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Fecha Publicación: 2015-06-23T17:20:00.000-07:00
Economistas, politólogos y otros profesionales está difundiendo la idea de que el problema central en el Perú de hoy está en la existencia de instituciones débiles. No sorprende que los acólitos del llamado milagro económico (el alto crecimiento de los años 2003-2013) estén de acuerdo con este diagnóstico. Son los que difunden la idea de que «los culpables de esta debilidad son «los gobiernos». Son los mismos que sostienen –contradictoriamente-- que la causa del milagro de las «realizaciones económicas y sociales» fue la Constitución de 1993. ¡Fue una nueva institución –la constitución del 93—la que hizo posible el aumento de la inversión privada (y también de la pública), generando, por lo tanto, crecimiento, creación de empleo, disminución de la pobreza, etc.!   

«Milagro» con instituciones económicas extractivistas

Lo que no se entiende bien es por qué coinciden con este diagnóstico, los que sostienen que el crecimiento de los años 2003-2013 fue un falso milagro y que sus causas fueron totalmente externas (crecimiento de la demanda mundial, precios altos de los minerales y condiciones financieras favorables). Reconocen que fue un crecimiento con un alto porcentaje (73.7%) de trabajadores informales y con un pobre desempeño de la productividad (véase el libro de Ganoza y Stiglich: El Perú esta Calato – El falso milagro de la economía peruana y las trampas que amenazan nuestro progreso).

Si se acepta que este crecimiento fue el resultado de la operación de instituciones económicas extractivistas, entonces no será difícil concluir por qué éstas fueron acompañadas por instituciones políticas también extractivistas. Decir que las instituciones son débiles, es, por lo tanto, un eufemismo, para encubrir que el extractivismo es la característica fundamental del modelo neoliberal, modelo que  se introdujo precisamente con la constitución del año 1993. Las instituciones políticas extractivistas son fuertes, no son débiles, y para sustituirlas con instituciones políticas inclusivas, se tiene que cambiar el modelo económico y político neoliberal, y el contrato social que le dio origen.

Las instituciones económicas extractivistas son las que operan extrayendo rentas, sin transformar ni innovar, y que promueven, junto a la concentración del poder económico, el desmantelamiento de los estándares regulatorios. El neoliberalismo, como ideología de la libertad irrestricta del mercado, ha promovido la explotación (especialización en la producción) de recursos con alta renta natural, como los minerales. Pero también, la obtención de ganancias espurias de competitividad mediante la flexibilización del mercado de trabajo y el abaratamiento de los costos laborales; por eso no hemos tenido ganancias de competitividad sobre la base de aumentos en la productividad. Hay extractivismo en todos los sectores de la economía. Es la institución de la ganancia fácil (piense en las AFP, en los seguros, o, más específicamente, en las ganancias cambiarias de los bancos).

Las instituciones políticas extractivistas

Las «deficiencias institucionales» de las que nos hablan Ganoza y Stiglich no se pueden desvincular del extractivismo neoliberal de los últimos 25 años, aunque su origen o parentesco es más remoto. La «debilidad de los partidos políticos, la incapacidad del Estado para imponer seguridad y combatir el crimen, y la pérdida de legitimidad de los poderes del Estado», así como el deterioro de la calidad de la Educación y de los servicios de Salud, tienen relación con las políticas económicas neoliberales implementadas en los últimos veinticinco años. ¿Quién no sabe que en los años noventa se generaban superávit primarios para servir la deuda externa, recortando gastos en educación, salud y mantenimiento de la infraestructura económica y social? ¿Quién no recuerda que en pleno «milagro» se generaron superávit primarios de 3.2% del PBI en los años 2004-2008 y de 2.8% en los años 2011-2013? ¿Quién no sabe que esta ideología de la austeridad es, en todo momento y en todo lugar, una ideología neoliberal?

Krugman dice que «las ideas realmente malas tienen un extraordinario poder de resistencia (…) Y el ejemplo perfecto de una idea realmente mala es la determinación, contra toda evidencia, de defender que el gasto público que ayuda a los desfavorecidos es una causa fundamental de nuestros problemas económicos». A los neoliberales no les importa que «la ayuda a los desfavorecidos» en Perú, sea mejorar la calidad de la educación y salud públicas, o aumentar los sueldos de los maestros, del personal del poder judicial y de la policía. Por eso decimos que las instituciones económicas extractivistas no están disociadas de las instituciones políticas extractivistas. Estas últimas no incentivan la innovación ni la eficiencia en el ejercicio de la función pública; erosionan la democracia porque no promueven la virtud cívica y la rendición de cuentas de los elegidos; evaden la fiscalización; y, favorecen la penetración de la corrupción en las instituciones de Estado. Entonces, la llamada debilidad institucional es funcional al modelo neoliberal extractivista.

Shock institucional o cambio de modelo

Para superar esta «debilidad» se requiere un shock institucional –dicen Ganoza y Stiglich—orientado a lograr «cuatro cambios fundamentales para tener instituciones políticas y judiciales conducentes al desarrollo: 1) fortalecimiento y concentración de los partidos políticos; 2) representatividad de esos partidos con mecanismos de democracia interna; 3) calidad de los jueces y fiscales por medio de una carrera judicial meritocrática; y, 4) transparencia y rendición de cuentas en las instituciones judiciales (poder Judicial, Ministerio Público y Consejo Nacional de la Magistratura)».

Pero se trata de un shock que no va al fondo del problema. El proceso político determina el tipo de instituciones económicas y son las instituciones políticas las que determinan cómo funciona este proceso. Por lo tanto, de acuerdo con Acemoglu y Robinson, «El problema está en quién tiene el Poder (cómo se toman las decisiones, quién toma esas decisiones y por qué los que tienen el poder deciden hacer lo que hacen) (…) Diferentes instituciones tienen distintas consecuencias para la prosperidad de una nación, sobre cómo se reparte esa prosperidad y quién tiene el poder» La solución está entonces por el lado de la acción política y de los procesos políticos.






Publicado en el Diario UNO, el sábado 20 de junio

Fecha Publicación: 2015-06-13T11:24:00.000-07:00
El neoliberalismo atraviesa por una «coyuntura crítica» (véase David y Ruth Collier, 1991). El enfriamiento económico y la crisis política e institucional, han configurado un escenario de ruptura del equilibrio que existía entre el poder político y económico y que, por lo tanto, abre la posibilidad de cambios significativos en la economía y en la política. El proceso electoral que se avecina estará así dominado por la discusión sobre la insostenibilidad del modelo económico neoliberal, con la participación de expresiones políticas nuevas que pondrán en entredicho a las viejas estructuras partidarias. Se trata de un momento de cambio decisivo porque recién, después de veinticinco años, son evidentes los daños causados por el neoliberalismo en la economía y en la sociedad.
 
Los daños en la estructura económica
El reciente crecimiento de cerca de una década y los cuatro años de crecimiento en los noventa, tuvieron como fuente a factores externos y no a factores internos: aumento de los precios de las materias primas, crecimiento de los países desarrollados y condiciones financieras favorables. El neoliberalismo nos inserta a la economía internacional desmantelando, fundamentalmente, los estándares regulatorios existentes en el comercio exterior y en el mercado de trabajo. Este tipo de inserción nos mantiene como productores de materias primas, dadas nuestras ventajas comparativas, sobre todo naturales.
No fueron las políticas monetaria y fiscal, ni la cambiaria, las que explicaron el crecimiento. Tampoco fueron las privatizaciones que encarecieron los precios de los servicios públicos.  La apreciación monetaria que generó el boom primario exportador, en ambos períodos, y la apertura comercial, ayudaron a combatir la inflación, pero dieron lugar a una espectacular penetración de importaciones en el mercado interno.   
Como el boom fue el resultado de factores externos, la recesión y el enfriamiento económico (como el actual), también fueron el resultado de los mismos factores externos, pero con signo contrario: disminución y/o estancamiento de los precios de las materias primas, estancamiento económico de los países desarrollados y condiciones financieras desfavorables.
Las políticas neoliberales, entonces, en lugar de sentar las bases para un crecimiento económico determinado por factores o fuentes internas, debilitó esta posibilidad. Largos periodos de caída del tipo de cambio real hicieron perder competitividad a las actividades productoras de transables o comercializables, como las actividades manufactureras y agroindustriales. La estructura de precios relativos configurada en veinticinco años de neoliberalismo, favoreció el crecimiento de las actividades terciarias de no-transables (servicios y comercio), que acompañó al boom de las actividades primario-exportadoras. Las actividades terciarias y la construcción emplean al grueso de los trabajadores de baja calificación y productividad. En consecuencia, el crecimiento económico neoliberal no se basó en aumentos sostenidos de la productividad, sino en las ventajas naturales de las materias primas (sobre todo minerales).
En resumen, el neoliberalismo dañó la estructura productiva. La hizo menos industrial y agrícola y más productora de servicios de baja productividad. El crecimiento de la capacidad productiva per cápita se rezagó frente al crecimiento de la PEA. Por eso fue incapaz de resolver  el problema de la informalidad.
Los daños institucionales  
Pero el neoliberalismo no solo dañó la capacidad de la estructura productiva para crecer mediante aumentos en la productividad. También dañó las instituciones. Quizás sería mejor decir que fortaleció a  las instituciones extractivitas, a las instituciones que favorecen el rentismo y no la innovación, a las que debilitan la democracia y facilitan la corrupción. Estas instituciones no son débiles, sino todo lo contrario. Pero, son las instituciones que acompañan al extractivismo económico.
¿Cómo llegamos a esta situación? Las instituciones extractivistas no son nuevas en nuestro país. Pero, con el neoliberalismo se han hecho corrosivas, a tal punto que han puesto en cuestión a la democracia constitucional liberal. Son el resultado de las políticas neoliberales que se introdujeron en nuestro país con los paquetes de ajustes patrocinados por el FMI y el Banco Mundial desde fines de los años setenta, pasando por los ochenta y hasta los noventa.
Las políticas de austeridad, obligaron a recortar el gasto (en los presupuestos de educación, salud, seguridad, defensa, etc.) y a reducir el personal (comprando sus renuncias) de la administración gubernamental del Estado. Los recortes de gasto también afectaron el mantenimiento de la infraestructura económica y social (carreteras, hospitales, escuelas, universidades públicas, etc.). Estas políticas de austeridad  --las mismas que ahora pretenden imponerle a Grecia--, sirvieron para pagar los servicios de la deuda externa del país. Dañaron la capacidad del Estado para proveer seguridad y educación de calidad, y menoscabaron la independencia del poder judicial durante las discusiones presupuestales.
Además, el neoliberalismo, en su expresión política, fomentó el individualismo y la despolitización, privatizó la función pública y propició la penetración del poder económico en las funciones de gobierno. A todo esto se sumó la crisis de los partidos que desprovistos de ideologías después de la caída del muro de Berlin, se convirtieron en estructuras formales de poder y de usufructo del poder (ejecutivo y legislativo) por las oligarquías partidarias que compiten periódicamente con ese fin.
A modo de conclusión
Con una estructura productiva dañada y con instituciones que conspiran contra la propia democracia, contra el principio de que el origen del poder político proviene  de la comunidad de ciudadanos, ya no es posible apostar por la sostenibilidad del modelo neoliberal.
 
 
Publicado en Diario UNO, el sábado 13 de junio-

Fecha Publicación: 2015-06-06T16:01:00.000-07:00
El presidente Humala dejó la decisión sobre el proyecto minero Tía María en manos de la empresa transnacional Southern Peru Copper Corporation. Dijo: «No podemos tomar una decisión unilateral que no esté regida en el marco de la ley», porque expondría al Estado «a demandas legales internacionales por incumplimiento». Luego añadió: «la labor del Ejecutivo es defender el principio de autoridad y el Estado de derecho en el país».
 
El Estado de derecho de Humala
 
Humala reveló así que abandonó su filiación nacionalista y que, además, tiene una sui generis concepción sobre el Estado de Derecho. Por un lado, el nacionalismo para Humala ya no es «una alternativa democrática a la actual modernización neoliberal excluyente y desnacionalizadora»; ya no es «un programa político de cambio radical del modelo neoliberal que acentúa la desigualdad social, depreda los recursos naturales, violenta la legalidad y la democracia, y no genera desarrollo». Por otro lado, al dejar en manos de la empresa transnacional la decisión sobre el proyecto minero Tía María, Humala renunció a defender la soberanía nacional y a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.
 
Profano en Política y Derecho, Humala somete al Estado Peruano a la fuerza de los flujos y reflujos económicos dependiente de las decisiones de las empresas transnacionales. No sabe que «cuando alguien hace lo que le manda un amo, entonces ese alguien no es un ser libre, es un esclavo» (Férnadez Liria et al.). No sabe que la ley deja de ser la «gramática de la libertad», si es esclavizada por el poder económico, y, cuando esto ocurre, se violenta el Estado de derecho.
 
Humala ha olvidado que fueron leyes esclavizadas (como los contratos de estabilidad) las que heredamos del «fujimorato» y que él se comprometió a revisar para restituir la soberanía y la autodeterminación nacional. El Estado de Derecho que defiende Humala es entonces un Estado donde las leyes son órdenes del poder económico y que, por lo tanto, no son expresiones de la razón, la justicia y la libertad.  
 
La violación del principio democrático
 
Humala, al igual que sus antecesores, ha puesto al Estado al servicio de los intereses económicos transnacionales. Por esta razón regenta un gobierno que solo de nombre es democrático, porque «ya no es el pueblo el que detenta el poder». Quiere imponer a toda costa el proyecto minero Tía María, como quiso imponer el proyecto minero Conga y lo hará con otros proyectos extractivos en las concesiones efectuadas, sin consulta previa, en los distintos lugares de la sierra y la selva del país. No respeta los derechos humanos ni el derecho de los pueblos «a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma». Tampoco respeta el derecho que tienen los pueblos «a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos». (Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículos 26 y 29).
 
En línea con el carácter antidemocrático de su gobierno, Ollanta Humala ha decretado el Estado de emergencia en la zona, en lugar de abrir el diálogo y convenir en la realización de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental por la evidentes externalidades negativas que tiene el proyecto. Como anota Jürgen Schuldt, el proyecto de la Southern de construir una planta desalinizadora en las playas de Mejía «afectaría la vida submarina» e implicaría «un exagerado uso energético». No se puede avalar, entonces, un proyecto que se suma a otros en perjuicio del equilibrio ecológico. 
 
El estado de emergencia no solo cancela el diálogo o, por lo menos, lo hace más difícil, sino también deslegitima al actual gobierno. Es a todas luces condenable que se haya recurrido a la fuerza cuando no es el pueblo, sino el propio gobierno el que ha vulnerado el Estado de Derecho, sometiéndose al poder económico.
 
Luchar contra el extractivismo neoliberal
 
El reciente paro exitoso de 48 horas de las regiones del sur (Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna) en solidaridad y defensa de los derechos del pueblo del Valle de Tambo que se opone al proyecto minero Tía María, es otro cuestionamiento importante al modelo económico neoliberal extractivista. El primero lo hicieron los jóvenes, hace apenas cinco meses, movilizándose contra la «ley Pulpín» que les recortada derechos laborales.
 
Las masivas movilizaciones en defensa de los derechos laborales y de los derechos de los pueblos y comunidades, son parte de una incursión política de nuevo tipo. En general, las movilizaciones por la defensa de los diversos derechos ciudadanos, apuntan a la restitución del principio democrático de participación en las decisiones que atañen a los integrantes de la comunidad de ciudadanos.
 
Si las movilizaciones continúan y se expanden a lo largo y ancho del país; si los jóvenes, los trabajadores, los movimientos regionales y otros movimientos democráticos y progresistas construyen coaliciones efectivas en defensa de sus derechos, entonces surgirá una importante innovación política en el país; el surgimiento de un vasto movimiento popular con una agenda política precisa: cambiar el modelo económico neoliberal extractivista y rescatar el principio democrático según el cual el origen y la legitimidad del poder político proviene del pueblo. Ni gobiernos que practican la impostura, ni actividades económicas que violenten los derechos del pueblo y el equilibrio ecológico. 

 
Publicado en el Diario UNO, el sabado 6 de junio.

Fecha Publicación: 2015-05-23T17:17:00.001-07:00
En los periodos de auge de las exportaciones primarias  --porque sus precios y demanda externa aumentan--, la abundancia relativa de moneda extranjera (enfermedad holandesa de tipo I) genera presiones a la baja del tipo de cambio. Estas presiones se exacerban con la entrada de capitales (enfermedad holandesa de tipo II) atraídos por las oportunidades financieras que ofrece la economía primario exportadora en crecimiento. Lo contrario ocurre cuando se estanca la demanda externa y los precios de las materias primas ya no aumentan. La economía se enfría, la cuenta corriente de la balanza de pagos se hace deficitaria y se van los capitales generando presiones al alza del tipo de cambio.
     
