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Etiquetas: [Censura]  [Censura Previa]  [libertad de expresión]  [libertad de opinion]  
Fecha Publicación: 2016-04-29T18:24:00.000-07:00

Fernando Murillo Flores

Hace mucho tiempo que decidí escribir artículos para expresar mis ideas, opiniones y análisis propios de mi profesión. En El Diario del Cusco se me brindó siempre un espacio para ejercer mi derecho constitucional de expresión y opinión.

Así, ejercí uno de los derechos humanos más importantes en una sociedad moderna y civilizada, el derecho de expresión y opinión. Estos derechos de raigambre histórica, dejan entrever que no siempre existieron, sino que como todos los derechos humanos, fueron abriéndose paso hasta un total reconocimiento positivo en constituciones nacionales e instrumentos internacionales. En el Perú el reconocimiento de tales derechos (de expresión y opinión) se da en sede constitucional, con respaldo internacional.

En mí residen, por el solo hecho de ser persona, el derecho a la vida, a la libertad e igualdad que, como tales son derechos inherentes e inmanentes a mi condición humana, pero también residen otros, no menos importantes, pero igual de fundamentales, como el de expresión y de opinión, aunque para ejercerlos se requiera, precisamente, expresar y opinar. Esos derechos humanos imponen al Estado el deber de no interferir en su desarrollo y/o ejercicio; así como el Estado debe respetar la vida, garantizar la libertad y brindar un trato igual ante la ley a toda persona, tiene también el deber de respetar que estos se desarrollen como tales, es más, de crear el ambiente y espacios para que expresen sus ideas, opiniones y arte.

En esa dimensión y contexto, ninguna autoridad pública o privada, puede interferir en el ejercicio de los derechos fundamentales de parte de quien, por ser persona humana, es su titular y los ejerce, salvo que tenga la intención de vulnerar su ejercicio mediante actos que les son lesivos, que son más intensos y graves si son intencionales y deliberados.

Mediante este artículo Yo acuso que he sido y vengo siendo objeto de una interferencia e intervención inconstitucionales respecto a mis derechos constitucionales de expresión y opinión, al imponerle a mis artículos de opinión, la censura previa proscrita por las normas citadas. Los hechos ocurren así:

1.    Como siempre lo hice y venía haciendo, alcanzo mis artículos a El Diario del Cusco, mediante mi correo electrónico, solicitando que se publique un día hábil de semana.
2.    El Diario del Cusco siempre publicó mis artículos sobre diversos temas, siendo o no diario judicial, recibiéndolos en una dirección de correo electrónica abierta desde 2009.
3.    El lunes 25 de enero de 2016, a las 19:36 hrs., luego de haberse publicado mi artículo “Preguntas de un obrero que lee”, recibí de la Administración de El Diario del Cusco, el siguiente mensaje por correo electrónico:
“Buenas noches Dr. Fernando
Previo un cordial saludo por la presente le comunico que por orden expresa de la Presidenta de la Corte Superior Dra. Elizabeth, los artículos de opinión deberá enviar al área de imagen para la coordinación respectiva para su publicación, por lo que ya no tomaremos en cuenta sus artículos si lo envía directamente en vista que ahora somos el Diario Judicial 2016, agradeciendo su comprensión.”
4.    El jueves 27 de enero de 2016 envíe una carta a la Dra. Elizabeth Grossmann Casas, Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, para que cese la amenaza de la violación de mis derechos de expresión y opinión, mediante el mecanismo de la censura previa.
5.    Los días viernes 28 de enero; viernes 5 y viernes 12 de febrero de 2016 envíe artículos, como siempre lo hice, en forma directa a El Diario del Cusco, y no se publicaron.
6.    Luego del último envío – a diferencia de las anteriores, obtuve una respuesta de El Diario del Cusco: “BUENAS TARDES SEÑOR FERNANDO MURILLO, TENEMOS ÓRDENES ESTRICTAS DE NO PUBLICAR CUALQUIER TIPO DE ARTÍCULO QUE NO SEA REMITIDO DESDE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL. POR CUANTO LE PEDIMOS POR FAVOR SOLICITE  LA APROBACIÓN DE SU ESCRITO EN LA MENCIONADA OFICINA, PARA SU POSTERIOR PUBLICACIÓN. MUCHAS GRACIAS.
7.    Con la no publicación de mis artículos, a la fecha, la amenaza se ha convertido en un hecho positivo de vulneración de mis derechos constitucionales.
8.    Luego recibí algunas comunicaciones de parte de El Diario del Cusco, con las que se pretende justificar la censura previa impuesta por la Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, en un error de comunicación en el marco de correos privados de emisión y receptor, pero lo cierto del caso es que obra en poder de El Diario del Cusco tres artículos míos sin publicación desde el 28 de enero de 2016.

Queda claro para mí que la Dra. Elizabeth Grossmann Casas, en su condición de Presidenta de la Corte Superior de Justicia del Cusco (2015-2016),  pues de otro modo o posición no lo podría hacer, estableció un mecanismo de censura previa al contenido de mis artículos de expresión y opinión, instaurando como censor a su Oficina de Imagen Institucional, para que esta determine si autoriza o no la publicación de mis artículos, siendo aún más grave que le impone a El Diario del Cusco, la obligación de acatar tal disposición, por el hecho de ser éste ahora diario judicial 2016. Entonces se ha doblegado a un medio de comunicación desde dicha posición, lo que sin duda no justifica la posición débil de El Diario del Cusco.

No creo que sea correcto que porque un diario sea designado como diario judicial, dicho medio de comunicación quede hipotecado en su línea editorial, sus contenidos como medio escrito de comunicación, información, expresión y opinión, salvo que el mismo medio imponga la hipoteca de su línea editorial, de expresión y opinión, lo que sería desde ya penoso, esa prensa no es la que necesita el Perú. El Perú necesita prensa libre.

Entonces, tengo los medios de prueba que vistos y analizados en conjunto acreditan la violación de mis derechos constitucionales de expresión y opinión, al imponérsele al contenido de mis expresiones y opiniones, la censura previa, al establecer en abstracto la prohibición a El Diario del Cusco de publicar mis artículos que le alcance en forma directa, si no son enviados a la oficina de Imagen Institucional de la Corte Superior de Justicia del Cusco.


Dejo expresa constancia que procedo a acusar de manera pública el hecho, al no haberse dejado sin efecto – como lo solicité – la amenaza de violar mis derechos constitucionales, y ante la materialización de dicha amenaza. Sin embargo, atendiendo al pedido de El Diario del Cusco, le envíe este artículo que, si Usted lo lee en El Diario del Cusco, debo considerar concluida la censura previa y el restablecimiento de mis derechos constitucionales de expresión y opinión; pero si lo lee en otro medio de comunicación escrito, ello implica que la censura no solo existió, sino que continua. 
Etiquetas: [Escuela Judicial]  
Fecha Publicación: 2016-04-29T18:13:00.004-07:00

Fernando Murillo Flores

Una de las principales responsabilidades que debe tener presente quien dirige a otras personas es, precisamente, saber que es una persona y su dignidad.
Empezando por la dignidad, Savater dice: “Lo que llamamos dignidad humana no es precisamente nada de lo que el hombre ya tiene, sino lo que aún le falta; y lo que le falta es sin duda lo único que realmente le queda, a saber: lo que le queda por hacer” (Savater. Fernando. Ética como amor propio. Ariel, 2008)  
Sobre lo que es una persona, Ferreiro y Alcázar nos dicen que “el hombre es un ser vivo con tres dimensiones fundamentales: cuerpo, inteligencia y voluntad”, las necesidades que corresponden a esas dimensiones son las materiales, cognoscitivas y afectivas, proyectándose las dimensiones de tener, saber/hacer y ser/servir. El hombre, según los autores citados, en su dimensión laboral al interior de una organización se proyecta, a su vez, en la eficacia, atractividad y unidad de la misma. Toda persona con esas dimensiones de cuerpo, inteligencia y voluntad, puede ser motivada por el líder por razones extrínsecas, intrínsecas y trascendentes.” (Pablo Ferreiro – Manuel Alcázar. Gobierno de personas en la empresa. PAD, Lima 2005).
En muchas organizaciones públicas o privadas, muchas veces la motivación extrínseca se ve limitada por razones de presupuesto, vale decir, que existen limitaciones para motivar materialmente al personal mediante una remuneración (ganar más). Entonces, la alternativa frente a dicha limitación es la motivación intrínseca y la motivación por motivos trascedentes, pero para ello se debe saber qué es una persona.
Asumir esas alternativas de motivación nos impone hacer atractiva la organización para el trabajador quien muchas veces antepone la motivación extrínseca o material (remuneración), por la posibilidad de conocer y saber más, lo que implica exigir la inteligencia del trabajador, motivándolo por razones cognoscitivas, agregando eficiencia a su acción. El trabajador encontrará aún más atractiva a su organización, si quien la lidera se preocupa por motivarlo a servir y materializar la misión de la organización, brindándole la oportunidad de trascender, ayudando al trabajador a ser mejor persona.
En la institución para la que trabajo, como se sabe, existen serias limitaciones para motivar extrínsecamente al personal auxiliar jurisdiccional, es decir, para incrementar sus remuneraciones, esta constatación debería dar lugar a motivar al personal intrínsecamente y por motivos trascendentes, para así hacer atractiva la organización. Esta responsabilidad si bien debería ser asumida por todo el personal jurisdiccional en su conjunto y en cada área de su responsabilidad, reside principalmente en quien la preside.
Dicho de otro modo, si un directivo no puede resolver o tomar decisiones para motivar al personal extrínsecamente, mediante incremento de remuneraciones, él no será responsable  de ello, pero de lo que sí es responsable – sin duda alguna – es motivar al personal cognoscitivamente y por razones trascendentes. La ausencia de esta motivación sí es responsabilidad del directivo y si no lo hace, entonces las consecuencias sí serán de cargo suyo, pues cada día que pase en la organización sin motivación le ocasiona un daño irreparable en perspectiva temporal. 
En el pasado (2011) hubo un intento serio por motivar cognoscitivamente a las personas que laboran como auxiliares jurisdiccionales en la Corte Superior de Justicia del Cusco, ese intento fue la creación de la Escuela Judicial (http://catedrajudicial.blogspot.pe/2012/04/y-que-fue-de-la-escuela-judicial.html) con la misión de capacitar al personal auxiliar jurisdiccional, ese intento se materializó el año 2011, con algunos problemas continuó el año 2012, para finalmente funcionar “por última vez” el año 2013 (http://escuelajudicialcusco.blogspot.pe/).
Han transcurrido, desde entonces, más de 2 años, sin que sepamos algo de ese intento que debió dejar de serlo por constancia, perseverancia y voluntad. ¿Cuál es la razón por la que la Escuela Judicial no funcione, pese a que tiene una normatividad que obliga a su funcionamiento, según un cronograma anual y pautas académicas?
La respuesta es sencilla; es el nulo interés y compromiso por motivar al personal brindándole una real posibilidad de capacitarse en función de su trabajo y de los aciertos y desaciertos en el mismo, es decir, en motivar al personal desde un punto de vista cognoscitivo, lo que implica saber más para hacer mejor el trabajo.
Sinceramente no creo que la Escuela Judicial vuelva a funcionar, al menos en esta gestión presidencial que ya tiene vencido un año y cuatro meses de su segundo año, lo que implica que así existiese interés en que funcione, como siempre, el plazo está vencido, lo que demuestra – una vez más – que los directivos se la pasan solucionando problemas del pasado sin visión del futuro. En fin.
Pero otro de los peores errores que puede cometer un directivo, que no tiene conciencia de lo que implica gobernar personas y motivarlas en función de generar un ambiente laboral propicio para la identificación del personal con su organización, es no tener ninguna política coherente para la dirección de personal o políticas de personal en función de un fin: la unidad de la organización. Esa ausencia de una política de personal se refleja en esbozar una aparente política de trato igualitario al personal y, sin embargo, implementar todo lo contrario como es el caso de hacer excepciones en la teoría, para favorecer realmente a determinados trabajadores, postergando los méritos en sentido contrario a la tendencia actual de la meritocracia. En fin.
Todo esto sucede cuando, como dice Russell, se genera “Un sistema que acuerde mucho poder al cortesano o al intrigante es, por lo general, un sistema poco capaz de promover el bienestar general (Russell. Bertrand. El Poder, RBA, 2013). En fin.

