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Alfredo Thorne tiene la oportunidad de pasar a la historia. Él puede ser el iniciador del cambio estructural y de la modernización que requiere nuestro país. Es verdad que para diversificar el aparato productivo (estimular el desarrollo industrial y agroindustrial) no es suficiente la política fiscal, pero es necesaria y puede desatar un proceso que obligue a los otros sectores y al BCR a actuar. Veinticinco años de crecimiento primario exportador no han servido para resolver los problemas estructurales de nuestra economía. El actual estancamiento internacional debe ser, entonces, una oportunidad para reducir su dependencia de las fluctuaciones de los términos del intercambio, mediante un proceso de diversificación productiva que puede empezar con el desarrollo de mercados internos. «No hay que olvidar que el problema central en países con escaso desarrollo industrial y agrícola como el nuestro no está en la magnitud de la inversiones privadas domésticas, sino en la orientación de su asignación» (véase nuestro artículo del 01/08/2015).
Política fiscal y estímulo a la inversión privada nacional
La política fiscal puede jugar un papel fundamental para orientar la asignación de la inversión privada nacional hacia la diversificación productiva. Lo puede hacer mediante un plan multisectorial de inversiones de mediano y largo plazo en infraestructura económica y social (ferrocarriles, carreteras, represas y canales de riego, puertos, aeropuertos, institutos tecnológicos, hospitales, policlínicos, colegios, agua y desagüe, electrificación, etc.), desde una perspectiva macro regional y bajo un nuevo ordenamiento territorial. La historia económica enseña que este tipo de inversión pública es «el mejor mecanismo de atracción de la inversión privada nacional y de creación de mercados internos».
Optar por este plan significa reorientar el gasto del Estado priorizando las inversiones. Con este fin se debe introducir la Regla de Oro de la política fiscal, según la cual el endeudamiento del gobierno debe destinarse a financiar solo el gasto de inversión y no el gasto corriente. (Véase capítulo IV de mi libro Reglas y Sostenibilidad de la Política Fiscal, 2008). Ciertamente, no todo el presupuesto de los planes de inversión debe ser financiado con endeudamiento público. En el plan también se debe determinar los proyectos de inversión que requieran de las asociaciones público privadas (APP), con criterios de evaluación de sus efectos distributivos y fiscales. Es indispensable que se determine una unidad especializada dentro del MEF responsable del banco de información y de la evaluación (ex ante y ex post) de los respectivos contratos. (Sobre este tema véase Germán Alarco, Ventajas y desventajas de las APP en América Latina. 2015)
El otro mecanismo con el que cuenta el MEF para reorientar su política fiscal hacia el cambio estructural, es el mercado de deuda pública doméstica. El ministro Thorne ya dio una buena señal. Ha dicho que «retirará hasta US$ 6,000 millones de deuda externa en dólares para cambiarla a deuda interna en soles, mediante prepagos, intercambio o canje de deudas y recompras de deudas». Esta operación, como ha explicado Thorne, permitirá «enfrentar de una manera más sólida la posible subida de tasas de la Reserva Federal».
La deuda externa (US $ 24,671 millones) representa, al 30 de junio de este año, el 55% del total. Esto quiere decir que 55% de la deuda pública está expuesta al riesgo cambiario. Cuando el precio del dólar sube, se requiere más soles para pagar un mismo monto en dólares de servicio de la deuda externa. En realidad el ministro debería contemplar la posibilidad de un plan de sustitución de deuda externa por interna cuyo objetivo sea reducir al máximo el peso de la deuda en dólares y de esta manera liberar recursos (soles) para inversiones. Esto implica no endeudarse más en dólares. Se debe desistir, entonces, de la propuesta de emisión de deuda en dólares por US$ 1,769 millones en el año 2017. «Un gobierno que pueda emitir deuda en su propia moneda —dice Robert Skidelsky— puede fácilmente mantener tasas de interés bajas».
En consecuencia hay que darle mayor impulso al programa de creadores de mercado de deuda pública doméstica; hacerlo más líquido y profundo, para contribuir con el desarrollo, en el mismo sentido, del mercado de capitales. Por su parte, el mercado de capitales debe reformarse para darle prioridad a las transacciones en moneda local y para facilitar la emisión de deuda por parte de las empresas medianas y pequeñas, bajo determinadas condiciones. El ministro dice que se «buscará un rol más protagónico del Banco de la Nación, de COFIDE, de AGROBANCO, y del Fondo mi Vivienda». De acuerdo. Pero sobre la base de esta política, COFIDE, por ejemplo, puede garantizar la emisión de deuda en soles por parte de las pequeñas y medianas empresas (agroindustriales y manufactureras), para modernizar sus procesos de producción y aumentar su productividad. Esta es la mejor manera de caminar hacia la formalización.
Lo que no debe hacer el Ministro
En primer lugar, el ministro debe olvidarse por un tiempo de la reducción del IGV y gestionar la derogatoria inmediata de la Ley que dispone la disminución del Impuesto a la Renta. En segundo lugar, debe concentrase en el combate a la evasión y elusión tributaria. El particular debe gestionar la puesta en vigencia de la Norma XVI introducida por el Decreto Legislativo 1121 de julio de 2012 para combatir la elusión. Es una norma contra el uso de artificios legales para dejar de pagar impuestos y faculta a la SUNAT a revisar ejercicios fiscales del año corriente y hasta 4 años anteriores. Como nos recuerda Claudia Cisneros, la norma es importante «porque el Perú está decidido a entrar al club de ricos de la OCDE y el combate contra la elusión fiscal es un requisito» (CC: La Republica, 11-09-2016).
En tercer lugar, el ministro no tiene por qué sujetarse a la trayectoria del déficit público recomendada por el Consejo Fiscal. Se tiene que revisar la metodología de cálculo del resultado fiscal estructural. Las políticas aplicadas en los últimos veinticinco años han modificado la estructura del aparato productivo y afectado al producto potencial. La economía es menos agrícola e industrial y más productora de servicios de baja productividad (que concentra el grueso de la PEA de baja calificación); y, ha perdido mercado interno por la masiva penetración de importaciones. La especialización primario exportadora afectó negativamente al producto potencial y a su tasa de crecimiento, al sesgar la inversión hacia la construcción y la extracción minera.
La disminución relativa de la inversión en maquinaria y equipamiento, contrajo la tasa de acumulación de capital no residencial, bloqueó el desarrollo de actividades que promueven avances tecnológicos y, por lo tanto, afectó negativamente al producto potencial. No hay que olvidar que la política económica puede retrasar o acelerar el crecimiento económico y, por lo tanto, que «las estimaciones del producto potencial siempre siguen a la producción real».
Publicado en el Diario UNO, el sábado 17.
El ministro Alfredo Thorne ha optado por el ajuste fiscal gradual durante todo el período de gobierno de PPK. Propone bajar el déficit a 2.5% del PBI en 2017, a 2.3% en 2018, a 2.0% en 2019 y a 1.0% en 2021. Es, sin duda, un ajuste menos drástico que el propuesto por el ex ministro Segura, como se lee en el MMM 2017-2019 aprobado en abril de este año. Este ex ministro tuvo el descaro de proponer un déficit de 1.8 % del PBI en 2017, de 1.3% en 2018 y de 1.2% en 2019, no obstante haber sido el que provocó un aumento del déficit hasta el actual 3.4% del PBI, al exacerbar, con la reducción del impuesto a la renta, el impacto negativo sobre la recaudación tributaria de la caída de los precios de los commodities.
La política fiscal en los últimos años de Humala
Los que avalan el ajuste propuesto por Thorne, afirman que gobierno de PPK no puede seguir aplicando una política fiscal expansiva. Dicen que ya hubo un impulso fiscal positivo en los años 2013, 2014, 2015 y 2016; y, como la economía ya está creciendo a 4% promedio anual, la política fiscal –dicen estos sabios-- ya cumplió su rol expansivo. Sin embargo, como vamos a ver, esta afirmación que pertenece a uno de los miembros del llamado Consejo Fiscal, no se condice con los datos.
En 2013 la tasa de crecimiento del PBI fue de 5.9% y el 78% de esta tasa fue explicado por Otros servicios, Comercio, Construcción y Minería. Fue el año en el terminó el ciclo de crecimiento alto de la economía. En 2014 el PBI creció a la tasa de 2.4%, mientras la minería decreció en 2.2%. En 2015 la tasa de crecimiento del PBI de 3.3% fue explicada en cerca del 90% por Otros servicios y Minería. Finalmente, más del 50% de la tasa de crecimiento de 4.08% registrada en el primer semestre de este año fue explicada solo por la Minería; si le sumamos Otros servicios, ambos sectores explican cerca del 70% de esa tasa de crecimiento.
Exceptuando el año 2013, entonces, el PBI habría crecido aproximadamente a la tasa promedio de 2.0%, sin considerar la contribución de la minería. Sin minería el crecimiento del primer semestre de este año habría sido de sólo 1.2%. Este sector creció en 2015 a la tasa de 15.5% y este año lo hará a la tasa de 20.1%, pero su crecimiento se reducirá hasta cerca de 1% en 2019. En consecuencia la tasa de 4% registrada el primer semestre de este año no puede ser adjudicada al impulso fiscal.
¿Qué impulso fiscal puede ser este si descontando la contribución de la minería, la tasa de crecimiento se reduce a cerca del 2% promedio anual? ¿Qué efecto positivo importante sobre el producto puede tener un gasto fiscal que se mantuvo casi constante como porcentaje del PBI en los años 2014 (21.5%) y 2015 (21.3%)? Tómese en cuenta, además, que desde el año 2014 la industria manufactura se encuentra en recesión (registra tasas de variación negativas). Lo que el Consejo Fiscal no dice es que se puede aumentar el espacio para aplicar una política fiscal expansiva, revirtiendo las absurdas medidas tributarias del ministro que los nombró, pero también adoptando otra política de endeudamiento para financiar el déficit que generaría la realización de las ofertas hechas por el presidente PPK (véase mi artículo del 30-07-2016).
La opción del ajuste fiscal no es inevitable
El ministro Thorne se ha atado de manos. Con la trayectoria del déficit que el ministro se ha comprometido a respetar, no será posible cumplir con el aumento del gasto en infraestructura económica y social ofrecido por el presidente en su discurso inaugural. Podría incluso ponerse en riesgo esta misma trayectoria si se disminuye el IGV a partir de enero de 2017 y no se deroga la norma que redujo el impuesto a la renta. Con un gasto que crece a tasas moderadas, o se mantiene constante como proporción del PBI, junto a ingresos tributarios que tienden a reducirse, la posibilidad de mayores déficits aumenta y con ellos el endeudamiento público.
Con el ajuste fiscal propuesto y sin reformas, el ministro proyecta una tasa de crecimiento que bordea el 4% promedio anual durante el período 2017-2019. No hay explicación de cómo se logrará esta tasa y menos de cómo el crecimiento del PBI no primario se acercará al 5% promedio anual como se menciona en el MMM revisado. El ministro confía, como otros, en el contexto político favorable a los negocios, generado con la elección de PPK. Asimismo, cree que sus propuestas de reforma (como la disminución del IGV; el nuevo marco tributario con un tratamiento especial a las micro, pequeñas y medianas empresas; la reforma de ProInversión; la mayor formalización; y, el destrabe de las inversiones) permitirán incrementar la inversión privada y la tasa de crecimiento del PBI a 5% promedio anual. Pero, con un mercado internacional estancado y con mercados internos poco dinámicos, esto no será posible.
Se trata de una apuesta riesgosa. Que el presidente genere más confianza y que se realicen las reformas propuestas por su gobierno, no asegura para nada que la demanda agregada aumente de modo sostenido, para que los empresarios de las distintas actividades aumenten sus inversiones y la producción. Tampoco se puede afirmar que la reducción del IGV y las otras medidas de apoyo a la formalización, realmente disminuyan la informalidad y menos que aumenten la recaudación. La alta tasa de informalidad se debe al lento crecimiento del capital per cápita no residencial registrado en las últimas décadas y al hecho de que el grueso de las inversiones no se orienta a diversificar el aparato productivo (al desarrollo del agro y de la industria, por ejemplo).
Si las propuestas de reforma del ministro Thorne se realizaran en un contexto de auge, no habría mucho problema. El ministro haría bien entonces en olvidarse de la reducción del IGV y concentrarse en lograr la rápida derogatoria de las medidas tributarias del anterior gobierno, en combatir la elusión y evasión tributaria, y en elaborar un programa de inversiones públicas para lograr el objetivo de modernización democrática anunciado por el presidente PPK. Hay, pues, otra manera de hacer política fiscal.
Publicado en el Diario UNO el sábado 10 de setiembre
El gobierno acaba de presentar al congreso de la república el proyecto de presupuesto para el año 2017 que asciende a S/.142,472 millones y representa el 20.1% del PBI. El presupuesto de 2016 fue de S/.138,490 millones y era equivalente al 21.0% del PBI, porcentaje superior al del presupuesto actual. En cifras absolutas el monto del presupuesto de 2017 es mayor que el del año 2016 en solo S/. 3,981 millones. Esta cifra es equivalente al 0.6% del PBI y menor que el 0.8% del PBI que corresponde a la pérdida de ingresos del gobierno por las medidas tributarias del ex ministro Alonso Segura. Sin esta pérdida de ingreso que redujo la presión tributaria, el monto del presupuesto para el año 2017 como porcentaje del PBI, podría haber sido igual o mayor que el del presupuesto de 2016.
El presupuesto presentado al congreso, entonces, no es expansivo, sino el inicio de un proceso de ajuste de gastos que continuará hasta los próximos dos o tres años.. En términos reales, es decir, el presupuesto de 2017 neto de inflación, prácticamente no crece. En efecto, su tasa de crecimiento nominal es de 2.88%, mientras que la tasa de inflación estimada para este año es de 3.1% y la proyectada para el próximo año es de 2.8%.
No hay política fiscal expansiva
El presupuesto revela que el gobierno de PPK finalmente ha optado por el ajuste fiscal. No hay ni habrá política fiscal expansiva en los próximos años. El ex ministro Segura tuvo una gestión desafortunada. Fue incapaz de aumentar ordenadamente la inversión pública y redujo los ingresos del Estado con la reducción del impuesto a la renta que favoreció a las grandes empresas, pero no estimuló, como se pretendía, el crecimiento la inversión privada. El presidente Humala recibió una economía con superávit fiscal y en crecimiento, y, por haber elegido malos ministros de economía, le ha dejado a su sucesor una déficit fiscal (3.3% del PBI), una presión tributaria a la baja (14.5% del PBI, y una deuda pública (23% del PBI) cuya tendencia creciente asusta al FMI y a su remedo criollo denominado Consejo Fiscal.
Ciertamente, esta situación fiscal de aparente riesgo no es expresión de una política fiscal expansiva y exitosa aplicada por los ministros de Humala, sino de una desastrosa gestión, que ahora, sus propias creaturas, o más bien engendros, actúan como restricciones a la administración de la política fiscal por parte del actual ministro Alfredo Thorne. En efecto, el 30 de octubre de 2013 el ex ministro Luis Miguel Castilla hizo aprobar la Ley No. 30099 de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal, en cuyo artículo 23 crea el Consejo Fiscal “como una comisión autónoma, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo objeto es contribuir con el análisis técnico independiente de la política macrofiscal, mediante la emisión de opinión no vinculante a través de informes, sobre: a) La modificación y el cumplimiento de las reglas fiscales (…); b) Las proyecciones fiscales contempladas en el Marco Macroeconómico Multianual; c) La evolución de corto y mediano plazo de las finanzas públicas; d) La metodología para el cálculo de las cuentas estructurales (…) y del PBI potencial y los precios de exportación de mediano plazo”. A fines del año 2015 el ex ministro Alonso Segura nombró, mediante resolución suprema, a sus integrantes para que ¡emitan opiniones independientes!.