La actual presión devaluatoria, en plena desaceleración del crecimiento, es, entonces, un conocido hecho estilizado de la economía primario exportadora. Justamente por esta razón, la reforma de la política monetaria y cambiaria efectuada en los años 2001-2002, incorporó la regla de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario, junto al objetivo de acumulación de reservas internacionales, para morigerar las fluctuaciones del tipo de cambio. El nuevo esquema de política cambiaria y  monetaria (esta última, basada en metas de inflación y una regla con la tasa de interés como instrumento), exigía, para ser eficiente, desdolarizar el crédito bancario y la deuda pública.
La notable apreciación monetaria
El directorio del BCRP presidido por Julio Velarde no aplicó eficientemente este nuevo esquema de política monetaria y cambiaria. Desde julio de 2006 hasta enero de 2013, el tipo de cambio real bilateral  se redujo en 27%, perjudicando a los productores de bienes y servicios transables. Velarde expresó más de una vez su adhesión a la libre flotación cambiaria, por eso dejó que la moneda se apreciara sistemáticamente hasta que terminó el auge primario exportador.
Cuando en 2013 se inició la «normalización» de la política monetaria norteamericana con el anuncio del alza futura de las tasas de interés, la salida de capitales de nuestra economía se intensificó dando lugar a fuertes presiones al alza del tipo de cambio. El BCRP no ha logrado revertir esta presión devaluatoria no obstante que entre el 30 de abril de 2013 y el 11 de mayo de 2015, redujo su posición de cambio en cerca de 40% (vendió 19,492.54 millones de dólares).  La actual posición de cambio del BCRP se encuentra por debajo de los 30 mil millones de dólares.
La dolarización de los créditos
Durante sus ocho años y cinco meses como presidente del BCRP, Velarde hizo muy poco por desdolarizar los créditos del sistema bancario. Desde el inicio de su gestión alentó el crédito en dólares al «relajar las regulaciones preexistentes sobre el encaje en moneda extranjera para las líneas de crédito y al elevar la remuneración a este encaje». En octubre de 2007 modificó las «normas de encaje para fomentar el financiamiento externo de largo plazo de los bancos y desincentivar el de corto plazo». Ello, sin embargo, no impidió la alta dolarización de los créditos a grandes empresas y corporaciones (59.6%), a medianas empresas (58.1%), para financiar compra de vehículos (66.5%) y crédito hipotecario (33.5%).
Esta dolarización de los créditos obliga al BCRP a impedir la continua subida del tipo de cambio, porque, de lo contrario, se pondría en peligro a bancos y cajas que han dolarizado sus créditos. Una crisis bancaria como la de los años 1999-2000 convertiría el actual enfriamiento económico en una franca y prolongada recesión. Hay que señalar, además, que las presiones al alza del tipo de cambio continuarán a lo largo de este año y del próximo, porque a partir de setiembre próximo subirán, según lo anunciado, las tasas de interés en Estados Unidos. Mientras mayores sean las tasas de interés en Estados Unidos, más capitales saldrán de los países como el nuestro.
Velarde en su laberinto
En 2014 la tasa de crecimiento del PBI se redujo a 2.4% y no hay signos de una franca recuperación. El BCRP debería bajar su tasa de interés para reactivar la economía, pero no lo hace por temor a exacerbar la salida de capitales. En su lugar está utilizando la tasa de encaje. En un contexto de presiones devaluatorias aumenta la demanda de dólares y el retiro de los depósitos bancarios en soles. Por esta razón, las reducciones de la tasa de encaje están generando escasez de liquidez en el sistema bancario y el consecuente aumento de la tasa de interés interbancaria.
La dolarización de los créditos del sistema bancario obliga al BCRP a impedir que suba más el tipo de cambio. Velarde ha creado, así, su propio laberinto. No baja la tasa de interés para no exacerbar el alza del tipo de cambio y vende dólares (reduce la posición del cambio del BCRP) para impedir que suba el tipo de cambio. Usa dos instrumentos para un solo objetivo, el cambiario.  De otro lado, usa la tasa de encaje (la reduce) para aumentar la liquidez en el sistema bancario y ayudar a la recuperación de la economía, pero provoca un efecto contrario. Con menores reservas de encaje los bancos enfrentan una escasez de liquidez frente a la demanda en aumento de retiros de los depósitos en moneda nacional, lo que da lugar a un incremento de la tasa interés interbancaria, y, consecuentemente, a un encarecimiento del crédito precisamente cuando se requiere abaratarlo.  
A modo de conclusión
Velarde, «el mejor banquero central de América Latina», dice que para bajar la tasa de interés de referencia y así abaratar el costo de los créditos en soles, «tiene que darse un escenario en que el tipo de cambio esté calmado».
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 23 de mayo

Fecha Publicación: 2015-05-10T06:59:00.000-07:00
El conflicto por el proyecto minero Tía María –como los de Conga y Bagua en su momento--, es la expresión de la fractura del país en dos: el Perú oficial y el otro Perú postergado, menospreciado, discriminado y violentado en sus derechos. No hay reconocimiento político y jurídico explícito del carácter multicultural del otro Perú de la sierra y de la selva. Por eso, el Perú Oficial, actualmente aliado con el extractivismo neoliberal, menosprecia sus demandas de preservación ecológica y sus derechos de posesión o uso de sus territorios.

Los agricultores del valle de Tambo, en cuya cabecera se encuentran los yacimientos de cobre Tía María y  La Tapada, temen que la ejecución del proyecto minero afecte su actividad agrícola al disminuir y contaminar el flujo de agua. Y tienen razón por el historial ambiental negativo de la Southern. Pero los defensores del modelo neoliberal del Perú oficial, usufructuarios del crecimiento económico impulsado por la inversión de los grandes proyectos mineros, los acusan de enemigos de la minería y de la modernidad. Su visión etnocentrista les impide aceptar que la población del valle de Tambo puede tener razón y que, por lo tanto, sería mejor someter a evaluación de expertos neutrales el  Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Imponer un proyecto minero sin contar con una licencia social legítima, es políticamente etnocrático  –como diría Rodolfo Stavenghagen-- y antidemocrático, porque viola los derechos de las comunidades.

Preservación ecológica y defensa del multiculturalismo

Este es el tema de fondo del actual conflicto que revela el carácter aun inacabado de la Nación. Es un tema que debiera ser parte del ideario de la izquierda del siglo XXI y que, por lo tanto, debiera convocar ahora mismo a una amplia coalición progresista con una agenda de transformación económica y política del país.

La defensa de los derechos de las comunidades y sus demandas de preservación ecológica, se inscriben en la concepción de Democracia republicana que reivindica la soberanía de la comunidad de ciudadanos frente a sus representantes elegidos. Como dice Ambrosio Velasco: es el pueblo el que «autoriza a ciertos miembros de su comunidad a gobernar en su representación».

La libertad política de los ciudadanos y de los pueblos, es decir, su participación en las decisiones que atañen a su comunidad, es un valor democrático fundamental que los liberales y neoliberales obvian. Como afirma Ambrosio Velasco, «Los principios fundamentales de la democracia liberal, que exigen igualdad de derechos entre todos los individuos de un Estado, excluyen la posibilidad de satisfacer el reclamo multiculturalista del reconocimiento jurídico y político de las diferencias sociales y culturales entre diferentes grupos, principalmente étnicos, que conforman la población de todo Estado».

La agenda de transformación de la izquierda del siglo XXI debe incorporar, en consecuencia, la construcción de una democracia donde el ejercicio del gobierno se base en «leyes que expresen el consenso entre las diferentes clases y grupos sociales que conforman el pueblo y que por lo tanto conduzcan al bien común de toda la sociedad».

Otra democracia y otro patrón de crecimiento económico

Con la globalización económica neoliberal «los Estados se han puesto al servicio de la economía, con lo cual --dice Todorov-- lo único que queda de democracia es el nombre, porque ya no es el pueblo el que detenta el poder». La democracia bajo el neoliberalismo, entonces, propicia la despolitización y privatización de la vida pública. Por esta razón, cambiar esta situación en nuestro país significa cambiar íntegramente el modelo neoliberal, es decir,  cambiar el patrón de crecimiento extractivista primario exportador y, simultáneamente, la democracia constitucional liberal reivindicando el principio de la participación política en sociedad. Se requiere una nueva Constitución para generar las condiciones institucionales y legales de una democracia donde, no solo el origen, sino también la legitimidad del poder político provengan del pueblo, incorporando mecanismos explícitos de comunicación y control ciudadano sobre los elegidos por el voto popular.

Pero, para que esta fundamental reforma política no encuentre su muerte en el «orden espontáneo del mercado», como lo advertimos en nuestro artículo del 14-03-2015, hay que transformar el modelo económico neoliberal y crear «un contexto social que permita mejorar la calidad de la democracia bajo los principios de la justicia social y económica, del interés general y de la libertad política». Con este fin, el nuevo modelo  económico debe basarse en la expansión de mercados internos mediante el desarrollo agrícola, agroindustrial e industrial, diversificando, al mismo tiempo, las exportaciones. En esta estrategia de desarrollo que hemos denominado Economía Nacional de Mercado cabe la producción minera que respete los derechos de las comunidades, que contribuya a la preservación ecológica y que funde su legitimidad en la licencia social.

A modo de conclusión

Hay más, pero esta es la agenda mínima que debe convocar a la unidad de las izquierdas. Es el parteaguas de una postura progresista y de izquierda en los tiempos actuales. El parteaguas no puede ser la «integración sudamericana», como afirma otro articulista de este diario. ¿Qué tipo de integración?; ¿una unión monetaria?, ¿una programación económica conjunta?, ¿una integración comercial?, ¿una integración política? ¿Cuál? La globalización neoliberal es también una integración, pero que vulnera la autodeterminación nacional y resta soberanía a los Estados de nuestros países. La estrategiaque planteamos es de autodeterminación frente a la presión de la globalización; pero esta, sin duda, requiere de mecanismos de cooperación política y económica como la Comunidad Andina, el MERCOSUR, la UNASUR y el CELAC, para mantener nuestra independencia de las grandes potencias.
 

Nota: El Diario UNO no salió el sábado 9.

Fecha Publicación: 2015-04-25T15:44:00.003-07:00
El gobierno de Humala está dispuesto a imponer el proyecto de la empresa Southern Peru Copper Corporation, para explotar los yacimientos de cobre Tía María y  La Tapada que se encuentran en la cabecera del Valle de Tambo en la provincia de Islay de Arequipa. El pueblo se opone a este proyecto minero a tajo abierto porque existe el riesgo de que ocasione erosión ecológica y daños irreparables a la agricultura del valle.
 
Obediente con la Sociedad de Minería, el gobierno de Humala ha enviado un espectacular contingente de policías para hacer «respetar el orden» y así evitar que la inversión se detenga. La manifestación pacífica del pueblo durante el reciente paro solidario con el Valle de Tambo fue reprimida violentamente por la policía provocando la muerte del agricultor Victoriano Huayna Nina y decenas de heridos. El gobierno de Humala se opone a la realización de una consulta popular, no quiere una legítima licencia social, y tampoco desea someter el Estudio de Impacto Ambiental a un organismo internacional calificado, objetivo y neutral.
La modernización neocolonial es antinacional
Convencido, como está Ollanta Humala, de que la gran inversión transnacional es indispensable para salir del actual enfriamiento económico, su gobierno ha presentado al Congreso, para su aprobación, el proyecto de ley 3941, denominado «Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible». Este proyecto sigue la misma línea política de apoyo a la empresa Southern Peru Copper Corporation, por lo que, de aprobarse, pondría en riesgo el derecho a la tierra de comunidades amazónicas y andinas que carecen de titulación. Se trata de un proyecto violatorio del Convenio 169 de la OIT y del principio de la democracia según el cual la soberanía, en su origen y ejercicio, corresponde a la comunidad de ciudadanos, al pueblo.    
Humala sigue el camino de la modernización neocolonial que empezó con Alberto Fujimori y continuó con Toledo y García mediante las concesiones petroleras, gasíferas y mineras al capital extranjero.  Como Alan García, y su mentor Haya de la Torre, Humala cree que el capital transnacional sacará de la pobreza y el subdesarrollo a los peruanos. Por eso no cambió el estilo de crecimiento primario exportador y siguió la pauta de la globalización neoliberal.
Una vez que tomó el poder, Humala traicionó al pueblo. No cambió el modelo económico para, integrando social y políticamente al país, terminar de construir Nación. Mantuvo la economía en piloto automático, dependiente de la demanda externa y del aumento de los precios de los minerales. Subordinó la economía al capital transnacional, afectando los derechos de los pueblos a sus tierras y territorios. Se olvidó que el nacionalismo, en el mundo actual y en nuestro país, es una reacción de autodeterminación frente a la presión de la globalización. Cambió su ideología nacionalista por la ideología neoliberal.
La modernización neocolonial es antidemocrática
El pueblo es el que «autoriza a ciertos miembros de su comunidad a gobernar en su representación». En otras palabras, el poder político proviene del pueblo sobre el que se ejerce. Y este origen popular del poder exige que los gobernantes lo utilicen para el bien del pueblo. Estos, en una auténtica democracia –como dice Ambrosio Velasco--, no pueden actuar con amplia discrecionalidad y sin control ciudadano. Tienen que procesar la pluralidad de puntos de vista y las distintas demandas, tratando de lograr consensos incluyentes. La democracia es integradora, no puede ser excluyente.    
Por lo tanto, un gobierno elegido, como el de Humala, que no respeta la cultura ni los derechos a sus tierras y territorios de los pueblos amazónicos y andinos, deteriora su legitimidad. Actuar sin consulta y sin legítima licencia social de la comunidad,  incumpliendo convenios internacionales como el de la OIT y favoreciendo al capital transnacional, es traicionar al pueblo que lo eligió. Ollanta Humala no fue elegido para convertir a nuestra economía en una pieza del modo de producción global.
El origen popular de la soberanía política y la consulta al pueblo sobre asuntos que atañen a su vida en comunidad para obtener su consentimiento, son dos elementos fundamentales que definen una práctica democrática. Es verdad que los liberales (y neoliberales) se alejan de esta concepción porque –como nos recuerda Ambrosio Velasco—ellos creen en «la superioridad intelectual y moral del gobernante; creen que este conoce mejor los intereses del mismo pueblo y por ello puede decidir sin su consentimiento expreso». Pero, aceptar esta visión liberal acerca de la naturaleza de los elegidos, es contradecir el principio de la democracia según el cual «todo poder político proviene del pueblo; por lo tanto el pueblo es el titular de los derechos de tal poder».
A modo de conclusión
En nuestro país persiste una fractura social y política que las elites empresariales y políticas que detentaron el poder reprodujeron en el tiempo. Así llegamos a la globalización neoliberal que se impuso en nuestro país con un estilo de crecimiento que, en lugar de resolver esta fractura, la ha exacerbado mediante concesiones de territorios amazónicos y andinos al capital transnacional, sin autorizaciones expresas de los pueblos respectivos.
 
Nota: Expreso mi rechazo a la intervención policial en el Valle de Tambo y mi solidaridad con el pueblo de la provincia de Islay que defiende sus derechos.
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 25 de abril.

Fecha Publicación: 2015-04-20T16:45:00.000-07:00
El presidente Ollanta Humala insiste, hasta desgañitarse, que su gobierno no ha mantenido a la economía en piloto automático porque ha puesto en marcha un plan de diversificación productiva. No sabe que este plan --por lo demás,  tardío-- es más de lo mismo. Su primer eje apuesta por el mercado externo, que hoy se encuentra estancado; su segundo eje sigue la lógica neoliberal de las desregulaciones y la flexibilización del mercado de trabajo; y, su tercer eje contiene una conjunto de medidas administrativas(¡) para aumentar la productividad. Por lo tanto, nada nuevo e importante dejará el gobierno de Humala a su sucesor. Empezó mediatizando los programas sociales propuestos en la campaña electoral y los dejará con problemas de financiamiento debido a la contracción económica.

Las políticas fiscal y monetaria del piloto automático
¿Cómo puede decir que no mantuvo la economía en piloto automático si hizo ministro de economía a Castilla, el viceministro de hacienda de Alan García? Este ministro que rebajó Pensión 65 de 250 soles a 125 soles y mantuvo el presupuesto de educación por debajo de 3% del PBI, centró su gestión en la generación de superávit en cerca de 2% del PBI. Fue el ministro que, en lugar de focalizar la inversión pública en infraestructura para desarrollar mercados internos, se dedicó --como él mismo lo dijo--, a prenderle velitas a China para que siga creciendo a tasas altas. Tampoco avanzó en el desarrollo del mercado de capitales, y más bien lo abrió a inversionistas extranjeros que se llevan nuestros ahorros para invertirlos en sus países de origen. No se le ocurrió desarrollar esquemas de financiamiento en este mercado para apoyar la modernización de las pequeñas y medianas empresas productivas. Fue el ministro de los road-shows externos para «promover inversiones», pero fue el que contrajo la inversión pública en 11.2% el 2011 para luego mostrar como logro su incremento en los años 2012 y 2013. Fue el ministro que en setiembre de 2014 dejó una inversión pública en caída y que terminó con una contracción de 3.6%. Por su parte la inversión privada, a pesar de sus road-shows, creció solo 6.5% en 2013 para luego caer en 1.6% en 2014.

