orden espontáneo del mercado a resguardo de las urnas».  En estas condiciones, ¿qué valor tiene el derecho a elegir?.
A modo de conclusión

No obstante esta revelación de la degradación de la democracia, el proceso electoral actual ha mostrado que el discurso claro y de espíritu transformador y auténticamente democrático —como el de la candidata del FA, Verónika Mendoza—, tiene impacto en la población y puede expandirse; que el sueño de una comunidad de ciudadanos es realista; que otra manera de hacer política es posible. Pero, el camino hacia este objetivo es conflictivo y difícil.  Tenemos que vencer a los intentos oligárquicos y autocráticos que degradan a la democracia, a sus instituciones, y que la han alejado de los principios que la inspiran. La derrota de los mercaderes que trafican con ella, sobre todo durante los procesos electorales, hará que sea posible restituirle su esencia: de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.


Publicado en el Diario UNO, el sábado 23 de abril.
 

Fecha Publicación: 2016-04-09T13:03:00.002-07:00
Rosa María Palacios (RMP), la misma que en la campaña electoral de 2011 decía que la propuesta de «La Gran Transformación» era estatista, no obstante que esta contenía una estrategia para de creación y desarrollo de mercados internos y medidas para eliminar las restricciones a la expansión de la inversión privada nacional, acaba de cometer otra impostura. Afirma que la propuesta económica del Frente Amplio es peligrosa para todos. Esta periodista que veía en la categoría analítica «acción colectiva» de Mancur Olson una propuesta estatista, vuelve a suponer que sabe de todo para criticar dicha propuesta.

1.   Dice que para aumentar la inversión pública en dos puntos del PBI y canalizar 10,000 millones de dólares en créditos a las micro y pequeñas empresas, se requeriría una mayor recaudación tributaria.  No sabe que el MEF sigue recaudando; pero, además, no sabe que tiene dinero en el Banco Central (BCR) que puede utilizar. Tampoco sabe que la banca comercial puede orientar el crédito hacia ese tipo de empresas o que el MEF puede ayudar a que el financiamiento a estas empresas se realice a través del mercado de capitales.

2.   Se «opone» a la desdolarización del sistema bancario y la relaciona con la congelación de cuentas que hizo Alan García en su primer Gobierno. Decir que hay tal relación es una afirmación malintencionada. El BCR ahora mismo está interesado en la desdolarización del crédito porque la subida del tipo de cambio afecta la capacidad de pago de familias y empresas endeudadas en dólares, y que tienen ingresos en soles. También afecta a la banca comercial debido a que podría aumentar su cartera morosa. La periodista no recuerda que la dolarización del crédito en los años 1990 derivó en quiebras bancarias que obligó a un rescate que le costó al Estado (a los contribuyentes) cerca de mil millones de dólares.

3.   Se opone a la propuesta de revertir las medidas tributarias del ministro Segura. Este rebajó, por ejemplo, el impuesto a la renta de las empresas reduciendo la presión tributaria en cerca de dos puntos del PBI. El Estado no ha perdido con esta reducción, dice RMP, porque es «nuestro dinero, ganado con sacrificio, que se queda en la economía como reinversión». Pero no sabe que la inversión privada en lugar de crecer ha disminuido en 2.1% en 2014 y en 4.3% en 2015.

4.   Sobre la franja de precios del maíz, azúcar y lácteos, dice «ya las tuvimos y esto se llama subsidios que sale del bolsillo del contribuyente». La periodista no sabe que a fines del pasado mes de marzo el gobierno repuso la franja de precios de productos agrícolas que el ministro Segura quiso eliminar. Lo más importante, sin embargo, es saber que no le importa que la franja sirva para proteger a nuestros agricultores y consumidores de los subsidios que los países desarrollados le otorgan a su producción agrícola. RMP no denuncia este tipo de intervención económica del Estado de los países ricos.

5.   Cree, por ignorancia, que proponer una política monetaria contra-cíclica viola la autonomía del BCR y que es anticonstitucional. Bajar la tasa de interés en las fases de contracción del ciclo y hacer lo contrario en las fases de auge, es una práctica de los mejores bancos centrales del mundo. Lo hacen sujetándose a sus leyes como lo puede hacer y lo ha hecho el BCR sin contravenir su ley orgánica.

6.   Se opone a la revisión de los «acuerdos comerciales y tratados». No le importa que estos «tratados» afectan la soberanía del Estado sobre temas de interés nacional, favoreciendo a las empresas transnacionales. Por ejemplo, defiende el «libre comercio» con países que subsidian con montos considerables a su producción agrícola. Tampoco toma en cuenta la pérdida de empleos y de mercado interno de la producción nacional ante la notable penetración de importaciones. Hoy las importaciones de bienes representan cerca del 160% de la producción manufacturera. 

Intolerancia ideológica como fundamento

El fundamento ideológico de sus críticas es su convencimiento de que el crecimiento económico debe ser exclusivamente resultado de la acción de los individuos y que por tanto debe prohibirse toda intervención del Estado. Los neoliberales, dice Todorov, creen que «la solidaridad mata a la iniciativa individual». ¿Me van a quitar a mí para darle a otro una pensión mínima?, se pregunta RMP. El mismo sentido tiene el rechazo de RMP a revertir la rebaja del impuesto a la renta de las empresas.

Defienden la socialización de los riesgos y pérdidas privados –como ocurrió con el rescate bancario de fines de la década de 1990--. Pero, como los beneficios son individuales, no deberían estar sujetos a impuestos, aunque hayan asimetrías de poder y concentraciones del ingreso en los mercados. Para los neoliberales la libertad económica está en el mismo plano de las libertades individuales. Por eso la economía se autonomiza de la sociedad y de la política, y la desvisten de la ética. Consideran que los problemas económicos se resuelven por sí mismos, y que el funcionamiento de la economía no genera efectos sociales y económicos indeseables. Por eso RMP dice: «el capítulo económico de la Constitución de 1993 es una pieza de protección a los derechos económicos fundamentales del ser humano».
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 8 de abril

Fecha Publicación: 2016-04-04T07:19:00.003-07:00

Según una encuesta reciente el 91% de los peruanos opina que el modelo económico debe ser cambiado. El 29% considera que debe ser modificado totalmente y el 34% que debe ser modificado en gran parte. Ambos suman 63%. El 28% cree que debe ser modificado en algunas cosas y solo el 3% opina que debe mantenerse igual (Gestión, 22/03/2016). Veinticinco años de neoliberalismo no han servido para resolver los problemas fundamentales de la economía (sus desarticulaciones sectoriales y regionales; la insuficiencia de empleos adecuados y, su consecuencia, la informalidad; y, la desigualdad en la distribución del ingreso, entre otros). Esta es la razón por la cual una gran mayoría de peruanos está por el cambio del modelo económico.    
Como opera el modelo económico neoliberal
El estilo de crecimiento económico que experimentó el Perú en los años 2003-2013 está asociado a las políticas que privilegiaron un patrón de comercio internacional basado en las ventajas comparativas en la extracción y explotación de recursos naturales para su exportación.  No se parte de la previa construcción de ventajas dinámicas provenientes de la diversificación productiva y de la producción con alto valor agregado y contenido tecnológico (como ocurriría con desarrollo del agro y de la industria manufacturera), sino de ventajas comparativas naturalesestáticas. 
Cuando hay demanda por los productos primarios y sus precios crecen, aumentan la inversión extranjera y las exportaciones, en especial, las exportaciones no-tradicionales. Este impulso externo estimula el crecimiento de la Inversión extranjera directa (IED), que es, además, atraída por los gobiernos con ventajas sobre la inversión nacional.  El crecimiento de la inversión extranjera directa y los flujos de capital internacional aprecian la moneda y, al mismo tiempo, estimulan el incremento del crédito interno en moneda nacional y también en moneda extranjera (debido a que los costos de financiamiento externo son relativamente bajos). La expansióndel crédito doméstico impulsa la demanda interna y, por consiguiente, la inversión privada en los sectores no-transables de construcción, comercio y servicios, que son de baja productividad y de bajos ingresos, y donde se encuentra el grueso de los trabajadores no calificados. Como se privilegia los impulsos externos, el crecimiento neoliberal es contrario al aumento de los sueldos y salarios porque --se dice-- reduce la «competitividad de las exportaciones».
El actual contexto internacional de caída de los términos de intercambio y de estancamiento de la demanda, ha puesto al descubierto el agotamiento de este estilo de crecimiento, que por la forma como opera no genera desarrollo. No es un estilo de crecimiento endógeno ni basado en la productividad.   
Límites del actual estilo de crecimiento
La estructura de precios relativos que acompañó a este estilo de crecimiento, es contrario al desarrollo de las actividades transables, en especial de la industria manufacturera. Es entonces desindustrializador y ha generado una estructura productiva que se parece a la de hace 70 años, con sectores que se mantienen desarticulados y mercados internos inexistentes o poco dinámicos. La actual estructura productiva es, entonces, menos manufacturera y agropecuaria, y más productora de servicios de baja productividad. Este tipo de estructura productiva no ofrece oportunidades suficientes de empleo a la fuerza laboral que anualmente se incorpora al mercado
Es un estilo de crecimiento que enfrenta un límite en el propio patrón de acumulación de capital y la estructura productiva configurada en las dos décadas de neoliberalismo. Sin impulsos externos, crecer solo con impulsos de demanda interna generaría fuertes presiones inflacionarias y déficit importantes en la balanza comercial y cuenta corriente de la balanza de pagos.  La estructura de precios relativos que acompañó el crecimiento redujo relativamente la inversión en equipamiento, mientras aumentó la inversión en construcción.  Esto ha producido una relativa reducción de la capacidad productiva per cápita con lo cual los aumentos sostenidos del PBI per cápita con base en aumentos significativos de la capacidad productiva, serían imposibles sin un aumento sustancial de déficit comercial.
Pero, este estilo de crecimiento también tiene una un límite social. El modelo neoliberal ha incubado conflictos distributivo, regional y medio ambiental. No ha resuelto la desconexión de la economía moderna con la geografía y la demografía; por el contrario los ha exacerbado. Los enclaves mineros dañan el medio ambiente y las condiciones de vida de las poblaciones circundantes.  La distribución del ingreso se ha hecho más desigual. 
El neoliberalismo nos ha hecho regresar al mismo sitio del que partimos hace 70 años, solo que «transfiriendo» la población dedicada al agro tradicional hacia los sectores de servicios de baja productividad, en gran parte de autoempleo e informales en las zonas urbanas más importantes del país.
A modo de conclusión
Para que el Perú se desarrolle esta estructura productiva tiene que cambiar. Hay que apostar otra vez por la industrialización, pero de nuevo tipo, asegurando que las políticas macroeconómicas, o de corto plazo, no se divorcien de las transformaciones institucionales y estructurales que exige el desarrollo industrial y agrícola del país. 
 
 
Publicado en el Diario UNO el sábado 2 de abril.

Fecha Publicación: 2016-03-26T14:17:00.001-07:00

El actual proceso electoral ha vuelto a poner en debate el cambio o la continuidad del modelo económico neoliberal. Los que defienden el modelo dicen, por ejemplo, que en los últimos 25 años de neoliberalismo ha habido: a) mayor estabilidad política; b) mayor estabilidad macroeconómica; c) mayor eficiencia productiva y mayor bienestar del consumidor asociados a la liberalización comercial;  d) recomposición del aparato productivo y mayor competitividad también asociados a la apertura comercial; e) reducción de la pobreza vinculada al crecimiento económico y al gasto social; y, f) un mejoramiento de la infraestructura a través de asociaciones público privadas (véase Gestión, 23-marzo-2016).
 