Consejo Fiscal, remedo del FMI
La existencia de este Consejo Fiscal no tiene sentido alguno, aunque tenga opiniones no vinculantes. Hay una burocracia calificada en el MEF que hace el trabajo técnico sobre los temas que serían materia de evaluación y opinión de este Consejo, y con una especialización mayor que cualquiera de sus actuales integrantes. Por otro lado, el ministro tiene asesores que pueden involucrarse en este trabajo y discutir con sus pares del MEF y con los del BCRP, y también con los del FMI, como se hacía durante el gobierno de Alejandro Toledo.
Pues bien, precisamente, es este Consejo el que ha afirmado (según dicen, a pedido del ministro Thorne) que “hay relativamente poco espacio para hacer políticas fiscales expansivas”. Los miembros de este Consejo no se opusieron tajantemente a las medidas tributarias adoptadas por el ex ministro segura, ni pusieron sus cargos a disposición del que los nombró y, sin embargo, ahora dicen que los menores ingresos tributarios no solo de deben al deterioro de los precios de las materias primas y a la desaceleración de la economía internacional, sino también a las “medidas tributarias adoptadas para estimular la economía”.
Este mismo Consejo opina que “según estimaciones de su secretaria técnica” (mini MEF) habría un escenario de riesgo externo extremo, pues “si se mantuviese la senda de déficits proyecta en el Marco Macroeconómico Multianual Revisado, la deuda pública se ubicaría en el año 2019 por encima del límite máximo de 30.0 por ciento del PBI establecido en la ley de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal”.
¿De dónde saca este Consejo que el límite máximo de endeudamiento público es de 30.0% del PBI? ¿Es igualmente riesgoso, para este Consejo, un endeudamiento público externo o en moneda extranjera de 30.0 % del PBI que un endeudamiento interno en soles de 30% del PBI?
El gobierno de PPK está doblemente atrapado por el fundamentalismo. Por el lado de la política fiscal, está el referido Consejo que asusta al Ministro Thorne, y por el lado de la política monetaria hay un presidente del BCRP que se opone a realizar una política expansiva en serio. Otra vez estamos frente al fantasma del piloto automático y el ministro Thorne ahora solo confía en las velitas que le pone al Congreso para que le den luz verde a sus reformas.
Publicado en el Diario UNO el sábado 3 de setiembre
Hay economistas y analistas neoliberales que no ayudan al desarrollo de las ideas ni contribuyen al progreso del país. Son lo que defendían el modelo primario exportador durante la década de alto crecimiento (¡decían que este era el resultado exitoso de las políticas neoliberales!), cuando nosotros insistíamos en que ese era el momento de iniciar la transformación productiva para enfrentar mejor el previsible shock externo de caída de los términos del intercambio y estancamiento de la economía internacional. Defendían la gestión de Julio Velarde y de los ministros de economía de los dos últimos gobiernos, cuando nosotros planteábamos «repensar la política económica para el Perú del siglo XXI» (véase capítulo V de nuestro libro Otra Ruta de Desarrollo para el Perú, 2016). Recién hoy nos dicen que existe el riesgo de estancamiento económico por el bajo crecimiento de los países desarrollados. Recién se dan cuenta que el gobierno de Humala redujo la presión tributaria en lugar de aumentarla (está en 14.5%) y se lamentan del actual déficit fiscal de 3.3% del PBI que ahora lo consideran riesgoso. Neoliberal de «hueso colorado»
Entre este tipo de economistas y analistas se encuentra el periodista económico y magister en administración de negocios Bruno Giuffra, nuevo ministro de la producción. Para este señor la crisis de 2008-2009 y sus secuelas no es la demostración de lo que hacen los empresarios en los mercados desregulados. Para este ministro, que se ubica a la derecha de Piero Ghezzi, el actual estancamiento internacional no ha puesto en cuestión al estilo de crecimiento primario exportador seguido por nuestro país en los últimos veinticinco años.
No se entiende como el señor Giuffra llegó a ser ministro de la producción de este gobierno. Hay una clara contradicción entre lo que este ministro afirma y algunas de las propuestas de política del presidente PPK y de su ministro de economía Alfredo Thorne. PPK habla de una revolución social que presupone una mayor acción y presencia del Estado a lo largo y ancho del país. Por su parte, el ministro Thorne habla de «dinamizar a las pymes a través de créditos que serán otorgados por el Banco de la Nación y Agrobanco, con el apalancamiento de COFIDE». Esto es algo que los neoliberales no le permitieron hacer al gobierno de Toledo. Por último, Fernando Zavala, presidente del consejo de ministros, afirma que, «en un contexto externo que nos ha restado dinamismo, es una tarea urgente generar motores internos para el crecimiento de corto, mediano y largo plazo».
Para el ministro Giuffra, sin embargo, no hay nada que hacer por el lado de la oferta ni por el lado de la demanda. Ha dicho, suelto de huesos, que «la diversificación productiva la hacen los empresarios», que «la empresa privada es la que escoge y ve sus oportunidades para embarcarse en nuevas líneas de producción […]. No soy amigo del dirigismo, ni mucho menos. (El Estado se debe) limitar a un rol normativo y dejar que las cosas sucedan lo mejor posible». La diversificación productiva no es, entonces, una tarea que involucra al Estado, sino algo que debe darse «naturalmente desde el sector empresarial».
Giuffra ha rechazado claramente el Plan Nacional de Diversificación Productiva, ejecutado por su antecesor, con lo cual también ha repudiado el argumento, repetido por Piero Ghezzi, de que el Estado debe intervenir allí donde hay fallas de mercado. Giuffra, entonces, es un neoliberal de «hueso colorado». No importa su posterior comportamiento camaleónico frente a sus críticos. Ya sabemos como piensa, aunque después dijo, sin ruborizarse, «es clarísimo como prioridad para mi gestión hacer todos los esfuerzos que encaminen hacia una diversificación productiva sana y saludable. En ese sentido, la diversificación productiva va».
La ideología del fundamentalismo de mercado
Giuffra, como todos los neoliberales criollos, separa la economía del contexto institucional. Por eso dice que el rol del Estado solo debe ser «el de agilizar, el de destrabar», el de eliminar las restricciones a la libre operación de las empresas privadas. No conoce la historia de la creación y desarrollo de los mercados; no sabe, por ejemplo, que las economías de mercado exitosas han tenido o tienen Estados grandes y fuertes (Mariana Mazzucato, 2013; John Kay, 2003). El ministro no sabe que el carácter y la manera como operan los mercados en un país responden a sus especificas instituciones sociales, políticas y económicas. Es la naturaleza del contexto institucional el que explica, por ejemplo, por qué no hay mercados dinámicos en Pampa Cangallo (Ayacucho) o en el distrito de Mangas (Ancash), para mencionar solo dos lugares del interior del país que integran lo que Matos Mar denominó el Otro Perú marginado y discriminado. ¿Por qué, en veinticinco años de neoliberalismo, las empresas privadas (que están en el pensamiento de Giuffra) no decidieron libremente embarcarse a crear mercados y líneas de producción en esta parte del país, es decir, a diversificar el aparato productivo? ¿Sabrá el Giuffra que las restricciones que enfrenta la inversión privada en países subdesarrollados no son las mismas que enfrenta esta inversión en los países desarrollados? ¿Sabrá que la inversión privada nacional no tiene las mismas restricciones que la inversión extranjera? ¿Sabrá por qué las inversiones privadas nacionales no se orientan a desarrollar agroindustria e industria en el interior del país? Cuando uno no sabe nada de esto, cree que los que proponen la diversificación y, más precisamente, la industrialización del país, apelan a una «varita mágica». Parafraseando una expresión inglesa: «sloppy thinking leads to sloppy language».
Los neoliberales de «hueso colorado» creen que la avaricia individual es la más importante motivación en la economía de mercado, pero, como dice John Kay en su libro The Truth About Markets: Their Genius, Their Limits, Their Follies (2003), hay otras motivaciones éticamente más atractivas. Estos mismos neoliberales creen que bajando los impuestos se estimula la inversión privada. Pero, no reconocen que esto es válido solo para inversionistas rentistas y no para los empresarios innovadores y creadores de riqueza. Ellos no hacen esta distinción. Dicen que nuestras instituciones políticas y económicas son débiles, pero en realidad son rentistas o extractivistas porque están dominadas por aquellos que no crean riqueza sino que usufructúan la riqueza natural o creada por otros.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 27 de agosto.
Los compromisos de gastos y la reducción del IGV en un punto porcentual anunciados por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) —sumados al mantenimiento de las reformas tributarias regresivas del ex ministro Segura y a la notable reducción de la tributación minera—, aumentarían el déficit fiscal hasta muy por encima del 3% del PBI. No habría, entonces, manera de cumplir con el objetivo anunciado por el ministro Alfredo Thorne de reducir el déficit que se registraría este año, a 2.5% en el año 2017, a menos, claro está, que se renuncie a esos compromisos y/o se recorte gastos. Pero, este no sería el único objetivo que incumpliría el gobierno.
Tampoco aumentaría la formalización con la reducción del IGV ni se incrementaría, por lo tanto, la recaudación tributaria. La causa de la informalidad (véase nuestros artículos del 13/09/2014 y del 08/11/2014), no está por el lado tributario ni por el de las supuestas rigideces del mercado laboral. La causa está en el estilo de crecimiento y acumulación de capital primario exportador, dependiente de factores externos, que desaceleró el ritmo de expansión del stock de capital per cápita. Éste creció 43.5% durante el período 1960-1980, pero en período neoliberal 1990-2013 aumentó solo 26.9%. No se expandió la capacidad productiva industrial y agroindustrial, ni se modernizó la agricultura donde se encuentra cerca del 50% del empleo informal, por eso aumentó la participación de los sectores terciarios (comercio y servicios) en la generación de empleo de baja productividad. Esta participación pasó de 36.3% en el período 1960-1980, a 53.9% en el período 1990-2010.
Las medidas tributarias de Thorne y el crecimiento
No habría, tampoco, un incremento de la presión tributaria, incremento que podría aliviar el creciente déficit fiscal que se generaría con la expansión del gasto anunciada por PPK. La rebaja del IGV (de 18 a 17), la reducción del impuesto a la renta efectuada por el ex ministro Segura (y que el ministro Thorne dice que evaluará si se mantiene o no) y la notable caída de la tributación minera, darán lugar a reducciones significativas de los recursos del Estado. La recaudación disminuirá, en lugar de aumentar. El ministro Thorne y PPK están ofreciendo una política fiscal con expansión del gasto y reducción de ingresos tributarios. Esta es una apuesta muy riesgosa. La reducción de impuestos, según la evidencia empírica, tiene un casi nulo efecto positivo en el crecimiento del producto.
Las otras medidas tributarias, en su mayoría sensatas y pertinentes, —factura electrónica; modificación de regímenes tributarios de las micro y pequeñas empresas; amnistía para el retorno de capitales peruanos al país; amnistía de moras para la deuda judicializada; revisión de la ley anti-elusión; reemplazo del RUC por el DNI para convertirse en contribuyente; deducciones mayores para el pago del impuesto a la renta; conversión del gasto realizado mediante un POS, en factura; y, la limitación del uso de efectivo para la compra de automóviles e inmuebles— tendrán efectos diferenciados y no de corto plazo en la recaudación. Tómese en cuenta, además, que estas reformas se realizarían en un periodo de estancamiento de la economía internacional y de desaceleración de la economía nacional, que han acrecentado la incertidumbre para las decisiones de gasto del sector privado. Por eso decimos que en el año 2017 será imposible reducir el déficit a 2.5% del PBI, si los gastos anunciados se realizan.
El financiamiento de los compromisos de PPK.
El ministro Thorne ha dicho que en el año 2017 el ratio de deuda a PBI podría situarse alrededor de 28%; que no pasaría el techo de 30%; y, que este ratio empezaría a bajar a partir de 2018. El ministro está pensando que los déficits de este año (algo más de 3%) y del próximo (2.5%), y que sumados se acercan a 6% del PBI, son los que elevarán el ratio de deuda a PBI hasta cerca de 28%. (El año 2015 terminó con un ratio de deuda a PBI de 23.06%). Sin embargo, por las razones explicadas antes, el déficit fiscal puede elevarse hasta superar el 5% del PBI, con lo cual el ratio de deuda pública pasaría el techo de 30%.
¿Con que tipo de deuda se financiará el déficit? Lo más probable es que se financie básicamente con endeudamiento externo. La deuda pública externa representa cerca del 60% de la deuda pública total y es equivalente a aproximadamente el 15% del PBI. La suma de esta deuda con la deuda externa privada, representa el 33% del PBI. Si como acabamos de señalar, el déficit fiscal se aproxima al 5% del PBI, este porcentaje se elevaría hasta situarse alrededor del 40% del PBI. Ciertamente, un ratio de deuda externa, pública y privada, de 40% del PBI, expuesta al riesgo cambiario, conspiraría absolutamente contra la sostenibilidad de las cuentas fiscales. En consecuencia, optar por el endeudamiento externo es alimentar la fragilidad financiera pública y privada.
Fuentes y efectos de la reactivación económica
El ministro Thorne sabe que el impacto en el crecimiento de las inversiones en minería efectuadas en el pasado, se acabará en el año 2017. Este impacto equivale a un poco más del 50% de la actual tasa de crecimiento del PBI de 4.0% anual. Para compensar dicho agotamiento y asegurar un crecimiento de 5% como desea el ministro, se requieren otros motores distintos a la minería. El ministro cree que esto será posible con el impulso al crecimiento del consumo y de la inversión que provendría de las reformas y de algunos importantes proyectos de inversión que serían destrabados en los primeros 100 días de gobierno (como la carretera de Ica y la Línea 2 del Metro). No hay una propuesta integral de diversificación productiva.
El aumento del gasto anunciado por el gobierno hará crecer, sin duda, la demanda interna. Pero no todo este crecimiento impulsará la expansión de la producción interna, pues parte importante del mismo se desviará hacia las importaciones. La producción industrial y agrícola ha perdido participación en el mercado interno con la notable penetración de las importaciones. Por lo tanto, la reactivación de la economía mediante el crecimiento de la demanda interna, sin cambios en el patrón de acumulación de capital y con exportaciones en continua desaceleración, incrementará el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que en la actualidad es de 5% del PBI.
En resumen, la estrategia de crecer con aumento de la deuda externa y crecientes desequilibrios macroeconómicos, es muy riesgosa. Puede socavar el objetivo de Modernización Democrática propuesta por PPK. Pero hay tiempo para cambiar de ruta.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 6 de agosto.
En el discurso inaugural de su gobierno para el período 2016-2021, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) anunció que realizará una revolución social para modernizar el país. Con este fin, asumió seis importantes compromisos con la población, señalando que al final de su mandato: 1) todos los peruanos tendrán acceso a agua potable de calidad y a desagüe las 24 horas del día; 2) todos los niños peruanos tendrán acceso gratuito a educación inicial, primaria y secundaria de calidad; 3) el país entero tendrá un Sistema Nacional de Salud, moderno y con acceso universal; 4) el 60% de los puestos de trabajo serán formales; 5) habrá infraestructura para el desarrollo del país (trenes, carreteras, gasoductos, aeropuertos, etc.) y, en especial, la región de Iquitos será conectada por tierra con todo el país; y, 6) la corrupción será erradicada mediante una reforma profunda del sistema judicial.
Su concepción de la modernidad
Hemos escrito varias veces que el neoliberalismo en lugar de integrar al país, mantuvo su separación en dos Perú, con uno, el Perú No Oficial, discriminado y sin acceso a la modernidad. Además, el neoliberalismo, con su ideología del individualismo y de la eliminación de las interferencias del Estado y de las regulaciones económicas, promovió un estilo de crecimiento primario exportador que reinstauró en los últimos veinticinco la modernización neocolonial decimonónica. Pero también fomentó el emprendedurismo criollo que se abrió paso sin consideración de la situación de los otros, rechazando el bien común y practicando la elusión tributaria y la informalidad.