En materia de política monetaria tampoco se hizo nada para ayudar a cambiar el estilo de crecimiento dependiente del mercado externo y de los altos precios de las materias primas. Humala mantuvo a Julio Velarde como presidente del directorio del Banco Central (BCR) nombrado por Alan García. Con Velarde a la cabeza se utilizó una mezcla extraña de dos instrumentos de política monetaria –la tasa de encaje y la tasa de interés de referencia del BCR--, que deterioró la eficacia de la nueva institucionalidad de la política monetaria introducida durante el gobierno del presidente Toledo. Hoy, en plena desaceleración del crecimiento, esta combinación extraña ha dado lugar una escasez de liquidez en soles y a un aumento de la tasa de interés interbancaria que puede conducir al encarecimiento del crédito. Además, desde agosto de 2006 Velarde hizo que la moneda se apreciara significativamente, haciéndole perder competitividad a las actividades productoras de transables, como las exportaciones no tradicionales, y provocando una masiva penetración de importaciones.
La economía creció, entonces, en piloto automático (por los crecientes precios y el aumento de la demanda mundial de los metales que exportamos). Cuando se apagó este motor externo, quedó en evidencia que no se hizo nada por cambiar el estilo de crecimiento. Hoy ya no existe la posibilidad de un piloto automático para crecer. Humala, por lo tanto, no tiene cómo relanzar el crecimiento. El resultado de su administración pasiva de la economía, parece ser el camino hacia la recesión.   

Escenario internacional e inversiones
La información internacional sobre la evolución de las principales economías, confirma que el estancamiento económico se prolongará por varios años más. Las políticas contracíclicas no están generando los resultados esperados. Las tasas de interés se encuentran en niveles muy bajos y, sin embargo, la inversión –como señala Haussman-- se encuentra muy por debajo de los niveles que registró en los años previos a la crisis de 2008. Asimismo, el  empleo sigue en niveles relativamente bajos y no se recupera sostenidamente. Las economías del mundo están padeciendo lo que Alvin Hansen denominó en 1938, un «estancamiento secular».

En consecuencia, seguir apostando por el motor externo para recuperar las altas tasas de crecimiento de los últimos años, no tiene sentido. Internamente no hay fuentes de crecimiento alternativas, porque no se hizo nada por crearlas. El panorama para las inversiones, entonces, es incierto. Hay un ex-presidente, responsable de la mayor catástrofe económica del siglo XX, que sostiene que “se puede aumentar, por lo menos, en 30% la inversión privada, si es que se genera un ambiente de unión y de confianza”.  No ha aprendido economía quizás porque en su segundo gobierno, él también administró la economía en piloto automático.
Si las perspectivas de las ventas son malas, si el crecimiento de la demanda y, por lo tanto, de las ventas es incierto, ningún inversionista arriesgará su capital. Por lo tanto, hay que decirle al ex presidente que “él puede llevar un caballo al agua, pero él no puede obligarle a que se lo tome”.

A modo de conclusión
La desaceleración del crecimiento económico está acompañada de fuertes presiones devaluatorias. Para morigerar estas presiones el BCR ha vendido dólares al mercado desde inicios de 2013, por un monto aproximado de 17,286 millones de dólares. Este monto representa una reducción cercana al 40% de su posición de cambio. Aumentan, por lo tanto, las expectativas devaluatorias que pueden conducir a fuertes presiones inflacionarias, junto a problemas de hoja de balance en el sistema bancario cuyas colocaciones aun se encuentran parcialmente dolarizadas.
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 18 de abril de 2015

Fecha Publicación: 2015-04-11T14:23:00.002-07:00
Desde que julio Velarde asumió la presidencia del directorio del Banco Central de Reserva (BCR), el tipo de cambio real se redujo sistemáticamente, dando lugar a una creciente penetración de importaciones en el mercado interno y a la pérdida de competitividad de las actividades transables como la manufactura. Entre julio de 2006 y enero de 2013 el tipo de cambio real bilateral se redujo en 27.03%. La salida de capitales asociada al giro reciente de la política monetaria de Estados Unidos frenó la caída del tipo de cambio real, generando fuertes presiones devaluatorias en pleno proceso de desaceleración económica. De otro lado, con la caída del tipo de cambio real las importaciones como porcentaje del PBI aumentaron de 14.6% en el periodo 1995-2005 a 20.0% en el período 2006-2014. Las importaciones de bienes como porcentaje de la producción manufacturera aumentaron de 89.8% en 2004 a 150% en 2014. Finalmente, las importaciones de bienes y servicios como porcentaje de la producción manufacturera aumentaron de 122.5% en 2005 a 180% en 2014.
 
Los efectos del rebote del tipo de cambio
Las fuertes presiones devaluatorias que empiezan con el año 2013, no han podido ser frenadas por el BCR. Sus intervenciones en el mercado, están generando  efectos contraproducentes. Pero, primero un poco de historia. El 26 de abril de 2012 Julio Velarde decía: «No nos preocupa la apreciación ahora sino un fuerte rebote (del dólar) más adelante». Nosotros criticamos esta afirmación, porque, entre otras razones, dejar caer el tipo de cambio (teniendo una regla específica de intervenciones esterilizadas), era crear las condiciones para un rebote o salto cambiario de envergadura. Cuanto mayor sea la apreciación mayor sería, decíamos, el monto de dólares que el BCR tendría que destinar de sus reservas para morigerar el rebote cambiario.
En una situación como la actual de enfriamiento económico y salida de capitales, las presiones al alza del tipo de cambio se acrecientan y dan lugar a dos procesos. Por un lado, impedir que el dólar suba en 1% implicará vender cada vez más dólares y en menos tiempo que antes, con lo cual la disminución de reservas se acelera. En efecto, entre abril de 2013 (fecha que las RIN alcanzan su máximo) y julio de 2014, es decir, en 15 meses las Reservas Internacionales Netas (RIN) disminuyeron en 2,719.2 millones de dólares; y, entre julio de 2014 y marzo de 2015, es decir, en 8 meses las RIN disminuyeron en 4,320.8 millones de dólares. De otro lado, las presiones devaluatorias y la generación de déficit en la cuenta corriente asociada al enfriamiento, cambian las  expectativas del sector privado. Como se espera una mayor devaluación, aumenta la demanda de dólares spot y de dólares a futuro, generando una presión adicional al alza del tipo de cambio.
La mezcla extraña de instrumentos de política monetaria
Con Julio Velarde, el BCR apoya su venta esterilizada de dólares con reducciones de la tasa de encaje. En la situación descrita entonces, las ventas crecientes de dólares implican retiros crecientes de soles del mercado, pero el BCR solo devuelve parte de los soles con operaciones de compra de certificados de depósitos, porque también baja la tasa de encaje. El resultado es que genera, como han señalado recientemente los bancos, una escasez de liquidez en soles que eleva la tasa de interés interbancaria (tasa a la que se prestan recíprocamente los bancos), situándola por encima de la tasa de interés de referencia. La tasa interbancaria está actualmente cerca del 4% mientras que la tasa de referencia se mantiene en 3.25%. Este alejamiento de la tasa interbancaria puede conducir al encarecimiento del crédito echando al traste el carácter contra cíclico de la política monetaria.
Esta es la segunda vez que dicha tasa se aleja de la tasa de referencia del BCR. La primera ocurrió cuando la apreciación de nuestra moneda se intensificaba por la entrada de capitales. El 16 de enero de 2008 Velarde incrementó las tasas de encaje mínimo legal y marginal en nuevos soles "para apoyar los mecanismos de esterilización monetaria en un contexto de un reciente ingreso significativo de capitales externos de carácter especulativo". El 21 de enero, Julio Velarde, declaró: "poner el encaje como lo hemos hecho es, para decirlo simplificadamente, como elevar dos veces la tasa de interés (del BCR), por ejemplo la subida que se hizo en enero (de 5 a 5.25%)".  El resultado de este experimento fue que del 18 al 21 de enero de 2008 la tasa de interés interbancaria se situó en 3.33% anual, 192 puntos básicos por debajo de la tasa de interés de referencia (5.25%); y, entre el 23 y el 25 de enero, batiendo todo récord, bajó hasta CERO. (Véase mi artículo El Revoltijo de la Política Monetaria, publicado en LR: 03-02-2008).  
Esta vez ha ocurrido lo mismo, sólo que con signo contrario, porque el contexto es de una fuerte presión devaluatoria. Velarde dirá ahora que la reducción de los encajes es más potente que bajar la tasa de interés de referencia que es lo que precisamente se requiere para contrarrestar la desaceleración del crecimiento.
A modo de conclusión
EL BCR está provocando una escasez de soles y una presión al alza del costo del crédito. Como señalan los propios bancos, el incremento del costo de los préstamos interbancarios puede elevar el costo del crédito en moneda nacional, originando precisamente un efecto contrario al que se quiere generar para enfrentar la desaceleración económica.
 
 
 
Publicado por el Diario UNO, el sábado 11 de abril.

Fecha Publicación: 2015-03-30T11:03:00.000-07:00
La desaceleración de la economía internacional ha puesto al descubierto los problemas estructurales de la economía peruana que le impiden mantener el ritmo crecimiento que registró en los años de altos y crecientes precios de los minerales. No hay motores internos que por sí solos, sin la intervención del Estado, reemplacen al motor externo que hoy se encuentra apagado. Las políticas y reformas neoliberales aplicadas en los últimos 24 años, fueron las responsables de estos problemas. La economía peruana, aparte de haberse reprimarizado, se hizo menos industrial y agrícola, y más productora de servicios con trabajadores de la variedad que Kalecki denominaba de «picos y palas», es decir, de baja calificación y con poco equipamiento de capital por trabajador. Este tipo de estructura productiva se expresa en un alto porcentaje de trabajadores informales, en el subdesarrollo del agro donde se encuentra el 30.7% de los trabajadores, y en una industria que ha perdido competitividad y mercados.
 
Promesas neoliberales incumplidas
 
La liberalización comercial provocó una notable penetración de importaciones que le quitó mercado interno a la producción nacional. Esta penetración fue exacerbada por la sistemática apreciación del tipo de cambio real asociada a la liberalización financiera, y por la ineficiencia en la aplicación de la regla de intervenciones cambiarias por parte del Banco Central. Se frenó o desaceleró la desdolarización del sistema financiero y aumentó el endeudamiento externo privado. Además, las entradas de capitales estimularon el consumo más que las inversiones.  
 
En veinticuatro años de neoliberalismo no se han superado las restricciones que enfrenta la inversión privada nacional para expandirse a lo largo y ancho país. El predominio del extractivismo impidió que crezca significativamente el empleo de calidad. Se limitó el gasto en educación y salud, y se descuidó el mantenimiento y la generación de nueva infraestructura económica y social acumulando un  déficit que se acerca al 50% del PBI. 
 
La confianza en la inversión extranjera más que en la inversión nacional, provocó el estancamiento de esta última (véase gráfico). La inversión privada nacional como porcentaje del PBI se mantuvo, durante los años del neoliberalismo, por debajo del porcentaje (16.3%) que alcanzó en los años 1980-1984. Es verdad que aumentó la inversión privada total en términos relativos, pero esto se debió al peso creciente que registró la inversión extranjera en los años 1995-1999 y 2005-2014. Tómese en cuenta, además, el predominio de la inversión en construcción frente a la inversión en maquinaria y equipo, con lo cual las inversiones en la industria y la agricultura no fueron capaces de generar un cambio estructural caracterizado por la absorción de fuerza de trabajo en actividades de alta productividad y que crecen más rápido que el promedio.
 
 
Durante el período neoliberal, la inversión privada nacional alcanzó un promedio de 12.2% del PBI y un máximo de solo 15% en los últimos cinco años (2010-2014). El resultado de este estancamiento fue la expansión de sectores terciarios (comercio y servicios) caracterizados por la presencia de trabajadores de baja calificación y productividad. El cambio estructural provocado por el extractivismo neoliberal fue, entonces, regresivo: en lugar de desarrollar la industria, y de diversificar y modernizar el aparato productivo, provocó la expansión de los sectores terciarios de baja productividad y que absorbieron los excedentes de trabajo.
 
Mercados internos e inversión nacional
 
Los neoliberales sostienen que en los países como el nuestro hay «enormes» oportunidades de inversión que no se aprovechan por falta de fondos. Como los ahorros son escasos, se requiere, dicen, del concurso creciente de los capitales extranjeros. Pero, esto no es cierto. En la economía peruana no existe una limitación al crecimiento por el lado del ahorro.
 
El ahorro nacional (público y privado) como porcentaje del PBI se mantuvo sistemáticamente por encima de la inversión privada nacional. Los porcentajes más altos de ahorro nacional se registraron en los años 2005-2009 (21.5%) y 2010-2014 (23.3%), mientras la inversión privada nacional alcanzó porcentajes menores (11.9% y 15%, respectivamente). Lo que elevó el porcentaje de la inversión privada total durante esos años fue la inversión extranjera, que alcanzó el 4.7% y el 4.9% del PBI, respectivamente.  
 
No es, entonces, por el lado del ahorro donde se encuentra la restricción a la expansión de la inversión nacional. Sabemos que la inversión extranjera se dirige a las actividades con alta renta natural (como la minería) y a sectores con mercados cautivos (como la telefonía). Esto no ocurre con la inversión nacional. No hay demanda de esta inversión porque no hay mercados en expansión. En una economía con un alto déficit de infraestructura, con pocas conexiones de la economía con la geografía y demografía, no pueden surgir nuevos mercados internos ni ampliarse los que ya existen.
 
«Lo que induce a invertir, a construir capacidad productiva, dice Edward Nell, es el crecimiento anticipado de los mercados. Si los mercados están creciendo rápidamente, las decisiones de invertir se tomarán rápidamente, incluso si la rentabilidad esperada es baja. Si los mercados están estancados, sin embargo, incluso si es rentable, habrá pocas razones para plantearse incrementar la capacidad y, por ello, las decisiones de invertir serán escasas».
 
A modo de conclusión  
 
Para endogenizar el crecimiento se tienen que crear mercados internos. Y, la gran transformación que esto significa supone una nueva relación del Estado con el mercado.
 
 
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 28 de marzo.

Fecha Publicación: 2015-03-21T17:55:00.001-07:00
Las marchas y logros del movimiento juvenil en la actual «coyuntura crítica» por la que atraviesa el país han  creado, decíamos en nuestro artículo del 14-03-2015, un «momento democrático» que abre la posibilidad de rescatar el sentido original de la política entendida como lazo de conexión social e instrumento de justicia. Es un «momento» que crea la oportunidad de «desprofesionalizar la política», promoviendo la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos y legitimar la democracia emancipándola del dominio del individualismo y del interés privado. 

Crisis de legitimidad de la democracia liberal

Hay crisis de legitimidad debido al funcionamiento de la democracia liberal divorciado del principiodemocrático de participación de los ciudadanos en las decisiones políticas. Sus instituciones y la llamada «clase política», actúan en contra de la esencia de la  democracia como «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo». Los gobiernos y representantes elegidos, no rinden cuentas de sus acciones y quedan fuera del control de los ciudadanos. Las expresiones de esta crisis de legitimidad pueden resumirse en:

1)     La práctica de una concepción individualista de la política y de la sociedad fomentada por el discurso liberal y neoliberal que reivindica el espacio privado frente a la acción política para ejercer la libertad y los derechos individuales, sin interferencias ajenas. En estas condiciones, como  nos recuerda Abellán López, la democracia liberal no requiere de ciudadanos con virtudes cívicas y activa participación política;
2)     La práctica oligárquica de los partidos políticos. Estos fueron concebidos «como los cauces fundamentales de representación, mediación y participación política». Pero, según Katz y Mair, se han convertido en «partidos cartel» porque: no dependen de su base militante; no tienen posturas ideo-políticas definidas; dependen de líderes caudillos; practican la componenda y la repartija; rechazan las elecciones primarias internas; y, dependen de empresas y grupos económicos;
3)     La práctica de una representación que aleja a la ciudadanía de la participación política. La democracia moderna es representativa, pero una representación desvinculada del control de la ciudadanía es un sustituto de la democracia que le quita soberanía al pueblo, a los electores; y,
4)     La reducción del congreso en «órgano que sirve de correa de transmisión y caja de resonancia del poder ejecutivo y, particularmente, del presidente», como señala Rodríguez Guerra. Esto desvirtúa el objetivo de la división de poderes del Estado en legislativo, ejecutivo y judicial, para que se limiten mutuamente.

