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Fecha Publicación: 2015-08-29T17:27:00.000-07:00
La mayor desaceleración de la economía China que parece haber obligado a sus autoridades a devaluar el yuan, ha acentuado el pesimismo sobre la recuperación de la economía internacional. Sus efectos inmediatos han sido la caída de los precios de los commodities y el desplome de los mercados financieros en casi todos los países del mundo. En el nuestro cayeron los precios de las acciones, en especial de las mineras que son las que predominan en el mercado. Se puede decir, entonces, que la evidencia de la caída del crecimiento chino, ha exacerbado la incertidumbre sobre el futuro del crecimiento de la economía mundial.
 
Los pronósticos del crecimiento económico
Si bien las autoridades económicas de nuestro país redujeron su pronóstico de crecimiento para este año una cifra menor al 4%, siguen sosteniendo que el crecimiento en el año 2016 se situaría alrededor de 5%. Este optimismo parece sustentarse en las altas tasas de crecimiento del subsector minero registradas en los meses anteriores.  Por ejemplo, en el mes de junio pasado la minería metálica creció a la tasa de 14.15%. Sin embargo, se trata de un optimismo mal fundado porque estas tasas de crecimiento son resultados rezagados de las inversiones que se hicieron en el periodo de crecientes precios de los metales.
El escenario ahora es otro. Los precios de los commodities están cayendo; ya no crecen. Por ejemplo, los precios de nuestras exportaciones (que en gran porcentaje corresponden a minerales), se han reducido, de enero de 2013 a junio de 2015, en 25.9%. En ese mismo período los términos de intercambio disminuyeron en 16.9%. Esto explica por qué desde 2014 las inversiones privadas ya no crecen. Disminuyeron en 1.7% en el año 2014 y en el primer semestre de este año decrecieron a la tasa de 6.4%. Si a todo esto le sumamos la mayor desaceleración de la economía china, las tasas de crecimiento de nuestra economía, en este y en el próximo año, se situarán muy por debajo de los pronósticos oficiales.
Las reacciones de las autoridades económicas
La economía sigue enfriándose. El sector manufacturero, por ejemplo, está decreciendo desde hace catorce meses. Y ¿cómo están enfrentando el MEF y el BCR este enfriamiento económico? De manera extraña, por no decir absurda. Empecemos por el MEF. Entre las medidas más llamativas que adoptó esta institución se encuentran la reducción de la «tramitología» y la reducción del impuesto a la renta de las empresas, ambas, según se señala, para estimular las inversiones privadas. Pero, como acabamos de ver, estas inversiones siguen cayendo desde 2014. Lo inverosímil, sin embargo, es que el MEF descuidó irresponsablemente la inversión pública. En lugar de expandirla con infraestructura focalizada para estimular el crecimiento del agro y la manufactura, la dejó caer en 2.4% en el año 2014 y en 19.5% en el primer semestre de este año. A esto hay que agregarle que la reducción del impuesto a la renta, que favorece más a la grandes empresas, contraerá la presión tributaria en cerca de 1.5% del PBI.
Aquí no terminan los absurdos del MEF. Cuando «sorprendidos» por el repunte del precio del dólar el «sentido común» recomienda desdolarizar las deudas, el MEF nos hace saber que el 17 de este mes colocó el denominado Bono Global 2027 por  US$ 1,250 millones a 12 años con una tasa de rendimiento de 4.15%. Esta colocación fue realizada por los bancos de inversión Citigroup y JP Morgan que, como se sabe, cobran una importante comisión por hacerlo.
Suelto de huesos el MEF afirmó que el dinero recaudado servirá para financiar el presupuesto público del 2016.  Con ello nos advirtió que la recaudación fiscal del año será insuficiente para financiar el presupuesto de 2016. También nos hizo saber que no le importa dolarizar la deuda pública y que tampoco le preocupa que aumente el peso de la deuda pública externa que en la actualidad asciende a  51.3% del total. Con un tipo de cambio al alza, lo que ha hecho el MEF significará mayores desvíos de ingresos del tesoro al pago de los servicios de la deuda pública externa.
Por el lado del BCR, lo primero que hay que recordar es que este fomentó la dolarización de los créditos desde el año 2006 y dejó que nuestra moneda se apreciara sistemáticamente hasta inicios de 2013. Desde julio de 2006 a enero de 2013, los tipos de cambio reales bilateral y multilateral disminuyeron en 27.0% y 14.6%, respectivamente. El BCR también bajó la meta de inflación a 2% (+/- 1%).
El presidente del BCR está enredado en su laberinto. Dijo que no le preocupaba la caída del tipo de cambio, sino su rebote. Desde el 30 de abril de 2013 al 20 de agosto de este año, ha «perdido» el 45.1% (US $ 22,305 millones) de sus reservas (posición de cambio) en su intento de impedir el aumento del precio del dólar. En los últimos 10 meses ha «perdido» un promedio mensual US $ 1,300 millones. A este ritmo le quedan reservas solo para 21 meses. No obstante que a la venta de dólares le ha sumado otras medidas, el alza del tipo de cambio sigue imparable. Ya alcanzó la cifra de 3.3 soles por dólar y es muy probable que el año termine con un tipo de cambio de 3.5 soles. De otro lado, la inflación aumenta en pleno enfriamiento. Se encuentra cerca del 4%, por encima del límite superior del rango meta.
En lugar de bajar la tasa de interés para combatir el enfriamiento, el BCR ha bajado el encaje, pero al hacerlo ha dejado que la tasa de interés interbancaria se aleje de su tasa de interés de referencia. La tasa interbancaria se encuentra en 5% mientras que la tasa de referencia se mantiene en 3.25% desde enero de 2015. En el fondo, lo que el BCR pretende es subir la tasa de interés porque le preocupa la creciente presión al alza del precio del dólar y su efecto sobre la inflación; más aún si, como se ha anunciado, la Reserva Federal de los Estados Unidos aumenta su tasa de interés en setiembre próximo provocando una mayor salida de capitales de economías como la nuestra.
En efecto, Velarde acaba de declarar que «están evaluando cuándo es el momento oportuno para retirar el estímulo monetario», es decir, para subir la tasa de interés de referencia. Esta es una señal de desesperación. Cuando aún no hay signos de una evidente recuperación económica, el Presidente del BCR nos dice que están estudiando la posibilidad de pasar a una política monetaria contractiva.
A modo de conclusión
Las autoridades económicas nos están conduciendo a una «tormenta perfecta».
 
 
Publicado en el diario UNO, el sábado 29 de agosto. 

Fecha Publicación: 2015-08-15T16:53:00.000-07:00

El crecimiento económico reciente, al igual que el que se registró en los años noventa, fue impulsado por el auge de la demanda externa y de los precios de los commodities. Extraer y exportar minerales es lo que mejor “sabíamos hacer” según el libreto neoliberal. No fue, por lo tanto, un crecimiento sostenible y endógeno (impulsado por fuentes internas). Fue un crecimiento que mantuvo un alto porcentaje de trabajadores y empresas informales de baja productividad; que exacerbó las brechas de productividad con el reforzamiento de la especialización en la producción y exportación de minerales; que afectó a la industria; y, que expandió los sectores terciarios donde se concentran los  trabajadores de baja calificación.
 
Este estilo de crecimiento ha vuelto a poner en evidencia el problema que explica el subdesarrollo en economías como la nuestra: la orientación sectorial de las inversiones privadas. Estas no se dirigen espontáneamente a desarrollar actividades productivas (agroindustriales e industriales) a lo largo y ancho del país.
 
La importancia de la industrialización
 
La industrialización es un proceso de “expansión del rango de bienes producidos” que ocurre con aumentos sostenidos de la productividad (rendimientos crecientes) y el incremento simultáneo de la relación capital-trabajo. Esta es una característica que no tienen otras actividades económicas (Allyn Young, 1928). La industrialización es un proceso de transformación estructural caracterizado por el nacimiento y expansión de nuevas industrias, con productividades cada vez mayores, y la transferencia simultánea de mano de obra desde las actividades tradicionales o de menor productividad hacia actividades más productivas y modernas que implican la utilización de “más capital en relación con el trabajo” (Rodrik, 2013 y Young, 1928).
 
No hay diversificación productiva exitosa sin industrialización. La expansión de la industria impulsa el crecimiento de la economía en su conjunto mediante los cambios que origina en la estructura de la producción y de la demanda, e influye en el crecimiento de productividad de las actividades no industriales y, por lo tanto, en la tasa global de crecimiento de la productividad y del empleo (Kaldor, 1966).
 
Los límites del proceso de industrialización no están por el lado de la oferta de factores productivos, sino en la expansión del mercado. En los inicios del proceso se utilizan técnicas conocidas, pero que no eran rentables “a una escala más baja de producto”, y se van incorporando técnicas nuevas derivadas de las invenciones e  innovaciones que aparecen con la expansión del mercado. “Las técnicas más intensivas en capital se vuelven rentables en la medida en que la escala del producto se incrementa” (Ros, 2013).  De aquí se sigue que “la industrialización puede tener lugar en presencia de un bajo nivel de capacidades fundamentales: las economías pobres pueden experimentar transformación estructural incluso cuando las habilidades son bajas y las instituciones débiles” (Rodrik, 2013).
 
Ejes de la política industrial para un nuevo estilo de crecimiento
 
El desarrollo industrial requiere la intervención directa del Estado para asegurar que la transformación productiva sea un proceso secuencial de generación de actividades económicas con relaciones capital-trabajo cada vez mayores. Este proceso debe basarse en el desarrollo de mercados internos, sin descuidar las exportaciones. Ahora bien, una de las características de la economía subdesarrollada como la nuestra es que tiene mercados internos reducidos y poco dinámicos, allí donde existen. Por lo tanto, la política industrial debe incorporar la creación de mercados con intervenciones del Estado específicas.
 
En los lugares donde los mercados son inexistentes o larvados, predomina la actividad agropecuaria tradicional. Por esta razón, la industrialización debe comenzar con la modernización de este sector y de las condiciones de vida de la población del campo, desarrollando mercados mediante inversión pública en infraestructura. Mejor, si esta inversión (que puede asociarse con la inversión privada), se focaliza a  partir de un ordenamiento territorial que dé lugar a un nuevo esquema de regionalización. La construcción represas y de canales de riego, silos, carreteras, electrificación, agua y desagüe, etc., son fundamentales para aumentar la productividad agropecuaria y generar condiciones de atracción de inversiones privadas para el desarrollo agroindustrial e industrial. En los años 2001-2006 la inversión en infraestructura como porcentaje del PBI solo llegó al 1.5%, mientras que en Chile fue de 5.2% 
 
De otro lado, las actividades industriales existentes y la aparición de otras nuevas, necesitan un tipo de cambio real que abarate el precio relativo de sus exportaciones y les permita competir con las importaciones. Un tipo de cambio real estable y competitivo “es esencial para el crecimiento en una economía abierta, de mercado y en desarrollo” (Ros, 2013). Aparte de la inversión en infraestructura, este es el otro eje de la política industrial porque también genera condiciones de rentabilidad para que aumenten las inversiones privadas en las actividades industriales (que son en esencia transables). Además, un tipo de cambio real competitivo “es una forma de subsidiar todos los sectores no tradicionales (mayormente transables), sin costos administrativos y sin propiciar comportamientos de búsqueda de rentas y corrupción” (Frenkel, 2014 y Rodrik 2003).
 
A modo de conclusión
 
Sobre los principios e institucionalidad de la política industrial puede verse nuestros artículos del 01/12/2012 y del 24/08/2013, publicados en este mismo diario. Hay otras medidas complementarias a las anteriores como el cambio de la matriz energética y construcción del gasoducto del sur; la disminución del poder de mercado en la provisión de servicios públicos; el financiamiento en soles en el mercado de capitales a pequeñas y medianas empresas; y, el desarrollo de programas de capacitación y calificación laboral con participación directa del sector privado.
 
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 15 de agosto
 

Fecha Publicación: 2015-08-02T09:27:00.000-07:00
 
Al igual que las políticas monetaria y cambiaria, la política fiscal es fundamental para lograr el objetivo de construcción de motores internos de crecimiento económico. La cuenta corriente de la balanza de pagos, la inflación, los niveles de actividad y de empleo, así como la composición de la población ocupada y de la producción, son afectados por los tres tipos de políticas, en este sentido, todas están relacionadas entre sí.
 
El esquema institucional vigente de la política fiscal
 
En los años 2001-2004 se realizaron importantes cambios en el esquema institucional de política fiscal. En el año 2003 se creó el Programa de Creadores de Mercado de Deuda Pública con varios objetivos: a) mantener un perfil de deuda pública sostenible incrementando notoriamente el peso de la deuda en moneda local; b) desarrollar el mercado de capitales en soles con la generación de una curva de rendimientos (de los bonos de la deuda pública con plazos de vencimiento distintos) referencial para las emisiones en la misma moneda local; y, c) mejorar la eficiencia de la política monetaria con el aumento de la competencia en el mercado financiero originado por la expansión del mercado de capitales en soles.
 
El Programa de Creadores de Mercado puesto en marcha en marzo de 2003, permitió reperfilar la deuda pública reduciendo riesgos de refinanciamiento, pre-pagar la deuda pública externa o en moneda extranjera y disminuir significativamente el ratio de deuda pública/PBI. También se creó la curva de rendimientos en soles, que es una referencia indispensable para la emisión de deuda en moneda local por parte del sector privado. El consecuente desarrollo del mercado de capitales en soles permitiría transformar los ahorros domésticos disponibles en inversión productiva doméstica de mediano y largo plazos; pero, además, permitiría combatir la dolarización de la economía. El objetivo último de estas transformaciones era lograr que el crecimiento económico sea realmente liderado por el sector privado nacional en una economía menos vulnerable y volátil.
 
También se modificó la ley de Prudencia y Transparencia Fiscal de 1999 que limitaba absurdamente el incremento del gasto no financiero real del gobierno a 2% anual y el déficit fiscal anual del sector público consolidado a 1% del PBI. La ley que la sustituyó fue la de Responsabilidad y Transparencia Fiscal promulgada en el año 2003. Posteriormente esta sufrió otras modificaciones y se le puso el nombre de ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Sin embargo, ninguna de sus modificaciones incorpora una regla contracíclica que tome en cuenta la trayectoria del superávit primario que hace sostenible la deuda pública
 
La gestión reciente de la política fiscal
 
Si bien aumentaron las emisiones del sector privado en el mercado doméstico de capitales, estas no fueron, todas, en moneda nacional. Los dos últimos gobiernos promovieron las emisiones privadas de deuda en dólares así como la posibilidad de que otros países de la región andina financien sus inversiones en el mercado local y en moneda extranjera. Tampoco se promovió la emisión de deuda de las pequeñas y medianas empresas en el mercado de capitales.
 
Desde el segundo gobierno de García se promovió la integración de los mercados de capitales de Perú, Chile y Bogotá, de tal forma que inversionistas chilenos, colombianos y peruanos pueden negociar en los tres mercados de manera simultánea. Esta integración desnaturaliza el objetivo de convertir el mercado de capitales en soles como el mecanismo de superación de la restricción de financiamiento de los inversionistas privados nacionales, porque desincentiva la participación de pequeñas y medianas empresas locales frente a empresas de Chile y Colombia consideradas menos riesgosas por su grado de desarrollo e historial crediticio. Las emisiones de las empresas peruanas requieren en muchos casos de garantías para bajar su costo financiero.
 
Por último, en la década 2003-2013, la política fiscal siguió basándose en la fijación de metas de déficit, con lo cual los ajustes pro-cíclicos se hacían mediante las variaciones de la inversión pública. Así se descuidó la inversión en infraestructura económica y social. Los gastos en salud y educación se mantuvieron relativamente estancados. Aumentaron recién en este año. Durante los diez años de alto crecimiento, los gobiernos privilegiaron la generación de superávit primarios, los mismos que alcanzaron un promedio de 2.6% del PBI, no obstante que el ratio de deuda/PBI había disminuido significativamente. Los cálculos del déficit estructural también muestran que la política fiscal de este período fue fundamentalmente contractiva.
 
Reforma de la  política Fiscal
 
Las siguientes propuestas de reforma están orientadas a mejorar la eficiencia de la política fiscal, para promover tanto la estabilidad macroeconómica como la transformación de la estructura productiva y del actual estilo de crecimiento. Estas reformas son:
 
1)  Implementar una regla explícita contra-cíclica utilizando la trayectoria del superávit primario que hace sostenible la deuda.
2)  Reformar la estructura tributaria para hacerla más progresiva y, de esta manera, facilitar la aplicación de la regla contra-cíclica.
3)  Implementar la “regla de oro” de la inversión pública según la cual el endeudamiento debe destinarse sólo a financiar el gasto de inversión y no el gasto corriente (véase F. Jiménez, 2008).
4)  Priorizar la inversión en infraestructura pública en el contexto de un ordenamiento territorial que dé lugar a un nuevo esquema de regionalización.
5)  Reformar el mercado de capitales haciéndolo predominantemente en moneda local y para facilitar la emisión de deuda por parte de las empresas privadas pequeñas y medianas. El desarrollo y profundización del mercado de capitales en soles, mediante un mayor impulso y promoción del Programa de Creadores de Mercados, debe convertirse en un mecanismo de endeudamiento alternativo al sistema bancario.
 