Los viajes que hizo PPK durante la campaña electoral sin duda le permitieron conocer de cerca la situación de nuestros compatriotas del Perú marginado. Quizás por eso el ahora presidente PPK ha dicho que desea terminar con esta situación y que anhela “que en cinco años el Perú sea un país moderno, es decir, “un país sin discriminación. Seamos conscientes que somos un país milenario y además cuna de civilización. Con 200 años de República y miles de años de historia. Y una parte de esta historia, nuestra raíz civilizatoria y cultural, ha sido despreciada y marginada. Esto debe cambiar --dijo. Está cambiando, pero debe cambiar más rápido y más profundamente”.
De otro lado, la modernización para ser distinta a la neoliberal, no puede olvidar el agro y en general al sector rural del país donde —como mencionó el presidente— “está la mayor cantidad de pobres del Perú […] El agro aporta las dos terceras partes de los alimentos que consumimos los peruanos y da empleo a un tercio de la fuerza laboral. Apoyar a los hombres y mujeres del campo significa llevar la verdadera justicia social a los más pobres del país. Desafortunadamente el presidente no dijo cómo modernizar el agro, como iniciar la industrialización a partir del agro, que es la única manera sostenible de generar desarrollo y diversificación productiva, y oportunidades de empleo e ingresos para los pobres del campo.
Esta es una concepción de modernidad que no se condice con el extractivismo ramplón y menos con la ausencia del Estado que nos impuso el neoliberalismo. Si la modernización significa eliminar las desigualdades elevando el ingreso de los más pobres, esto —como ha dicho el presidente— tiene que lograrse “emparejando el acceso a servicios esenciales que hoy son escasos o inexistentes y, por tanto, extremadamente costosos para los más pobres”. Su concepción de modernidad es económica y social, que no contrapone el Estado con el mercado. No es, a mi juicio, la modernidad de la supremacía del mercado libre; es la modernidad que precisa de un Estado que priorice el bien común, que promueva la virtud cívica (la asignatura de educación cívica será obligatoria), y que busque la complementariedad entre la inversión pública y la inversión privada.
No hay ni tiene que haber contradicción entre la búsqueda de este tipo de modernidad y el fortalecimiento de la democracia. Por eso es importante que el presidente haya señalado que respetará la voluntad de los pueblos, que practicará el diálogo y la consulta, y que eliminará la corrupción enquistada como forma de gobernar en nuestro país. No obstante todo lo anterior, hay que señalar que no hubo menciones a la indispensable reforma política y electoral, sobre todo si de aquí en dos años tendremos elecciones regionales.
¿Qué políticas económicas acompañarán la modernización?
Los compromisos del presidente PPK implican claramente la opción por una política fiscal expansiva. Se harán mejoras y se ampliarán los programas sociales; se “cerrará la brecha en el acceso a la salud y a la seguridad social”; se generarán oportunidades para acceder a la educación básica y “seguir carreras universitarias y técnicas”; y, habrá “mucha más construcción, ampliación y modernización de aeropuertos, puertos, carreteras nacionales, regionales y locales; trenes, el tren de cercanías alrededor de Lima; gasoductos, y la conexión de Iquitos por tierra al resto del Perú”.
Todos estos compromisos implican gastos que no pueden ser el resultado solo del esfuerzo privado; se requerirá de financiamiento y de inversiones públicas. Por lo tanto, importa saber cómo se financiarán estos gastos públicos. Imposible pensar en un financiamiento mediante la tributación. Al respecto no hay propuesta alguna de reforma tributaria para elevar los ingresos del Estado. Si se baja en un punto el IGV como se ha anunciado, se perderá cerca de 0.5% del PBI en impuestos. Además, si se mantienen las reformas tributarías regresivas del gobierno de Humala, se dejará de recaudar cerca del 1% del PBI. A todo esto hay que sumarle la disminución de la recaudación minera en cerca de 50%. Es claro, entonces, que el aumento consecuente del déficit fiscal requerirá de un mayor endeudamiento público. Sobre este tema y la ausencia de otras políticas económicas que deberían acompañar a la modernización, trataremos en nuestro próximo artículo.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 30 de julio
En nuestro artículo del 16/07/16 señalamos la propuesta económica de PPK plantea dos posibles caminos. El primero sería de estancamiento económico, con reducción de la inversión pública y con aumentos de la informalidad y el subempleo, si se decide mantener (o reducir) el déficit fiscal de 3% del PBI proyectado para este año. Este camino parece haber sido ya descartado por el ministro designado Alfredo Thorne. El segundo y el más probable, sería de un crecimiento cercano al 4%, con fuertes desequilibrios macroeconómicos. Los gastos en el fortalecimiento de los programas sociales y la universalización de los servicios básicos (como agua, alcantarillado y otros), conducirían a un déficit fiscal que puede superar el 5% del PBI, con el consecuente aumento de la deuda pública. El aumento de la demanda interna, sólo estimularía el crecimiento de actividades terciarias de baja productividad. No hay otras fuentes de crecimiento que impliquen la superación de su dependencia del ciclo de las materias primas.
Alfredo Thorne cree que las nuevas fuentes de crecimiento aparecerán cuando se «destraben proyectos que se encuentran atracados —como los 60 mil millones de dólares de inversiones en el sector minero— y cuando se reduzca la informalidad en 50%». De los tres millones de nuevos empleos ofrecidos en la campaña —dice—, la mitad corresponderá a los puestos de trabajo que crearán los proyectos destrabados y la otra mitad a la formalización». Nada de esto, desafortunadamente, será posible. El contexto externo ya no es el mismo y la informalidad no se debe a problemas tributarios ni a problemas legales.
Desequilibrios macroeconómicos y mayor endeudamiento público
La segunda ruta que implica un aumento notable del déficit fiscal presupone: o un fuerte endeudamiento público o una modificación de la ley de responsabilidad y transparencia fiscal en acuerdo con el congreso. No hay aumento posible de la recaudación tributaria de acuerdo con la propuesta económica de PPK. Cambiar la ley es inviable políticamente; por lo tanto, el gobierno optaría por el aumento de la deuda pública y, específicamente, externa. Es verdad que el ratio de deuda a PBI es de los más bajos de la región (está en 23% del PBI). Por eso, aumentarla en dos o tres puntos, dicen algunos, no haría mucha diferencia. Pero, en la actualidad la deuda pública externa más la deuda privada externa suma el 33% del PBI; nada menos que 144% más que las reservas internacionales (o posición de cambio) del Banco Central.
Esta es, entonces, la ruta de la reactivación del aparato productivo cuya composición menos industrial y menos agrícola es el resultado del estilo de crecimiento primario exportador. Con un sector manufacturero en recesión, con exportaciones que se desaceleran y una alta penetración de importaciones en el mercado interno, el aumento de la demanda interna puede traducirse en presiones inflacionarias y en un mayor desequilibrio externo. Dado el estancamiento económico externo, no hay posibilidades de crecimiento sostenido si el Estado no se involucra directamente en la generación de condiciones para cambiar el estilo de crecimiento. Lo que tendríamos, entonces, es una economía que crece sin fuentes internas sólidas y con importantes desequilibrios macroeconómicos: un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que puede superar el 5% del PBI, un alto endeudamiento externo privado y público, y un alto déficit fiscal. La presión tributaria puede bajar porque se mantendrían las medidas tributarias regresivas dictadas por el gobierno de Humala y se reduciría en un punto del IGV, junto a la disminución de la tributación minera. De otro lado, en el año 2017 terminaría el crecimiento de la producción minera que proviene de inversiones pasadas (las Bambas, Toromocho y la ampliación de Cerro Verde). No hay ni habrá nuevas inversiones mineras como las que se hicieron durante el superciclo de las materias primas.
Lo que exige el nuevo estilo de crecimiento
Si no se desea terminar con un ajuste económico y financiero notable, tiene que iniciarse la modificación del estilo de crecimiento, cambiando la manera cómo se acumula capital y cómo se crece: pasando el liderazgo en la acumulación de capital y en el crecimiento económico de los sectores primarios extractivos a los sectores secundarios como la manufactura. Lo que a su vez significa, por un lado, sustituir el liderazgo de la inversión extranjera en sectores extractivos por el liderazgo de la inversión privada, sobre todo nacional, en el desarrollo de la industria, la agroindustria y la agricultura; y, por otro, adecuar las políticas macroeconómicas a este fin.
Primero, hay que eliminar las restricciones a la expansión de la inversión privada nacional y de la capacidad privada empresarial y, consecuentemente, de los mercados internos. Para ello es importante implementar un plan de inversiones en infraestructura, pública y/o en asociación con el sector privado —carreteras, ferrocarriles, represas, canales de riego, centrales de energía, etc.— con un criterio macroregional y bajo un nuevo ordenamiento territorial. Estas inversiones generan mercados y estimulan el crecimiento de inversiones industriales privadas indispensables para diversificar el aparato productivo y para asegurar que la innovación tecnológica eleve la productividad de toda la economía. Puede empezarse con el desarrollo de la macroregión sur para el cual el gobierno entrante ha ofrecido el gasoducto, una planta de fertilizantes y la industrialización de nuestros recursos naturales.
La inversión privada nacional enfrenta restricciones no solo de infraestructura y de mercados, sino de financiamiento y capital humano. «La disponibilidad de capital y de habilidades suficientes —dice Rodrik— son claves para que el sector innovador se expanda en forma rápida y continua». Hay que expandir el mercado de capitales en soles para que las empresas pequeñas y medianas financien sus inversiones con deuda. El Estado puede, al inicio, garantizar las emisiones privadas a plazos prudenciales, y condicionadas al desarrollo industrial y agroindustrial. Además, se tiene que invertir en la creación de institutos tecnológicos y de facultades de ingeniería y agronomía de punta, y fomentar la investigación y el desarrollo de capacidades.
Finalmente, las políticas macroeconómicas deben responder al objetivo de cambio del estilo de crecimiento. Primero hay que desdolarizar las deudas para flexibilizar la gestión de la política monetaria. Segundo, se tiene que adoptar medidas que regulen el movimiento de capitales, para hacer posible una gestión cambiaria que incentive la producción de transables. Tercero, eliminar los frenos legales para utilizar los ahorros del tesoro sólo en inversión pública. Cuarto, evitar el endeudamiento externo, reduciendo al máximo el riesgo cambiario de la deuda externa y de esta manera asegurar la sostenibilidad de la política fiscal. Quinto, eliminar las medidas tributarias regresivas y no tocar el IGV. Hay más, pero es suficiente para iniciar un debate sobre las posibilidades de cambio que abre el triunfo de la democracia con la elección de PPK.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 23.
En materia económica el país se encuentra en una disyuntiva: o se reactiva el modelo primario exportador o se cambia el estilo de crecimiento. Los que apuestan por seguir con el actual modelo de crecimiento, no obstante la presencia de una coyuntura internacional desfavorable y con una política macro que le es funcional, no se han enterado aún —como diría Dani Rodrik— que la liberalización comercial y financiera dirigida a integrarnos plenamente al mercado mundial, ha «desagarrado a nuestras sociedades». Es, por lo tanto, una opción que nos conducirá al despeñadero.
Lo que nuestro país requiere en la hora actual es cambiar de estilo de crecimiento. Pero es una tarea difícil porque se necesita mucha imaginación, aunque es urgente si queremos —como parece ser el deseo de Pedro Pablo Kuczynski— «un país más igual, más socialmente desarrollado». Cambiar la manera como se crece es cambiar el patrón de acumulación de capital, es apostar por una inversión dirigida a la diversificación productiva mediante una industrialización basada en la agricultura y en nuestros propios recursos naturales.
La economía que recibe PPK y su propuesta tributaria
El gobierno de PPK recibirá una economía con problemas macroeconómicos importantes. El déficit fiscal está en 3% del PBI; la cuenta corriente de la balanza de pagos registra un déficit de cerca del 5% del PBI; las reservas internacionales (Posición de Cambio) que pertenecen al Banco Central ascienden ahora a solo el 13.5% del PBI; la deuda pública externa ha aumentado hasta superar el 60% del total (es 15% del PBI); la deuda externa privada se ha casi triplicado de 2007 a 2015: asciende al 18% del PBI (y de este porcentaje cerca de 8 puntos le pertenecen al sector financiero privado); la industria manufacturera está en recesión desde el año 2014; la inversión privada decrece desde el año 2014; y, el empleo urbano prácticamente ya no crece.
Por otro lado, la tasa de crecimiento del PBI que bordea el 4%, no es sostenible. Se explica en casi 50% por el crecimiento del sector minería resultante de las inversiones pasadas. Y, como no hay nuevas inversiones, el crecimiento de este sector terminará en uno o dos años. No hay manera entonces de continuar con el crecimiento primario exportador. Además, con una economía que se desacelera, los ingresos tributarios seguirán el mismo curso. Si a esto se le agrega la disminución propuesta del IGV y el mantenimiento de la reducción del impuesto a la renta efectuada por el gobierno de Humala, la recaudación disminuirá entre uno y dos puntos del PBI. Por lo tanto, el déficit fiscal aumentaría hasta situarse entre 4% y 5% del PBI. No estamos considerando el ofrecimiento que les hizo PPK a las empresas que facturen 2,300 UIT o más, de descontar el total de sus inversiones del monto imponible contra el impuesto a la renta.
En resumidas cuentas, entonces, si el ministro de economía de PPK decide que el déficit fiscal no supere el 3% del PBI, tendrá necesariamente que recortar el gasto; y, si este fuera el caso, el gasto que recortaría sería el gasto en inversión pública, como lo ha sido siempre. No habrá, en consecuencia, posibilidades de reactivar la economía con una política fiscal expansiva. Por otro lado, si se persiste en el ofrecimiento del presidente electo de fortalecer los programas sociales y de universalizar la dotación de servicios básicos del agua y alcantarillado, entonces tendrá que enfrentar un déficit fiscal de 5% del PBI o más con endeudamiento, generando una tímida reactivación. La evidencia empírica señala que las reducciones de impuestos no tienen efectos multiplicadores significativos sobre el producto, y la inversión pública en servicios básicos solo reactivaría actividades terciarias de baja productividad. Parece que estas son las dos únicas rutas a las que nos conduciría la propuesta de política macroeconómica del gobierno entrante.
La inversión privada y la reactivación económica
El futuro ministro de economía confía más en medidas administrativas orientadas a destrabar las inversiones privadas. El proyecto del gasoducto del sur y la construcción de una planta de fertilizantes; el proyecto de la línea 2 del metro; la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez y, quizá el aeropuerto de Chincheros del Cuzco. Se habla de un monto de inversión cercano a los 25 mil millones de dólares. Afortunadamente, no se habla de flexibilizar el mercado laboral (sobre todo en los temas de contratación y de despido de los trabajadores); pero la reactivación con megaproyectos como los mencionados, sin políticas efectivas de diversificación productiva, a la larga solo exacerbarán los desequilibrios macroeconómicos.
No hay proyectos de inversión pública que sirvan para reactivar la economía y al mismo tiempo para cambiar el estilo de crecimiento, desarrollando fuentes internas para asegurar su sostenibilidad. Tampoco hay una propuesta de política macro consistente con este propósito de transformación. Las políticas monetaria y cambiaria tendrán el mismo curso actual y, ciertamente, no acompañarían a luna política fiscal expansiva, en caso de adoptarse.
Por angas o por mangas habrá que enfrentar el déficit fiscal con endeudamiento. Si PPK sigue la ruta del actual gobierno, de endeudar al Estado en moneda extranjera (se habla de un endeudamiento de cerca de 6 mil millones de dólares), aumentará el riego de mercado cambiario de las cuentas fiscales. Puede evitarse este endeudamiento si se recurre a los ahorros del tesoro que equivalen al 16% del PBI. Pero aquí sí la tramitología, aunque básicamente política, es importante: el gobierno requiere de una ley para utilizar, por ejemplo, los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal que se aproximan al 5% del PBI.
