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La reunión empezó formalmente el 31
jul y termina el 11 ago. 2023
Los países miembros y los No
Miembros Cooperantes se encontrarán en Victoria, Canadá del 7 al 11 de agosto del
2023 para la 101 reunión de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).
La declaración completa de la posición de WWF
para la 101a Reunión de la CIAT está disponible en el siguiente enlace:
https://www.iattc.org/GetAttachment/84931185-e64b-4f6a-8570-83674e17c7d9/IATTC-101-MISC_World-Wide-Fund-(WWF)---declaraci%C3%B3n-de-posici%C3%B3n.pdf
La 24 reunión del grupo de
trabajo permanente sobre capacidad de flota, se llevó a cabo el día 3 de agosto
de 2023.
Debe mencionarse que a esta
última reunión, donde se ve precisamente el tema de la capacidad de flota, sobre
la cual habría habido en algún momento, voluntad peruana de que se le aumente
la cuota de atún según informaciones nacionales, la delegación peruana no ha asistido.
Hace algunos días se informó que "la aún Viceministra de Pesca y Acuicultura, Úrsula Desilú
León Chempén, deslizó en una reunión con actores pesqueros, que acudiría en
representación de Perú a la 24a Reunión
del Grupo de Trabajo Permanente sobre la Capacidad de la Flota organizada por
la CIAT en Canadá para solicitar los 6 mil metros cúbicos restantes, pero fue
aclarada que no podría pedir más cuotas a la CIAT, ya que no se aprovecharon
dichas capacidades otorgadas", según dice el siguiente link:
http://www.perupesquero.org/web/peru-cuotas-de-atun-de-9-embarcaciones-pesqueras-serian-revertidas-por-caducidad/
Se autorizó el viaje, en comisión de servicios, de la señora
Ursula Desilú León Chempén, Viceministra de Pesca y Acuicultura, para que
participe en la “101° Reunión de la Comisión Interamericana del Atún Tropical
(CIAT)”, a realizarse en la ciudad de Victoria, Canadá, del 07 al 11 de agosto
del 2023.
No se consideró su participación en la 24ª reunión del Grupo
de Trabajo Permanente sobre la capacidad de flota, que es el espacio donde se
trata el asunto de las llamadas cuotas o capacidad de acarreo.
https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/4473854-256-2023-produce
El asunto es que no se entiende como es que no se conoce a profundidad el tema y mucho menos por qué no se asistió a la reunión. El Ministerio debería tener gente especializada en cada tema y que no sea rotado constantemente a fin de mantener la continuidad de la posicion peruana y su conocimiento del tema.
Como se puede ver en las fotos,
los asientos de la delegación peruana están vacíos y las presentaciones
muestran que se está discutiendo precisamente la capacidad de la flota.
Es en esta reunión donde se
discute el tema de la cuota, o capacidad de acarreo. ¿Por qué no hay nadie de
la delegación peruana?
Se anuncia que la viceministra
llegará el día lunes 7 para la reunión principal, pero algunos funcionarios
deberían haber asistido a las reuniones preliminares como esta.
El viaje de la viceministra
costará 5,448.75 dólares, sin sentido porque va a la reunión final donde ya
todo está consumado. ¿Para qué entonces?
Ocurrió igual en la última
reunión de la OROP del Pacífico Sur, en la cual no hubo nadie en las reuniones
preliminares y luego aceptaron como si fuese un logro peruano, que hubo un
incremento de la cuota de jurel, cuando en realidad se nos redujo la cuota en
relación al total. Sin embargo, Rusia no aceptó ese acuerdo y hace poco ha
remitido una carta indicando que van a pescar la misma proporción que el año
anterior porque no están de acuerdo con lo repartido en esta última reunión.
Perú, en lugar de hacer un reclamo similar, lo presentó como triunfo.
Ver la información en los
siguientes links:
http://revistapesca.blogspot.com/2023/02/la-reunion-de-la-orop-del-pacifico-sur.html
http://revistapesca.blogspot.com/2023/02/el-funcionario-peruano-y-los-resultados.html
http://revistapesca.blogspot.com/2023/02/la-asistencia-del-peru-la-11-reunion-de.html
La Ley Nº 31749, que reconoce la
pesca tradicional ancestral y la pesca tradicional artesanal e impulsa su
preservación dentro de las cinco millas marítimas peruanas, fue promulgada por
el Ejecutivo el 20 de mayo de este año, 2023.
En las disposiciones
complementarias finales, la primera dice, en relación al reglamento, que: “El Poder Ejecutivo, en coordinación con el
Ministerio de la Producción, reglamenta la presente ley en un plazo no mayor de sesenta días hábiles contados a partir de su
entrada en vigor. El reglamento contempla mecanismos de participación
ciudadana vinculada al sector pesquero en todas las etapas del proceso de toma
de decisiones, desde la etapa de diseño hasta la etapa de implementación y
evaluación de las políticas, planes y programas, normas, estrategias,
instrumentos y proyectos respectivos”.
Ya estamos por llegar a los 60 días que
la ley manda para que el PRODUCE haya elaborado el reglamento y no lo ha hecho.
Como nunca cumplió el
mandato del DU 015-2020, ahora ¿respetará los plazos de la ley 31749?.
¿Dará cumplimiento el Ministerio
de la Producción al mandato de elaborar el reglamento de esta ley para que
pueda efectivizarse?
I.
CRONICA DE LA MUERTE DE UNA INDUSTRIA
En setiembre del 2,001, con apenas unos días
de anticipación, se informó a la industria merlucera que se daría una veda
reproductiva. Nunca antes se había dado.
Hasta ese momento se había trabajado con la
hipótesis de un stock de merluza de entre 500 a 700 mil toneladas, lo que
permitía pescar alrededor de 130 mil tm al año.
En setiembre, además del anuncio de la
primera veda reproductiva, se informó que el stock era solamente de 200 mil
tm. O sea que faltaban 300 mil tm sin
que existiera una explicación convincente de donde estaba la diferencia.
En esa ocasión, en la reunión a la cual se
nos citó a todos los involucrados en el tema merluza en IMARPE, el entonces
presidente del directorio de Arcopa expresó su preocupación por la situación laboral
del personal, ante lo cual el viceministro de Pesquería le respondió que ese no
era tema de su competencia y que para el efecto se dirija al Ministerio de
Trabajo. Los que estuvimos en esa reunión no podemos olvidar la fría actitud de
un IMARPE responsable de la crisis y ante la cual observaba mudo e indiferente
como se condenaba a muerte a una industria. Hoy se vive una situación diferente
y existe cierta preocupación social; pero es el mismo IMARPE y con casi los
mismos funcionarios. ¿Ya hemos olvidado esa parte de nuestra historia pesquera?
El hecho es que ese mes marcó el inicio de
la muerte de la industria merlucera. Los
motivos “biológicos” que imponen la conservación de la especie no fueron
compensados con medidas que permitiesen reducir el impacto de la paralización
en los aspectos social, laboral, económico y comercial de la industria
merlucera, como se ve ahora en el caso de la industria anchovetera. No hubo compensaciones ni alternativas.
Son pues, dos elementos que marcaban el
inicio del fin, y la imposibilidad de continuar el desarrollo de un proyecto
basado en la merluza: la aparición de un sistema de vedas y el establecimiento
de una cuota anual inferior al promedio de los últimos años en el 50%.
Las
inversiones efectuadas en la industria, de muchos millones de dólares,
realizadas en un escenario de 500 mil tm de stock y ausencia de vedas, dejaron
de ser válidos de un mes al otro. Todos
los programas empresariales, flujos de caja, empleos, compromisos comerciales
con el exterior, etc. dejaron de tener validez.
La
industria, que planea su actividad midiendo sus niveles de endeudamiento,
programación de pagos, y atención de mercados, fue súbitamente sacudida por un
problema biológico y de reducción de stock que la llevaron al borde del
colapso. Las bajas capturas de los
últimos meses de ese año, así como la limitación a una cuota de captura de 60
mil tm para el 2,002 así como la restricción de pesca a 3 días a la semana,
contribuyeron a definir el futuro de esta industria. La cuota impuesta para este año hacía
prácticamente inviable seguir en el negocio.
La alternativa única que se presentó este
año fue el procesamiento de pota, gracias al cual la industria sobrevivió, por
sí misma, sin ayuda ni intervención del Estado
Las consecuencias sociales por pérdida de
empleos, la cesación de pagos a proveedores, la reducción en la recaudación de
impuestos, fueron consecuencias inevitables.
Hay que
recordar que fue IMARPE quien asignó la cuota de merluza y sobre la cual la
industria nunca pescó por encima de lo establecido. ¿Cómo se llegó entonces a
la drástica disminución del stock? ¿Se equivocó la entidad o se manipularon las
cifras?
Nunca se realizó una investigación, como sí
se está realizando ahora por los sucesos ocurridos en 2019 con la anchoveta y
que llevaron a la promulgación del DU 015-2020 que ordena reestructurar el
IMARPE y que el Ministerio se rehúsa a cumplir. El hecho es que la institución
requiere ser reestructura y que el Estado, hoy benéfico pretendiendo apoyar
socialmente a los afectados, no hizo lo mismo en el caso de la merluza.
II. ¿PORQUE SE LLEGO
A LA CRISIS EN LA INDUSTRIA DE LA MERLUZA?
Nos
dimos cuenta de que las medidas biológicas de conservación de la merluza eran correctas,
siempre y cuando la información en las que se basan hubieran sido exactas. ¿Lo eran? ¿Lo son ahora en el caso de la anchoveta?
En
todo caso, el punto es que el Estado no aplicó una política de conservación
oportunamente, probablemente confiando en la información de IMARPE. Por otro lado, la
conservación de la especie, hubiera debido hacerse mediante una concertación
previa, y el otorgamiento de un plazo razonable para reconvertir los esfuerzos
de la industria merlucera hacia otras especies, a fin de minimizar el impacto
negativo en los aspectos sociales, laborables, financieros y comerciales del
negocio.
Sobre todo la búsqueda
conjunta de alternativas. Existió una responsabilidad en IMARPE. Culpar solo a la
industria fue incorrecto. Pescaron lo
que se les permitió y no lo que quisieron. Si IMARPE estuvo equivocado nunca lo
reconoció ni actuó en consecuencia.
III.
QUE ES LO QUE FALTA EN LA PESQUERIA PERUANA
Es manifiesto que la ordenación pesquera
eficaz, tanto en las etapas de adopción de políticas como de aplicación,
depende decisivamente del consenso y la participación, así como de la
utilización de información objetiva y fiable sobre la situación y tendencias de
la pesca.
Para llegar a esta solución se requiere de
un amplio consenso y una decidida y real vocación por resolver el tema de la
pesca. Lo que implica capacidad de
renunciamiento en el Estado y en el sector privado. Una renuncia voluntaria y conciente a los
intereses individuales para subordinarlos a los intereses nacionales. Todo ello dentro de un cuadro de soporte
técnico y financiero que permita enfrentar el reto de la diversificación,
desechando lo que ya no es posible sostener como pesquería base en los flujos
de caja de las empresas, y apostando con soporte técnico, científico y legal a
nuevas pesquerías, a modernización, y a la creación de mayor valor agregado al
producto final.
No se puede olvidar dentro de este esquema,
a la alimentación popular, la cual tiene que ser incrementada con mayor consumo
de pescado, para lo cual tiene que prestarse atención a la infraestructura y
sistemas de comercialización internos, así como al incremento y mejoramiento de
la oferta de pescado.
La
finalidad de desarrollar una pesquería sostenible y diversificada en el tiempo
no solamente es la generación de riqueza y recuperación de inversión, sino
además la alimentación de la población, que se refleja en mejores condiciones
para asimilar una buena educación. También la posibilidad de aportar con
tributos al desarrollo del Estado, y finalmente asegurar la existencia y
crecimiento de puestos de trabajo. Un
trabajo digno y sostenible en el tiempo, con riesgos mínimos de que
desaparezcan debido a coyunturas de mercado o fenómenos naturales.
El
desarrollo de una política nacional de pesca no podrá darse sino es dentro de
un marco de diálogo, de concertación y de voluntad por querer hacer lo que ya
es impostergable hacer. Los esfuerzos
privados individuales por sobrevivir o crecer, podrían quedar diluidos en el
pantano de una ausencia de políticas claras y coherentes en el tiempo. Los cambios de equipo en el aparato del
Estado también son un factor de riesgo para la inversión, a menos que exista la
base legal que asegure la continuidad de los planes, por encima de las personas.
Se
requiere que sea la ciencia y no la política la que decida cuánto y cuándo se puede pescar.
Hemos revisado rápidamente la historia de la
pesquería de la merluza en el Perú de los últimos 20 años, que por analogía,
puede ser aplicada a toda la pesquería en su conjunto.
No se puede planificar solamente desde el
punto de vista del industrial. Esta
planificación tiene que tener el respaldo de una política coherente y
concordante con el desarrollo de la industria.
Si las reglas de juego, o sea las bases legales, cambian en el tiempo,
afectarán necesariamente a la industria.
Pero, adicionalmente en la pesca, existe el
elemento aleatorio de la misma. No es
sencillo predecir el comportamiento de la naturaleza, el cual afecta a la
biomasa de las especies. Por lo tanto,
una industria pesquera debe contar con el mejor soporte científico posible,
para lo cual el Imarpe debe ser potenciado al máximo, y reestructurado como
manda la norma perfeccionar la información científica que proveerá elementos de
juicio lo más exactos posibles para la toma de decisiones políticas.
Si el ente científico no es técnicamente
eficiente, libre de influencias y en manos de los mejores científicos, la
pesquería seguirá siendo dirigida por oscuros burócratas defendiendo intereses
de parte y no los de la Nación.
Dentro de este escenario, la flota artesanal
del país representa el primer eslabón en la cadena del abastecimiento de
materia prima, y los precios que recibe por la misma deben ser justos y
dignos. Lo cual se lograría si el
producto final tiene un valor agregado alto, si su precio internacional compite
lealmente, y si el empresario reconoce el precio justo y los sueldos justos
también.
La armonía en toda la cadena de la pesca
puede significar para el país una bonanza creciente, un empleo permanente y en
crecimiento, una mejor alimentación, una protección del recurso y del medio
ambiente, y una atmósfera sana y atractiva para la inversión que traerá
modernización al sector.
El Instituto del Mar del Perú ha
preparado un proyecto de ley que deroga el DL 95 y el DU 015-2020.
Sin embargo en diciembre de 2022,
presentó un proyecto de ROF con su respectivo Decreto Supremo al PRODUCE para
su promulgación, en cumplimiento del mandato del DU 015-2020.
El Ministerio de la Producción ha
incumplido la norma al tener retenido ese proyecto de ROF hasta el día de hoy,
14 de julio de 2023, sin que medie explicación alguna.
Al haberse elaborado el proyecto
de ley al que se hace mención, resulta que por un lado el Ministerio no cumple
la ley, el IMARPE la cumple al remitir el proyecto hace 6 meses con toda una
exposición de motivos y debido sustento; pero ahora va a presentar un nuevo
proyecto de ley que anula todo lo actuado.
Con el Oficio
N° 01054-2022-IMARPE/PCD, de fecha 5 de octubre de 2022, la entidad tramitó la
propuesta del Reglamento de Organización y Funciones - ROF, elaborado en el
marco del Decreto de Urgencia N°015-2020, ante la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización - OGPPM del Ministerio de la
Producción, en cumplimiento con el numeral 45.2 del artículo 45 del Decreto
Supremo N°054-2018-PCM. La referida propuesta fue puesta a disposición de la
Comisión de Coordinación Viceministerial – CCV – 047-2022, a través del Sistema
Integrado de Coordinación Multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros
- PCM, consolidándose las observaciones, opiniones y comentarios que remitieron
los viceministerios, durante los meses de noviembre y diciembre de 2022 y que
fueron acogidas en el texto final de la propuesta de ROF, versión que fue
remitida a la OGPPM de PRODUCE, el 23 de diciembre de 2022. Junto a esta última
versión del proyecto de ROF, se remitió el Proyecto de Decreto Supremo y la
Exposición de Motivos que también sufrieron modificaciones con ocasión del
CCV-47-2022.