El contenido de la reforma política

Para recuperar el sentido del proyecto democrático, las medidas de reforma política deben apuntar a solucionar los cuatro problemas mencionados. Medidas de este tipo, entre otras, son las siguientes:

1)  Fortalecer a los partidos sin quitarle poder a los ciudadanos:
§  Eliminar el voto preferencial. Este voto desdeña al partido y es contrario al principio de rotación. En su lugar debe incluirse el voto por una lista del partido, confeccionada en elecciones internas, y solo después el elector puede votar por el candidato de su preferencia y que se encuentra en dicha lista.
§  Financiamiento uniforme a los candidatos de los partidos durante la campaña electoral. Se debe constituir un Fondo Público, administrado con tal fin por el organismo electoral competente, con reglas para la rendición de cuentas y sanciones a sus infractores. Un porcentaje de este financiamiento puede destinarse al partido para gastos de administración durante el período electoral.
§  Todo partido debe tener candidatos para no perder su inscripción. Esto evitará la existencia de los «vientres de alquiler».  
2)  Desprofesionalizar la política, y fortalecer la ciudadanía y la política:
§  Eliminar la reelección inmediata del cargo de congresista, al igual que de los cargos de presidentes regionales y alcaldes;  y, fijar un máximo de dos mandatos para estos cargos y el de Presidente de la República. La reelección frena la renovación de cuadros e impide el fortalecimiento de la  política. 
§  Establecer para los congresistas el derecho a desafiliarse del partido que traiciona sus principios y el programa presentado en la campaña electoral. Este derecho se funda en el respeto al elector o ciudadano. 
3)  Fortalecer la independencia de los poderes del Estado y la democracia:
§  Pérdida del mandato cuando un congresista es nombrado ministro por el poder ejecutivo. Su objetivo es fortalecer la independencia de poderes.
§  Control constitucional del poder ejecutivo mediante la evaluación del informe anual del Presidente ante el pleno del Congreso. Esta evaluación debe incidir en las acciones de impacto nacional realizadas por el gobierno, las cuentas de los gastos del poder ejecutivo y las propuestas de acciones para al año siguiente.
4)  La representación debe contribuir a que el pueblo ejerza su soberanía:
§  Institucionalizar la vigilancia permanente de la ciudadanía a sus representantes y canalizar las denuncias de los casos en el que se «desvirtúa la promoción del interés general» y las prácticas corruptas en el ejercicio del cargo.
§  Reforzar la institución de la rendición de cuentas (semestrales o anuales) para erradicar la corrupción, ante asambleas de los representantes con los electores.
§  Abolir la inmunidad parlamentaria que fomenta la irresponsabilidad de los representantes.

A modo de conclusión


Estas y otras medidas deben situar a la democracia en la ruta del  republicanismo hasta anclar en una nueva constitución, sin olvidar que devolver el protagonismo de la vida política al ciudadano –como dice Andrés de Francisco—no es posible si no se garantiza la existencia social de los individuos. El pensamiento republicano es contrario a la concentración del poder y a la usurpación del espacio político por las oligarquías.     




Publicado en el Diario UNO el sábado 21 de marzo.

Fecha Publicación: 2015-03-14T06:52:00.002-07:00
Hemos dicho que el agotamiento del modelo económico neoliberal coincide con la persistente degradación de la democracia constitucional liberal, y que esta coincidencia ha configurado una coyuntura crítica donde el signo de cambios profundos es el movimiento juvenil que, con sus marchas contra la Ley Pulpín y el logro de su derogatoria, ha abierto el camino hacia el origen de la política como lazo de conexión e instrumento de justicia social.
 
Este signo de un nuevo momento democrático para el país no ha sido todavía aprehendido por los que se dedican a la «política» y creen que esta es una tarea de una clase especial y no parte de la vida activa de los ciudadanos. En este esquema de razonamiento, la democracia no requiere para funcionar de la participación política de ciudadanos comprometidos con virtudes cívicas, sino de profesionales de la «política».
 
Democracia y neoliberalismo
 
Según la concepción liberal de la democracia, los derechos individuales están asegurados mediante la profesionalización de la política. Se prescinde de la participación política de los ciudadanos, porque se desconfía de ellos, de su capacidad para tomar decisiones. Con el neoliberalismo, que se impuso en el mundo desde la década de los ochenta del siglo XX,  la legitimidad de la democracia se ha deteriorado aún más, debido a su sometimiento al «orden espontáneo del mercado». Se fomenta el individualismo o la dedicación de los individuos a sus actividades privadas, porque se considera que las tareas de la gestión pública son responsabilidad de la «clase política». Por eso, las políticas públicas han sido penetradas por el interés privado y los procesos electorales se han privatizado (hay compra-venta de «vientres de alquiler» y de votos).
 
Con el modelo económico neoliberal el interés público y, por lo tanto, la democracia, se ha subordinado al interés privado. En las propias organizaciones llamadas «partidos políticos», las prácticas democráticas han desaparecido. Con la crisis de las ideologías estas organizaciones actúan como grupos de interés privado; no les importa desarrollar ciudadanía, sino llegar al poder para usufructuarlo, siguiendo una lógica ajena a la idea democrática. No es solo el distanciamiento de los elegidos y los electores, lo que revela el fracaso de la representación política, sino su profunda penetración por intereses privados mercantiles. Los «partidos» y los elegidos no fomentan las virtudes cívicas, no persiguen el interés general, y tienen una praxis oligárquica que deslegitima a la democracia representativa.    
 
Cuando no se confrontan ideologías el debate político es sustituido por el debate sobre trivialidades y, como afirma Eloy García, este debate es dirigido por expertos en comunicación que solemnizan lo obvio y «que hacen de la política un gigantesco mercado en el que se lucha por un poder que ha perdido toda coloración. Es el reino del marketing donde la imagen se hace sustancia, en el que lo conveniente es no decir nada que signifique compromiso irrenunciable y donde un agujero en el zapato puede dar lugar a una pérdida de las elecciones».
 
La reforma política ¿para qué?
 
Con la penetración de los intereses privados en el ámbito de la gestión pública, la democracia ya no es «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo», como la definió Abraham Lincoln. Las prácticas y decisiones de los poderes del Estado, que son las instituciones de la democracia constitucional liberal, están lejos del control de los ciudadanos. 
 
Sin embargo, esta pérdida de legitimidad de la democracia, la profunda desafección ciudadana hacia las instituciones denominadas democráticas, no ha socavado el principio democrático, el ideal democráticode la participación política en sociedad o la implicación de los ciudadanos en las decisiones políticas. Se precisa, entonces, de una reforma política que haga posible la vigencia de la democracia republicana, que permita revitalizar las virtudes cívicas y reivindicar una nueva manera de hacer política. En fin, se precisa una reforma política para que sea posible cultivar la virtud cívicasuperando las reglas de la neutralidad neoliberal o del ciudadano pasivo; para revalorar el espacio público y enfrentar la corrupción; para institucionalizar la vigilancia permanente y el control ciudadano de los representantes elegidos y de los poderes públicos, y para enfrentar de otra manera los problemas colectivos.
 
Pero la reforma política que reclamamos no puede prescindir de la gran transformación económica y social. No es la prédica ni las nuevas reglas o instituciones que harán que surjan ciudadanos motivados a actuar a favor del bien común; es necesario un contexto social que permita mejorar la calidad de la democracia bajo los principios de la justicia social y económica, del interés general y de la libertad política. Hay que evitar que el carácter progresivo de la reforma política encuentre su muerte en el «orden espontáneo del mercado».   
 
A modo de conclusión
 
La virtud ciudadana es la condición sine qua non de la democracia republicana. Como dice Eloy García, « Es en el espíritu y no en las leyes, en el respeto del actuar cotidiano a los postulados de principio y no en los órganos del Estado, donde reside el remedio a la corrupción y con él, la última y mejor esperanza de la Democracia. Si el Poder es una realidad humana y si la política se define como el arte de actuar colectivamente en la (sociedad), no cabe hablar de Democracia sin ciudadanos dispuestos a obrar virtuosamente, a elevar el vivere civilea la condición de virtù
 
 
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 14 de marzo.
 
 

Fecha Publicación: 2015-02-28T10:32:00.003-08:00
Otra vez está en discusión si se debe aumentar o no el salario mínimo. Por mandato constitucional (artículo 24) el Estado es el que se encarga de su regulación con participación de las organizaciones de los trabajadores y empleadores. Hay, además, leyes que encargan su determinación al Consejo Nacional del Trabajo, donde participan el gobierno, los gremios empresariales y las confederaciones de trabajadores. Por último, existe una fórmula para su regulación periódica que toma en cuenta la productividad y la inflación. Sin embargo, toda esta institucionalidad es boicoteada por el propio gobierno y los gremios empresariales. 
 
Por qué debe aumentar el salario mínimo
 
El salario mínimo debió haberse aumentado ya. El último aumento se hizo en el 2011, y en los cuatro años que han pasado la inflación fue de 11.2%. Esto quiere decir que el actual salario mínimo ha perdido 11.2% de capacidad de compra. Por lo tanto, es de justicia que este salario aumente para restaurar su capacidad de compra.
 
En estos últimos cuatro años también aumentó la productividad en algo más de 12%. Esto quiere decir que disminuyó el costo unitario de producción (o lo que es lo mismo, aumentó la ganancia del capital) en un porcentaje similar. En consecuencia, el salario debe aumentar, para que ese incremento de la productividad no se vaya todo a manos del capital.
 
Los que dicen que el aumento del salario mínimo es inoportuno debido a la actual desaceleración económica, sin duda piensan que toda la producción es para exportación y que, por lo tanto, no importa que se mantenga o reduzca el salario. Es salario es visto solo como costo de producción. No toman en cuenta que el salario es también parte de la demanda.
 
Cuando aumenta el salario, aumenta el gasto (la demanda) en bienes y servicios, porque los trabajadores no atesoran el dinero en el bolsillo. ¿Quiénes producen los bienes y servicios que compran los consumidores? Las empresas. Por lo tanto, cuando sube el salario mínimo, lo más probable es que haya un incremento de la demanda de aquellos bienes y servicios que se producen para el mercado interno. Así, el aumento de la demanda puede más que compensar el incremento del costo de producción, ayudando a la reactivación de la producción para el mercado interno.
 
La baja productividad de los trabajadores
 
Es verdad que en un amplio sector de la economía hay trabajadores de baja calificación y baja productividad. Pero esta situación no es de exclusiva responsabilidad de los trabajadores. Las empresas pueden aumentar la productividad mediante la innovación y la capacitación de sus trabajadores. Si no lo hacen o no lo han hecho, no pueden argumentar que es inoportuno subir el salario mínimo. Además, la productividad en promedio aumentó. Es importante que el aumento del salario se vea como un incentivo para que las empresas innoven, hagan cambios técnicos y desarrollen programas de capacitación de sus trabajadores. Asimismo, las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas, deben proponer fórmulas para que baje el costo de financiamiento de sus inversiones. Este es el costo que les agobia más que el costo del trabajo.
 
Por último, el hecho de que en nuestro país predomine un alto porcentaje de empresas «de 1 a 10 trabajadores» de baja productividad, es resultado de la manera cómo crece la economía. Tenemos un estilo de crecimiento impulsado por la demanda externa de minerales y secundado por la expansión de actividades terciarias de baja productividad. Ese estilo del crecimiento tiene que cambiar, para que las empresas tengan la oportunidad de crecer, de ampliar su tamaño, de innovar y hacer cambios técnicos. Este cambio implica atender la agricultura e impulsar la industrialización. La industrialización y la diversificación productiva que el país necesita, debe partir de la agricultura y del desarrollo agroindustrial.
  
 
El salario digno es de interés público
 
El salario mínimo nace en 1962 como un instrumento de política de redistribución de ingresos. Cuando aumenta el salario mínimo, los salarios más bajos de la estructura salarial empiezan a subir, con lo cual la dispersión salarial disminuye. Y, cuando esto pasa, mejora el ingreso promedio de los trabajadores. Por eso el salario mínimo es un auténtico instrumento de redistribución de ingresos.
 
La controversia sobre el salario mínimo (así como sobre el salario digno) es una controversia sobre el interés privado versus el interés público. Los que están en contra de su incremento, creen que la promoción del interés privado de las empresas es la mejor manera de asegurar el interés público. Afirman que el aumento del salario mínimo genera distorsiones en los precios y afecta el empleo. Así, lo que es malo para el interés privado, es malo para el interés público.
 
Esta posición privatista no toma en cuenta que la existencia del salario mínimo previene la explotación extendida de los trabajadores con baja calificación, por parte de empresas que cuentan con mayor poder de negociación sobre los salarios. Tampoco toma en cuenta que los salarios dignos alientan el esfuerzo y, por lo tanto, la productividad de los trabajadores. Asimismo, cuando aumentan los salarios, aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores y, por lo tanto, la demanda agregada.
 
A modo de conclusión
 
La actualización periódica del salario mínimo, es de interés público. Su efecto positivo sobre el salario promedio, es un indicador de mejora del bienestar económico de los trabajadores. Cuando las empresas pagan menos que el necesario para la subsistencia de los trabajadores, afectan la futura capacidad productiva de la sociedad. Por eso un salario digno es simplemente un salario de interés público.
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado  28 de febrero.
 
 
 

Fecha Publicación: 2015-02-21T08:59:00.002-08:00
Según el INEI, la tasa de crecimiento del PBI en 2014 fue de solo 2.35%, menos de la mitad de la tasa de crecimiento que se registró en 2013. Se podrá decir que la política fiscal no contribuyó a detener la desaceleración porque se generó superávit fiscal en los años 2011-2012, pero no es su causa principal. En el 2013 el superávit  fue menor a 1% y es probable que en 2014 se registre un déficit. Tampoco se le puede achacar como causa de la desaceleración a la política monetaria. Es verdad que el Banco Central inició la disminución de su tasa de referencia recién a fines de 2013, pero el hecho es que los créditos en moneda nacional siguen creciendo a tasas cercanas al 20%.
 
No se puede negar que las demoras en la aplicación de políticas contra-cíclicas y su propia orientación, han tenido su cuota en la desaceleración del crecimiento, pero su causa más importante se encuentra en el estancamiento de la economía internacional y en la incertidumbre que acompaña a su recuperación en los próximos dos o tres años. Por lo tanto, ya terminó el ciclo largo de altos precios de las materias primas que exportamos. En la década de los años noventa este ciclo de altos precios duró apenas 5 años, pero el que acaba de terminar tuvo una duración de cerca de diez años. El actual gobierno desaprovechó esta tremenda oportunidad con la traición a su propuesta de transformar el estilo de crecimiento neoliberal.
 
El descuido de la oferta para el mercado interno
 
La economía creció entre 2002 y 2014 a una tasa promedio anual de 5.9%, pero en lugar de resolverse los problemas estructurales de la economía, se exacerbaron: alta tasa de informalidad (73.7%); subdesarrollo del agro que emplea a cerca de la tercera parte del total de trabajadores, pero que participó en la generación del PBI con solo 5.34% en 2014; aumento de la participación de los sectores terciarios de baja productividad, como los sectores de comercio y servicios que explican el 60.2% del PBI; deterioro de la manufactura con la reducción de su participación en la generación del PBI a 15%; un vector de exportaciones altamente especializado en productos primarios con un porcentaje (75%) similar al de las décadas de los años cincuenta y sesenta; y, una espectacular penetración de importaciones que representa más del 180% de la producción de la manufactura.  
 
 
 
A pesar de los 16 años de alto crecimiento (1993-1997, 6.8%; 2002-2008, 6.6%; y, 2010-2013, 6.7%) en los 24 años de neoliberalismo, se redujo sistemáticamente la participación de la oferta o producción orientada al mercado interno en la demanda interna (véase gráfico). En el período 1950-1989, esta participación se mantuvo, con fluctuaciones,  en un promedio de 86%. En 1990 alcanzó el 87%, pero después cayó sistemáticamente hasta 73% en 2013. Nunca antes se había registrado un porcentaje similar. En el período anterior al neoliberal, los porcentajes más bajos fueron de 82.3% en 1967 y de 82.1% en 1974. Además, hay que considerar que dentro de la oferta productiva orientada al mercado interno se reduce la participación de los sectores manufactura y agropecuario, mientras aumenta la participación de los sectores comercio y servicios. Es claro, entonces, que las políticas orientadas a la expansión de la demanda interna, sin cambios simultáneos en la oferta productiva para el mercado interno, darán lugar al aumento del déficit en la cuenta de la balanza de pagos y también a presiones inflacionarias.
 
La propuesta de diversificación productiva neoliberal
 
El plan de diversificación productiva oficial no tiene sentido en el actual escenario de estancamiento de la economía internacional. No toma en cuenta el efecto de las reformas y políticas neoliberales en la estructura productiva del país. Es una propuesta de cambio para que nada cambie como en la novela «El Gatopardo» de Lampedusa. Veamos por qué. Este plan tiene tres ejes. El primero es poner la economía en cadenas de valor internacional, apostando nuevamente por el papel de los mercados externos en pleno estancamiento de la economía internacional y descuidando el desarrollo de mercados internos. Y, precisamente porque apuesta por los mercados externos, su segundo eje hace énfasis en la necesidad de bajar los costos laborales, flexibilizar el mercado de trabajo, flexibilizar permisos y trámites. Esta es la razón, por ejemplo, de por qué los neoliberales del gobierno se oponen al incremento del salario mínimo.
 