No hay peor ciego que el que no quiere ver
 
1)   En lugar de estabilidad política, hay una degradación de la política y de la democracia. Las prácticas clientelares y corruptas del fujimorismo de los noventa (compra de apoyo electoral; compra de congresistas para lograr mayoría en el congreso, compra de los medios de comunicación, etc.), sumadas a la penetración aprista y fujimorista en los poderes electoral y judicial, son expresiones de la degradación de  las instituciones y de la corrupción en el ejercicio de la función pública.  El neoliberalismo envileció las reglas de convivencia social y política, en lugar de fortalecer la democracia, la ciudadanía y la política.
 
2)   No se puede decir que la relativa estabilidad macroeconómica  es fruto de las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales dolarizaron el crédito en los años 1990 y en los años 2006 a 2015, y en estos mismos años apreciaron la moneda haciéndoles perder competitividad a los exportadores no tradicionales. La subida abrupta del tipo de cambio asociada a la crisis asiática y rusa produjo quiebras bancarias, debido a la dolarización de los créditos; y, el rescate del sistema bancario le costó al Estado cerca de mil millones de dólares. La reciente subida del tipo de cambio no ha generado quiebras bancarias, pero le ha hecho perder el 50% de sus reservas al Banco Central. Por último, hay que mencionar que el actual esquema institucional de política monetaria y fiscal fue introducido en los años 2001-2003 por un equipo de economistas progresistas que dirigieron el Banco Central y los viceministerios del MEF. Las actuales autoridades económicas han usufructuado de este nuevo esquema, aunque gestionándolo de manera ineficiente.
 
3)   No hay evidencia de una mayor eficiencia productiva ni de un aumento del bienestar de los trabajadores. La eficiencia de la inversión (medida por la inversa de la relación incremental capital-producto), fue menor en los años del neoliberalismo que en los años 1970-1980. Tampoco se puede decir que la apertura comercial incrementó el bienestar de los consumidores. Después de 25 años, más del 70% de los trabajadores siguen siendo informales. Los salarios reales están prácticamente estancados y un alto porcentaje de los trabajadores tienen sus derechos recortados.
 
4)   No aumentó la competitividad basada en la productividad ni se mejoró la composición del aparato productivo. Se buscó aumentar la competitividad abaratando el costo del trabajo mediante recortes de derechos laborales. Este tipo de competitividad es espuria y no tiene relación alguna con los aumentos de la productividad. Por esta razón los sectores que lideraron el crecimiento no fueron los transables sino los sectores terciarios como el comercio y los servicios, junto con la exportación primaria. Veinticinco años de neoliberalismo ha dejado una economía menos industrial y menos agrícola.
 
5)   El crecimiento económico de los años 2003-2013 solo redujo la pobreza monetaria, pero no la multidimensional.  El crecimiento fue resultado de los precios altos de los minerales y de una demanda externa creciente por estos productos. Este contexto externo favorable ya no existe, por lo tanto la economía ya no crece como antes y es altamente probable que en este año y los próximos se revierta la reducción de la pobreza lograda en el período de alto crecimiento. Además, el actual enfriamiento económico y las exoneraciones tributarias efectuadas por el actual gobierno, reducirán la presión tributaria y, por tanto, el financiamiento de los programas sociales.
 
6)   Finalmente, el gasto en infraestructura no responde a un ordenamiento territorial en macro regiones, para integrar el país. Por lo demás, la modalidad de asociaciones público-privadas utilizada en este tipo de inversión ni es transparente ni asegura una distribución de riesgos equitativa. Al respecto podríamos decir que las APP son la expresión de un neoliberalismo de Estado porque se promueve el negocio privado junto a pérdidas para el sector público (véase Germán Alarco, Desventajas tributarias de lo público privado, 25-06-2014).
 
A modo de conclusión
 
Según el diario El Comercio (21-marzo-2016) en los últimos veinticinco años se ha venido aplicando con éxito el sistema de libertad económica. pero, lo que sabemos es que este sistema le ha permitido a El Comercio controlar cerca del 80% del mercado en el que opera. Un sistema de mercado que fomenta la posición de dominio no puede ser beneficioso para la población. Y cuando hay posición de dominio o poder de mercado, no hay asignación eficiente de recursos, según la propia teoría económica que defienden los neoliberales.
 
El Comercio usa su posición de dominio para desorientar y mentir. Dice que mencionar en un plan de gobierno que se reducirá «la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva para generar condiciones de mayor acceso al crédito», es una abierta intervención del Ejecutivo en la autonomía del Banco Central. Todo economista instruido  sabe que cuando la economía se desacelera (como ocurre actualmente) el Banco Central debe bajar su tasa en lugar de subirla. Ahora bien, si un nuevo gobierno nombra directores del Banco Central instruidos, sin duda, en el marco de la ley del propio banco, ellos propondrán la aplicación de una política monetaria contra cíclica para reactivar la economía.
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 26 de marzo.

Fecha Publicación: 2016-03-21T08:41:00.001-07:00

El exministro de economía Luis Carranza, dirigiéndose explícitamente a los candidatos presidenciales, acaba de decir que elevar el salario mínimo en cualquier cifra «sería sumamente perjudicial para la economía peruana» (Gestión: 07-03-2016). Entre los candidatos que quedan y están por encima del 8% en las encuestas, PPK y Verónika Mendoza, son los únicos que proponen aumentarlo; aunque la candidata Mendoza es la que plantea el mayor incremento (de 750 a 1000 soles) y la que mejor justifica su pertinencia.
 
Salario mínimo e informalidad
 
Carranza repite, sin ruborizarse, que el aumento del salario mínimo expande la informalidad porque «destruye  la formalidad en las empresas  que están al límite de su productividad (como las mypes)».  En otras palabras, el ex ministro nos está diciendo que cuánto menor es el salario mínimo menor es la informalidad porque los aumentos de los salarios destruyen la formalidad. ¿Cómo llega a esta conclusión.
 
Supongamos que las elasticidades salario de la oferta y demanda de trabajo en el sector formal son tales que cuando aumenta el salario mínimo, la demanda de trabajo en el sector formal se reduce. Esta reducción daría lugar a un aumento del desempleo y a una disminución del ingreso de los informales. Esto último ocurriría porque «se elevaría la oferta de trabajo en el sector informal. La productividad de los trabajadores informales se reduciría porque ahora tendría que repartirse un mismo volumen de ventas entre un mayor número de trabajadores informales» (Ros, 2015). La conclusión, entonces, sería que el aumento del salario mínimo incrementa la informalidad.  «Tener baja productividad, sobrecostos laborales (incluido el salario mínimo) y exceso de regulación laboral es una trinidad que no hace bien al país», sentencia Luis Carranza.
 
Pero, el exministro ha olvidado el efecto más importante del aumento del salario mínimo. Cuando se eleva el diferencial de ingresos salariales entre el sector formal e informal, «la oferta de trabajo hacia el sector formal aumenta, lo que tiende a elevar los ingresos de los trabajadores informales puesto que se reparten entre sí un volumen de ventas igual entre menos trabajadores. La búsqueda de empleo en el sector formal –dice Ros-- se vuelve más atractiva». Este es el famoso «efecto faro del salario mínimo» que acuñaron Paulo Souza y Paulo Baltar en el año 1980: los aumentos en el salario mínimo del sector formal, inducen a aumentos de ingresos en el sector informal.  La evidencia empírica muestra que este efecto es el que predomina en los países en desarrollo.
 
Hay que mencionar, sin embargo, que esta discusión deja fuera del debate la causa fundamental de la informalidad. La causa de la creación de empleos informales es la baja tasa de crecimiento de la capacidad productiva per cápita en relación a la tasa de crecimiento de la fuerza laboral. El estilo de crecimiento primario exportador que ha descuidado la creación y desarrollo de mercados internos, es el que ha promovido y sigue promoviendo ganancias espurias de competitividad mediante el abaratamiento de los costos laborales y la eliminación del poder de negociación de los trabajadores con la flexibilización laboral.  No es casual que los que adhieren a este modelo neoliberal –como el ex ministro Carranza-- afirmen que el efecto demanda del incremento del salario mínimo es sólo de corto plazo.
 
Los legitimadores de la pobreza
 
Carranza no asocia el alza del salario mínimo con la creación o ampliación del mercado interno, porque está pensando sólo en la producción para la exportación. Aboga por una mayor flexibilidad laboral precisamente para abaratar más el precio del trabajo. Al optar por ingresos y empleos precarios pagando bajos salarios y sin derechos laborales, legitima la pobreza.  
 
Adam Smith --para quien la productividad es un fenómeno macroeconómico--, estuvo en contra de los empleos y salarios precarios porque no estimulan la productividad. «Los salarios del trabajo –decía Smith-- son un estimulante de la actividad productiva, la cual como cualquier otra actividad humana, mejora proporcionalmente al estímulo que recibe (…) En consecuencia nos encontramos que allí donde los salarios del trabajo son crecidos, los obreros son más activos, diligentes y expeditivos que donde son bajos».
 
Asimismo, Adam Smith --que nunca defendió el mercado auto-regulado--, sabía que los trabajadores no organizados carecían de capacidad de negociación con sus empleadores. Sabemos que los salarios dependen de los contratos explícitos o implícitos celebrados entre patronos y obreros. «Sin embargo  --afirmaba Smith-- no es difícil de prever cuál de las dos partes saldrá gananciosa en la disputa, en la mayor parte de los casos, y podrá forzar a la otra a contentarse con sus términos. Los patronos, siendo menos en número, se pueden poner de acuerdo más fácilmente, además de que las leyes autorizan sus asociaciones, o por lo menos no las prohíben, mientras que en el caso de los trabajadores, las desautorizan. (…)  En disputas de esta índole los patronos pueden resistir mucho más tiempo. Un propietario, un colono, un fabricante o un comerciante, pueden generalmente vivir un año o dos, disponiendo del capital previamente adquirido. La mayor parte de los trabajadores no podrán subsistir una semana, pocos resistirán un mes, y apenas habrá uno que soporte un año sin empleo. A largo plazo tanto el trabajador como el patrono se necesitan mutuamente pero con distinta urgencia».
 
A modo de conclusión
 
La utilización del salario mínimo como instrumento de política de ingresos es posible solo en un estilo de crecimiento distinto al neoliberal. Y, cambiar este modelo significa la construcción de la economía nacional desarrollando mercados internos, y el rescate de la soberanía en las decisiones de política económica.
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 19 de marzo.

Fecha Publicación: 2016-03-12T07:42:00.002-08:00

La exclusión de Julio Guzmán y de César Acuña de la contienda electoral, deja sin derecho a elegir a sus candidatos a cerca de la quinta parte del electorado. Solo esto podría indicar que estamos ante un proceso totalmente viciado. Parafraseando a Rousseau podríamos decir que en nuestra «democracia» ya no somos libres ni antes ni en el mismo acto de votar. El uso que hacemos de nuestra libertad en «los cortos momentos que utilizamos para votar», ha sido ahora envilecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Llama sobremanera la atención, la exclusión de Guzmán. El JNE tomó esa decisión supuestamente porque en el partido de Guzmán se siguieron «procedimientos incongruentes con sus normas internas». Lo excluyó entonces por una falta administrativa. Una falta de este tipo ha sido puesta por encima de un derecho constitucional.
 