Si la organización que se dirige tiene limitaciones para motivar al personal mejorando sus ingresos, es poco lo que podrá hacer un directivo, si no toma la iniciativa en la motivación cognoscitiva, así como en una correcta política de personal que logre la unidad en la organización. Será por eso que los aplausos no son como al principio y ya se escucha el rumor del fracaso.

Fecha Publicación: 2016-04-24T08:49:00.003-07:00
CARPE DIEM

Con mis alumnos del curso de Derecho Civil Patrimonial de la Maestría de Derecho Civil y Comercial, de la Escuela de Post Grado de la Universidad Andina del Cusco.




La propiedad es un derecho fundamental...

Cusco, 8, 9, 10, 22, 23 y 24 de abril de 2016.
Etiquetas: [anticipación de tutela]  [Ley de violencia familiar]  [medida cautelar]  
Fecha Publicación: 2016-04-10T16:35:00.000-07:00

Fernando Murillo Flores[1]

En la primera parte de este artículo concluimos que las denominadas medidas de protección establecidas en la Ley N° 30364 (la Ley) son, en realidad anticipación de tutela y que también el Juez de Familia podía emitir decisiones cautelares para garantizar la eficacia de decisiones respecto a las pretensiones “de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos

Sin embargo, también consideramos que, aunque el artículo no lo exprese, el Juez de Familia puede tomar decisiones que impliquen anticipación de tutela, respecto de aquellas pretensiones enumeradas en el artículo 16 de la Ley, en el marco del artículo 674 del Código Procesal Civil. Nos explicamos.

En principio, cuando el agraviado (a) por hechos de violencia familiar acuda al Juez de Familia en forma directa (Cf. Artículo 15 de la Ley) muy bien podrían existir decisiones jurisdiccionales firmes (en otros procesos) sobre alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos como dice el dispositivo en referencia. En este primer escenario somos de la opinión que si el Juez sabe, conoce o se le pone en conocimiento de la preexistencia de decisiones jurisdiccionales sobre el particular, no podrá tomar una decisión “cautelar”

En un segundo escenario, podrían no existir dichas decisiones jurisdiccionales sobre los temas indicados, entonces, sí pueden emitirse decisiones cautelares para asegurar las futuras pretensiones sobre los temas ya indicados (alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos), pero estas decisiones deben ser neta y estrictamente cautelares, es decir, medidas para asegurar que las decisiones jurisdiccionales definitivas, emitidas en los procesos judiciales correspondientes, sean eficaces. Como ejemplo pongamos el caso de un padre que está pronto a irse de viaje al extranjero y acaba de renunciar a su trabajo y está a punto de cobrar su compensación por tiempo de servicios (CTS), entonces, el Juez de Familia podrá disponer como medida cautelar, el embargo de dicha CTS. Esta decisión cautelar, sin duda, es una que estará sujeta a la decisión final que en el proceso correspondiente (de alimentos) se emita.

Un tercer escenario, precisamente en el que corresponderán tomarse decisiones de anticipación de tutela, es una variable del anterior, es decir, no estamos ante un escenario en el que debamos cautelar la futura ejecución de la decisión jurisdiccional, sino por el contrario anticipar una decisión jurisdiccional por la verosimilitud del derecho y el estado de necesidad en el que se encuentre su titular. Como ejemplo de ello veamos el caso de aquél menor que no recibe pensión de alimentos de su progenitor, entonces, el Juez del proceso podrá anticipar tutela disponiendo el descuento – por planilla – de una suma de dinero en calidad de lo que le Código Procesal Civil denomina “asignación anticipada de alimentos”. Como en el caso anterior, esta decisión estará sujeta a lo que se decida en el futuro proceso que sobre alimentos se inicie contra el obligado.

Claro, en esta posibilidad se presenta un dilema ¿es posible anticipar tutela si aún no existe un proceso?, para elaborar una respuesta a esta pregunta debemos considerar que si es posible solicitar y conceder una medida cautelar ex ante proceso, no debería haber objeción para anticipar tutela antes de proceso, pero en ambos casos necesitaríamos un proceso posterior en el que la medida cautelar sirva al derecho mismo y que la anticipación de tutela sea brindada y/o modificada en la decisión final. Sin embargo, ¿qué garantiza que quien obtuvo una  medida cautelar o anticipación de tutela inicie el proceso posteriormente?

Si bien podríamos afirmar que tanto al disponerse una medida cautelar, como una de anticipación de tutela, le serían aplicables las disposiciones sobre el procedimiento cautelar, una nueva incógnita se abre en el marco de la audiencia única establecida en el artículo 16 de la Ley; esta incógnita es ¿cabe la oposición a una medida cautelar o a una medida de anticipación de tutela? la respuesta es que sí cabría oponerse de parte de quien es el afectado, pero el dispositivo citado no establece algo al respecto.

Sin embargo en la realidad es que el obligado (demandado o futuro denunciado) no asiste a la audiencia en la que se podrá dictar a pedido de parte o de oficio una medida cautelar o una anticipación de tutela; la otra posibilidad es que asista pero sin abogado que lo defienda y, por último que asista con abogado.

Muchas posibilidades se abren aún. Si el demandado asiste y lo hace con abogado, ¿puede formular oposición a la medida cautelar o a la anticipación de tutela? o lo que corresponde es ¿apelar?, y,  si el demandado no asiste, ¿puede hacerlo cuando se le notifique el texto del acta de la audiencia?

La Ley no tiene disposición alguna al respecto, sólo se sabe que la decisión o decisiones del Juez de Familia en la Audiencia Oral pueden ser impugnadas (Cf. última parte del segundo párrafo del artículo 40) y que esta decisión es la cautelar o de anticipación de tutela, pero sin saberse – la Ley no lo dice – si a mérito de un apelación frente a la decisión o previa oposición frente a la decisión que la resuelva.

Hay una consigna procesal en materia de supletoriedad de una norma procesal respecto a otra (al menos desde el proceso constitucional) que nos indica que aplicamos una norma supletoriamente a otra, cuando aquella optimiza el desarrollo de ésta, claro está sin sacrificar derechos constitucionales de contenido procesal, como el de defensa y contradicción. En esa perspectiva, las normas aplicables a la ausencia de regulación descrita, deberá ser cubierta con el Código Procesal Civil.

Aquí el reto, aquí la oportunidad procesal para una decisión judicial creativa. Si bien el Juez de Familia puede emitir medidas cautelares y anticipación de tutela, ¿puede reducirse a cero la capacidad de oposición (defensa) del demandado?, para cifrar toda esperanza de defensa en el derecho a impugnar dicha decisión. Los Jueces tienen la palabra.




[1] Abogado.

Fecha Publicación: 2016-03-16T20:58:00.004-07:00



Etiquetas: [correo electrónico]  [dominio institucional]  [emisor]  [nombre de dominio]  [receptor]  
Fecha Publicación: 2016-03-07T19:09:00.000-08:00

Javier André Murillo Chávez
Abogado experto en Propiedad Intelectual, Competencia y Nuevas Tecnologías


En el mundo actual, los medios de comunicación han sido revolucionados por el surgimiento de Internet; el correo electrónico es, actualmente, una herramienta indispensable de miles de personas, empresas e, incluso, instituciones del Estado. Así, cuando se crea una nueva tecnología, si buscamos hablar de la misma debemos efectuar un mínimo estudio de cómo funcionan y cuáles son los términos precisos para evitar caer en las garras de la conocida frase “la ignorancia es atrevida”.

Una dirección de correo electrónico tiene una estructura básica: un nombre personalizado, el signo arroba (@) y un nombre de dominio. Comencemos por lo básico, el nombre personalizado es un identificador personal que puede ir desde un seudónimo, el nombre de una persona, el nombre de un área específica o cualquier denominación que se requiera compuesta de números, letras o algunos símbolos como el guión (-), el subguión (_) o incluso el punto (.); usualmente, las empresas e instituciones utilizan la composición de la primera letra del nombre y el primer apellido completo para correos personales y el nombre del área para la formación del correo de dicho sector de la institución. Por citar un par de ejemplos, tenemos que Pedro Férnandez tiene un correo como “pedrofernandez” o Juan Alvarado tiene un correo como “jalvarado”; de igual forma, el área de publicaciones tendrá un correo con denominación personalizada “publicaciones” y el departamento de finanzas tendrá un correo que empieza con “finanzas”. Esta parte de la dirección electrónica puede ser creada a gusto de la persona, la empresa o institución.

El signo arroba (@) es utilizado desde la creación del ARPANET –antecedente primitivo de Internet– como diferenciador de lugares dentro de una misma red. Adicionalmente, en inglés el signo arroba se lee como “at” que significa “en” en español. No obstante, hoy en día, el signo arroba (@) se utiliza también en las redes sociales para hacer referencia a un perfil o persona determinada, como se observa tanto en Facebook y Twitter.