Finalmente, su tercer eje se resume en un conjunto de medidas administrativas para aumentar la productividad. Sus autores no entienden que la productividad es un fenómeno macroeconómico resultado de cómo crece y opera la economía. Si se crece deteriorando la oferta orientada al mercado interno y a una tasa menor que la fuerza laboral, como ha ocurrido en los últimos 24 años, no hay manera de evitar que un alto porcentaje del empleo sea informal y de baja calificación, y de que se ubique en sectores terciarios de baja productividad.
 
A modo de conclusión
 
La diversificación productiva para iniciar el cambio del modelo neoliberal es la industrialización a partir de la agricultura, de su modernización y del desarrollo de la agroindustria. Para ello, las políticas orientadas a la expansión de la demanda interna (inversión pública en infraestructura y financiamiento, por ejemplo), deben orientarse a apoyar este tipo de industrialización y de diversificación de la oferta productiva para el mercado interno. Es la manera, además, de iniciar el cambio del marco institucional actual; de retirar las reglas de la globalización neoliberal del espacio que ocupan en las decisiones de  política de nuestro Estado Nacional.
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 21 de febrero.

Fecha Publicación: 2015-02-07T13:46:00.001-08:00
El gobierno insiste en aplicar medidas de recorte de derechos y beneficios sociales para reducir costos laborales y, de este modo, supuestamente estimular la inversión y, por lo tanto, el crecimiento de la producción y el empleo. Así, a pesar de haberse derogado --por presión de los jóvenes-- la llamada ley Pulpín, la Comisión de Trabajo y Economía del Congreso acaba de aprobar la propuesta del Ejecutivo de reducción de 10 a 5 el porcentaje de los trabajadores para facilitar los ceses colectivos. También ha aprobado «no considerar como remuneración computable el bono de desempeño no menor al 20% de la remuneración anual del trabajador», lo que significa que no se tomará en cuenta para el cálculo de las gratificaciones, CTS, EsSalud y pensiones de jubilación. Con la misma lógica, los neoliberales del gobierno se oponen al aumento del salario mínimo. Creen que bajando los costos laborales (política del cholo barato), las empresas competirán mejor en los mercados internacionales aumentando, consecuentemente, la producción exportable y el empleo.
 
El legado de las políticas neoliberales
 
Las políticas neoliberales no han resuelto los problemas estructurales de la economía.  Liberalizaron los mercados financieros y promovieron la libre movilidad internacional de capitales; liberalizaron el comercio exterior; privatizaron indiscriminadamente las empresas públicas; y, adoptaron medidas de creciente flexibilización del mercado de trabajo, estimulando una competencia espuria entre países similares al nuestro. Pero, los problemas estructurales siguen: aumentó la vulnerabilidad externa de la economía, se debilitó la capacidad de la industria manufacturera, se descuidó el desarrollo del agro,  y se terciarizó la economía aumentando el empleo precario y de baja productividad.
 
Específicamente, en veintitrés años de políticas neoliberales, no se avanzó casi nada en la diversificación productiva; la manufactura perdió participación en la generación del PBI y del empleo; no se redujo la informalidad (73.7% de los trabajadores son informales); se descuidó el desarrollo de los mercados internos; los salarios reales se mantuvieron prácticamente estancados; se manutuvo un vector de exportaciones dominado por la producción primaria (un promedio de 75% del total); se favoreció al capital extranjero dirigido a las actividades extractivas con contratos de estabilidad tributaria que lesionaron la soberanía nacional; no se redujeron los costos medioambientales de la explotación de recursos primarios; se siguen vulnerando los derechos de las comunidades para favorecer al capital transnacional con la explotación de los recursos naturales; no se promovió la innovación, el cambio técnico ni el desarrollo del capital humano; en fin, se creció impulsado por la demanda externa y expandiendo las actividades de servicios de baja productividad. 
 
Por todas las razones anteriores, y dado el contexto externo caracterizado por el estancamiento económico que no se revertirá a corto plazo, el abaratamiento de los costos laborales sólo agrava la situación de crisis porque azuza los conflictos sociales.
 
Los riegos de crecer expandiendo la demanda interna
 
Como ya no se puede crecer sobre la base de la producción primaria que se orienta a los mercados internacionales, otros economistas sugieren expandir la demanda interna mediante políticas fiscales y monetarias. Con este tipo de políticas se estimularía el crecimiento de los sectores no extractivos como la manufactura y el comercio.
 
Si bien esta opción es teóricamente válida, no toma en cuenta los efectos que el estilo de crecimiento primario exportador produjo en la estructura productiva y, en particular, en la capacidad productiva manufacturera, y tampoco considera los efectos en el mercado interno de la masiva penetración de importaciones.
 
Utilizando series con el nuevo año base 2007, encontramos que la participación de las importaciones en la demanda interna casi se duplicó en el periodo 1991-2013; pasó de 15% a 27%. En el periodo precedente, esta participación registró su máximo valor de 18% en 1974, año pico del ciclo económico. De otro lado, la elasticidad producto de las importaciones aumentó de 1.1 a cerca de 2 durante los años del neoliberalismo. Asimismo, el ratio de importaciones de bienes y servicios a producción manufacturera aumentó de 66% en 1987, a 132% en 1997 y a 186% en 2013. Si a la producción manufacturera se le suma la producción de los sectores pesca y agropecuario, dicho ratio aumentó de 50% en 1987, a 93% en 1997 y a 132% en 2013.  Por último hay que tomar en cuenta que el estilo de crecimiento de las últimas dos décadas produjo un estancamiento de la capacidad productiva per cápita: el stock de capital per cápita aumentó 43.5% en el periodo 1960-1980 y solo 26.9% en el periodo 1990-2013.
 
De acuerdo con estos indicadores, los impulsos de demanda interna, con exportaciones que no aumentan a ritmos anteriores debido al estancamiento de los mercados internacionales, harán crecer las importaciones y, en consecuencia, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos; además, de generar presiones inflacionarias debido a la reducida capacidad de respuesta de la oferta agropecuaria y manufacturera. La tasa de utilización de la capacidad productiva de la manufactura no primaria registró un promedio de 62.9% en el periodo 2006-2009 y de 71.7% en el periodo 2010-2013.
 
A modo de conclusión
 
Para sostener el crecimiento económico a tasas de 4% a 5%, expandiendo la demanda interna mediante las políticas fiscal y monetaria, deben –reiteramos lo que hemos señalado en otros artículos-- «identificarse medidas que  aumenten simultáneamente la demanda y la oferta productiva, cuidando de no generar presiones inflacionarias ni incrementos sustanciales en el déficit externo».
 
 
 
 
Publicado en el diario UNO el sábado 07 de febrero.
 

Fecha Publicación: 2015-01-31T09:47:00.004-08:00
Las cinco movilizaciones de los jóvenes efectuadas entre el 18 de diciembre de 2014 y el 26 de enero de este año, lograron su cometido: el Congreso de la República, en legislatura extraordinaria convocada por el presidente Humala, derogó la ley de empleo juvenil que le recortaba derechos y beneficios sociales. Por primera vez en la historia moderna de nuestro país se deroga una ley mediante la participación activa de ciudadanos movilizados. Además, se deroga una ley que forma parte de la reforma laboral neoliberal iniciada en los años noventa. Se trata entonces de un hecho histórico que, junto a la desaceleración económica y la erosión de la democracia constitucional liberal, ha configurado un momento de cambio significativo (coyuntura crítica) en la economía y en la política.

La crítica al modelo económico neoliberal

La reforma laboral neoliberal se orienta a flexibilizar el mercado de trabajo, es decir, a la «eliminación de trabas o rigideces que impiden la libre operación del mecanismo de la oferta y la demanda». Entre estas trabas o rigideces se encuentran no solo los contratos colectivos y la sindicalización, sino también otros derechos y beneficios laborales que, según el discurso neoliberal, encarecen la mano de obra. En la lógica de este discurso, el abaratamiento de la mano de obra es fundamental para incentivar las inversiones y, en consecuencia, el crecimiento del empleo. Por esta razón se propone reducir los costos de producción de las empresas a costa de los trabajadores. De otro lado, los neoliberales sostienen que un país compite mejor con otros por inversiones extranjeras, cuando tiene los salarios más bajos. Se fomenta así una competencia espuria, rentista o extractivista, en empresas que producen para los mercados internacionales, y se reduce el mercado interno, al disminuir o estancar la capacidad de compra de los salarios, para empresas que producen para el mercado interno.
 
Esta flexibilización laboral ha precarizado el empleo y deteriorado las condiciones de vida de los trabajadores de nuestro país. Por eso los jóvenes que se movilizaron saben que rechazando a la ley --que ellos denominaron Pulpín--, rechazaban también el modelo económico neoliberal. Saben, por lo tanto, que las políticas de reforma del mercado de trabajo que se iniciaron en los años noventa no lograron su objetivo de reducción significativa de la informalidad. Durante el «fujimorato» el porcentaje de trabajadores informales aumentó hasta alcanzar en 1997 el 77.4% de la PEA ocupada total; en 2005 subió a 78.3%; y, en los años siguientes se redujo lentamente hasta alcanzar el 73.7% en 2013. Este último porcentaje equivale a  11 millones 559 mil trabajadores. Los jóvenes saben, asimismo, que el 70.9% del empleo total se encuentra en empresas de «1 a 10 trabajadores» donde el ingreso promedio mensual es de solo 962.8 soles; y, que los trabajadores de 14 a 24 años tienen un ingreso promedio mensual de 845.2 soles.

Los jóvenes, entonces, con el rechazo y derogación de la ley Pulpín han iniciado la lucha contra todas las normas o regímenes especiales que discriminan y recortan derechos laborales, y por la aprobación de la Ley General del Trabajo. Como lo están anunciando sus líderes, han iniciado la lucha por la «igualdad de derechos para todos los peruanos sin excepción».

La recuperación de la política

Al cuestionamiento del modelo se suma la incursión masiva de los jóvenes en la política. Lograron la derogatoria de la ley Pulpín con cinco movilizaciones. Este hecho histórico evidencia la posibilidad de cambiar la actual institucionalidad democrática y de acercar los principios democráticos a la realidad social y política en la que se aplican. Con el neoliberalismo estos principios se han hecho más distantes de la práctica política --divorciada de las aspiraciones de la comunidad-- de los gobiernos y partidos.

El neoliberalismo ha despolitizado a la política al confiar la solución de los problemas sociales a la dinámica del mercado; ha suprimido así el sentido original de la democracia. El neoliberalismo convive bien con la falta de compromiso civil con la democracia, porque desconfía de los ciudadanos.  Como dice Pisarello, el neoliberalismo «coloca el orden espontáneo del mercado a resguardo de las urnas y evita que las poblaciones ignorantes se inmiscuyan en las leyes de la economía».

Frente a este funcionamiento insatisfactorio de la democracia, con gobiernos y representantes que no rinden cuentas de sus acciones y quedan fuera del control de los ciudadanos, la incursión de los jóvenes constituye el inicio de la recuperación las virtudes cívicas para revalorar la política o para rescatar su sentido de lazo de conexión social. En un poco más de un mes construyeron coaliciones efectivas con espacios diversos: jóvenes sindicalizados, universitarios, jóvenes partidarizados, agrupaciones por zonas, colectividades, entre otras; y, fueron capaces de organizarse en una coordinadora general y en asambleas, sin hegemonías, buscando consensos y poniéndose límites recíprocamente. Pusieron en práctica una manera distinta de hacer política, proclamándose autónomos respecto de los partidos y de las organizaciones a las que algunos pertenecen (partidos políticos, federaciones, CGTP, etc.). En otras palabras, han revelado que es posible la ruptura del actual equilibrio extractivista para dar paso a la innovación política y económica.

A modo de Conclusión

Con las movilizaciones de los jóvenes hemos empezado a transitar el camino del republicanismo que «reivindica la política como actividad humana para todos, como una manera de entender y vivir la democracia». Hemos empezado a recuperar las virtudes cívicas para recuperar el sentido de la política.




Publicado en el Diario UNO, el sábado 31 de enero.

Fecha Publicación: 2015-01-26T14:25:00.000-08:00
La evidente desaceleración del crecimiento económico no es percibida aún en su verdadera dimensión. Autoridades y analistas económicos fueron revisando sus proyecciones de crecimiento para los años 2014 a 2015 a la baja.   Por ejemplo, en abril de 2014 el Banco Central afirmaba que la tasa de crecimiento del PBI sería de 5.5%; en julio la redujo a 4.4%; y, en octubre a 3.1% (véase el Reporte de Inflación de esos meses). También revisó sistemáticamente a la baja sus proyecciones de crecimiento del PBI para el año 2015, de 6.7% en abril, a 6% en julio y a 5.5% en octubre.  Lo más probable es que en el Reporte de Inflación de enero de este año, el Banco Central anuncie nuevas revisiones a la baja: la tasa de crecimiento para 2014 no será mayor al 2.5% y para el año 2015 lo más probable es que proyecte una tasa menor al 5%.  
 
Proyecciones y estancamiento de la economía mundial
 
Revisiones a la baja también las hicieron otras instituciones, nacionales e internacionales, todas en función a proyecciones del crecimiento mundial que también fueron revisadas a la baja sistemáticamente. En la actualidad no hay proyecciones de crecimiento de la economía mundial mayores a 3.5% para el año 2015. El colapso de los precios del petróleo no ha cambiado ni cambiará la debilidad de la economía mundial. Por lo tanto, no hay razones para esperar una tasa de crecimiento del PBI peruano para 2015 distinta a la registrada en el año 2014.    
 
Algunos analistas anodinos locales consideran que la caída espectacular de los precios del petróleo es una «bendición». Están seguros que el «petróleo barato» reactivará la economía mundial y la economía nacional. En la lógica del pensamiento heterónomo de estos analistas, el «petróleo barato» operará positivamente en la economía nacional sin cambiar el actual estilo de crecimiento y acumulación de capital; basta –dicen-- «que la reducción del precio mundial del petróleo se traslade íntegramente a los precios locales de los derivados». Dan por sentado que aumentará las inversiones y que habrá demanda para las exportaciones (que ciertamente suponen que crecerá).
 
Curiosamente el ministro de economía, Alonso Segura, coincide con estos analistas. Cree que la economía crecerá 5% este año porque la disminución del precio del petróleo le «agregaría entre 0.5 y 1 punto porcentual al crecimiento». Y, al igual que otros, le agrega como una explicación de su proyección optimista, la puesta en operación de proyectos mineros y de infraestructura, dando por sentado una recuperación importante de la demanda internacional.  A todo esto le suma, por supuesto, sus paquetes «reactivadores» y los estímulos monetarios y fiscales.
 
No hay signos de propuestas para un cambio del actual estilo de crecimiento económico y acumulación de capital, cuyo motor se encuentra en los mercados externos. Sin este cambio, la economía peruana no será capaz de enfrentar el estancamiento de la economía mundial. Las políticas fiscales y monetarias contra-cíclicas aplicadas para remontar la crisis iniciada en los años 2008-2009, han mostrado no ser eficaces. No hay signos de recuperación sostenida de la economía de los Estados Unidos y, según varios analistas internacionales, la zona del euro podría entrar en un período de largo estancamiento como lo hizo Japón desde los años noventa. Hay que recordar que Japón, cuya economía aún no termina de recuperarse completamente, mantuvo tasas de interés bajas, aplicó la llamada flexibilización cuantitativa (como parece que ahora lo hará el Banco Central Europeo) y elevó sustancialmente su gasto en infraestructura financiándolo con deuda.     
 
En este contexto externo de estancamiento, los llamados países de mercados emergentes como el Perú, tienen  que revisar sus estilos de crecimiento y acumulación de capital basados en la demanda internacional por sus productos. Hay que construir los «motores» internos abandonando la receta neoliberal. Es el camino para reducir sustancialmente la vulnerabilidad externa de la economía.
 
Crecimiento o espejismo estadístico
 
Para iniciar el cambio, la información estadística económica es fundamental. La estadística económica oficial es un bien público; por lo tanto, su objetividad y su veracidad (ciertamente fundada en técnicas estadísticas) son fundamentales para la toma de decisiones de política adecuadas.  

 
Al respecto, desde hace ya varios meses hemos advertido  sobre la inexplicada divergencia entre las tasas de crecimiento del PBI y las tasas de crecimiento de la producción de la actividad Financiero y Seguros (FSP), que también incluye pensiones (véase Gráfico). Entre Julio de 2013 y noviembre de 2014, el PBI creció a la tasa mensual de 3.9%, mientras la producción de la actividad FSP lo hizo a la tasa de 12.1%. En ese mismo período la producción de la actividad Servicios Prestados a Empresas (SPE) creció a la tasa de 6.6%. Entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014, el PBI creció a la tasa de 3.3% y la producción de FSP y SPE lo hizo a las tasas de 12.6% y 6.6%, respectivamente.
 