La Oficina
General de Asesoría Jurídica del IMARPE, ha cumplido con expresar que resulta
jurídicamente viable, validar la legalidad de las funciones asignadas a las
unidades de organización de la entidad, las que han sido recogidas en la
propuesta Reglamento de Organización y Funciones materia del presente; razón
por la que recomienda, se continúe con la gestión de aprobación respectiva”.
http://revistapesca.blogspot.com/2023/04/la-respuesta-del-imarpe-la-demanda-de.html
¿Conocía el Ministro este
escenario y por eso se negó a promulgar el DS del nuevo ROF? Si así fue, ¿para
qué o por qué lo presentaron? ¿O el ministro es ajeno a todo eso y el IMARPE
actúa sin su conocimiento? En cualquier caso esto configura una suerte de
anarquía en el sector.
Esperan presentar este proyecto a un grupo
de congresistas, ya que Imarpe no tiene competencias para hacerlo directamente.
¿Lo sabe el ministro?
Dado que esta es una propuesta que no se
sabe si será aprobada por el Congreso, ¿qué va a pasar en el interín?
¿Seguirá la entidad en situación de
ilegitimidad y anarquía al no tener un ROF legítimo e incumpliendo el DU
015-2020 que mientras no se derogue sigue teniendo fuerza de ley? ¿Seguirá el
Ministro permitiendo esta anarquía?
¿O es que los funcionarios actuales
necesitan tiempo para seguir en el cargo?
En la Exposición de motivos dice:
El Instituto del Mar del Perú – IMARPE, es un Organismo Técnico
Especializado adscrito al Ministerio de la Producción, rige su funcionamiento
mediante el Decreto Legislativo n° 95 – Ley del Instituto del Mar del Perú de
fecha 26 de mayo de 1981, modificado por
el Decreto de Urgencia nro. 015-2020, para la Mejora y el Fortalecimiento del
Rol y la Gestión Institucional de fecha 22 de enero de 2020.
Pero la verdad es que esa modificación nunca
fue cumplida por la entidad.
El D.U. n° 015-2020 no recogió la opinión del IMARPE, no fortalece a la
institución para el mejor cumplimiento de sus fines y misión institucional;
motivo por el cual, en la presente iniciativa legislativa se propone derogar el
citado decreto de urgencia
Proyecto de “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y ACCIONAR DEL
INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ – IMARPE”, que comprende 25 artículos, 1 Disposición
Transitoria, 1 Disposición Derogatoria, 1 Disposición Complementaria
Transitoria y 5 Disposiciones Complementarias Finales.
Se establece también que la Presidencia Ejecutiva (numeral 11.2) recae
en un profesional con calificación y experiencia en ciencias del mar que además
cuenta con destacada trayectoria, así como con experiencia en gestión pública,
acorde con la naturaleza y fines institucionales propios de la investigación
científica de los recursos vivos del mar y de las aguas continentales.
Asimismo, se ha considerado la inclusión de una Dirección Científica
(numeral artículo 10), en como órgano de la Alta Dirección.
En la justificación dice:
El DU N° 015-2020 constituye un entorno legal que no promueve una
verdadera modernización del Instituto del Mar del Perú.
De manera taxativa, puede afirmarse que lo medular de la problemática
del IMARPE está en: por un lado, la falta de presupuesto suficiente para a)
desarrollar las acciones de investigación, b) adquisición de equipamiento
moderno y c) propiciar una permanente interacción de los científicos con sus
pares de otros países; y por otro lado, la falta de un sistema de promoción de
los investigadores, como existe en las universidades por ejemplo.
Dicho D.U. dictaminado de manera
apresurada, luego de más de tres años de emitido ya no puede ser considerado de
“urgencia”, por cuanto este periodo transcurrido ha demostrado que las causas
asumidas que lo originaron no eran reales. Esto por cuanto el IMARPE ha continuado realizando sus funciones y
cumpliendo con su misión con eficacia y oportunidad.
Nuevamente debe decirse que durante esos
tres años no se dio cumplimiento al decreto de urgencia y que la investigación
que condujo a elaborar ese DU aún no ha terminado y la Fiscalía archivó la
misma en primera instancia pero una segunda instancia la revocó y aún no
termina.
el D.U. n° 015-2020 se debe derogar y ser reemplazado por una norma
moderna y bien pensada. Por ello, el IMARPE ha iniciado un proceso de
modernización, articulando los objetivos estratégicos, orientado a resultados y
a la optimización de la gestión interna a través del uso eficiente y productivo
de los recursos públicos, para el bienestar del ciudadano y en beneficio de la
sociedad.
El proyecto de Ley dice:
11.2. Al respecto, el cargo de Presidente Ejecutivo, recaerá en un
profesional con calificación y experiencia en ciencias del mar o de aguas
continentales, con destacada trayectoria, experiencia en gestión pública, es
nombrado por resolución suprema, refrendado por el titular del Ministerio de la
Producción, previo concurso público de méritos por un período de cinco (5)
años, sujeto a única renovación por un período similar a propuesta del Ministro
de la Producción.
El párrafo anterior recoge lo que dice el
DU 015-2020 que nunca fue cumplido, lo que resulta algo un poco contradictorio;
pero en fin, es una buena propuesta y descarta la pretensión de algunos congresistas retirados de la Marina de
Guerra de continuar designado a un oficial almirante en retiro como Presidente.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
En tanto se apruebe el nuevo
Reglamento de Organización y Funciones, el IMARPE continuará normando sus
actividades con arreglo a las disposiciones actualmente vigentes, en lo que
resulte aplicable.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Deróguese el Decreto Legislativo
N° 095, el Decreto de Urgencia N° 015-2020, así como todo aquel dispositivo que
se oponga a la presente ley.
SEGUNDA. Reglamento de
Organización y Funciones (ROF)
Mediante decreto supremo
refrendado por el Ministro de la Producción, a propuesta del Instituto del Mar
del Perú (IMARPE), se aprueba el reglamento de organización y funciones del
IMARPE, en un plazo máximo de noventa días calendario contados a partir de la
entrada en vigor de la presente ley.
Si un Ministerio se niega a dar cumplimiento a una norma con rango de ley ¿con qué derecho moral puede exigir el cumplimiento de las leyes del sector pesquero a sus administrados?. La cosa no está en si el DU 015 es bueno o malo o si el proyecto de ley que está por presentar el Imarpe es también bueno, malo, mejor o peor.
Un Ministerio o un Ministro que, por un lado no cumple lo que manda el DU 015-2020, que tiene rango de ley y por otro es responsable de hacer cumplir las normas y leyes sectoriales, se convierte en una autoridad perversa, parcializada e inmoral, que ha perdido legitimidad y el respeto de la ciudadanía.
La Estación Naval de
Paita es una instalación que posee un muelle que brinda servicios a
embarcaciones pesqueras y además posee líneas de congelamiento y almacenes
refrigerados que la Marina alquila a empresas privadas. Los servicios que
brinda el muelle también generan ingresos a la Marina de Guerra y destaca la
atención a embarcaciones atuneras que tienen en esta instalación la única
alternativa de descarga en el norte peruano.
Viene al caso
expresar que el ex CEP Paita también tiene un área para descarga de
embarcaciones pesqueras y una planta de congelado, pero que no operan, no solo
por falta de mantenimiento sino porque en algún momento algún ilustrado funcionario
del FONDEPES dijo que estas facilidades constituían una competencia desleal con
la empresa privada y que no era función del Estado operar estos servicios, además
de estar prohibido por la Constitución, sin percatarse de que a unos cientos de
metros otra entidad del Estado, la Estación Naval, daba esos servicios.
La Marina nunca dejó
de brindar los mismos servicios en su Estación Naval, lo que permite cuestionar
al FONDEPES en su desinterés por su zonal Paita. Durante toda su existencia
antes de su fusión, tanto el desembarcadero como la planta de congelado,
generaron recursos financieros al CEP Paita, en un contexto de conocimiento del
sector y de la realidad, tema del cual el FONDEPES desconoce. Pero, total ¿a
quién le importa?
La pregunta entonces
es: ¿Por qué la Marina sí puede generar recursos propios a través de estas
instalaciones y el FONDEPES en su zonal Paita no lo hace? ¿Desinterés, desidia
o ignorancia?
En el siguiente link
se puede leer algo de su problemática actual:
https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3127667/armada-peru-ampliara-muelle-estacion-naval-paita
NACIMIENTO
DE LA ESTACION NAVAL DE PAITA
“El contexto de la década de los 70 del siglo pasado, el
Perú era gobernado por el denominado “Gobierno Revolucionario de la Fuerza
Armada”, liderado por el General de División EP Juan Velasco Alvarado.
Se emprenden grandes reformas, se nacionalizan la Banca
Nacional los recursos mineros del país, se expropia los yacimientos
petrolíferos de Talara, la International Petroleum Company (IPC), así como las
explotaciones e instalaciones de Cerro de Pasco Corporation y Marcona Mining.
Surgieron diversas empresas estatales: PETROPERÚ (Petróleos del Perú),
CENTROMIN PERÚ (encargada de la actividad minera metalúrgica de la zona central
del Perú), HIERRO PERÚ (para Marcona) y SIDER PERÚ (para la siderúrgica de
Chimbote), ENTEL PERÚ, MINERO PERÚ, etc...
En junio de 1972, en Paita, en Punta Telégrafos, el
General de División EP Juan Velasco Alvarado dispone ante miles de pescadores
la construcción del Complejo Pesquero de Paita,(más grande del mundo), obra
colosal de ingeniería, ganando terreno al mar, después de casi 3 años de
iniciada la construcción un 21 de mayo de 1975, es inaugurado el complejo por
el entonces Primer Ministro General de División Francisco Morales Bermúdez, con
asistencia del Ministro de Pesquería, autoridades políticas, militares, civiles
y miles de pescadores.
Originalmente la infraestructura fue hecha a partir de
1973, inaugurado el 21 mayo 1975, para un Complejo Pesquero, con capacidad de
embarcaciones de captura de pescado en alta mar, atraque y descarga en el
muelle longitudinal, a través de grúas fijas y faja transportadora, para
proceso en la zona de fileteo y/o planta de conservas; asimismo utilización de
residuos y exceso de materia prima para la planta de harina y aceite de
pescado.
En las instalaciones del Complejo Pesquero de Paita,
operaron en sus instalaciones la Empresa de Servicios Pesqueros (EPSEP) y la
empresa Peruana de Pesca (PEPESCA S.A.), esta última fue denominada
posteriormente PEPESCA S.A. En Liquidación.
Esta situación originó que la Corporación Financiera de
Desarrollo (COFIDE) y el Banco Industrial consideraran la necesidad de vender
los activos de PEPESCA En Liquidación.
¿QUÉ PASÓ EN PEPESCA
S.A.?
Desde el año 1975 año de su inauguración, la empresa
PEPESCA S.A. tuvo una serie de problemas complejos, no se desarrollaron las
actividades como se estimó inicialmente; crecimiento de la inversión sin
control, menores producciones y ventas, desorganización administrativa y
contable, así como empezaron los problemas críticos en lo que respecta a
ingeniería y mantenimiento, entre otros, originando que, en el año de 1979,
PEPESCA S.A. se declare en quiebra y en liquidación.
DÉCADA DE LOS 80´ EN
EL MUNDO Y EN EL PERÚ:
Hasta principios de los años 80, el mundo estaba ya
acostumbrado al conflicto ideológico y militar llamado “Guerra Fría” entre
Estados Unidos y la Unión Soviética.
Sin embargo, hacia mediados de esta década, se inició un
proceso que nadie había previsto: el fin del comunismo. Todo empezó en 1985 con
la perestroika de Gorbachov en la fenecida Unión Soviética y se consolidó en
1989 con la caída del Muro de Berlín y la reunificación alemana.
Constituyó un gran avance en la ciencia, ocurrieron
grandes hechos que cambiarían definitivamente la historia de la humanidad,
tanto económico, como tecnológico, político y social.
En el Perú, se retornaba a la democracia, tras 12 años
del gobierno militar, también es el surgimiento del terrorismo. Sendero
Luminoso, movimiento maoísta surgido en los años 70, inició su guerra contra el
estado desde la sierra de Ayacucho proponiendo una utopía igualitaria.
Asaltaba pueblos, asesinaba autoridades y mantenía un
absoluto secreto acerca de su estructura interna. Tras lamentables titubeos, el
entonces Presidente Francisco Belaunde Terry ordenó una ofensiva militar. SL no
se amilanó y se extendió por otras provincias, incluso llegó al norte Piura y
Paita.
En marzo de 1983, se instala la Comisión Liquidadora de
EX PEPESCA S.A., vendiendo gran parte de sus activos a la Marina de Guerra del
Perú en mayo de 1984.
Dentro de este contexto la Marina de Guerra del Perú
adquiere las instalaciones de EX PEPESCA S.A. y crea la Estación Naval de
Paita.
VISIÓN DE LOS ALTOS
MANDOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
En el año de 1983, se inician las gestiones para la
compra-venta de la infraestructura y equipos de Ex Pepesca en Liquidación.
Por el año de 1984, entonces el Vicealmirante JORGE DU
BOIS GERVASI, Ministro de Marina y Comandante General de la Marina, tras una
serie de gestiones, adquiere las instalaciones de EX PEPESCA en Liquidación,
mediante el D.S. Nº 199-84/EFC de fecha 11 mayo de 1984.
Y mediante el D.S. Nº 013-84/MA de fecha 24 julio de
1984, se crea la Estación Naval de Paita, cuya misión es integrarse al Sistema
de Apoyo Logístico de la Marina, constituyéndose en un escalón desde el cual se
da soporte a las Fuerzas Navales y Operativas, Grupos Móviles de
Reabastecimiento, Unidades Guardacostas y Dependencias que en forma permanente
y eventual operan en el área de la Primera Zona Naval y del Teatro de
Operaciones del Norte.
En julio de 1984, cuando la Marina de Guerra del Perú
adquiere los activos de Ex-Pepesca, a pesar que los pobladores estaban
identificados con la Marina de Guerra del Perú, no fue del agrado de todos,
porque ellos consideraban como “su patrimonio”, la Institución tuvo que
realizar diferentes acciones en beneficio de los paiteños para revertir ese
concepto, hoy a 36 años de su creación, la Estación Naval de Paita, está
posicionada no solo en la localidad, sino en toda la región, por no decir en
todo el área que corresponde a la Primera Zona Naval.
La Estación Naval de Paita es un ente transformador en
la vida de los paiteños y de la Región, económicamente, socialmente y
culturalmente, en uso y costumbres, muchos marinos que han prestado servicios
en ella, han constituido familias con damas de la localidad, de la Región, sentando
raíces y afincarse definitivamente.
En sus inicios no fueron tan fáciles, pero gracias al
trabajo tesonero del personal superior, subalterno y civil se recuperaron y se
pusieron operativos los equipos y maquinarias e infraestructura que se encontraban
malogrados, deteriorados, abandonados, hoy aún después de más de 45 años
algunos equipos aún siguen operando.
La Estación Naval de Paita, realiza dos actividades
paralelamente, en el campo de la Defensa Nacional y empresarial en el sector
pesquero, su rol en el ámbito de la Defensa es de suma importancia, lo cual fue
demostrado durante el conflicto con el Ecuador en el año de 1995 brindando
apoyo logístico a las Unidades Navales, Personal de Infantería de Marina y
Operaciones Especiales que operaron en la zona y en el campo pesquero,
participa y compite como Empresa de Servicios, la Estación Naval de Paita ha
sido y es una Escuela de Postgrado para los pequeños, medianos y grandes
empresarios, en sus instalaciones estuvieron las más grandes empresas, hoy
cuenta con sus propias plantas; asimismo “egresaron”, prestigiados
profesionales que en un momento dado brindaron sus capacidades en el campo del
derecho, pesquero y de salud entre otros a la Estación Naval de Paita y tras
cumplir en ella continuaron sirviendo en otros organismos del Estado y
entidades privadas, haciendo carrera y ocupando cargos importantes.
También es bueno recordar y reconocer a todo el personal
del Ex Destacamento de Infantería de Marina de Paita y Bayóvar, al Personal de
la Periférica Norte, quienes fueron los primeros en “tomar” las instalaciones
de Ex Pepesca S.A. en Liquidación en la segunda semana del mes de julio de
1984, ellos conjuntamente con otros marinos de diferentes especialidades fueron
los pioneros de la flamante dependencia.