A modo de conclusión
 
La inversión pública en infraestructura económica y social, en países como el nuestro, es el mejor mecanismo de atracción de la inversión privada nacional. 

 
 
 
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 1 de agosto

Fecha Publicación: 2015-07-25T06:40:00.004-07:00
Antes de abordar el tema de las políticas para la construcción de fuentes internas de crecimiento y desarrollo, en este artículo propondremos algunos cambios en el actual esquema institucional de políticas monetaria y cambiaria orientados a la configuración de una estructura de precios relativos funcional a un nuevo estilo de crecimiento basado en la expansión de los mercados internos y de las actividades transables.

Reglas vigentes de políticas monetaria y cambiaria

Desde 2002 la política monetaria está basada en una meta de inflación (con una banda de +/- 1%), y una regla con la tasa de interés de referencia del Banco Central (BCRP) como instrumento. Se supone que los movimientos de esta tasa influyen positivamente en el resto de tasas de interés de plazos más largos. Bajo este esquema de política, el BCRP mueve su tasa para asegurar que la inflación y las expectativas de inflación no se alejen de la meta anunciada y, al hacerlo, también asegura la reducción de la brecha del producto. En el mismo año 2002 se introdujo una regla de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario para contrarrestar las fluctuaciones del precio del dólar. La aplicación de esta regla, dada la inflación doméstica, debería impedir apreciaciones o depreciaciones abruptas del tipo de cambio real y, al mismo tiempo, debería permitirle al BCRP contar con suficientes reservas internacionales para intervenir en el mercado.

Para garantizar la eficiencia de este nuevo esquema de políticas monetaria y cambiaria, el BCRP debería desdolarizar el crédito y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo del mercado de capitales en soles. La lección que nos dejó la crisis de 1998-1999, fue concluyente: la dolarización del crédito bancario, a familias y empresas con ingresos en soles, implica un riesgo cambiario notable por el efecto hoja de balance a que da lugar un aumento del tipo de cambio. (Este mismo riesgo cambiario lo tiene la deuda pública cuando es predominantemente externa o en moneda extranjera).

La reciente aplicación de las reglas monetaria y cambiaria

A inicios de 2002, el BCRP anunció una meta explícita de inflación de 2.5%, dentro de una banda de 1.5% y 3.5%. Pero, en enero de 2007, el nuevo directorio del BCRP decidió bajar la meta de inflación a 2% (+/- 1%). La única justificación para esta reducción fue que la inflación subyacente se mantuvo por debajo de la meta desde fines de 2004 hasta fines de 2006. Esta decisión no tomaba en cuenta la importancia que en nuestro país tienen los choques de oferta, dada su estructura productiva. Pero, además, no se ponderó que la disminución de la meta a 2% podría restarle eficiencia a la política monetaria en situaciones recesivas en las que aún se precisan de estímulos monetarios.

La administración de Julio Velarde, además, de reducir la meta de inflación, en 2007 cambió la política de encaje que en 2004 «se impuso a los adeudados con el exterior de la banca comercial para evitar (los) ciclos de expansión y contracción del crédito en moneda extranjera de origen externo». Con este cambio de política Velarde promovió nuevamente el incremento del crédito en moneda extranjera. (Véase O. Dancourt y R. Jiménez, 2014, Perú: lecciones de la recesión de 2008-2009).

Por último, en la actual desaceleración económica el BCRP utiliza la tasa de encaje en moneda nacional, en lugar de bajar significativamente su tasa de interés de referencia. Entre noviembre de 2013 y junio de 2014, disminuyó esta tasa de 4.25% a 4%, y realizó disminuciones posteriores hasta llegar a 3.25%, que es la tasa vigente en la actualidad. Su temor es que mayores rebajas estimulen mayores salidas de capital que den lugar a incrementos en el precio de dólar y, consecuentemente, a aumentos en la tasa de inflación y a efectos hojas de balance por la existencia de crédito en moneda extranjera.

Reforma de la  política monetaria y cambiaria

Las siguientes propuestas de reforma están orientadas a mejorar la eficiencia de las políticas monetaria y cambiaria, y a promover la transformación de la estructura productiva y del actual estilo de crecimiento económico. Estas reformas son:
 
1)  Adoptar una meta de inflación de 3% (con una banda de +/- 1%).
2)  Mantener un tipo de cambio real alto y competitivo por largos períodos, con la aplicación eficiente de la regla de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario.
3)  Adoptar restricciones fiscales y de otro tipo, fundamentalmente a la entrada de capital financiero especulativo.
4)  Desdolarizar el sistema financiero.
5)  Fortalecer el mercado doméstico de capitales en soles.

Las tres últimas son condiciones indispensables para mejorar la eficiencia de la política monetaria y cambiaria. Sobre la quinta trataremos con más detalle en nuestra próxima entrega. Lo que importa destacar aquí es que un mercado de capitales en soles robusto, aumenta la competitividad en el mercado financiero, abaratando el costo del endeudamiento.

La adopción de una meta de inflación de 3% (+/-1%) permitirá al BCRP enfrentar con mayor flexibilidad los choques de oferta y las restricciones sectoriales que ocurran durante el proceso de transformación de la estructura productiva, que a su vez debe ser acompañado por incrementos de la demanda interna. Tener más espacio para la política monetaria, es fundamental en una economía que va a transitar de un estilo de crecimiento primario exportador a otro basado en la expansión de la agricultura, la agroindustria y la manufactura, entre otros.

Por último, la adopción de un tipo de cambio real estable y competitivo para promover la expansión de las actividades transables. Según la teoría, un régimen de tipo de cambio flotante permite aislar la economía doméstica de las fluctuaciones financieras internacionales: la moneda se aprecia cuando entran capitales y de deprecia cuando salen. Pero, cono señala Dani Rodrik, «pocas economías toleran (estos) reajustes cambiarios. La apreciación abrupta de la moneda local destruye la competitividad internacional del país. Y la depreciación abrupta provoca consecuencias inflacionarias que la convierten en pesadilla de los bancos centrales».

A modo de conclusión

Transformar el actual estilo de crecimiento requiere una nueva estructura de precios relativos.




 Publicado recortado y con errores en el Diario UNO, el sábado 25 de julio
 

Fecha Publicación: 2015-07-18T12:55:00.002-07:00

El estilo de crecimiento primario exportador de los últimos 25 años ha llegado a su límite. La crisis internacional iniciada en 2008-2009 ha provocado un largo estancamiento de la demanda externa de commodities, con términos de intercambio a la baja y condiciones financieras desfavorables. Se habla de un periodo de estancamiento secular por el que estarían atravesando las economías industrializadas, lo que significaría que el «motor externo» que dio lugar al alto crecimiento de los años 2003-2013, se mantendría apagado por un tiempo relativamente largo. Esto obliga, a países como el nuestro, a construir fuentes internas de crecimiento y desarrollo.
 
Con el «motor externo» apagado, es imposible crecer a una tasa igual o superior a 4% promedio anual y menos a las tasas que se registraron durante la «década dorada» de 2003-2013. Las políticas fiscal y monetaria contra-cíclicas no pueden reemplazar a ese «motor externo», ni configurar, sin cambios estructurales y de precios relativos, las condiciones para un nuevo estilo de crecimiento, distinto al neoliberal primario exportador.
 
Los problemas generados por el neoliberalismo    
 
Los que creen que las políticas contra-cíclicas son suficientes para enfrentar la actual desaceleración económica (la tasa de crecimiento de los meses de enero-mayo de este año con respecto a similar período de 2014, ha sido de solo 2.14%), no toman en cuenta los problemas generados en nuestra economía con la aplicación de las reformas y políticas neoliberales.
 
En primer lugar, la desaceleración ocurre por la caída de la demanda (fundamentalmente de inversión en el sector extractivo), simultáneamente con una presión al alza de la tasa de inflación originada por una sistemática depreciación monetaria. El tipo de cambio sube porque salen capitales debido al giro en sentido contrario de la política monetaria norteamericana y porque aumenta el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Este déficit fue de 4.0% en 2014 y ha subido a 5.7% en el primer trimestre de este año.
 
No hay caída conjunta de la demanda agregada y de la tasa de inflación para reducir la tasa de interés, siguiendo la regla de Taylor. Como la inflación sube en lugar de bajar, una disminución de la tasa de interés con el propósito de aumentar la demanda, puede exacerbar la presión al alza del tipo de cambio. En lugar de reactivar la economía se originaría un efecto contrario. Dada la dolarización de las colocaciones del sistema bancario, aumentaría su cartera morosa, provocando una contracción mayor de los créditos y problemas de «hoja de balance» en los bancos que dolarizaron los créditos.
 
No se ha aprendido nada, o muy poco, de los efectos que produjo en nuestro país la crisis asiática y rusa de los años 1997-1998. Entre abril de 2013 y el 1 de julio de 2015, el Banco Central (BCRP) en su intento fallido de impedir la subida del tipo de cambio, ha perdido el 42.9% de sus reservas internacionales (posición de cambio). La tasa de pérdida mensual entre  enero y junio de este año, fue de US$ 1,193 millones.  El BCRP ahora tiene solo US$ 28,212.6 millones, cifra que alcanzaría  únicamente para 24 meses, si la tasa de pérdida mensual continúa.
 
En segundo lugar,  la tasa de crecimiento del producto potencial es muy baja: entre 3.5% y 4.5% del PBI. Las magnitudes varían según los métodos de estimación que se adopte y según se tome en cuenta para el cálculo del producto potencial, todo el PBI o solo la producción material, dejando de lado las actividades de servicios. Impulsar el crecimiento mediante aumentos de la demanda interna, a tasas superiores a la del producto potencial, exacerbaría las presiones inflacionarias y acrecentaría el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.
 
Las reformas y políticas neoliberales cambiaron la estructura productiva y, por tanto, el comportamiento a largo plazo del PBI. La economía peruana actual es menos productora de bienes manufacturados y agrícolas, y más productora de servicios de baja productividad. El 67.1% del PBI de 2013 corresponde a actividades no transables (comercio, construcción y servicios). Este porcentaje se eleva a 79.2% si se le adiciona la producción de minería e hidrocarburos. La producción manufacturera, agrícola y pesquera representa solo el 20.8% restante, producción que equivale al 25% de la suma del consumo e inversión del sector privado. De otro lado, el total de las importaciones de bienes asciende a 157% de la producción manufacturera a precios de 2007. Este porcentaje se reduce a 112.5% si la producción agrícola y pesquera se suma a la producción manufacturera.
 
En tercer lugar, el patrón de acumulación de capital que dio lugar a este tipo de estructura productiva, si bien aumentó el coeficiente de inversión a PBI, estuvo caracterizado por un sesgo hacia la inversión en construcción. La participación de esta inversión se mantuvo, en promedio, por encima de la participación de la inversión en maquinaria y equipo. Esta última aumentó en los años de la «década dorada», pero estuvo dirigida fundamentalmente hacia el sector extractivo.  Como resultado de ello, el stock de capital per cápita aumentó en solo 26.9% durante el período 1990-2013, casi la mitad del incremento registrado (43.5%) en los años 1960-1980. Esta reducción relativa de la capacidad productiva per cápita explica la existencia de un alto porcentaje (73.7% del empleo total) de trabajadores informales (de baja productividad y bajos ingresos), a pesar del crecimiento en la «década dorada». Pero, además, esa reducción opera como una barrera a los aumentos sostenidos del PBI per cápita, debido a que aumentarían significativamente las importaciones y, por lo tanto, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.
 
A modo de conclusión
 
La actual estructura de precios relativos --funcional a este estilo de crecimiento sesgado a la producción de commoditiesy de bienes y servicios no transables--, tiene que cambiar para dar inicio a la construcción de motores internos de crecimiento y desarrollo. 
 
 
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 18

Fecha Publicación: 2015-07-11T17:53:00.000-07:00
Los efectos económicos contractivos de la crisis internacional de 2008-2009, que aún no se revierte totalmente, nos obligan a replantear el contenido de la política económica aplicada en el país en los últimos veinticinco años. La vulnerabilidad externa de la economía peruana no es nueva. En la mayor parte de su historia, los impulsos al crecimiento y los factores de su desaceleración, no fueron internos sino fundamentalmente externos. Tampoco es nuevo que en las etapas de enfriamiento económico, como el actual,  «redescubramos» que se hizo muy poco o casi nada por desarrollar fuentes internas de un crecimiento y desarrollo sostenible. Lo nuevo es que la actual desaceleración económica, al igual que la recesión de los años 1998-2001, ocurre en una economía con una estructura productiva afectada por las políticas neoliberales. Además, este hecho nuevo nos dice que es imposible construir motores de crecimiento internos con las mismas políticas que acompañaron a los episodios de crecimiento de los años 1993-1997 y 2003-2013.

Las lecciones que tenemos que aprender
En primer lugar, no se puede seguir con una economía dependiente de las fluctuaciones de la economía internacional. El carácter abierto de la economía no tiene por qué entrar en contradicción con la necesidad de generar fuentes internas de crecimiento económico, es decir, fuentes de crecimiento que se encuentren dentro del Estado-Nación. Esta endogenización del crecimiento es la alternativa de desarrollo con relativa independencia de los mercados internacionales.
Después del fracaso del proceso sustitutivo de importaciones y de la crisis de la deuda externa, se introdujeron políticas de ajuste estructural, de desmantelamiento de los estándares regulatorios y las privatizaciones, en consonancia con el decálogo del Consenso de Washington, que afectaron notablemente la estructura productiva, la composición del producto, y su capacidad de absorción de empleo. Las políticas de industrialización y de diversificación productiva fueron dejadas de lado porque, según la ideología neoliberal, no eran compatibles con la libertad y auto-regulación de los mercados y con la noción de que las intervenciones del Estado solo generan distorsiones en los mercados.
En segundo lugar, la libre movilidad de capitales es otro factor de vulnerabilidad de la economía ante cambios repentinos en los mercados financieros. Los efectos de estas fluctuaciones son nocivos para el crecimiento y  el empleo. Las entradas de capitales aprecian la moneda minando la competitividad de las actividades transables y sus abruptas salidas generan fuertes presiones inflacionarias. A esta apreciación que genera el influjo de capitales se suma la llamada «enfermedad holandesa» que es la apreciación provocada por el modelo primario exportador.
En tercer lugar, no es verdad lo que dice la «teoría» de la libre movilidad de capitales. Según esta «teoría» las inversiones productivas domésticas son financiadas por los fondos de capital internacionales. Lo que sí es verdad es que las empresas transnacionales aprovechan la libre movilidad de capitales para financiar sus inversiones, en el país o en sus países de origen, mediante la absorción de ahorro doméstico a través de emisiones de títulos financieros en el mercado nacional de capitales.
En relación a los problemas que genera en nuestros países la libre movilidad de capitales, el propio FMI señaló en febrero de 2010 que «la lógica sugiere que los controles a los flujos de capitales diseñados apropiadamente podrían ser útiles complementos a otras políticas». Los controles impedirían la pérdida de competitividad de las actividades transables por la apreciación monetaria que generan los influjos de capitales, y, también reducirían –como bien señala Dani Rodrik— «la vulnerabilidad de la economía a cambios repentinos en el sentimiento de los mercados financieros que causan estragos en el crecimiento y en el empleo».
En cuarto lugar, no hay que olvidar que el problema central en países con escaso desarrollo industrial y agrícola como el nuestro, no está en la magnitud de las inversiones domésticas, sino en la orientación de su asignación. Las inversiones privadas nacionales no se dirigen, por sí solas, a desarrollar agroindustria y manufactura en la sierra y la selva del país. Estas tienen restricciones tanto de mercado como de financiamiento que las inversiones extrajeras no las tienen. Esta es la razón por la cual no se puede prescindir del Estado, de su capacidad para orientar la transformación productiva y su diversificación.
Finalmente, la experiencia enseña que las políticas pro crecimiento y empleo deben estar acompañadas por políticas macroeconómicas (fiscal, monetaria, cambiaria y de desarrollo del mercado de capitales) que les son funcionales. Estas políticas no pueden operar en sentido contrario ni ser, ni son en la práctica, absolutamente neutrales. Las políticas macroeconómicas son las que determinan la estructura de precios relativos útiles para la orientación de la asignación de las inversiones; y, la política de inversiones públicas, en particular, es fundamental para superar la restricción de mercado de las inversiones privadas nacionales.  
A modo de conclusión
Suena mal decir, «se les dijo; se les advirtió». Pero, en este caso es preciso recordar que los responsables del retraso en el gasto de inversión en las regiones y del enorme riesgo cambiario que enfrentan las empresas privadas endeudadas en dólares son Luis Miguel Castilla y «el mejor banquero central de América Latina», Julio Velarde. El porcentaje de dolarización de los créditos corporativos, de la gran empresa y de la mediana empresa está por encima del 50%, y el de los créditos hipotecarios es de 33.5%.
 