Finalmente, quizás la parte más importante del correo electrónico es el nombre de dominio, que está compuesto principalmente por dos componentes: el second level domain y el top level domain; por ejemplo, entre los correos electrónicos más utilizados tenemos el dominio “gmail.com” y “yahoo.com”. ¿Dónde reside la importancia de este elemento? En que determina si una dirección de correo es privada o institucional. Existen diversos proveedores de servicio en internet –también llamados PSI– que brindan el servicio de correo electrónico, basados en un contrato –que muy poca gente lee–, tales como Outlook, Gmail, Yahoo, Terra, entre otros. Todas estas cuentas de correo electrónico son privadas y son de entera responsabilidad de quien las crea. Sin embargo, existe otro tipo de cuentas que son institucionales; es decir, que demuestran que provienen de determinada empresa o institución, lo que quiere decir que legalmente se envían correos desde dicha cuenta con autorización del uso del dominio institucional; por ejemplo: la empresa Boomerang tendrá el dominio “boomerang.com.pe” o la asociación civil Forum tendrá el dominio “fórum.com”.

Es importante señalar que existe otro grupo de cuentas de correo mucho más especial: aquellas que tienen un top level domain de carácter restrictivo, tales como .edu, .gob o .mil; por citar ejemplos, el dominio institucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú es “pucp.edu.pe” porque se trata de una Universidad o el dominio institucional del Poder Judicial es “pj.gob.pe” ya que se trata de una institución parte del Estado.

Entonces, realizadas estas precisiones, podemos señalar –como ejemplos– que Tadeo Benavides puede usar un correo electrónico privado “tbenavides@gmail.com” para cualquier asunto privado porque existe total certeza de que dicho correo es de él. Igualmente, si usted recibe un correo de la dirección “edición@diariocuatro.com.pe” puede estar seguro que el área de ediciones le está enviando una comunicación; finalmente, si se le envía un correo de “a2934tul@mp.gob.pe” es posiblemente una comunicación oficial o notificación de un funcionario del Ministerio Público.

Entonces, querido lector, ¿Por qué son tan importantes estas diferencias? La respuesta es bastante sencilla. Si un correo electrónico es enviado desde una cuenta con dominio privado, no existe problema alguno ya que se trata de una persona identificada y se realiza a título personal. Por el contrario, si alguien utiliza una cuenta con dominio institucional o empresarial –peor aún estatal, educacional o militar– debe tener en cuenta que se trata de una persona que actúa, mínimamente, como parte de dicha institución o empresa o, lo que es más usual, que se está enviando una comunicación oficial, dependiendo del cargo o puesto dentro de dicha institución, entidad o empresa. Porque una cosa es recibir un correo de un empleado cualquiera y otra cosa del Gerente General de la empresa; sin embargo, el correo institucional normalmente debe estar restringido para comunicaciones de tipo formal en el ámbito laboral.

El tema de estas líneas es importante porque es posible observar la ignorancia de muchas personas –inclusive Autoridades estatales de vieja raigambre– sobre el tema, sin ninguna intención de estudiar sobre lo que se escribe o dice; es decir, ignorancia por decisión propia. Escuchamos –por ejemplo– que se sataniza el envío de un correo electrónico desde una dirección privada a una cuenta institucional para determinado fin; no existe ningún problema con esto. Uno puede recibir cualquier correo de manera normal, desde publicidad hasta pornografía, nadie puede decidir que recibe y que no, salvo los propios filtros que tienen los correos para bloquear el spam(correo basura) o intentos de phishing (suplantación de identidad). Esto que suena tan moderno está garantizado desde hace años por la Libertad de Expresión en el Perú en nuestra Constitución. Finalmente, es el receptor el que debe leer y determinar si se trata de correos con importancia o sin ella, si los contesta o los elimina, pero es solamente su potestad y ninguna Autoridad tiene derecho a determinar esto en reemplazo del propio usuario.

Lo que podría generar problemas es el envío desde una cuenta institucional, pero no la recepción. Sin embargo, mientras esto no pase, no existe problema alguno. De igual forma, los correos de direcciones con dominios privados nunca serán correos institucionales, por más de que la propia Autoridad lo señale, y sí lo hace tengan cuidado porque podría tratarse de phishing u otra estafa. Debido a la cantidad de denuncias que existen, una garantía de estar frente a un correo institucional es el dominio de carácter institucional o el restrictivo como el “gob.pe” o “edu.pe”; en el último caso, simplemente debemos señalar que la creación de un correo con este top level domain estatal es prácticamente imposible para un privado sin tener autorización de la Autoridad pertinente. De esta forma, existe una presunción de que cualquier correo enviado de una dirección con estos dominios restrictivos sí son correos institucionales, pero no los que tienen dominio privado.

Como se señaló al inicio, el correo electrónico, como parte de las (ya no tan) nuevas tecnologías, se utiliza muy a menudo, pero muy pocas veces conocemos las implicancias de los mismos. Implicancias que pueden derivar hasta en temas legales; como se podrá imaginar, querido lector, el correo electrónico no era un tema tan simple ¿O sí?

Etiquetas: [Censura]  [Censura Previa]  [Expresión]  [libertad de expresión]  [Libertad de opinión]  [Opinión]  
Fecha Publicación: 2016-02-12T09:40:00.000-08:00

Fernando Murillo Flores

Voltaire dijo: “No comparto tu opinión, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla”, Voltaire que era un auténtico liberal, influyó en el pensamiento de la ilustración, sin duda, él estuvo consciente que la expresión de ideas, la expresión de opinión y el intercambio de ellas eran derechos fundamentales de un ciudadano, como garantía del desarrollo de una sociedad libre.

Viendo la historia, encontramos que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) estableció en su artículo 11, lo siguiente “La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre; todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir libremente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los casos determinados por la ley.”. En esa retrospectiva histórica, la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica (1791) estableció: “El Congreso no podrá hacer ninguna ley (…) limitando la libertad de expresión, ni de prensa; (…)”

La evolución de los derechos humanos y la progresión en el establecimiento de las normas que los reconozcan y protejan, hizo que desde esos años, a la fecha, existan modernos instrumentos nacionales y supranacionales que consagren – como un derecho humano – la libertad de expresión y de opinión. De la libertad de expresión Marciani Burgos dice: “(…) en sentido estricto – a diferencia de la libertad de información – está referida a la expresión de opiniones e ideas en todas sus dimensiones; esto es, como manifestaciones de respaldo, adhesión, crítica o rechazo. Pero, además, la libertad de expresión también comprende – a  nuestro juicio, así debería ser – otro tipo de expresiones que podemos calificar como de tipo no cognitivo, tal es el caso de las expresiones artísticas de naturaleza no representacional en las que existe una exteriorización de sensaciones y sentimientos del autor” (Marciani Burgos. Betzabé. El Derecho a la Libertad de Expresión y la Tesis de los Derechos Preferentes. Palestra. Lima 2004. P. 123)

 En ese sentido, nuestra Constitución, establece: “Artículo 2. Toda persona tiene derecho: (…) 4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: “Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desarrollando la dimensión individual de este derecho, expresa: “65. Sobre la primera dimensión del derecho consagrado en el artículo mencionado, la individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido, la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.

Y, puntualiza, con relación a su dimensión social: “66. Con respecto a la segunda dimensión del derecho consagrado en el artículo 13 de la Convención, la social, es menester señalar que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todas a conocer opiniones, relatos y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia.” (Cf. Caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros vs. Chile). CIDH: Sentencia de 5 de febrero de 2001)

Las normas trascritas, así como reconocen y establecen el derecho de expresión y opinión, también se ocupan de una de las patologías que más los afectan: la censura previa. Según la Real Academia de la Lengua Española, esta es “El examen y aprobación que de ciertas obras hace un censor autorizado antes de hacerse públicas”. Esta acción propia de mentalidades autoritarias y totalitarias, no es sino la acción de calificar previamente el contenido de un artículo de opinión, expresión o información, permitiendo su publicación sólo si le es de agrado a quien la establece, o porque considera que sus intereses y/o imagen no son puestas en cuestión, todo ello como requisito para su difusión, controlando aquellos medios en los que se ejercen tales derechos, mediante presiones políticas o económicas, todo ello con la intención de limitar un derecho fundamental.

Sin duda alguna la censura previa es un proceder primitivo, autoritario y dictatorial, inamisible en una sociedad moderna y plural, que para ser tal requiere ideas, opiniones, planteamientos, expresiones artísticas etc., que deben ser respetadas, analizadas, criticadas pero nunca limitadas al extremo de no permitir que no se den o sometiéndolas a una previa aprobación de contenidos.

La civilización, que para Mario Vargas Llosa es “(…) un sistema de ideas que con el correr del tiempo crearía al individuo soberano e impondría los derechos humanos, la coexistencia en la diversidad, la libertad de expresión y de crítica, y una concepción de la belleza artística (…)” (http://elpais.com/elpais/2016/02/05/opinion/1454672881_887015.html), no podrá ser tal con acciones contra ella, como es la censura previa típica de tiempos de barbarie que muchos gustan de recrear generando sólo lugares de una mediocridad inmensa y descomunal.

De vacaciones leo a Savater y él me cuenta: “Ya el viejo Montesquieu advirtió que si acercamos el oído a un país y no se percibe ni el vuelo de una mosca seguro que se trata de una tiranía, mientras que si se escuchan gritos indignados, polémicas y voces escandalizadas de descontento seguramente estamos ante una nación libre.” (Savater. Fernando. Política de Urgencia. Ariel. 2014. P. 43)
Etiquetas: [caducidad]  [contencioso administrativo]  [plazo de caducidad]  [suspensión de plazos durante vacaciones judiciales]  [vacaciones judiciales]  
Fecha Publicación: 2016-02-07T09:53:00.001-08:00

Begonia del Rocío Velásquez Cuentas[1]

Sumario: I. Introducción.  II. Los plazos en la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo y la Caducidad. III. El problema: ¿qué dispone la resolución administrativa de vacaciones?  IV. Conclusiones.

I.                   Introducción.

Al finalizar el período vacacional de cada año judicial, el público usuario del servicio de justicia presenta demandas, apelaciones, nulidades y otros pedidos sujetos a un plazo procesal que si bien, en estricto, habría vencido durante el mes de vacaciones, lo hacen bajo el argumento que el plazo estaba suspendido.

La respuesta judicial no fue uniforme, en unos casos se consideró válido ese argumento y, en otros, no, siendo rechazados de plano por razón de extemporaneidad. Estas respuestas disímiles generan, no sólo incertidumbre, sino ausencia de seguridad jurídica, ante la falta de predictibilidad judicial.

En este artículo centraremos nuestro análisis, únicamente en la interposición de las demandas contencioso administrativas en materia laboral y el cómputo del plazo para su presentación durante el período vacacional.