Por: Félix Pomalaya Villalobos
https://www.facebook.com/100076505424722/videos/estaci%C3%B3n-naval-de-paita-apoyo-para-la-victoria-37-a%C3%B1os-al-servicio-de-la-defensa/1038403146912988/
La Comandancia de la Primera Zona Naval tiene su sede en
la ciudad de Piura. Fue creada por Decreto Supremo Nº 01 de fecha 10 enero del
año 1962, iniciando sus actividades en la Capitanía de Puerto de Talara;
posteriormente.
El 28 de mayo del año 1978, la superioridad naval
determinó el traslado de la Comandancia de la Primera Zona Naval a la ciudad de
Piura, ubicándose en el séptimo piso del local del Ex Banco de la Nación,
siendo nombrado como primer Comandante el Contralmirante Jorge Hidalgo
Reátegui.
En el año 1988, por
razones de seguridad y espacio, el Alto Mando naval dispuso el traslado de las
oficinas administrativas de la Comandancia al área de la Estación Naval de
Paita.
Posteriormente, el 27 de julio de 1994, las oficinas retornaron a la ciudad de
Piura, por ser esta ciudad considerada el eje político, económico, social y
militar.
La Comandancia de la Primera Zona Naval tiene como
misión planear, organizar, conducir y evaluar el desarrollo de las operaciones
de las unidades asignadas de las diversas fuerzas operativas y de las
actividades destinadas a proporcionar el apoyo logístico y seguridad a las
unidades y dependencias dentro del área de su jurisdicción, con el fin de
contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Comandancia General de
Operaciones del Pacífico.
https://www.marina.mil.pe/es/organos/comoperpac/primera-zona-naval/
ANTES DE LA ESTACION NAVAL DE PAITA EXISTIO UN COMPLEJO
PESQUERO
El 11 de marzo de
2002, el Ing. Alejandro Bermejo escribió:
“Remontémonos
a 1974 cuando se inauguró Peruana de Pesca (PEPESCA). Fue el complejo más
moderno de las Américas. Y quien mejor que Eduardo Pastor Rodríguez para que
nos relate su vivencia. Dice que en setiembre de 1974 fue nombrado por el
directorio de EPSEP (Empresa Pública de Servicios Pesqueros) como subgerente
general y superintendente de Pepesca.
El
complejo contaba con planta conservera para procesar túnidos, sardina y otras
especies marinas. Además cámaras para congelar y almacenar la pesca. Tenía energía
propia y un buen suministro de agua. Contaba con un muelle de 700 metros de
largo capaz de recibir barcos hasta de 10,000 toneladas. Para una descarga
rápida en el caso atún habían 100 contenedores de metal con capacidad de una
tonelada. Las atuneras que abastecían a Pepesca eran 3 de 300 toneladas de
capacidad en bodega y uno de 600 toneladas alquilado. Los túnidos eran
mayormente capturados a fines de noviembre hasta inicios de abril. Pepesca
entró a producir en mayo de 1975 con 6 cámaras para almacenar 5,000 toneladas
de congelado cada una. Producía 40 toneladas de hielo diarias, 7 túneles de
congelamiento podían congelar 240 toneladas en 24 horas. Los congeladores de
placas congelaban 20 toneladas por día. Se llegó a producir 5,000 cajas en 24 horas.
Cajas de 48 latas de las cuales 1,500 eran de túnidos y bonito y el resto
sardina. Se exportaba 40 mil cajas de 48 latas por caja al mes y principalmente
a Filipinas, Nueva Guinea y otras islas del Pacífico Occidental.
Agrega
Pastor que el mal financiamiento de seis atuneros de mil toneladas de capacidad
en bodega, los sucesivos cambios de directorios y gerenciales llevó a Pepesca a
la quiebra. En una ocasión entonces Augusto Bedoya Camere, me dijo que estaba
transfiriendo Pepesca por las deudas millonarias que le tenía a Cofide, se
transfirió a la Marina de Guerra del Perú. Pastor dice no conocer los detalles
de la transacción de transferencia a la Marina; porque él se había retirado de
Pepesca en 1978 y la transferencia de Pepesca fue alrededor de 1984- 1985.
Creo
enfatiza Pastor que ha llegado el momento que la infraestructura de Pesquería
actual y que ocupa la Estación Naval sea vendida a la empresa privada y con ese
dinero la Marina de Guerra Construya una Estación Naval de acuerdo a sus
necesidades. No olvidemos que Paita es el primer puerto pesquero del Perú con
un 90% más de desembarcos de especies de consumo humano que abastecen la Gran
Lima y las ciudades más importantes de la costa peruana. Ahora queremos hacer
de Paita el puerto principal de desembarco de túnidos. El procesamiento de los
túnidos por las plantas conserveras de Paita como la super-moderna de Austral
van a beneficiar al pueblo de Paita con cientos de trabajos en especial para
mujeres y el comercio y servicios de Paita y Piura van a florecer. Vemos a
nuestro vecino Ecuador florecer con su puerto atunero de Manta y llegar a ser
N° 1 en desembarcos de túnidos en 1999 con 202,147 toneladas. Cifra que supera
a los países atuneros de las Américas como México con 124,012 ton, Venezuela con
92,099, Colombia con 58,609, Brasil 32,325 y el Perú desembarcó sólo 3,532. Y
Para los que no lo conocen, Eduardo Pastor Rodríguez es ingeniero pesquero de
la Universidad Agraria. Lo conozco en los años sesenta cuando era estudiante de
pesquería. Ha realizado informes encomendados por la FAO y Banco Mundial en
países de Asia y África. Ha trabajado en el sector público como EPSEP, PEPESCA
y el 2001 al 2002 como presidente de Fondepes”.
“Challwa del Perú S.A. o simplemente Challpesa
conformada por EPSEP y Taiyo Fishery Cº Ltda., inaugurada el 26 de setiembre de
1975, esta nueva planta estaba diseñada para la producción de congelados
utilizando la merluza, el bonito, machete, jurel y caballa. Por entonces se extraían en todo el litoral
250,000 toneladas de merluza y 200,000 toneladas de jurel y caballa. Contaba
igualmente con una Planta de Harina y de Aceite de Pescado para la reducción de
las vísceras de pescado de tal forma que nada se desperdiciaba del pescado que
ingresaba al Complejo.
La primera etapa del Complejo Pesquero de Paita fue
inaugurada el 21 de mayo por el entonces primer ministro, general Morales
Bermúdez y para su explotación se creó PEPESCA.
El Complejo Pesquero de Paita era el más grande del mundo. Se pensaba
que el Complejo Pesquero iba a dar trabajo a unas 3 500 personas y beneficiar a
unos 25 000 pobladores.
También se creó EPCHAP (Empresa Pública de
Comercialización de Harina y Aceite de Pescado) y EPSEP (Empresa Pública de
Servicios Pesqueros) el 5 de Mayo de 1970, la dación de la Ley de Pesquería en
marzo de 1971, la creación de la Comunidad Pesquera en abril de 1973, la
creación de PESCA PERU el 7 de Mayo de 1973, entre otras.
Recuerdo, era 26 de
Agosto de 1973, en la oficina del despacho ministerial estábamos presentes
entre otros funcionarios del ministerio, Carlos Millasaky, Sebastián León,
Armando Arbulú, Miguel Bocanegra, Guido Loza, Carlos Gómez, Los hermanos Pérez
Sandoval, Oscar Valiente, Luis Del Águila, Diamantina Panduro, Andrés Urteaga,
Sabino Limache, Benjamín Angulo entre otros y dos días antes de viajar becados
por el gobierno a Rusia para estudiar en las diversas especialidades de la
Universidad Pesquera de Astrakhan, el General Tantaleán luego de hacer una
exposición sobre la realidad pesquera del Perú y su futuro nos indicó que el
Perú no necesita de políticos sino de técnicos que administren las grandes
infraestructuras pesqueras que el gobierno estaba construyendo”.
Fuente: Ingeniero
José de la Cruz
RESEÑA HISTORICA
El 26 de setiembre
de 1975 el ministro de Pesquería, almirante Francisco Mariátegui Angulo,
inauguró la segunda etapa del Complejo Pesquero de Paita o Challwa del Perú
S.A. o simplemente CHALLPESA. El acto
fue apadrinado por el ministro y la señora Ina Nakabe esposa del presidente de
la firma Taiyo Giogo. Al acto
concurrieron el ministro de Alimentación, general Rafael Hoyos Rubio; el
general Guillermo Arbulú Galliani, Jefe del Consejo Ejecutivo del Complejo
Bayóvar o CECOMBA y el Embajador del Japón Shigete Nikai, autoridades
departamentales y una masa de público.
CHALLPESA era una
empresa mixta conformada por la Empresa Pública de Servicios Pesqueros o EPSEP
y las firmas japonesas Taiyo Fishery Cº Ltda., Nihón Hogei Cº Ltda., y
Mitsubishi Corporation.
La nueva planta
estaba diseñada para la producción de congelados utilizando la merluza, el
bonito, machete, jurel y caballa. Por
entonces se extraían en todo el litoral 250 000 toneladas de merluza y 200 000
toneladas de jurel y caballa, de las que el 50% procedían de Paita.
La capacidad de producción
inicial de esta planta estaba programada para 100 000 toneladas anuales de
salchicha de pescado, planta de bloques de congelados de merluza y además
contaba en Oquendo, el Callao, con una planta de salchichas y conservas de
pescado.
Contaba igualmente
con una Planta de Harina y de Aceite de Pescado para la reducción de las
vísceras de pescado de tal forma que nada se desperdiciaba del pescado que
ingresaba al Complejo.
La primera etapa del
Complejo Pesquero de Paita fue inaugurada el 21 de mayo por el entonces primer
ministro, general Morales Bermúdez y para su explotación se creó PEPESCA. El Complejo Pesquero de Paita era el más
grande del mundo.
La primera etapa del Complejo Pesquero de Paita fue
inaugurada el 21 de mayo por el entonces primer ministro, general Morales
Bermúdez y para su explotación se creó PEPESCA.
https://www.youtube.com/watch?v=_Vhwq834tec
El Complejo Pesquero de Paita era el más grande del
mundo. Se pensaba que el Complejo Pesquero iba a dar trabajo a unas 3 500
personas y beneficiar a unos 25 000 pobladores. La comercialización de la
producción pesquera para el mercado externo, a partir de las reformas del
gobierno de Velasco, se venía realizando a través de dos entes: el sector
privado y el Estado. Hasta inicios de 1981 el sector privado solamente se
dedicaba a la exportación de conservas y la industria de congelado; sólo
después del 21 de marzo de 1981, con la liberalización de la comercialización
de Harina de pescado, se creó un canal privado paralelo al del Estado. Y a
partir de ese entonces el sector privado tomó un rol más importante en la
exportación de este producto.
También se creó EPCHAP (Empresa Pública de
Comercialización de Harina y Aceite de Pescado) y EPSEP (Empresa Pública de
Servicios Pesqueros) el 5 de Mayo de 1970, la dación de la Ley de Pesquería en
marzo de 1971, la creación de la Comunidad Pesquera en abril de 1973, la
creación de PESCA PERU el 7 de Mayo de 1973, entre otras.
El 26 de julio de 1976, el almirante Francisco
Mariátegui Angulo, ministro de Pesquería, quien sucedió al general Javier
Tantaleán Vanini, tomó la decisión de llevar a cabo la privatización de la
flota pesquera –como Pepesca y Challwa– decretando la venta preferencial a precio
de libros, tal como se había valorado cuando se expropiaron las embarcaciones a
los pescadores, a los bonistas expropiados. También se convocó a nuevos
inversionistas a ingresar a la pesquería.
La participación del Estado en la comercialización
externa de los productos de la pesca tuvo mayor incidencia en la harina y
aceite de pescado a través de EPCHAP (Empresa pública de comercialización de
harina y aceite de pescado) y Pesca Perú. En la década de los 80s la
comercialización de los productos pesqueros a excepción de pescado fresco
siguió estando dirigida al mercado externo. En 1981, 1982 y 1989 se dio mayor
énfasis a la exportación, logrando una participación dentro del consumo total
de 63%, 62% y 72% respectivamente. La harina de pescado constituyó, como en
épocas pasadas, el principal producto exportado tanto por la empresa Estatal
Pesca Perú como por los agentes privados. La caída, en 1982, del volumen
exportado de harina de pescado se debió a la mayor competencia de la harina
soya, al incremento en la venta de harina de pescado por parte de Chile y a la
baja en la demanda en el mercado mundial.
En 1983 se agudizó esta disminución, debido
básicamente a dos factores:
•
Paralización de Pesca Perú por problemas laborales y financieros.
• Menor disponibilidad de recursos de Anchoveta.
A partir de 1984, la comercialización externa se
recuperó siguiendo una tendencia creciente en términos de volumen hasta 1989,
año en el cual se logra exportar 1'190,700 Tm; es decir, un incremento de 147% y
157% respecto al año 1985 y 1980. La exportación de conservas se incrementa
hasta 1982 luego tuvo una declinación del 64% en 1983 debido a la contracción
del mercado Sudafricano y al efecto de las políticas proteccionistas adquiridas
por Reino Unido y Sudáfrica principalmente. Otro factor que afectó, fue la
menor producción por la preferencia de los empresarios privados por producir
harina de pescado en vez de conservas. Esta situación continuó durante el resto
de la década, disminuyendo de 1'120,215 Tm comercializadas en 1981; a un mínimo
de 16,669 Tm en 1986; vale decir, un decremento del 85%.
En relación al consumo externo de pescado congelado,
la demanda externa a nivel mundial es creciente. El producto congelado mantiene
un nivel importante de exportación. El consumo de curado procedente del Perú,
es todavía limitado Financiamiento del sector pesquero: Durante la década del
ochenta el sector financiero nacional se encontraba en crisis y era difícil
obtener créditos del exterior; debido a ello, los sectores productivos
experimentaron una carencia de financiamiento.
El sector pesquero se vio afectado debido a la
urgente necesidad de renovar la flota de equipos y plantas, siendo muy
obsoletos para su uso. Las fuentes de financiamiento estaban constituidas por:
las líneas de créditos ofrecidas por la Banca Nacional e Internacional, la
generación de recursos propios de la actividad productiva, el aporte del Estado
el crédito de proveedores y terceros los agentes productivos dueños de la
empresa. En relación a los recursos otorgados por el Sistema Financiero, el
Banco Industrial ha sido principalmente el que ha otorgado créditos al Sector
Pesquero. Entre 1985 y 1988 fue de 31% aproximadamente. Su destino fue para
financiar la elaboración de pescados, crustáceos y otros productos marinos.
En segundo lugar, fueron los préstamos otorgados a
la pesca de altura y costera; y por último, los dirigidos a la actividad
langostinera. Los créditos otorgados al sector se contrajeron en los dos
últimos años de la década del ochenta debido al proceso recesivo y la
disminución de flujos financieros en el Sistema, como se observa en el cuadro.
El crédito para la elaboración de pescados, tanto en la mediana como en la
pequeña empresa, son los rubros que han captado los mayores préstamos. En
contrapartida a la pesca artesanal que ha tenido siempre un reducido
financiamiento. Sin embargo, cabe destacar que, en los años 1980 y 1981, los
créditos estuvieron dirigidos principalmente a la actividad conservera y a la
pesca artesanal. Sin embargo, el crédito estaba concentrado en pocas empresas.
A nivel general, el número de créditos otorgados al sector pesquero tuvo un
auge en los años 1986 y 1987; a partir de siguiente año, los créditos otorgados
por el Banco Industrial registraron una tendencia descendente.
En 1986 se creó el Fondo de Reactivación de la Flota
Pesquera con un monto de 421'000,000 intis con la finalidad de destinarlos para
la reparación, reequipamiento y adquisición de redes de las embarcaciones
pesqueras dedicadas a la pesca de consumo humano directo e indirecto. De otro
lado ese mismo año, se creó un fondo con un monto de US$ 10 millones para
destinarlos a otorgar apoyo financiero a empresas pequeñas del sector público y
privado dedicados a la extracción y transformación, con el fin de atender la
alimentación de la población.
En la práctica no se utilizaron con la finalidad
deseada, debido al problema de disponibilidad de recursos y al mal manejo
administrativo; ambos factores le quitaron fluidez al accionar del fondo vinculado
a la flota. En el caso del crédito otorgado a la pesquería por la Banca
Comercial y de Ahorro, la captación ha ido incrementándose en los últimos cinco
años de la década del ochenta; especialmente en 1988, donde significó el 3.9%
del total.