No hay explicación de estas divergencias, sobre todo si se toma en cuenta que en los dos períodos citados, la manufactura creció a las tasas de 1.7% y de 0.3%, respectivamente. Si descontamos las tasas de crecimiento de estas dos actividades (FSP y SPE), la tasa de crecimiento del PBI se situaría por debajo de cero. 
 
A modo de conclusión
 
El autoengaño oficial divulgando estadísticas económicas sin fundamento técnico alguno, tiene efectos dañinos para la economía y la sociedad.




Publicado en el Diario UNO, el sábado 24 de enero



Fecha Publicación: 2015-01-18T07:44:00.000-08:00
El modelo económico neoliberal descuida el desarrollo de los mercados internos porque genera una distribución de los ingresos que perjudica a los trabajadores. El estancamiento de los salarios reales y la precarización del empleo es consustancial a este modelo. No se dinamiza ni se industrializa la economía y, por lo tanto, se posterga el desarrollo de mercados internos, porque se cree que se adquiere ventaja competitiva en los mercados internacionales cuando se dispone de mano de obra con bajos salarios y bajos costos laborales no-salariales.
 
El predominio del empleo precario
 
El estilo de crecimiento económico neoliberal tuvo consecuencias importantes en la generación de empleo y de ingresos. Es verdad que aumentó el empleo con el crecimiento económico de la última década. Pero como se trató de un crecimiento impulsado por la demanda externa y los altos precios de los minerales, este crecimiento no alteró significativamente la estructura del empleo. De acuerdo con información del INEI para el año 2013, el 73.7% del empleo es informal y el 70.9% se encuentra en empresas de «1 a 10 trabajadores» (microempresas), donde predominan los bajos ingresos y bajas calificaciones.
 
La manufactura perdió importancia en la generación de empleo: participa solo con el 10.1%. La elasticidad empleo-producto de este sector disminuyó de 0.764 –que es la que se registra en el período de los sesenta--, a un promedio de cerca de 0.55. De otro lado, la agricultura, comercio, servicios y la construcción, concentran el 88.3% de la PEA ocupada. Son sectores productores de bienes y servicios no transables, y son los que mayores «oportunidades» de empleo generan (63.7%). La agricultura que es básicamente tradicional participa con el 24.6% del empleo total.
 
Por último, el 78.2% de los ocupados en los sectores comercio y servicios, y cerca del 80% de la PEA ocupada en la agricultura, se encuentran en «empresas de «1 a 10 trabajadores». En estos tres sectores predomina el empleo informal, es decir, el empleo sin derechos laborales que incluye a asalariados fuera de planilla, a los que trabajan por cuenta propia o en empresas no registradas jurídicamente. Son trabajadores sin recursos suficientes para proteger a sus familias y enfrentar sus necesidades de salud y educación.
 
Esta situación de precariedad laboral proviene del desmantelamiento de los estándares laborales básicos propiciado por el neoliberalismo desde la década de los noventa. «La disciplina del hambre --decía John Bates Clark, autor de la teoría de la distribución del ingreso basada en la productividad marginal--, descalifica al trabajador para hacer una negociación exitosa, y si el empleador está en total libertad de contratar a los hombres que individualmente podrían ofrecerse a trabajar bajo la presión del hambre, el empleador puede conseguirlo por muy poco» (Clark, 1913, p. 292).
 
Otro modelo de crecimiento es posible
 
La mayor desigualdad en la distribución de los ingresos y el estancamiento de los salarios reales, le hizo perder liderazgo en el crecimiento a la manufactura y a la agricultura. El resultado fue la imposibilidad de endogenizar el crecimiento económico por la vía de la expansión y creación de mercados internos.
 
Durante el «fujimorato», el salario real promedio fue equivalente a sólo el 37.2% del registrado en el año 1987. Este promedio no cambió significativamente durante los últimos años. Mientras el PBI per cápita creció a la tasa promedio anual de 3.9% entre 1993 y 2013, los salarios reales lo hicieron a la tasa insignificante de 0.35% promedio anual.
 
Para los neoliberales los derechos laborales y el cuidado del medio ambiente son vistos como costos que deben ser minimizados para estimular las inversiones. Por eso el crecimiento se hizo dependiente de los mercados internacionales, al mismo tiempo que se descuidó el desarrollo de los mercados internos.
 
Entonces, lo que el país necesita para desarrollarse es endogenizar su crecimiento; y esto, como señala Palley (2002), requiere «salarios crecientes y una mejor distribución del ingreso. Juntos generan un círculo virtuoso de crecimiento donde un aumento de los salarios estimula el desarrollo del mercado doméstico y el desarrollo del mercado doméstico estimula el crecimiento de los salarios». Los países que fortalecen su mercado interno, desarrollando la industria y la agricultura, están menos sujetos a las fluctuaciones de los mercados internacionales. Además, democracia y buenos estándares laborales (no discriminación, libre sindicalización, contratación colectiva, seguridad social, y otros derechos y beneficios sociales), son la clave de este nuevo modelo. 
 
Hay que recordar que el fácil acceso a mano de obra barata, además de fomentar el extractivismo o rentismo entre las empresas, «elimina el incentivo para que las empresas disminuyan sus costos desarrollando o adoptando nuevas tecnologías». La ganancia genuina de competencia basada en los aumentos de la productividad y las mejoras en la  calidad, se sustituye por la ganancia de una competitividad espuria que erosiona la calidad del trabajo, el medio ambiente y la distribución del ingreso. No se puede ganar competitividad a costa de la capacidad adquisitiva de  los salarios, y de los derechos y beneficios de los trabajadores.
 
A modo de conclusión
 
Cuando no se paga un salario digno –como señala J.M. Clark (1929)--, «hay una pérdida de capacidad productiva que cae como una carga generalizada en la sociedad, que a menudo afectan a las futuras generaciones». El estancamiento de los salarios reales causaun daño irreversible al capital humano de los pobres.
 
 
 
 
 
Publicado en el Dario UNO, el sábado 17 de enero.

Fecha Publicación: 2015-01-10T19:22:00.000-08:00
El ministro de la Producción, P. Ghezzi, ha dicho que «sería una tragedia que el Congreso derogue la Ley de Empleo Juvenil». ¿Habrá querido decir «tragedia para el Gobierno» o «tragedia para él» por haber sido uno de sus autores?  Sorprende la exageración del ministro. Esta ley es un desatino y una tremenda falta de respeto a la inteligencia de los jóvenes.

Los argumentos del ministro en defensa de esta ley, que los jóvenes han denominado Ley Pulpín, son deleznables (véase su artículo “Jóvenes productivos, no informales” en LR, 06-01-15).

1.   El ministro dice:  «El indicador de empleo adecuado es engañoso: muchísimos jóvenes “adecuadamente empleados” no ganan ni la Remuneración Mínima Vital y tienen empleos informales, sin seguro de salud ni pensión».

Así responde cuando se argumenta que la Ley Pulpín pierde sentido si se toma en cuenta que el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años adecuadamente empleados aumentó de 25% a 63% entre 2008 y 2012.

El ministro no sabe qué es y cómo se mide el «empleo adecuado». Según el INEI y el BCR, son «adecuadamente empleados» los trabajadores que laboran 35 o más horas semanales y que obtienen un ingreso igual o mayor al Ingreso Mínimo Referencial; y, también los que voluntariamente trabajan menos de 35 horas. El concepto «adecuadamente empleado» es contrapuesto al de «subempleado»; y el ingreso considerado como adecuado es aquel que resulta superior al Ingreso Mínimo Referencial (IMR), establecido para el cálculo del subempleo invisible.

El ministro miente cuando dice que «muchísimos jóvenes “adecuadamente empleados” no ganan ni la Remuneración Mínima Vital». No sabe que el Ingreso Mínimo Referencial estimado por el INEI al mes de octubre de 2014 es de S/. 865.61, mayor que la Remuneración Mínima Vital de S/. 750 soles.

El crecimiento económico redujo el subempleo de estos jóvenes, situando sus ingresos por encima de la Remuneración Mínima Vital. Pero la Ley Pulpín les fija la percepción de un ingreso igual a la remuneración Mínima Vital. ¡Otro recorte potencial de ingresos!.

El empleo adecuado de los jóvenes aumentó 152% en cuatro años, porque creció la economía. Este crecimiento fue un fenómeno macroeconómico y no el resultado de recortes de derechos y beneficios laborales de los trabajadores. En general, el subempleo se redujo sustantivamente en los años de crecimiento, a pesar de la existencia de estos recortes en distintos regímenes especiales que se introdujeron desde los años noventa.

2.   El ministro dice: «Puedes ser informal y tener un empleo adecuado». Según información de la ENAHO «solo 1,7% de los jóvenes de 18 a 24 años tiene un contrato laboral formal, a plazo indeterminado y con beneficios. Entre los demás jóvenes, 63% trabajan en la informalidad, 23% tienen contrato, pero temporal y 11,2% están desempleados. Nadie puede estar satisfecho con esto».

El Ministro está diciendo que la Ley Pulpín es la solución a estos problemas (informalidad, contrato temporal y desempleo). Hay que señalar, de paso, que los jóvenes entre 18 y 24 años que trabajan en la informalidad representan solo el 8.1% del total de trabajadores informales; y, estos últimos representan el 74.3% de la PEA ocupada total.

El razonamiento del ministro es cándido. Supone que las empresas reaccionarán ante el recorte de beneficios y derechos  (es decir, ante la Ley Pulpín), creando más puestos de trabajo para los jóvenes. Pero esto es solo un supuesto ideológico. Los puestos de trabajo se expanden cuando crece la producción; y, crece la producción cuando crece la demanda. Si hay incertidumbre sobre el comportamiento futuro de la demanda agregada, si las empresas no avizoran un crecimiento de sus ventas, estas no aumentarán el empleo y pueden incluso despedir trabajadores. El recorte de los ingresos de los trabajadores, al disminuir su capacidad de compra, afecta el nivel de la demanda agregada futura.

Por último, el ministro debe saber que dependiendo del estilo de crecimiento, la expansión del empleo puede enfrentar un límite en el ritmo de acumulación de la capacidad productiva per cápita. Si este ritmo se rezaga frente al crecimiento de la fuerza laboral, aumentará el subempleo y la informalidad.

3.   El ministro, suponiendo que los jóvenes ya tienen un empleo por obra y gracia de la Ley Pulpín, manifiesta: «La ley tiene dos grandes pilares: la experiencia y la capacitación. Esto hará que el capital humano de los jóvenes mejore». Después florea: «a los jóvenes les ofrecemos un futuro mejor, bajo la premisa de que una mejor experiencia laboral inicial les traerá beneficios a lo largo de toda su vida profesional, para beneficio de sus familias y de la sociedad».

¿Por qué no nos revela el ministro el número de puestos de trabajo, adicionales a los actualmente existentes, que creará la Ley Pulpin? No tiene manera de saberlo. ¿Cómo se crearán puestos de trabajo en plena desaceleración económica? Si no hay creación de puestos de trabajo, ¿cree el ministro que los 940 mil jóvenes de 18 a 24 años que actualmente trabajan en la informalidad (63%), serán trasladados por las empresas al régimen laboral de la Ley Pulpín? No lo dice. No hay manera de saber cuál es el futuro mejor que ofrece la ley a los jóvenes.

A modo de conclusión

El ministro afirma que el régimen para microempresas no funcionó, entre otras razones, «porque los trabajadores formalizados en una MYPE podían pedir beneficios pasados del régimen general. Ello generó un desincentivo grande». Esta es una revelación importante. El ministro nos está diciendo que una vez recortados los beneficios para formalizarse, estos no pueden ser reclamados luego de ser formalizados. Esto es lo que hemos llamado «cambiar mocos por babas». Los trabajadores son informales porque no ejercen derechos laborales. La ley, «reconociéndoles» solo un mínimo de derechos, los convierte en «formales».




Publicado en el Diario UNO, el sábado 10 de enero de 2015

Fecha Publicación: 2015-01-03T08:49:00.000-08:00
La coyuntura por la que atraviesa actualmente el país está caracterizada por la confluencia de dos hechos. En primer lugar está el enfriamiento de la economía y su incapacidad de reproducir en el futuro próximo las altas tasas de crecimiento de los años previos a la crisis internacional de 2008-2009. El incierto contexto externo ha puesto en cuestión el estilo neoliberal de crecimiento y acumulación de capital de las últimas dos décadas. Y, en segundo lugar, está el creciente deterioro de la democracia constitucional liberal. Los partidos políticos han perdido total credibilidad y todos los poderes del Estado están penetrados por la corrupción. No hay control ni rendición de cuentas creíbles de los elegidos. El extractivismo económico promovido por las políticas neoliberales, llegó hasta los niveles más altos de las instituciones del Estado en forma de aprovechamiento desembozado de los recursos públicos. Hay corruptos y corruptores que han infiltrado el poder judicial, el ministerio público y la contraloría general de la república para operar con impunidad. Las instituciones políticas y económicas extractivistas impulsadas por el poder político desde la década del «fujimorato» se reforzaron mutuamente aprovechando los periodos de altos precios de las materias primas.
 
La configuración de una coyuntura crítica
 
La masiva irrupción de jóvenes en la política con movilizaciones contra la Ley Pulpín que les recorta derechos y beneficios sociales –que ha puesto al margen a los políticos tradicionales--, se han sumado al enfriamiento económico y a la erosión de la democracia constitucional liberal, configurando una coyuntura crítica que puede trastornar el equilibrio existente de poder político y económico neoliberal. Se trata de un momento de cambio significativo –como dirían David y Ruth Collier (1991)-- que está dando paso justamente a una nueva expresión política en el país.
 
Las movilizaciones masivas de los jóvenes y que continuarán según sus organizadores a nivel nacional, apuntan directamente contra el extractivismo neoliberal en el mercado de trabajo. Todas las políticas neoliberales –la liberalización comercial y financiera, las facilidades al capital transnacional, el establecimiento de una competencia entre países mediante el desmantelamiento de los estándares regulatorios, las privatizaciones, el debilitamiento de los sindicatos, la desprotección laboral, y el recorte de beneficios y derechos de los trabajadores--, afectan a los trabajadores de los sectores privado y público, precarizan el empleo, y reducen y/o estancan la capacidad de compra de los salarios. Por esta razón, en casi todos los países que adoptaron el credo neoliberal, aumentó la desigualdad en la distribución de los ingresos.
 
La indignación de los jóvenes apunta precisamente al núcleo del discurso neoliberal según el cual la diminución relativa de los costos laborales aparece como un factor indispensable para ganar competitividad en el comercio internacional e insertar las unidades productivas en las cadenas de valor de la economía global, y como un incentivo para promover las inversiones privadas. Es el primer cuestionamiento masivo, social y juvenil, al modelo neoliberal que no pudo resolver la informalidad en la que se encuentran más del 70% de los trabajadores.
 
¿Fin del equilibrio extractivista?
 
Pero el desenlace de la actual coyuntura crítica, es incierto. «El camino exacto del desarrollo institucional durante las coyunturas críticas --nos recuerdan Acemoglu y Robinson--, depende de cuál de las fuerzas en oposición logra tener éxito, de qué grupos son capaces de formar coaliciones efectivas y de qué líderes pueden estructurar los acontecimientos en provecho propio».
 
Lo que queda claro es que las protestas juveniles han puesto en agenda los temas antes evitados por el poder político y económico. El rechazo a la restricción de derechos y beneficios laborales expresada en diversos dispositivos que generan distintos regímenes (Ley MYPES, Agroindustria, Textil, CAS, Trabajadores del Hogar, entre otros). Esto pone en cuestión la sobrevaloración del mercado autoregulado. La demanda de derogatoria de la ley Pulpin, puede entonces dar inicio a una movilización masiva por la aprobación de la ley general del trabajo que restituya todos los beneficios y derechos laborales y elimine los distintos regímenes especiales.  
 
El otro tema es el del colapso de los partidos políticos, junto al rechazo de sus principales «líderes» vinculados directa o indirectamente con la corrupción y/o que aprovechan los cargos públicos para hacer negocios privados. Los jóvenes reclaman una nueva forma de hacer política. Es la primera participación ciudadana, activa y directa, el germen de la virtud cívica en jóvenes interesados en mejorar sus condiciones de vida en sociedad,
 
Si las movilizaciones continúan y se expanden a lo largo y ancho del país, si los jóvenes y otros movimientos progresistas construyen coaliciones efectivas, entonces se producirá una recomposición del espacio político haciendo posible la ruptura definitiva del equilibrio extractivista para dar paso a la innovación política y económica.
 