II.                Los plazos en la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo y la Caducidad.

El artículo 19.1 del D.S. N° 013-2008-JUS TUO de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo (en adelante LPCA),  determina el término inicial del plazo de tres meses para la interposición de una demanda contencioso administrativa que contiene una pretensión que contiene una actuación impugnable previstas en el artículo 4 de la LPCA[2], dicho término es “desde el conocimiento o notificación de la actuación impugnada, lo que ocurra primero” [3].

Considerando que los plazos establecidos en el artículo 19 de la LPCA son de caducidad, no admiten interrupción ni suspensión y puede ser declarada de oficio o a petición de parte, conforme disponen los artículos 2005 y 2006 del Código Civil, respectivamente.

Si entendemos por caducidad, “la extinción del derecho debido al objetivo transcurso del tiempo fijado perentoriamente por la ley”[4],  y que ésta se caracteriza por la perentoriedad de su plazo y su fatalidad, Vidal Ramírez señala: “El plazo de caducidad se caracteriza por su perentoriedad y su fatalidad, pues es único y concluyente y es inevitable e improrrogable. Comienza su decurso desde que existe el derecho, esto es, desde que nace con la relación jurídica o desde que emerge de ella o a partir del hecho que lo origina. Se trata, obviamente, de derechos con plazo prefijado por la ley para su ejercicio”[5].

Este razonamiento queda corroborado con lo dispuesto por el artículo 2007 del Código Civil, que establece: “La caducidad se produce transcurrido el último día del plazo, aunque éste sea inhábil”; norma ésta que contiene a su vez una excepción a la regla general prevista en el artículo 183 inciso 5 del Código Civil[6]. No está demás señalar que los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto en contrario (Artículo 2004 del Código Civil); norma que por su naturaleza es de orden público, consecuentemente, de obligatorio cumplimiento.

Quiere decir, que si quien se considera afectado con una actuación impugnable pretende cuestionarla judicialmente a través de un proceso contencioso administrativo, tendrá indefectiblemente un plazo de tres meses computado a partir del conocimiento o de la notificación de la actuación impugnable, lo que ocurra primero; caso contrario, tanto su derecho como la acción correspondiente se habrán extinguido (Artículo 2003 del Código Civil), aunque el último día del plazo sea inhábil.

Como se aprecia, la caducidad opera de pleno derecho, por tanto, si acaso no fue solicitada su aplicación en la demanda o no fue objeto de una excepción, el Juez está en la obligación de examinar si el derecho del demandante caducó o no y, de ser así, es decir, cuando el plazo ha transcurrido y se encuentra manifiestamente vencido[7], debe declararlo en ese sentido, declarando improcedente la demanda, de acuerdo a lo establecido por el artículo 427 inciso 3 del Código Procesal Civil[8].

III.             El problema: ¿qué dispone la resolución administrativa de vacaciones?

El problema surge a partir de la interpretación que se da a las disposiciones contenidas en las sucesivas resoluciones administrativas emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en las que se establece el periodo vacacional correspondiente a cada Año Judicial para jueces y personal auxiliar; una lectura de estas resoluciones nos permite concluir que a más de delimitar el período vacacional, cada año se dictan medidas complementarias similares para su cumplimiento. En ese contexto, hay dos criterios de interpretación. Veamos:

La primera, que es aquella en la que se postula que los plazos se suspenden, se señala:

“(…) es criterio que durante el período de vacaciones judiciales, los términos establecidos en cada vía procesal se suspenden respecto al los procesos no comprendidos en la resolución administrativa antes citada, lo que implica que una vez reanudada las labores de los trabajadores judiciales, la suspensión se levanta y se vuelven a computar los plazos establecidos en la norma adjetiva laboral. Y ello es debido a que las mesas de partes de los diferentes órganos jurisdiccionales solo tramitan las materias señaladas expresamente en la resolución administrativa antes mencionada (…)”[9]

Considera esta posición que al haberse establecido en las sucesivas resoluciones administrativas en las que se determina el período vacacional, que en materia laboral únicamente se atenderán las consignaciones laborales, el cómputo de los plazos para la interposición de la demanda se suspenden durante el mes de vacaciones.

La otra  posición – a la que nos adscribimos – es  la que considera que durante el mes de vacaciones no se suspenden los plazos; es decir que durante este período vacacional el decurso del plazo para la interposición de demandas, y de cualquier otra petición, no se suspende, pues lo único que se suspende es el despacho judicial.

Cosa distinta es que por efecto de las vacaciones, las providencias solicitadas no serán atendidas de manera inmediata al no haber despacho judicial, sino a la conclusión de dicho período, a excepción de los actos procesales expresamente consignados en la resolución que autoriza las vacaciones; por ejemplo, teniendo en cuenta que las vacaciones son programadas durante todo el mes de febrero, si se interpone la demanda antes de que opere la caducidad en la primera semana de febrero, su calificación y consiguiente admisión a trámite ocurrirá en el mes de marzo, a la conclusión de este período de descanso judicial; lo que no ocurrirá si es que la petición es una consignación laboral, caso en el que el trámite si será inmediato y estará a cargo del órgano jurisdiccional de vacaciones designado como órgano de emergencia.

¿Cómo arribamos a esta conclusión? La respuesta la encontramos en las resoluciones administrativas emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a las que hacemos referencia; así, la R.A. Nº 356-2015-CE-PJ del 16 de diciembre de 2015, establece como dispositivo general lo siguiente: “Artículo Primero.- Disponer que las vacaciones en el Año Judicial 2016, para jueces y personal auxiliar, se harán efectivas del 1 de febrero al 1 de marzo de 2016; dictándose las medidas complementarias para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a nivel nacional[10].

A continuación establece: “Artículo Décimo.- A partir de la vigencia de la presente resolución, los órganos jurisdiccionales adoptarán las medidas necesarias para evitar perjuicios procesales y materiales a las partes como consecuencia del periodo vacacional, bajo responsabilidad funcional. Motivo por el cual, las audiencias, informes orales y otras actuaciones judiciales fijadas para el mes de vacaciones se reprogramarán de oficio, preferentemente, para el mes de marzo del próximo año”.[11]

Nótese que la resolución, si bien dispuso que las vacaciones en el Año Judicial 2016 para magistrados y personal auxiliar se harían efectivas del 1 de febrero al 1 de marzo del 2016, en el que no hay despacho judicial, no suspende plazos, por el contrario, en el artículo décimo al señalar que los órganos jurisdiccionales deben adoptar las medidas necesarias para evitar perjuicios procesales y materiales a las partes como consecuencia del período vacacional, bajo responsabilidad funcional, quiere decir, que no existe impedimento alguno para que los justiciables puedan presentar sin ningún contratiempo las demandas y otros pedidos dentro de los plazos previstos por ley, pues, esta medida implica entre otras, que todo documento debe ser recibido por mesa de partes en los plazos previstos para cada caso.

Esta interpretación no es aislada, y tiene respaldo en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la que se ha establecido: “7.  Que sobre los mismos lineamientos cabe señalar que si bien es cierto la Resolución Administrativa Nº 259-2005-CE-PJ dispuso que las vacaciones en el Año Judicial 2006 para magistrados y personal auxiliar se harían efectivas del 1 de febrero al 2 de marzo del 2006, también estableció que “(…) los órganos jurisdiccionales adoptarán las medidas necesarias para evitar perjuicios procesales y materiales para las partes como consecuencia del período vacacional, bajo responsabilidad funcional (…)”. (subrayado agregado). 8. Que por ende, si bien durante el mes de febrero y los dos primeros días del mes de marzo del 2006 no hubo despacho judicial, ello no resultaba impedimento para que el recurrente acudiese a la Corte Superior de Justicia de Arequipa a presentar su recurso de apelación dentro del plazo permitido.”[12]

Lo anterior nos permite confirmar que los argumentos en los que se sustenta el primer criterio han sido totalmente desvirtuados; es decir, no existe argumento válido con el que se pueda sostener que, durante el período de vacaciones, se suspenden los plazos; lo que a su vez demuestra que no existe imposibilidad alguna de recurrir ante los órganos jurisdiccionales para la presentación de las demandas contencioso administrativas. Esta conclusión, a su vez, suprime cualquier posibilidad de encontrarnos en el supuesto de excepción que reconoce el artículo 2005 del Código Civil  para la interrupción o suspensión de la caducidad, prevista por el artículo 1994 inciso 8 del Código Civil, que establece:

“Artículo 1994.- Se suspende la prescripción:
(…)
8.- Mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano”.

Si esto es así, no queda sino efectuar el cómputo del plazo de los tres meses para la interposición de la demanda contencioso administrativa de acuerdo a lo establecido  por el artículo 183 inciso 2 del Código Civil[13], en concordancia con el artículo 2007 ya señalado, operando la caducidad el último día del plazo aunque éste sea inhábil, como ya se explicó. Así, a manera de ejemplo, si la resolución que causa estado ha sido notificada el 10 de noviembre de 2015, el plazo de tres meses para interponer la demanda vence el 9 de febrero de 2016, fecha en la que indefectiblemente opera la caducidad; por consiguiente  no podría entenderse que el plazo para la interposición de la demanda es el 9 de marzo de 2016 como lo considerarían los que sostienen el primer criterio; al haberse descartado cualquier posibilidad de imposibilidad para reclamar un derecho ante un tribunal peruano durante el período de vacaciones. 

IV.              Conclusiones.

Queda claro que durante el período de vacaciones los plazos procesales no se suspenden ni se interrumpen, por tanto, si el plazo de interposición de una demanda contenciosa administrativa venciera durante este período, de no ser presentada oportunamente habrá operado la caducidad y ésta será declarada al momento de su calificación.