 
Publicado en el Diario UNO, hpoy sábado 11 de julio.

Fecha Publicación: 2015-07-05T10:14:00.002-07:00
El gobierno griego no pudo convencer a sus acreedores para que le reduzcan significativamente su deuda y para cobrar mayores impuestos a las grandes empresas y fortunas. Esta propuesta era la alternativa a los rescates condicionados a los recortes de gastos y a los incrementos de los impuestos indirectos que le exigían sus acreedores. El martes 30 de junio Grecia tenía que pagar 1,600 millones de euros al FMI y, como no lo hizo, esta institución lo declaró en default.

Grecia en el espejo de América Latina

Seguir con las políticas de austeridad (recortar gastos sociales y limitar los gastos de inversión priorizando el pago de los servicios de la deuda pública), es condenar a la economía griega a un largo estancamiento. Los ajustes fiscales no ayudan a salir de la crisis; por el contrario, la prolongan. Grecia viene aplicando desde hace cinco años estas recetas de la «troika» (el grupo de decisión integrado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, y el Fondo Monetario Internacional), y en lugar de mejorar económicamente, está peor.   

América Latina fue el lugar del primer experimento de este tipo de políticas. Tan pronto se inició la crisis de la deuda externa, en 1982, el gobierno norteamericano puso en marcha el Plan Baker, junto a los programas de estabilización del FMI, con el objetivo de generar liquidez en los países deudores bajo la condición de que éstos aplicaran ajustes fiscales drásticos. Se trataba de una liquidez generada por los préstamos denominados de ajuste estructural, que no incorporaban la reducción de la deuda ni de la carga de sus servicios.  Los recortes de los gastos que hicieron los gobiernos, provocaron un largo estancamiento económico que luego fue denominado la «década perdida de América Latina».

A fines de la década, en 1989, se puso en marcha el Plan Brady que sí contemplaba la reducción del valor nominal de la deuda, la rebaja de sus servicios y la obtención de nuevos préstamos, pero que sumaba a las políticas de austeridad, la privatización de las empresas públicas, la liberalización comercial y financiera, la flexibilización del mercado laboral, las facilidades a las inversiones extranjeras, el pago obligatorio de los atrasos y otras reformas estructurales, todo bajo la supervisión conjunta del FMI y del Banco Mundial. Así, las políticas económicas para nuestros países se dictaron desde el exterior, con lo cual perdió sentido la concepción del Estado Nacional como centro básico y soberano de decisiones de política. Grecia está ahora en una situación parecida.

¿Crisis de la Unión Europea?

Algunos eventos socio-políticos pueden convertirse, sin que necesariamente se hayan propuesto sus actores, en hechos ejemplares y con transcendencia histórica. Este puede ser el caso si el pueblo griego vota masivamente por el NO en el referéndum convocado para el próximo domingo 5 de julio. Votar por NO someterse a las políticas definidas por la «troika», sería la expresión de la recuperación --por medios democráticos-- del Estado Nacional como «centro básico y soberano de decisiones» para reestructurar la economía griega. Pero hay que señalar que el objetivo de la «troika» es otro. Pretende que el referéndum sea el que saque al primer ministro Alexis Tsipras del gobierno.

La crisis que provocaría la salida de Grecia del sistema del Euro, sería la demostración de que la globalización o integración económica mundial, no es posible ni siquiera en términos de un federalismo «regional» como lo es la llamada Unión Europea. Aspirar a un supra-Estado y a una economía global, es posible solo sacrificando la democracia y la soberanía nacional.

El proyecto político de la Unión Europea tuvo un defecto de origen. Les quitó soberanía monetaria a sus integrantes, creando un Banco Central único, pero dejó un conjunto desigual de países con relativa autonomía fiscal. Los miembros de esta Unión perdieron la posibilidad de hacer política monetaria y cambiaria, pero podían implementar programas fiscales deficitarios, endeudándose con los bancos de los países del centro europeo. Este tipo de endeudamiento encontró su límite en plena crisis financiera internacional desatada con la quiebra de Lehman Brothers.

Grecia es solo un eslabón de la cadena de países endeudados de la periferia europea. Los otros son Italia y Portugal con una deuda de 132% y 130% de su PBI, respectivamente. Pero aunque sólo represente el 2% de la economía de la Unión Europea, el triunfo del NO podría acabar con el mito de tener un «Estado Nacional» totalmente receptivo a las necesidades de la economía internacional (o del centro europeo), sin afectar la democracia. Las decisiones de política fuera de las fronteras nacionales afectan la democracia. Como dice Dani Rodrik, «Democracia, soberanía nacional e integración económica mundial son objetivos mutuamente incompatibles. Si se desea más globalización hay que renunciar a algo de democracia o a algo de soberanía nacional. Alcanzar los tres objetivos es imposible».

A modo de conclusión

Alexis Tsipras no propone ciertamente sacar a Grecia de la zona euro. Pero la decisión no está en sus manos, sino en la de sus acreedores y de la «troika». Estos ya han conseguido que más de la mitad del presupuesto griego se destine al pago de intereses y amortizaciones de la deuda. Acentuar las políticas de austeridad y ajuste, como pretende la «troika», será imposible si gana el NO en el referéndum. Por eso la salida de Grecia del sistema del Euro es altamente probable; y, si ocurre, puede constituirse en un ejemplo de recuperación del Estado Nacional. No habrá más efectos que la  continuación del estancamiento económico internacional. En todo caso sus efectos financieros serán mínimos. Grecia, la cuna del pensamiento democrático republicano y del Estado de Derecho, está ante la posibilidad, como dice Stiglitz, de  «modelar un futuro»





Publicado en el Diario UNO, el sábado 04 de julio



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Fecha Publicación: 2015-06-23T17:20:00.000-07:00
Economistas, politólogos y otros profesionales está difundiendo la idea de que el problema central en el Perú de hoy está en la existencia de instituciones débiles. No sorprende que los acólitos del llamado milagro económico (el alto crecimiento de los años 2003-2013) estén de acuerdo con este diagnóstico. Son los que difunden la idea de que «los culpables de esta debilidad son «los gobiernos». Son los mismos que sostienen –contradictoriamente-- que la causa del milagro de las «realizaciones económicas y sociales» fue la Constitución de 1993. ¡Fue una nueva institución –la constitución del 93—la que hizo posible el aumento de la inversión privada (y también de la pública), generando, por lo tanto, crecimiento, creación de empleo, disminución de la pobreza, etc.!   

«Milagro» con instituciones económicas extractivistas

Lo que no se entiende bien es por qué coinciden con este diagnóstico, los que sostienen que el crecimiento de los años 2003-2013 fue un falso milagro y que sus causas fueron totalmente externas (crecimiento de la demanda mundial, precios altos de los minerales y condiciones financieras favorables). Reconocen que fue un crecimiento con un alto porcentaje (73.7%) de trabajadores informales y con un pobre desempeño de la productividad (véase el libro de Ganoza y Stiglich: El Perú esta Calato – El falso milagro de la economía peruana y las trampas que amenazan nuestro progreso).

Si se acepta que este crecimiento fue el resultado de la operación de instituciones económicas extractivistas, entonces no será difícil concluir por qué éstas fueron acompañadas por instituciones políticas también extractivistas. Decir que las instituciones son débiles, es, por lo tanto, un eufemismo, para encubrir que el extractivismo es la característica fundamental del modelo neoliberal, modelo que  se introdujo precisamente con la constitución del año 1993. Las instituciones políticas extractivistas son fuertes, no son débiles, y para sustituirlas con instituciones políticas inclusivas, se tiene que cambiar el modelo económico y político neoliberal, y el contrato social que le dio origen.

Las instituciones económicas extractivistas son las que operan extrayendo rentas, sin transformar ni innovar, y que promueven, junto a la concentración del poder económico, el desmantelamiento de los estándares regulatorios. El neoliberalismo, como ideología de la libertad irrestricta del mercado, ha promovido la explotación (especialización en la producción) de recursos con alta renta natural, como los minerales. Pero también, la obtención de ganancias espurias de competitividad mediante la flexibilización del mercado de trabajo y el abaratamiento de los costos laborales; por eso no hemos tenido ganancias de competitividad sobre la base de aumentos en la productividad. Hay extractivismo en todos los sectores de la economía. Es la institución de la ganancia fácil (piense en las AFP, en los seguros, o, más específicamente, en las ganancias cambiarias de los bancos).

Las instituciones políticas extractivistas

Las «deficiencias institucionales» de las que nos hablan Ganoza y Stiglich no se pueden desvincular del extractivismo neoliberal de los últimos 25 años, aunque su origen o parentesco es más remoto. La «debilidad de los partidos políticos, la incapacidad del Estado para imponer seguridad y combatir el crimen, y la pérdida de legitimidad de los poderes del Estado», así como el deterioro de la calidad de la Educación y de los servicios de Salud, tienen relación con las políticas económicas neoliberales implementadas en los últimos veinticinco años. ¿Quién no sabe que en los años noventa se generaban superávit primarios para servir la deuda externa, recortando gastos en educación, salud y mantenimiento de la infraestructura económica y social? ¿Quién no recuerda que en pleno «milagro» se generaron superávit primarios de 3.2% del PBI en los años 2004-2008 y de 2.8% en los años 2011-2013? ¿Quién no sabe que esta ideología de la austeridad es, en todo momento y en todo lugar, una ideología neoliberal?

Krugman dice que «las ideas realmente malas tienen un extraordinario poder de resistencia (…) Y el ejemplo perfecto de una idea realmente mala es la determinación, contra toda evidencia, de defender que el gasto público que ayuda a los desfavorecidos es una causa fundamental de nuestros problemas económicos». A los neoliberales no les importa que «la ayuda a los desfavorecidos» en Perú, sea mejorar la calidad de la educación y salud públicas, o aumentar los sueldos de los maestros, del personal del poder judicial y de la policía. Por eso decimos que las instituciones económicas extractivistas no están disociadas de las instituciones políticas extractivistas. Estas últimas no incentivan la innovación ni la eficiencia en el ejercicio de la función pública; erosionan la democracia porque no promueven la virtud cívica y la rendición de cuentas de los elegidos; evaden la fiscalización; y, favorecen la penetración de la corrupción en las instituciones de Estado. Entonces, la llamada debilidad institucional es funcional al modelo neoliberal extractivista.

Shock institucional o cambio de modelo

Para superar esta «debilidad» se requiere un shock institucional –dicen Ganoza y Stiglich—orientado a lograr «cuatro cambios fundamentales para tener instituciones políticas y judiciales conducentes al desarrollo: 1) fortalecimiento y concentración de los partidos políticos; 2) representatividad de esos partidos con mecanismos de democracia interna; 3) calidad de los jueces y fiscales por medio de una carrera judicial meritocrática; y, 4) transparencia y rendición de cuentas en las instituciones judiciales (poder Judicial, Ministerio Público y Consejo Nacional de la Magistratura)».

Pero se trata de un shock que no va al fondo del problema. El proceso político determina el tipo de instituciones económicas y son las instituciones políticas las que determinan cómo funciona este proceso. Por lo tanto, de acuerdo con Acemoglu y Robinson, «El problema está en quién tiene el Poder (cómo se toman las decisiones, quién toma esas decisiones y por qué los que tienen el poder deciden hacer lo que hacen) (…) Diferentes instituciones tienen distintas consecuencias para la prosperidad de una nación, sobre cómo se reparte esa prosperidad y quién tiene el poder» La solución está entonces por el lado de la acción política y de los procesos políticos.






Publicado en el Diario UNO, el sábado 20 de junio

Fecha Publicación: 2015-06-13T11:24:00.000-07:00
El neoliberalismo atraviesa por una «coyuntura crítica» (véase David y Ruth Collier, 1991). El enfriamiento económico y la crisis política e institucional, han configurado un escenario de ruptura del equilibrio que existía entre el poder político y económico y que, por lo tanto, abre la posibilidad de cambios significativos en la economía y en la política. El proceso electoral que se avecina estará así dominado por la discusión sobre la insostenibilidad del modelo económico neoliberal, con la participación de expresiones políticas nuevas que pondrán en entredicho a las viejas estructuras partidarias. Se trata de un momento de cambio decisivo porque recién, después de veinticinco años, son evidentes los daños causados por el neoliberalismo en la economía y en la sociedad.
 
Los daños en la estructura económica
El reciente crecimiento de cerca de una década y los cuatro años de crecimiento en los noventa, tuvieron como fuente a factores externos y no a factores internos: aumento de los precios de las materias primas, crecimiento de los países desarrollados y condiciones financieras favorables. El neoliberalismo nos inserta a la economía internacional desmantelando, fundamentalmente, los estándares regulatorios existentes en el comercio exterior y en el mercado de trabajo. Este tipo de inserción nos mantiene como productores de materias primas, dadas nuestras ventajas comparativas, sobre todo naturales.
No fueron las políticas monetaria y fiscal, ni la cambiaria, las que explicaron el crecimiento. Tampoco fueron las privatizaciones que encarecieron los precios de los servicios públicos.  La apreciación monetaria que generó el boom primario exportador, en ambos períodos, y la apertura comercial, ayudaron a combatir la inflación, pero dieron lugar a una espectacular penetración de importaciones en el mercado interno.   
Como el boom fue el resultado de factores externos, la recesión y el enfriamiento económico (como el actual), también fueron el resultado de los mismos factores externos, pero con signo contrario: disminución y/o estancamiento de los precios de las materias primas, estancamiento económico de los países desarrollados y condiciones financieras desfavorables.
Las políticas neoliberales, entonces, en lugar de sentar las bases para un crecimiento económico determinado por factores o fuentes internas, debilitó esta posibilidad. Largos periodos de caída del tipo de cambio real hicieron perder competitividad a las actividades productoras de transables o comercializables, como las actividades manufactureras y agroindustriales. La estructura de precios relativos configurada en veinticinco años de neoliberalismo, favoreció el crecimiento de las actividades terciarias de no-transables (servicios y comercio), que acompañó al boom de las actividades primario-exportadoras. Las actividades terciarias y la construcción emplean al grueso de los trabajadores de baja calificación y productividad. En consecuencia, el crecimiento económico neoliberal no se basó en aumentos sostenidos de la productividad, sino en las ventajas naturales de las materias primas (sobre todo minerales).
En resumen, el neoliberalismo dañó la estructura productiva. La hizo menos industrial y agrícola y más productora de servicios de baja productividad. El crecimiento de la capacidad productiva per cápita se rezagó frente al crecimiento de la PEA. Por eso fue incapaz de resolver  el problema de la informalidad.
Los daños institucionales  
Pero el neoliberalismo no solo dañó la capacidad de la estructura productiva para crecer mediante aumentos en la productividad. También dañó las instituciones. Quizás sería mejor decir que fortaleció a  las instituciones extractivitas, a las instituciones que favorecen el rentismo y no la innovación, a las que debilitan la democracia y facilitan la corrupción. Estas instituciones no son débiles, sino todo lo contrario. Pero, son las instituciones que acompañan al extractivismo económico.
¿Cómo llegamos a esta situación? Las instituciones extractivistas no son nuevas en nuestro país. Pero, con el neoliberalismo se han hecho corrosivas, a tal punto que han puesto en cuestión a la democracia constitucional liberal. Son el resultado de las políticas neoliberales que se introdujeron en nuestro país con los paquetes de ajustes patrocinados por el FMI y el Banco Mundial desde fines de los años setenta, pasando por los ochenta y hasta los noventa.
Las políticas de austeridad, obligaron a recortar el gasto (en los presupuestos de educación, salud, seguridad, defensa, etc.) y a reducir el personal (comprando sus renuncias) de la administración gubernamental del Estado. Los recortes de gasto también afectaron el mantenimiento de la infraestructura económica y social (carreteras, hospitales, escuelas, universidades públicas, etc.). Estas políticas de austeridad  --las mismas que ahora pretenden imponerle a Grecia--, sirvieron para pagar los servicios de la deuda externa del país. Dañaron la capacidad del Estado para proveer seguridad y educación de calidad, y menoscabaron la independencia del poder judicial durante las discusiones presupuestales.
Además, el neoliberalismo, en su expresión política, fomentó el individualismo y la despolitización, privatizó la función pública y propició la penetración del poder económico en las funciones de gobierno. A todo esto se sumó la crisis de los partidos que desprovistos de ideologías después de la caída del muro de Berlin, se convirtieron en estructuras formales de poder y de usufructo del poder (ejecutivo y legislativo) por las oligarquías partidarias que compiten periódicamente con ese fin.
A modo de conclusión
Con una estructura productiva dañada y con instituciones que conspiran contra la propia democracia, contra el principio de que el origen del poder político proviene  de la comunidad de ciudadanos, ya no es posible apostar por la sostenibilidad del modelo neoliberal.
 
 
Publicado en Diario UNO, el sábado 13 de junio-

Fecha Publicación: 2015-06-06T16:01:00.000-07:00
El presidente Humala dejó la decisión sobre el proyecto minero Tía María en manos de la empresa transnacional Southern Peru Copper Corporation. Dijo: «No podemos tomar una decisión unilateral que no esté regida en el marco de la ley», porque expondría al Estado «a demandas legales internacionales por incumplimiento». Luego añadió: «la labor del Ejecutivo es defender el principio de autoridad y el Estado de derecho en el país».
 