Pero lo más grave es otra cosa. El JNE es ilegítimo porque esta penetrado por personas que han cometido «inconducta funcional», que han recibido dinero para restituir en su puesto a un alcalde corrupto, y, en fin, por personas estrechamente vinculadas a uno de los partidos (dizque con historia) que participa con una alianza en el actual proceso electoral. Estos señores del JNE no han cometido faltas administrativas. Sus actos corruptos los invalidan para ser dignos representantes del poder electoral. Este JNE, entonces, no merece el respeto del pueblo. Como dice John Stuart Mill, en la política «la conducta y solo la conducta da derecho al respeto; en lo que el hombre ejecuta se funda su derecho a la consideración pública; y el mérito lo aceptamos por único título legítimo para el ejercicio del poder y la autoridad» (Mill, 2008: 294-295).   
 
Degradación de la vida política y social
 
El JNE ha favorecido –ellos dirán que No-- a candidatos que financiaron sus estudios con dinero robado al Estado; a los que fugaron para que prescriban sus actos ilícitos contra los derechos humanos y contra el patrimonio del Estado; a los narco-indultadores; a los lobistas, racistas y discriminadores de las poblaciones andinas; y, a los que entregaron el gas al poder transnacional. Estas son las opciones que el JNE ha definido y le ofrece al pueblo. Dirán que hay otros (aunque están en la cola de las encuestas); pero es claro que no son los favoritos de este JNE.
 
Desafortunadamente lo que demuestra la situación electoral actual es la total pérdida de valor de los principios no solo en la administración de la cosa pública sino también en parte de la población que acepta a los «roban pero hacen obras».  Sobre cómo hemos llegado a esta situación escribí en mi artículo del 20-02-2016. El neoliberalismo y la inconducta de los sucesivos gobiernos, fueron destruyendo los principios que regulan la vida política y social en nuestro país.  Hay –como dice Eloy García, aunque refiriéndose a su país España--, una situación de decadencia, de degeneración, de corrupción. No nos habla del sentido jurídico de este término «en el sentido de la infracción penal», sino de su sentido sociológico-político, es decir, de la pérdida de «vigencia social de los principios».
 
«Hay corrupción –dice Eloy García-- cuando los gobernantes no obedecen ellos mismos las reglas que exigen e imponen a los gobernados, y cuando los gobernados no condenan moralmente esas conductas sino que buscan ansiosamente los medios para también ellos, poder llevarlas a cabo de manera impune. La corrupción es, por consiguiente, un estadio social en el que la sociedad en su conjunto (gobernantes y gobernados), desconocen las pautas de conducta moral que se proclaman como imperantes, y se vinculan, más o menos vergonzosamente, a otras reglas que forman parte de una moralidad nueva, al menos por el momento públicamente inconfesable» (E. García, 2012: 204).
 
«Ser ciudadano significa aprender a decir no»
 
Esta frase que se le atribuye a Émile Chatier (Alain), es un llamado que calza perfectamente en la situación actual de nuestro país. Podemos utilizarla para crear conciencia pública y pedir a la población que elija solo tomando en cuenta a los que hoy se encuentran en la cola de las encuestas. ¡Ojalá no les salga la jugada ni al dueño del ego colosal, ni a la candidata del «fujimorato», ni al lobista que entregó el gas!
 
La degeneración y la decadencia, la ruptura de valores morales y una práctica política y social «que poco a poco fuerzan las normas establecidas», generan una situación de ilegitimidad que puede desembocar en un cambio social, un cambio que restituya el valor de la política como instrumento de justicia social. El régimen político de la impostura no puede durar tanto tiempo. Las sociedades no pierden totalmente su capacidad de recuperación, de una cura moral.   
 
Pero es importante señalar que esta situación no se resuelve con medidas jurídicas. No se trata ahora de sancionar individualidades, porque la situación por la que atraviesa nuestra sociedad no es un problema individual, sino social. Y, como diría Eloy García, es la hora de tomar medidas sociales, es la hora de la sociedad porque solo esta puede cambiar el estado de cosas actual. Aprendamos a ser ciudadanos. Digámosle NO a esta situación y votemos por el candidato o candidata que ofrece cambiar el actual modelo económico y el sistema político.
 
A modo de conclusión
 
No podemos permitir la continuidad del neoliberalismo ni en la economía ni en la política. No podemos permitir la continuidad de gobiernos que nos han conducido a la actual degradación social y política. Tenemos que decirle No a los corruptos y entreguistas de los últimos veinticinco años. Es la oportunidad de ser libres votando contra el neoliberalismo y el Extractivismo rentista.
 
 
 
Publicado en el Diario UNO el sábado 12 de marzo

Fecha Publicación: 2016-03-11T09:10:00.000-08:00

Orcar Dancourt y Kurt Burneo, que fueron parte del directorio del Banco Central que implementó el sistema de metas de inflación en el año 2002, acaban de afirmar (Gestión, 03-02-2016) que fue un error bajar la meta de inflación de 2.5% a 2%. Totalmente de acuerdo. En nuestro artículo (La República, 28-02-2007) «Cambios Contraproducentes en la Política Monetaria», advertíamos que esta disminución --supuestamente orientada a «fortalecer la confianza en el sol y reducir la vulnerabilidad de la economía»--, ponía en riesgo su cumplimiento en una economía que como la nuestra está expuesta a choques de oferta adversos, especialmente externos. En 2007, el directorio presidido por Julio Velarde redujo la meta, en pleno auge económico y cuando se acentuaba la tendencia a la apreciación del sol. Recuerdo que Velarde expresó su adhesión, en público, a la flexibilidad cambiaria, es decir, su explícito desacuerdo con la regla de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario, introducida por el directorio presidido por Dancourt.
 
Subir la meta y ampliar el rango
 
Era claro que al terminar el auge de los precios de la materias primas y cambiar de orientación la política monetaria de los Estados Unidos, el alza del tipo de cambio (la depreciación del sol) pondría en riesgo el cumplimiento de la meta. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo ahora. Como señalan Dancourt y Burneo «entre 2014-2015, la inflación estuvo fuera del rango meta el 87% del período».
 
¿Qué hacer? Considerando la estructura productiva de nuestra economía --que la expone a choques de oferta adversos--, en nuestro artículo (Diario UNO, 25-07-2015) «Repensando la política económica para el Perú del siglo XXI» propusimos elevar la meta de inflación, junto a otras medidas que discuto a continuación. ¿Cuál debería ser la meta y el rango adecuado para una economía como la nuestra? La respuesta no es taxativa y dependerá, ciertamente, de si el aumento de uno o de ambos se acompaña con cambios estructurales que nos saquen del actual estilo de crecimiento primario exportador.
 
Algunos economistas se oponen a esta propuesta. Argumentan que se pone en riesgo la reputación del Banco Central, cuando la meta y el rango de la inflación no se mantienen por períodos largos. Esto sin duda es relativo. La disminución de la meta en enero de 2007, después de solo cinco años, no tuvo ese efecto. Además, después de nueve años de su reducción, ni se ha fortalecido la confianza en el sol ni se ha reducido la vulnerabilidad de la economía. La señal estuvo equivocada y hay que cambiarla antes que sea demasiado tarde.
 
El otro argumento es que la meta y el rango anunciados no se cumplen, en los hechos, por la alta volatilidad del tipo de cambio. Como evidencia de este argumento se mencionan a Brasil, Uruguay, Colombia y Chile. En todos estos países la inflación está por encima del límite superior de la banda. Si estos hechos son claros, elevar la meta y extender el rango, dicen estos economistas, no tiene sentido.
 
Mal de muchos, consuelo de tontos
 
Los dos argumentos son deleznables. Es mejor tomar una decisión con fundamentos adecuados y no con una impostura como lo hizo el directorio presidido por Velarde. Lo que en el fondo se pretendía con la disminución de la meta de inflación era –como sugieren Dancourt y Burneo— exculpar políticamente al presidente de la hiperinflación, Alan García. Por lo demás, han pasado nueve años de una meta incumplida en la mayor parte de ese período. ¿No es suficiente tiempo para que el Banco Central cambie su meta de inflación? ¿Cuál es el «largo periodo» adecuado». Repetimos, aquí lo que importa es la señal y su contenido explicativo
 
De otro lado, argumentar que no tiene sentido elevar la meta porque su incumplimiento es casi generalizado en los países emergentes, es «consuelo de tontos».  Nos están diciendo que la desgracia del incumplimiento es más llevadera, porque este incumplimiento afecta a un número importante de países. Los que sostienen esta posición, no dicen que están en contra de mantener un tipo de cambio real alto y competitivo por largos períodos, aplicando eficientemente la regla de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario. Son «neoliberales globalizados». Han olvidado que la «trinidad imposible» de Mundell indica que pueden adoptarse restricciones al movimiento internacional de capitales. Son los mismos que callaron, cuando, también en 2007, la administración de Velarde, eliminó la política de encaje que en 2004 «se impuso a los adeudados con el exterior de la banca comercial», promoviendo con ello el aumento del crédito en moneda extranjera (ME).
 
Con casi un tercio de los créditos en ME –además de la inflación--, Velarde tiene ahora mucho temor al incremento del tipo de cambio.  En su esfuerzo por impedir que suba, ha «quemado» casi el 50% de la reservas del Banco Central. Estas representan solo el 13% del PBI de 2015. 
 
A modo de conclusión
 
Esos mismos economistas justifican el revoltijo que hizo Velarde en la política monetaria. Utilizó como instrumento el encaje, además de la tasa de interés de referencia. Pontifican, sin rubor, que en un sistema financiero dominado por bancos «se puede recurrir a la tasa de encaje bancaria como sustituto de la tasa de interés». Callaron cuando los Velarde y Castilla dolarizaron y dizque «internacionalizaron» a nuestro mercado de capitales subdesarrollado. No hicieron ni hacen nada por fortalecer el mercado doméstico de capitales en soles, para mejorar de esta manera la eficiencia de la tasa de interés como instrumento de la política monetaria.
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 5 de marzo de 2016

Fecha Publicación: 2016-03-01T06:01:00.003-08:00

En el año 2015, de acuerdo con datos del INEI, el PBI creció a la tasa de 3.26%; porcentaje superior al 2.35% registrado en el año 2014. Esta tasa, que representa solo el 50% de la tasa promedio registrada en los años 2003-2013, se explica fundamentalmente por el alto crecimiento del sector Minería e hidrocarburos, cuya tasa de crecimiento promedio mensual,  desde marzo de 2015, fue de 9.9%. Pero también se explica por las altas tasas de los sectores: Financiero y seguros, y Telecomunicaciones, que son los que crecieron a tasas igualmente altas desde que se inició el enfriamiento de la economía. En el año 2015 registraron tasas promedio mensuales de  9.7% y 7.7%%, respectivamente.
 
Los tres sectores (Minería e hidrocarburos, Financiero y seguros, y Telecomunicaciones) representan un poco más de la quinta parte de la producción total (20.24%).  En el mes de diciembre estos sectores crecieron a las tasas de 22.36%, 10.13% y 11.29%, respectivamente. Dentro del sector Minería e hidrocarburos, el subsector que creció notoriamente es la Minería metálica que,  después de haber decrecido en el año 2014, se recuperó sostenidamente en los últimos meses: creció a la tasa promedio de 16.1% entre los meses de junio a noviembre de 2015 y a la tasa de 30,67% en el mes de diciembre.
 