Finalmente, como dijimos en un artículo anterior (9/7/16), algunas propuestas del presidente electo pueden abrir la ruta de la transformación del estilo de crecimiento. Por ejemplo ha ofrecido, entre otras cosas, industrializar nuestros recursos naturales. Pero de esto y de las políticas macro respectivas, trataremos en nuestro próximo artículo.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 16 de julio.
El triunfo electoral de PPK en el balotaje no fue el triunfo de su programa, sino el triunfo de los defensores de la democracia. El 5 de junio, entonces, debe ser recordado como la segunda gesta ciudadana, después de la marcha de los cuatro suyos liderada por Alejandro Toledo. Pero, lo que diferencia a esta gesta de la primera, es que ocurre en una coyuntura crítica de envergadura, económica y política, generada por veinticinco años de neoliberalismo.
Lo que expresan los resultados electorales
Veinticinco años de construcción —desde el Estado— de una economía de «mercado libre», en particular en el mundo del trabajo, de la tierra y de los recursos naturales, tuvo que afectar a las instituciones políticas y a las condiciones de vida de la población, en especial, del interior país, pues el neoliberalismo se impuso en un Perú todavía fracturado en dos, como decía Matos Mar, en un Perú Oficial y en el Otro Perú de la sierra y de la amazonia. La reducción de la pobreza monetaria en los años de alto crecimiento, no eliminó las precarias condiciones de vida de esta población. Además, la lógica del «laissez-faire» penetró en todas las esferas de la vida social y política, degradando la democracia y trastornando la vida en sociedad.
«Los mercados de trabajo, de tierra y de dinero, son sin ninguna duda —dice Karl Polanyi, el autor de La Gran Transformación— esenciales para la economía de mercado. No obstante, ninguna sociedad podría soportar, incluso por un breve lapso de tiempo, los efectos de semejante sistema [de mercado autorregulado], a no ser que su sustancia humana y natural, así como su organización económica, estuviesen protegidas contra [sus] devastaciones» (1989, p. 129).
Los resultados electorales, expresan precisamente la masiva insatisfacción ciudadana con su situación económica y social. No expresan, como creen algunos analistas, el amplio «triunfo de partidos que se entienden como “derecha” y el fracaso de los partidos de “izquierda” que no lograron pasar a la segunda vuelta». Esta población insatisfecha se distribuyó entre el «partido» del fujimorismo Fuerza Popular, la izquierda liderada por Verónika Mendoza y el «partido» de PPK; y, aparece en plena coyuntura crítica caracterizada no solo por el fin del super-ciclo de las materias primas y la degradación de las instituciones de la democracia, sino también por la crisis de ideologías que antes impulsaban a los partidos políticos.
La alternancia democrática electoral después de la «marcha de los cuatro suyos», no alteró la «cultura de la informalidad» que fue la principal creación del fundamentalismo del «laissez-faire» en un país subdesarrollado como el nuestro. Aumentó la inseguridad ciudadana por proliferación del crimen; se expandió la corrupción en todos los poderes del Estado; y, se deterioró la calidad de vida tanto por el estancamiento de los ingresos reales de los trabajadores, como por la inseguridad en los empleos.
El populismo antidemocrático y clientelar
Estas consecuencias culturales, sociales y económicas del neoliberalismo, constituyen la base del nacimiento de un nuevo populismo en nuestro país. En la primera vuelta, los votos de Keiko Fujimori y Verónika Mendoza sumaron el 58.7% del total. Si se toma en cuenta los votos de Barrenechea, Gregorio Santos y Fernando Olivera, el porcentaje asciende a 71%. Esta cifra, que incorpora votación fundamentalmente popular, indica que algo anda mal en la economía y en la sociedad. Esto es así aun cuando las propuestas del fujimorismo que obtuvo el 39.8% y de la izquierda que obtuvo el 18.9%, no son coincidentes. No incluimos el 20.98% que obtuvo PPK, porque asumimos que corresponde a una votación que no es mayoritariamente popular. Entonces, la gran mayoría de la población, en especial, la de escasos recursos (donde están los trabajadores informales, los campesinos, los mineros, los desempleados, etc.), expresó con el voto, su insatisfacción con la actual situación económica y social.
No se puede afirmar, por lo tanto, que la votación por Keiko Fujimori fue de defensa del modelo económico. Bastaría repasar sus propuestas intervencionistas en la economía para darse cuenta de ello. ¿Qué representa entonces el «partido» Fuerza Popular? No es un «partido» democrático, no es un «partido» que reivindica la práctica de la virtud cívica, sino el «partido» que representa la «cultura de la informalidad», de los que no saben comportarse en democracia, de los que han hecho de la corrupción una forma de hacer política, de los que no son beneficiarios del neoliberalismo. Su sesgo anti-democrático, clientelista, corrupto y caudillista corresponde al actual momento crítico generado por el neoliberalismo. Aunque su rasgo común con los populismos del pasado es el intervencionismo del Estado, este es, por su origen, un populismo que no puede conducir a la construcción de ciudadanía ni al fortalecimiento de la democracia. Es la base social que requieren los regímenes autoritarios o dictatoriales.
¿Se abrirá una nueva ruta de desarrollo?
En consecuencia, en el balotaje compitieron un populismo corrupto y antidemocrático con un movimiento de defensa de la democracia que, en la coyuntura actual, le tocó liderar a Pedro Pablo Kuczynski. Si su gobierno se orienta no solo a mitigar las consecuencias negativas del neoliberalismo sino a transformar el estilo de crecimiento económico, entonces habrá abierto la posibilidad de un proceso democratizador e integrador. Él ha dicho, por ejemplo, que su «gobierno construirá un ducto de gas por la ruta Sicuani-Juliaca-Puno-Arequipa, para distribuirlo en distintas ciudades del sur del país, hasta llegar al mar donde se construirá una planta de fertilizantes». También ha dicho que se «impulsará una planta de cobre para industrializarlo en el Perú y no exportarlo» y que respetará los derechos de los trabajadores.
Siguiendo a Polanyi podemos afirmar que la coyuntura crítica creada por el neoliberalismo, ha revelado la presencia de un doble movimiento en el terreno de la política. Así, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski puede crear las condiciones para el desarrollo de un movimiento político que «apunte a la reinscripción de la economía en reglas que aseguren el respeto al marco democrático». El fundamentalismo del mercado amenaza a la democracia y parece que el momento de librarla de esta amenaza ha llegado.
Publicado en el diario UNO, el sábado 09 de julio.
Las diferencias en las propuestas económicas de las dos agrupaciones —Fuerza Popular (FP) y Peruanos por el Kambio (PPK)— que compitieron en el balotaje, pasaron a un segundo plano. Keiko Fujimori quiso convertir esta competencia en una disputa entre los intereses de las pequeñas y medianas empresas, cuya representación ella se adjudicó, y los intereses de las grandes empresas que según ella defendía PPK; pero esta treta no le dio resultado, pues traía una historia —su directa vinculación con la dictadura corrupta de su padre— que se reveló intacta con la denuncia de que el secretario general de su «partido» y principal financista de su campaña, Joaquín Ramírez, es investigado por la DEA por lavado de activos y narcotráfico. A esto se agregó la práctica «montesinista» de alterar un audio para tratar de desmentir esta denuncia, con la participación nada menos que de su candidato a la vicepresidencia, José Chlimper.
La defensa de la democracia
Las agrupaciones FP y PPK se revelaron, entonces, como dos opciones políticas contrapuestas con relación a la democracia. Los electores tenían que optar, en consecuencia, por una candidatura —la de Pedro Pablo Kuczynski— que representaba la defensa del régimen democrático y la otra —la de Keiko Fujimori— antidemocrática, contraria a la virtud cívica por sus prácticas descaradamente clientelares. El fujimorismo organizado en FP aparecía como la negación de un régimen donde los «todos los ciudadanos tienen iguales derechos y son igualmente Dignos».
Con la elección de PPK, entonces, triunfó la Democracia y perdió la opción que hizo de la mentira una forma de hacer política; perdió la opción vinculada al narcotráfico y al crimen, adornada con un discurso populista. Podemos decir, por otro lado, que el resultado del balotaje es histórico no solo porque revela la existencia en nuestro país de una población (y de una juventud) mayoritariamente democrática, sino también porque es la primera vez que la izquierda liderada por Verónika Mendoza optan por la defensa de la Democracia. Esta es una aceptación abierta de que la transformación del orden social puede y tiene que hacerse en democracia y fortaleciendo la democracia.
Cambios políticos e institucionales
La participación exitosa del conjunto heterogéneo de fuerzas democráticas en el balotaje puede convertirse, o podemos convertirla, en el inicio de un proceso político conducente al cambio radical en la forma de gobernar y también en la forma de hacer política en nuestro país.
El objetivo de este proceso de este proceso debe ser fortalecer la Democracia o, más precisamente, iniciar una transición verdadera a la Democracia. Primero debe impulsarse una reforma política integral que cierre la posibilidad del retorno de otra amenaza contra ella (como la penetración de la corrupción y el narcotráfico en las organizaciones políticas, las violaciones de los derechos y libertades, el clientelismo como modalidad de organización política, la constitución de oligarquías políticas, etc.). Por otro lado, exigir la práctica de la consulta, el diálogo y la rendición de cuentas como forma de gobernar. El respaldo de la población y sus organizaciones sociales, será indispensable para impedir una oposición intransigente desde el Congreso.
Gobernar a espaldas del pueblo y mediante componendas con el «liderazgo» del fujimorismo que controla el poder legislativo, conspirará más temprano que tarde contra la gobernabilidad. Las condiciones están dadas para gobernar con independencia de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), pero introduciendo mecanismos y reformas institucionales que aseguren que el Estado no solo brinde equitativamente servicios, sino que sea garante absoluto de la legalidad democrática. No habrá seguridad ciudadana ni Estado de Derecho si no se elimina la corrupción en todos los poderes del Estado, en especial en el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Para completar la transición democrática se requiere de una descentralización basada en un nuevo esquema de regionalización. Este esquema debe ser macro-regional y resultado de un ordenamiento territorial que asegure una integración armoniosa de la economía, con la geografía y la demografía. La regionalización actual (que es idéntica a división departamental del país) ha generado más problemas que soluciones. El crecimiento es desequilibrado y desigual, porque no se aprovechan plenamente las potencialidades de áreas geográficas y económicas que traspasan las fronteras de las actuales regiones. Estas son compartimentos estancos que no ayudan a aprovechar las externalidades de las inversiones públicas ni a su gestión eficiente.
Cambios en las propuestas económicas
Se puede empezar con el diseño de la macro-región del sur, para masificar el uso doméstico e industrial del gas, renegociando los contratos respectivos. Es una gran oportunidad para desarrollar industria vinculada a la explotación del gas. No es difícil que el nuevo gobierno encuentre un consenso rápido sobre este tema, incluso dentro del propio congreso, pues también fue una propuesta electoral del fujimorismo.
El nuevo gobierno recibirá una economía cuasi-estancada, con varios desequilibrios y desajustes estructurales, con una menor presión tributaria y con una espectacular penetración de importaciones. El principal reto entonces será articular la gestión del corto plazo (políticas macro) con las políticas orientadas a la diversificación productiva. El objetivo debe ser reducir la dependencia del crecimiento de la expansión de la demanda externa y altos precios de materias primas.
A modo de conclusión
Finalmente, la coyuntura económica actual, interna y externa, es propicia para poner en debate el papel del tipo de cambio como instrumento de cambio estructural, por su impacto directo en la expansión de las actividades transables y, en especial, de las industrias manufacturera y agroindustrial.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 18 de Junio.
El FMI —a través del artículo «Neoliberalismo: sobrevendido?» escrito por sus funcionarios Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani y Davide Furceri, y publicado en la edición de junio de este año de su revista Finance & Development—, acaba de reconocer que las principales reformas y políticas neoliberales han tenido efectos contraproducentes en la sostenibilidad del crecimiento y en la distribución del ingreso. Pero este mea culpa no incentiva a sus autores a explicitar aquellas políticas que debieron adoptar países como el nuestro para superar las restricciones al crecimiento y fortalecer la democracia. Tampoco hay un recuento de los daños que esas reformas y políticas hicieron a nuestras economías y a la institucionalidad democrática.
Los ejes del programa neoliberal
Los dos ejes principales del programa neoliberal fueron: a) el aumento de la competencia mediante la desregulación y la apertura de los mercados nacionales —incluidos los mercados financieros— a la competencia extranjera; y, b) la reducción del papel del Estado, mediante la privatización de las empresas públicas y la limitación de la capacidad de los gobiernos para gestionar el déficit fiscal y la deuda pública.
¿Qué políticas no dieron los resultados esperados, según sus patrocinadores? Los autores del artículo señalan que hay dos políticas cuyos efectos económicos y sociales fueron negativos. La primera, la política orientada a la eliminación de las restricciones a los movimientos del capital internacional (o la liberalización de la denominada cuenta de capital); y, la segunda, la política de austeridad (denominada también de consolidación fiscal) orientada a reducir el déficit fiscal y los niveles de la deuda pública.
Los autores reconocen que los efectos de estas políticas, primero, no fueron beneficiosos para apuntalar el crecimiento económico de «un amplio grupo de países»; segundo, sus «costos en términos de aumento de la desigualdad [fueron] prominentes»; y tercero, el aumento de la «desigualdad afectó el nivel y la sostenibilidad del crecimiento». En general, el registro de estos efectos es correcto, sobre todo si pensamos en nuestro país. Se creció en función a los ciclos de la demanda mundial y precios de las materias primas; y aumentó la desigualdad en la distribución funcional del ingreso junto al desmantelamiento de los derechos de los trabajadores.
Lo que no dice ni reconoce el FMI
Se suponía que la libre movilidad de capitales canalizaría los ahorros del resto del mundo hacia actividades productivas en países como el nuestro. Pero, según el FMI esto se cumplió sólo en el caso de la Inversión extranjera directa (mediante la cual se transfirió —dice—tecnología y capital humano) y no en el caso de los otros capitales —fundamentalmente de corto plazo— que se dirigieron a inversiones de cartera, a endeudamiento externo de los sistemas bancarios nacionales y a otras inversiones de carácter especulativo.
Lo que no se dice dice en el artículo, es que, con la liberalización comercial y financiera, las inversiones extranjeras se dirigieron básicamente hacia actividades de alta renta natural (materias primas) y/o hacia actividades con mercados cautivos (como la telefonía y la electricidad). Estas inversiones generaron, por un lado, una economía especializada en la producción de materias primas y de bienes no transables, junto a un proceso de desindustrialización asociado a la «enfermedad holandesa» (sistemática apreciación cambiaria); y, por otro lado, un aumento en el costo de producción por el aumento de las tarifas públicas proveniente de las empresas privatizadas.
La apertura financiera también permitió la práctica del «carry trade» por parte de los bancos nacionales. Se endeudaron en el exterior para prestar en moneda extranjera a empresas y familias locales con ingresos en moneda nacional. La consecuente dolarización de los créditos fue la causa de una crisis bancaria por el salto del tipo de cambio provocado por la crisis asiática y rusa; y, en los dos últimos años, ha provocado una «pérdida» masiva de reservas internacionales del Banco Central para impedir un nuevo salto cambiario durante la crisis de 2008-2009 y durante el período que siguió al anuncio de una política monería menos laxa por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El FMI no dijo nada durante el proceso de dolarización de los créditos en los años 1990 y del que ocurrió a partir de julio de 2006. Tampoco dijo nada respecto al proceso de desindustrialización y a la expansión de los sectores terciarios donde se encuentra el grueso de los trabajadores con baja productividad y calificación.