El Estado de derecho de Humala
 
Humala reveló así que abandonó su filiación nacionalista y que, además, tiene una sui generis concepción sobre el Estado de Derecho. Por un lado, el nacionalismo para Humala ya no es «una alternativa democrática a la actual modernización neoliberal excluyente y desnacionalizadora»; ya no es «un programa político de cambio radical del modelo neoliberal que acentúa la desigualdad social, depreda los recursos naturales, violenta la legalidad y la democracia, y no genera desarrollo». Por otro lado, al dejar en manos de la empresa transnacional la decisión sobre el proyecto minero Tía María, Humala renunció a defender la soberanía nacional y a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.
 
Profano en Política y Derecho, Humala somete al Estado Peruano a la fuerza de los flujos y reflujos económicos dependiente de las decisiones de las empresas transnacionales. No sabe que «cuando alguien hace lo que le manda un amo, entonces ese alguien no es un ser libre, es un esclavo» (Férnadez Liria et al.). No sabe que la ley deja de ser la «gramática de la libertad», si es esclavizada por el poder económico, y, cuando esto ocurre, se violenta el Estado de derecho.
 
Humala ha olvidado que fueron leyes esclavizadas (como los contratos de estabilidad) las que heredamos del «fujimorato» y que él se comprometió a revisar para restituir la soberanía y la autodeterminación nacional. El Estado de Derecho que defiende Humala es entonces un Estado donde las leyes son órdenes del poder económico y que, por lo tanto, no son expresiones de la razón, la justicia y la libertad.  
 
La violación del principio democrático
 
Humala, al igual que sus antecesores, ha puesto al Estado al servicio de los intereses económicos transnacionales. Por esta razón regenta un gobierno que solo de nombre es democrático, porque «ya no es el pueblo el que detenta el poder». Quiere imponer a toda costa el proyecto minero Tía María, como quiso imponer el proyecto minero Conga y lo hará con otros proyectos extractivos en las concesiones efectuadas, sin consulta previa, en los distintos lugares de la sierra y la selva del país. No respeta los derechos humanos ni el derecho de los pueblos «a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma». Tampoco respeta el derecho que tienen los pueblos «a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos». (Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículos 26 y 29).
 
En línea con el carácter antidemocrático de su gobierno, Ollanta Humala ha decretado el Estado de emergencia en la zona, en lugar de abrir el diálogo y convenir en la realización de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental por la evidentes externalidades negativas que tiene el proyecto. Como anota Jürgen Schuldt, el proyecto de la Southern de construir una planta desalinizadora en las playas de Mejía «afectaría la vida submarina» e implicaría «un exagerado uso energético». No se puede avalar, entonces, un proyecto que se suma a otros en perjuicio del equilibrio ecológico. 
 
El estado de emergencia no solo cancela el diálogo o, por lo menos, lo hace más difícil, sino también deslegitima al actual gobierno. Es a todas luces condenable que se haya recurrido a la fuerza cuando no es el pueblo, sino el propio gobierno el que ha vulnerado el Estado de Derecho, sometiéndose al poder económico.
 
Luchar contra el extractivismo neoliberal
 
El reciente paro exitoso de 48 horas de las regiones del sur (Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna) en solidaridad y defensa de los derechos del pueblo del Valle de Tambo que se opone al proyecto minero Tía María, es otro cuestionamiento importante al modelo económico neoliberal extractivista. El primero lo hicieron los jóvenes, hace apenas cinco meses, movilizándose contra la «ley Pulpín» que les recortada derechos laborales.
 
Las masivas movilizaciones en defensa de los derechos laborales y de los derechos de los pueblos y comunidades, son parte de una incursión política de nuevo tipo. En general, las movilizaciones por la defensa de los diversos derechos ciudadanos, apuntan a la restitución del principio democrático de participación en las decisiones que atañen a los integrantes de la comunidad de ciudadanos.
 
Si las movilizaciones continúan y se expanden a lo largo y ancho del país; si los jóvenes, los trabajadores, los movimientos regionales y otros movimientos democráticos y progresistas construyen coaliciones efectivas en defensa de sus derechos, entonces surgirá una importante innovación política en el país; el surgimiento de un vasto movimiento popular con una agenda política precisa: cambiar el modelo económico neoliberal extractivista y rescatar el principio democrático según el cual el origen y la legitimidad del poder político proviene del pueblo. Ni gobiernos que practican la impostura, ni actividades económicas que violenten los derechos del pueblo y el equilibrio ecológico. 

 
Publicado en el Diario UNO, el sabado 6 de junio.

Fecha Publicación: 2015-05-23T17:17:00.001-07:00
En los periodos de auge de las exportaciones primarias  --porque sus precios y demanda externa aumentan--, la abundancia relativa de moneda extranjera (enfermedad holandesa de tipo I) genera presiones a la baja del tipo de cambio. Estas presiones se exacerban con la entrada de capitales (enfermedad holandesa de tipo II) atraídos por las oportunidades financieras que ofrece la economía primario exportadora en crecimiento. Lo contrario ocurre cuando se estanca la demanda externa y los precios de las materias primas ya no aumentan. La economía se enfría, la cuenta corriente de la balanza de pagos se hace deficitaria y se van los capitales generando presiones al alza del tipo de cambio.
     
La actual presión devaluatoria, en plena desaceleración del crecimiento, es, entonces, un conocido hecho estilizado de la economía primario exportadora. Justamente por esta razón, la reforma de la política monetaria y cambiaria efectuada en los años 2001-2002, incorporó la regla de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario, junto al objetivo de acumulación de reservas internacionales, para morigerar las fluctuaciones del tipo de cambio. El nuevo esquema de política cambiaria y  monetaria (esta última, basada en metas de inflación y una regla con la tasa de interés como instrumento), exigía, para ser eficiente, desdolarizar el crédito bancario y la deuda pública.
La notable apreciación monetaria
El directorio del BCRP presidido por Julio Velarde no aplicó eficientemente este nuevo esquema de política monetaria y cambiaria. Desde julio de 2006 hasta enero de 2013, el tipo de cambio real bilateral  se redujo en 27%, perjudicando a los productores de bienes y servicios transables. Velarde expresó más de una vez su adhesión a la libre flotación cambiaria, por eso dejó que la moneda se apreciara sistemáticamente hasta que terminó el auge primario exportador.
Cuando en 2013 se inició la «normalización» de la política monetaria norteamericana con el anuncio del alza futura de las tasas de interés, la salida de capitales de nuestra economía se intensificó dando lugar a fuertes presiones al alza del tipo de cambio. El BCRP no ha logrado revertir esta presión devaluatoria no obstante que entre el 30 de abril de 2013 y el 11 de mayo de 2015, redujo su posición de cambio en cerca de 40% (vendió 19,492.54 millones de dólares).  La actual posición de cambio del BCRP se encuentra por debajo de los 30 mil millones de dólares.
La dolarización de los créditos
Durante sus ocho años y cinco meses como presidente del BCRP, Velarde hizo muy poco por desdolarizar los créditos del sistema bancario. Desde el inicio de su gestión alentó el crédito en dólares al «relajar las regulaciones preexistentes sobre el encaje en moneda extranjera para las líneas de crédito y al elevar la remuneración a este encaje». En octubre de 2007 modificó las «normas de encaje para fomentar el financiamiento externo de largo plazo de los bancos y desincentivar el de corto plazo». Ello, sin embargo, no impidió la alta dolarización de los créditos a grandes empresas y corporaciones (59.6%), a medianas empresas (58.1%), para financiar compra de vehículos (66.5%) y crédito hipotecario (33.5%).
Esta dolarización de los créditos obliga al BCRP a impedir la continua subida del tipo de cambio, porque, de lo contrario, se pondría en peligro a bancos y cajas que han dolarizado sus créditos. Una crisis bancaria como la de los años 1999-2000 convertiría el actual enfriamiento económico en una franca y prolongada recesión. Hay que señalar, además, que las presiones al alza del tipo de cambio continuarán a lo largo de este año y del próximo, porque a partir de setiembre próximo subirán, según lo anunciado, las tasas de interés en Estados Unidos. Mientras mayores sean las tasas de interés en Estados Unidos, más capitales saldrán de los países como el nuestro.
Velarde en su laberinto
En 2014 la tasa de crecimiento del PBI se redujo a 2.4% y no hay signos de una franca recuperación. El BCRP debería bajar su tasa de interés para reactivar la economía, pero no lo hace por temor a exacerbar la salida de capitales. En su lugar está utilizando la tasa de encaje. En un contexto de presiones devaluatorias aumenta la demanda de dólares y el retiro de los depósitos bancarios en soles. Por esta razón, las reducciones de la tasa de encaje están generando escasez de liquidez en el sistema bancario y el consecuente aumento de la tasa de interés interbancaria.
La dolarización de los créditos del sistema bancario obliga al BCRP a impedir que suba más el tipo de cambio. Velarde ha creado, así, su propio laberinto. No baja la tasa de interés para no exacerbar el alza del tipo de cambio y vende dólares (reduce la posición del cambio del BCRP) para impedir que suba el tipo de cambio. Usa dos instrumentos para un solo objetivo, el cambiario.  De otro lado, usa la tasa de encaje (la reduce) para aumentar la liquidez en el sistema bancario y ayudar a la recuperación de la economía, pero provoca un efecto contrario. Con menores reservas de encaje los bancos enfrentan una escasez de liquidez frente a la demanda en aumento de retiros de los depósitos en moneda nacional, lo que da lugar a un incremento de la tasa interés interbancaria, y, consecuentemente, a un encarecimiento del crédito precisamente cuando se requiere abaratarlo.  
A modo de conclusión
Velarde, «el mejor banquero central de América Latina», dice que para bajar la tasa de interés de referencia y así abaratar el costo de los créditos en soles, «tiene que darse un escenario en que el tipo de cambio esté calmado».
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 23 de mayo

Fecha Publicación: 2015-05-10T06:59:00.000-07:00
El conflicto por el proyecto minero Tía María –como los de Conga y Bagua en su momento--, es la expresión de la fractura del país en dos: el Perú oficial y el otro Perú postergado, menospreciado, discriminado y violentado en sus derechos. No hay reconocimiento político y jurídico explícito del carácter multicultural del otro Perú de la sierra y de la selva. Por eso, el Perú Oficial, actualmente aliado con el extractivismo neoliberal, menosprecia sus demandas de preservación ecológica y sus derechos de posesión o uso de sus territorios.

Los agricultores del valle de Tambo, en cuya cabecera se encuentran los yacimientos de cobre Tía María y  La Tapada, temen que la ejecución del proyecto minero afecte su actividad agrícola al disminuir y contaminar el flujo de agua. Y tienen razón por el historial ambiental negativo de la Southern. Pero los defensores del modelo neoliberal del Perú oficial, usufructuarios del crecimiento económico impulsado por la inversión de los grandes proyectos mineros, los acusan de enemigos de la minería y de la modernidad. Su visión etnocentrista les impide aceptar que la población del valle de Tambo puede tener razón y que, por lo tanto, sería mejor someter a evaluación de expertos neutrales el  Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Imponer un proyecto minero sin contar con una licencia social legítima, es políticamente etnocrático  –como diría Rodolfo Stavenghagen-- y antidemocrático, porque viola los derechos de las comunidades.

Preservación ecológica y defensa del multiculturalismo

Este es el tema de fondo del actual conflicto que revela el carácter aun inacabado de la Nación. Es un tema que debiera ser parte del ideario de la izquierda del siglo XXI y que, por lo tanto, debiera convocar ahora mismo a una amplia coalición progresista con una agenda de transformación económica y política del país.

La defensa de los derechos de las comunidades y sus demandas de preservación ecológica, se inscriben en la concepción de Democracia republicana que reivindica la soberanía de la comunidad de ciudadanos frente a sus representantes elegidos. Como dice Ambrosio Velasco: es el pueblo el que «autoriza a ciertos miembros de su comunidad a gobernar en su representación».

La libertad política de los ciudadanos y de los pueblos, es decir, su participación en las decisiones que atañen a su comunidad, es un valor democrático fundamental que los liberales y neoliberales obvian. Como afirma Ambrosio Velasco, «Los principios fundamentales de la democracia liberal, que exigen igualdad de derechos entre todos los individuos de un Estado, excluyen la posibilidad de satisfacer el reclamo multiculturalista del reconocimiento jurídico y político de las diferencias sociales y culturales entre diferentes grupos, principalmente étnicos, que conforman la población de todo Estado».

La agenda de transformación de la izquierda del siglo XXI debe incorporar, en consecuencia, la construcción de una democracia donde el ejercicio del gobierno se base en «leyes que expresen el consenso entre las diferentes clases y grupos sociales que conforman el pueblo y que por lo tanto conduzcan al bien común de toda la sociedad».

Otra democracia y otro patrón de crecimiento económico

Con la globalización económica neoliberal «los Estados se han puesto al servicio de la economía, con lo cual --dice Todorov-- lo único que queda de democracia es el nombre, porque ya no es el pueblo el que detenta el poder». La democracia bajo el neoliberalismo, entonces, propicia la despolitización y privatización de la vida pública. Por esta razón, cambiar esta situación en nuestro país significa cambiar íntegramente el modelo neoliberal, es decir,  cambiar el patrón de crecimiento extractivista primario exportador y, simultáneamente, la democracia constitucional liberal reivindicando el principio de la participación política en sociedad. Se requiere una nueva Constitución para generar las condiciones institucionales y legales de una democracia donde, no solo el origen, sino también la legitimidad del poder político provengan del pueblo, incorporando mecanismos explícitos de comunicación y control ciudadano sobre los elegidos por el voto popular.

Pero, para que esta fundamental reforma política no encuentre su muerte en el «orden espontáneo del mercado», como lo advertimos en nuestro artículo del 14-03-2015, hay que transformar el modelo económico neoliberal y crear «un contexto social que permita mejorar la calidad de la democracia bajo los principios de la justicia social y económica, del interés general y de la libertad política». Con este fin, el nuevo modelo  económico debe basarse en la expansión de mercados internos mediante el desarrollo agrícola, agroindustrial e industrial, diversificando, al mismo tiempo, las exportaciones. En esta estrategia de desarrollo que hemos denominado Economía Nacional de Mercado cabe la producción minera que respete los derechos de las comunidades, que contribuya a la preservación ecológica y que funde su legitimidad en la licencia social.

A modo de conclusión

Hay más, pero esta es la agenda mínima que debe convocar a la unidad de las izquierdas. Es el parteaguas de una postura progresista y de izquierda en los tiempos actuales. El parteaguas no puede ser la «integración sudamericana», como afirma otro articulista de este diario. ¿Qué tipo de integración?; ¿una unión monetaria?, ¿una programación económica conjunta?, ¿una integración comercial?, ¿una integración política? ¿Cuál? La globalización neoliberal es también una integración, pero que vulnera la autodeterminación nacional y resta soberanía a los Estados de nuestros países. La estrategiaque planteamos es de autodeterminación frente a la presión de la globalización; pero esta, sin duda, requiere de mecanismos de cooperación política y económica como la Comunidad Andina, el MERCOSUR, la UNASUR y el CELAC, para mantener nuestra independencia de las grandes potencias.
 

Nota: El Diario UNO no salió el sábado 9.

Fecha Publicación: 2015-04-25T15:44:00.003-07:00
El gobierno de Humala está dispuesto a imponer el proyecto de la empresa Southern Peru Copper Corporation, para explotar los yacimientos de cobre Tía María y  La Tapada que se encuentran en la cabecera del Valle de Tambo en la provincia de Islay de Arequipa. El pueblo se opone a este proyecto minero a tajo abierto porque existe el riesgo de que ocasione erosión ecológica y daños irreparables a la agricultura del valle.
 