La otra novedad de las cifras publicadas por el INEI es que el sector Manufactura registró tasas positivas en los dos últimos meses de 2015, después de haber estado decreciendo en casi todos los meses anteriores. Hay que señalar, asimismo, que las tasas positivas de registradas en los meses de noviembre y diciembre de 2015, se explican por el crecimiento espectacular del sub sector fabril primario que lo hizo a las tasas de 18.95% y 24.43%, respectivamente. El sub sector fabril no primario (o Manufactura no primaria) continúa prácticamente en recesión desde junio de 2014.
 
De acuerdo a las cifras anteriores, entonces, la ligera recuperación del crecimiento en el año 2015 tiene que ver fundamentalmente con el aumento espectacular de la Minera metálica, el crecimiento sostenido de los sectores de servicios, en especial el Financiero y seguros, que siguen creciendo a tasas altas no obstante el enfriamiento económico.
 
La magia de los ponderadores del año base 2007
 
Como señalamos en nuestro artículo publicado en este diario el 5-04-2014, los ponderadores del año base 2007, además de no reflejar la estructura productiva configurada en 17 años de neoliberalismo, sobrestima el ponderador del sector Minería e hidrocarburos (pasó de 4.7% en 1994 a 14.4% en 2007) y de otros sectores. La razón es que «los términos de intercambio alcanzaron su pico precisamente en el año 2007 del período 1990-2010». Si bien hay una recuperación de los términos de intercambio  y de los precios de los minerales hasta el año 2011, después, como sabemos, se desaceleran. En consecuencia, la tasa de crecimiento de la producción de la minería metálica, medida a precios de 2007, está sobrestimada. Por ejemplo, entre octubre de 2007 y diciembre de 2015 el precio del cobre se redujo en 42.2%.
 
Otro hecho relacionado con lo anterior y que llama la atención, es la caída de las exportaciones mineras mientras aumenta su producción. En 2015 la Minería e hidrocarburos creció 9.27% precisamente porque creció el sub sector Minería metálica, pero las exportaciones de minerales cayeron en 8.3%. El año 2014 también se redujeron en 13.6%. La disminución de estas exportaciones continuará mientras siga la desaceleración de sus precios y el estancamiento de la economía internacional. De la misma manera, llama la atención el supuesto repunte del crecimiento del PBI, pues la inversión privada al igual que la inversión pública se disminuyeron en 4.3% y 7.5%.
 
Los sectores contra-cíclicos
 
Las autoridades del INEI reconocen que cerca del 15% o 20% de los datos de la producción son estimaciones o, en otras palabras, no se recogen directamente de los productores mediante encuestas periódicas o se generan con metodologías discutibles. Lo más probable es que estos datos estimados correspondan justamente a sectores terciarios de servicios como, por ejemplo, los Servicios prestados a empresas y Financiero y seguros, entre otros. Sería una contribución con la transparencia de las estadísticas económicas, que el INEI explicite cuáles son los datos de la producción estimados por ellos y con qué tipo de metodologías, para evitar las dudas sobre su confiabilidad.
 
Desde nuestro artículo publicado en este diario el 24-01-2015, llamamos la atención sobre la «inexplicada divergencia entre las tasas de crecimiento del PBI y las tasas de crecimiento de la producción del sector Financiero y seguros (FSP), que también incluye pensiones». En efecto, mientras el PBI ha crecido en los dos últimos años a las tasas de 2.4% y 3.3%,  la producción del  sector FSP lo hizo a las tasas de 12.6% y 9.7%, respectivamente. Este sector como otros sectores terciarios se han convertido en sectores contra-cíclicos: crecen a tasas relativamente muy altas en períodos de desaceleración de la producción material, como la producción manufacturera, por ejemplo.
 
A modo de conclusión
 
Las estadísticas son fundamentales para no errar en los diagnósticos sobre los problemas que enfrenta nuestra económica y, en consecuencia, para identificar adecuadas políticas públicas orientadas a su solución. Por ejemplo, la información sobre el crecimiento del PBI de los últimos meses del año 2015 ya está generando conjeturas optimistas, a tal punto que algunas autoridades del gobierno afirman que este año y el próximo se crecerá a tasas por encima del 4% o 4.5% anual. No hay ni habrá tal tenencia ascendente, mientras los precios de los minerales sigan cayendo y la economía internacional siga estancada. 
 
 
Publicado en el diario UNO, el sábado 27 de febrero
 
 
 

Fecha Publicación: 2016-02-22T17:18:00.000-08:00
El actual proceso electoral está caracterizado por la presencia de candidatos presidenciales que agravian la convivencia moral sustentada en valores y principios, y que son indispensables para representar a la nación. Tenemos agresores; plagiarios; coimeros; indultador de narcos; lobistas; violadores de derechos humanos y de los derechos de las poblaciones nativas; defensores de las esterilizaciones forzadas; usufructuarios del dinero robado al Estado; violadores del Estado de Derecho; cómplices del chuponeo,  del rastreo y del chantaje;  en fin, candidatos que han envilecido la política y convertido a la democracia en un engaño. Varios de estos candidatos lideran las encuestas y en conjunto tienen entre el 60 y 70 por ciento de apoyo del electorado. Los decentes, que son pocos, tienen un apoyo minoritario. Afamados representantes de la sub-cultura compiten por dirigir el país. ¿Qué nos ha conducido a esta situación? ¿Desde cuándo hemos perdido las obligaciones morales que tenemos con respecto a nuestra sociedad para tener entre nuestras preferencias a estos candidatos?
 
Los efectos de las políticas neoliberales
 
En los años 1980-1990 ocurrieron varios hechos que «informalizaron» la política y demolieron la base ideológica de los partidos políticos.
 
1)  La crisis de la deuda externa que fue enfrentada en toda la región –también en nuestro país--, con políticas de ajuste y estabilización patrocinadas por el FMI y el Banco Mundial. Los Estados Nacionales perdieron su carácter de centro básico de decisiones soberanassobre sus economías; y, recularon hasta convertirse en espectadores mientras el comercio libre y la transnacionalización definieron nuestra ubicación en la economía globalizada. El resultado de la aplicación de estas políticas –que inutilizaron las ideologías y programas de los partidos políticos--, es hoy conocido como la «década perdida de América Latina».    
 
2)  El gobierno de Alan García de 1985-1990 que aparentemente se desvió del recetario neoliberal, pero desacreditó a la política pública y al papel del Estado. Produjo una brutal contracción del PBI per cápita (-30.2%) y de la productividad (-26.0%). Los hogares por debajo de la línea de pobreza pasaron de 16.9% a 44.3%; el consumo per cápita se redujo en 47%; los sueldos y salarios reales cayeron en 53%; la presión tributaria se derrumbó hasta el 4.0% del PBI; y, el porcentaje de trabajadores informales aumentó hasta cerca del 80%. A todo esto se sumaron las evidencias de corrupción y de enriquecimiento ilícito que le hicieron perder credibilidad a las instituciones del Estado.    
 
3)  El gobierno dictatorial de Fujimori de los 1990 que profundizó la aplicación de las políticas neoliberales con las privatizaciones, la liberalización comercial y financiera, la dolarización de los créditos, el recorte de los derechos laborales y la flexibilización del mercado de trabajo, junto a un manejo corrupto del dinero público y a violaciones de los derechos humanos y del Estado de Derecho. La adopción del dogma del mercado «libre» (auto-regulado) dio curso al individualismo «criollo» y a la reproducción de la informalidad en la economía y en la política. La dictadura fujimorista practicó el clientelismo, controló los medios de comunicación, utilizó los diarios «chicha» para calumniar a sus opositores, compró congresistas y estimuló la práctica del transfuguismo; en fin, el fujimorismo hizo del fraude, la corrupción y el delito, una forma de gobernar. Envileció la política y convirtió la democracia en una burla.  
 
4)  El otro hecho a tomar en cuenta es el terrorismo de los años 1980-1992.  La violencia que lastimó fundamentalmente a los campesinos indígenas de la sierra, puso en evidencia tanto la existencia de dos Perú (el Oficial y el Otro Perú), como la ausencia de Estado precisamente en el Otro Perú, olvidado y discriminado del interior del país. Sin embargo, hay que afirmar con energía que el terrorismo destruyó parte importante la infraestructura pública y también violó derechos humanos y el Estado de Derecho. Asesinaron a alcaldes y a comunidades enteras. Desafortunadamente ahora la informalidad en la política ha llegado también hasta los poderes regionales y locales.
 
Política y Democracia durante el neoliberalismo
 
Podemos decir entonces que tanto la destrucción de la economía por el primer gobierno de Alan García y el terrorismo, como el neoliberalismo criollo de los noventa, junto a la práctica de la corrupción en la gestión de los todos poderes del Estado, fueron los creadores de la «cultura de la informalidad» --del vivo, del rentista, del aprovechador, del privatizador de lo público, etc.--, que ha envilecido a la política y ha convertido a la democracia en una burla. Es lo que yo llamo la «subcultura de la yuca» que hoy practican los llamados emprendedores neoliberales y los usufructuarios de la corrupción, entre los que se encuentran varios candidatos y también el diario de la «concentración» que editorializa a favor del libre mercado, pero mantiene una posición de dominio.
 
Esta «subcultura» que proviene del desmantelamiento del Estado, de la caída brutal de la producción y de los ingresos reales, de la penetración de la corrupción en casi toda la administración gubernamental del Estado, de la compra de los medios de comunicación y de la desregulación de los mercados que es consustancial al modelo económico neoliberal extractivista o rentista, es la que explica la pérdida de nuestras obligaciones morales con respecto a la sociedad de la que somos parte.
 
La «subcultura» de la informalidad, extractivista o rentista, está extendida. También pertenecen a ella las empresas que especulan contra la moneda local, que aprovechan su posición de dominio para aumentar los precios, que especulan con el gas pagando al Estado una regalía ridícula, y el taller «informal» donde nos roban una pieza del carro...
 
A modo de conclusión
 
En nuestro país la política se disoció de las ideas y se alejó absolutamente de la ética. Necesita una cura moral. Pero esta cura moral será imposible si no cambia el actual modelo neoliberal que depreda recursos y ecosistemas; y, que beneficia a reducidos grupos de poder que se auto-reproducen y auto-legitiman controlando los distintos poderes del Estado.
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 20 de febrero.

Fecha Publicación: 2016-02-13T11:09:00.001-08:00

En un notable artículo titulado El Valor del Voto publicado en el diario La República (31-01-2016), Steven Levitsky sostiene que la persistente desvinculación entre «las promesas de campaña y las políticas de gobierno» es peligrosa para la democracia, porque «si la gente percibe que las políticas del gobierno no tienen nada que ver con los resultados electorales, va a concluir, tarde o temprano, que su voto vale poco. Que votar es inútil. ¿Para qué sirve el voto si el gobierno abandona sus promesas y hace lo que quiere? ¿Para qué sirve la democracia?». Esta práctica de la impostura que da lugar al repudio de los peruanos a sus «políticos» tendría como una de sus causas –dice--, «la ausencia de rendición de cuentas electorales». Sin rendición de cuentas es mucho más probable el divorcio entre «las promesas de campaña y las políticas de gobierno» o la pérdida del nexo entre el «voto y el gobierno». Esto es verdad, pero no es una condición suficiente. 
 