Finalmente, la privatización y los recortes de gastos para reducir el déficit fiscal y la deuda pública, tuvieron un costo económico y social elevado. Disminuyeron los presupuestos de educación, salud, seguridad social como porcentaje del PBI; se desmanteló el sistema de planificación de las inversiones públicas; y se redujeron los gastos en mantenimiento de la infraestructura económica y social. El FMI y Banco Mundial, fueron los responsables de la década perdida de América Latina (los años 1980); y, en nuestro país, del deterioro de la calidad de la educación, de la salud, de la infraestructura y de las instituciones que conforman la administración gubernamental del Estado.
A estas dos instituciones que participaron activamente en la renegociación de la deuda externa, nunca se les ocurrió crear un mercado interno de deuda en moneda local para pre-pagar la deuda externa y eliminar el riesgo cambiario y de tasas de interés de la deuda pública. Era y es la manera de asegurar la sostenibilidad fiscal.
A modo de conclusión
No solo había que recuperar soberanía en la política cambiaria mediante restricciones al movimiento internacional de capitales, sino también desarrollar el mercado de deuda publica en soles. El tipo de cambio debió convertirse en el principal instrumento de industrialización y el mercado de deuda pública «solarizada» contribuiría no solo a la sostenibilidad fiscal, sino también al desarrollo del mercado de capitales.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 4 de Junio
Ollanta Humala pasará a la historia, no como el presidente más mediocre (que sí lo es), sino como el presidente que dejó que se deteriore la economía (optando por el piloto automático) y que no frenó la continua degradación de la democracia con una adecuada reforma política. Además, este presidente dejó que aumente la inseguridad ciudadana y no hizo prácticamente nada para que disminuya la corrupción. Si fue «conminado» a no tocar el modelo económico, pudo haber hecho algo importante en el terreno de la política y la democracia; pero, no lo hizo. Por estas garrafales omisiones, Humala será recordado como el presidente que allanó el camino para el retorno (Dios no lo quiera) del fujimorismo y del narco Estado.
El daño en la estructura productiva
Su gobierno nos hizo perder una excelente oportunidad para resolver los principales problemas estructurales de la economía. Asumió el poder con una economía en crecimiento y va a dejar una economía cuasi estancada. Pudo parar el crecimiento espectacular de las importaciones, pero puso en el Banco Central a un economista que promovió la sistemática apreciación de la moneda, haciéndoles perder competitividad a los exportadores de productos no tradicionales. El resultado fue un creciente déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que pasó de 1.9 % del PBI en 2011 a 4.4 % en 2015 y a 4.7% en el primer trimestre de este año. Recordemos que en los últimos 36 años, la cuenta corriente fue superavitaria solo durante cuatro (de 2004 a 2007) y nuevamente se ha vuelto deficitaria por la inacción de los dos últimos gobiernos. No aprovecharon el boom primario exportador para diversificar el aparato productivo.
Humala nos deja una economía con una estructura productiva menos industrial, menos agrícola, más productora de servicios de baja productividad y con una tasa de acumulación del capital per cápita que no permite la creación de empleos en magnitudes suficientes para reducir el subempleo y la informalidad. Entre los años 2010 y 2015 el empleo creció a la tasa de 1.65 % anual (se crearon aproximadamente solo 220 mil empleos por año (formales e informales). El empleo informal sigue siendo alto (74.3 % en 2012) y lo más probable es que esté aumentando con la actual desaceleración de la economía.
También dejará un Banco Central con solo 13 % del PBI de reservas internacionales. El cambio de las condiciones externas generó presiones al alza del tipo de cambio desde abril de 2013 y, desde esta fecha, en solo dos años, el Banco Central perdió US $ 24,447.33 millones, para impedir el efecto inflacionario de la presión devaluatoria. Con el mismo objetivo aumentó la tasa de interés en pleno enfriamiento económico, como si este tipo de política pudiera tener impacto en el flujo de salida de capitales. En la medida en que no habrá —por varios años más— un nuevo boom de precios de materias primas ni una recuperación sostenida de la demanda mundial, este gobierno dejará un monto de reservas que no será suficiente para enfrentar un nuevo shock que presione al alza del precio del dólar de manera significativa.
Por último, dada estructura productiva dañada por el neoliberalismo, el espacio para una reactivación con políticas fiscales y monetarias contra-cíclicas es reducido. Los incrementos de la demanda interna, sin bien pueden reactivar la industria manufacturera, propiciaran simultáneamente el aumento del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. El incremento de este déficit provocará presiones devaluatorias y, por lo tanto, inflacionarias.
Las posturas sociales de un converso neoliberal
Humala ha apartado aún más la economía de la democracia y de los derechos sociales. En plena degradación de la democracia, las reducciones de impuestos decretadas por su gobierno en beneficio de las grandes empresas, reducirán la presión tributaria. Humala pide que el próximo gobierno respete «sus» programas sociales, pero los dejará con financiamiento tributario reducido. Es verdad que existe el Fondo de Estabilización y algunos depósitos en la banca comercial, pero estos pueden servir para apuntalar a corto plazo la inversión pública, pero no para sostener en el tiempo el financiamiento de los programas sociales. Recién en los dos últimos años de su gobierno, Humala aceptó aumentar el presupuesto (como porcentaje del PBI) en los sectores sociales, en especial en educación, y no se dio cuenta, cuando le hicieron firmar las reducciones tributarias, que «borraba con el codo lo que hizo con la mano».
Pero también Humala ha conspirado contra la democracia y la soberanía nacional, al promover y firmar tratados (como el TPP), que encarecerán los medicamentos (limitando el acceso a medicamentos genéricos más baratos) y que —al igual que los tratados comerciales—, someten al Estado al poder de las empresas transnacionales. Se le maniata su capacidad para dictar medidas (regulaciones, controles de capital, aumentos tributarios, etc.) orientadas a mejorar el desempeño económico en interés de la población.
Tampoco hizo una reforma del sistema de pensiones favorable a los trabajadores. Se preocupó más por velar los intereses de las AFP, instituciones claramente extractivas o rentistas. Se opuso, junto con su ministro de economía, a la ley que permite el retiro del 95.5 % de los fondos de las AFP. En el colmo de la desfachatez, su ministro dice que esta ley viola el Convenio 102 de la OIT sobre la seguridad social y que él supone que será denunciada internacionalmente (¡).
El ministro miente porque el Convenio 102 no protege a las AFP. Por el contrario, el propio gobierno —al proteger a las AFP— es el que ha violado el Convenio 102 porque no se ha preocupado de que aumente el «el porcentaje de la población protegida por los sistemas de seguridad social», ni se ha preocupado por las mejoras en las tasas de reemplazo y en el nivel de la «prestación mínima». Como bien señala la misma OIT, «el Convenio 102 no prescribe la manera de lograr estos objetivos, sino que deja una cierta flexibilidad a sus Estados Miembros».
Publicado en el Diario UNO, el sábado 28 de mayo
Sería una falta de respeto a los que luchan por el desarrollo de nuestro país en democracia; a los que defienden nuestros derechos y libertades; a los patriotas que creyeron y creen en la soberanía nacional; a los que defienden su patrimonio natural y cultural; a los que se indignan ante la discriminación y la exclusión social y económica; a los luchan contra la depredación de los recursos y el daño de nuestros ecosistemas; en fin, sería una falta de consideración a las futuras generaciones, mantenerse neutral o votar en blanco en el balotage del 5 de junio próximo. Para decirlo de una vez, y claramente, un gobierno de Keiko Fujimori sería muy riesgoso para el futuro de nuestro país. Es preferible votar por el candidato PPK que no tiene una historia ominosa contra la democracia.
Por qué debemos votar contra Keiko Fujimori
Con Keiko se perpetuaría la actual degradación de la democracia, el atraso social y la miseria moral que son básicamente el producto del gobierno de su padre, hoy preso por corrupto y violador de los derechos y libertades fundamentales. La candidata fujimorista con su propia campaña electoral está exacerbando la degradación de la democracia y de la política. Las razones son las siguientes:
1) Lidera un «partido» que alberga a violadores de derechos de los trabajadores y a acusados de lavado de activos. Su candidato a la vicepresidencia, propietario de la empresa Agrokasa, aplica una norma que le permite no pagar las CTS a sus trabajadores y recortarles sus gratificaciones y vacaciones. Además, no permite la sindicalización de sus trabajadores; si estos osan hacerlo, los despide. El otro caso emblemático es Joaquín Ramirez, secretario general de su «partido» y principal financista de su campaña, acusado por lavado de activos.
2) Viola las reglas electorales democráticas. Acaba de hacer, en el sur de nuestro país, una demostración de poder antidemocrática, insultante y que viola las reglas electorales, al trasladar, en más de un centenar de camionetas, a supuestos simpatizantes de su «partido» para asistir a una de sus concentraciones o mítines proselitistas. No se sabe cómo se financian estos traslados multitudinarios, ni quiénes son los propietarios del centenar de camionetas.
3) Trata a la población pobre como serviles y no como ciudadanos. El traslado de supuestos simpatizantes es a cambio de dinero; por lo tanto, estos desplazamientos no son espontáneos. Se abusa de la precariedad de la situación económica y social de la población reclutada, atentando así contra su libertad y su integridad moral. Los compatriotas así reclutados son peor que meros electores; son comprados, con lo cual han perdido su capacidad de ciudadanos.
4) Apela a los marginales, a los informales y a los que están fuera de la ley. Firma trato con extorsionadores, se «compromete» con transportistas informales y transgresores de la ley, firma acuerdos con mineros ilegales (como el congresista electo por su partido Moisés Mamani, investigado por el Ministerio Publico), y tiene promotores a traqueteros y traficantes de coca.
5) Pervierte a las instituciones, en especial al poder judicial. Al igual que el APRA, el fujimorismo ha penetrado las instituciones del Estado, en especial el poder judicial y el ministerio público. La muerte de dos personas por la volcadura de una de las camionetas que transportaba a «simpatizantes» del fujimorismo, ha «permitido» revelar que su propietario era nada menos que el Fiscal Adjunto Provincial de Prevención del Delito de San Román – Juliaca, Yóber Juan Chaiña Mamani.
6) Su aspiración es copar y controlar todos los poderes del Estado. Esta práctica es de raigambre aprista y fujimorista. Controlarán el poder legislativo (han conseguido mayoría absoluta en la primera vuelta) y el poder ejecutivo, si llega a ser gobierno; y, por su puesto, en este caso penetrarán aún más en los otros poderes del Estado. Sin independencia y separación de poderes, no habrá democracia.
La mentira y la corrupción como forma de hacer política
Con estas caracterizas del movimiento fujimorista, no hay posibilidades de superación de la actual degradación de la democracia. La mentira y la corrupción es la forma de hacer política de todos los fujimoristas. Su líder ha dado versiones contradictorias sobre el origen del financiamiento de sus estudios en Estados Unidos y ha cambiado algunas de sus ofertar electorales para aproximarse al centro. Todos operan en un marco legal e institucional extractivista, rentista, que es contrario a la democracia y al desarrollo.
Del fujimorismo hemos heredado la «cultura de la yuca». Ellos no obedecen las leyes ni las reglas. Son transgresores consuetudinarios. Del fujimorismo hemos heredado un estadio social con miseria moral. Aliados, militantes y líderes del fujimorismo están acostumbrados a una pauta de conducta moral que es contraria a la convivencia democrática. Son contrarios al desarrollo de ciudadanos virtuosos, políticamente activos y comprometidos con los intereses públicos.
A modo de conclusión
Se dice que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. Ya vivimos la tragedia del fujimorismo liderado por reo Alberto Fujimori. Evitemos que llegue al gobierno Keiko Fujimori, la ex primera dama, porque sería un gobierno del engaño o de la patraña, con espacios cerrados para el ejercicio de la democracia. Nuestro país merece, como lo hemos dicho varias veces, una cura moral, para salir del atraso e iniciar otra ruta de desarrollo.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 21 de mayo
Hay una polarización del discurso económico del fujimorismo para esta segunda vuelta electoral. Los fujimoristas dicen que el candidato PPK representa a las grandes empresas porque, según su plan de gobierno, las empresas que facturen «2300 UIT’s —9 millones de soles— o más pueden descontar el integro de su inversión de su monto imponible». Esta es «una ofrenda a los grandes empresarios», «es una propuesta tributaria que favorece directa y únicamente a las grandes empresas», dijo su nuevo vocero económico Elmer Cuba. Hay un «desconocimiento del mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Es una ridiculez pensar —enfatizó Cuba— que la gente se va a formalizar por bajar un punto el IGV, no hay evidencia internacional que sostenga semejante planteamiento».
El fujimorismo está reproduciendo, mutatis mutandis, el escenario de la segunda vuelta electoral del año 1990. Mientras se autoproclama representante de los llamados «emprendedores», acusa a su contrincante PPK, de representante de las grandes empresas que no «requieren de ofrendas para invertir». En este empeño de polarización, el fujimorismo anuncia también que derogará la norma que reduce el impuesto a la renta hasta 26% y acelerará «el crecimiento económico con políticas macroeconómicas fuertemente anti-cíclicas bien pensadas, para llevar a una tasa de crecimiento de 5% o 6% en los cinco años de gestión».
Fujimorismo es contrario a la democracia
Este discurso económico es efectista, electorero, y no apunta a la solución de los problemas estructurales del país. Hay que agregar que estamos frente a una maquinaria política clientelista caza-votos para «conquistar» el poder; maquinaria que ha sido construida durante varios años de «trabajo», no de formación de adherentes ciudadanos, sino de «compra» de votantes con dinero aparentemente «inexplicable».
Como lo señalamos en nuestro artículo del 20/02/2016, la aplicación de las reformas y políticas neoliberales en los años 1990, «dio curso al individualismo “criollo” y a la reproducción de la informalidad en la economía y en la política». Por esta razón, la organización que lidera Keiko Fujimori, no puede calificarse de democrática. No son ciudadanos lo que le dan sustento, sino los informales, los que transgreden la ley, los mineros ilegales, los que provienen de la «cultura-combi» y la practican, los que no respetan los espacios públicos, los «pastores» conservadores y otros personajes extorsionadores. A este cultura combi o de la informalidad y que yo llamo «subcultura de la yuca» —recordando el gesto de su padre—, pertenece el fujimorismo liderado hoy por Keiko.
Este fujimorismo convive con la actual crisis política. Es parte de esta crisis porque envilecieron y siguen envileciendo la política. Porque hicieron y seguirán haciendo del fraude, de la corrupción, del delito y de la mentira, una forma de gobernar. El fujimorismo en el poder degradará aún más a la democracia, vaciándola de contenido.
El fujimorismo económico
El mundo de la informalidad —económica, social y política— proviene de las reformas neoliberales llevadas a cabo en la década de los años 1990. Con las desregulaciones y privatizaciones, aumentó la informalidad. El sector servicios —donde se encuentra el grueso de los trabajadores no-calificados y de baja productividad—, es donde más crece el empleo. El número de trabajadores en este sector aumentó en 26.7 % durante el período 1992-2000. El empleo sin contrato creció en 22.3 % durante este mismo período. También creció de manera notable el empleo sin contrato en las micro empresas (representaron el 72.3 % en el año 2000). Por último, aumentó el número de trabajadores en el sector informal, pasando de cerca de 50 % en 1992 a 63 % en el año 2000. En la actualidad más del 70% de los trabajadores son informales.
Durante esta misma década disminuyeron de manera notable los presupuestos de educación, salud y seguridad social, como porcentaje del PBI. Pero, se robó cerca de 6 mil millones de dólares del patrimonio el Estado, equivalentes a 11.4 % del PBI promedio de los años 1995-2000 y a 17.1 % del PBI promedio de 1990-1994. De acuerdo con estos porcentajes, ese monto correspondía de 5 a 8 presupuestos del sector educación.
Es curioso, por decir lo menos, que los efectos sociales negativos de las políticas del fujimorismo neoliberal de los años 1990, sean ahora la explicación del crecimiento de su maquinaria política. El país se hizo más informal y se expandieron las instituciones extractivistas en la economía y la política, y en casi todo el aparato gubernamental del Estado.