Obediente con la Sociedad de Minería, el gobierno de Humala ha enviado un espectacular contingente de policías para hacer «respetar el orden» y así evitar que la inversión se detenga. La manifestación pacífica del pueblo durante el reciente paro solidario con el Valle de Tambo fue reprimida violentamente por la policía provocando la muerte del agricultor Victoriano Huayna Nina y decenas de heridos. El gobierno de Humala se opone a la realización de una consulta popular, no quiere una legítima licencia social, y tampoco desea someter el Estudio de Impacto Ambiental a un organismo internacional calificado, objetivo y neutral.
La modernización neocolonial es antinacional
Convencido, como está Ollanta Humala, de que la gran inversión transnacional es indispensable para salir del actual enfriamiento económico, su gobierno ha presentado al Congreso, para su aprobación, el proyecto de ley 3941, denominado «Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible». Este proyecto sigue la misma línea política de apoyo a la empresa Southern Peru Copper Corporation, por lo que, de aprobarse, pondría en riesgo el derecho a la tierra de comunidades amazónicas y andinas que carecen de titulación. Se trata de un proyecto violatorio del Convenio 169 de la OIT y del principio de la democracia según el cual la soberanía, en su origen y ejercicio, corresponde a la comunidad de ciudadanos, al pueblo.    
Humala sigue el camino de la modernización neocolonial que empezó con Alberto Fujimori y continuó con Toledo y García mediante las concesiones petroleras, gasíferas y mineras al capital extranjero.  Como Alan García, y su mentor Haya de la Torre, Humala cree que el capital transnacional sacará de la pobreza y el subdesarrollo a los peruanos. Por eso no cambió el estilo de crecimiento primario exportador y siguió la pauta de la globalización neoliberal.
Una vez que tomó el poder, Humala traicionó al pueblo. No cambió el modelo económico para, integrando social y políticamente al país, terminar de construir Nación. Mantuvo la economía en piloto automático, dependiente de la demanda externa y del aumento de los precios de los minerales. Subordinó la economía al capital transnacional, afectando los derechos de los pueblos a sus tierras y territorios. Se olvidó que el nacionalismo, en el mundo actual y en nuestro país, es una reacción de autodeterminación frente a la presión de la globalización. Cambió su ideología nacionalista por la ideología neoliberal.
La modernización neocolonial es antidemocrática
El pueblo es el que «autoriza a ciertos miembros de su comunidad a gobernar en su representación». En otras palabras, el poder político proviene del pueblo sobre el que se ejerce. Y este origen popular del poder exige que los gobernantes lo utilicen para el bien del pueblo. Estos, en una auténtica democracia –como dice Ambrosio Velasco--, no pueden actuar con amplia discrecionalidad y sin control ciudadano. Tienen que procesar la pluralidad de puntos de vista y las distintas demandas, tratando de lograr consensos incluyentes. La democracia es integradora, no puede ser excluyente.    
Por lo tanto, un gobierno elegido, como el de Humala, que no respeta la cultura ni los derechos a sus tierras y territorios de los pueblos amazónicos y andinos, deteriora su legitimidad. Actuar sin consulta y sin legítima licencia social de la comunidad,  incumpliendo convenios internacionales como el de la OIT y favoreciendo al capital transnacional, es traicionar al pueblo que lo eligió. Ollanta Humala no fue elegido para convertir a nuestra economía en una pieza del modo de producción global.
El origen popular de la soberanía política y la consulta al pueblo sobre asuntos que atañen a su vida en comunidad para obtener su consentimiento, son dos elementos fundamentales que definen una práctica democrática. Es verdad que los liberales (y neoliberales) se alejan de esta concepción porque –como nos recuerda Ambrosio Velasco—ellos creen en «la superioridad intelectual y moral del gobernante; creen que este conoce mejor los intereses del mismo pueblo y por ello puede decidir sin su consentimiento expreso». Pero, aceptar esta visión liberal acerca de la naturaleza de los elegidos, es contradecir el principio de la democracia según el cual «todo poder político proviene del pueblo; por lo tanto el pueblo es el titular de los derechos de tal poder».
A modo de conclusión
En nuestro país persiste una fractura social y política que las elites empresariales y políticas que detentaron el poder reprodujeron en el tiempo. Así llegamos a la globalización neoliberal que se impuso en nuestro país con un estilo de crecimiento que, en lugar de resolver esta fractura, la ha exacerbado mediante concesiones de territorios amazónicos y andinos al capital transnacional, sin autorizaciones expresas de los pueblos respectivos.
 
Nota: Expreso mi rechazo a la intervención policial en el Valle de Tambo y mi solidaridad con el pueblo de la provincia de Islay que defiende sus derechos.
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 25 de abril.

Fecha Publicación: 2015-04-20T16:45:00.000-07:00
El presidente Ollanta Humala insiste, hasta desgañitarse, que su gobierno no ha mantenido a la economía en piloto automático porque ha puesto en marcha un plan de diversificación productiva. No sabe que este plan --por lo demás,  tardío-- es más de lo mismo. Su primer eje apuesta por el mercado externo, que hoy se encuentra estancado; su segundo eje sigue la lógica neoliberal de las desregulaciones y la flexibilización del mercado de trabajo; y, su tercer eje contiene una conjunto de medidas administrativas(¡) para aumentar la productividad. Por lo tanto, nada nuevo e importante dejará el gobierno de Humala a su sucesor. Empezó mediatizando los programas sociales propuestos en la campaña electoral y los dejará con problemas de financiamiento debido a la contracción económica.

Las políticas fiscal y monetaria del piloto automático
¿Cómo puede decir que no mantuvo la economía en piloto automático si hizo ministro de economía a Castilla, el viceministro de hacienda de Alan García? Este ministro que rebajó Pensión 65 de 250 soles a 125 soles y mantuvo el presupuesto de educación por debajo de 3% del PBI, centró su gestión en la generación de superávit en cerca de 2% del PBI. Fue el ministro que, en lugar de focalizar la inversión pública en infraestructura para desarrollar mercados internos, se dedicó --como él mismo lo dijo--, a prenderle velitas a China para que siga creciendo a tasas altas. Tampoco avanzó en el desarrollo del mercado de capitales, y más bien lo abrió a inversionistas extranjeros que se llevan nuestros ahorros para invertirlos en sus países de origen. No se le ocurrió desarrollar esquemas de financiamiento en este mercado para apoyar la modernización de las pequeñas y medianas empresas productivas. Fue el ministro de los road-shows externos para «promover inversiones», pero fue el que contrajo la inversión pública en 11.2% el 2011 para luego mostrar como logro su incremento en los años 2012 y 2013. Fue el ministro que en setiembre de 2014 dejó una inversión pública en caída y que terminó con una contracción de 3.6%. Por su parte la inversión privada, a pesar de sus road-shows, creció solo 6.5% en 2013 para luego caer en 1.6% en 2014.

En materia de política monetaria tampoco se hizo nada para ayudar a cambiar el estilo de crecimiento dependiente del mercado externo y de los altos precios de las materias primas. Humala mantuvo a Julio Velarde como presidente del directorio del Banco Central (BCR) nombrado por Alan García. Con Velarde a la cabeza se utilizó una mezcla extraña de dos instrumentos de política monetaria –la tasa de encaje y la tasa de interés de referencia del BCR--, que deterioró la eficacia de la nueva institucionalidad de la política monetaria introducida durante el gobierno del presidente Toledo. Hoy, en plena desaceleración del crecimiento, esta combinación extraña ha dado lugar una escasez de liquidez en soles y a un aumento de la tasa de interés interbancaria que puede conducir al encarecimiento del crédito. Además, desde agosto de 2006 Velarde hizo que la moneda se apreciara significativamente, haciéndole perder competitividad a las actividades productoras de transables, como las exportaciones no tradicionales, y provocando una masiva penetración de importaciones.
La economía creció, entonces, en piloto automático (por los crecientes precios y el aumento de la demanda mundial de los metales que exportamos). Cuando se apagó este motor externo, quedó en evidencia que no se hizo nada por cambiar el estilo de crecimiento. Hoy ya no existe la posibilidad de un piloto automático para crecer. Humala, por lo tanto, no tiene cómo relanzar el crecimiento. El resultado de su administración pasiva de la economía, parece ser el camino hacia la recesión.   

Escenario internacional e inversiones
La información internacional sobre la evolución de las principales economías, confirma que el estancamiento económico se prolongará por varios años más. Las políticas contracíclicas no están generando los resultados esperados. Las tasas de interés se encuentran en niveles muy bajos y, sin embargo, la inversión –como señala Haussman-- se encuentra muy por debajo de los niveles que registró en los años previos a la crisis de 2008. Asimismo, el  empleo sigue en niveles relativamente bajos y no se recupera sostenidamente. Las economías del mundo están padeciendo lo que Alvin Hansen denominó en 1938, un «estancamiento secular».

En consecuencia, seguir apostando por el motor externo para recuperar las altas tasas de crecimiento de los últimos años, no tiene sentido. Internamente no hay fuentes de crecimiento alternativas, porque no se hizo nada por crearlas. El panorama para las inversiones, entonces, es incierto. Hay un ex-presidente, responsable de la mayor catástrofe económica del siglo XX, que sostiene que “se puede aumentar, por lo menos, en 30% la inversión privada, si es que se genera un ambiente de unión y de confianza”.  No ha aprendido economía quizás porque en su segundo gobierno, él también administró la economía en piloto automático.
Si las perspectivas de las ventas son malas, si el crecimiento de la demanda y, por lo tanto, de las ventas es incierto, ningún inversionista arriesgará su capital. Por lo tanto, hay que decirle al ex presidente que “él puede llevar un caballo al agua, pero él no puede obligarle a que se lo tome”.

A modo de conclusión
La desaceleración del crecimiento económico está acompañada de fuertes presiones devaluatorias. Para morigerar estas presiones el BCR ha vendido dólares al mercado desde inicios de 2013, por un monto aproximado de 17,286 millones de dólares. Este monto representa una reducción cercana al 40% de su posición de cambio. Aumentan, por lo tanto, las expectativas devaluatorias que pueden conducir a fuertes presiones inflacionarias, junto a problemas de hoja de balance en el sistema bancario cuyas colocaciones aun se encuentran parcialmente dolarizadas.
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 18 de abril de 2015

Fecha Publicación: 2015-04-11T14:23:00.002-07:00
Desde que julio Velarde asumió la presidencia del directorio del Banco Central de Reserva (BCR), el tipo de cambio real se redujo sistemáticamente, dando lugar a una creciente penetración de importaciones en el mercado interno y a la pérdida de competitividad de las actividades transables como la manufactura. Entre julio de 2006 y enero de 2013 el tipo de cambio real bilateral se redujo en 27.03%. La salida de capitales asociada al giro reciente de la política monetaria de Estados Unidos frenó la caída del tipo de cambio real, generando fuertes presiones devaluatorias en pleno proceso de desaceleración económica. De otro lado, con la caída del tipo de cambio real las importaciones como porcentaje del PBI aumentaron de 14.6% en el periodo 1995-2005 a 20.0% en el período 2006-2014. Las importaciones de bienes como porcentaje de la producción manufacturera aumentaron de 89.8% en 2004 a 150% en 2014. Finalmente, las importaciones de bienes y servicios como porcentaje de la producción manufacturera aumentaron de 122.5% en 2005 a 180% en 2014.
 
Los efectos del rebote del tipo de cambio
Las fuertes presiones devaluatorias que empiezan con el año 2013, no han podido ser frenadas por el BCR. Sus intervenciones en el mercado, están generando  efectos contraproducentes. Pero, primero un poco de historia. El 26 de abril de 2012 Julio Velarde decía: «No nos preocupa la apreciación ahora sino un fuerte rebote (del dólar) más adelante». Nosotros criticamos esta afirmación, porque, entre otras razones, dejar caer el tipo de cambio (teniendo una regla específica de intervenciones esterilizadas), era crear las condiciones para un rebote o salto cambiario de envergadura. Cuanto mayor sea la apreciación mayor sería, decíamos, el monto de dólares que el BCR tendría que destinar de sus reservas para morigerar el rebote cambiario.
En una situación como la actual de enfriamiento económico y salida de capitales, las presiones al alza del tipo de cambio se acrecientan y dan lugar a dos procesos. Por un lado, impedir que el dólar suba en 1% implicará vender cada vez más dólares y en menos tiempo que antes, con lo cual la disminución de reservas se acelera. En efecto, entre abril de 2013 (fecha que las RIN alcanzan su máximo) y julio de 2014, es decir, en 15 meses las Reservas Internacionales Netas (RIN) disminuyeron en 2,719.2 millones de dólares; y, entre julio de 2014 y marzo de 2015, es decir, en 8 meses las RIN disminuyeron en 4,320.8 millones de dólares. De otro lado, las presiones devaluatorias y la generación de déficit en la cuenta corriente asociada al enfriamiento, cambian las  expectativas del sector privado. Como se espera una mayor devaluación, aumenta la demanda de dólares spot y de dólares a futuro, generando una presión adicional al alza del tipo de cambio.
La mezcla extraña de instrumentos de política monetaria
Con Julio Velarde, el BCR apoya su venta esterilizada de dólares con reducciones de la tasa de encaje. En la situación descrita entonces, las ventas crecientes de dólares implican retiros crecientes de soles del mercado, pero el BCR solo devuelve parte de los soles con operaciones de compra de certificados de depósitos, porque también baja la tasa de encaje. El resultado es que genera, como han señalado recientemente los bancos, una escasez de liquidez en soles que eleva la tasa de interés interbancaria (tasa a la que se prestan recíprocamente los bancos), situándola por encima de la tasa de interés de referencia. La tasa interbancaria está actualmente cerca del 4% mientras que la tasa de referencia se mantiene en 3.25%. Este alejamiento de la tasa interbancaria puede conducir al encarecimiento del crédito echando al traste el carácter contra cíclico de la política monetaria.
Esta es la segunda vez que dicha tasa se aleja de la tasa de referencia del BCR. La primera ocurrió cuando la apreciación de nuestra moneda se intensificaba por la entrada de capitales. El 16 de enero de 2008 Velarde incrementó las tasas de encaje mínimo legal y marginal en nuevos soles "para apoyar los mecanismos de esterilización monetaria en un contexto de un reciente ingreso significativo de capitales externos de carácter especulativo". El 21 de enero, Julio Velarde, declaró: "poner el encaje como lo hemos hecho es, para decirlo simplificadamente, como elevar dos veces la tasa de interés (del BCR), por ejemplo la subida que se hizo en enero (de 5 a 5.25%)".  El resultado de este experimento fue que del 18 al 21 de enero de 2008 la tasa de interés interbancaria se situó en 3.33% anual, 192 puntos básicos por debajo de la tasa de interés de referencia (5.25%); y, entre el 23 y el 25 de enero, batiendo todo récord, bajó hasta CERO. (Véase mi artículo El Revoltijo de la Política Monetaria, publicado en LR: 03-02-2008).  
Esta vez ha ocurrido lo mismo, sólo que con signo contrario, porque el contexto es de una fuerte presión devaluatoria. Velarde dirá ahora que la reducción de los encajes es más potente que bajar la tasa de interés de referencia que es lo que precisamente se requiere para contrarrestar la desaceleración del crecimiento.
A modo de conclusión
EL BCR está provocando una escasez de soles y una presión al alza del costo del crédito. Como señalan los propios bancos, el incremento del costo de los préstamos interbancarios puede elevar el costo del crédito en moneda nacional, originando precisamente un efecto contrario al que se quiere generar para enfrentar la desaceleración económica.
 
 
 
Publicado por el Diario UNO, el sábado 11 de abril.

Fecha Publicación: 2015-03-30T11:03:00.000-07:00
La desaceleración de la economía internacional ha puesto al descubierto los problemas estructurales de la economía peruana que le impiden mantener el ritmo crecimiento que registró en los años de altos y crecientes precios de los minerales. No hay motores internos que por sí solos, sin la intervención del Estado, reemplacen al motor externo que hoy se encuentra apagado. Las políticas y reformas neoliberales aplicadas en los últimos 24 años, fueron las responsables de estos problemas. La economía peruana, aparte de haberse reprimarizado, se hizo menos industrial y agrícola, y más productora de servicios con trabajadores de la variedad que Kalecki denominaba de «picos y palas», es decir, de baja calificación y con poco equipamiento de capital por trabajador. Este tipo de estructura productiva se expresa en un alto porcentaje de trabajadores informales, en el subdesarrollo del agro donde se encuentra el 30.7% de los trabajadores, y en una industria que ha perdido competitividad y mercados.
 
Promesas neoliberales incumplidas
 
La liberalización comercial provocó una notable penetración de importaciones que le quitó mercado interno a la producción nacional. Esta penetración fue exacerbada por la sistemática apreciación del tipo de cambio real asociada a la liberalización financiera, y por la ineficiencia en la aplicación de la regla de intervenciones cambiarias por parte del Banco Central. Se frenó o desaceleró la desdolarización del sistema financiero y aumentó el endeudamiento externo privado. Además, las entradas de capitales estimularon el consumo más que las inversiones.  
 
En veinticuatro años de neoliberalismo no se han superado las restricciones que enfrenta la inversión privada nacional para expandirse a lo largo y ancho país. El predominio del extractivismo impidió que crezca significativamente el empleo de calidad. Se limitó el gasto en educación y salud, y se descuidó el mantenimiento y la generación de nueva infraestructura económica y social acumulando un  déficit que se acerca al 50% del PBI. 
 
La confianza en la inversión extranjera más que en la inversión nacional, provocó el estancamiento de esta última (véase gráfico). La inversión privada nacional como porcentaje del PBI se mantuvo, durante los años del neoliberalismo, por debajo del porcentaje (16.3%) que alcanzó en los años 1980-1984. Es verdad que aumentó la inversión privada total en términos relativos, pero esto se debió al peso creciente que registró la inversión extranjera en los años 1995-1999 y 2005-2014. Tómese en cuenta, además, el predominio de la inversión en construcción frente a la inversión en maquinaria y equipo, con lo cual las inversiones en la industria y la agricultura no fueron capaces de generar un cambio estructural caracterizado por la absorción de fuerza de trabajo en actividades de alta productividad y que crecen más rápido que el promedio.
 