El origen real del divorcio entre «el voto y el gobierno»
 
En América Latina, desde las crisis de los años 1980 y 1990, la relación entre el voto y el gobierno, se debilita, afirma Levitsky. En los años 2000 se restablece en algunos países, pero no en el Perú básicamente –dice-- porque a la élite limeña no le preocupa tanto esta conexión como la oferta electoral de cambio del modelo económico. El establishment limeño exige «casi a gritos» que se abandone esta oferta, porque para ella el «peligro es el estatismo, no las promesas electorales».  
 
A partir de esta contundente descripción de la realidad que nos hace Levitsky, se puede afirmar que, efectivamente, desde la crisis de la deuda externa, las políticas neoliberales de ajuste y estabilización patrocinadas por el FMI y el Banco Mundial menoscabaron el valor del interés público, de las políticas públicas y, por lo tanto, del papel del Estado. En Perú este rechazo a lo público y a la intervención del Estado fue acentuado por la gestión económica desastrosa y manifiestamente corrupta del gobierno de Alan García de 1985-1990. La ideología del anti-Estado y del individualismo, contraria al interés general o al bien común, se consolidó durante los años 1990, la década del fujimorato, con la aplicación del recetario neoliberal del Consenso de Washington y de la práctica de la corrupción y la impostura como forma de gobierno.       
 
Las políticas neoliberales fueron, entonces, las responsables de la desconexión mencionada por Levitsky. La defensa del mercado auto-regulado y la privatización de lo público, no solo erosionaron el  sentido original de la política y la democracia, sino también la soberanía del Estado subordinándolo a los intereses del poder económico nacional y  transnacional. En el contexto de una economía destruida y de un gobierno que hizo de la corrupción una forma de gobierno, las políticas neoliberales acentuaron la desintegración social y la disminución del sentido de pertenencia a una comunidad que es la base de la virtud cívica. El terrorismo fue un factor adicional que empeoró esta situación y que tuvo como caldo de cultivo el daño causado a la calidad de los servicios públicos por las políticas de ajuste y la ruina económica de fines de los años 1980.
 
Desde estos años, entonces, la democracia se redujo a un acto procedimental donde los votantes son vistos como ofertantes de un servicio (el voto) que hay que «comprar». Los votantes no promueven ni ratifican las leyes; los «elegidos» lo hacen a sus espaldas. Parafraseando a Rousseau, podríamos decir que «el elector peruano piensa que es libre y se engaña: lo es solamente durante la elección del presidente y de los congresistas: tan pronto como éstos son elegidos, vuelve a ser esclavo, no es nada».
 
Democracia y «clase política»
 
Desafortunadamente Levitsky hace después un brusco viraje en su razonamiento. Luego de preguntarse «¿de dónde viene el nexo entre electores y gobierno?, afirma que «los políticos suelen cumplir con sus electores cuando están pensando en futuras elecciones. Un político que sabe que necesita su base en el futuro estará menos dispuesto a traicionarla». ¿Qué hacer entonces? Los partidos y la «carrera política», dice, son los dos mecanismos que extienden el horizonte de tiempo. Concluye: se requieren partidos que se «preocupen por candidaturas en todo el país y, sobre todo, por futuras elecciones» y políticos de carrera que precisamente por serlo no tienen el incentivo para incumplir «sus promesas electorales».
 
En el Perú –dice-- «los políticos de carrera están en extinción» y «una gran mayoría de congresistas elegidos carece de carrera política». Pero no dice que precisamente estos políticos (como los del APRA y el PPC) son los que institucionalizaron la «ley de hierro de la oligarquía», contraviniendo el principio original de la democracia. Los dirigentes, que son pocos, ejercen su liderazgo priorizando sus intereses particulares. Parafraseando a Robert Michels diríamos que la longevidad de estos partidos está en relación inversa con el grado de democracia interna que practican.
 
De otro lado, no es negativo para la democracia que la mayoría de congresistas carezcan de carrera política, como tampoco lo es que la tasa de congresistas reelegidos sea baja. La democracia presupone la existencia de ciudadanos políticamente activos, es decir, comprometidos con «el destino de la comunidad en la que viven». La política no puede ser el coto cerrado de unos políticos «profesionales», sino una actividad humana practicada por todos. Hay que reivindicarla como «lazo de conexión social» y  «una manera de entender y de vivir la democracia». En esta concepción de la democracia y de la política, no cabe la reelección. La práctica del principio de rotación asegura que los ciudadanos sean «parte activa en los asuntos públicos».
 
A modo de conclusión
 
Levitsky piensa en el «valor del voto» cuando dice que «es imprescindible que los ciudadanos castiguen a los políticos que no cumplen con su palabra». No es suficiente. Se requiere una reforma del Estado Constitucional liberal introduciendo mecanismos que aseguren que la democracia no sea sustituida por los «representantes»; es decir, que aseguren que «el pueblo ejerza su soberanía, real y efectiva».
 
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 13 de febrero

Fecha Publicación: 2016-01-31T06:37:00.004-08:00

En su editorial del sábado 23-01-2016 el diario El Comercio pide que los candidatos presidenciales y sus equipos económicos se «concentren en garantizar el retorno a la estabilidad de la moneda y el saneamiento de las cuentas del Tesoro. Debe ser prioridad –sentencia—la lucha frontal contra la inflación». Lo que hace después es repetir lugares comunes de cierta ortodoxia ideológica como receta macroeconómica. Dice NO a las políticas de estímulo económico y aconseja «concentrarse en los fundamentos de la economía». Es decir, laissez faire laissez passer para no generar distorsiones en el funcionamiento del mercado.

En el difícil e incierto contexto externo «no hay margen para las políticas aventureras sobre el crédito, la moneda o las cuentas fiscales», pontifica el decano de la prensa, cuya posición de domino es contraria a su dogma del libre mercado. De acuerdo con este editorial tenemos que entender, entonces, que la inflación de 4.4% y el déficit fiscal de 2.0% que se registraron en el año 2015, son el resultado de intervenciones estatales que distorsionaron el libre funcionamiento del mercado.

El origen de la actual coyuntura macroeconómica

Lo que el escribidor del editorial de El Comercio ignora es que la coyuntura macroeconómica actual es el resultado de una gestión apegada al dogma neoliberal de las políticas monetaria, cambiaria y fiscal. Desde la gestión de Alan García el directorio del Banco Central presidido por Julio Velarde, gestionó de manera ineficiente las reglas de política monetaria (tasa de interés de referencia) y cambiaria (intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario).

Dejó que se dolarizara el crédito doméstico (hay todavía un porcentaje cercano al 30% de este crédito en dólares), y ahora se preocupa del impacto en la morosidad bancaria del aumento del tipo de cambio. Dejó que disminuyera sistemáticamente el tipo de cambio perjudicando a las actividades exportadoras no-primarias, y ahora  que el tipo de cambio aumenta debido al giro desfavorable en las condiciones internacionales se preocupa por su impacto inflacionario. El Banco Central no puede neutralizar la presión al alza el tipo de cambio porque ya perdió cerca del 50% de sus reservas (posición de cambio). Esta posición ahora es equivalente a sólo el 12% del PBI.

El directorio del Banco Central presidido por Velarde construyó su propio laberinto desde agosto de 2006, quizá porque sus integrantes no creían en las reglas de política que se introdujeron en los años 2001-2003, por el directorio de ese entonces. Como ya no puede seguir gastando reservas para eliminar el impacto inflacionario del alza del tipo de cambio, el actual directorio del Banco Central ha vuelto a incrementar la tasa de interés de referencia hasta el 4%, con lo cual se encarece aún más el costo del crédito en soles, conspirando así contra el crecimiento de la producción y el empleo. El MEF también hizo lo propio para generar la situación que actualmente sufrimos: contrajo la inversión pública en plena caída de la inversión privada, además de haber reducido absurdamente el impuesto a la renta y, por tanto, la presión tributaria. El déficit fiscal fue resultado fundamentalmente de esta política.

A rio revuelto ganancia de rentistas

El déficit fiscal y la desaceleración económica con inflación, tiene que ver entonces con la ineficiente e ideológica gestión de las políticas monetaria, cambiaria y fiscal de las autoridades económicas. Ni la inflación ni el déficit fueron provocados por «políticas de estímulos». No hay brecha expansionista del producto, sino contraccionista. El déficit no se genera por aumentos del gasto (la inversión pública ha caído) sino por una política que se fundamenta en la ideología de que la inversión privada reacciona positiva e inmediatamente a reducciones de impuestos, y no al crecimiento sostenido de la demanda agregada.   

Finalmente, en este escenario macroeconómico de inflación con cuasi-recesión económica, el aumento del tipo de cambio y la «tolerancia» de los organismos reguladores son aprovechados por los rentistas para hacer ganancias especulativas. Por ejemplo, aumenta el precio de las tarifas eléctricas (19% en los últimos 12 meses) no porque hay muchos soles circulando en la economía, sino porque las empresas Edegel, Kallpa y Enersur ejercen una posición de dominio. El organismo regulador Osinergmin que debe defender la libre competencia justifica este aumento señalando que obedece al incremento del tipo de cambio, sin tomar en cuenta que hay varias empresas de generación que utilizan como insumo el gas barato de Camisea.

Al poder de mercado que las empresas rentistas utilizan para aumentar sus precios indexándolos al tipo de cambio, hay que añadir que también ocurre un simple traspaso de la devaluación a los precios a través del componente importado de la canasta de consumo. Las autoridades económicas de este gobierno acrecentaron la penetración de las importaciones en el mercado interno.

A modo de conclusión

El escribidor del editorial de El Comercio no entiende que para estimular la producción y el empleo hay que abaratar el crédito en soles, y para que ocurra este abaratamiento el Banco Central debe bajar su tasa de interés. Tampoco entiende que para neutralizar el efecto depresivo de la producción y el empleo provocado por la caída de la inversión privada, el MEF tiene que aumentar la inversión pública, en especial, la inversión en infraestructura. Además, seguro que no entiende en absoluto que el tipo de cambio puede ponerse al servicio de la diversificación productiva y del empleo, desdolarizando los créditos y regulando la entrada de capitales. Y es altamente probable que este escribidor se espante, si le decimos que para salir sostenidamente del actual entrampamiento hay que cambiar el modelo neoliberal primario exportador.



Publicado en el diario UNO, el sábado 30 de enero.

Fecha Publicación: 2016-01-31T06:32:00.002-08:00
Los mismos que argumentan que son las empresas y no los sectores productivos los que arrastran al conjunto de la economía generando desarrollo, también sostienen que el alto crecimiento de los años 2003-2013 nos ha conducido a una situación definida como «trampa del ingreso medio». Un país se encuentra en esta trampa cuando alcanza un nivel de ingreso per cápita promedio del que no puede salir; o, más precisamente, está en una trampa porque no puede dar el salto hacia un nivel de ingreso más alto debido a que tiene pendientes de solución problemas de tipo institucional, de infraestructura, de educación y tecnología, de sobre-regulación de los mercados y/o porque no ha emprendido en serio una reforma laboral para flexibilizar totalmente el mercado de trabajo.
 