Pero su participación es poco significativa respecto
a sectores como: Industria, Comercio y Minería que captaron en conjunto más del
70%. También se otorgó líneas de crédito a través de COFIDE. Durante 1980 y
1981 COFIDE concedió apoyo para el desarrollo de proyectos tales como envasado
de conservas, instalación de frigoríficos etc., pero casi la totalidad se convirtió
en deudas morosas. Los créditos superaron a los del Banco Industrial durante
1987 y 1988; sin embargo, es de considerar la tendencia decreciente de sus
colocaciones durante la década del ochenta
En conclusión, las inversiones realizadas producto
del financiamiento durante esa década hacia plantas de Harina de pescado,
procesadoras de conservas y flota dieron como resultado dos fenómenos muy
marcados:
• La subutilización de la capacidad instalada.
• La presión por ampliar los montos de captura. Sin
embargo, en los últimos años se ha perfilado dos nuevos campos de inversiones,
la producción de procesados de pescado y la Harina desgrasada y, nuevos productos
para consumo humano directo así como inversiones en Acuicultura de Conchas de
Abanico y Langostino.
La construcción y
equipamiento del Complejo Pesquero de Paita fue promovida y realizada por el
Ministerio de Pesquería, habiéndose contado para la ejecución de la primera
etapa del proyecto (1972-1981 ), con la cooperación técnica y económica de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Asimismo, mediante
D.S. Nº 200-84-EFC del 11.05.84, se autorizó al Ministerio de Pesquería a
adquirir directamente de la Empresa Peruana de Pesca S.A. en Liquidación
(PEPESCA), terrenos, instalaciones, sistemas y equipos de interés para dicho
Ministerio, localizados al Sur del Complejo Pesquero de Paita.
Por R.M. Nº
220-84-PE del 03.07.84, se otorgó a EPSEP la administración y operación de los
servicios que prestaba el Complejo Pesquero de Paita.
Mediante Ley N"
24793 se creó la Región Grau conformada por los Departamentos de Tumbes y
Piura, la cual en su Novena Disposición Complementaria transfirió el Complejo
Pesquero de Paita a dicha Región. Mediante Acta de Transferencia de fecha 24 de
junio de 1990, el Ministerio de Pesquería hizo entrega al Gobierno de la Región
Grau de las instalaciones del Complejo Pesquero de Paita.
Para el cumplimiento
de sus fines la Empresa contaba con el Complejo pesquero de Paita, y con los
Terminales Pesquero de Talara, Parachique y Zorritos, estableciendo su Sede
Central en el mencionado Complejo.
El Complejo Pesquero
de Paita disponía de instalaciones diseñadas para efectuar el desembarque,
recepción, acopio, transformación y comercialización de productos
hidrobiológicos, ocupando un área de terreno de 41,236.76 m2. Las principales
instalaciones del Complejo tenían las siguientes características:
Muelle Marginal de
un área de 1,680 m2
Planta de frío
equipada con 3 túneles de congelado de 1 O TM /día cada uno, 4 congeladores de
placa horizontales de 5 TM/día cada uno, 7 cámaras de almacenamiento de 3,490
1M de capacidad total (331 TM. para fresco, 2,859 TM para congelado, 210 TM para
hielo en escamas y 90 TM para hielo en bloques), 4 productores de hielo en
bloques de 30 TM/día cada uno y 9 productores de hielo en escamas de 10 TM/día
cada uno.
Planta de Harina de
pescado de 40 TM/hr. de capacidad de procesamiento, con planta de agua de cola.
Planta eléctrica
equipada con 3 grupos electrógenos Diésel de 800 KW cada uno.
Por Resolución
Suprema Nº 086-93-PCM del 11.03.93 se incluyó a la Empresa Regional Pesquera
Grau S.A. en el Proceso de Promoción de la Inversión Privada, y se constituyó
el Comité Especial para llevar adelante el proceso de privatización de la
Empresa, integrado por el Ing. Jorge Vertí Calderón (Presidente), el Ing.
Samuel Bendezú Herencia y la Dra. Nancy Olazábal Roca
EL
FINAL DEL COMPLEJO PESQUERO PAITA
Mediante Resolución
Suprema Nº 086-93-PCM del 11.03.93 se incluyó a la Empresa Regional Pesquera
Grau S.A. en el Proceso de Privatización, y se constituyó el Comité Especial de
dicha Empresa (CEPRI-GR!\. Por Resolución Suprema Nº 522-93-PCM del 25.11.93 se
aprobó el Plan de Promoción de la Inversión Privada de la Empresa.
La Empresa Regional
Pesquera Grau S.A. era una empresa del sector pesquero, que tuvo por objeto la
extracción, transformación y comercialización de productos hidrobiológicos para
el consumo humano directo e indirecto, así como la prestación de servicios de
desembarque, manipuleo, almacenamiento, congelación y otros afines; contando para el efecto con el Complejo
Pesquero de Paita y con los Terminales Pesqueros de Talara, Parachique y
Zorritos.
Al inicio del
proceso de privatización, la situación económica, financiera y administrativa
de la Empresa no era muy satisfactoria, caracterizándose por una falta de
capital de trabajo así como de personal calificado para las labores de producción,
lo que limitaba la actividad de la Empresa a sólo dar servicios de
procesamiento de congelado, a pesar de la abundancia de la pesca que se
desembarcaba por el terminal del Complejo Pesquero. La organización no era la
adecuada, existiendo un exceso de personal administrativo, y siendo el pago de
planillas el gasto más significativo. La propiedad de los activos de la Empresa
adolecía de problemas, encontrándose que estaban inscritos en forma irregular.
En concordancia a
las características y a la situación en que se encontró a la Empresa, el Comité
Especial desarrolló una estrategia de privatización con los lineamientos
generales siguientes:
Difundir que el
Complejo Pesquero de Paita, además de prestar servicios en el sector pesquero,
estaba en capacidad de ampliar y diversificar sus servicios hacia otros
sectores tales como la alimentación y agroindustria.
La promoción de
venta se realizó a través de programas de difusión nacional e internacional,
que contenían información sobre la empresa, el Complejo Pesquero y las
modalidades de venta. Para ello, se hizo difusión y distribución de un video
específico de venta y de un prospecto de venta, se publicaron avisos y notas
periodísticas, y se realizaron conferencias de prensa y entrevistas
especializadas en los medios periodísticos, radiales y televisivos.
Simultáneamente se efectuaron conferencias y mesas redondas con gremios en el
país y en extranjero, así como reuniones individualizadas con potenciales
inversionistas.
El Mecanismo
establecido para la venta del Complejo Pesquero fue el de Subasta Pública
mediante la presentación de sobres cerrados.
El 23 de Febrero de
1995, en la Sala de Conferencias del Edificio Principal de PETROPERU, se
realizó la Subasta Pública del Complejo Pesquero de Paita, El precio base del
Complejo Pesquero fue fijado por el Comité Especial en US $ 3'911,000.00, a base
del informe ce valorización presentado por la empresa canadiense Coopers &
Lybrand, Las Bases de la Subasta Pública fueron adquiridas por diez postores, a
un precio de US $ 1,000 cada una.
En el Acto de la
Subasta Pública, presentaron sobres cerrados las empresas Sindicato Pesquero
del Perú S.A. (SIPESA) quién ofertó la suma de US $ 6'300,000.00 al contado, y
Pesquera Hayduk S.A., previamente precalificada por el Comité Especial, quién
ofertó la suma de US $ 6'700,000.00 bajo el Programa de Promoción Empresarial,
y a quién se le otorgó la Buena Pro por dicho valor y bajo el citado Programa.
La venta del
Complejo Pesquero de Paita fue una exitosa operación por la expectativa que se
logró generar en los inversionistas nacionales, a pesar de la oposición presentada
por diversos sectores de la Región Grau y de la localidad de Paita respecto a
la privatización, agravada aún más por el conflicto con el Ecuador que determinó
la abstención de los inversionistas extranjeros interesados en la compra del
Complejo.
Luego de que
Pesquera Hayduk S.A. cumpliera con cancelar el 40% del va1or de adjudicación y
con presentar las Cartas Fianzas de garantía del financiamiento, el día 21de
Marzo de 1995 en la Ciudad de Paita, ante el Notario Público de esa Ciudad Dr.
Femando Chávez Velarde, se realizó la entrega física del Complejo Pesquero de
Paita a la mencionada empresa; suscribiéndose posteriormente el Contrato de
Compra-Venta respectivo entre la Empresa Regional Pesquera Grau S.A. y Pesquera
Hayduk S.A., con intervención de la Corporación Financiera de Desarrollo
(COFIDE).
Por otro lado,
mediante Acuerdo de la COPRJ tomado en su Sesión del 31.08.93, se autorizó a la
Empresa Regional Pesquera Grau S.A. a transferir directamente un área de 832.48
m2 situada en el Complejo Pesquero de Paita, ocupada por los laboratorios y
oficinas de CERPER, a favor de dicha institución, a un valor de US $ 29,
137.00. El Acta de Transferencia del terreno ocupado por CERPER fue suscrita el
24.08.93.
Los hechos que condujeron a la investigación que se
menciona más adelante, fueron los que determinaron la necesidad de una
reestructuración del IMARPE, la cual fue dispuesta con el Decreto de Urgencia
015-2020, que sigue sin ser cumplida por el Ministerio de la Producción.
La investigación iniciada en 2019 sigue abierta y
los funcionarios comprometidos, pese a ello, siguen en funciones en sus
puestos.
En medio de esta situación de incumplimiento, el día
22 de junio 2023 se ha designado a cuatro directores, con la RESOLUCIÓN DE
DIRECCIÓN EJECUTIVA CIENTÍFICA N° 116-2023-IMARPE/DEC
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/designan-directora-general-de-investigaciones-de-recursos-pe-resolucion-n-116-2023-imarpedec-2189420-1/
Pedro Ramiro Castillo Valderrama, es designado como
Director General de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y
Artes de Pesca, a pesar q tiene diligencia fiscal por presunto lavado de
activos.
También se dio por concluida la designación del
Gerente General, con la resolución de dirección ejecutiva científica N°
115-2023-IMARPE/DEC
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dan-por-concluida-la-designacion-de-gerente-general-de-insti-resolucion-n-115-2023-imarpedec-2189159-1/
En el contexto actual de suspensión de la primera
temporada de anchoveta 2023, y las expectativas de su pesca durante este año,
la opinión del IMARPE es fundamental y decisiva. En consecuencia, la Nación y
la pesquería peruana merecen una institución científica transparente, limpia y
sin cuestionamientos, que garantice que las decisiones políticas que toma el
Ministerio de basen en información científica incuestionable.
Los hechos descritos en los párrafos anteriores y
los que se muestran a continuación, sugieren que las decisiones que tome del
Ministerio de la Producción no serían lo transparentes que se requieren y
generan más dudas y preguntas.
¿Por qué el
Ministerio decide persistir en mantener sombras y dudas sobre su ente
científico al insistir en no cumplir el mandato del Decreto de Urgencia 015 y
mantener a funcionarios investigados en el ejercicio de cargos importantes y
relevantes para la administración de la pesquería?
“La fiscalía
archivo investigación a funcionarios de IMARPE acusados de falsear datos de
anchoveta para beneficiar a pesqueras en 2021
Después de más
de un año y medio de investigación, la Fiscalía del Callao consideró que los
audios y documentos entregados por un trabajador del Imarpe no prueban que
funcionarios de esa entidad del Estado manipularon las cifras del stock de la
anchoveta para que el Ministerio de la Producción establezca una cuota de pesca
que beneficie a las empresas de la Sociedad Nacional de Pesquería. El ingeniero
que denunció la adulteración de datos advierte que el magistrado no ha
escuchado las grabaciones ni valorado la abundante información científica que
le entregó. La Procuraduría Anticorrupción apeló el fallo del Ministerio
Público que archiva la investigación.
A pesar de los
audios y documentos que sustentan la denuncia de la Procuraduría Anticorrupción
sobre la adulteración de cifras del stock de anchoveta por funcionarios del
Instituto del Mar del Perú (Imarpe), para beneficiar a la industria pequera, el
Ministerio Público concluyó que no se ha podido acreditar un delito y archivó
la investigación que inició en marzo de 2020, tal como figura en la resolución
fiscal a la cual accedió Convoca.pe.
Ante ello, el
procurador regional de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios del Callao, Engie Herrera Yactayo, presentó una apelación para
que la Fiscalía Superior Especializada en Corrupción de Funcionarios del Distrito
Fiscal del Callao confirme o no el archivamiento de la denuncia.
Los
funcionarios del Imarpe denunciados son Renato Carol Guevara Carrasco, director
ejecutivo científico; Pedro Ramiro Castillo Valderrama, director general de
Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca; Luis
Ángel La Cruz Aparco, especialista de la Dirección General de Hidroacústica,
Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca; y Miguel Ángel Ñiquén Carranza, director
general de Investigaciones de Recursos Pelágicos. Este último falleció el 21 de
julio de 2021.
La Fiscalía
inició la investigación tras la denuncia formulada por la Procuraduría Pública
Anticorrupción, el 28 de febrero de 2020, contra los cuatro funcionarios del
Imarpe por la presunta adulteración de la información obtenida del Crucero de
Evaluación Hidroacústica, realizado del 29 de setiembre al 15 de noviembre de
2019 entre Tumbes y Tacna.
La procuraduría
sospecha que el presunto falseamiento de los datos se habría hecho con el
objetivo de que la medición de la biomasa de anchoveta figure con una cifra
mayor a la real. Así, las empresas dedicadas a la pesca industrial, agrupadas
en la Sociedad Nacional de Pesquería, podrían generar mayores volúmenes de
captura en detrimento de la sostenibilidad del recurso.
En octubre de
2020, esta denuncia fue acumulada con otra que presentó la Procuraduría del
Ministerio de la Producción, luego de que la entonces ministra Rocío Barrios se
enterara de irregularidades para la determinación de la biomasa de la anchoveta.
Según la
denuncia del ministerio, funcionarios del Imarpe no verificaron que se realice
una investigación científica adecuada para cuantificar el stock de este recurso
y constatar que el cálculo sea correcto. Además, se señala que hubo un atentado
contra el equipo informático de dicha entidad, que fue formateado por una
persona no autorizada.
El procurador
regional de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios del Callao, Engie Herrera Yactayo, apeló el archivamiento de la denuncia
contra las funcionarios del Imarpe".
Fuente:
https://convoca.pe/agenda-propia/fiscalia-archiva-investigacion-funcionarios-de-imarpe-acusados-de-falsear-datos-de
"Fiscal inicia investigación por lavado a
funcionarios de IMARPE el 15 de noviembre 2022
Decisión.
Autoridad busca determinar si personal del Instituto del Mar del Perú resultó
beneficiado económicamente, después de “inflar” la dimensión de la biomasa de
anchoveta, lo que favoreció a las empresas dedicadas a la producción de harina
de pescado.
El fiscal Mark
Alata Fernández inició investigación por presunto lavado de activos a cuatro
empresas pesqueras, dos funcionarios y un servidor del Instituto del Mar del
Perú (IMARPE).
Los
involucrados son el director ejecutivo científico de IMARPE, Renato Guevara
Carrasco; el director general de Investigaciones en Hidroacústica,
Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca, Ramiro Castillo Valderrama; y el
servidor Luis La Cruz Aparco, del Área Funcional de Hidroacústica.
Las compañías
relacionadas con el caso son Pesquera Diamante, CFG Investment, Tecnológica de
Alimentos S.A. (TASA) y Pesquera
Exalmar.
En 2020, la
Procuraduría del Ministerio de la Producción
(Produce) denunció penalmente que el personal de IMARPE manipuló
información sobre las dimensiones de la biomasa de anchoveta con la finalidad
que las autoridades de Produce autorizaran una cuota sobredimensionada de la
especie, y así favorecer a la industria de harina de pescado.
Una
investigación de La República también obtuvo la versión de testigos de IMARPE
que documentaron vínculos de personal de este organismo con empresas pesqueras,
a las que filtraban información sobre sus actividades reservadas, como el
proceso de medición de la biomasa de anchoveta.