A modo de conclusión
La actual degradación de la política y la democracia será exacerbada con la vuelta del fujimorismo al poder. Se cerrarán las puertas a los movimientos ciudadanos que están por el cambio social. La izquierda tendrá menos posibilidades de competir con una maquinaria de este tipo. El fujimorismo será un gobierno que se servirá de la palabra democracia para mantenerse en el poder, pero socavándola o degradándola más. En consecuencia, el fujimorismo debe ser visto como el enemigo fundamental de la democracia. Tenemos que impedir, desde las urnas, que vuelva al poder.
Publicado por el Diario UNO, el sábado 7 de mayo.
Las últimas cifras de crecimiento del PBI (6.04% en febrero y 4.72% en los dos primeros meses del año), están siendo exhibidas por las autoridades de este gobierno como resultado de sus propias acciones. No se cansan de señalar que, en el actual escenario de estancamiento internacional, nuestra economía sería la que más crecería en la región. El ministro de economía Alonso Segura ha dicho que este año el crecimiento sería de 4 % y el próximo de 5%. Entusiasmado por las cifras de crecimiento recientes, hace aproximadamente dos semanas, afirmó que ya no es necesario estimular el crecimiento desde el Estado. «No puedes tener política expansiva permanentemente, ya es momento de retiro», sentenció. Nótese que el 21 de marzo del año pasado, este mismo ministro afirmó que la economía crecería 4.2% en 2015 (redujo su primer pronóstico de 4.8 %) y en 5.5 % en el año 2016. Pero, según la información del INEI, la tasa de crecimiento en el año 2015 fue de 3.3%.
La naturaleza del crecimiento reciente
No hay manera de demostrar que las cifras de crecimiento de los últimos veintisiete meses sean una muestra de «crecimiento sano». Se trata más bien de un crecimiento que no aumenta la capacidad productiva per cápita y que, además, su fuente no es el aumento de la productividad. Las razones son las siguientes:
1) Desde el año 2014 la economía crece con caída de la inversión tanto pública como privada. Caen en 2.0 % y 2.1% en 2014 y en 7.5 % y 4.3 % en 2015, respectivamente. Lo más probable es que en este año tampoco crezca la inversión privada. Es claro que si la inversión no crece por varios años, no hay adiciones netas a la capacidad productiva per cápita, lo que consecuentemente debe tener un efecto negativo sobre la evolución del producto potencial. Podemos afirmar, por lo tanto, sin lugar a equivocarnos, que la tasa de crecimiento del producto potencial debe estar notoriamente por debajo del 4.0 % promedio anual. Además, debemos señalar que el alto crecimiento de la producción minera, que explica parte importante del repunte del crecimiento reciente, es el resultado de inversiones hechas en años anteriores y no de inversiones nuevas.
2) Desde el año 2011 la tasa de crecimiento del empleo urbano «en empresas de 10 y más trabajadores», ha disminuido sistemáticamente hasta aproximarse a cero en los últimos meses. Este hecho, junto con el crecimiento del PBI que no está impulsado por la inversión, explica el aumento relativo del empleo de baja calificación y baja productividad que prolifera en empresas con menos de diez trabajadores. El resultado es un incremento del peso del sector Otros Servicios en la generación del PBI: ha aumentado de 45.41 % en el año 2007 a 49.0 % en los dos últimos años. De otro lado, el sector Manufactura, para efectos prácticos, se encuentra en recesión desde el año 2014; está decreciendo sistemáticamente hasta la fecha.
3) El crecimiento reciente ocurre junto con una caída sistemática de las exportaciones, no obstante el alto crecimiento de la producción minera. Se rompió el nexo entre la tasa de crecimiento del PBI y la tasa de crecimiento de las exportaciones —nexo dominante en el periodo de 2002 a 2013—, debido a la desaceleración de los precios de los minerales. Como la producción minera crece por la maduración de inversiones pasadas, esta situación no puede sostenerse en el tiempo. El estancamiento de las inversiones mineras en los próximos años explicará la rápida desaceleración del actual crecimiento de la minería. Mientras tanto, el crecimiento de la demanda interna que acompaña al crecimiento del PBI atenuará la caída de las importaciones, lo que se traducirá en déficits comerciales persistentes. No hay posibilidades de un impulso notorio de las exportaciones por el lado del tipo de cambio real. El tipo de cambio real bilateral está en los niveles que tenía en 1998 y por debajo (12 % menos) de su nivel promedio del período Julio 2002-julio 2006.
4) Como consecuencia de la disminución del valor de las ventas de la producción minera, el impuesto a la renta de este sector cayó en 41.5% en 2015 y en 20.3 % en el primer trimestre de este año. El actual crecimiento entonces está acompañado de una disminución del canon que afecta los presupuestos de las los gobiernos regionales y locales. Las bajas tasas de crecimiento del PBI en los dos últimos años también provocaron la caída de la recaudación total en 3.1 %.
El crecimiento reciente es, entonces, un espejismo
Si no hay crecimiento de la capacidad productiva per cápita porque la inversión no crece desde hace dos años; si el empleo en empresas de más de 10 trabajadores ya no crece; si la tasa de crecimiento del producto potencial se encuentra alrededor de 3.5 %; si la manufactura está en recesión desde hace dos años; si lo que crece es el empleo informal y el empleo de baja calificación y de baja productividad; si el producto per cápita ha caído en cerca de 14% (de US $ 6 167.9 en 2014 a US $ 5 673.2 en 2015); si los ingresos del gobierno, al igual que el canon, se han reducido; si el déficit comercial aumenta; en fin, si el contexto externo no vuelve a ser favorable para el crecimiento primario exportador en los próximos tres a cuatro años; entonces el crecimiento del PBI registrado recientemente no puede ser signo de salud económica.
El gobierno de Ollanta Humala dejará, entonces, una economía con un modelo de crecimiento agotado y con conflictos distributivos y regionales. Los que dicen que más que cambiar del modelo, la población exige un Estado más eficiente y menos corrupto, no han entendido que este Estado es fruto, nada más y nada menos, que de las políticas neoliberales.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 30 de abril
El proceso electoral, que aún no termina, ha revelado la profunda degradación de la democracia. Las razones son las siguientes:
1) Las autoridades electorales (JNE y JEE) usurparon nuestro derecho a elegir y violentaron el principio de igualdad ante la ley. Estas autoridades tuvieron un desempeño totalmente cuestionable que ha llevado a calificar a estas elecciones como «semidemocráticas». Afectaron nuestra libertad de elegir y no actuaron con neutralidad ni con estricto respeto a nuestros derechos constitucionales. Excluyeron a dos candidatos que en conjunto tenían alrededor de 20 % de adherentes. A uno (Julio Guzmán) se le excluyó por una infracción administrativa y al otro (César Acuña) por entregar dinero en plena campaña electoral y en aplicación de la Ley N.° 30414, que fue promulgada a menos de tres meses del día de la votación. Pero, esta ley no se le aplicó a Keiko Fujimori no obstante las evidencias de prácticas similares en los días posteriores de su puesta en vigencia. La razón (ilegal) que se adujo para exonerarla fue que no entregó dinero de su propiedad. Las autoridades electorales decidieron, entonces, por quienes deberíamos votar y por quienes no. A todo esto hay que sumarle los problemas «administrativos» generados por la ONPE (la introducción del voto electrónico que operó con fallas y el incremento en más de 50 % en el número de personas por mesa) que retardaron y complicaron el proceso de votación, restándole credibilidad.
2) El JNE cometió otra violación de la ley. Menos de veinticuatro horas antes de la votación del 10 de abril decidió no aplicarle al APRA la misma Ley N.° 30414 que le aplicó al señor Acuña y que en su artículo 2 aumenta la valla electoral en 1 % de los votos válidos a los partidos que participan en alianzas electorales. Las encuestas señalaban que el APRA no pasaría la valla de 7%, lo que significaría su anulación como organización política. Para evitar este hecho el JNE le bajó la valla a 5% con el argumento de la irretroactividad de las normas. El JNE aplicó el principio de irretroactividad discriminatoriamente, con interpretaciones que solo le han hecho perder autoridad moral.
3) Desde que se abandonó la dictadura «fujimorista», los sucesivos gobiernos, no obstante que surgieron de procesos electorales continuos, contribuyeron a la degradación de las instituciones democráticas. Estas fueron convertidas en meros instrumentos de poder, con la ausencia de instituciones independientes con capacidad de impedir el fraude y la corrupción. El sistema electoral nacido de la dictadura, y con insustanciales reformas efectuadas por los posteriores gobiernos elegidos, se convirtió en un filtro para cerrarle el paso a organizaciones políticas críticas, llamadas «antisistema», y que no son parte de las oligarquías políticas y económicas. Estas oligarquías han penetrado ideológica y políticamente en casi todas las instituciones del Estado.
4) En los procesos electorales y, en general, en la vida política del país participa como otro poder los medios de comunicación (radio, televisión y prensa escrita). Estos medios concentrados conspiran contra la democracia porque no permiten que las ideas, puntos de vista, e ideologías diversas, circulen libremente. La libertad de crítica y el pluralismo político, consustanciales a la democracia, son bloqueados por los grandes medios de comunicación que han absorbido a los pequeños e independientes. Las organizaciones políticas que defienden el statu quo económico «compiten» en los procesos electorales con el apoyo de los grupos de poder y de los grandes medios de comunicación. Procesos electorales de este tipo y que son administrados por las oligarquías políticas, alejan a la democracia del principio en que se funda: la soberanía del pueblo, la comunidad de ciudadanos.
5) El neoliberalismo ha acompañado, como ideología económica, a la dictadura «fujimorista» y a los siguientes gobiernos surgidos del «voto popular». La competencia política, según los defensores del mercado autoregulado, no debe poner en riesgo el modelo económico. Creen, como Hayeck, que «a partir del momento en que se permite que los políticos intervengan en el orden espontáneo del mercado», se inicia un proceso que conduce a la «dominación sin cesar, ampliada, de la política sobre la economía». No es casual, por eso, que las oligarquías políticas y los poderes, económico y mediático, se preocupen por «colocar el orden espontáneo del mercado a resguardo de las urnas». En estas condiciones, ¿qué valor tiene el derecho a elegir?.
A modo de conclusión No obstante esta revelación de la degradación de la democracia, el proceso electoral actual ha mostrado que el discurso claro y de espíritu transformador y auténticamente democrático —como el de la candidata del FA, Verónika Mendoza—, tiene impacto en la población y puede expandirse; que el sueño de una comunidad de ciudadanos es realista; que otra manera de hacer política es posible. Pero, el camino hacia este objetivo es conflictivo y difícil. Tenemos que vencer a los intentos oligárquicos y autocráticos que degradan a la democracia, a sus instituciones, y que la han alejado de los principios que la inspiran. La derrota de los mercaderes que trafican con ella, sobre todo durante los procesos electorales, hará que sea posible restituirle su esencia: de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 23 de abril.
Rosa María Palacios (RMP), la misma que en la campaña electoral de 2011 decía que la propuesta de «La Gran Transformación» era estatista, no obstante que esta contenía una estrategia para de creación y desarrollo de mercados internos y medidas para eliminar las restricciones a la expansión de la inversión privada nacional, acaba de cometer otra impostura. Afirma que la propuesta económica del Frente Amplio es peligrosa para todos. Esta periodista que veía en la categoría analítica «acción colectiva» de Mancur Olson una propuesta estatista, vuelve a suponer que sabe de todo para criticar dicha propuesta.
1. Dice que para aumentar la inversión pública en dos puntos del PBI y canalizar 10,000 millones de dólares en créditos a las micro y pequeñas empresas, se requeriría una mayor recaudación tributaria. No sabe que el MEF sigue recaudando; pero, además, no sabe que tiene dinero en el Banco Central (BCR) que puede utilizar. Tampoco sabe que la banca comercial puede orientar el crédito hacia ese tipo de empresas o que el MEF puede ayudar a que el financiamiento a estas empresas se realice a través del mercado de capitales.
2. Se «opone» a la desdolarización del sistema bancario y la relaciona con la congelación de cuentas que hizo Alan García en su primer Gobierno. Decir que hay tal relación es una afirmación malintencionada. El BCR ahora mismo está interesado en la desdolarización del crédito porque la subida del tipo de cambio afecta la capacidad de pago de familias y empresas endeudadas en dólares, y que tienen ingresos en soles. También afecta a la banca comercial debido a que podría aumentar su cartera morosa. La periodista no recuerda que la dolarización del crédito en los años 1990 derivó en quiebras bancarias que obligó a un rescate que le costó al Estado (a los contribuyentes) cerca de mil millones de dólares.
3. Se opone a la propuesta de revertir las medidas tributarias del ministro Segura. Este rebajó, por ejemplo, el impuesto a la renta de las empresas reduciendo la presión tributaria en cerca de dos puntos del PBI. El Estado no ha perdido con esta reducción, dice RMP, porque es «nuestro dinero, ganado con sacrificio, que se queda en la economía como reinversión». Pero no sabe que la inversión privada en lugar de crecer ha disminuido en 2.1% en 2014 y en 4.3% en 2015.
4. Sobre la franja de precios del maíz, azúcar y lácteos, dice «ya las tuvimos y esto se llama subsidios que sale del bolsillo del contribuyente». La periodista no sabe que a fines del pasado mes de marzo el gobierno repuso la franja de precios de productos agrícolas que el ministro Segura quiso eliminar. Lo más importante, sin embargo, es saber que no le importa que la franja sirva para proteger a nuestros agricultores y consumidores de los subsidios que los países desarrollados le otorgan a su producción agrícola. RMP no denuncia este tipo de intervención económica del Estado de los países ricos.
5. Cree, por ignorancia, que proponer una política monetaria contra-cíclica viola la autonomía del BCR y que es anticonstitucional. Bajar la tasa de interés en las fases de contracción del ciclo y hacer lo contrario en las fases de auge, es una práctica de los mejores bancos centrales del mundo. Lo hacen sujetándose a sus leyes como lo puede hacer y lo ha hecho el BCR sin contravenir su ley orgánica.
6. Se opone a la revisión de los «acuerdos comerciales y tratados». No le importa que estos «tratados» afectan la soberanía del Estado sobre temas de interés nacional, favoreciendo a las empresas transnacionales. Por ejemplo, defiende el «libre comercio» con países que subsidian con montos considerables a su producción agrícola. Tampoco toma en cuenta la pérdida de empleos y de mercado interno de la producción nacional ante la notable penetración de importaciones. Hoy las importaciones de bienes representan cerca del 160% de la producción manufacturera.
Intolerancia ideológica como fundamento El fundamento ideológico de sus críticas es su convencimiento de que el crecimiento económico debe ser exclusivamente resultado de la acción de los individuos y que por tanto debe prohibirse toda intervención del Estado. Los neoliberales, dice Todorov, creen que «la solidaridad mata a la iniciativa individual». ¿Me van a quitar a mí para darle a otro una pensión mínima?, se pregunta RMP. El mismo sentido tiene el rechazo de RMP a revertir la rebaja del impuesto a la renta de las empresas. Defienden la socialización de los riesgos y pérdidas privados –como ocurrió con el rescate bancario de fines de la década de 1990--. Pero, como los beneficios son individuales, no deberían estar sujetos a impuestos, aunque hayan asimetrías de poder y concentraciones del ingreso en los mercados. Para los neoliberales la libertad económica está en el mismo plano de las libertades individuales. Por eso la economía se autonomiza de la sociedad y de la política, y la desvisten de la ética. Consideran que los problemas económicos se resuelven por sí mismos, y que el funcionamiento de la economía no genera efectos sociales y económicos indeseables. Por eso RMP dice: «el capítulo económico de la Constitución de 1993 es una pieza de protección a los derechos económicos fundamentales del ser humano».