La evolución del ingreso per cápita
 
En 1990, cuando se inició formalmente la aplicación de las reformas y políticas neoliberales, el ingreso per cápita ascendía a US$ 1,351. Con el crecimiento económico registrado en el período 1993-1997 aumentó a US$ 2,282. De 1990 a 1997 creció a una tasa de 7.8% promedio anual. Con la recesión de los años siguientes originada por la crisis asiática y rusa, se redujo en 14.5%, llegando a la cifra de US$ 1,950 en el año 2001. Entre 2003 y 2013 la economía creció a la tasa de 6.4% promedio anual. Fueron años del súper-ciclo de los precios de los mienrales: el precio de la onza troy de oro aumentó de US$ 356.9 en enero de 2003 a US$ 1,771 en setiembre de 2011; por su parte el precio de la tonelada de cobre los hizo de US$ 1,650.3 en enero de 2003 a US$ 9,881 en febrero de 2011. Precisamente en estos años de crecimiento espectacular de los precios de los minerales, el ingreso per cápita creció a la tasa de 11.8% promedio anual pasando de US$ 2,174.3 en 2003 a US$ 6,621.8 en 2013.
 
Desde hace tres años los precios de los minerales se están reduciendo sistemáticamente: la onza troy de oro se redujo a US$ 1,068.3 en diciembre de 2015 y la tonelada métrica de cobre a US$ 4,638.8 en la misma fecha. No hay analista internacional de los mercados de commoditiesque pronostique una recuperación sostenida de estos precios en el futuro inmediato. El súper-ciclo terminó y la desaceleración de los precios continuará, dando lugar a un bajo crecimiento del PBI o al estancamiento económico. Por lo tanto, también se reducirá o tenderá a estancarse el ingreso per cápita. No habrá posibilidad de un salto a un nivel de ingreso per cápita más alto en los próximos cuatro o cinco años.
 
El ingreso per cápita aumentó en 194.5% de 2003 a 2012, precisamente cuando los precios de los metales aumentaron de forma espectacular; por ejemplo, el precio de la onza troy del oro aumentó durante esos mismos años en 359.1%.  A partir de 2012 los estos precios empiezan a descender de manera sostenida. El precio del oro cae entre 2012 y 2015 en 30.5%, mientras el ingreso per cápita se reduce en aproximadamente 7%. Es claro, entonces, que la situación de «país de ingreso medio» se alcanzó por el crecimiento espectacular de los precios de los minerales y que este ingreso no será sostenible (y tenderá a disminuir) en los próximos años.
 
La «trampa» del estilo de crecimiento
 
El incremento del ingreso per cápita revela, además, el aumento excesivo de la desigualdad en la distribución del ingreso. Los datos son escalofriantes. Supongamos que el producto per cápita de S/. 18,665.9 registrado en el año 2014 corresponde al nivel superior del rango de ingresos mensuales que define al grupo social denominado «clase media». Este es un supuesto realista de acuerdo a varios estudios sobre el tema. El ingreso promedio mensual en empresas «de 1 a 10 trabajadores» donde se encuentra cerca del 77% de la PEA Ocupada  representa solo el 5.6% de este «ingreso» per cápita. El sueldo promedio de los maestros representa el 16%. El sueldo neto promedio de los profesores principales y asociados en universidades privadas representa un poco más de 42% y el de los profesores de universidades públicas no llega al 32% del citado producto o «ingreso» per cápita.
 
Además, ese producto per cápita alcanzado en 2014 corresponde a una estructura productiva que no es el de los países que industrializaron su economía y diversificaron sus exportaciones antes de llegar a la llamada «trampa del ingreso medio».  El patrón neoliberal de acumulación de capital de los últimos veinticinco años consolidó, en nuestro país, una estructura productiva, menos industrial y más productora de servicios de baja productividad, y primario exportadora. Por eso el crecimiento impulsado por los altos precios de los minerales no se sustentó en aumentos sostenidos de la productividad y, por lo tanto, no condujo a ganancias de genuinas de competitividad.
 
Finalmente, hay que señalar que ese patrón de acumulación de capital descuidó el desarrollo de mercados internos. Aumentó de manera espectacular las importaciones y convivió con una fuerza laboral con sueldos y salarios reales estancados y de baja calificación y productividad. El salario real promedio del período 1990-2014 no llega al 40% de su valor registrado en el año 1987.
 
Con el motor externo apagado y en mediante la profundización de las reformas neoliberales (como la denominada reforma laboral que elimina derechos de los trabajadores), no hay manera de salir del actual cuasi-recesión o enfriamiento económico. En consecuencia, no estamos en la «trampa del ingreso medio» sino en la trampa del propio patrón de acumulación de capital y de la estructura productiva configurada en las dos décadas de neoliberalismo.
 
A modo de conclusión
 
Para salir de la trampa a la que nos ha conducido el modelo neoliberal, hay que sustituirlo por otro donde sea posible aumentar el stock de capital per cápita al ritmo requerido por el crecimiento de la PEA y la conversión del subempleo en empleo adecuado.
 
 
Publicado en el diario UNO, el sábado 23 de enero

Fecha Publicación: 2016-01-16T21:18:00.002-08:00

La campaña electoral actual ha puesto en debate otra vez el tema de la identificación de los actores sociales y económicos en las propuestas de transformación del país. En el abanico de la izquierda y el progresismo se encuentran los que sostienen que el neoliberalismo ha abierto grandes oportunidades al denominado «emprendedurismo», identificando como su enemigo principal al Estado. Por esta razón, los «pobres convertidos en empresarios» (los microempresarios), constituirían el motor del desarrollo (véase mi artículo del 26/09/2015).

Pero en este mismo abanico, están los que provienen de los partidos de clase que todavía no han hecho el esfuerzo de actualizar sus planteamientos ideo-políticos a la realidad actual, del país y del mundo. Es difícil afirmar que la clase obrera o campesina protagonizarán el cambio, cuando cerca del 74% de los trabajadores son informales y que en su gran mayoría son microempresarios. Como se encuentran atrapados ideológicamente, no identifican los problemas fundamentales del país y menos sus soluciones. Si renunciaran a su endogamia (un amigo me dice, al complejo de Colón), habrían aprovechado la difusión del plan La Gran Transformación, para iniciar un debate sobre cómo salir del entrampamiento al que nos ha conducido el neoliberalismo, sin renunciar al objetivo de la emancipación social y en democracia.

La causa de la expansión de las PYMES y MYPES

Decir que las micro y pequeñas empresas de nuestro país no pueden liderar solas el crecimiento y desarrollo (no pueden “jalar” al conjunto de la economía), es una verdad de Perogrullo. Son empresas dedicadas al comercio y a los servicios, y fundamentalmente operan con trabajadores de baja calificación y productividad. Pero de aquí pasar a afirmar que el liderazgo le corresponde a la gran y mediana empresa, es desconocimiento total de los procesos económicos registrados por la historia y la teoría del desarrollo. Hay, pues, un falso dilema que es necesario aclarar.   

No son los tamaños de las empresas, sino los sectores en los que ellas operan las que pueden tener capacidad de arrastre e imprimirle dinamismo al conjunto de la economía. Ciertamente, no son los sectores de producción de no-transables ni los primario exportadores los que tienen esta capacidad. Estos últimos fueron los que precisamente lideraron el crecimiento en los últimos veinticinco años. La especialización en la producción primaria de alta renta natural, en un contexto de desregulación de los mercados y de una sistemática apreciación cambiaria, dio lugar a una tasa de acumulación de la capacidad productiva per cápita insuficiente para absorber, con empleos adecuados, a la creciente población económicamente activa. En verdad, el cambio en el estilo de crecimiento y acumulación de capital ocurrió desde la aplicación de las políticas de ajuste estructural.

Esta insuficiente acumulación de capital es la responsable de la existencia de subempleo, del autoempleo y de la informalidad. El capital extranjero usufructúa la alta rentabilidad de los recursos naturales que explota (o de los mercados cautivos en los que opera, como la telefonía), mientras que los inversionistas privados nacionales (agrícolas e industriales) tienen una restricción de financiamiento (enfrentan tasas de interés real onerosas) que les impide acumular capital a una tasa adecuada para reducir el subempleo y detener el crecimiento de la informalidad. 

La ausencia de mercados internos dinámicos

Pero los inversionistas nacionales tienen también una restricción de mercado. Los ajustes fiscales efectuados en los años ochenta y noventa, por la crisis de la deuda y sus secuelas, se hicieron mediante contracciones importantes de la inversión pública que condujo al descuido de la infraestructura, agravando, con ello, la desconexión de la economía con la geografía y demografía del país. En los años 2001-2008 la inversión pública fue de solo 3.2% del PBI, casi la tercera parte de la registrada en los años 1981-1985 (9.0%). En los años 2009-2013 aumentó a únicamente 5.5% del PBI.

La caída relativa de la inversión pública no permitió integrar económica y socialmente a los dos Perú, el oficial y el otro Perú de los que nos hablaba José Matos Mar. Esta desarticulación mantuvo mercados internos poco dinámicos y no permitió crear otros a lo largo y ancho del país. Esta es la razón por la cual las inversiones en regiones atrasadas del país no son rentables, lo que a su vez explica la baja tasa de acumulación de capital per cápita.

El neoliberalismo, además, al abrir el comercio y mantener un tipo de cambio apreciado, afectó la rentabilidad de las inversiones en las actividades de producción de bienes transables de la economía. La estructura de precios relativos se hace desfavorable a este tipo de producción de transables o comercializables, dando lugar a una reasignación de recursos a favor de las actividades terciarias y no-transables de comercio, servicios y construcción.  Esta pérdida de rentabilidad de las inversiones, en particular en el sector manufacturero, ocurre al mismo tiempo que se contrae el mercado interno de este sector. A todo esto hay que agregarle otro efecto contractivo del mercado interno causado por el mantenimiento de salarios reales bajos y estancados como resultado de la desregulación del mercado laboral.  

A modo de conclusión

En consecuencia, las políticas y reformas neoliberales de los últimos veinticinco años configuraron una estructura económica dominada por pequeñas y micro empresas que operan como estrategias de autoempleo, optan por la informalidad y producen para mercados internos atrasados y poco dinámicos. Como se sabe, estas empresas se ubican en sectores o actividades de baja productividad y donde predomina el empleo no calificado. 

 


Publicado en el Diario UNO, el sábado 16 de enero de 2016

Fecha Publicación: 2016-01-16T21:15:00.003-08:00
La composición de las planchas presidenciales para las elecciones generales de abril de 2016, revela la crisis profunda por la que atraviesan los partidos políticos de nuestro país. Sin ideario ni principios, vacíos de contenido y varios de ellos vinculados directa o indirectamente con el narcotráfico y la corrupción, estos partidos han constituido sus planchas presidenciales sobre la base del oportunismo y sin visión de país. En la constitución de sus fórmulas presidenciales han primado los intereses privados y oligárquicos, junto a una práctica proveniente de marketing, ambas prácticas ajenas a la virtud cívica y a la democracia.  