Los
funcionarios involucrados de IMARPE informaron a las autoridades de Produce que
la biomasa de anchoveta alcanzaba los 8.3 millones, por lo que recomendaron una
cuota de pesca de 2.8 millones de toneladas para la segunda temporada de 2019.
La verdadera dimensión de la biomasa era de un promedio de 4 millones de
toneladas.
La Procuraduría
Anticorrupción también se sumó al caso y requirió a la Fiscalía Provincial de
Turno del Callao que inicie las pesquisas correspondientes. Sin embargo, el
fiscal especializado en Corrupción de Funcionarios, Óscar Vite Torre, resolvió
archivar la investigación por supuesta ausencia de pruebas. Lo cierto es que no
se tomó la molestia de prestarle atención a los audios aportados por los
testigos, entre otra abundante información incriminatoria.
El procurador
del Callao en materia de corrupción de funcionarios, Engie Herrera, apeló la
decisión del fiscal Óscar Vite. Entre otras razones, porque no valoró el
incidente que denunció Produce cuando hizo una inspección a IMARPE y detectó la
manipulación de información relacionada con la medición de la biomasa de
anchoveta.
Incluso uno de
los principales testigos, el ingeniero Miguel Flores Huamán, declaró que el
director general de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y
Artes de Pesca, Ramiro Castillo Valderrama, y el coordinador del Área Funcional
de Artes de Pesca, Pedro Romaní Matta, lo presionaron para que confesara si él
había sido quien filtró a la entonces ministra del Produce, Rocío Barrios, la
información sobre la manipulación de datos sobre la biomasa de anchoveta.
Castillo y Romaní actuaron por órdenes de Renato Guevara.
Sin embargo,
por haber contribuido a las investigaciones, el ingeniero Miguel Flores fue
sometido a un proceso administrativo disciplinario con la intención de
despedirlo.
De acuerdo con
la resolución fiscal, existen suficientes indicios de la presunta conducta
ilícita de los funcionarios de IMARPE, por lo que amerita determinar los
beneficios económicos que obtuvieron las empresas pesqueras mencionadas con la
determinación inflada de la biomasa de anchoveta y así incrementar la cuota de
pesca de dicha especie.
“Se desprende
que los funcionarios de IMARPE a través de presuntas conductas colusionarias se
estarían aprovechando de sus funciones en sus cargos públicos, para favorecer
en la extracción de anchoveta a las empresas pesqueras señaladas, teniendo en
cuenta que en dicha actividad se generan exorbitantes ganancias, no
descartándose que habrían recibido un porcentaje por parte de las pesqueras”,
señala el fiscal.
Por su parte,
la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) expresó su desacuerdo con la decisión
del fiscal Alata: “El Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada en delitos de lavado de activos desestimó este caso y
dispuso que no había lugar a iniciar una investigación”.
“Si en el
presente caso no existe delito, según lo confirma la propia Fiscalía, no se
entiende las razones que justifican el inicio de estas investigaciones por
lavado”, apuntó la SNP. En todo caso, garantizó que el gremio y sus empresas asociadas colaborarán con las
indagaciones fiscales.
Resolución
Mandato del
fiscal Mark Alata contra 3 servidores de IMARPE y 4 compañías pesqueras
harineras."
Fuente:
https://larepublica.pe/politica/judiciales/2023/02/11/ministerio-de-la-produccion-fiscal-inicia-investigacion-lavado-funcionarios-de-imarpe-anchoveta-corrupcion--366960
La apelación
del archivamiento de la denuncia anteriormente mencionada, terminó en que el 15
de noviembre de 2022, el caso 47-2022 en su disposición fiscal N° 04 dice:
“Lo dispuesto por el superior jerárquico, mediante
Disposición de fecha 20 de octubre de 2022, en la que se dispone se inicien las
diligencias preliminares contra Renato Caro! Guevara Carrasco, Pedro
Ramiro Castillo Valderrama, Luis Ángel
La Cruz Aparco, las personas jurídicas CFG INVESTMENT SAC, Pesquera
Diamante S.A., Pesquera Exalmar
S.A.A., Tecnológica de Alimentos
S.A., y los que
resulten responsables, por
la presunta comisión del delito
de Lavado de Activos en agravio del Estado.
En ese contexto, se ha tomado conocimiento que funcionarios
del IMARPE, durante los años 2018 y 2019, habrían manipulado datos
científicos para aumentar artificialmente la biomasa de anchoveta a 8,3
millones de toneladas y así inducir a
las autoridades a fijar una alta cuota de pesca para la segunda temporada del año 2019, todo esto, con el propósito de favorecer a la
industria de harina de pescado, por la cual las empresas pesqueras son las más
interesadas para su exportación hechos que se acreditarían con unos audios
existentes de conversaciones entre
funcionarios actuales del IMARPE y ex funcionarios de esta misma entidad que
ahora trabajan en las compañías pesqueras favorecidas e involucradas
Siendo así, habiéndose evaluado los hechos expuestos,
mediante la Disposición Nº 01 de fecha 04 de julio de 2022, se resolvió: "No procede formalizar y continuar investigación
preparatoria contra Renato Carol Guevara
Carrasco, Pedro Ramiro Castillo Valderrama, Luis Ángel La Cruz Aparco, las personas jurídicas CFG
INVESTMENT SAC, Pesquera Diamante S.A., Pesquera Exalmar S.A.A., Tecnológica de Alimentos S.A., y los que resulten responsables, por el delito de
Lavado de Activos en agravio del Estado,
disponiendo el archivo definitivo de los
actuados, una vez que quede consentido y/o ejecutoriado.
No
obstante, habiéndose elevado los actuados mediante la Disposición Nº 02 de
fecha 27 de julio de 2022,
a la Primera Fiscalía Superior
Nacional Especializada en
Delitos de Lavado
de Activos; mediante resolución
superior de fecha 05 de setiembre de 2022, se resolvió declarar FUNDADO el recurso impugnatorio (queja de derecho), interpuesto por la
Procuraduría Pública Especializada en Delito
de Lavado de Activos, en consecuencia, se declara NULA la Disposición Nº
01 de fecha 04 de julio de 2022, emitida
por este despacho fiscal, y se ordena iniciar investigación preliminar contra
Renato Caro! Guevara Carrasco, Pedro Ramiro Castillo Valderrama, Luis Ángel La
Cruz Aparco, las personas jurídicas CFG INVESTMENT SAC, Pesquera Diamante S.A.,
Pesquera Exalmar S.A.A., Tecnológica de Alimentos S.A., y los que resulten
responsables.
PRIMERO. INICIAR INVESTIGACION PRELIMINAR contra las
personas naturales de Renato Carol
Guevara Carrasco, Pedro Ramiro Castillo Valderrama, Luis Angel La Cruz Aparco y
contra las personas
jurídicas de CFG
INVESTMENT SAC con
RUC Nº 20512868046, Pesquera Diamante S.A. con
RUC Nº 20159473148,
Pesquera Exalmar S.A.A. con RUC
Nº 20380336384, Tecnológica
de Alimentos S.A. con RUC
Nº 20100971772, y los que
resulten responsables; en agravio del
Estado, representado por la
Procuraduría Pública Especializada en
Delitos de Lavado de Activos.
DECLARAR COMPLEJA la presente investigación preliminar y
DISPONER como plazo de investigación OCHO MESES
Más información en los siguientes links:
https://senaldealerta.pe/6538-2/
https://fb.watch/lmK7AbcJoF/
https://es.mongabay.com/2020/02/peru-crisis-en-imarpe-oportunidades-tras-el-decreto-de-urgencia/
https://www.lampadia.com/analisis/economia/la-ministra-de-la-produccion-en-su-laberinto/?print=pdf
https://www.inforegion.pe/268280/acusan-a-funcionarios-de-imarpe-de-haber-inflado-cuota-de-pesca-de-anchoveta/
https://lpderecho.pe/modifican-ley-instituto-mar-peru-imarpe-decreto-urgencia-15-2020/
https://www.servindi.org/actualidad-opinion/03/02/2020/aguas-movidas-en-el-instituto-del-mar-del-peru-imarpe
https://pescaymedioambiente.com/presidenta-de-la-snp-investigacion-a-imarpe-y-empresas-pesqueras-tiene-que-llegar-hasta-el-final/
https://gestion.pe/economia/produce-genera-tormenta-ante-cambios-que-pretende-en-imarpe-noticia/
Durante el presente año se ha venido describiendo la
lamentable situación de la capacitación y educación de la comunidad pesquera
artesanal, habiéndose difundido el lamentable estado de conservación de lo que
fue el Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita.
http://revistapesca.blogspot.com/2023/05/lo-que-fue-el-centro-de-entrenamiento.html
http://elmarabierto.blogspot.com/2023/06/antecedentes-de-la-fusion-del-cep-paita.html
http://pescasostenible.blogspot.com/2023/06/el-cep-paita-durante-los-primeros-meses.html
https://pescasostenible.blogspot.com/2023/05/el-ex-cep-paita-hoy-fondepes-en-2023.html
http://revistapesca.blogspot.com/2023/05/los-pescadores-artesanales-y-el-ex-cep.html
Afortunadamente, la congresista Silvia Monteza se
interesó en el tema y ha presentado una propuesta para cambiar esta situación y
mirar al futuro de los pescadores artesanales con realismo y optimismo.
Se ha presentado el Proyecto de Ley 05365/2022-CR
para crear el Centro de Entrenamiento Pesquero Artesanal del Perú.
Sumilla
PROPONE CREAR EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO
ARTESANAL DEL PERÚ Y GARANTIZAR LA CAPACITACIÓN EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA DE
LOS PESCADORES ARTESANALES Y OPERADORES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CONSUMO
HUMANO DIRECTO DE PESCADO, ELEVÁNDOLA A NIVELES DE COMPETITIVIDAD ADECUADOS.
El proyecto indica que se transfieran del Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero, al Centro de Entrenamiento Pesquero Artesanal,
todas las funciones correspondientes a la Dirección General de Capacitación y
Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal y la Dirección General de Capacitación y
Desarrollo Técnico en Acuicultura así como los bienes, pasivos, y personal que
actualmente labora en las unidades zonales de Paita e Ilo, dentro del plazo de
sesenta (30) días, contado desde la aprobación del reglamento de la presente
Ley.
El personal a ser transferido mantiene el régimen
laboral originario, sin que sus derechos se vean afectados por esta
transferencia.
El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES)
transfiere al Centro de Entrenamiento Pesquero Artesanal los recursos
presupuestales que correspondan a las funciones transferidas de Dirección
General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal y la Dirección
General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura.
Periodo
Parlamentario: 2021-2026
Legislatura: Segunda
Legislatura Ordinaria 2022
Fecha de
Presentación: 15/06/2023
La iniciativa de la Congresista de la República
SILVIA MARÍA MONTEZA FACHO tiene como coautores a los siguientes congresistas:
Doroteo
Carbajo, Raúl Felipe
Mori Celis,
Juan Carlos
Martínez
Talavera, Pedro Edwin
Paredes
Fonseca, Karol Ivett
López Ureña,
Ilich Fredy
Espinoza
Vargas, Jhaec Darwin
Aragón
Carreño, Luis Ángel
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTA5NDE4/pdf/PL0536520230615
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/5365
El día de hoy, viernes 16 de junio, la Congresista
Silvia Monteza realizó una visita inopinada a las instalaciones de la zonal Paita
del FONDEPES, lo que una vez fue el Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita.
Constató en el terreno la realidad y la situación de
abandono de la infraestructura de la instalación, tema que ha sido objeto de
múltiples artículos y comentarios en los últimos dos meses.
También tomó contacto con el personal y escuchó
directamente sus problemas, necesidades y frustraciones.
El día de hoy también presentó el proyecto de ley 5362/2022-CR
que crea el Centro de Entrenamiento Pesquero Artesanal del Perú, sobre la base
de estas instalaciones y de su personal, devolviendo a su origen una entidad
que jamás debió ser fusionada y mucho menos dirigida por funcionarios sin
compromiso con la pesca artesanal, sin mística ni vocación de trabajar por el
futuro y no solo para la foto del momento.
De esta manera la congresista evidencia un genuino
interés en la problemática de esta institución y de la pesca artesanal. Es de
esperar que la Comisión de Producción debate este proyecto a la brevedad y que
sea aprobado por el Pleno del Congreso.
La visita inopinada de la Congresista Monteza a las
instalaciones del Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita le permitió
constatar el estado del Simulador de Pesca y Navegación, de la Planta de
Procesos, Congeladores, del techo del muelle, Piscina, Pintado del Auditórium,
y Bus de alumnos y personal, así como de
las Embarcaciones para faenas de instrucción. La falta de mantenimiento, debida
básicamente al recorte presupuestal desde hace más de 5 años, no exonera de
responsabilidad ni de desinterés a sus autoridades.
En el escenario
climático y oceanográfico actual, es probable que estemos asistiendo a una
nueva pesquería en el Perú. Probablemente la pesca no volverá a ser tal como la
conocemos.
¿Qué tan grave
podría ser?
Cuando la industria
y/o la prensa dicen que la suspensión de la primera temporada de pesca de
anchoveta 2023 tendrá un impacto sobre la economía del país, solo se menciona
el tema desde la óptica de los ingresos totales por exportaciones, pero no se
menciona el destino de ese dinero, es decir en qué se emplea.
En 2021 (no hay estadística
oficial del 2022 todavía), se exportó casi US$ 2,400 millones en productos de
harina y aceite de pescado. Y casi US$1,500 millones en productos de CHD. Ese
dinero producido por las exportaciones
de harina y aceite de pescado constituyen un ingreso del exportador y van a las
cuentas bancarias de los exportadores.
De ahí, de acuerdo a
la normativa vigente, en su momento se abona al Tesoro Público la cifra que corresponde
como impuesto a la renta de tercera categoría y a la cuenta de Produce lo
correspondiente a los derechos de pesca. Sin embargo, las cifras
correspondientes no se encuentran visibles en ninguna parte, por lo cual no se
puede conocer con precisión cuánto realmente aportó la industria a la Nación.
También se paga el
IGV, pero esta cifra se le devuelve al exportador como beneficio.
Existen aportes
laborales, en el caso de la industria harinera, pero solamente benefician al
sector laboral y provienen de acuerdos entre las partes, salvo el US$1.95
establecido por el DL 1084, pero que ya dejó de tener vigencia.
Los pagos al
programa de vigilancia y control de las actividades acuáticas fueron
establecidos por el DL 1084 con la conformidad de la industria, dado que esa
norma no fue redactada por el Ministerio de la Producción; pero eso es otra
historia sobre la cual a veces la industria reclama olvidando el origen de la
norma. Esto compete solamente a la industria harinera.
Solamente el IGV y
el impuesto a la renta de tercera categoría constituyen impuestos que
finalmente se destinan a la Nación en general.
En el caso de la
industria de CHD la situación es similar con la diferencia que además de la
devolución del IGV reciben un Drawback que es una especie de incentivo a la
exportación. Por otro lado, la principal especie de exportación, que es la
pota, al ser captura por la pesca artesanal, no paga derechos de pesca.
Los “derechos de
pesca” son el justiprecio que el extractor paga a la Nación por el privilegio
de usufructuar un recurso natural que es propiedad de todos los peruanos. La
mitad queda a disposición de PRODUCE para ser gastado de acuerdo a la
normatividad vigente y la otra mitad va al canon pesquero.
El ciudadano peruano,
propietario del recurso pesquero, recibe un beneficio derivado de la extracción
del mismo a través de los tributos como la renta de tercera categoría en este
caso y los derechos de pesca.
Los demás costos que
tiene la industria no benefician al país en su totalidad sino tan solo a las
entidades que los administran y a una porción de trabajadores.
Es destacable el
empleo directo e indirecto que genera la pesca pero ¿qué tan grave puede ser la
situación para la nación en su totalidad y para el Estado en términos de
ingresos reales en un escenario sin harina ni aceite de pescado?
La industria de
consumo humano directo está a la expectativa de la aparición de nuevas especies
y de las posibilidades que el nuevo escenario puede ofrecer, así que ¿es tan
mala o grave la situación para el sector o solo para la industria reductora de
harina de pescado?
La pesca debe
beneficiar a todo el país y no tan solo a unos cuántos, sean entidades públicas
o privadas.