Publicado en el Diario UNO, el sábado 8 de abril
Según una encuesta reciente el 91% de los peruanos opina que el modelo económico debe ser cambiado. El 29% considera que debe ser modificado totalmente y el 34% que debe ser modificado en gran parte. Ambos suman 63%. El 28% cree que debe ser modificado en algunas cosas y solo el 3% opina que debe mantenerse igual (Gestión, 22/03/2016). Veinticinco años de neoliberalismo no han servido para resolver los problemas fundamentales de la economía (sus desarticulaciones sectoriales y regionales; la insuficiencia de empleos adecuados y, su consecuencia, la informalidad; y, la desigualdad en la distribución del ingreso, entre otros). Esta es la razón por la cual una gran mayoría de peruanos está por el cambio del modelo económico.
Como opera el modelo económico neoliberal
El estilo de crecimiento económico que experimentó el Perú en los años 2003-2013 está asociado a las políticas que privilegiaron un patrón de comercio internacional basado en las ventajas comparativas en la extracción y explotación de recursos naturales para su exportación. No se parte de la previa construcción de ventajas dinámicas provenientes de la diversificación productiva y de la producción con alto valor agregado y contenido tecnológico (como ocurriría con desarrollo del agro y de la industria manufacturera), sino de ventajas comparativas naturalesestáticas.
Cuando hay demanda por los productos primarios y sus precios crecen, aumentan la inversión extranjera y las exportaciones, en especial, las exportaciones no-tradicionales. Este impulso externo estimula el crecimiento de la Inversión extranjera directa (IED), que es, además, atraída por los gobiernos con ventajas sobre la inversión nacional. El crecimiento de la inversión extranjera directa y los flujos de capital internacional aprecian la moneda y, al mismo tiempo, estimulan el incremento del crédito interno en moneda nacional y también en moneda extranjera (debido a que los costos de financiamiento externo son relativamente bajos). La expansióndel crédito doméstico impulsa la demanda interna y, por consiguiente, la inversión privada en los sectores no-transables de construcción, comercio y servicios, que son de baja productividad y de bajos ingresos, y donde se encuentra el grueso de los trabajadores no calificados. Como se privilegia los impulsos externos, el crecimiento neoliberal es contrario al aumento de los sueldos y salarios porque --se dice-- reduce la «competitividad de las exportaciones».
El actual contexto internacional de caída de los términos de intercambio y de estancamiento de la demanda, ha puesto al descubierto el agotamiento de este estilo de crecimiento, que por la forma como opera no genera desarrollo. No es un estilo de crecimiento endógeno ni basado en la productividad.
Límites del actual estilo de crecimiento
La estructura de precios relativos que acompañó a este estilo de crecimiento, es contrario al desarrollo de las actividades transables, en especial de la industria manufacturera. Es entonces desindustrializador y ha generado una estructura productiva que se parece a la de hace 70 años, con sectores que se mantienen desarticulados y mercados internos inexistentes o poco dinámicos. La actual estructura productiva es, entonces, menos manufacturera y agropecuaria, y más productora de servicios de baja productividad. Este tipo de estructura productiva no ofrece oportunidades suficientes de empleo a la fuerza laboral que anualmente se incorpora al mercado
Es un estilo de crecimiento que enfrenta un límite en el propio patrón de acumulación de capital y la estructura productiva configurada en las dos décadas de neoliberalismo. Sin impulsos externos, crecer solo con impulsos de demanda interna generaría fuertes presiones inflacionarias y déficit importantes en la balanza comercial y cuenta corriente de la balanza de pagos. La estructura de precios relativos que acompañó el crecimiento redujo relativamente la inversión en equipamiento, mientras aumentó la inversión en construcción. Esto ha producido una relativa reducción de la capacidad productiva per cápita con lo cual los aumentos sostenidos del PBI per cápita con base en aumentos significativos de la capacidad productiva, serían imposibles sin un aumento sustancial de déficit comercial.
Pero, este estilo de crecimiento también tiene una un límite social. El modelo neoliberal ha incubado conflictos distributivo, regional y medio ambiental. No ha resuelto la desconexión de la economía moderna con la geografía y la demografía; por el contrario los ha exacerbado. Los enclaves mineros dañan el medio ambiente y las condiciones de vida de las poblaciones circundantes. La distribución del ingreso se ha hecho más desigual.
El neoliberalismo nos ha hecho regresar al mismo sitio del que partimos hace 70 años, solo que «transfiriendo» la población dedicada al agro tradicional hacia los sectores de servicios de baja productividad, en gran parte de autoempleo e informales en las zonas urbanas más importantes del país.
A modo de conclusión
Para que el Perú se desarrolle esta estructura productiva tiene que cambiar. Hay que apostar otra vez por la industrialización, pero de nuevo tipo, asegurando que las políticas macroeconómicas, o de corto plazo, no se divorcien de las transformaciones institucionales y estructurales que exige el desarrollo industrial y agrícola del país.
Publicado en el Diario UNO el sábado 2 de abril.
El actual proceso electoral ha vuelto a poner en debate el cambio o la continuidad del modelo económico neoliberal. Los que defienden el modelo dicen, por ejemplo, que en los últimos 25 años de neoliberalismo ha habido: a) mayor estabilidad política; b) mayor estabilidad macroeconómica; c) mayor eficiencia productiva y mayor bienestar del consumidor asociados a la liberalización comercial; d) recomposición del aparato productivo y mayor competitividad también asociados a la apertura comercial; e) reducción de la pobreza vinculada al crecimiento económico y al gasto social; y, f) un mejoramiento de la infraestructura a través de asociaciones público privadas (véase Gestión, 23-marzo-2016).
No hay peor ciego que el que no quiere ver
1) En lugar de estabilidad política, hay una degradación de la política y de la democracia. Las prácticas clientelares y corruptas del fujimorismo de los noventa (compra de apoyo electoral; compra de congresistas para lograr mayoría en el congreso, compra de los medios de comunicación, etc.), sumadas a la penetración aprista y fujimorista en los poderes electoral y judicial, son expresiones de la degradación de las instituciones y de la corrupción en el ejercicio de la función pública. El neoliberalismo envileció las reglas de convivencia social y política, en lugar de fortalecer la democracia, la ciudadanía y la política.
2) No se puede decir que la relativa estabilidad macroeconómica es fruto de las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales dolarizaron el crédito en los años 1990 y en los años 2006 a 2015, y en estos mismos años apreciaron la moneda haciéndoles perder competitividad a los exportadores no tradicionales. La subida abrupta del tipo de cambio asociada a la crisis asiática y rusa produjo quiebras bancarias, debido a la dolarización de los créditos; y, el rescate del sistema bancario le costó al Estado cerca de mil millones de dólares. La reciente subida del tipo de cambio no ha generado quiebras bancarias, pero le ha hecho perder el 50% de sus reservas al Banco Central. Por último, hay que mencionar que el actual esquema institucional de política monetaria y fiscal fue introducido en los años 2001-2003 por un equipo de economistas progresistas que dirigieron el Banco Central y los viceministerios del MEF. Las actuales autoridades económicas han usufructuado de este nuevo esquema, aunque gestionándolo de manera ineficiente.
3) No hay evidencia de una mayor eficiencia productiva ni de un aumento del bienestar de los trabajadores. La eficiencia de la inversión (medida por la inversa de la relación incremental capital-producto), fue menor en los años del neoliberalismo que en los años 1970-1980. Tampoco se puede decir que la apertura comercial incrementó el bienestar de los consumidores. Después de 25 años, más del 70% de los trabajadores siguen siendo informales. Los salarios reales están prácticamente estancados y un alto porcentaje de los trabajadores tienen sus derechos recortados.
4) No aumentó la competitividad basada en la productividad ni se mejoró la composición del aparato productivo. Se buscó aumentar la competitividad abaratando el costo del trabajo mediante recortes de derechos laborales. Este tipo de competitividad es espuria y no tiene relación alguna con los aumentos de la productividad. Por esta razón los sectores que lideraron el crecimiento no fueron los transables sino los sectores terciarios como el comercio y los servicios, junto con la exportación primaria. Veinticinco años de neoliberalismo ha dejado una economía menos industrial y menos agrícola.
5) El crecimiento económico de los años 2003-2013 solo redujo la pobreza monetaria, pero no la multidimensional. El crecimiento fue resultado de los precios altos de los minerales y de una demanda externa creciente por estos productos. Este contexto externo favorable ya no existe, por lo tanto la economía ya no crece como antes y es altamente probable que en este año y los próximos se revierta la reducción de la pobreza lograda en el período de alto crecimiento. Además, el actual enfriamiento económico y las exoneraciones tributarias efectuadas por el actual gobierno, reducirán la presión tributaria y, por tanto, el financiamiento de los programas sociales.
6) Finalmente, el gasto en infraestructura no responde a un ordenamiento territorial en macro regiones, para integrar el país. Por lo demás, la modalidad de asociaciones público-privadas utilizada en este tipo de inversión ni es transparente ni asegura una distribución de riesgos equitativa. Al respecto podríamos decir que las APP son la expresión de un neoliberalismo de Estado porque se promueve el negocio privado junto a pérdidas para el sector público (véase Germán Alarco, Desventajas tributarias de lo público privado, 25-06-2014).
A modo de conclusión
Según el diario El Comercio (21-marzo-2016) en los últimos veinticinco años se ha venido aplicando con éxito el sistema de libertad económica. pero, lo que sabemos es que este sistema le ha permitido a El Comercio controlar cerca del 80% del mercado en el que opera. Un sistema de mercado que fomenta la posición de dominio no puede ser beneficioso para la población. Y cuando hay posición de dominio o poder de mercado, no hay asignación eficiente de recursos, según la propia teoría económica que defienden los neoliberales.
El Comercio usa su posición de dominio para desorientar y mentir. Dice que mencionar en un plan de gobierno que se reducirá «la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva para generar condiciones de mayor acceso al crédito», es una abierta intervención del Ejecutivo en la autonomía del Banco Central. Todo economista instruido sabe que cuando la economía se desacelera (como ocurre actualmente) el Banco Central debe bajar su tasa en lugar de subirla. Ahora bien, si un nuevo gobierno nombra directores del Banco Central instruidos, sin duda, en el marco de la ley del propio banco, ellos propondrán la aplicación de una política monetaria contra cíclica para reactivar la economía.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 26 de marzo.
El exministro de economía Luis Carranza, dirigiéndose explícitamente a los candidatos presidenciales, acaba de decir que elevar el salario mínimo en cualquier cifra «sería sumamente perjudicial para la economía peruana» (Gestión: 07-03-2016). Entre los candidatos que quedan y están por encima del 8% en las encuestas, PPK y Verónika Mendoza, son los únicos que proponen aumentarlo; aunque la candidata Mendoza es la que plantea el mayor incremento (de 750 a 1000 soles) y la que mejor justifica su pertinencia.
Salario mínimo e informalidad
Carranza repite, sin ruborizarse, que el aumento del salario mínimo expande la informalidad porque «destruye la formalidad en las empresas que están al límite de su productividad (como las mypes)». En otras palabras, el ex ministro nos está diciendo que cuánto menor es el salario mínimo menor es la informalidad porque los aumentos de los salarios destruyen la formalidad. ¿Cómo llega a esta conclusión.
Supongamos que las elasticidades salario de la oferta y demanda de trabajo en el sector formal son tales que cuando aumenta el salario mínimo, la demanda de trabajo en el sector formal se reduce. Esta reducción daría lugar a un aumento del desempleo y a una disminución del ingreso de los informales. Esto último ocurriría porque «se elevaría la oferta de trabajo en el sector informal. La productividad de los trabajadores informales se reduciría porque ahora tendría que repartirse un mismo volumen de ventas entre un mayor número de trabajadores informales» (Ros, 2015). La conclusión, entonces, sería que el aumento del salario mínimo incrementa la informalidad. «Tener baja productividad, sobrecostos laborales (incluido el salario mínimo) y exceso de regulación laboral es una trinidad que no hace bien al país», sentencia Luis Carranza.
Pero, el exministro ha olvidado el efecto más importante del aumento del salario mínimo. Cuando se eleva el diferencial de ingresos salariales entre el sector formal e informal, «la oferta de trabajo hacia el sector formal aumenta, lo que tiende a elevar los ingresos de los trabajadores informales puesto que se reparten entre sí un volumen de ventas igual entre menos trabajadores. La búsqueda de empleo en el sector formal –dice Ros-- se vuelve más atractiva». Este es el famoso «efecto faro del salario mínimo» que acuñaron Paulo Souza y Paulo Baltar en el año 1980: los aumentos en el salario mínimo del sector formal, inducen a aumentos de ingresos en el sector informal. La evidencia empírica muestra que este efecto es el que predomina en los países en desarrollo.
Hay que mencionar, sin embargo, que esta discusión deja fuera del debate la causa fundamental de la informalidad. La causa de la creación de empleos informales es la baja tasa de crecimiento de la capacidad productiva per cápita en relación a la tasa de crecimiento de la fuerza laboral. El estilo de crecimiento primario exportador que ha descuidado la creación y desarrollo de mercados internos, es el que ha promovido y sigue promoviendo ganancias espurias de competitividad mediante el abaratamiento de los costos laborales y la eliminación del poder de negociación de los trabajadores con la flexibilización laboral. No es casual que los que adhieren a este modelo neoliberal –como el ex ministro Carranza-- afirmen que el efecto demanda del incremento del salario mínimo es sólo de corto plazo.
Los legitimadores de la pobreza
Carranza no asocia el alza del salario mínimo con la creación o ampliación del mercado interno, porque está pensando sólo en la producción para la exportación. Aboga por una mayor flexibilidad laboral precisamente para abaratar más el precio del trabajo. Al optar por ingresos y empleos precarios pagando bajos salarios y sin derechos laborales, legitima la pobreza.
Adam Smith --para quien la productividad es un fenómeno macroeconómico--, estuvo en contra de los empleos y salarios precarios porque no estimulan la productividad. «Los salarios del trabajo –decía Smith-- son un estimulante de la actividad productiva, la cual como cualquier otra actividad humana, mejora proporcionalmente al estímulo que recibe (…) En consecuencia nos encontramos que allí donde los salarios del trabajo son crecidos, los obreros son más activos, diligentes y expeditivos que donde son bajos».
Asimismo, Adam Smith --que nunca defendió el mercado auto-regulado--, sabía que los trabajadores no organizados carecían de capacidad de negociación con sus empleadores. Sabemos que los salarios dependen de los contratos explícitos o implícitos celebrados entre patronos y obreros. «Sin embargo --afirmaba Smith-- no es difícil de prever cuál de las dos partes saldrá gananciosa en la disputa, en la mayor parte de los casos, y podrá forzar a la otra a contentarse con sus términos. Los patronos, siendo menos en número, se pueden poner de acuerdo más fácilmente, además de que las leyes autorizan sus asociaciones, o por lo menos no las prohíben, mientras que en el caso de los trabajadores, las desautorizan. (…) En disputas de esta índole los patronos pueden resistir mucho más tiempo. Un propietario, un colono, un fabricante o un comerciante, pueden generalmente vivir un año o dos, disponiendo del capital previamente adquirido. La mayor parte de los trabajadores no podrán subsistir una semana, pocos resistirán un mes, y apenas habrá uno que soporte un año sin empleo. A largo plazo tanto el trabajador como el patrono se necesitan mutuamente pero con distinta urgencia».
A modo de conclusión
La utilización del salario mínimo como instrumento de política de ingresos es posible solo en un estilo de crecimiento distinto al neoliberal. Y, cambiar este modelo significa la construcción de la economía nacional desarrollando mercados internos, y el rescate de la soberanía en las decisiones de política económica.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 19 de marzo.