A modo de conclusión
 
«Toda juventud es inquieta –decía José Ingenieros. El impulso hacia lo mejor sólo puede esperarse de ella: jamás de los enmohecidos y de los seniles (…) Nada cabe esperar de los hombres que entran a la vida sin afiebrarse por algún ideal; a los que nunca fueron jóvenes, paréceles descarriado todo ensueño. Y no se nace joven; hay que adquirir la juventud. Y sin un ideal  no se adquiere».
 
 
 
Publicado e el diario UNO, el sábado 03 de enero de 2015

Fecha Publicación: 2014-12-26T07:33:00.001-08:00
Los argumentos a favor de la «ley Pulpin», son inverosímiles. Se dice, por ejemplo, «que la mayor flexibilización laboral favorece el crecimiento del empleo; que para disminuir la informalidad hay que reducir los mal llamados “derechos laborales”; y, que la susodicha ley apunta justamente en esta dirección». Este es el argumento de los neoliberales criollos. Afirman que los que critican la ley, le están diciendo a los jóvenes «mira papito, si no tienes derechos, mejor no trabajes, quédate jugando Play Station en tu casa».
 
Hay otros más indoctos que sostienen que «la ley se inspira en la necesidad de un rol activo del Estado en campos como la diversificación productiva y que en esta lógica se considera que parte de la solución al problema de la informalidad pasa por reducir algunos beneficios laborales de manera temporal, hasta que los niveles de productividad del trabajador sustenten un mayor acceso a ingresos y derechos». Creen que esta «es la manera de aproximarse al verdadero objetivo de la norma: mejorar la productividad del trabajo».
 
Derechos laborales e informalidad
 
Los dos enfoques aceptan que la causa de la informalidad es la existencia de derechos y beneficios laborales. Creen por eso que la «ley Pulpin» aumentará la demanda de trabajo y, dado que hay un alto desempleo entre los jóvenes, aumentará el empleo formal.
 
Este es un argumento estático. No toma en cuenta el papel de la acumulación de capital que es la que en última instancia le pone un límite a la demanda de trabajo por parte de las empresas. Hay desempleo involuntario porque la tasa de acumulación de capital se estanca o se desacelera. Y, en países como el nuestro, cuando la tasa de acumulación de capital no crece de manera suficiente para absorber la creciente oferta de trabajo, los que buscan trabajo se emplean en actividades de baja productividad y calificación o, en su defecto, se crean un empleo para sobrevivir.
 
Los neoliberales tampoco toman en cuenta que la flexibilidad del mercado de trabajo no asegura el aumento del empleo si en la economía existen empresas que pagan salarios reales de eficiencia, precisamente para evitar pérdidas que le ocasionaría la consecuente caída de la productividad si pagaran un salario real menor. Y, también en este caso la dinámica de la demanda de trabajo depende de la tasa de acumulación de capital. Hay desempleo involuntario en la economía (o hay subempleo e informalidad), porque no hay demanda creciente de empleo; y, no hay demanda creciente de empleo, porque no crece a tasas adecuadas la acumulación de capital.
 
¿Por qué más del 70% del empleo sigue siendo informal si desde los años noventa se inició la flexibilización laboral? ¿Es acaso la «ley Pulpin» la primera reforma neoliberal en el mercado de trabajo? Hace cerca de 12 años se introdujo el régimen laboral de la microempresa (sin gratificaciones, sin CTS, sin asignación familiar, y con solo 15 días de vacaciones), precisamente allí donde el 95% de los trabadores son informales. Sin embargo, este régimen mantuvo en la práctica la tasa de informalidad. Según estadísticas oficiales se formalizaron menos del 5% de los trabajadores en 12 años.
 
La informalidad y la baja productividad
 
Los que adhieren al segundo enfoque reproducen el mismo argumento neoliberal: la reducción de la informalidad pasa por la disminución de derechos y beneficios laborales. Pero, afirman, solo hasta que el aumento de la productividad «sustente un mayor acceso a ingresos y derechos». Sus voceros repiten lo que se dice en el segundo y tercer ejes del llamado plan de diversificación productiva (Eliminación de sobrecostos y regulaciones inadecuadas, y Expansión de la productividad), para concluir que la ley es beneficiosa porque es parte de este plan. Semejante argumentación linda con la necedad. (Véase mi artículo del 07-06-14: «Diversificación productiva»: ejes del «gatopardismo» neoliberal).
 
Los autores del plan de diversificación productiva creen que la baja productividad se debe a las elevadas tasas de informalidad laboral causadas por fallas de mercado y distorsiones en la política laboral. Sin con menores derechos y beneficios laborales (distorsiones) disminuye la informalidad, entonces los menores derechos y beneficios deben ser la base del incremento de la productividad. En esta visión estática, la informalidad y la productividad son exógenas al estilo de crecimiento y acumulación de capital. No hay critica al modelo neoliberal por más que se diga que la ley se inspira en la necesidad de un rol activo del Estado para diversificar el aparato productivo, y que el enganche es la capacitación. 
 
No entienden que la tasa de acumulación de capital y el crecimiento de la productividad no son independientes entre sí. El desempeño de la productividad depende del ritmo y manera cómo se acumula capital y cómo se crece. Los neoliberales y los indoctos del plan de diversificación productiva creen que se requieren reformas microeconómicas para impulsar el crecimiento de la productividad, al margen de la tasa de crecimiento de la capacidad productiva per cápita.  
 
Como señalan los teóricos del desarrollo, la tasa de crecimiento de la productividad es una función directa de la tasa de crecimiento del capital per cápita «porque las innovaciones técnicas que aumentan la productividad del trabajo usualmente requieren el uso de más capital por trabajador y porque la tasa a la cual una economía puede absorber las invenciones e innovaciones del pasado que todavía están sin explotar está limitada por su tasa de acumulación de capital» (Ros, 2013; Kaldor, 1976 y 1981).
 
A modo de conclusión
 
Entre 1990 y 2013 el stock de capital per cápita aumentó 26.9%, mientras que el empleo total lo hizo en 96%. Esta es la razón por la cual los sectores de alta productividad no fueron capaces de absorber a la creciente fuerza de trabajo, y la explicación de por qué parte importante de esta fuerza de trabajo se ubicó en los sectores de servicios de baja productividad y donde se encuentra el grueso de los trabajadores informales. Asimismo, ese ritmo relativamente bajo de acumulación de capital per cápita limitó la velocidad de las innovaciones y la absorción de nuevas tecnologías, dando lugar a un bajo crecimiento de la productividad.
 
 
 
 
Artículo que será publicado en el Diario UNO, el sábado 27 de diciembre

Fecha Publicación: 2014-12-19T06:39:00.001-08:00
El gobierno de Humala acaba de crear un nuevo régimen laboral para jóvenes entre 18 y 24 años (Ley N° 30288 del 16-12-14), quitándoles, entre otros, los siguientes derechos y beneficios sociales: compensación por tiempo de servicios, vacaciones de 30 días, gratificaciones, asignación familiar, participación en las utilidades de la empresa, seguro de vida y seguro por trabajo en riesgo.
 
La ley es anticonstitucional
 
Esta ley que atropella los derechos de los jóvenes es una norma anticonstitucional. El artículo 26 de la Constitución señala que la «igualdad de oportunidades sin discriminación» es uno de los principios que debe respetarse en las relaciones laborales. 
 
Los jóvenes de 18 a 24 años que entren a trabajar no tendrán los beneficios de los trabajadores que se encuentran dentro del régimen general ni dentro del régimen de pequeña empresa o de la modalidad formativa juvenil. Un ejemplo flagrante de discriminación es la mutilación de su derecho a participar en las utilidades de la empresa, derecho reconocido por el artículo 29 de la Constitución y en otras normas regulatorias y que establecen el porcentaje de las utilidades que debe repartir la empresa según el tipo de actividades que desarrolla.
 
La ley no combate la informalidad
 
El 57.3% de los jóvenes entre 18 y 24 años trabaja sin contrato laboral. Esta ley no impide la sustitución de trabajadores que culminan sus contratos, implícitos o explícitos, por jóvenes contratados bajo el nuevo régimen laboral especial. Ella sólo prohíbe la sustitución mediante cese de los trabajadores sin causa justa. Es una ley de seudo-formalización. Los trabajadores informales son los que no tienen derechos ni beneficios sociales, ahora con esta ley los trabajadores jóvenes entre 18 y 24 años, careciendo de esos derechos y beneficios, serán incorporados a la planilla electrónica, con lo cual se habrán convertido en trabajadores formales. La ley solo cambia «mocos por babas».
 
Los beneficios y derechos sociales de los trabajadores, son tratados como costos no-salariales que incrementan el costo del trabajo y que –según los voceros del gobierno--, fomentan la informalidad. Pero, ¿puede ser verdad que estos costos sean responsables de la existencia de 11.5 millones de trabajadores informales? No. La informalidad se debe al bajo crecimiento de la capacidad productiva per cápita, resultado de un estilo de crecimiento y acumulación de capital que no expande la capacidad productiva industrial, agroindustrial y agrícola. Entre 1990 y 2013 el stock de capital per cápita aumentó 26.9%, mientras que el empleo total lo hizo en 96%. Gran parte de este aumento del empleo, es informal.  
 
La ley ratifica la política  del «cholo barato»
 
Se reduce los costos laborales eliminando derechos y beneficios sociales de los trabajadores, supuestamente para estimular las inversiones y aumentar la competitividad. Sin embargo, no es cierto que los costos salariales no laborales sean los más altos en la región. Por ejemplo, se dice que en Chile estos costos representan el 31.3% de salario mensual promedio y que en Perú representan el 59%. Pero no se dice que el salario en Perú es solo el 56.4% del salario en Chile.
 
De otro lado, no hay experiencia histórica que muestre que la reducción del costo del trabajo estimule el aumento de las inversiones y el crecimiento económico, y menos en un contexto de enfriamiento económico como el actual. Cuando no existe certidumbre de una expansión de la demanda y de las ventas, no hay empresarios que arriesguen su capital. No se puede afirmar, entonces, que con esa ley aumentará el empleo y, por lo tanto, la producción.
 
La ley es una nueva institución extractivista
 
La política del «cholo barato» es extractivista porque facilita la obtención de rentas por parte de las empresas privadas y no fomenta la innovación. Recuérdese que el programa neoliberal incluye la flexibilización del mercado de trabajo mediante la eliminación de la  estabilidad laboral y de la protección social a los trabajadores. Humala es ahora un discípulo destacado del autor del «perro del hortelano». Es el gran impulsor de instituciones políticas y económicas extractivistas.
 
Cuando era candidato ofreció practicar la democracia y asegurar la plena vigencia de los derechos civiles, sociales, políticos y humanos. Ahora es un militante del extractivismo neoliberal. La ley que acaba de promulgar es un grotesco regalo a los egresados de Beca 18, porque de acuerdo con su artículo 2, se aplica a jóvenes con educación completa o incompleta de secundaria, y también a jóvenes con educación superior técnica o universitaria. Humala no respeta los derechos laborales y sociales, y miente cuando dice que la ley no se aplica a jóvenes con educación superior o universitaria.
 
A modo de conclusión
 
La disminución o estancamiento de los salarios reales y el recorte de los derechos y beneficios sociales de los trabajadores, conspira contra la cohesión social, contra el sentimiento de ser parte de una comunidad. Adam Smith decía que un salario que no le permite subsistir al trabajador y a su familia es un estímulo a la mendicidad o a la delincuencia. Por su parte, J.B. Clark –creador de la teoría de la productividad marginal--, sostenía que las actividades improductivas se expanden cuando se paga salarios bajos respecto a la productividad, lo que deviene en una dinámica de productividad y salarios reales bajos que afecta al conjunto de la sociedad. Los neoliberales criollos de nuestro país deberían leer a los economistas neoclásicos de fines del siglo XIX.
 
 
 
 
Artículo que será publicado en el Diario UNO, el sábado 20 de diciembre.
 

Fecha Publicación: 2014-12-17T07:33:00.002-08:00
Varios economistas han afirmado recientemente que el Banco Central no está acompañando el impulso fiscal del gobierno. Más precisamente han afirmado que el Banco Central no está bajando la tasa de interés de referencia para fortalecer los efectos supuestamente reactivadores de las medidas adoptadas por el MEF. Julio Velarde, presidente de su directorio, nombrado por Alan García y ratificado por Ollanta Humala, ha respondido (véase La República, 07-12-14) afirmando, ofendido, que «es injusto decir que no hemos reaccionado ante la desaceleración del crecimiento económico».

En lo que sigue vamos a mostrar que Velarde no tiene razón; que, por el contrario, su política cambiaria configuró una estructura productiva menos industrial y más productora de no-transables, estructura que ahora constituye una restricción al crecimiento. La política cambiaria de Velarde nos ha dejado con motores internos deteriorados y, por lo tanto, sin capacidad de sustituir al motor externo que actualmente se encuentra apagado. 

Las explicaciones de Velarde

Es verdad que por lo menos hasta octubre de este año --como dice Velarde-- no hubo impulso fiscal, pues de enero a octubre la inversión pública cayó en cerca del 2%. Y ¿qué hizo el Banco Central mientras las medidas impulsadas por el MEF no impedían la caída de la inversión pública? Velarde responde: «el Banco Central venía reduciendo el encaje desde junio del año 2013». Pero no reconoció que los efectos de estas reducciones demoran o se pierden en el camino y que, por lo tanto, no cumplen su cometido. El encaje es un instrumento de política monetaria ineficiente. Velarde evade su responsabilidad. No nos dice por qué utiliza un instrumento ineficiente si sabe que los bancos –sobre todo en la situación actual--, son más cautelosos en la promoción de su oferta de créditos.

¿Por qué no utiliza la tasa de interés de referencia, instrumento que introdujo en los años 2001-2003 el directorio del Banco Central de ese entonces? Otra vez, sin reconocer su responsabilidad de haber permitido durante su gestión que los créditos se dolaricen, dijo: «Cuando se tiene que la mitad del crédito de las empresas está en dólares, no es simplemente ver en cuánto bajar la tasa de interés en soles, sino también observar qué pasa con el tipo de cambio».

Los lectores recordarán que tanto Velarde como Castilla afirmaban que no les preocupaba la apreciación cambiaria. Que esta apreciación era la expresión de la fortaleza de la economía. Recordarán que en mayo de 2012 Velarde dijo que no le preocupaba la apreciación del sol, sino el fuerte rebote del tipo de cambio. Así, implícitamente responsabilizaba de la recurrente caída del tipo de cambio a otros factores, y no a su mezcla de medidas y a sus tímidas intervenciones en el mercado cambiario.

Durante cerca de siete años dejaron que los empresarios productores de bienes transables, perdieran competitividad. Permitieron, precisamente en los años de alto crecimiento impulsado por un motor externo (por la creciente demanda mundial y los incrementos en los precios de los minerales), que la moneda se apreciara de manera recurrente configurando una estructura de precios relativos contraria a la producción de transables, que debilitó e impidió la expansión y modernización de la industria y de la agricultura.

Si los motores internos del crecimiento se deterioraron con ese tipo de política cambiaria, ¿cómo puede sentirse ofendido Velarde cuando le dicen que «no han reaccionado ante la desaceleración del crecimiento económico»?.

La actual preocupación por el alza del dólar

Desde setiembre de 2012 el Banco Central cambio su política que consistía en mezclar diversos instrumentos en momentos distintos: compras de dólares en cantidades variables, incrementos en el encaje marginal en dólares y emisiones de Certificados de Depósito no transables. La nueva política anunciada por Velarde en setiembre de 2012, se dirigía supuestamente a enfrentar la apreciación cambiaria. Esta nueva política consistía en comprar dólares en montos fijos para «introducir más volatilidad en el tipo de cambio. Al tener una cantidad fija de intervención –dijo Velarde--, incluso si está comenzando a subir el tipo de cambio seguiríamos comprando, y eso haría que suba un poco más». Velarde tenía la esperanza que esto generaría un poco más de volatilidad en el tipo de cambio, que desalentaría la especulación a la baja y el incremento del crédito en dólares.

Desafortunadamente para Velarde su nueva política no frenó la caída del tipo de cambio real. De agosto de 2006 a enero de 2013, los tipos de cambio reales, bilateral y multilateral, disminuyeron en 26.9 y 14.9%, respectivamente; y, de agosto de 2012 a enero de 2013 las caídas en los tipos de cambio reales, bilateral y multilateral, fueron de 3.1% y de 1.0%. Lo que ocurrió después no tiene nada que ver con su «nueva política» cambiaria.

El anuncio del cambio en la política monetaria de los Estados Unidos y la consecuente salida de capitales, modificó la sistemática caída del tipo de cambio real. Si no fuera por este hecho, habría que decirle a Velarde que su «nueva política» fue contraproducente. La razón es que, según el propio Velarde, no se puede ahora bajar la tasa de interés porque desde el año 2013 se registra «una presión al alza del tipo de tipo de cambio enorme». En efecto, de enero a octubre de 2013 los tipos de cambio reales, bilateral y multilateral aumentaron en 7.1% y 6.2%, respectivamente. En los meses siguientes hasta noviembre de este año, sólo aumentó el tipo de cambio bilateral (4.1%). 