El 9 de Junio, el gobierno ha
publicado su tercer informe bimensual de avances de gestión, el cual puede
leerse en el siguiente link:
https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/4301059-tercer-informe-bimensual-de-avances-de-gestio
Las siguientes imágenes muestran los avances mostrados por el Ministerio
de la Producción, los cuales pueden apreciarse dos cuadros referidos a la pesca,
el 4 y el 5.
Lo que esto evidencia es que la atención del Ministerio ha estado más
concentrada en la MIPYMES, que refleja avances interesantes. Pero en la pesca, apenas
muestra los resultados del programa A Comer Pescado, que debe ser fruto de su
Plan Operativo Anual y el subsidio otorgado a los pescadores artesanales a
través del Bono de Pescador Artesanal.
Existen temas de fondos y de coyuntura en la pesca que no han sido
contemplados, sino se estarían reflejando en algún logro, lo que no está
ocurriendo.
Entre otros temas y problemas, sobre los que no se mencionan logros ni
siquiera avances, pudiendo ellos significar desconocimiento real o forzado del
asunto, podemos mencionar:
abandono de la función de capacitación por parte del FONDEPES;
incumplimiento del DU 015-2020 que dispone la formulación de un nuevo ROF
del IMARPE, el cual está en poder del Ministerio desde diciembre de 2022 ya que
la entidad está operando sin un ROF adecuado al Decreto de Urgencia 015 y con
un presidente en funciones que, de acuerdo a la propia norma, carecería de
legitimidad para el ejercicio del cargo, en vista de que no cumple los
requisitos dispuestos en la ley orgánica de la entidad ni en el DU;
situación de la formalización de las embarcaciones pesqueras artesanales;
la transferencia de la función j) del artículo 52° de la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, respecto a “vigilar el estricto
cumplimiento de las normas vigentes sobre pesca artesanal y su exclusividad
dentro de las cinco millas marinas;
mayor investigación de recursos pesqueros en aguas adyacentes al dominio
marítimo y dentro del mismo;
conclusión del proceso de transferencia de competencias y activos a los
GOREs, desligando al Ministerio de la Producción de las funciones transferidas;
la administración de los DPAs constituye un problema que pretendió ser
resuelto mediante normas que, además de haber sido objetadas por algunos
gremios artesanales, no forman parte de una solución integral a las necesidades
de la pesca artesanal;
proyecto de nueva Ley de Pesca y Acuicultura.
La Congresista Silvia
Monteza ha hecho suyo un proyecto de ley para resolver el asunto de la
capacitación pesquera artesanal y que involucra al ex Centro de Entrenamiento
Pesquero de Paita, por lo que tiene en
sus manos la posibilidad de restituir para el sector pesquero artesanal, una
institución olvidada y menospreciada por las autoridades pesqueras del Perú de
los últimos doce años, en especial de la actual.
http://revistapesca.blogspot.com/2023/05/en-relacion-al-lobby-y-la-pesqueria.html
La
decisión de fusionar el CEP Paita con el FONDEPES fue fatal para la Institución
y se agravó por el olvido y desinterés de todos los jefes del Fondepes que
fueron designados. Por un breve espacio de tiempo de abril a diciembre de 2010
y desde octubre de 2011 hasta el día de hoy. Carentes de experiencia en pesca y
conocimiento, así como sin mística ni vocación de servicio por la pesca
artesanal, olvidaron la atención a la solución de los problemas creados por la
fusión y se concentraron en convertir al FONDEPES en una empresa constructora.
El crecimiento de presupuesto para la construcción de desembarcaderos fue grande,
probablemente motivado por la ambición de obtener réditos políticos, pero no
fue acompañado de una construcción que haya satisfecho a los usuarios. La foto
de un DPA vende más que la foto de una actividad de capacitación. El crecimiento
de personal también fue grande.
Mediante
Decreto Supremo Nº009-2007- PRODUCE de fecha 02-Abr.2007 se aprobó la fusión
por absorción del Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita (CEP PAITA) con el
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), como entidad incorporante
En
cuanto al presupuesto de FONDEPES es obvio que los incrementos post fusión no
fueron para la actividad de capacitación, sino para construcción y mejoramiento
de desembarcaderos. Ha evolucionado de la siguiente manera:
En 2008 fue de S/. 56,016,853
En 2009 fue de S/. 114,215,653
En 2010 fue de S/. 37,478,766.
En 2011 fue de 34,391,320
En 2012 fue de 42,590,852
En 2013 fue de 80,674,314
En 2014 fue de 104,822,199
En 2015 fue de 115,707,627
En 2016 fue de 72,214,724
En 2017 fue de 146,441,630
En 2018 fue de 144,556,139
En 2019 fue 135,773, 725
En 2020 fue 137,600,876
En 2021 fue de 107,951, 801
En 2022 fue de 105,906,562
Finalmente en 2023 es de S/. 133,289,525
El CEP Paita tuvo en sus
últimos años un presupuesto relativamente bajo; pero con el cual desarrolló una
extraordinaria labor de capacitación que incluyó cursos para alumnos que
vinieron del extranjero. En lugar de fusionarlo, debió haber recibido un
incremento de presupuesto a nivel de diez millones para mantener su categoría de
Organismo Público.
El presupuesto con el que
operó sus últimos años fue el siguiente:
En
2004 5,258,856
En
2005 6,471,185
En
2006 6,523,811
En
2007 4,605,617
En 2009 su presupuesto fue
incorporado al FONDEPES mediante la Resolución
Ministerial Nº 669-2008-PRODUCE
de fecha 29.08.08, que declara la
desactivación y extinción del CEP-PAITA, habiéndose efectuado el Cierre
de la Información Financiera al mes de
Setiembre de 2008 y la Liquidación al mes de octubre del mismo año, encontrándose
dicha información incorporada íntegramente en los Estados Financieros de
la Entidad incorporante.
Como
consecuencia de la mencionada fusión, el CEP-PAITA ejecutó su presupuesto
institucional asignado en el período de enero a octubre de 2008, para luego
transferirlo al FONDEPES a partir del mes de noviembre del 2008.
El Centro de Entrenamiento
Pesquero Paita ha sido un referente histórico en la pesca artesanal peruana en
la medida que muchos pescadores han sido formados en esta entidad y guardan
especial afecto por la misma. Su accionar a nivel nacional lo hizo merecer
reconocimiento e identificación nacional, habiéndose convertido en una “marca”
que representa vocación de servicio y calidad educativa. Los cursos
internacionales dictados le dieron una imagen que trasciende las fronteras.
El proceso de fusión no ha
podido borrar del inconsciente colectivo de la comunidad pesquera ni el nombre
de la entidad ni a las personas que laboraron y laboran en ella. Esta entidad
es probablemente de las pocas en las cuales permanecen sus instructores y
personal operativo y administrativo desde el origen. No se ha incorporado, como
en otras entidades del sector público gran cantidad de personal bajo el régimen
CAS ni como locadores de servicio. Esto le da una identidad cultural y
organizacional propias y únicas. La formación de origen japonés recibida por
sus miembros y la constante presencia y participación en la entidad de la
cooperación japonesa, les da una característica singular que los hace
diferentes a sus pares de otras entidades del sector. Esta particularidad se ve
favorecida por su ubicación geográfica, lejos de Lima y de otras instituciones
públicas y en una provincia en contacto directo y diario con los pescadores
artesanales a quienes brinda servicios. El aislamiento ha provocado un ambiente
con ventajas aunque también algunas desventajas.
Tampoco se ha podido borrar
del sentir de cada uno de sus integrantes, sus vínculos ni sus orígenes, siendo
el motivo principal por el cual la fusión no ha podido, hasta ahora integrar al personal del FONDEPES con el del ex CEP Paita.
Son culturas
organizacionales distintas básicamente, además de los problemas administrativos
creados por la fusión y no resueltos hasta ahora.
La comunidad pesquera
artesanal y la población local rechaza hasta el día de hoy el acto de la
fusión, que pese al tiempo transcurrido, no ha sacado ni el nombre CEP Paita ni
su accionar de la memoria colectiva.
RESEÑA
En
las décadas del 60 al 80, los sectores productivos del Perú, el sector
industrial y agropecuario, contaban con instituciones que cubrían la demanda
del mercado laboral con personal muy bien preparado, como el SENATI y el INIIA.
El sector pesquero artesanal carecía de una entidad que capacitara a la gran
masa de pescadores, que tenía niveles educativos muy bajos. En este escenario,
surge la idea del proyecto Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita
(CEP-PAITA), con la cooperación
internacional del gobierno de Japón.
Fue
creado mediante Ley N° 25066. Su Estatuto fue aprobado por Decreto Supremo N°
003-91-PE del 29.10.91 y su modificatoria efectuada a través del Decreto
Supremo N° 003-97-PE del 25.04.97. Posteriormente a través del Decreto Supremo
N° 008-91-PE, con la finalidad de asegurar el cabal cumplimiento de los
objetivos y metas se precisó la Personería Jurídica de Derecho Público Interno,
con Autonomía Administrativa, Económica, Técnica y Académica.
El
CEP- PAITA nace como un Organismo Público Descentralizado, cuyo objetivo
principal ha sido el de capacitar a los pescadores artesanales de la
Republica de Perú. El D.S N° 01 – 94-PE,
Reglamento de la Ley General de Pesca, denominaba al CEP PAITA, por encargo del Ministerio de
Pesquería, como “el Ente
Ejecutor de los programas de Capacitación Científica y Tecnológica en Beneficio
de la Pesquería Artesanal”
El
Ministerio de Pesquería, procedió a
construir parte de las instalaciones del Centro de Entrenamiento y para su
culminación se solicitó la Cooperación Financiera No Reembolsable con el
Gobierno de Japón, a través de la Cooperación Técnica Internacional del Japón
(JICA). Se convirtió en el primer centro de capacitación para los pescadores
artesanales en materias de pesca, navegación, seguridad en el mar y motores
marinos.
El
14 de julio de 1987, mediante Resolución Ministerial N° 213-87- PE, se aceptó
la Cooperación Financiera No Reembolsable de parte del Gobierno de Japón, por
un importe de Yenes 1’241, 000,000.00 (Mil Doscientos Cuarenta y Un Millón de
Yenes), equivalente a USA $ 10’800,000.00 (Diez Millones Ochocientos Mil
Dólares Americanos)
El
29 de junio de 1988 fue inaugurado el Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita
(CEP-Paita)
El
25 de agosto de 1988, representantes de los gobiernos de Perú y Japón, firmaron
el Acta de discusiones de Cooperación Técnica para el Proyecto CEP- PAITA, por
un periodo de cinco años, que incluía EL PLAN MAESTRO: 1989-2004, con la
participación de Expertos de Japón y Profesionales del Perú como contraparte.
El
Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita tuvo por finalidad desarrollar
programas para intensificar la capacitación, formación y entrenamiento de los
Pescadores Artesanales y así contribuir al Desarrollo Pesquero de la República
del Perú. Tuvo como objetivo lograr el avance de la Pesquería Artesanal a
través de los Técnicos y Asesoramiento en Tecnología Pesquera obtenida a través
del Convenio con el JICA; y del desarrollo de cursos de Extensión a Pescadores
con sede en las diversas comunidades y gremios de pescadores, además de
promover Modelos Empresariales de Desarrollo de la Actividad Pesquera
Artesanal.
Siendo
función de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas el cumplimiento de
todas las disposiciones contenidas en los Convenios y Tratados Internacionales
ratificados por el Gobierno, con el afán de elevar el nivel académico del
personal de pesca formalizó mediante Convenio con el Centro de Entrenamiento
Pesquero de Paita (CEP-Paita) el Funcionamiento en el Litoral como Centro de
Instrucción Acuática para el dictado de los siguientes cursos: Formación para
Marinero de Pesca Artesanal, Formación para Marinero de Pesca Calificado,
Actualización para Patrones y Motoristas de Pesca, Tercer Motorista y Patrón de
Pesca de Tercera.
El
CEP Paita, acorde con las exigencias de la normatividad nacional, así como a lo
dispuesto en el Convenio de Formación, Titulación y Guardia para el Personal de
los Buques Pesqueros 1995 (STCW-F-1995) cumplió con la formación y capacitación
de los pescadores artesanales cuyos cursos autorizados son previamente
revisados y evaluados en cuanto a syllabus, horas académicas, prácticas y otros
que sean necesarios.
La ejecución del Proyecto “Pesca Responsable: Desarrollo de la Anchoveta para Consumo Humano Directo” por FONDEPES a través del CEP PAITA, ha permitido promocionar el consumo del producto “Saladita de Anchoveta” en diversos platos preparados en 22 comedores populares, 6 PRONOI y 7 Instituciones Educativas, donde se distribuyeron 57,504 raciones de “Saladita de Anchoveta” beneficiándose 2,923 pobladores de las Provincias de Ayabaca y Huancabamba de la Región Piura. Así mismo, en la Provincia de Paita se ofrecieron 650 refrigerios de anchoveta en las Instituciones Educativas de primaria y secundaria. El resultado de la ejecución del Proyecto es haber logrado la aceptación de los platos preparados en base a “Saladita de Anchoveta” en los distritos promocionados de las Provincias de Ayabaca y Huancabamba de la Región Piura.
El proyecto mencionado, que en su momento fue un referente importante de la utilización de la anchoveta para contribuir a reducir los índices de desnutrición y anemia infantil, en forma simultánea a cursos de capacitación, no ha tenido continuidad desde que terminó el proceso de fusión.
Para
mejor entendimiento ver los siguientes links:
http://revistapesca.blogspot.com/2023/05/en-relacion-al-lobby-y-la-pesqueria.html
http://revistapesca.blogspot.com/2023/05/los-pescadores-artesanales-y-el-ex-cep.html
https://pescasostenible.blogspot.com/2023/05/el-ex-cep-paita-hoy-fondepes-en-2023.html
https://pescasostenible.blogspot.com/2023/03/la-agonia-del-cep-paita.html
https://www.calameo.com/read/000453377b1600a28c7dd?page=1
http://elmarabierto.blogspot.com/2023/06/antecedentes-de-la-fusion-del-cep-paita.html
http://pescasostenible.blogspot.com/2023/06/el-cep-paita-durante-los-primeros-meses.html
Nos hemos convertido en un
“Estado empírico”, copado por miles de intereses particulares a los que poco o
nada les importa el interés nacional.
La indiferencia del Estado
para con la pesquería, en especial la artesanal, ¿se deberá acaso a la
existencia de algún poder fáctico o lobby que maneja el sector desde las
sombras, orientando las acciones necesarias para sus propios intereses en
desmedro de otros? ¿Es por la inexperiencia y desconocimiento del sector
pesquero por parte de los funcionarios sectoriales? ¿O hay alguna otra razón?
Es un tema para reflexionar.
La razón para el fracaso de
muchas gestiones podría deberse a la falta de motivación, de mística y a la ausencia
de voluntad de servir al sector, el mismo que tiene que ser debidamente
conocido por la persona que acepta un cargo, pensando en el país y en las
necesidades sectoriales antes que en sus intereses personales.
Temas críticos e
importantes, como el abandono de la función de capacitación por parte del
FONDEPES, tienen su origen en la designación de funcionarios indebidos,
carentes de experiencia y de mística por la pesca. La indebida fusión del ex
CEP Paita con esta entidad, tiene su origen, también, en la presencia de
funcionarios ajenos al sector sin conocimiento alguno pero con poder de
decisión. En este caso en particular lo que corresponde es devolver la
autonomía a la entidad responsable de la capacitación pesquera artesanal a
través de la creación de un nuevo OPE en base a lo que fue el CEP Paita. Ya es
evidente que las gestiones del FONDEPES en los últimos once años han destruido
prácticamente la capacitación de los pescadores artesanales, con la obvia venia
o indiferencia del Ministerio.
En la
reunión sostenida en el Congreso
de la República del día miércoles 24 de
Mayo del presente año , entre
representantes de las OSPAS del Puerto de Paita y el Secretario
General del Sindicato de Atuneros del
Perú con la Vicepresidente del Poder Legislativo Dra. Silvia Monteza
Facho se le ha hecho una propuesta por
el cual se debe restablecer la importancia de la capacitación
de los pescadores artesanales a través de un proyecto de ley mediante el cual
se crea el Centro Pesquero Artesanal del Perú en base a lo que fue el ex CEP
Paita. Este proyecto, que la congresista Silvia Monteza ha hecho suyo es un
borrador para que se revise, evalúe, mejore y perfeccione, ya que la iniciativa
de presentar proyectos de leyes no es competencia de los gremios.