La exclusión de Julio Guzmán y de César Acuña de la contienda electoral, deja sin derecho a elegir a sus candidatos a cerca de la quinta parte del electorado. Solo esto podría indicar que estamos ante un proceso totalmente viciado. Parafraseando a Rousseau podríamos decir que en nuestra «democracia» ya no somos libres ni antes ni en el mismo acto de votar. El uso que hacemos de nuestra libertad en «los cortos momentos que utilizamos para votar», ha sido ahora envilecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Llama sobremanera la atención, la exclusión de Guzmán. El JNE tomó esa decisión supuestamente porque en el partido de Guzmán se siguieron «procedimientos incongruentes con sus normas internas». Lo excluyó entonces por una falta administrativa. Una falta de este tipo ha sido puesta por encima de un derecho constitucional.
Pero lo más grave es otra cosa. El JNE es ilegítimo porque esta penetrado por personas que han cometido «inconducta funcional», que han recibido dinero para restituir en su puesto a un alcalde corrupto, y, en fin, por personas estrechamente vinculadas a uno de los partidos (dizque con historia) que participa con una alianza en el actual proceso electoral. Estos señores del JNE no han cometido faltas administrativas. Sus actos corruptos los invalidan para ser dignos representantes del poder electoral. Este JNE, entonces, no merece el respeto del pueblo. Como dice John Stuart Mill, en la política «la conducta y solo la conducta da derecho al respeto; en lo que el hombre ejecuta se funda su derecho a la consideración pública; y el mérito lo aceptamos por único título legítimo para el ejercicio del poder y la autoridad» (Mill, 2008: 294-295).
Degradación de la vida política y social
El JNE ha favorecido –ellos dirán que No-- a candidatos que financiaron sus estudios con dinero robado al Estado; a los que fugaron para que prescriban sus actos ilícitos contra los derechos humanos y contra el patrimonio del Estado; a los narco-indultadores; a los lobistas, racistas y discriminadores de las poblaciones andinas; y, a los que entregaron el gas al poder transnacional. Estas son las opciones que el JNE ha definido y le ofrece al pueblo. Dirán que hay otros (aunque están en la cola de las encuestas); pero es claro que no son los favoritos de este JNE.
Desafortunadamente lo que demuestra la situación electoral actual es la total pérdida de valor de los principios no solo en la administración de la cosa pública sino también en parte de la población que acepta a los «roban pero hacen obras». Sobre cómo hemos llegado a esta situación escribí en mi artículo del 20-02-2016. El neoliberalismo y la inconducta de los sucesivos gobiernos, fueron destruyendo los principios que regulan la vida política y social en nuestro país. Hay –como dice Eloy García, aunque refiriéndose a su país España--, una situación de decadencia, de degeneración, de corrupción. No nos habla del sentido jurídico de este término «en el sentido de la infracción penal», sino de su sentido sociológico-político, es decir, de la pérdida de «vigencia social de los principios».
«Hay corrupción –dice Eloy García-- cuando los gobernantes no obedecen ellos mismos las reglas que exigen e imponen a los gobernados, y cuando los gobernados no condenan moralmente esas conductas sino que buscan ansiosamente los medios para también ellos, poder llevarlas a cabo de manera impune. La corrupción es, por consiguiente, un estadio social en el que la sociedad en su conjunto (gobernantes y gobernados), desconocen las pautas de conducta moral que se proclaman como imperantes, y se vinculan, más o menos vergonzosamente, a otras reglas que forman parte de una moralidad nueva, al menos por el momento públicamente inconfesable» (E. García, 2012: 204).
«Ser ciudadano significa aprender a decir no»
Esta frase que se le atribuye a Émile Chatier (Alain), es un llamado que calza perfectamente en la situación actual de nuestro país. Podemos utilizarla para crear conciencia pública y pedir a la población que elija solo tomando en cuenta a los que hoy se encuentran en la cola de las encuestas. ¡Ojalá no les salga la jugada ni al dueño del ego colosal, ni a la candidata del «fujimorato», ni al lobista que entregó el gas!
La degeneración y la decadencia, la ruptura de valores morales y una práctica política y social «que poco a poco fuerzan las normas establecidas», generan una situación de ilegitimidad que puede desembocar en un cambio social, un cambio que restituya el valor de la política como instrumento de justicia social. El régimen político de la impostura no puede durar tanto tiempo. Las sociedades no pierden totalmente su capacidad de recuperación, de una cura moral.
Pero es importante señalar que esta situación no se resuelve con medidas jurídicas. No se trata ahora de sancionar individualidades, porque la situación por la que atraviesa nuestra sociedad no es un problema individual, sino social. Y, como diría Eloy García, es la hora de tomar medidas sociales, es la hora de la sociedad porque solo esta puede cambiar el estado de cosas actual. Aprendamos a ser ciudadanos. Digámosle NO a esta situación y votemos por el candidato o candidata que ofrece cambiar el actual modelo económico y el sistema político.
A modo de conclusión
No podemos permitir la continuidad del neoliberalismo ni en la economía ni en la política. No podemos permitir la continuidad de gobiernos que nos han conducido a la actual degradación social y política. Tenemos que decirle No a los corruptos y entreguistas de los últimos veinticinco años. Es la oportunidad de ser libres votando contra el neoliberalismo y el Extractivismo rentista.
Publicado en el Diario UNO el sábado 12 de marzo
Orcar Dancourt y Kurt Burneo, que fueron parte del directorio del Banco Central que implementó el sistema de metas de inflación en el año 2002, acaban de afirmar (Gestión, 03-02-2016) que fue un error bajar la meta de inflación de 2.5% a 2%. Totalmente de acuerdo. En nuestro artículo (La República, 28-02-2007) «Cambios Contraproducentes en la Política Monetaria», advertíamos que esta disminución --supuestamente orientada a «fortalecer la confianza en el sol y reducir la vulnerabilidad de la economía»--, ponía en riesgo su cumplimiento en una economía que como la nuestra está expuesta a choques de oferta adversos, especialmente externos. En 2007, el directorio presidido por Julio Velarde redujo la meta, en pleno auge económico y cuando se acentuaba la tendencia a la apreciación del sol. Recuerdo que Velarde expresó su adhesión, en público, a la flexibilidad cambiaria, es decir, su explícito desacuerdo con la regla de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario, introducida por el directorio presidido por Dancourt.
Subir la meta y ampliar el rango
Era claro que al terminar el auge de los precios de la materias primas y cambiar de orientación la política monetaria de los Estados Unidos, el alza del tipo de cambio (la depreciación del sol) pondría en riesgo el cumplimiento de la meta. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo ahora. Como señalan Dancourt y Burneo «entre 2014-2015, la inflación estuvo fuera del rango meta el 87% del período».
¿Qué hacer? Considerando la estructura productiva de nuestra economía --que la expone a choques de oferta adversos--, en nuestro artículo (Diario UNO, 25-07-2015) «Repensando la política económica para el Perú del siglo XXI» propusimos elevar la meta de inflación, junto a otras medidas que discuto a continuación. ¿Cuál debería ser la meta y el rango adecuado para una economía como la nuestra? La respuesta no es taxativa y dependerá, ciertamente, de si el aumento de uno o de ambos se acompaña con cambios estructurales que nos saquen del actual estilo de crecimiento primario exportador.
Algunos economistas se oponen a esta propuesta. Argumentan que se pone en riesgo la reputación del Banco Central, cuando la meta y el rango de la inflación no se mantienen por períodos largos. Esto sin duda es relativo. La disminución de la meta en enero de 2007, después de solo cinco años, no tuvo ese efecto. Además, después de nueve años de su reducción, ni se ha fortalecido la confianza en el sol ni se ha reducido la vulnerabilidad de la economía. La señal estuvo equivocada y hay que cambiarla antes que sea demasiado tarde.
El otro argumento es que la meta y el rango anunciados no se cumplen, en los hechos, por la alta volatilidad del tipo de cambio. Como evidencia de este argumento se mencionan a Brasil, Uruguay, Colombia y Chile. En todos estos países la inflación está por encima del límite superior de la banda. Si estos hechos son claros, elevar la meta y extender el rango, dicen estos economistas, no tiene sentido.
Mal de muchos, consuelo de tontos
Los dos argumentos son deleznables. Es mejor tomar una decisión con fundamentos adecuados y no con una impostura como lo hizo el directorio presidido por Velarde. Lo que en el fondo se pretendía con la disminución de la meta de inflación era –como sugieren Dancourt y Burneo— exculpar políticamente al presidente de la hiperinflación, Alan García. Por lo demás, han pasado nueve años de una meta incumplida en la mayor parte de ese período. ¿No es suficiente tiempo para que el Banco Central cambie su meta de inflación? ¿Cuál es el «largo periodo» adecuado». Repetimos, aquí lo que importa es la señal y su contenido explicativo
De otro lado, argumentar que no tiene sentido elevar la meta porque su incumplimiento es casi generalizado en los países emergentes, es «consuelo de tontos». Nos están diciendo que la desgracia del incumplimiento es más llevadera, porque este incumplimiento afecta a un número importante de países. Los que sostienen esta posición, no dicen que están en contra de mantener un tipo de cambio real alto y competitivo por largos períodos, aplicando eficientemente la regla de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario. Son «neoliberales globalizados». Han olvidado que la «trinidad imposible» de Mundell indica que pueden adoptarse restricciones al movimiento internacional de capitales. Son los mismos que callaron, cuando, también en 2007, la administración de Velarde, eliminó la política de encaje que en 2004 «se impuso a los adeudados con el exterior de la banca comercial», promoviendo con ello el aumento del crédito en moneda extranjera (ME).
Con casi un tercio de los créditos en ME –además de la inflación--, Velarde tiene ahora mucho temor al incremento del tipo de cambio. En su esfuerzo por impedir que suba, ha «quemado» casi el 50% de la reservas del Banco Central. Estas representan solo el 13% del PBI de 2015.
A modo de conclusión
Esos mismos economistas justifican el revoltijo que hizo Velarde en la política monetaria. Utilizó como instrumento el encaje, además de la tasa de interés de referencia. Pontifican, sin rubor, que en un sistema financiero dominado por bancos «se puede recurrir a la tasa de encaje bancaria como sustituto de la tasa de interés». Callaron cuando los Velarde y Castilla dolarizaron y dizque «internacionalizaron» a nuestro mercado de capitales subdesarrollado. No hicieron ni hacen nada por fortalecer el mercado doméstico de capitales en soles, para mejorar de esta manera la eficiencia de la tasa de interés como instrumento de la política monetaria.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 5 de marzo de 2016
En el año 2015, de acuerdo con datos del INEI, el PBI creció a la tasa de 3.26%; porcentaje superior al 2.35% registrado en el año 2014. Esta tasa, que representa solo el 50% de la tasa promedio registrada en los años 2003-2013, se explica fundamentalmente por el alto crecimiento del sector Minería e hidrocarburos, cuya tasa de crecimiento promedio mensual, desde marzo de 2015, fue de 9.9%. Pero también se explica por las altas tasas de los sectores: Financiero y seguros, y Telecomunicaciones, que son los que crecieron a tasas igualmente altas desde que se inició el enfriamiento de la economía. En el año 2015 registraron tasas promedio mensuales de 9.7% y 7.7%%, respectivamente.
Los tres sectores (Minería e hidrocarburos, Financiero y seguros, y Telecomunicaciones) representan un poco más de la quinta parte de la producción total (20.24%). En el mes de diciembre estos sectores crecieron a las tasas de 22.36%, 10.13% y 11.29%, respectivamente. Dentro del sector Minería e hidrocarburos, el subsector que creció notoriamente es la Minería metálica que, después de haber decrecido en el año 2014, se recuperó sostenidamente en los últimos meses: creció a la tasa promedio de 16.1% entre los meses de junio a noviembre de 2015 y a la tasa de 30,67% en el mes de diciembre.
La otra novedad de las cifras publicadas por el INEI es que el sector Manufactura registró tasas positivas en los dos últimos meses de 2015, después de haber estado decreciendo en casi todos los meses anteriores. Hay que señalar, asimismo, que las tasas positivas de registradas en los meses de noviembre y diciembre de 2015, se explican por el crecimiento espectacular del sub sector fabril primario que lo hizo a las tasas de 18.95% y 24.43%, respectivamente. El sub sector fabril no primario (o Manufactura no primaria) continúa prácticamente en recesión desde junio de 2014.
De acuerdo a las cifras anteriores, entonces, la ligera recuperación del crecimiento en el año 2015 tiene que ver fundamentalmente con el aumento espectacular de la Minera metálica, el crecimiento sostenido de los sectores de servicios, en especial el Financiero y seguros, que siguen creciendo a tasas altas no obstante el enfriamiento económico.
La magia de los ponderadores del año base 2007
Como señalamos en nuestro artículo publicado en este diario el 5-04-2014, los ponderadores del año base 2007, además de no reflejar la estructura productiva configurada en 17 años de neoliberalismo, sobrestima el ponderador del sector Minería e hidrocarburos (pasó de 4.7% en 1994 a 14.4% en 2007) y de otros sectores. La razón es que «los términos de intercambio alcanzaron su pico precisamente en el año 2007 del período 1990-2010». Si bien hay una recuperación de los términos de intercambio y de los precios de los minerales hasta el año 2011, después, como sabemos, se desaceleran. En consecuencia, la tasa de crecimiento de la producción de la minería metálica, medida a precios de 2007, está sobrestimada. Por ejemplo, entre octubre de 2007 y diciembre de 2015 el precio del cobre se redujo en 42.2%.
Otro hecho relacionado con lo anterior y que llama la atención, es la caída de las exportaciones mineras mientras aumenta su producción. En 2015 la Minería e hidrocarburos creció 9.27% precisamente porque creció el sub sector Minería metálica, pero las exportaciones de minerales cayeron en 8.3%. El año 2014 también se redujeron en 13.6%. La disminución de estas exportaciones continuará mientras siga la desaceleración de sus precios y el estancamiento de la economía internacional. De la misma manera, llama la atención el supuesto repunte del crecimiento del PBI, pues la inversión privada al igual que la inversión pública se disminuyeron en 4.3% y 7.5%.
Los sectores contra-cíclicos
Las autoridades del INEI reconocen que cerca del 15% o 20% de los datos de la producción son estimaciones o, en otras palabras, no se recogen directamente de los productores mediante encuestas periódicas o se generan con metodologías discutibles. Lo más probable es que estos datos estimados correspondan justamente a sectores terciarios de servicios como, por ejemplo, los Servicios prestados a empresas y Financiero y seguros, entre otros. Sería una contribución con la transparencia de las estadísticas económicas, que el INEI explicite cuáles son los datos de la producción estimados por ellos y con qué tipo de metodologías, para evitar las dudas sobre su confiabilidad.
Desde nuestro artículo publicado en este diario el 24-01-2015, llamamos la atención sobre la «inexplicada divergencia entre las tasas de crecimiento del PBI y las tasas de crecimiento de la producción del sector Financiero y seguros (FSP), que también incluye pensiones». En efecto, mientras el PBI ha crecido en los dos últimos años a las tasas de 2.4% y 3.3%, la producción del sector FSP lo hizo a las tasas de 12.6% y 9.7%, respectivamente. Este sector como otros sectores terciarios se han convertido en sectores contra-cíclicos: crecen a tasas relativamente muy altas en períodos de desaceleración de la producción material, como la producción manufacturera, por ejemplo.
A modo de conclusión
Las estadísticas son fundamentales para no errar en los diagnósticos sobre los problemas que enfrenta nuestra económica y, en consecuencia, para identificar adecuadas políticas públicas orientadas a su solución. Por ejemplo, la información sobre el crecimiento del PBI de los últimos meses del año 2015 ya está generando conjeturas optimistas, a tal punto que algunas autoridades del gobierno afirman que este año y el próximo se crecerá a tasas por encima del 4% o 4.5% anual. No hay ni habrá tal tenencia ascendente, mientras los precios de los minerales sigan cayendo y la economía internacional siga estancada.
Publicado en el diario UNO, el sábado 27 de febrero