[1] Jueza Superior Titular de la Corte Superior de Justicia del Cusco.
[2] D.S. N° 013-2008-JUS.Artículo 19.- Plazos. La demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes plazos:  1. Cuando el objeto de la impugnación sean las actuaciones a que se refieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del Artículo 4 de esta Ley, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento o notificación de la actuación impugnada, lo que ocurra primero.
[3] Este artículo exceptúa el silencio administrativo, inercia o cualquier otra omisión de la administración pública
[4] Paradiso, Massimo. La Prescripción y Caducidad. En: Registros Públicos, Prescripción y Caducidad. Observatorio del Derecho Civil. Volumen VIII. Motivensa Editora Jurídica. Lima. 2011. P. 117.
[5] Vidal Ramírez, Fernando. Continuidad de la Caducidad. Comentario al artículo 2005. Código Civil Comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo X. Gaceta Jurídica. Lima. 2005. P.347.
[6] Artículo 183.- El plazo se computa de acuerdo al calendario gregoriano, conforme a las siguientes reglas: (…) 5.- El plazo cuyo último día sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente.
[7] Vidal Ramírez, Fernando. Op. Cit. P. 349
[8] Código Procesal Civil. Artículo 427. “El Juez declara improcedente la demanda cuando: (…) 3. Advierta la caducidad del derecho.”
[9] Voto en discordia en el Exp. N° 465-2015. Segunda Sala Laboral Cusco
[10]http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/establecen-periodo-vacacional-en-el-ano-judicial-2016-para-j-resolucion-administrativa-no-356-2015-ce-pj-1327225-11/#sthash.CfIBJ4bV.dpuf
[11] Estas reglas han sido incorporadas sucesivamente en cada una de las resoluciones administrativas que han regulado el período de vacaciones, así como para el presente año, ha sido reproducida en la disposición décimo segunda de la R.A.N° 58-2016-P-CSJC-PJ del 15 de enero de 2016, que es la que regula las vacaciones judiciales 2016 de la Corte Superior de Justicia del Cusco.
[12] EXP. N.° 00688-2007-PA/TC, entre otros.
[13]  “Reglas para cómputo del plazo
Artículo 183.- El plazo se computa de acuerdo al calendario gregoriano, conforme a las siguientes reglas: (…) 2.- El plazo señalado por meses se cumple en el mes del vencimiento y en el día de éste correspondiente a la fecha del mes inicial. Si en el mes de vencimiento falta tal día, el plazo se cumple el último día de dicho mes”.
Etiquetas: [Procesos de Violencia Familar]  [Tula Cauetelar]  [Tutela Anticipatoria]  [Violencia Familiar]  
Fecha Publicación: 2016-02-04T21:24:00.001-08:00

Fernando Murillo Flores

La Ley N° 30364 (la Ley), denominada “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” (publicada el 23 de noviembre de 2015) establece un proceso para tutelar a las mujeres e integrantes del grupo familiar, frente a la violencia que se ejerza contra ellos.

En principio estamos de acuerdo con el establecimiento de un proceso especial en función de los derechos a ser tutelados; el presente artículo no cuestiona el diseño del proceso referido, pese a que existen razones para ello, sino, por el contrario, pretendemos analizar la forma de cómo se reguló la anticipación de tutela y la tutela cautelar, para de esa forma contribuir a una operación seria del proceso.

El proceso se inicia con una denuncia ante el Juez de Familia, el artículo 16 de la Ley establece que éste: “(…) procede a evaluar el caso y resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de protección requeridas que sean necesarias. Asimismo, de oficio o a solicitud de la víctima, en la audiencia oral se pronuncia sobre medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas.” (la negrita nos corresponde)

Las medidas de protección están enumeradas en el artículo 22 de la Ley, sin que dicha relación sea cerrada, sino abierta (numerus apertus), pues el inciso 6 del dispositivo citado dice “Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida de sus víctimas o familiares.”. A diferencia de ello, la Ley no describe las medidas cautelares, pero sí las pretensiones a ser aseguradas, dejando además algunas dudas sobre su pedido y trámite que sólo es posible despejarlas si interpretamos la ley sistemáticamente.

De las medidas cautelares, en el artículo 20 de la Ley se dice, cuando la sentencia es absolutoria: “(…) Las medidas cautelares que resguardan las pretensiones civiles que hayan sido decididas en esa instancia cesan en sus efectos salvo que hayan sido confirmadas en instancia especializada. (…)”; en cambio, de las medidas de protección, se establece, bajo el mismo supuesto de sentencia absolutoria: “(…) el juez señala el término a las medidas de protección dispuestas por el juzgado de familia (…)”

En cambio, cuando la sentencia es condenatoria, respecto a las medidas de protección se dice en el artículo 20.1 de la Ley, respecto de ellas, lo siguiente: “La continuidad o modificación de las medidas de protección  dispuestas por el Juzgado de familia o equivalente.” Y, respecto a las medidas cautelares, ante el supuesto de sentencia condenatoria, en el inciso 5 del mencionado artículo de la Ley “La continuidad o modificación de las medidas cautelares que resguardan las pretensiones civiles de tenencia, régimen de visitas, suspensión, extinción o pérdida de la patria potestad, asignación de alimentos, entre otras.

Esperamos haber dejado en claro que el Juez de Familia es quien dicta las medidas de protección (anticipación de tutela) y, a pedido de parte (incluso de oficio) las medidas cautelares, y haber dejado entrever que es el Juez de Familia quien actúa en un primer y esporádico momento en la Audiencia Oral, donde precisamente toma las decisiones anotadas y es el Juez Penal quien, dependiendo del sentido de su decisión, decide la suerte de dichas previas decisiones (tutela anticipatoria y tutela cautelar), aunque respecto a ésta última, su decisión esté limitada si las mismas fueron “confirmadas en instancia especializada.

¿Qué significa esto último? Creemos que lo siguiente:

1.    Si se concede la medida cautelar, entonces, la apelación será sin efecto suspensivo; a cambio, si no se concede, la apelación será con efecto suspensivo.

2.    Ante una decisión cautelar del Juez de Familia, el afectado con ella puede apelar ante segunda instancia (Sala Civil), la que puede confirmarla o revocarla; si se concede la medida cautelar, dicha decisión se constituye en firme e indisponible para el Juez Penal si emite una sentencia absolutoria.

3.    Si se conceden medidas de protección, quien se sienta afectado por ellas y les cause agravio, pueden impugnar la decisión, sin embargo, la apelación no es de competencia de la Sala Civil, sino de la Sala Penal, pues la sentencia que examinen a mérito de la apelación, si es condenatoria, es la que decide la continuidad o modificación “de las medidas de protección dispuestas por el juzgado de familia

4.    Lo anterior determina dos posibilidades: i) que dicha apelación se tenga que conceder sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida o, ii) que la apelación es improcedente, pues al ser anticipación de tutela y estar supeditada a una ratificación y/o modificación del Juez Penal, recién la ratificación y/o modificación serían apelables, junto a la sentencia. Esta última posición sería la más razonable en función de lo expuesto, pues si la primera alternativa fuese correcta, implicaría asumir que la decisión de medidas de protección dispuestas por el Juez de Familia – al estar impugnadas – ya no podrían ser modificadas por el Juez Penal, lo que es ilegal frente a la facultad concedida a éste por el inciso 1, del artículo 20 de la Ley.        

Al margen de lo dicho, resta por hacer un análisis sobre la difícil exigencia para el Juez de Familia para tomar una decisión, en el marco de una denuncia de violencia de familia y en la audiencia oral, sobre medidas cautelares respecto al aseguramiento de las “pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas.”, sobre todo si sobre dichas pretensiones ya pre existen decisiones judiciales, en los procesos respectivos. ¿Cómo decidir sobre dichas pretensiones en una audiencia?, ¿De qué forma el Juez de Familia conocerá los procesos judiciales previos y sus correspondientes decisiones?


Esperemos que las decisiones jurisdiccionales que se tomen, al aplicar la Ley  que establece el proceso de violencia, la perfilen y superen sus deficiencias, construyendo una buena práctica judicial. Lo expuesto en este artículo sólo es una aproximación a los temas propuestos que sin duda merecen mayor análisis.

Fecha Publicación: 2016-01-31T10:54:00.002-08:00
CARPE DIEM

Con los alumnos del Curso "Evolución de los Derechos Humanos" de la Maestría en Derecho Constitucional de la Escuela de Post Grado de la Universidad Andina del Cusco:



El respeto de los Derechos Humanos requiere un comportamiento ético.

Cusco, 15, 16, 17, 29, 30 y 31 de enero de 2016.


Fecha Publicación: 2016-01-31T10:50:00.002-08:00
CARPE DIEM

Con los Alumnos del Curso "Sistema Contractual y Responsabilidad Civil" de la Maestría en Derecho Civil y Comercial de la Escuela de Post Grado de la Universidad Andina del Cusco:

Cusco, 8, 9 10, 22, 23 y 24 de enero de 2016.

Fecha Publicación: 2016-01-30T15:30:00.001-08:00

Fernando Murillo Flores

Querida Sofía:

Decidí empezar este año escribiéndote unas líneas… Sí sé que a veces soy aburrido y siempre me dices “ay papi…”, pero allí voy de nuevo hija mía.

Discernir, hija, es – según la RAE –  “Distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas.” y Elegires “Escoger o preferir a alguien o algo para un fin.

Me acuerdo que varias veces te llevé a esos juegos que hay en los parques, entre los que te gustaban los rodaderos, yo te ayudaba a subir por las escaleras e iba corriendo al otro extremo para ver como rodabas y esperarte al final del rodadero una y otra vez, hasta que aparecía algún padre desorbitado que incentivaba a su pobre hijo (a) a subir por el rodadero en sentido contrario. Que irresponsable, ¿no?

Ese niño, hijo de esos padres desorbitados, luego será el adolescente infractor, pues no se le enseñó – mediante el juego – a discernir entre un objeto que sirve para descender y otro que sirve para ascender, ni elegir el objeto que le permita ascender y buscará hacerlo con cualquier objeto y… como sea. Luego no nos sorprendamos cuando ese menor aparezca muerto al fondo de un acantilado, por no discernir – a tiempo – lo que es bueno y lo que es malo y distinguir entre lo uno y lo otro, aunque lo más sorprendente es cuando nos empecinamos en buscar culpables y no responsables de ese lamentable hecho.

Los padres educan, los colegios y universidades instruyen. Uno puede tener una pésima educación y ser un buen profesional (que la sociedad tiemble de miedo); uno puede tener una excelente educación y ser un mal profesional (que la sociedad llore); lejos que yo prefiera lo segundo a lo primero, aunque los dos extremos son malos, ninguno es ideal para una sociedad que aspira a desarrollarse en paz, hija mía.

El comportamiento ético se siembra y cultiva en la familia, será la sociedad quien la coseche, pues en ella se practica. Sofía, tengo un recuerdo muy intenso en mí, casi como el de la fuerza, una frase que me dijo un maestro en el Colegio “Los padres quieren tanto a sus hijos que los quieren mal” cuanto de razón tenía y tiene aún.

Ethan Couchen, hija, tenía 16 años cuando atropelló a cuatro personas y las mató a todas juntas, al conducir un vehículo en estado de ebriedad, luego de robar cerveza, dice la prensa que se libró de ingresar a la cárcel (20 años) porque sus abogados alegaron “(…) que padecía de “affluenza”, lo que aparentemente le impide distinguir el bien del mal por la excesiva protección de sus padres y la riqueza de la que siempre había disfrutado.” vaya, vaya, vaya (cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.)
(http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/30/estados_unidos/1451500784_467943.html)

Pero cuando este muchacho venía cumpliendo su condena condicional en libertad (10 años), incurrió en falta y quebró dichas condiciones – volvió a emborracharse –, lo que además se supo por las redes lo que hizo que las autoridades debían capturarlo y ponerlo en prisión; fue allí cuando su madre le ayudó a huir a México, donde actualmente espera ser extraditado, si acaso no lo ha sido ya; la madre ya fue entregada a las autoridades estadounidenses y de seguro la condenan. Es decir, además de causar en su hijo una razón para huir de la cárcel (affluenza), le ayudó a escapar de la justicia volviéndose en su cómplice. Ves hija, los padres quieren tanto a sus hijos que los quieren mal.