 
Durante el período neoliberal, la inversión privada nacional alcanzó un promedio de 12.2% del PBI y un máximo de solo 15% en los últimos cinco años (2010-2014). El resultado de este estancamiento fue la expansión de sectores terciarios (comercio y servicios) caracterizados por la presencia de trabajadores de baja calificación y productividad. El cambio estructural provocado por el extractivismo neoliberal fue, entonces, regresivo: en lugar de desarrollar la industria, y de diversificar y modernizar el aparato productivo, provocó la expansión de los sectores terciarios de baja productividad y que absorbieron los excedentes de trabajo.
 
Mercados internos e inversión nacional
 
Los neoliberales sostienen que en los países como el nuestro hay «enormes» oportunidades de inversión que no se aprovechan por falta de fondos. Como los ahorros son escasos, se requiere, dicen, del concurso creciente de los capitales extranjeros. Pero, esto no es cierto. En la economía peruana no existe una limitación al crecimiento por el lado del ahorro.
 
El ahorro nacional (público y privado) como porcentaje del PBI se mantuvo sistemáticamente por encima de la inversión privada nacional. Los porcentajes más altos de ahorro nacional se registraron en los años 2005-2009 (21.5%) y 2010-2014 (23.3%), mientras la inversión privada nacional alcanzó porcentajes menores (11.9% y 15%, respectivamente). Lo que elevó el porcentaje de la inversión privada total durante esos años fue la inversión extranjera, que alcanzó el 4.7% y el 4.9% del PBI, respectivamente.  
 
No es, entonces, por el lado del ahorro donde se encuentra la restricción a la expansión de la inversión nacional. Sabemos que la inversión extranjera se dirige a las actividades con alta renta natural (como la minería) y a sectores con mercados cautivos (como la telefonía). Esto no ocurre con la inversión nacional. No hay demanda de esta inversión porque no hay mercados en expansión. En una economía con un alto déficit de infraestructura, con pocas conexiones de la economía con la geografía y demografía, no pueden surgir nuevos mercados internos ni ampliarse los que ya existen.
 
«Lo que induce a invertir, a construir capacidad productiva, dice Edward Nell, es el crecimiento anticipado de los mercados. Si los mercados están creciendo rápidamente, las decisiones de invertir se tomarán rápidamente, incluso si la rentabilidad esperada es baja. Si los mercados están estancados, sin embargo, incluso si es rentable, habrá pocas razones para plantearse incrementar la capacidad y, por ello, las decisiones de invertir serán escasas».
 
A modo de conclusión  
 
Para endogenizar el crecimiento se tienen que crear mercados internos. Y, la gran transformación que esto significa supone una nueva relación del Estado con el mercado.
 
 
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 28 de marzo.

Fecha Publicación: 2015-03-21T17:55:00.001-07:00
Las marchas y logros del movimiento juvenil en la actual «coyuntura crítica» por la que atraviesa el país han  creado, decíamos en nuestro artículo del 14-03-2015, un «momento democrático» que abre la posibilidad de rescatar el sentido original de la política entendida como lazo de conexión social e instrumento de justicia. Es un «momento» que crea la oportunidad de «desprofesionalizar la política», promoviendo la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos y legitimar la democracia emancipándola del dominio del individualismo y del interés privado. 

Crisis de legitimidad de la democracia liberal

Hay crisis de legitimidad debido al funcionamiento de la democracia liberal divorciado del principiodemocrático de participación de los ciudadanos en las decisiones políticas. Sus instituciones y la llamada «clase política», actúan en contra de la esencia de la  democracia como «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo». Los gobiernos y representantes elegidos, no rinden cuentas de sus acciones y quedan fuera del control de los ciudadanos. Las expresiones de esta crisis de legitimidad pueden resumirse en:

1)     La práctica de una concepción individualista de la política y de la sociedad fomentada por el discurso liberal y neoliberal que reivindica el espacio privado frente a la acción política para ejercer la libertad y los derechos individuales, sin interferencias ajenas. En estas condiciones, como  nos recuerda Abellán López, la democracia liberal no requiere de ciudadanos con virtudes cívicas y activa participación política;
2)     La práctica oligárquica de los partidos políticos. Estos fueron concebidos «como los cauces fundamentales de representación, mediación y participación política». Pero, según Katz y Mair, se han convertido en «partidos cartel» porque: no dependen de su base militante; no tienen posturas ideo-políticas definidas; dependen de líderes caudillos; practican la componenda y la repartija; rechazan las elecciones primarias internas; y, dependen de empresas y grupos económicos;
3)     La práctica de una representación que aleja a la ciudadanía de la participación política. La democracia moderna es representativa, pero una representación desvinculada del control de la ciudadanía es un sustituto de la democracia que le quita soberanía al pueblo, a los electores; y,
4)     La reducción del congreso en «órgano que sirve de correa de transmisión y caja de resonancia del poder ejecutivo y, particularmente, del presidente», como señala Rodríguez Guerra. Esto desvirtúa el objetivo de la división de poderes del Estado en legislativo, ejecutivo y judicial, para que se limiten mutuamente.

El contenido de la reforma política

Para recuperar el sentido del proyecto democrático, las medidas de reforma política deben apuntar a solucionar los cuatro problemas mencionados. Medidas de este tipo, entre otras, son las siguientes:

1)  Fortalecer a los partidos sin quitarle poder a los ciudadanos:
§  Eliminar el voto preferencial. Este voto desdeña al partido y es contrario al principio de rotación. En su lugar debe incluirse el voto por una lista del partido, confeccionada en elecciones internas, y solo después el elector puede votar por el candidato de su preferencia y que se encuentra en dicha lista.
§  Financiamiento uniforme a los candidatos de los partidos durante la campaña electoral. Se debe constituir un Fondo Público, administrado con tal fin por el organismo electoral competente, con reglas para la rendición de cuentas y sanciones a sus infractores. Un porcentaje de este financiamiento puede destinarse al partido para gastos de administración durante el período electoral.
§  Todo partido debe tener candidatos para no perder su inscripción. Esto evitará la existencia de los «vientres de alquiler».  
2)  Desprofesionalizar la política, y fortalecer la ciudadanía y la política:
§  Eliminar la reelección inmediata del cargo de congresista, al igual que de los cargos de presidentes regionales y alcaldes;  y, fijar un máximo de dos mandatos para estos cargos y el de Presidente de la República. La reelección frena la renovación de cuadros e impide el fortalecimiento de la  política. 
§  Establecer para los congresistas el derecho a desafiliarse del partido que traiciona sus principios y el programa presentado en la campaña electoral. Este derecho se funda en el respeto al elector o ciudadano. 
3)  Fortalecer la independencia de los poderes del Estado y la democracia:
§  Pérdida del mandato cuando un congresista es nombrado ministro por el poder ejecutivo. Su objetivo es fortalecer la independencia de poderes.
§  Control constitucional del poder ejecutivo mediante la evaluación del informe anual del Presidente ante el pleno del Congreso. Esta evaluación debe incidir en las acciones de impacto nacional realizadas por el gobierno, las cuentas de los gastos del poder ejecutivo y las propuestas de acciones para al año siguiente.
4)  La representación debe contribuir a que el pueblo ejerza su soberanía:
§  Institucionalizar la vigilancia permanente de la ciudadanía a sus representantes y canalizar las denuncias de los casos en el que se «desvirtúa la promoción del interés general» y las prácticas corruptas en el ejercicio del cargo.
§  Reforzar la institución de la rendición de cuentas (semestrales o anuales) para erradicar la corrupción, ante asambleas de los representantes con los electores.
§  Abolir la inmunidad parlamentaria que fomenta la irresponsabilidad de los representantes.

A modo de conclusión


Estas y otras medidas deben situar a la democracia en la ruta del  republicanismo hasta anclar en una nueva constitución, sin olvidar que devolver el protagonismo de la vida política al ciudadano –como dice Andrés de Francisco—no es posible si no se garantiza la existencia social de los individuos. El pensamiento republicano es contrario a la concentración del poder y a la usurpación del espacio político por las oligarquías.     




Publicado en el Diario UNO el sábado 21 de marzo.

Fecha Publicación: 2015-03-14T06:52:00.002-07:00
Hemos dicho que el agotamiento del modelo económico neoliberal coincide con la persistente degradación de la democracia constitucional liberal, y que esta coincidencia ha configurado una coyuntura crítica donde el signo de cambios profundos es el movimiento juvenil que, con sus marchas contra la Ley Pulpín y el logro de su derogatoria, ha abierto el camino hacia el origen de la política como lazo de conexión e instrumento de justicia social.
 
Este signo de un nuevo momento democrático para el país no ha sido todavía aprehendido por los que se dedican a la «política» y creen que esta es una tarea de una clase especial y no parte de la vida activa de los ciudadanos. En este esquema de razonamiento, la democracia no requiere para funcionar de la participación política de ciudadanos comprometidos con virtudes cívicas, sino de profesionales de la «política».
 
Democracia y neoliberalismo
 
Según la concepción liberal de la democracia, los derechos individuales están asegurados mediante la profesionalización de la política. Se prescinde de la participación política de los ciudadanos, porque se desconfía de ellos, de su capacidad para tomar decisiones. Con el neoliberalismo, que se impuso en el mundo desde la década de los ochenta del siglo XX,  la legitimidad de la democracia se ha deteriorado aún más, debido a su sometimiento al «orden espontáneo del mercado». Se fomenta el individualismo o la dedicación de los individuos a sus actividades privadas, porque se considera que las tareas de la gestión pública son responsabilidad de la «clase política». Por eso, las políticas públicas han sido penetradas por el interés privado y los procesos electorales se han privatizado (hay compra-venta de «vientres de alquiler» y de votos).
 
Con el modelo económico neoliberal el interés público y, por lo tanto, la democracia, se ha subordinado al interés privado. En las propias organizaciones llamadas «partidos políticos», las prácticas democráticas han desaparecido. Con la crisis de las ideologías estas organizaciones actúan como grupos de interés privado; no les importa desarrollar ciudadanía, sino llegar al poder para usufructuarlo, siguiendo una lógica ajena a la idea democrática. No es solo el distanciamiento de los elegidos y los electores, lo que revela el fracaso de la representación política, sino su profunda penetración por intereses privados mercantiles. Los «partidos» y los elegidos no fomentan las virtudes cívicas, no persiguen el interés general, y tienen una praxis oligárquica que deslegitima a la democracia representativa.    
 
Cuando no se confrontan ideologías el debate político es sustituido por el debate sobre trivialidades y, como afirma Eloy García, este debate es dirigido por expertos en comunicación que solemnizan lo obvio y «que hacen de la política un gigantesco mercado en el que se lucha por un poder que ha perdido toda coloración. Es el reino del marketing donde la imagen se hace sustancia, en el que lo conveniente es no decir nada que signifique compromiso irrenunciable y donde un agujero en el zapato puede dar lugar a una pérdida de las elecciones».
 
La reforma política ¿para qué?
 
Con la penetración de los intereses privados en el ámbito de la gestión pública, la democracia ya no es «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo», como la definió Abraham Lincoln. Las prácticas y decisiones de los poderes del Estado, que son las instituciones de la democracia constitucional liberal, están lejos del control de los ciudadanos. 
 
Sin embargo, esta pérdida de legitimidad de la democracia, la profunda desafección ciudadana hacia las instituciones denominadas democráticas, no ha socavado el principio democrático, el ideal democráticode la participación política en sociedad o la implicación de los ciudadanos en las decisiones políticas. Se precisa, entonces, de una reforma política que haga posible la vigencia de la democracia republicana, que permita revitalizar las virtudes cívicas y reivindicar una nueva manera de hacer política. En fin, se precisa una reforma política para que sea posible cultivar la virtud cívicasuperando las reglas de la neutralidad neoliberal o del ciudadano pasivo; para revalorar el espacio público y enfrentar la corrupción; para institucionalizar la vigilancia permanente y el control ciudadano de los representantes elegidos y de los poderes públicos, y para enfrentar de otra manera los problemas colectivos.
 
Pero la reforma política que reclamamos no puede prescindir de la gran transformación económica y social. No es la prédica ni las nuevas reglas o instituciones que harán que surjan ciudadanos motivados a actuar a favor del bien común; es necesario un contexto social que permita mejorar la calidad de la democracia bajo los principios de la justicia social y económica, del interés general y de la libertad política. Hay que evitar que el carácter progresivo de la reforma política encuentre su muerte en el «orden espontáneo del mercado».   
 
A modo de conclusión
 
La virtud ciudadana es la condición sine qua non de la democracia republicana. Como dice Eloy García, « Es en el espíritu y no en las leyes, en el respeto del actuar cotidiano a los postulados de principio y no en los órganos del Estado, donde reside el remedio a la corrupción y con él, la última y mejor esperanza de la Democracia. Si el Poder es una realidad humana y si la política se define como el arte de actuar colectivamente en la (sociedad), no cabe hablar de Democracia sin ciudadanos dispuestos a obrar virtuosamente, a elevar el vivere civilea la condición de virtù
 
 
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 14 de marzo.
 
 

Fecha Publicación: 2015-02-28T10:32:00.003-08:00
Otra vez está en discusión si se debe aumentar o no el salario mínimo. Por mandato constitucional (artículo 24) el Estado es el que se encarga de su regulación con participación de las organizaciones de los trabajadores y empleadores. Hay, además, leyes que encargan su determinación al Consejo Nacional del Trabajo, donde participan el gobierno, los gremios empresariales y las confederaciones de trabajadores. Por último, existe una fórmula para su regulación periódica que toma en cuenta la productividad y la inflación. Sin embargo, toda esta institucionalidad es boicoteada por el propio gobierno y los gremios empresariales. 
 
Por qué debe aumentar el salario mínimo
 
El salario mínimo debió haberse aumentado ya. El último aumento se hizo en el 2011, y en los cuatro años que han pasado la inflación fue de 11.2%. Esto quiere decir que el actual salario mínimo ha perdido 11.2% de capacidad de compra. Por lo tanto, es de justicia que este salario aumente para restaurar su capacidad de compra.
 
En estos últimos cuatro años también aumentó la productividad en algo más de 12%. Esto quiere decir que disminuyó el costo unitario de producción (o lo que es lo mismo, aumentó la ganancia del capital) en un porcentaje similar. En consecuencia, el salario debe aumentar, para que ese incremento de la productividad no se vaya todo a manos del capital.
 
Los que dicen que el aumento del salario mínimo es inoportuno debido a la actual desaceleración económica, sin duda piensan que toda la producción es para exportación y que, por lo tanto, no importa que se mantenga o reduzca el salario. Es salario es visto solo como costo de producción. No toman en cuenta que el salario es también parte de la demanda.
 
Cuando aumenta el salario, aumenta el gasto (la demanda) en bienes y servicios, porque los trabajadores no atesoran el dinero en el bolsillo. ¿Quiénes producen los bienes y servicios que compran los consumidores? Las empresas. Por lo tanto, cuando sube el salario mínimo, lo más probable es que haya un incremento de la demanda de aquellos bienes y servicios que se producen para el mercado interno. Así, el aumento de la demanda puede más que compensar el incremento del costo de producción, ayudando a la reactivación de la producción para el mercado interno.
 
La baja productividad de los trabajadores
 
Es verdad que en un amplio sector de la economía hay trabajadores de baja calificación y baja productividad. Pero esta situación no es de exclusiva responsabilidad de los trabajadores. Las empresas pueden aumentar la productividad mediante la innovación y la capacitación de sus trabajadores. Si no lo hacen o no lo han hecho, no pueden argumentar que es inoportuno subir el salario mínimo. Además, la productividad en promedio aumentó. Es importante que el aumento del salario se vea como un incentivo para que las empresas innoven, hagan cambios técnicos y desarrollen programas de capacitación de sus trabajadores. Asimismo, las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas, deben proponer fórmulas para que baje el costo de financiamiento de sus inversiones. Este es el costo que les agobia más que el costo del trabajo.
 
Por último, el hecho de que en nuestro país predomine un alto porcentaje de empresas «de 1 a 10 trabajadores» de baja productividad, es resultado de la manera cómo crece la economía. Tenemos un estilo de crecimiento impulsado por la demanda externa de minerales y secundado por la expansión de actividades terciarias de baja productividad. Ese estilo del crecimiento tiene que cambiar, para que las empresas tengan la oportunidad de crecer, de ampliar su tamaño, de innovar y hacer cambios técnicos. Este cambio implica atender la agricultura e impulsar la industrialización. La industrialización y la diversificación productiva que el país necesita, debe partir de la agricultura y del desarrollo agroindustrial.
  
 
El salario digno es de interés público
 
El salario mínimo nace en 1962 como un instrumento de política de redistribución de ingresos. Cuando aumenta el salario mínimo, los salarios más bajos de la estructura salarial empiezan a subir, con lo cual la dispersión salarial disminuye. Y, cuando esto pasa, mejora el ingreso promedio de los trabajadores. Por eso el salario mínimo es un auténtico instrumento de redistribución de ingresos.
 