El asunto que complica la
administración y desarrollo de la pesquería es que todas las autoridades que
vienen siendo designadas en el sector Producción desde hace mucho tiempo, son
temporales, asumen sin conocimiento ni experiencia de pesca, y se van tan
rápido que ni aprenden ni tienen tiempo de hacer cosas de fondo en beneficio
del sector. La velocidad de rotación de estos funcionarios es tan alta que no
vale la pena conversar con ninguno de ellos.
Otro asunto abandonado por
razones inexplicables es la demora en la promulgación del Decreto Supremo que
aprueba el nuevo ROF del IMARPE. ¿Qué oscuras razones pueden existir para
insistir en mantener el actual estatus de esa institución que los impele a
incumplir abiertamente el DU 015 que tiene fuerza de ley?
La coyuntura actual, en
relación al sector pesquero en términos generales, nos muestra un escenario
interesante de observar para entender lo que podría estar pasando y lo que
podría ser una forma de solución del estancamiento de la pesca artesanal:
El Sr. Morgan Quero es Licenciado en Ciencias Políticas con mención en
Economía y Políticas Sociales por el Instituto de Estudios Políticos de Grenoble; tiene una Maestría en Ciencias
Políticas con especialidad en Comunicación, tecnología y poder por la
Universidad de París y es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales
por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Fue Asesor y Coordinador de Asesores en la Rectoría Universidad
Nacional Autónoma de México - UNAM del 2004 al 2013.
Ha sido jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Cultura en 2016
Ha sido Asesor III del Despacho
Ministerial - Director General de Educación y Doctrina (e) en el Ministerio de
Defensa en 2017 y 2018.
Fue designado Jefe del
Gabinete de Asesores del Ministerio de la Produccion con la RM 148-2018/PRODUCE
del 6 de abril por el entonces Ministro Daniel Córdova,
quien fue designado con fecha 2 de abril de ese mismo año.
Este ministro solo duró
hasta el 25 de abril, cuando fue reemplazado por Raúl Pérez Reyes Espejo, quien
a su vez designó a Morgan Quero como jefe del FONDEPES el 22 de junio de 2018,
permaneciendo como asesor hasta ese momento.
Ha sido Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
en 2022
Ha sido asesor del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE en 2021.
Ha sido jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Educación en
2020.
El 16 de febrero de 2022
el Sr. Morgan Quero es designado Jefe del Gabinete Técnico de la Presidenta de
la República Dina Boluarte. Antes se venía desempeñando como jefe de
Gabinete de asesores de Dina Boluarte cuando fue Ministra del MIDIS. La
acompañó en palacio al asumir la presidencia de la república hasta ser
designado Jefe del Gabinete Técnico.
El 26 de enero de 2023 el
Sr. Raúl Pérez Reyes es designado Ministro de la Producción.
Es presumible que la
designación de Pérez Reyes obedezca a la recomendación de Morgan Quero, ya que
este último fue designado jefe de FONDEPES por Pérez Reyes en su anterior
gestión como Ministro. La relación es evidente.
Pérez Reyes ya fue
ministro en el gobierno de Vizcarra y no hay mayor recuerdo de sus hechos en
beneficio del sector.
El 30 de abril de 2018, fue nombrado y posesionado por el presidente
Martín Vizcarra, como ministro de la Producción del Perú. Mantuvo este cargo
hasta el 11 de marzo de 2019.
El 26 de enero de 2023, fue nombrado y posesionado por la presidenta
Dina Boluarte, como ministro de la Producción del Perú.
Inició su carrera como funcionario público en temas de Políticas de
Competencia en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), que es la autoridad de
defensa de la competencia en Perú, hasta noviembre de 1999, luego hasta abril
de 2003 fue miembro del consejo directivo del Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).
Luego ingresó a trabajar a la Gerencia de Estudios Económicos del
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), donde
fue titular desde abril de 2005 hasta enero de 2011.
Entre abril de 2004 a julio de 2007, se desempeñó como Director de
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).
De febrero a julio de 2011 ocupó el cargo de Director General de la Asociación
Peruana de Autores y Compositores (APDAYC).
Desde agosto de 2011 hasta diciembre de 2014, se desempeñó como
viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Luego fue viceministro de Energía del Ministerio de Energía y Minas, entre
marzo de 2015 y febrero de 2017.
A partir de marzo de 2017 hasta marzo de 2018 trabajó en APDAYC, como
Director de Asuntos Económicos y Financieros, y luego como Director General
Adjunto. El 6 de abril de 2018, se desempeñó como viceministro de MYPE e
Industria, y desde el 30 de abril del mismo año asumió el despacho del
Ministerio de la Producción hasta marzo de 2019.
También ha sido director de los Servicios Postales del Perú (Serpost)
En el ámbito académico, ha sido docente de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima y la
Universidad ESAN.
El semanario Hildebrandt en
sus trece del 12 de mayo 2023 menciona, entre otras cosas, lo siguiente:
“El ministro de
la Producción, Raúl PérezReyes, tiene en casa un grave conflicto de interés:
su esposa comparte directorios con Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad
Nacional de Pesquería.
La Sociedad
Nacional de Pesquería se ha metido cama adentro en el gobierno. No sólo por la
amistosa relación que han entablado su presidenta, Cayetana Aljovín, y Dina
Boluarte, sino por los vínculos familiares del ministro de la Producción, Raúl
PérezReyes, casado con Isaura Delgado Brayfield.
Aljovín y Delgado
son integrantes del consejo directivo de la Asociación Civil Base Perú, una
institución que promueve el comercio y la certificación internacional de
empresas. "La alianza empresarial de cooperación públicoprivada más
grande del mundo", dice el eslogan comercial de Base, cuya sede principal
está en Miami.
Desde diciembre
del 2021 Delgado es la presidenta de Base y Aljovín hace las veces de vocal.
Tienen mandato hasta fines de este año.
La dupla AljovínDelgado
también comparte mesa de trabajo en la
Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM). Delgado es la gerenta general y
Aljovín es la vicepresidenta de su
centro de arbitrajes.
La esposa de
PérezReyes tiene también una consultora en temas legales y de comunicaciones
llamada Retórika.
Cayetana Aljovín
es una de las empresarias que tiene
comunicación fluida con la presidenta Dina Boluarte. Han tenido al menos
ocho reuniones: seis cuando Boluarte era ministra del MIDIS y dos cuando ya
estaba instalada en Palacio de Gobierno.
La primera de las
citas de Boluarte y Aljovín fue el 20 de
enero del 2022 en el MIDIS.
Una semana
después estuvieron juntas en Chancay repartiendo víveres a los pescadores
afectados por el petróleo que · derramó Repsol. En julio y septiembre de ese
mismo año Aljovín y Boluarte también estuvieron entregando pescado en Villa
María del Triunfo y Carabayllo.
Desde que se
enfundó la banda presidencial, oficialmente, Boluarte recibió a Aljovín en dos
ocasiones. Una, el 6 de enero de este año, la otra el último 9 de marzo, en el
marco del encuentro del Consejo Empresarial PerúChile.
La hoy mandamás
dela SNP fue anteriormente ministra del MIDIS y pasó también por las carteras
de Energía y Minas y Relaciones Exteriores. Actualmente es socia de la
consultora peruanodlilenaAzerta, que da asesoría en temas de crisis y
comunicaciones.
Aljovín es,
además, integrante de los directorios de Interbank, TemoFast, Comité de Pesca
de la Confiep y del Consejo Privado Antícorrupción (CPA).
También es asidua
visitante del Ministerio de la Producción. En lo que va del año ha estado diez
veces en la sede central. Una fue para visitar a la exministra Sandra Belaunde,
tres para conversar con el actual ministro Raúl PérezReyes, en cinco ocasiones
fue al despacho de la viceministra de Pesca Desilú León, y registra una cita
con JavierGaviola Tejada, director de
Supervisión y Fiscalización de Pesca y Acuicultura”.
Más información puede apreciarse en el siguiente link:
http://revistapesca.blogspot.com/2023/04/peru-la-pesca-el-lobby-y-los-poderes.html
https://elfoco.pe/2023/04/reportajes/los-clientes-negocios-y-amigos-de-cayetana-aljovin/
Martha Meir, en su columna
del diario Expreso expresó el pasado 27 de mayo, que:
La semana pasada el periodista Eloy Marchán publicó una nota, en
Hildebrandt en sus Trece, sobre la presión ejercida a Boluarte por las
pesqueras industriales, a través de lobistas. La intención era pescar dentro de
las dos millas marinas, un poco más y en la orilla para llevarse la arena y los
muy-muy, y un poquitito más a los veraneantes con sombrillas y todo.
Acostumbrados los periodistas a ser pesimistas en este país de sombras,
muchos dimos por hecho que la presidenta Boluarte cedería. Esto porque, además,
no cuenta con profesionales competentes en el tema: su Ministro de la
Producción, es un eterno funcionario del Estado que fue director de la
Asociación Peruana de Autores y Compositores, APDAYC (ajá APDAYC) y como
viceministra de pesquería tiene a una abogada con 25 años de pasearse por
cuanta oficina tiene el Estado: Úrsula Desilú León Chadín, quien fue secretaria
general de la Presidencia del Consejo de Ministros durante la gestión del patea
puertas Salvador del Solar y continuó en el cargo tras la disolución del
Congreso hasta ser nombrada “secretaria técnica de la Comisión Multisectorial
de Alto Nivel contra el COVID-19”, por Martín Vizcarra, el responsable de la
muerte de más de 200 mil compatriotas por su corrupto manejo de la pandemia.
Curiosa y afortunadamente,
en este caso la ley ha sido promulgada pese a todo el lobby en contra. Es
evidente que la decisión de la presidenta ignoró a quienes probablemente
opinaban en contra y se escuchó solo a sí misma, o ¿a quién y por qué?
https://www.expreso.com.pe/opinion/boluarte-y-el-mar/
¿Puede el futuro pesquero
del Perú estar en las manos de funcionarios temporales sin mayor legitimidad
que una resolución que los designa? ¿Sin visión de país, carentes de la
experiencia necesaria y de decencia intelectual, amorales y sin agenda de largo
plazo, sino tan solo los intereses gestionados por lobistas y/o poderes
fácticos sin escrúpulos, que en la práctica se convierten en los verdaderos
hacedores de las normas?
El funcionario público
designado debe tener capacidad, habilidad y actitud. La experiencia debe
medirse por los resultados y no por los años de ocupar diversos cargos dentro
del Estado reciclándose gobierno a gobierno como ocurre generalmente en nuestro
sistema.
Podrá haber nuevos
gobiernos, nuevas autoridades, mejores o peores; pero los funcionarios que se
nombran en cada nueva administración, generalmente son los mismos que ya usaron
en otros puestos y pertenecen a un grupo de personas las cuales, como manada de
lobos, se reciclan, mutan y se alimentan del Estado. Se ocultan en la espesura
en espera de la oportunidad de saltar sobre un nuevo puesto público. Cual
cardúmenes de peces en busca de aguas propicias por su temperatura y
oxigenación, estas personas migran, se protegen y acomodan entre ellas.
El trabajo del cual el
funcionario aduce tener experiencia, debe medirse por sus resultados. La
experiencia no puede medirse por los años en los cuales se calienta un asiento
en diversos puestos del aparato estatal o sectorial. Puede haber pasado ese
tiempo dedicado a servir a sus ambiciones propias, a intereses personales y/o
de parte, antes que a los del sector y del país.
Esa “experiencia”, sumada a
una acumulación de títulos, es insuficiente para ejercer un cargo público, si
es que no va acompañada de decencia, honestidad y un alto nivel de ética y
moralidad. Un corrupto perfectamente capacitado y entrenado, seguirá siendo
corrupto. Sus títulos no lo convierten en un funcionario comprometido con el cargo,
ni lo vuelven decente, ni le dan la mínima estatura moral que se requiere.
La historia de la
administración de la pesquería en el Perú, nos muestra cómo es que se le puede
mantener invisible y relegada, gracias en gran medida, a la falta de visión,
experiencia y compromiso de las autoridades que son designadas para ocupar
cargos sobre los cuales no poseen la más mínima idea, careciendo de la voluntad
necesaria para hacer algo que perdure en el tiempo para beneficio de las
mayorías.
Existen funcionarios y
personas que caminan en manada, rotan de líderes a subordinados y viceversa, de
acuerdo a las circunstancias. Están siempre acechando los cambios de
autoridades para ver donde se ubican los amigos, a fin de recolocarse ellos
también y seguir parasitando al erario público sin ofrecer, en contraparte, un
servicio de calidad. Carentes de decencia intelectual y moral, poseen, de
alguna manera, una experiencia en la administración pública, han aprendido de
gestión pública y se han especializado. Sin embargo, eso no los convierte en
conocedores de los temas del cargo y/o sector en el cual operan. Disimulan su
desconocimiento de los temas sectoriales, camuflan sus verdaderos intereses; no
evidencian ni preocupación por el sector ni vocación por resolver sus problemas.
Esa experiencia no les concede necesaria, ni automáticamente, la estatura
moral, honestidad y decencia intelectual que requiere todo funcionario público
digno.
En el tiempo más o menos
corto que dura el cargo, siempre pretenden alargarlo adoptando una conducta
complaciente. Porque grande es el temor de que no se le renueve el contrato o
se le retire la confianza. Por ello no hay que dar la contra, no hay que
discutir, no hay que opinar, sino flotar y durar el máximo tiempo posible.
El problema de fondo, es el
sistema, el cual pregona bondades y libertades que son, precisamente, las que
incuban a una clase de personas que devienen en inadecuadas e incapaces para
dirigir el propio sistema, el cual genera una clase política que convierte a la
política y al sistema de gobierno en una forma de vida insana, amoral,
indecente. Favorece la aparición de personas que empiezan una guerra de
intrigas, manipulación y contubernios por obtener cargos, para asegurarse a sí
misma ventajas económicas y sociales que resuelvan sus propios problemas.
En esto poco o nada tienen
que ver las poblaciones y grandes mayorías para quienes supuestamente gobiernan
y por quienes hicieron la lucha por obtener dicho poder. Les mintieron
abiertamente ofreciendo lo que sabían no iban a cumplir. Nada vale salvo el
poder y la ganancia personal.
El país depende del Estado
para crecer y desarrollarse en un ambiente de orden y progreso. La
administración pública constituye la columna vertebral del Poder Ejecutivo, por
lo que no puede estar en manos de funcionarios inmorales, amorales, deshonestos
y/o sin compromiso con el país, que se consideren omnipotentes y que estén al
servicio de intereses o ambiciones personales o de parte. El país no se puede
gobernar con una administración basada en funcionarios de esta naturaleza.
Lo trágico es que tal como
están y como son las cosas, es muy poco probable que el propio sistema se
modifique para regenerarse y construir un Estado realmente al servicio de la
Nación.
La exposición de la situación actual del EX CEP Paita y la necesidad de
un nuevo OPE que reasuma la capacitación del sector pesquero artesanal, no es un
reclamo ni crítica puntual a la actual administración de pesquería
específicamente. Tampoco es un tema coyuntural o político, sino que responde a una visión de futuro de la pesca artesanal y del consumo humano directo de productos hidrobiológicos, que debiera ser apoyado por la actual administración, el Congreso de la República y toda la comunidad pesquera.
No se trata de reaccionar a la realidad evidente del ex CEP Paita expuesta ultimamente, como si se tratase de un tema de imagen politica que deba defender la actual administración de pesquería. No se trata de reaccionar eventualmente ante algunas denuncias. Son hechos que merecen ser enfrentados con realismo y sin enfrentamientos pensando en lo mejor para los pescadores. Y eso requiere que todos apoyen la idea de un centro de capacitación nuevo y a dedicación exclusiva a su fin, que debe ser capacitar.
Esta nota de Andina muestra que se está tratando el asunto como si fuese una defensa o reacción ante un ataque. No se trata de nada de eso. Se trata de enfrentar la realidad y adoptar la mejor alternativa en beneficio de un aspecto de la realidad pesquera artesanal que está olvidado desde hace muchos años.
https://andina.pe/agencia/noticia-capacitaran-a-pescadores-artesanales-paita-motores-fuera-borda-939262.aspx
Es un reclamo a 15 años de abandono debido a una norma mal concebida e
indebida. En consecuencia, lo que corresponde es que toda la comunidad
pesquera, las autoridades del sector y el Congreso, unan esfuerzos para crear
un nuevo Centro de Entrenamiento Pesquero Artesanal en base a lo que fue el ex
CEP Paita, para de esta forma, entre otros objetivos, hacer justicia a ese
grupo humano que dio origen a esa entidad y que ha sido injustamente maltratado
y abandonado durante casi quince años.