Según refiere Fernando Carvallo Rey, a su hermano, el gran educador Constantino Carvallo Rey cuando se acercaba a los 50 años “Una pregunta lo obsesionaba y buscó responderla apoyándose en las páginas de todos los libros posibles, desde Aristóteles, Agustín, Mointaigne y Rousseau hasta Rawls, Amartya Sen y Sloterdijk: ¿se puede orientar hacia el bien a alguien que no ha adquirido en la infancia el zócalo afectivo de la brújula moral? ¿Puede ser neutralizada la realidad desconcertante del mal que se apodera de un alma herida? ¿Está implacablemente predeterminado el destino de niños que han sido abandonados, humillados y privados de reconocimiento desde sus primeros pasos sobre la tierra? Atroz desafío, como señala Kipling: “Cuéntame los primeros seis años de tu vida y yo te diré el resto”” (Carvallo Rey. Constantino. “Séptima Luna. Encantamientos de cine y literatura”. Aguilar, 2011. P. 21).

Bueno hija, en blanco y negro, estamos en problemas… por un lado están esos niños que no fueron educados, que no fueron amados, que no tuvieron tiempo para jugar y mucho menos aprender mediante el juego, que no tuvieron alimento… en fin los que sólo fueron procreados, estos sin duda terminan en el lado oscuro de la fuerza (léase sicarios) y, por el otro – Dios nos coja confesados – sencillamente educados a mano abierta, en familias en las que el dinero suple la falta de tiempo, de cariño, de atención y amor; familias en las que todo está justificado, en las que se enseña que todo se arregla con dinero y que con el dinero todo, absolutamente todo, es posible. Lo peor de todo es que esto terminará victimizando a los mimados y alegaran que ello no les permite distinguir entre el bien y el mal y elegir el bien.


Sofía, tienes once años, aún eres una niña, los tiempos están complicados, sólo concéntrate en tu familia, asume que nunca podrás desvincularte de ella y que ella se debe a ti; tus hermanos son en realidad un ejemplo a seguir – a Dios gracias – mira que Javier es todo un abogado especialista en propiedad intelectual y escribe mucho sobre ella, este año – lo sabes – se irá becado a España por tres meses a investigar y luego un año a estudiar su maestría a la Universidad Autónoma de Madrid; Franco está haciendo su sexto año de medicina, mira que el año pasado se fue a la histórica ciudad de Boston en Estados Unidos a presentar un trabajo de investigación con su grupo, en un congreso de Diabetes, y este año se nos va a Islandia en un intercambio universitario a un país emblemático para el constitucionalismo mundial. Tu familia te enseño, a Dios gracias fue posible, a discernir y elegir, sólo tienes que hacerlo a lo largo de tu vida que sabes es una sola. Ah… y el otro día me dijiste – por teléfono – ya soy una mujer… Ay hija lo fuiste desde que naciste, lo eres y lo seguirás siendo, gracias por decirme que pasaste de nivel en la natación, en verdad eres mi Sirenita. Carpe Diem Sofía mía.
Etiquetas: [Audiencias de Vista de Causa]  [Carga Procesal]  [Gerencia]  [Segunda Sala Laboral]  
Fecha Publicación: 2016-01-24T03:08:00.000-08:00

Fernando Murillo Flores

Un poema que leí en la secundaria del Salesiano y que marcó en mí el deber de ser respetuoso con el esfuerzo y trabajo ajeno y, además, agradecido con aquellas personas que me ayudan a ser quien soy, cada día, fue “Preguntas de un obrero que lee” de Bertolt Bretch.

En ese poema se puede leer:
“¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas?
En los libros se mencionan los nombres de los reyes.
¿Acaso los reyes acarrearon las piedras?
Y Babilonia, tantas veces destruida,
¿Quién la construyó otras tantas?
(…)
El joven Alejandro conquistó la India.
¿Él sólo?
César venció a los galos;
¿no lo acompañaba siquiera un cocinero?
Felipe de España lloró cuando se hundió su flota,
¿Nadie más lloraría?”

El año pasado, tuve el honor de presidir la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cusco, resolvimos 2191 procesos contenciosos administrativos (laborales y previsionales), 251 procesos más de una meta programa de 1940.

Me cupo la responsabilidad de pasar de la teoría a la práctica e implementar una técnica de aceleración de tutela consistente en prescindir del acto procesal de las vistas de causa y lograr los siguientes objetivos: i) reducir sustancialmente el plazo que un proceso gira en segunda instancia; ii) resolver el caso de una manera rápida, iii) no tener volumen de trabajo pendiente, ni acumulado, ni postergado y, iv) procurar para del Despacho Judicial (Jueces Superiores y Asistentes) el mayor tiempo posible para estudiar y resolver los casos.

Lo tradicional hubiese sido ingresar los procesos, enviar unos a opinión Fiscal (los especiales), los otros (los urgentes) y cuando aquellos retornen de Fiscalía, programarlos juntos con estos, en un rol (a futuro) de audiencias de vista de causa, en las que de cada diez sólo en una se informa oralmente (estadística dixit) y así trabajar de modo tradicional. A cambio, la supresión de las audiencias de vista de causa por disposición del derecho a informar en la misma, de parte de las partes procesales, hizo posible un trabajo para el presente y no para el futuro.

¿Creen que todo eso fue posible por obra y gracia de Begonia del Rocío Velásquez Cuentas, de Yanet Ofelia Paredes Salas, Xiomar Alfaro Herrera y Fernando Murillo Flores?, Tú, hermano Bretch, ¿qué dirías?, agregarías algo a tu poema, te sugiero el siguiente párrafo:

“!La Segunda Sala Laboral, el Año Judicial 2015, resolvió 2191 procesos¡
La estadística y documentos oficiales dicen que fueron los Jueces Superiores.
¿acaso no tenían asistentes?
¿ellos solos tramitaron los procesos?
¿ellos solos escribieron, imprimieron y descargaron los procesos?”

Mejor paro porque creo que podría reescribir tu poema y titularlo: “Preguntas de un Asistente Jurisdiccional que sí lee”.

He tomado conocimiento de una decisión que retirará un asistente de los dos que tiene un Despacho Judicial de Juez Superior en la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cusco (doy testimonio que el año pasado y el anteaño nadie pregunto cómo estábamos trabajando, si necesitábamos algo o sencillamente si aún respirábamos. Ya termina enero y la historia se va repitiendo) y sinceramente creo que es una pésima decisión que sólo se explica por no tener el más mínimo conocimiento de lo que es un Gerente. Lo aprendí en un PEE en ESAN (1998) “Gerente es quien logra resultados a través de la acción de otras personas a quienes les brinda las condiciones necesarias para lograrlos” simple, ¿verdad? muy simple.

Prescindir de Audiencias de Vista de Causa, implica no tenerlas, no realizarlas y poner el proceso “automáticamente” para ser resuelto – sin ese ritualismo sin sentido en el contencioso administrativo laboral público – lo que origina una sobre carga en el Despacho de los Jueces Superiores quienes de tener que resolver 3 procesos al día, pasan a tener que resolver 5 al día. Bretch, hermano, ¿cómo crees que se soportó esa sobre carga durante el año 2015?

Entonces la decisión implicará – si se sigue trabajando con supresión de vistas de causa – una sobre carga de trabajo de lenta resolución en los Despachos Judiciales de los Jueces Superiores, que no guardará equilibrio y correspondencia con la supresión de las vistas de causa, una medida es soportada por la otra, como los dos pies de un ser humano. Si la decisión persiste, sugiero volver al trabajo tradicional, pero ello implicará que un pensionista, que un empleado público deberán esperar el doble de tiempo para que su proceso en segunda instancia sea resuelto. Bueno hay alguien que no comprende cómo es que se logró el año pasado resolver 2191 procesos, pero sí entiende que este año deben resolverse menos procesos y de manera más lenta. No debe olvidarse que la Segunda Sala Laboral de cada 10 procesos contencioso administrativos laborales públicos y previsionales, conoce 9 de ellos.

Bretch hermano, los nombres de la pregunta en el poema reescrito son los siguientes: Elmer Canal Yépez, Hernán Huacasi Gonzales, Mariela Hurtado Sucsa, Tania Maribel Saloma Herrera, Ana Melva Quispe Góngora, Félix Sullca Yanqui, Nadhim Nicole Josselyne Chávez Zevallos, Lynda Manga Vargas, Belisa Suárez Achahui,  Lady Amesquita Mancilla, Johans Willy Lloclla Quispe, Paola Pérez Rumaja y Abigail Nina Lloclle.

A todos ellos, de mi parte y mil disculpas por recién hacerlo, muchísimas gracias; esos 2191 procesos resueltos el 2015, en la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cusco, les pertenecen, ustedes los tramitaron, los gestionaron, ayudaron a resolverlos, los registraron, los imprimieron, los archivaron, los foliaron, los pusieron en legajos, hicieron los oficios, los trajeron, los llevaron, los notificaron… hicieron posible que mi nombre esté inscrito en una estadística. Muchas gracias. Ah… ¿recuerdan la foto que nos sacamos todos y no sólo tres? Esa foto está en mi mente y grabada en mi corazón.


Fecha Publicación: 2016-01-20T03:11:00.002-08:00

Cátedra Judicial invita al Conversatorio con la Dra. Marianella Ledesma Narvaéz, Magistrada del Tribunal Constitucional, el día viernes 22 de enero de 2015, a las 16:00 hrs., en la Sala de Audiencias de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, en el segundo piso del Palacio de Justicia.


Fecha Publicación: 2015-12-28T20:21:00.000-08:00

Fernando Murillo Flores[1]

La afirmación contenida en el título de este artículo, en el sentido que “la apelación de una sentencia siempre es con efecto suspensivo”, tiene sustento en lo siguiente:

El último párrafo del artículo 121 del Código Procesal Civil establece: “Mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal.

El artículo 371 del mismo código establece: “Procede la apelación con efecto suspensivo contra las sentencias y autos que dan por concluido el proceso o impiden su continuación, y en los demás casos previstos en este Código.

El artículo 368 estipula que “El recurso de apelación se concede: 1. Con efecto suspensivo, por lo que la eficacia de la resolución recurrida queda suspendida hasta la notificación de la que ordena se cumpla lo dispuesto por el superior.