A modo de conclusión


Velarde no ha aprendido la lección. Una gestión como la de él, que no fue capaz de impedir la dolarización de los créditos y que dejó caer el tipo de cambio real, es ineficiente. Ante el nuevo contexto monetario internacional reacciona tarde y preocupado por los efectos de lo que dejó de hacer.




Publicado en el Diario UNO, el sábado 13 de diciembre.

Fecha Publicación: 2014-12-06T09:32:00.002-08:00
Luis Miguel Castilla dejó la economía en piloto automático. Lo asumió cuando comenzaba el enfriamiento y no hizo nada para superarlo. Después de la crisis de 2008-2009, Castilla frenó la inversión pública, en lugar de aumentarla y reorientarla para estimular la inversión privada en los sectores agrícola y manufacturero. Aparte de «prenderle velitas a China», el exministro se dedicó, desde 2013, a promover la aprobación de medidas administrativas para facilitar la inversión privada. Pero, la desaceleración de la inversión privada continuó, a pesar de sus normas de expropiaciones, de reposición de capitales, de aceleración de la entrega de certificados de inexistencia de restos arqueológicos, de creación de una ventanilla única para los EIA, de su política nacional para la calidad, de la reforma del mercado de capitales, de la eliminación de barreras burocráticas a la actividad empresarial, de la condonación de deudas tributarias de las empresas privadas, de la ampliación de los contratos de estabilidad tributaria en minería, en fin…de su mecanismo de obras por Impuestos.
 
Las medidas del ministro Segura
 
El opositor a los aumentos del salario mínimo fue reemplazo por Alonso Segura en setiembre de este año. Segura aparece luego como el promotor del cuarto y quinto paquete de medidas. A las normas administrativas que hizo aprobar Castilla y que hacen énfasis en factores de oferta, el ministro Segura le adicionó otras en la misma lógica de destrabar, desregular y generar incentivos a las inversiones privadas.
 
Además, Segura le ha agregado a los dos últimos paquetes, medidas de corto plazo contra-cíclicas, para generar una tasa de 5.5% de crecimiento en 2015. Pero, el estímulo fiscal de corto plazo propuesto en los dos últimos paquetes, es decir, el aguinaldo extraordinario, el gasto en pequeñas obras y la reducción del impuesto a la renta de los estratos bajos y medios de ingresos, bordea solo el 1% del PBI. Por lo tanto, el aumento en el ingreso disponible de las familias tendrá un reducido impacto en el consumo y en la producción interna, amén de que un porcentaje importante de este incremento se traducirá en mayores importaciones.
 
De otro lado, Segura ha propuesto para el mediano y largo plazo, medidas de oferta como el arancel cero para insumos y como la simplificación de procedimientos para la obtención de permisos y licencias, que al reducir costos y tiempo, se espera que estimulen la inversión privada. Entre estas medidas destaca la que busca agilizar los estudios de impacto ambiental (EIA) y el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, entre otros permisos. Se pretende así reducir el plazo de estos estudios de 120 días a 30 días.
 
También ha propuesto la reducción del impuesto a la renta de los estratos de altos ingresos, haciendo más regresivo el sistema tributario y poniendo en riesgo los ingresos del estado en los próximos años. Con esta medida y la que aumenta el impuesto a los dividendos, se pretende incentivar la reinversión de las utilidades empresariales. Sin embargo, al igual que las medidas administrativas, estas últimas no constituyen, por teoría y por experiencia histórica, los determinantes de la inversión. Si el futuro para la producción y las ventas es incierto, los inversionistas no arriesgarán sus capitales. Con un motor externo apagado, la incertidumbre continúa. En estas condiciones, acrecentar las utilidades con reducciones de impuestos es una pura transferencia de recursos del Estado al sector privado.
 
La reducción de los costos laborales no salariales (como el costo de despido, el período de vacaciones, etc.) y la promoción del empleo juvenil sin derechos sociales, son otras medida por el lado de la oferta para estimular las inversiones. Pero estas medidas con contraproducentes porque debilitan simultáneamente la demanda que se quiere reactivar. La reforma neoliberal del mercado de trabajo, estancó los salarios reales y siempre ha buscado reducir los salarios para facilitar a los empleadores contratar y despedir trabajadores, afectando así la demanda en el mediano y largo plazo.
 
La dicotomía de las políticas
 
Hay una dicotomía en las políticas propuestas. A corto plazo se incide en factores de demanda y largo plazo en los factores de oferta. Esta dicotomía se sustenta en el supuesto de que el enfriamiento de la economía es solo un desvío del producto respecto a su nivel potencial. A largo plazo, es decir, para estimular el crecimiento del producto potencial, según el pensamiento neoliberal, hay que adoptar medidas por el lado de la oferta. No hay intención, entonces, de reorientar las inversiones a la generación de motores de crecimiento económico internos, como la manufactura, la agroindustria y la agricultura.
 
El énfasis en este tipo de políticas, solo acentuará la actual tendencia del crecimiento, donde los sectores que más crecen son el Comercio y algunos servicios como: Financiero y Seguros, Servicios prestados a empresas, Otros Servicios, Alojamiento y Restaurantes, etc.  En estos sectores, como se sabe, predominan los trabajadores de baja calificación y de baja productividad. Por lo tanto,  lo que se estimulará es un crecimiento que no fomenta el aumento de la productividad. Y, no hay manera de sostener el crecimiento del PBI con el crecimiento de estos sectores terciarios de baja productividad. 
 
A modo de conclusión
 
Las políticas contra-cíclicas son pertinentes, pero riesgosas en una economía cuya estructura productiva se ha hecho menos manufacturera y agrícola, y más productora de servicios de baja productividad. Las políticas contra-cíclicas, para ser exitosas, deben acompañarse de medidas específicas orientadas a cambiar el actual patrón de crecimiento y acumulación de capital.
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado  6 de diciembre.

Fecha Publicación: 2014-11-29T17:05:00.000-08:00
En nuestro artículo del sábado 22-11-14, mostramos por qué las políticas fiscal, monetaria, comercial y cambiaria aplicadas por los neoliberales durante los últimos 23 años no pueden ser consideradas la causa directa del crecimiento económico de los años 1993-1997 y 2003-2013. La economía creció  porque crecieron la demanda mundial de materias primas y los precios de los minerales que exportamos. El patrón de crecimiento y acumulación de capital fue primario-exportador, y contrario a la producción de bienes transables, es decir, a la producción manufacturera y agrícola. La estructura de precios relativos configurada por las políticas neoliberales, favoreció el crecimiento de los sectores no-transables –comercio, servidos y construcción--, donde se encuentra el 68 del empleo, que en su gran mayoría es de baja calificación y productividad.
 
La mentira sobre el crecimiento del empleo adecuado
 
El modelo neoliberal –dicen sus defensores-- no favorece la informalidad. Para sustentar esta afirmación sostienen que en la última década el empleo adecuado ha aumentado, que el subempleo ha disminuido notoriamente y que, por eso,  «ya son 10 millones de peruanos que tienen el empleo adecuado».
 
Si la PEA ocupada total asciende a 15.5 millones, ¿puede haber 10 millones de trabajadores con empleos adecuados y, al mismo tiempo, 11. 5 millones de trabajadores informales? En otras palabras, ¿Tiene sentido afirmar que el 64.2% de esa PEA ocupada total está adecuadamente empleada y el 74.3% de esa misma PEA es informal?
 
Los neoliberales mienten y desinforman al país. Se sabe que los trabajadores informales, a diferencia de los formales, son de baja calificación y productividad, y que no tienen los mismos beneficios sociales. Si se acepta que parte de los trabajadores informales está adecuadamente empleado, entonces también tendrá que aceptarse que estos «empleos adecuados informales» son precarios por sus bajos ingresos y baja productividad.    
 
En la actualidad, sólo el 25.7%, es decir, alrededor de 4 millones, son trabajadores formales y el resto, 74.3% son informales. En el propio sector productivo formal, hay trabajadores informales que representan el 17.3% del empleo total. En consecuencia, 8.9 millones de trabajadores informales se encuentran en el sector productivo informal constituido por pequeñas empresas con poco capital y que no pueden competir con las empresas que utilizan tecnologías modernas. ¿Dónde están, entonces, los 10 millones de trabajadores con empleos adecuados? La verdad monda y lironda es que el modelo neoliberal –que ya tiene cerca de 24 años--, no ha sido capaz de modificar esta estructura del empleo, dominada por la informalidad y la baja calificación y productividad. El modelo neoliberal es responsable de que gran parte del crecimiento de la fuerza laboral haya sido absorbida por el sector informal.
 
La mentira sobre vulnerabilidad externa de la economía
 
Los neoliberales también mienten cuando dicen que «el modelo nos ha permitido reducir la exposición externa de la Economía. Somos –dicen citando a  la agencia Moody’s-- el país que, junto a Chile, tiene el nivel más bajo de vulnerabilidad en la región». Y con el mayor descaro afirman que esto es así porque «el modelo económico nos ha permitido acumular un impresionante nivel de reservas internacionales (US$ 67 mil millones, lo que representa 32% del PBI), que cubren 7 veces la deuda externa pública y privada de corto plazo…».
 
Los neoliberales se olvidan de dos hechos importantes. En primer lugar, olvidan que en los noventa ellos promovieron la dolarización del portafolio bancario y que, por lo tanto, fueron responsables de la larga recesión con crisis bancaria (1998-2002), que se inició con la crisis asiática y rusa. Es importante recordar, además, que los neoliberales impulsaron la dolarización completa de la economía y la práctica desaparición del Banco Central. También hicieron aprobar una ley de Prudencia y Transparencia Fiscal en 1999, en plena crisis, que ataba de manos al gobierno al fijar «el incremento anual del gasto no financiero real del Gobierno general en un máximo de 2%».
 
En segundo lugar, olvidan que en los años 2001-2003, cuando no controlaban el directorio del Banco Central ni los puestos importantes en el MEF, se hicieron reformas en la política monetaria y fiscal.  El Banco Central pudo acumular reservas porque su directorio de ese entonces introdujo un esquema institucional de política monetaria con una meta de inflación y dos reglas: una de política monetaria con la tasa de interés como instrumento y otra de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario. En el MEF, lo primero que se hizo fue sustituir la ley de Prudencia y Transparencia Fiscal por la ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal que abría la posibilidad de aplicar políticas fiscales contra-cíclicas. También se creó un mercado de deuda pública en soles que permitió reducir el peso de la deuda externa en moneda extranjera y «reperfilar» sus servicios. Esto permitió reducir notablemente el ratio de deuda a PBI.  En ninguna de estas reformas participaron los economistas neoliberales. Mienten, por lo tanto, cuando dicen que «el modelo económico neoliberal nos ha permitido acumular un impresionante nivel de reservas internacionales».
 
A modo de conclusión
 
En el colmo de la desfachatez, los neoliberales dicen que «el fenómeno de la informalidad es consecuencia de la ineficiencia del Estado y el sistema político (no del modelo)». Olvidan que fueron ellos los que fomentaron el desmantelamiento de los sistemas de información y planeamiento de la administración gubernamental del Estado, son ellos los que alentaron su achicamiento dando lugar a la renuncia de sus mejores profesionales. Pero, el tema es otro. No pueden entender que la informalidad tiene otra causa, y que esta se encuentra en la propia lógica del modelo que defienden.  
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 29 de noviembre.

Fecha Publicación: 2014-11-22T17:22:00.000-08:00
Los defensores del modelo neoliberal desinforman al país. Dicen que el crecimiento económico de los últimos años está sustentado en el propio modelo, lo que equivale a decir que es resultado de las políticas económicas neoliberales. Que la informalidad no es consecuencia del modelo, sino de la ineficiencia del Estado y del sistema político. También dicen que este modelo ha disminuido la vulnerabilidad externa de la economía. Pero, nada de esto es verdad.
 
Las políticas neoliberales no son causa del crecimiento
 
Durante el fujimorato hubo crecimiento económico solo en los años 1993, 1994, 1995 y 1997. Los otros seis de los 10 años de dictadura, fueron de recesión económica. La economía vuelve a crecer a partir del año 2003, reduce su tasa de crecimiento hasta cerca de cero en el año 2009 y vuelve a crecer los años siguientes hasta el año 2013. En total fueron 14 años de crecimiento durante 23 años de neoliberalismo. Pero el crecimiento durante estos 14 años no tienen  relación con las políticas y reformas neoliberales. La razones son las siguientes:
 
1)     Durante el fujimorato se apreció el tipo de cambio real, al mismo tiempo que se liberalizó el comercio. Durante los años 2003-2013 también se apreció el tipo de cambio real desde agosto de 2006 y fue la década en que se firmaron tratados de libre comercio con varios países. Estas «políticas» cambiaria y comercial le quitaron competitividad a la producción y exportación de manufactureras, al mismo tiempo que provocaron una notable penetración de importaciones en el mercado interno. Ni la apertura comercial ni el atraso cambiario fueron, entonces, el motor del crecimiento durante el período neoliberal.
2)     El crecimiento tampoco tuvo como motor la política fiscal. En los años noventa su principal objetivo fue servir la deuda pública externa. Fueron 8 años consecutivos de generación de superávit fiscal primario: 1.5% del PBI, en promedio. En la última década la generación de superávit primario alcanzó el 2.6% del PBI, no obstante que el ratio de deuda a PBI había disminuido significativamente. Los cálculos del déficit estructural también muestran la práctica de una política fiscal contractiva.
3)     La política monetaria tampoco desencadenó el crecimiento, ni en los años noventa ni en la última década. Durante los años noventa la política monetaria restrictiva  encareció el crédito; además, promovió la dolarización del portafolio bancario. El crédito caro no podía generar crecimiento. Por su parte, la dolarización creó un descalce de monedas que, con la crisis que se inicia en 1997-1998 y que eleva el tipo de cambio, provocó quiebras bancarias. De otro lado, la política monetaria de la última década se beneficia de la reforma efectuada en los años 2001-2003, que introduce un esquema institucional basado en metas de inflación, una regla de tasa de interés y una regla de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario. Pero desde el año 2006, la aplicación de este esquema de política se acompaña con sistemáticas reducciones del tipo de cambio real, que afecta a la producción de bienes transables. En ambos período, se estimula la penetración masiva de importaciones.
4)     Tampoco las privatizaciones estimularon el crecimiento económico. Aumentaron las tarifas de los servicios públicos y, con ello, los costos de las empresas. Aquí tampoco puede encontrarse la fuente de crecimiento económico. La apreciación cambiaria y tarifas públicas caras, hizo perder competitividad a los productores privados en los mercados internacionales.
 
La fuente del crecimiento no se encuentra, entonces, en las políticas neoliberales. Estas son contrarias al desarrollo industrial y agrícola, Estas políticas no promovieron la generación de puestos de trabajo estables; mantuvieron estancados los ingresos reales de los maestros empleados públicos y trabajadores, promovieron la informalidad porque desaceleraron el crecimiento de la capacidad productiva per cápita; aumentaron la vulnerabilidad de la economía frente a los shocks externos y acrecentaron la  dependencia de la economía de las importaciones y de la inversión extranjera, y descapitalizaron al país acrecentando el déficit de la balanza de servicios financieros privados.
 
¿Por qué, entonces, hubo crecimiento económico?
 
El crecimiento de la economía durante la década de los noventa y durante la última década, se debió fundamentalmente a la expansión de la demanda mundial y al incremento de los precios de los minerales. Es verdad que las políticas neoliberales cambiaron la estructura de los precios relativos a favor de la explotación y producción de bienes primarios, como la minería, con ventajas naturales de productividad. Pero este cambio en la estructura de precios relativos tampoco hubiera sido suficiente para estimular el crecimiento, si no se hubiera expandido la demanda internacional por las materias primas.
 
Los neoliberales tuvieron suerte. La demanda internacional se recuperó a partir del año 1992 y creció hasta el año 1997. Con la crisis asiática y rusa de 1997-1999, se desaceleró y luego volvió a crecer a partir del año 2002. En este segundo período de crecimiento tuvo participación importante el crecimiento de la economía China, que hizo crecer notablemente los precios de los minerales.
 
No fueron las políticas neoliberales, entonces, la causa del crecimiento económico peruano, sino el crecimiento de la demanda mundial, el crecimiento de los precios de los minerales, y el clima en algunos años. La economía peruana creció, porque crecieron la producción y las exportaciones de bienes primarios, y la producción de los sectores no-transables como la Construcción, el Comercio y los Servicios.
 
A modo de conclusión
 
El motor del crecimiento neoliberal estuvo fuera de las fronteras nacionales. Este motor está ahora apagado, por eso la economía peruana ha dejado de crecer.
 
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 22 de noviembre.