Partidos sin contenido ideo-político 

Hay varios factores que explican esta situación. El neoliberalismo desapareció completamente las diferencias ideológicas  de casi todos los partidos políticos. El mercado auto-regulado y la economía se impusieron sobre la política. La oposición a la intervención económica del Estado desapareció a los proyectos políticos nacionales. El individualismo se impuso sobre lo social y el bien común. Este proceso de indiferenciación ideológica condujo al total abandono de la ética en las acciones políticas. La política se convierte en marketing para acceder al poder y usufructuarlo en provecho propio. El recurso a la “política social” en el discurso electoral es el mecanismo a través del cual se busca el apoyo electoral de los votantes en los procesos de elección popular. No hay interés por la vida en común y menos, ciertamente, en el fortalecimiento de los mecanismos democráticos de control popular a sus elegidos o representantes.

El otro factor de indiferenciación de los partidos y vaciamiento de sus contenidos fue la caída del Muro de Berlín.  La existencia de este Muro era el símbolo de la diferenciación entre partidos de derecha e izquierda. El definitivo derrumbamiento de los países llamados socialistas,  puso al descubierto dos cosas. Primero, la ilegitimidad de ese régimen debido a la contradicción entre el discurso a favor de la clase obrera “emancipada de la dominación burguesa” y la práctica política antidemocrática, la presencia de un poder burocrático autoritario, oligárquico y, por lo tanto, privilegiado económica y socialmente. Segundo, la ilegitimidad de la democracia liberal debido a la constitución de una clase política que opera siguiendo una lógica totalmente ajena a la idea democrática de la soberanía de la comunidad de ciudadanos. Como dice Eloy García, “la lógica del poder –la política concebida en el sentido weberiano de la lucha por el liderazgo, la dominación y la consecución de un séquito—sustituye a la política de las ideas entendidas como un instrumento de transformación desde la razón y la ilusión que, según sus propios postulados, debiera caracterizar al régimen liberal-democrático”.

Los partidos de derecha, sin embargo,  aprovechando la caída del muro de Berlín contribuyeron, todos, a la imposición del neoliberalismo; pero, al hacerlo, dejaron de tener identidad y apoyaron la pérdida de soberanía de sus Estados Nacionales, contribuyendo a erosionar aun más las instituciones democráticas. Con el neoliberalismo y la globalización se amplió el ámbito de los contratos y se redujo el de las leyes en casi todas las democracias, lo que significa –según Todorov--  que “se restringió el poder del pueblo para dar libre curso a la voluntad de los individuos”. Dado que la globalización “no procede de ningún Estado ni de ninguna legislación, se recurre exclusivamente a los contratos. Poco le importan los países”. El Estado pierde soberanía a tal punto que puede ser juzgado por tribunales internacionales si, en opinión del capital transnacional respectivo, incumple esos contratos. Los partidos ya no son “instrumentos de sociabilidad política”, ya no importa el ideario que les proporciona identidad. En este contexto –como dice Eloy García—se abre paso la Ley de Gresham de la oligarquía partidista; “solo que en este caso es el militante burdo y disciplinado –y no la moneda mala—el que expulsa al inteligente y con iniciativas”.

La ausencia de reacción de la izquierda

Si bien la indiferenciación de los partidos tradicionales con la pérdida de sus identidades no alcanzó a las izquierdas partidarias e intelectuales de nuestro país, estas no remozaron sus idearios y propuestas políticas. No redefinieron la relación entre el Estado y el Mercado, a pesar que la construcción definitiva de la nación requiere de la creación y desarrollo de mercados internos. No fundamentaron su adhesión a la democracia ni construyeron un ideario democrático basado en la noción de bien público, de la virtud cívica, de los mecanismos de control de los representantes del pueblo para evitar la enajenación de su soberanía,  de la pluralidad y, lo que es peor, no recusaron la tradición del partido de la clase obrera y de la dictadura del proletariado. Como no lo hicieron, queda la duda de si su prédica a favor de la emancipación social es compatible con la democracia. 

Por las mismas razones, los partidos de izquierda no tienen una concepción explícita de la libertad como no-dominación que es la que sería compatible con el principio democrático del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esta concepción de la libertad es distinta de la liberal y neoliberal que fundan la libertad en la ausencia de interferencia del Estado en las decisiones individuales. La libertad concebida como ausencia de dominación exige condiciones materiales de existencia. Finalmente, hay que señalar que tampoco sabemos si las izquierdas tienen el esbozo de las características de un “modelo” distinto al capitalismo neoliberal compatible con la democracia. 

A modo de conclusión

Por la ausencia de renovación de su ideario, los líderes de la izquierda siguen actuando con la misma lógica de las oligarquías partidarias de derecha. Se perciben distintos, pero en realidad son iguales en su práctica política. No actúan con ética ni transparencia. Son calculadores y desleales. Por lo tanto, no hay nada nuevo en sus maneras de hacer política. Su fragmentación es resultado de la ausencia de un ideario común. Divididos como están, serán incapaces de impedir, en las próximas elecciones, la continuidad de los partidos del neoliberalismo.



Publicado en el Diario UNO, el sábado 2 de enero de 2016

Fecha Publicación: 2015-12-24T09:40:00.002-08:00
La economía peruana va camino al estancamiento económico en consonancia con la disminución de los precios de los commodities y el débil dinamismo de la demanda externa. Este entorno internacional desfavorable tardará varios años en revertirse. Si se considera que en los últimos quince meses los sectores manufactura y construcción han registrado tasas negativas de crecimiento, se puede afirmar que, para propósitos prácticos, la economía ya se encuentra en recesión. De otro lado, el bajo crecimiento del empleo registrado recientemente (alrededor de 2%), es de baja calidad. Crece el subempleo mientras el empleo adecuado ya no crece.
 
El crecimiento del PBI durante estos mismos meses --que en promedio se ubica por debajo del 3%--, se explica fundamentalmente por la expansión de la producción de los sectores terciarios: estos crecen por encima del 5% con la «ayuda» del INEI. Por ejemplo, en los últimos 24 meses los servicios financieros y seguros y los servicios prestados a empresas, crecieron a las tasas promedio mensual-anualizadas de 11.6% y 5.98%, respectivamente.  
 
Revertir la desaceleración del crecimiento de la producción y el empleo con políticas macroeconómicas contra-cíclicas, sin cambiar el estilo de crecimiento y en un contexto externo económico y financiero desfavorable, es difícil. Hay, además, una situación interna que exacerba esta dificultad. El 33% de los créditos están dolarizados; el aumento del tipo de cambio –que se acentuará con la reciente elevación de la tasa de interés de la FED--, incrementa la inflación; las reservas internacionales del Banco Central (BCR) han caído en cerca de 50% (ahora dispone de solo US $ 25,226.36 millones, equivalente al 12.4% del PBI). Esta es una realidad que ha obligado al BCR a subir su tasa de interés de referencia en dos ocasiones, situándola desde el 9 de este mes en 3.75%.
 
La oportunidad para cambiar el modelo económico
 
La actual crítica situación económica que se da en el contexto de una profunda crisis política, ha generado nuevamente, como en otras ocasiones en la historia económica de nuestro país, una gran oportunidad para iniciar el camino al desarrollo. Es la hora de cambiar el modelo de crecimiento y acumulación de capital. Es la hora de emprender un proceso de industrialización de nuevo tipo, basado en la agricultura y en la agroindustria, y con políticas macroeconómicas adecuadas a este propósito.
 
Esta oportunidad está caracterizada por la caída de los términos de intercambio y una demanda externa por commodities, cuya debilidad se prolongará por varios años, acompañada de condiciones financieras desfavorables a la práctica rentista (carry trade)  de endeudarse «barato» en el extranjero para prestar «caro» en la economía doméstica. Hemos pasado de un largo período de apreciación cambiaria que le quitó competitividad a las actividades transables y manufactureras, a otra de signo contrario: aumenta el tipo de cambio y, bajo ciertas condiciones de política, se genera la posibilidad de diversificar e industrializar la economía. Hemos pasado de una situación donde el financiamiento del crecimiento provenía básicamente de la inversión extranjera y de los influjos de liquidez internacional, a otra que, sin rechazar la inversión extranjera, exige promover la inversión privada nacional orientada a la diversificación productiva y basar el financiamiento del crecimiento en el desarrollo del mercado de capitales en moneda local. En fin, podemos decir que hemos pasado de un largo período de pérdida de la autodeterminación nacional en las decisiones de política económica, a otra donde se abren posibilidades de un manejo soberano de la política monetaria y cambiaria, y de cambio en la orientación de la política fiscal y de inversiones públicas.     
 
Políticas macro para iniciar el cambio del modelo
 
En primer lugar, hay que recuperar el manejo soberano de la política cambiaria para convertirlo en el principal instrumento de diversificación productiva. Esto requiere terminar con la dolarización de los créditos y adoptar restricciones fiscales o de otro tipo principalmente a la entrada de capital especulativo internacional. Hay que impedir la práctica rentista del «carry trade» por parte de la banca comercial.
 
En segundo lugar, hay que recuperar también el manejo soberano de la política monetaria, para que el BCR no siga subiendo su tasa de interés en pleno enfriamiento económico, por temor a los efectos del aumento del tipo de cambio. Este riesgo desaparece en un sistema financiero que no dolariza los créditos, pero también cuando se morigera la vulnerabilidad de la economía al movimiento del capital especulativo internacional. Un instrumento de política adicional que permitirá mejorar la eficiencia de la política monetaria, es el desarrollo del mercado de capitales en soles. Con un mercado de capitales dinámico y en expansión aumenta la competitividad en el mercado financiero y abarata el costo del endeudamiento doméstico en moneda local.
 
En tercer lugar, adecuar la política fiscal al objetivo del crecimiento y del cambio estructural. Esto requiere priorizar la inversión en infraestructura pública sobre la base de un reordenamiento territorial que dé lugar a un nuevo esquema de regionalización. La diversificación productiva y el cambio en el actual modelo de crecimiento no pueden realizarse bajo el actual esquema de «regionalización». De otro lado, sin capacidad financiera el Estado no puede promover el cambio estructural. Es necesario entonces reformar el sistema tributario para hacerlo más progresivo y combatir la evasión y la elusión.
 
A modo de conclusión
 
El esbozo de política macro presentado aquí se orienta a promover el desarrollo de mercados internos para apuntalar el cambio estructural. No limita sino que aumenta los espacios de acción del mercado, pero al mismo tiempo exige una revalorización del papel del Estado. Hay que abandonar el tratamiento contrapuesto y dicotómico del Estado y el mercado que hace el neoliberalismo. 
 
 
 
Publicado en el diario UNO, el sábado 19 de diciembre de 2015

Fecha Publicación: 2015-12-16T06:43:00.003-08:00
¿Será posible crecer a la tasa de 6% promedio anual como en 2003-2013, manteniendo el actual modelo de crecimiento y acumulación de capital? O, más específicamente, ¿será posible crecer a esa tasa solo con impulsos monetarios y fiscales? La respuesta es NO. El fin del súper-ciclo de las materias primas ha mostrado la fuerte dependencia del estilo de crecimiento respecto del aumento de la demanda externa y de los precios de los minerales. En el contexto de libre comercio y desregulación de los mercados, en particular de los mercados de trabajo y financiero, el aumento sostenido de los términos del intercambio acentuó la especialización de la economía en la producción de materias primas y de servicios no transables, y desestimuló la producción de transables por su efecto contractivo del tipo de cambio real.
 
Camino al estancamiento económico
 
Hay, en desarrollo, una tenencia al estancamiento económico que tomará varios años en revertirse y que ha sido configurada fundamentalmente por factores externos. Los factores internos, como veremos, solo acentúan esta tendencia. La principal razón, entonces, de esta tendencia es la persistencia de un contexto externo desfavorable al crecimiento económico.
 