La interpretación sistemática de estos tres dispositivos nos lleva a una sola conclusión y al punto inicial de este artículo: “La apelación de una sentencia siempre es con efecto suspensivo.”

Sin embargo, la tutela jurisdiccional generó – para ser efectiva y sobre todo rápida – una serie de técnicas entre las que cuenta, una de importancia capital: “la ejecución inmediata de sentencia” o “ejecución de sentencia no firme”. Al respecto, Liebman (Liebman, Marco Tullio. Manual de Derecho Procesal Civil. EJEA. Buenos Aires. 1980. P. 428), nos dice: “La concesión de la ejecución provisional se admite, siempre a instancia de parte, por dos razones posibles: o porque la demanda se presenta calificada por una particular probabilidad de fundamento, que aumenta la probabilidad de la confirmación de la sentencia por parte del juez de apelación; o bien porque existe el temor de que, si se retarda, la ejecución no podrá ya hacerse, o resultará mucho más difícil, o bien perderá su utilidad.

Esta institución procesal está reconocida en nuestro Código Procesal Civil sólo para el caso de la apelación de sentencia en un proceso de tutela sumaria de alimentos. En efecto, su artículo 566 estipula: “La pensión de alimentos que fije la sentencia debe pagarse por período adelantado y se ejecuta aunque haya apelación. En este caso, se formará cuaderno separado. Si la sentencia de vista modifica el monto, se dispondrá el pago de éste.

Como se aprecia del texto de este dispositivo, aún en un proceso de tutela sumaria – lo que además es correcto –, “la apelación de una sentencia siempre es con efecto suspensivo”, lo que sucede es que la técnica de la ejecución inmediata de sentencia tiene como objetivo ejecutar la sentencia estimatoria respecto a quien, como demandante, requiere los alimentos cuyo pago pretende para lo cual – dice la norma – “se formará cuaderno separado.”

La justificación de la ejecución inmediata de sentencia en un proceso de alimentos está en el derecho que reclama tutela jurisdiccional urgente, así como en la sentencia que se basa en la prueba que acredita no sólo la titularidad del derecho, sino la exigibilidad del mismo. Con esta técnica – además – el tiempo que toma todo proceso se convierte en una variable que juegue contra el demandado antes que contra el demandante quien tuvo la carga del tiempo hasta que se emita la sentencia.

Que la ejecución inmediata de sentencia debe estar legislativamente mejor posicionada en el Código Procesal Civil es algo que depende del legislador, y que ella se expanda a otras sentencias emitidas en otros procesos, desde su actual ubicación en dicho código, así como de la que tiene en el Código Procesal Constitucional (Cf. artículo 22), depende del juzgador.

Pero, entre tanto la judicatura entienda la ejecución inmediata de sentencia y la posibilite en los procesos que tiene a su cargo, el legislador respondió irresponsable y lamentablemente al estipular en el D. Leg. N° 1177 – contra natura procesal – en el inciso k, de su artículo 15.1.: “El recurso de apelación contra la sentencia se interpone dentro del plazo de tres (03) días hábiles y se concede sin efecto suspensivo.

Entendemos al legislador cuando al crear el denominado proceso express “Proceso Único de Desalojo” en el mencionado decreto legislativo, haya “establecido” que la apelación de una sentencia estimatoria, para ser ejecutada inmediatamente, se conceda “sin efecto suspensivo” pero además de establecer algo contra lo que es la esencia de la apelación de una sentencia estimatoria o desestimatoria, de parte de quien este legitimado para hacerlo, y lograr que todo el proceso sea examinado, ha generado una distorsión en la teoría de la impugnación, particularmente de la sentencia, que implica un examen del proceso de manera plena por el juez de la apelación.

Liebman, al respecto nos dice: “La apelación tiene la finalidad de provocar un nuevo juicio sobre la misma demanda; tiene, por eso, como característica principal, el efecto devolutivo, esto es, el traspaso de la causa decidida por el juez inferior al pleno conocimiento del juez superior (se entiende, en los límites de la apelación efectivamente propuesta)” (Op. Cit. P. 479)

Lo correcto hubiese sido – para estar acorde con un legislador inteligente y respetuoso de la teoría general del proceso y en particular de la impugnación – que, en dicho proceso express se estipule que la sentencia que estima una demanda de desalojo se pueda ejecutar inmediatamente, basándose en la certeza del derecho de quien pretende la restitución de la posesión del bien, la exigibilidad del mismo y la obligación del poseedor inmediato del bien de restituir el bien, más si se tiene presente que el Juez que examine la apelación de la sentencia a mérito de la apelación en el “Proceso Único de Ejecución de Desalojo”, debe primero pronunciarse sobre su procedencia o no, pues de estimar que la apelación es improcedente, así lo declara quedando de esa manera firme la decisión de primera instancia, al igual que si fuese confirmada en caso de declararse procedente la apelación.

Sería ideal que nuestro Código Procesal Civil regule la ejecución inmediata de sentencia, y que nuestra judicatura la empiece a emplear, pero si acaso en esto aún no hemos empezado a caminar, de hecho una sombra terminó de cubrir la poca luz que había en el camino cuando en el D. Leg. N° 1177 se estableció, en lugar de la ejecución inmediata de sentencia, la “novedad” de la apelación de sentencia sin efecto suspensivo. Sin comentarios.



[1] Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Cusco.

Fecha Publicación: 2015-12-20T10:04:00.000-08:00
CARPE DIEM

Los alumnos del Curso "Procesos Constitucionales II" de la EPG de la Universidad Andina del Cusco, de la Maestría en Derecho Constitucional.


Con los alumnos:


Recuerden siempre: "El comportamiento constitucional es, esencialmente, un comportamiento ético"

FELIZ NAVIDAD ....

Cuzco, 4, 5, 6, 18, 19 y 20 de diciembre de 2015.


Fecha Publicación: 2015-12-20T09:58:00.004-08:00
¡¡¡ FELIZ NAVIDAD !!!

Los Profesores Gilberto Mendoza del Maestro y Fernando Murillo Flores, con los alumnos de la Maestría en Derecho Civil y Comercial de la EPG de la Universidad Andina del Cusco


Cusco, 20 de diciembre de 2015.


Fecha Publicación: 2015-12-19T12:10:00.002-08:00
CARPE DIEM

Con mis alumnos del curso "Instituciones de Derecho Procesal Civil III" de la Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil de la EPG de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco:


Los alumnos:


Cusco,  27, 28, 29, 11, 12, 13 y 19 de diciembre de 2015.



Fecha Publicación: 2015-12-16T08:57:00.001-08:00

I N V I T A C I Ó N


Cátedra Judicial invita a las personas que laboran en la Corte Superior de Justicia de Cusco, y público en general, a la conferencia:

"LECCIONES SOBRE DERECHOS DE AUTOR PARA OPERADORES JURÍDICOS"


que dictará el Abogado, Señor JAVIER ANDRE MURILLO CHÁVEZ (*), la que se llevará a cabo el día miércoles 23 de diciembre de 2015, a las 17:00 hrs., en la Sala de Audiencias de la Segunda Sala Laboral del Cusco, ubicada en el primer piso del Palacio de Justicia, ubicado en la Av. Sol del Cercado de Cusco.

Cusco, 16 de diciembre de 2015.





(*) Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con estudios de especialización de la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Escuela de Posgrado de la PUCP. Adjunto de Cátedra en los cursos de Derecho de Autor y Derecho de la Competencia 2, así como del curso Represión de la Competencia Desleal y Publicidad del Programa de Segunda Especialidad en Derecho de la Protección al Consumidor, todos en la Facultad de Derecho de la PUCP. Ex Director de la Comisión de Publicaciones de la Asociación Civil Foro Académico   

Gracias, Javier:










Fecha Publicación: 2015-11-29T06:16:00.007-08:00
CARPE DIEM

Con mis alumnos del Curso de Teoría General del Derecho Civil (Nov-2015) de la Maestría de Derecho Civil y Comercial de la EPG de la Universidad Andina del Cusco.


Los alumnos: 



Recuerden, el Derecho Civil tiene proyección a todo nuestro ordenamiento jurídico.

Cuzco, 13, 14, 15, 27, 28 y 29 de noviembre de 2015.
Etiquetas: [directivo]  [justicia]  [organización]  [unidad]  [ética]  
Fecha Publicación: 2015-11-17T06:39:00.003-08:00

Fernando Murillo Flores[1]

Cuando el New York Times planteó la siguiente pregunta: ¿Mataría a Hitler cuando era bebé? generó diferentes respuestas en varios sentidos, pero, en realidad planteó una pregunta imposible de contestar, pues la situación en la que se plantea no existe y es imposible.

Es imposible contestarla porque no podemos conocer el futuro, es decir, no sabemos qué será o qué hará un bebe cuando sea mayor; si no contamos con esa información es imposible plantearnos la posibilidad de contestar la pregunta en ningún sentido, y no existe alguien que nos pueda dar algún dato que nos ayude. La inexistencia del conocimiento del futuro hace que la pregunta plantee un problema que no es problema pues no es real.

Los problemas éticos, además de ser reales, deben tener siempre un escenario en el que haya dos personas, pues la ética se explica en la relación con el otro, mas no con uno mismo. Savater nos dice – por ejemplo – que Robinson Crusoe no tenía problemas éticos hasta que un día en la playa …

Acertadamente Bertrand Russell escribe “El estudio de la ética se considera muy corrientemente dedicado a las cuestiones: “¿Qué tipo de acciones deben realizar los hombres?” y “¿Qué tipo de acciones deben evitar los hombres?” Es decir, se concibe como algo que trata de la condición humana y que decide qué es virtuoso y qué es vicioso entre los tipos de conducta entre los cuales, en la práctica, la gente tiene que escoger” (Russell, Bertrand. Ensayos Filosóficos. Alianza Editorial.)

Una decisión, para ser justa, es decir, para ser éticamente correcta requiere de información sobre el bien y el mal, o lo que será bueno o malo. Bertrand Russell expresa “Para explicar lo que entendemos por bien y mal, podemos decir que un objeto es bueno cuando por sí mismo debe existir, y malo cuando por sí mismo no debe existir. Si está en nuestro poder hacer que algo exista o no exista, debemos de hacerlo existir si es bueno y no existir si es malo.

Cuando “Ike” Eisenhower debía decidir qué día desembarcar en las costas de Normandía, su principal preocupación era tomar la decisión cuando el clima fuese lo más favorable para así lograr que las bajas – que eran inevitables – lo fuesen en un porcentaje bajo. ¿qué buscaba? buscaba tomar una decisión justa, es decir, éticamente correcta, para ello era imprescindible contar con información. Tomada la decisión, el comandante supremo de las fuerzas aliadas escribió una carta que pidió entregar a la prensa, si acaso todo salía mal. 