La controversia sobre el salario mínimo (así como sobre el salario digno) es una controversia sobre el interés privado versus el interés público. Los que están en contra de su incremento, creen que la promoción del interés privado de las empresas es la mejor manera de asegurar el interés público. Afirman que el aumento del salario mínimo genera distorsiones en los precios y afecta el empleo. Así, lo que es malo para el interés privado, es malo para el interés público.
 
Esta posición privatista no toma en cuenta que la existencia del salario mínimo previene la explotación extendida de los trabajadores con baja calificación, por parte de empresas que cuentan con mayor poder de negociación sobre los salarios. Tampoco toma en cuenta que los salarios dignos alientan el esfuerzo y, por lo tanto, la productividad de los trabajadores. Asimismo, cuando aumentan los salarios, aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores y, por lo tanto, la demanda agregada.
 
A modo de conclusión
 
La actualización periódica del salario mínimo, es de interés público. Su efecto positivo sobre el salario promedio, es un indicador de mejora del bienestar económico de los trabajadores. Cuando las empresas pagan menos que el necesario para la subsistencia de los trabajadores, afectan la futura capacidad productiva de la sociedad. Por eso un salario digno es simplemente un salario de interés público.
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado  28 de febrero.
 
 
 

Fecha Publicación: 2015-02-21T08:59:00.002-08:00
Según el INEI, la tasa de crecimiento del PBI en 2014 fue de solo 2.35%, menos de la mitad de la tasa de crecimiento que se registró en 2013. Se podrá decir que la política fiscal no contribuyó a detener la desaceleración porque se generó superávit fiscal en los años 2011-2012, pero no es su causa principal. En el 2013 el superávit  fue menor a 1% y es probable que en 2014 se registre un déficit. Tampoco se le puede achacar como causa de la desaceleración a la política monetaria. Es verdad que el Banco Central inició la disminución de su tasa de referencia recién a fines de 2013, pero el hecho es que los créditos en moneda nacional siguen creciendo a tasas cercanas al 20%.
 
No se puede negar que las demoras en la aplicación de políticas contra-cíclicas y su propia orientación, han tenido su cuota en la desaceleración del crecimiento, pero su causa más importante se encuentra en el estancamiento de la economía internacional y en la incertidumbre que acompaña a su recuperación en los próximos dos o tres años. Por lo tanto, ya terminó el ciclo largo de altos precios de las materias primas que exportamos. En la década de los años noventa este ciclo de altos precios duró apenas 5 años, pero el que acaba de terminar tuvo una duración de cerca de diez años. El actual gobierno desaprovechó esta tremenda oportunidad con la traición a su propuesta de transformar el estilo de crecimiento neoliberal.
 
El descuido de la oferta para el mercado interno
 
La economía creció entre 2002 y 2014 a una tasa promedio anual de 5.9%, pero en lugar de resolverse los problemas estructurales de la economía, se exacerbaron: alta tasa de informalidad (73.7%); subdesarrollo del agro que emplea a cerca de la tercera parte del total de trabajadores, pero que participó en la generación del PBI con solo 5.34% en 2014; aumento de la participación de los sectores terciarios de baja productividad, como los sectores de comercio y servicios que explican el 60.2% del PBI; deterioro de la manufactura con la reducción de su participación en la generación del PBI a 15%; un vector de exportaciones altamente especializado en productos primarios con un porcentaje (75%) similar al de las décadas de los años cincuenta y sesenta; y, una espectacular penetración de importaciones que representa más del 180% de la producción de la manufactura.  
 
 
 
A pesar de los 16 años de alto crecimiento (1993-1997, 6.8%; 2002-2008, 6.6%; y, 2010-2013, 6.7%) en los 24 años de neoliberalismo, se redujo sistemáticamente la participación de la oferta o producción orientada al mercado interno en la demanda interna (véase gráfico). En el período 1950-1989, esta participación se mantuvo, con fluctuaciones,  en un promedio de 86%. En 1990 alcanzó el 87%, pero después cayó sistemáticamente hasta 73% en 2013. Nunca antes se había registrado un porcentaje similar. En el período anterior al neoliberal, los porcentajes más bajos fueron de 82.3% en 1967 y de 82.1% en 1974. Además, hay que considerar que dentro de la oferta productiva orientada al mercado interno se reduce la participación de los sectores manufactura y agropecuario, mientras aumenta la participación de los sectores comercio y servicios. Es claro, entonces, que las políticas orientadas a la expansión de la demanda interna, sin cambios simultáneos en la oferta productiva para el mercado interno, darán lugar al aumento del déficit en la cuenta de la balanza de pagos y también a presiones inflacionarias.
 
La propuesta de diversificación productiva neoliberal
 
El plan de diversificación productiva oficial no tiene sentido en el actual escenario de estancamiento de la economía internacional. No toma en cuenta el efecto de las reformas y políticas neoliberales en la estructura productiva del país. Es una propuesta de cambio para que nada cambie como en la novela «El Gatopardo» de Lampedusa. Veamos por qué. Este plan tiene tres ejes. El primero es poner la economía en cadenas de valor internacional, apostando nuevamente por el papel de los mercados externos en pleno estancamiento de la economía internacional y descuidando el desarrollo de mercados internos. Y, precisamente porque apuesta por los mercados externos, su segundo eje hace énfasis en la necesidad de bajar los costos laborales, flexibilizar el mercado de trabajo, flexibilizar permisos y trámites. Esta es la razón, por ejemplo, de por qué los neoliberales del gobierno se oponen al incremento del salario mínimo.
 
Finalmente, su tercer eje se resume en un conjunto de medidas administrativas para aumentar la productividad. Sus autores no entienden que la productividad es un fenómeno macroeconómico resultado de cómo crece y opera la economía. Si se crece deteriorando la oferta orientada al mercado interno y a una tasa menor que la fuerza laboral, como ha ocurrido en los últimos 24 años, no hay manera de evitar que un alto porcentaje del empleo sea informal y de baja calificación, y de que se ubique en sectores terciarios de baja productividad.
 
A modo de conclusión
 
La diversificación productiva para iniciar el cambio del modelo neoliberal es la industrialización a partir de la agricultura, de su modernización y del desarrollo de la agroindustria. Para ello, las políticas orientadas a la expansión de la demanda interna (inversión pública en infraestructura y financiamiento, por ejemplo), deben orientarse a apoyar este tipo de industrialización y de diversificación de la oferta productiva para el mercado interno. Es la manera, además, de iniciar el cambio del marco institucional actual; de retirar las reglas de la globalización neoliberal del espacio que ocupan en las decisiones de  política de nuestro Estado Nacional.
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 21 de febrero.

Fecha Publicación: 2015-02-07T13:46:00.001-08:00
El gobierno insiste en aplicar medidas de recorte de derechos y beneficios sociales para reducir costos laborales y, de este modo, supuestamente estimular la inversión y, por lo tanto, el crecimiento de la producción y el empleo. Así, a pesar de haberse derogado --por presión de los jóvenes-- la llamada ley Pulpín, la Comisión de Trabajo y Economía del Congreso acaba de aprobar la propuesta del Ejecutivo de reducción de 10 a 5 el porcentaje de los trabajadores para facilitar los ceses colectivos. También ha aprobado «no considerar como remuneración computable el bono de desempeño no menor al 20% de la remuneración anual del trabajador», lo que significa que no se tomará en cuenta para el cálculo de las gratificaciones, CTS, EsSalud y pensiones de jubilación. Con la misma lógica, los neoliberales del gobierno se oponen al aumento del salario mínimo. Creen que bajando los costos laborales (política del cholo barato), las empresas competirán mejor en los mercados internacionales aumentando, consecuentemente, la producción exportable y el empleo.
 
El legado de las políticas neoliberales
 
Las políticas neoliberales no han resuelto los problemas estructurales de la economía.  Liberalizaron los mercados financieros y promovieron la libre movilidad internacional de capitales; liberalizaron el comercio exterior; privatizaron indiscriminadamente las empresas públicas; y, adoptaron medidas de creciente flexibilización del mercado de trabajo, estimulando una competencia espuria entre países similares al nuestro. Pero, los problemas estructurales siguen: aumentó la vulnerabilidad externa de la economía, se debilitó la capacidad de la industria manufacturera, se descuidó el desarrollo del agro,  y se terciarizó la economía aumentando el empleo precario y de baja productividad.
 
Específicamente, en veintitrés años de políticas neoliberales, no se avanzó casi nada en la diversificación productiva; la manufactura perdió participación en la generación del PBI y del empleo; no se redujo la informalidad (73.7% de los trabajadores son informales); se descuidó el desarrollo de los mercados internos; los salarios reales se mantuvieron prácticamente estancados; se manutuvo un vector de exportaciones dominado por la producción primaria (un promedio de 75% del total); se favoreció al capital extranjero dirigido a las actividades extractivas con contratos de estabilidad tributaria que lesionaron la soberanía nacional; no se redujeron los costos medioambientales de la explotación de recursos primarios; se siguen vulnerando los derechos de las comunidades para favorecer al capital transnacional con la explotación de los recursos naturales; no se promovió la innovación, el cambio técnico ni el desarrollo del capital humano; en fin, se creció impulsado por la demanda externa y expandiendo las actividades de servicios de baja productividad. 
 
Por todas las razones anteriores, y dado el contexto externo caracterizado por el estancamiento económico que no se revertirá a corto plazo, el abaratamiento de los costos laborales sólo agrava la situación de crisis porque azuza los conflictos sociales.
 
Los riegos de crecer expandiendo la demanda interna
 
Como ya no se puede crecer sobre la base de la producción primaria que se orienta a los mercados internacionales, otros economistas sugieren expandir la demanda interna mediante políticas fiscales y monetarias. Con este tipo de políticas se estimularía el crecimiento de los sectores no extractivos como la manufactura y el comercio.
 
Si bien esta opción es teóricamente válida, no toma en cuenta los efectos que el estilo de crecimiento primario exportador produjo en la estructura productiva y, en particular, en la capacidad productiva manufacturera, y tampoco considera los efectos en el mercado interno de la masiva penetración de importaciones.
 
Utilizando series con el nuevo año base 2007, encontramos que la participación de las importaciones en la demanda interna casi se duplicó en el periodo 1991-2013; pasó de 15% a 27%. En el periodo precedente, esta participación registró su máximo valor de 18% en 1974, año pico del ciclo económico. De otro lado, la elasticidad producto de las importaciones aumentó de 1.1 a cerca de 2 durante los años del neoliberalismo. Asimismo, el ratio de importaciones de bienes y servicios a producción manufacturera aumentó de 66% en 1987, a 132% en 1997 y a 186% en 2013. Si a la producción manufacturera se le suma la producción de los sectores pesca y agropecuario, dicho ratio aumentó de 50% en 1987, a 93% en 1997 y a 132% en 2013.  Por último hay que tomar en cuenta que el estilo de crecimiento de las últimas dos décadas produjo un estancamiento de la capacidad productiva per cápita: el stock de capital per cápita aumentó 43.5% en el periodo 1960-1980 y solo 26.9% en el periodo 1990-2013.
 
De acuerdo con estos indicadores, los impulsos de demanda interna, con exportaciones que no aumentan a ritmos anteriores debido al estancamiento de los mercados internacionales, harán crecer las importaciones y, en consecuencia, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos; además, de generar presiones inflacionarias debido a la reducida capacidad de respuesta de la oferta agropecuaria y manufacturera. La tasa de utilización de la capacidad productiva de la manufactura no primaria registró un promedio de 62.9% en el periodo 2006-2009 y de 71.7% en el periodo 2010-2013.
 
A modo de conclusión
 
Para sostener el crecimiento económico a tasas de 4% a 5%, expandiendo la demanda interna mediante las políticas fiscal y monetaria, deben –reiteramos lo que hemos señalado en otros artículos-- «identificarse medidas que  aumenten simultáneamente la demanda y la oferta productiva, cuidando de no generar presiones inflacionarias ni incrementos sustanciales en el déficit externo».
 
 
 
 
Publicado en el diario UNO el sábado 07 de febrero.
 

Fecha Publicación: 2015-01-31T09:47:00.004-08:00
Las cinco movilizaciones de los jóvenes efectuadas entre el 18 de diciembre de 2014 y el 26 de enero de este año, lograron su cometido: el Congreso de la República, en legislatura extraordinaria convocada por el presidente Humala, derogó la ley de empleo juvenil que le recortaba derechos y beneficios sociales. Por primera vez en la historia moderna de nuestro país se deroga una ley mediante la participación activa de ciudadanos movilizados. Además, se deroga una ley que forma parte de la reforma laboral neoliberal iniciada en los años noventa. Se trata entonces de un hecho histórico que, junto a la desaceleración económica y la erosión de la democracia constitucional liberal, ha configurado un momento de cambio significativo (coyuntura crítica) en la economía y en la política.

La crítica al modelo económico neoliberal

La reforma laboral neoliberal se orienta a flexibilizar el mercado de trabajo, es decir, a la «eliminación de trabas o rigideces que impiden la libre operación del mecanismo de la oferta y la demanda». Entre estas trabas o rigideces se encuentran no solo los contratos colectivos y la sindicalización, sino también otros derechos y beneficios laborales que, según el discurso neoliberal, encarecen la mano de obra. En la lógica de este discurso, el abaratamiento de la mano de obra es fundamental para incentivar las inversiones y, en consecuencia, el crecimiento del empleo. Por esta razón se propone reducir los costos de producción de las empresas a costa de los trabajadores. De otro lado, los neoliberales sostienen que un país compite mejor con otros por inversiones extranjeras, cuando tiene los salarios más bajos. Se fomenta así una competencia espuria, rentista o extractivista, en empresas que producen para los mercados internacionales, y se reduce el mercado interno, al disminuir o estancar la capacidad de compra de los salarios, para empresas que producen para el mercado interno.
 
Esta flexibilización laboral ha precarizado el empleo y deteriorado las condiciones de vida de los trabajadores de nuestro país. Por eso los jóvenes que se movilizaron saben que rechazando a la ley --que ellos denominaron Pulpín--, rechazaban también el modelo económico neoliberal. Saben, por lo tanto, que las políticas de reforma del mercado de trabajo que se iniciaron en los años noventa no lograron su objetivo de reducción significativa de la informalidad. Durante el «fujimorato» el porcentaje de trabajadores informales aumentó hasta alcanzar en 1997 el 77.4% de la PEA ocupada total; en 2005 subió a 78.3%; y, en los años siguientes se redujo lentamente hasta alcanzar el 73.7% en 2013. Este último porcentaje equivale a  11 millones 559 mil trabajadores. Los jóvenes saben, asimismo, que el 70.9% del empleo total se encuentra en empresas de «1 a 10 trabajadores» donde el ingreso promedio mensual es de solo 962.8 soles; y, que los trabajadores de 14 a 24 años tienen un ingreso promedio mensual de 845.2 soles.

Los jóvenes, entonces, con el rechazo y derogación de la ley Pulpín han iniciado la lucha contra todas las normas o regímenes especiales que discriminan y recortan derechos laborales, y por la aprobación de la Ley General del Trabajo. Como lo están anunciando sus líderes, han iniciado la lucha por la «igualdad de derechos para todos los peruanos sin excepción».

La recuperación de la política

Al cuestionamiento del modelo se suma la incursión masiva de los jóvenes en la política. Lograron la derogatoria de la ley Pulpín con cinco movilizaciones. Este hecho histórico evidencia la posibilidad de cambiar la actual institucionalidad democrática y de acercar los principios democráticos a la realidad social y política en la que se aplican. Con el neoliberalismo estos principios se han hecho más distantes de la práctica política --divorciada de las aspiraciones de la comunidad-- de los gobiernos y partidos.

El neoliberalismo ha despolitizado a la política al confiar la solución de los problemas sociales a la dinámica del mercado; ha suprimido así el sentido original de la democracia. El neoliberalismo convive bien con la falta de compromiso civil con la democracia, porque desconfía de los ciudadanos.  Como dice Pisarello, el neoliberalismo «coloca el orden espontáneo del mercado a resguardo de las urnas y evita que las poblaciones ignorantes se inmiscuyan en las leyes de la economía».

Frente a este funcionamiento insatisfactorio de la democracia, con gobiernos y representantes que no rinden cuentas de sus acciones y quedan fuera del control de los ciudadanos, la incursión de los jóvenes constituye el inicio de la recuperación las virtudes cívicas para revalorar la política o para rescatar su sentido de lazo de conexión social. En un poco más de un mes construyeron coaliciones efectivas con espacios diversos: jóvenes sindicalizados, universitarios, jóvenes partidarizados, agrupaciones por zonas, colectividades, entre otras; y, fueron capaces de organizarse en una coordinadora general y en asambleas, sin hegemonías, buscando consensos y poniéndose límites recíprocamente. Pusieron en práctica una manera distinta de hacer política, proclamándose autónomos respecto de los partidos y de las organizaciones a las que algunos pertenecen (partidos políticos, federaciones, CGTP, etc.). En otras palabras, han revelado que es posible la ruptura del actual equilibrio extractivista para dar paso a la innovación política y económica.