Por un lado está la desaceleración económica de China. Durante el boom de los precios de los minerales, la economía china creció a una  tasa superior al 10%. China crece ahora a una tasa menor al 7% y ha cambiado de estrategia orientándose más al mercado interno. Las altas tasas de crecimiento de la economía china casi duplicaron sus importaciones de cobre, que es el principal producto de exportación peruano. En general, los precios de los metales aumentaron de manera espectacular, pero ahora muestran una tendencia a la baja.  El precio del Cobre aumentó de 1650.31 US$/TM en enero de 2003 a 9880.94 US$/TM en febrero de 2011; después registra una tendencia a la baja que continúa. Su precio disminuyó a 5516.09 US$/lb en octubre de 2015. De otro lado, el precio del Oro aumentó de 356.86 US$/oz.tr en enero 2003 a  1747.05 US$/oz.tr en octubre 2012; hora sigue una tenencia a la baja: en octubre de 2015 descendió hasta 1159.44  US$/oz.tr.
 
El otro factor que conspira contra el crecimiento económico peruano es el cambio de signo en las finanzas internacionales. La crisis de 2008-2009 generó un periodo de financiamiento barato para países de los llamados mercados emergentes.  La FED redujo su tasa al rango de 0 y 0.25%. Entraron capitales y aumentó el crédito en moneda extranjera en nuestro país con el beneplácito del Banco Central (BCR).  Los créditos en moneda extranjera a familias y empresas con ingresos en soles, alimentaron el problema de hoja de balance cuyo desenlace preocupa ahora al BCR por el alza del tipo de cambio y la dolarización de los créditos en cerca de la tercera parte del total.  
 
A comienzos de 2013 la FED anunció moderar su política monetaria. Redujo gradualmente la inyección de dólares a su economía mediante el programa de compra de bonos (Quantitative Easing-QE) que llegó a 85 mil millones mensuales. En octubre de 2014 la FED decidió concluir progresivamente este programa de inyección de liquidez, al mismo tiempo que anunció subir su tasa de interés en setiembre de 2015. El cumplimiento de este último anuncio fue pospuesto hasta el mes de diciembre de este año. Es posible, entonces, que la FED suba su tasa en cualquier momento de este mes.
 
Desde que la FED anunció la «moderación» de su política monetaria, el tipo de cambio empezó a subir después de haber caído sistemáticamente desde agosto de 2006. Esta presión al alza del tipo de cambio fue acentuada por la consecuente dolarización de los depósitos y portafolios de familias, empresas e inversionistas institucionales, en particular, de las AFP que son las que más se han «beneficiado» de las actuales condiciones desfavorables de las finanzas internacionales. Según información del propio BCR, entre setiembre y octubre los depósitos en dólares pasaron de 70.5% a 81.4%.
 
Debido a que los capitales seguirán saliendo dado que el alza de las tasas de interés en Estados Unidos continuará en el año 2016, el aumento del tipo de cambio continuará, fomentando la especulación en el mercado cambiario o reforzando la preferencia por los ahorros y depósitos en dólares. El BCR facilitó la dolarización de los créditos y ahora no puede impedir la dolarización de los depósitos. Desde que se inició la presión al alza del tipo de cambio, ha quemado cerca del 49% de sus reservas (posición de cambio).  Ahora tiene sólo US $ 25,258.1 millones, monto parecido al de la primera quincena de abril de 2010.  Además, el aumento persistente del tipo de cambio seguirá presionando al alza de la tasa de inflación que ahora está por encima del 4.1%.
 
Los factores internos
 
El aumento de la inflación que genera la tendencia creciente del tipo de cambio será reforzado por las consecuencias negativas del fenómeno del Niño en la producción agrícola y actividades conexas. Este fenómeno natural se adiciona a lo hecho por las autoridades económicas.
 
El contexto macroeconómico monetario interno es, en la actualidad,  anti-crecimiento. La tasa de interés de referencia del BCR estuvo en 4.25% entre mayo 2011 a octubre 2013. Durante este mismo período la tasa promedio de inflación fue de 3.4% (por encima del límite superior del rango meta). En octubre de 2013 la tasa de interés de referencia bajó a 3.25% y se mantuvo en este nivel hasta enero de 2015. La tasa de inflación promedio durante este período fue de 3.3%.
 
Como se sabe, la disminución de la tasa de interés de referencia tiene como objetivo estimular la demanda y, por tanto, el crecimiento. Pero desde abril de 2013 el tipo de cambio empieza a aumentar presionando al alza de la inflación. Por esta razón, en setiembre de 2015 el BCR elevó su tasa de referencia a 3.50% en un contexto de demanda débil y bajo dinamismo del consumo. Dos factores relacionados explican este signo de política del BCR: su temor a la inflación y al aumento del tipo de cambio por el problema potencial de hoja de balance.
 
A modo de conclusión
 
Si la FED sube su tasa de interés y continúa haciéndolo en 2016, el BCR se verá obligado a también subir su tasa de interés de referencia, por las razones anteriores. No será posible entonces contar con una política monetaria contra-cíclica en ni en este ni en el próximo año. Solo nos queda la política fiscal para enfrentar la caída de la producción. Aun así el crecimiento de los próximos años se situará por debajo del 3.5% anual.
 
 
 
Publicado en el Diario UNO el sábado 12 de diciembre.

Fecha Publicación: 2015-11-29T07:55:00.000-08:00
Las AFP han mostrado ser, aquí y en el propio Chile cuyo modelo copiamos, auténticas instituciones extractivistas. Siempre ganan, pero pagan pensiones muy por debajo de los ingresos percibidos antes de la jubilación. La tasa de reemplazo (proporción de la remuneración promedio cubierta por la pensión) en el año 2014 fue de 40%. Lo más probable es que, debido a su alta varianza, la tasa de reemplazo sea inferior al 20% para por lo menos el 50% de sus afiliados. En Chile, para este mismo porcentaje de afiliados con pensión, la tasa de reemplazo no supera el 15%.
 
De acuerdo al estudio de Cruz Saco, Mendoza y Seminario, profesores de la Universidad del Pacífico, «las comisiones son tan elevadas que la rentabilidad de las AFP es más de cuatro veces la de los fondos que administran desde el 2000. (…) El rendimiento de las AFP está vinculado estrechamente a las comisiones de administración cuyo pago es independiente de la evolución del valor cuota de los fondos. Ello implica que aún durante situaciones de crisis financiera, las AFP continúan recibiendo ingresos por comisiones mientras que los rendimientos de los fondos podrían ser negativos».
 
El carácter rentista o extractivista de las AFP es evidente. Son instituciones diseñadas para «extraer ingresos y bienestar» de los trabajadores y pensionistas en beneficio de sus propietarios. El intento de alargar la esperanza de vida de sus afiliados y con ello aumentar sus beneficios y reducir las pensiones, en colusión con la SBS, fue otra muestra bochornosa de su rentismo. La pensión promedio que otorgan estas instituciones, según información de 2014, es de 977 soles, solo 30% más que el salario mínimo.
 
La propuesta de reforma que no se discutió
 
Las AFP no participan activamente en el desarrollo del mercado de capitales en soles, ni en la generación de cambios tecnológicos en sentido amplio, y menos en las innovaciones que requiere el propio sistema financiero. Su carácter extractivista le hace daño al desarrollo y al bienestar de la población. Urge transformarlas radicalmente construyendo un sistema de pensiones redistributivo, solidario y de carácter fundamentalmente público. Prolongar su existencia no tiene sentido.  
 
Es bueno recordar la propuesta de reforma que hicimos en el Plan La Gran Transformación 2011-2016. Según esta propuesta el sistema de pensiones debía sustentarse en dos pilares (página 173):
a.    Un pilar público que garantice pensiones de jubilación para todos y que esté constituido por dos componentes: a) El contributivo-obligatorio (base de este primer pilar) en el que se otorgue una pensión de acuerdo a la edad y al número de cuotas aportadas. La afiliación en este sistema contributivo sería obligatoria para todos los trabajadores activos, tanto asalariados como independientes cuya aportación estaría en función de sus salarios o ingresos; y, b) el no contributivo, en el que se otorgaría una pensión básica para todos los adultos mayores de 65 años. Esta opción sería financiada básicamente por impuestos.
b.    El pilar privado, complementario y no alternativo al primero, totalmente voluntario. Estaría basado, como es ahora, en cuentas de capitalización individuales para trabajadores asalariados e independientes. Los aportes se determinarían en función del nivel de ingresos que excede al tope establecido para determinar las contribuciones al pilar público.
 
De acuerdo con esta propuesta, entonces, a la pensión del sistema público se le adicionaría una pensión complementaria en función de lo aportado y del rendimiento del fondo de su cuenta de capitalización. Pero, además, el sistema de pensiones propuesto tendría una cobertura universal porque tiene un componente  no contributivo, Pensión 65, focalizado precisamente en sectores de la población más vulnerables.
 
Modificaciones a esta propuesta de reforma
 
Lo que debe guiar esta reforma es el carácter público que debe tener todo sistema de pensiones, carácter que ha sido desvirtuado por las AFP. La sociedad en su conjunto se beneficia cuando los jubilados y las personas de sectores vulnerables perciben pensiones que les permite vivir su vejez con decencia y dignidad.
 
Con este fin planteamos una modificación de la propuesta anterior, incorporándole las medidas de cambio que se han sugerido en el reciente debate sobre el tema. Se mantendría Pensión 65 con una cobertura mayor y un monto de pensiones más alto. El monto de la pensión inicialmente planteado fue de 250 soles, pero este gobierno lo redujo a la mitad.
 
En primer lugar, se debe reformar el actual sistema público contributivo que gestiona la ONP para que el pilar público propuesto se constituya en parte fundamental del sistema de pensiones. Su reforma puede contemplar la introducción de  una administración con un directorio independiente, con un buen gobierno corporativo y con equipos de inversión especializados y calificados. Su objetivo debería ser rentabilizar y acrecentar el fondo, para que la tasa de reemplazo se ubique por encima del 80%. Se puede subastar periódicamente la administración financiera de este fondo, con normas que aseguren su autonomía frente a los gobiernos de turno.
 
En segundo lugar, el pilar privado, complementario y totalmente voluntario, puede tener dos opciones. Las cuentas individuales de capitalización como las que hay ahora y el ahorro individual en cuentas bancarias a plazo fijo abiertas periódicamente mediante subastas en el sistema bancario con el propósito de conseguir la más alta tasa de interés.
 
En tercer lugar, en el período de transición, de llevarse a cabo la reforma, deben liberarse los fondos acumulados por las actuales AFP en un porcentaje de determinen los propios aportantes, en los siguientes casos: a) cuando sus afiliados cumplan los 65 años y/o cuando decidan jubilarse; b) cuando el afiliado sufra una enfermedad terminal; y, c) cuando el afiliado menor a los 65 años desee invertir su dinero en la compra de una vivienda.
 
A modo de conclusión
 
Esta propuesta de reforma es para debatir. Con las críticas, comentarios y otras propuestas complementarias se puede mejorar. Lo que sí no podemos permitir es que un sistema fracasado siga afectando a sus afiliados.
 
 
 
 
 
 
Publicado en el Diario UNO el sábado 28 de noviembre.