En esa carta se leía: Mi decisión de atacar en este momento y lugar estaba basada en la mejor información disponible. Las tropas de tierra, la fuerza aérea y la marina se han empleado con toda la valentía y dedicación posible a su deber. Si hay alguna culpa o falta en este intento es únicamente mía.” (el subrayado nos corresponde)

Militarmente el desembarco fue un éxito, pero más o menos un 20% de los 160,000 hombres que participaron murieron en combate durante el desembarco. Ike no podía saber qué pasaría ese día exactamente, sólo pidió información sobre el clima, las posiciones y fortalezas del enemigo para así darles a sus hombres las mejores posibilidades de enfrentar al enemigo y lograr el objetivo militar.

Pero Ike estaba consciente de su responsabilidad, consciente del objetivo militar y para tomar la decisión última de enviar hombres hacia su logro debía basarse – como él dijo – “en la mejor información disponible”.

¿Es posible saber – con toda la información actual – qué será o hará un bebé? La respuesta es negativa a un 100%, de modo que la decisión éticamente correcta, la más justa, es procurar a ese bebe todos los cuidados posibles.

¿Qué es una decisión justa? La ética – según Savater – es vivir bien, pero eso se logra sólo cuando elijes bien entre lo bueno y lo malo, descartando elegir lo malo pues como dice Russell lo malo no debe existir. En consecuencia, una decisión justa es aquella que hoy toma una persona, basada en toda la información posible y que tenga a su alcance, previendo que pueda tener las mejores consecuencias posibles para quien la toma o para quienes esa persona ama o respeta.

Por eso, la decisión de Ike fue éticamente correcta, así como la decisión de quienes tuvieron a su cuidado a Hitler de bebé. Ike ahora es reconocido no sólo por haber dirigido con éxito a las fuerzas aliadas en la II guerra mundial, sino por haber tomado la decisión del desembarco en el momento preciso, previendo las mejores consecuencias para su ejército aliado, él pudo ver las consecuencias de su decisión. Si la niñera del bebe Hitler, al ver las consecuencias de la acción ideológica, política y militar de Hitler, no podría reprochársela, ni decir y alguien tampoco que no actúo éticamente al no matar al otrora bebé, pues ella cuando lo cuido y alimentó no tenía esa información.

Toda persona en un día toma un número considerable de decisiones personales; todo directivo toma también ese mismo número de decisiones personales, pero toma otro tanto en su función directriz en la organización que dirige, pero éstas deben estar destinadas siempre a la unidad y eficacia de la organización, sabiendo que ella está integrada por personas respecto de las que debe tomarse decisiones éticamente correctas, léase justas.

Así como Ike – salvando las distancias del caso claro está – un directivo, como muchos de los que vemos en el medio local, puede ver las consecuencias de sus decisiones en un corto plazo, y lo desastroso de sus resultados, cuando aquellas se tomaron en función de amistad o falsas consideraciones o camaradería y de las que se tenía perfecta información y conocimiento, entonces, estas decisiones sí son reprochables pues no son éticamente correctas, ni justas para la organización.

Si debo tomar una decisión y me propongo que esta sea justa, la decisión debe ser éticamente correcta y ello sólo se logra cuando se toma con toda la información disponible, y se prevé que pueda tener las mejores consecuencias posibles. Si estas no son tales, entonces la decisión fue éticamente incorrecta.    





[1] Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Cusco.

Fecha Publicación: 2015-11-10T12:57:00.001-08:00

Fernando Murillo Flores[1]

Toda organización está dirigida por quien es elegido para esa misión; es de suma importancia la legitimidad de ese directivo para el logro de tal misión, si es elegido – por ejemplo – por una mayoría simple y con dudas, en lugar de una mayoría absoluta y convencida, tendrá una responsabilidad inicial: lograr la aceptación y confianza de quienes no lo eligieron, si esto no se logra, la legitimidad no se incrementa y la tendencia de ese directivo será fortalecer su poder acentuando el favoritismo de quienes lo eligieron – sabe el diablo con qué fines – opción que, si bien es válida, importa no cumplir un reto básico para la organización: la unidad.

Ese directivo elegido, sin duda, tiene poder, Bertrand Russell de éste poder dice que “puede ser definido como la producción de los efectos deseados[2]. La pregunta es ¿qué es lo que desea un directivo que dirige una organización?, responderla – en parte – es no perder de vista lo que dice Pérez López “Vamos a ver cómo lo más importante no es la cantidad de Poder que se tenga, sino cómo se usa el que se tiene.[3]

Lo anterior implica conocer ¿qué es lo que desea lograr el directivo al frente de la organización?, pues sólo así podremos ver como utiliza el poder que tiene para lograr el o los objetivos propuestos. En este análisis no debe descuidarse cuánto es que el directivo conocía la organización antes de serlo, pues el déficit de ese conocimiento será difícil cubrirlo cuando lo sea, pues la vorágine del día a día, acorta las posibilidades de conocer plenamente la organización. El tiempo perdido es eso, tiempo perdido.

No es menos importante tomar nota de la capacidad del directivo para tomar decisiones, respecto a las áreas de la organización, lo que implica conocerlas, pues de lo contrario un cáncer la invadirá, como dice Russell “el poder que permanece detrás de la escena: el poder de los cortesanos, de los intrigantes, de los espías, de los que maquinan en secreto. En toda gran organización en que los hombres[4] que están en el gobierno tienen un poder considerable, hay otros hombres y mujeres menos preeminentes que adquieren influencia sobre los caudillos mediante métodos personales. Los intrigantes y los cabecillas pertenecen al mismo tipo, aunque su técnica es diferente. Colocan calladamente a sus amigos en las posiciones llave y de ese modo, cuando llega el tiempo oportuno, disponen a su gusto de la organización[5] y así, continúa el filósofo “Un sistema que acuerde mucho poder al cortesano o intrigante es, por lo general, un sistema poco capaz de promover el bienestar general.[6] Es un pecado capital no conocer la organización, así como no controlar a quienes dirigen las áreas implica ir creando pequeños reinos, pequeños poderosos que hacen que se perciban diferentes direcciones, cubriéndose intereses subalternos que no hacen sino demostrar que no hay principios organizacionales, políticas y acciones de curso a seguir.

Cuando el directivo empieza a escuchar los cantos de sirena sin haberse amarrado al mástil se dejará llevar por la seducción contraria a la razón y la organización terminará sumida en el fracaso, tan igual como cuando se empiezan a buscar fantasmas en esta tierra de decisiones.

El directivo sin legitimidad, perdiendo la que tiene o fortaleciendo la poca que tiene, haciendo pagar a la unidad de la organización, que por su ausencia de capacidad no toma decisiones o delega sin control la capacidad de tomarlas empezará por no gobernar, por crear vacíos de poder que por naturaleza serán cubiertos por advenedizos cuyo poder proviene de la amistad, cercanía o género, creando de esa forma un gobierno de mediocridad insalvable, en el que puestos de trabajo son cubiertos por personas al margen de su capacidad, con privilegios frente a otro trabajadores no tocados por la gracia del directivo ausente y que a cada rato se ufanan de pertenecer al grupo de directivo ausente.

La capacidad estratégica, que implica colocar a los trabajadores en los puestos clave de la organización, con la capacidad necesaria para satisfacer a los clientes externos, mediante la eficiencia de su trabajo inteligente, organizado y disciplinado, o no existe o se ve anulada por la amistad, el favoritismo o por el afán de perpetuidad de la especie o género en el poder. Al respecto, no pueden pedirse peras al olmo, Ferreiro y Alcazar nos dicen, lo que es triste, “Los grandes estrategas no se hacen, nacen con esa cualidad. La capacitación y el estudio sólo pueden mejorar el rendimiento de esa capacidad innata, pero ninguna formación en estrategia hará que una persona sea un Napoleón si no nace con esa cualidad.[7]

Ferreiro y Alcazar, citando a Pérez López[8], nos dicen que las dimensiones de la acción directiva son la estratégica, la ejecutiva y la de liderazgo y que sólo así se corresponde a los fines de la organización: eficacia, atractividad y unidad, satisfaciendo los correspondientes motivos de las personas que integran toda organización: las extínsecas, las intrínsecas y las trascendentes. Si un directivo no cubre esas tres dimensiones, nunca podrá motivar a las personas que trabajan para él y mucho menos lograr los fines de la organización.

Toda organización está integrada por personas y diseñada para servir a personas, nunca una organización logrará sus fines (eficacia, atractividad y unidad) si no se ocupa de motivar a quienes la integran, de un modo tal que la organización sea feliz y ello sólo es posible tomando decisiones justas, es decir, éticamente correctas, pues lo contrario daña de modo irreparable la organización, su memoria e integridad.

La unidad de la organización y el logro de sus fines, es un reto principal del buen directivo, líder, ejecutivo y estratega, no lograrlos implica hacerla sucumbir, fortaleciendo intereses de un grupo, de cortesanos, intrigantes, bufones y arlequines, como en la cortes antiguas, donde la mesa estaba servida para los invitados y donde sin duda había de los otros, es decir, los convidados de piedra.   
  





[1] Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Cusco
[2] Russell, Bertrand. El poder. RBA 2013. P. 34
[3] Pérez López. Juan A. El poder… ¿para qué? Cuadernos Empresa y Humanismo. Instituto 29. P. 3
[4] Y mujeres, por cierto, acotamos nosotros.
[5] Op. Cit. P. 46
[6] Op. Cit. P. 47
[7] Pablo Ferreiro – Manuel Alcazar. Gobierno de personas en la empresa. PAD – Universidad de Piura. P. 153
[8] Op. Cit. P. 151

Fecha Publicación: 2015-10-22T12:11:00.002-07:00

En la Defensoría del Pueblo.




Cusco, 20, 21 y 22 de octubre de 2015.

Fecha Publicación: 2015-09-30T13:34:00.002-07:00
Carpe Diem

Con mis alumnos del Curso de Procesos Constitucionales I - 2015 de la Maestría de Derecho Constitucional en la Escuela de Post Grado de la Universidad Andina del Cusco.



Recuerden: si bien es importante el diseño de la Jurisdicción Constitucional, es más importante la calidad personal y profesional de la Magistratura Constitucional.

Cusco, 11, 12, 13, 25, 26 y 27 de setiembre de 2015.

Fecha Publicación: 2015-08-30T09:38:00.000-07:00
CARPE DIEM

Con mis alumnos del Curso: Derecho Civil Patrimonial - 2015, de la Maestría de Derecho Civil Patrimonial, de la Maestría de Derecho Civil y Comercial de la Escuela de Post Grado de la Universidad Andina del Cusco.



Respetemos la Seguridad Jurídica

Cuzco, 14, 15, 16, 28, 29 y 30 de agosto de 2015.