A modo de Conclusión

Con las movilizaciones de los jóvenes hemos empezado a transitar el camino del republicanismo que «reivindica la política como actividad humana para todos, como una manera de entender y vivir la democracia». Hemos empezado a recuperar las virtudes cívicas para recuperar el sentido de la política.




Publicado en el Diario UNO, el sábado 31 de enero.

Fecha Publicación: 2015-01-26T14:25:00.000-08:00
La evidente desaceleración del crecimiento económico no es percibida aún en su verdadera dimensión. Autoridades y analistas económicos fueron revisando sus proyecciones de crecimiento para los años 2014 a 2015 a la baja.   Por ejemplo, en abril de 2014 el Banco Central afirmaba que la tasa de crecimiento del PBI sería de 5.5%; en julio la redujo a 4.4%; y, en octubre a 3.1% (véase el Reporte de Inflación de esos meses). También revisó sistemáticamente a la baja sus proyecciones de crecimiento del PBI para el año 2015, de 6.7% en abril, a 6% en julio y a 5.5% en octubre.  Lo más probable es que en el Reporte de Inflación de enero de este año, el Banco Central anuncie nuevas revisiones a la baja: la tasa de crecimiento para 2014 no será mayor al 2.5% y para el año 2015 lo más probable es que proyecte una tasa menor al 5%.  
 
Proyecciones y estancamiento de la economía mundial
 
Revisiones a la baja también las hicieron otras instituciones, nacionales e internacionales, todas en función a proyecciones del crecimiento mundial que también fueron revisadas a la baja sistemáticamente. En la actualidad no hay proyecciones de crecimiento de la economía mundial mayores a 3.5% para el año 2015. El colapso de los precios del petróleo no ha cambiado ni cambiará la debilidad de la economía mundial. Por lo tanto, no hay razones para esperar una tasa de crecimiento del PBI peruano para 2015 distinta a la registrada en el año 2014.    
 
Algunos analistas anodinos locales consideran que la caída espectacular de los precios del petróleo es una «bendición». Están seguros que el «petróleo barato» reactivará la economía mundial y la economía nacional. En la lógica del pensamiento heterónomo de estos analistas, el «petróleo barato» operará positivamente en la economía nacional sin cambiar el actual estilo de crecimiento y acumulación de capital; basta –dicen-- «que la reducción del precio mundial del petróleo se traslade íntegramente a los precios locales de los derivados». Dan por sentado que aumentará las inversiones y que habrá demanda para las exportaciones (que ciertamente suponen que crecerá).
 
Curiosamente el ministro de economía, Alonso Segura, coincide con estos analistas. Cree que la economía crecerá 5% este año porque la disminución del precio del petróleo le «agregaría entre 0.5 y 1 punto porcentual al crecimiento». Y, al igual que otros, le agrega como una explicación de su proyección optimista, la puesta en operación de proyectos mineros y de infraestructura, dando por sentado una recuperación importante de la demanda internacional.  A todo esto le suma, por supuesto, sus paquetes «reactivadores» y los estímulos monetarios y fiscales.
 
No hay signos de propuestas para un cambio del actual estilo de crecimiento económico y acumulación de capital, cuyo motor se encuentra en los mercados externos. Sin este cambio, la economía peruana no será capaz de enfrentar el estancamiento de la economía mundial. Las políticas fiscales y monetarias contra-cíclicas aplicadas para remontar la crisis iniciada en los años 2008-2009, han mostrado no ser eficaces. No hay signos de recuperación sostenida de la economía de los Estados Unidos y, según varios analistas internacionales, la zona del euro podría entrar en un período de largo estancamiento como lo hizo Japón desde los años noventa. Hay que recordar que Japón, cuya economía aún no termina de recuperarse completamente, mantuvo tasas de interés bajas, aplicó la llamada flexibilización cuantitativa (como parece que ahora lo hará el Banco Central Europeo) y elevó sustancialmente su gasto en infraestructura financiándolo con deuda.     
 
En este contexto externo de estancamiento, los llamados países de mercados emergentes como el Perú, tienen  que revisar sus estilos de crecimiento y acumulación de capital basados en la demanda internacional por sus productos. Hay que construir los «motores» internos abandonando la receta neoliberal. Es el camino para reducir sustancialmente la vulnerabilidad externa de la economía.
 
Crecimiento o espejismo estadístico
 
Para iniciar el cambio, la información estadística económica es fundamental. La estadística económica oficial es un bien público; por lo tanto, su objetividad y su veracidad (ciertamente fundada en técnicas estadísticas) son fundamentales para la toma de decisiones de política adecuadas.  

 
Al respecto, desde hace ya varios meses hemos advertido  sobre la inexplicada divergencia entre las tasas de crecimiento del PBI y las tasas de crecimiento de la producción de la actividad Financiero y Seguros (FSP), que también incluye pensiones (véase Gráfico). Entre Julio de 2013 y noviembre de 2014, el PBI creció a la tasa mensual de 3.9%, mientras la producción de la actividad FSP lo hizo a la tasa de 12.1%. En ese mismo período la producción de la actividad Servicios Prestados a Empresas (SPE) creció a la tasa de 6.6%. Entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014, el PBI creció a la tasa de 3.3% y la producción de FSP y SPE lo hizo a las tasas de 12.6% y 6.6%, respectivamente.
 
No hay explicación de estas divergencias, sobre todo si se toma en cuenta que en los dos períodos citados, la manufactura creció a las tasas de 1.7% y de 0.3%, respectivamente. Si descontamos las tasas de crecimiento de estas dos actividades (FSP y SPE), la tasa de crecimiento del PBI se situaría por debajo de cero. 
 
A modo de conclusión
 
El autoengaño oficial divulgando estadísticas económicas sin fundamento técnico alguno, tiene efectos dañinos para la economía y la sociedad.




Publicado en el Diario UNO, el sábado 24 de enero



Fecha Publicación: 2015-01-18T07:44:00.000-08:00
El modelo económico neoliberal descuida el desarrollo de los mercados internos porque genera una distribución de los ingresos que perjudica a los trabajadores. El estancamiento de los salarios reales y la precarización del empleo es consustancial a este modelo. No se dinamiza ni se industrializa la economía y, por lo tanto, se posterga el desarrollo de mercados internos, porque se cree que se adquiere ventaja competitiva en los mercados internacionales cuando se dispone de mano de obra con bajos salarios y bajos costos laborales no-salariales.
 
El predominio del empleo precario
 
El estilo de crecimiento económico neoliberal tuvo consecuencias importantes en la generación de empleo y de ingresos. Es verdad que aumentó el empleo con el crecimiento económico de la última década. Pero como se trató de un crecimiento impulsado por la demanda externa y los altos precios de los minerales, este crecimiento no alteró significativamente la estructura del empleo. De acuerdo con información del INEI para el año 2013, el 73.7% del empleo es informal y el 70.9% se encuentra en empresas de «1 a 10 trabajadores» (microempresas), donde predominan los bajos ingresos y bajas calificaciones.
 
La manufactura perdió importancia en la generación de empleo: participa solo con el 10.1%. La elasticidad empleo-producto de este sector disminuyó de 0.764 –que es la que se registra en el período de los sesenta--, a un promedio de cerca de 0.55. De otro lado, la agricultura, comercio, servicios y la construcción, concentran el 88.3% de la PEA ocupada. Son sectores productores de bienes y servicios no transables, y son los que mayores «oportunidades» de empleo generan (63.7%). La agricultura que es básicamente tradicional participa con el 24.6% del empleo total.
 
Por último, el 78.2% de los ocupados en los sectores comercio y servicios, y cerca del 80% de la PEA ocupada en la agricultura, se encuentran en «empresas de «1 a 10 trabajadores». En estos tres sectores predomina el empleo informal, es decir, el empleo sin derechos laborales que incluye a asalariados fuera de planilla, a los que trabajan por cuenta propia o en empresas no registradas jurídicamente. Son trabajadores sin recursos suficientes para proteger a sus familias y enfrentar sus necesidades de salud y educación.
 
Esta situación de precariedad laboral proviene del desmantelamiento de los estándares laborales básicos propiciado por el neoliberalismo desde la década de los noventa. «La disciplina del hambre --decía John Bates Clark, autor de la teoría de la distribución del ingreso basada en la productividad marginal--, descalifica al trabajador para hacer una negociación exitosa, y si el empleador está en total libertad de contratar a los hombres que individualmente podrían ofrecerse a trabajar bajo la presión del hambre, el empleador puede conseguirlo por muy poco» (Clark, 1913, p. 292).
 
Otro modelo de crecimiento es posible
 
La mayor desigualdad en la distribución de los ingresos y el estancamiento de los salarios reales, le hizo perder liderazgo en el crecimiento a la manufactura y a la agricultura. El resultado fue la imposibilidad de endogenizar el crecimiento económico por la vía de la expansión y creación de mercados internos.
 
Durante el «fujimorato», el salario real promedio fue equivalente a sólo el 37.2% del registrado en el año 1987. Este promedio no cambió significativamente durante los últimos años. Mientras el PBI per cápita creció a la tasa promedio anual de 3.9% entre 1993 y 2013, los salarios reales lo hicieron a la tasa insignificante de 0.35% promedio anual.
 
Para los neoliberales los derechos laborales y el cuidado del medio ambiente son vistos como costos que deben ser minimizados para estimular las inversiones. Por eso el crecimiento se hizo dependiente de los mercados internacionales, al mismo tiempo que se descuidó el desarrollo de los mercados internos.
 
Entonces, lo que el país necesita para desarrollarse es endogenizar su crecimiento; y esto, como señala Palley (2002), requiere «salarios crecientes y una mejor distribución del ingreso. Juntos generan un círculo virtuoso de crecimiento donde un aumento de los salarios estimula el desarrollo del mercado doméstico y el desarrollo del mercado doméstico estimula el crecimiento de los salarios». Los países que fortalecen su mercado interno, desarrollando la industria y la agricultura, están menos sujetos a las fluctuaciones de los mercados internacionales. Además, democracia y buenos estándares laborales (no discriminación, libre sindicalización, contratación colectiva, seguridad social, y otros derechos y beneficios sociales), son la clave de este nuevo modelo. 
 
Hay que recordar que el fácil acceso a mano de obra barata, además de fomentar el extractivismo o rentismo entre las empresas, «elimina el incentivo para que las empresas disminuyan sus costos desarrollando o adoptando nuevas tecnologías». La ganancia genuina de competencia basada en los aumentos de la productividad y las mejoras en la  calidad, se sustituye por la ganancia de una competitividad espuria que erosiona la calidad del trabajo, el medio ambiente y la distribución del ingreso. No se puede ganar competitividad a costa de la capacidad adquisitiva de  los salarios, y de los derechos y beneficios de los trabajadores.
 
A modo de conclusión
 
Cuando no se paga un salario digno –como señala J.M. Clark (1929)--, «hay una pérdida de capacidad productiva que cae como una carga generalizada en la sociedad, que a menudo afectan a las futuras generaciones». El estancamiento de los salarios reales causaun daño irreversible al capital humano de los pobres.
 
 
 
 
 
Publicado en el Dario UNO, el sábado 17 de enero.

Fecha Publicación: 2015-01-10T19:22:00.000-08:00
El ministro de la Producción, P. Ghezzi, ha dicho que «sería una tragedia que el Congreso derogue la Ley de Empleo Juvenil». ¿Habrá querido decir «tragedia para el Gobierno» o «tragedia para él» por haber sido uno de sus autores?  Sorprende la exageración del ministro. Esta ley es un desatino y una tremenda falta de respeto a la inteligencia de los jóvenes.

Los argumentos del ministro en defensa de esta ley, que los jóvenes han denominado Ley Pulpín, son deleznables (véase su artículo “Jóvenes productivos, no informales” en LR, 06-01-15).

1.   El ministro dice:  «El indicador de empleo adecuado es engañoso: muchísimos jóvenes “adecuadamente empleados” no ganan ni la Remuneración Mínima Vital y tienen empleos informales, sin seguro de salud ni pensión».

Así responde cuando se argumenta que la Ley Pulpín pierde sentido si se toma en cuenta que el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años adecuadamente empleados aumentó de 25% a 63% entre 2008 y 2012.

El ministro no sabe qué es y cómo se mide el «empleo adecuado». Según el INEI y el BCR, son «adecuadamente empleados» los trabajadores que laboran 35 o más horas semanales y que obtienen un ingreso igual o mayor al Ingreso Mínimo Referencial; y, también los que voluntariamente trabajan menos de 35 horas. El concepto «adecuadamente empleado» es contrapuesto al de «subempleado»; y el ingreso considerado como adecuado es aquel que resulta superior al Ingreso Mínimo Referencial (IMR), establecido para el cálculo del subempleo invisible.

El ministro miente cuando dice que «muchísimos jóvenes “adecuadamente empleados” no ganan ni la Remuneración Mínima Vital». No sabe que el Ingreso Mínimo Referencial estimado por el INEI al mes de octubre de 2014 es de S/. 865.61, mayor que la Remuneración Mínima Vital de S/. 750 soles.

El crecimiento económico redujo el subempleo de estos jóvenes, situando sus ingresos por encima de la Remuneración Mínima Vital. Pero la Ley Pulpín les fija la percepción de un ingreso igual a la remuneración Mínima Vital. ¡Otro recorte potencial de ingresos!.

El empleo adecuado de los jóvenes aumentó 152% en cuatro años, porque creció la economía. Este crecimiento fue un fenómeno macroeconómico y no el resultado de recortes de derechos y beneficios laborales de los trabajadores. En general, el subempleo se redujo sustantivamente en los años de crecimiento, a pesar de la existencia de estos recortes en distintos regímenes especiales que se introdujeron desde los años noventa.

2.   El ministro dice: «Puedes ser informal y tener un empleo adecuado». Según información de la ENAHO «solo 1,7% de los jóvenes de 18 a 24 años tiene un contrato laboral formal, a plazo indeterminado y con beneficios. Entre los demás jóvenes, 63% trabajan en la informalidad, 23% tienen contrato, pero temporal y 11,2% están desempleados. Nadie puede estar satisfecho con esto».

El Ministro está diciendo que la Ley Pulpín es la solución a estos problemas (informalidad, contrato temporal y desempleo). Hay que señalar, de paso, que los jóvenes entre 18 y 24 años que trabajan en la informalidad representan solo el 8.1% del total de trabajadores informales; y, estos últimos representan el 74.3% de la PEA ocupada total.

El razonamiento del ministro es cándido. Supone que las empresas reaccionarán ante el recorte de beneficios y derechos  (es decir, ante la Ley Pulpín), creando más puestos de trabajo para los jóvenes. Pero esto es solo un supuesto ideológico. Los puestos de trabajo se expanden cuando crece la producción; y, crece la producción cuando crece la demanda. Si hay incertidumbre sobre el comportamiento futuro de la demanda agregada, si las empresas no avizoran un crecimiento de sus ventas, estas no aumentarán el empleo y pueden incluso despedir trabajadores. El recorte de los ingresos de los trabajadores, al disminuir su capacidad de compra, afecta el nivel de la demanda agregada futura.

Por último, el ministro debe saber que dependiendo del estilo de crecimiento, la expansión del empleo puede enfrentar un límite en el ritmo de acumulación de la capacidad productiva per cápita. Si este ritmo se rezaga frente al crecimiento de la fuerza laboral, aumentará el subempleo y la informalidad.

3.   El ministro, suponiendo que los jóvenes ya tienen un empleo por obra y gracia de la Ley Pulpín, manifiesta: «La ley tiene dos grandes pilares: la experiencia y la capacitación. Esto hará que el capital humano de los jóvenes mejore». Después florea: «a los jóvenes les ofrecemos un futuro mejor, bajo la premisa de que una mejor experiencia laboral inicial les traerá beneficios a lo largo de toda su vida profesional, para beneficio de sus familias y de la sociedad».

¿Por qué no nos revela el ministro el número de puestos de trabajo, adicionales a los actualmente existentes, que creará la Ley Pulpin? No tiene manera de saberlo. ¿Cómo se crearán puestos de trabajo en plena desaceleración económica? Si no hay creación de puestos de trabajo, ¿cree el ministro que los 940 mil jóvenes de 18 a 24 años que actualmente trabajan en la informalidad (63%), serán trasladados por las empresas al régimen laboral de la Ley Pulpín? No lo dice. No hay manera de saber cuál es el futuro mejor que ofrece la ley a los jóvenes.

A modo de conclusión

El ministro afirma que el régimen para microempresas no funcionó, entre otras razones, «porque los trabajadores formalizados en una MYPE podían pedir beneficios pasados del régimen general. Ello generó un desincentivo grande». Esta es una revelación importante. El ministro nos está diciendo que una vez recortados los beneficios para formalizarse, estos no pueden ser reclamados luego de ser formalizados. Esto es lo que hemos llamado «cambiar mocos por babas». Los trabajadores son informales porque no ejercen derechos laborales. La ley, «reconociéndoles» solo un mínimo de derechos, los convierte en «formales».




Publicado en el Diario UNO, el sábado 10 de enero de 2015