El equipo de humano del CEP Paita pertenecía a un mismo régimen laboral y
permanecieron o permanecen en el cargo desde su creación a diferencia del resto
del personal de FONDEPES que mezcla una serie de regímenes laborales sin haber
integrado totalmente a su personal en una sola mística institucional.
Tampoco se ha apreciado que todo el personal del CEP, o casi todo, está
próximo o bastante próximo a jubilarse, lo que hará con una pensión pobrísima y
dejando a la entidad sin personal con experiencia. Porque nadie ha pensado en
preparar el relevo generacional contratando jóvenes que vayan aprendiendo de la
experiencia de los que aún están con el tiempo debido.
Esa es la realidad de la institución y una de la razones por las cuales
debe crearse un nuevo OPE sobre esa base rescatando la experiencia y reparando
el daño causado a su personal, que tenía una cultura organizacional y una
mística que jamás el FONDEPES pudo igualar, entender o apreciar.
Para que el sector artesanal crezca, se formalice y evolucione, requiere
capacitarse. No se puede demandar ni exigir calidad en los productos
hidrobiológicos capturados por la pesca artesanal destinados al consumo humano
directo mientras sus operadores carezcan de las capacidades adecuadas. La
educación y creación de capacidades son componentes fundamentales en el
desarrollo del sector pesquero artesanal en el corto, mediano y largo plazo,
por lo que es fundamental que las acciones en esta área respondan a una visión
política de futuro y orienten en forma coordinada y articulada toda la
estrategia de intervención.
Esto no funciona si la actividad está politizada y dirigida por
funcionarios ajenos al sector y sin vocación ni mística por la pesca. Por eso
se requiere de una institución educativa autónoma y sin el yugo de la cambiante
burocracia que solo ejecuta órdenes de jefes que probablemente saben menos que
ellos de pesca.
El Ministerio de la Producción tiene la competencia y la responsabilidad
de que el ciudadano peruano acceda a un recurso hidrobiológico inocuo y de
calidad. Hay falencias y debilidades en la materia, debido a la falta de
capacitación adecuada por lo que se configura la necesidad de disponer de un
Organismo Público Ejecutor (OPE) nuevo y autónomo, creado en base a lo que fue
el EX CEP Paita, sacándolo del ámbito del FONDEPES. Posteriormente proponer una política pública a ejecutarse a
través de un Plan Nacional de Capacitación para el sector pesquero de consumo
humano directo, ejecutado por el nuevo OPE.
Se necesita actividades educativas y de capacitación en beneficio de los
pescadores artesanales y de los operadores de la cadena productiva del consumo
humano directo. El objeto es contribuir a su inclusión en la economía formal
mejorando su desempeño laboral, que permita abastecer de productos
hidrobiológicos con la calidad que las plantas procesadoras y el mercado
nacional demandan. Para esto se necesita una nueva entidad educativa que
rescate lo que fue el ex CEP Paita.
La situación de abandono del mantenimiento de las instalaciones,
embarcaciones y vehículos de lo que una vez fue el CEP Paita, exponente
orgulloso del nivel de capacitación pesquera alcanzado por el Perú en
determinado momento, no es todo el problema. La situación, laboral de su
personal es quizá la más grave, e injusta. La fusión con el FONDEPES no trajo
nada bueno, pero sí creó la esperanza y expectativa de que la escala salarial
del personal del CEP se nivele con la del FONDEPES, que era mucho más alta.
No se hizo por falta de voluntad. Los primeros meses post fusión no se
tenía un ROF y se tuvo que apelar a la figura de un “programa” para seguir
operando. El ROF demoró demasiado, así como todos los ajuste de integración de
ambas entidades. En ese proceso las autoridades fueron cambiadas y desde ese
momento empezó, y por los siguientes años hasta el presente, una serie de
designaciones de funcionarios de todo nivel, en su mayor parte ajenos al
sector. En ese escenario a nadie le importó ejercer realmente la presión
suficiente y la gestión apropiada para la nivelación salarial del personal de
la zonal de Paita. La gente nueva estaba más preocupada en construir o reparar
desembarcaderos y/o defender sus empleos.
“Los derechos de pesca no pueden ser destinados a
financiar las cuentas del Tesoro Público como se pretende hoy en día; toda vez
que convertiría al derecho de pesca en un Impuesto, lo cual es inconstitucional
a todas luces”.
“Es importante recordar que los derechos de pesca fueron
establecidos en la Ley General de Pesca con la finalidad que el Ministerio de
la Producción los destine “para fines de investigación científica, tecnológica
y capacitación” y constituyen un pago como retribución que realiza el
administrado por acceder al recurso (anchoveta, jurel, caballa, pota, etc.)”.
https://diariocorreo.pe/opinion/derechos-de-pesca-un-impuesto-disfrazado-por-cayetana-aljovin-opinion-noticia/
Lo que dice la nota
anterior es correcto.
Solamente el IGV y
el impuesto a la renta de tercera categoría constituyen impuestos que
finalmente se destinan a la Nación en general.
Los aportes
laborales solamente benefician al sector laboral y en el caso pesquero
provienen de acuerdos entre las partes, salvo el US$1.95 establecido por el DL
1084, pero que ya dejó de tener vigencia.
Los pagos al
programa de vigilancia y control de las actividades acuáticas fueron
establecidos por el DL 1084 con la conformidad de la industria, dado que esa
norma no fue redactada por el Ministerio de la Producción, sino aparentemente
por la Consultora Apoyo; pero eso es otra historia.
Los “derechos de
pesca” son el justiprecio que el extractor paga a la Nación por el privilegio
de usufructuar un recurso natural que es propiedad de todos los peruanos
Por tanto, no es
adecuado quejarse por tasas o pagos que fueron establecidos por mutuo acuerdo
entre las partes.
Es un tema más amplio
que pretendemos explicar en esta nota, dado que la mayor parte de la comunidad
pesquera podría no conocer a fondo esta problemática y es conveniente que la
conozcan. Detallo los antecedentes y base legal para mejor entendimiento.
LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS DE PESCA
Los peces no pueden
ser gratis. Siendo la Nación la propietaria de los recursos naturales, no puede
entregarlos para su explotación y lucro en forma gratuita. La normatividad
vigente establece los procedimientos para asignarles un valor y que el mismo
sea cobrado por el Estado en su legítimo rol de administrador de los recursos
naturales.
El ciudadano
peruano, propietario del recurso pesquero, recibe un beneficio derivado de la
extracción del mismo a través de los tributos como la renta de tercera
categoría en este caso y los derechos de pesca. Los demás costos que tiene la
industria no benefician al país en su totalidad sino tan solo a las entidades
que los administran y a una porción de trabajadores.
Este es el fondo del
tema que debe analizarse y replantearse bajo la óptica de que la pesca debe
beneficiar a todo el país y no tan solo a unos cuántos, sean entidades públicas
o privadas.
La dificultad está
en establecer con precisión el precio de ese derecho de pesca de forma que ni
sea tan grande que acabe con la explotación ni tan pequeño que no haga
partícipe del negocio al país.
El Estado debe
participar en forma justa y equitativa no solamente en la rentabilidad del
negocio, sino que, fundamentalmente, debe ser resarcido por los impactos que la
pesquería causa sobre el ecosistema y el medio ambiente, los cuales son
independientes de la rentabilidad del negocio.
Ningún empresario
quedará conforme con cualquier cifra que se establezca por derechos de pesca,
lo cual es comprensible. Sin embargo el Estado actúa dentro de las atribuciones
que le da el marco normativo vigente. Los peces son de todos los peruanos y no
de unos cuantos.
Los
artículos 66 al 68 de la Constitución Política del Perú, establecen que los
recursos naturales son patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado
promover su uso sostenible; y conservación de la diversidad biológica. Es así,
que los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales, Ley Nº 26821, establece que el Estado es soberano en
el aprovechamiento de los recursos naturales, mediante el aprovechamiento
sostenible de estos, a través de las Leyes especiales sobre la materia, las
políticas del desarrollo sostenible, entre otras acciones.
Del
mismo modo, el artículo 20 de la referida ley, dispone que el aprovechamiento
de recursos naturales por parte de particulares da lugar a una retribución
económica que se determina por criterios económicos, sociales y ambientales,
incluyendo ésta, todo concepto que deba aportarse al Estado por el recurso
natural, ya sea como contraprestación, derecho de otorgamiento o derecho de
vigencia del título que contiene el derecho, establecidos por las leyes
especiales.
En ese
orden de ideas, corresponde señalar que el artículo 2 de la Ley General de
Pesca, Decreto Ley Nº 25977, indica que los recursos hidrobiológicos contenidos
en aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación, correspondiendo
al Estado regular su manejo integral y explotación racional, considerando que
la actividad pesquera es de interés nacional.
Para el
acceso a la actividad pesquera y acuícola, la Ley General de Pesca en su
artículo 45, señala que las concesiones, autorizaciones, permisos y licencias
se otorgarán previo pago de los correspondientes derechos; y que conforme lo
establece el artículo 17 de la misma ley, el Ministerio de la Producción
destinará de sus recursos propios, parte para fines de investigación científica
y tecnológica y capacitación.
En
concordancia con ello, el artículo 3 del Reglamento de la Ley General de Pesca
establece que los recursos hidrobiológicos, por su condición de bienes
patrimoniales de la Nación, son administrados por el Estado, el que debe
participar en los beneficios producidos por su aprovechamiento; señalándose
además que los gastos que el Estado efectúa para garantizar la conservación y
aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, incluidos los
costos de investigación, vigilancia, control y planeamiento del desarrollo de
las pesquerías, constituyen parte de los costos de explotación de los recursos
renovables y, consecuentemente, son cubiertos con el pago de los derechos de
pesca y de los derechos por el aprovechamiento de concesiones acuícolas y
mediante otros mecanismos de financiamiento, los que pueden incluir recursos
provenientes del sector privado.
Asimismo,
el artículo 40 del citado reglamento señala que las embarcaciones pesqueras
mayores de 32.6 metros cúbicos de capacidad de bodega y los de menor escala,
están obligados a pagar los derechos de pesca que establezca el Ministerio de
la Producción. El pago de estos derechos es individual por embarcación.
Con
respecto a los instrumentos económicos, el derecho de pesca y las cuotas
individuales de captura, contribuyen a la sostenibilidad de los recursos, y
permiten obtener ingresos para el Estado con el fin de financiar la gestión de
las pesquerías.
Por
otro lado, la Ley General Del Ambiente - Ley N° 28611, menciona:
Artículo
VIII.- Del principio de internalización de costos. Toda persona natural o
jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que
genere sobre el ambiente. El costo de las acciones de prevención, vigilancia,
restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación,
relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de los
impactos negativos de las actividades humanas debe ser asumido por los
causantes de dichos impactos.
Artículo
IX.- Del principio de responsabilidad ambiental. El causante de la degradación
del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurídica, pública
o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su
restauración, rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo
anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños
generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o
penales a que hubiera lugar.
Los derechos de
pesca deberían estar vinculados con el impacto que la extracción de peces causa
sobre el ecosistema, independientemente de que genere utilidades o no, ya que
la extracción se produce en forma independiente de los resultados del balance,
el cual está sujeto a otras variables. Se pueden extraer miles de toneladas de
peces y perder dinero por una mala gestión, por lo cual no se pagaría impuesto
a la renta; pero el impacto generado a la biomasa y al ecosistema permanece,
con ganancias o sin ellas. Por ello el concepto de “derecho de pesca” es la
única forma con la cual el extractor aporta al país.
Esta tasa, al
provenir de la explotación de un recurso natural que es propiedad de todos los
peruanos, debería favorecer a todos.
Racionalizar los
derechos de pesca implica subir aquellos que deban ser subidos; modificar la
normativa asignando pago de derechos de pesca a todas las especies, o a las que
contribuyen a la exportación en forma significativa (por lo menos); eliminar
los sobrecostos existentes en la industria; modificar la ley del canon y/o la
metodología de elaboración de los índices de distribución del canon pesquero.
El destino de los
recursos recaudados provenientes de los derechos de pesca no pueden utilizarse
en gasto corriente de ningún tipo, bien sea por el Produce o por los gobiernos
locales o regionales.
El Estado debe
participar en forma justa y equitativa no solamente en la rentabilidad del
negocio, sino que, además, debe ser resarcido por los impactos que la pesquería
causa sobre el ecosistema y el medio ambiente, los cuales son independientes de
la rentabilidad del negocio.
Una acción, además
de optimizar el procedimiento de cobranza de los derechos de pesca y su
publicación, es disponer que el empleo de dichos recursos sea controlado en
forma detallada, con el objeto de verificar que el destino de esos dineros sea
el que indica el art. 27 del Reglamento de
la Ley General de Pesca y modificado con el DS 012-2001-PE, de las cuales se deriva que el 25% de los
mismos deben ser destinados a fines de investigación.
La Comisión de Derechos de Pesca se crea recién en 2008 con la
RM 386-2008 (modificada con RM 448-2008)
y es quien aprobará la aplicación de los
fondos derivados de los Derechos de Pesca; el Reglamento de la Comisión se
aprueba con la RM 831-2008-PRODUCE.
Con la Directiva N°: 005-2014-PRODUCE, aprobada con la RM N°
295-2014-PRODUCE del 27 de agosto de 2014 se establecen los lineamientos para
la recaudación de los derechos de pesca por concepto de aprovechamiento
responsable de recursos hidrobiológicos que efectúan los armadores pesqueros de
embarcaciones de bandera nacional.
Esta directiva no
aborda la parte de aplicación de los fondos recaudados. Debería quedar
expresamente normado que la Oficina de Administración debe informar
mensualmente no solo de la recaudación y armadores morosos, sino del uso que
viene dando a ese dinero. Más allá del 50% que debe transferirse al MEF para el
canon pesquero, se debe conocer en qué se ha empleado el 50% restante, y que
saldos están quedando para ser aplicados por la Comisión de Derechos de Pesca.
La cobranza es
responsabilidad de una Dirección General dependiente del Despacho
Viceministerial de Pesca y Acuicultura; pero su custodia, registro y aplicación
es competencia de la Oficina General de Administración (OGA), que depende de la
Secretaría General del Ministerio, que a su vez depende directamente del
Despacho Ministerial y no del Despacho Viceministerial. Por tanto, hay una
relativa eficiencia en la cobranza, pero no transparencia porque estos
resultados no se publican. Pero el tema es que se desconoce el destino del
dinero.
Lo único que puede verse
en el portal del MEF, es el monto transferido al MEF para su empleo en el canon
pesquero. Como eso constituye el 50% de la recaudación, se puede deducir el
monto total cobrado, relativamente porque las transferencias no están
sincronizadas ni ajustadas al año calendario.
El Estado, entre las
cifras que debe poner sobre la mesa, está la recaudación de los derechos de
pesca y el destino de esa recaudación. Esto permitiría evaluar en cifras
reales, cuánto es lo que la sociedad civil peruana percibe como retribución de
la industria pesquera por el privilegio de extraer peces del dominio marítimo
peruano.
El país no conoce el
monto recaudado por derechos pesca, quiénes pagaron, quiénes deben y en qué se
ha empleado esta recaudación. Produce es el ente responsable de esta
recaudación. Transfiere el 50% al MEF para alimentar el canon pesquero y
retiene el 50%. ¿En qué lo ha empleado en los últimos 5 años? La autoridad de
pesquería no exhibe información en forma transparente.
¿Qué gana la
sociedad peruana? ¿Qué gana el Perú con la pesquería industrial en términos de
beneficio directo al ciudadano común y corriente y al propio sector en términos
de inversión en infraestructura, capacitación e investigación y desarrollo?
El 9 de noviembre de
2018, en nota publicada en el diario Gestión, el entonces Ministro de la
Producción, que hoy está ejerciendo nuevamente el cargo, dice:
“Raúl Pérez-Reyes, ministro de la
Producción, refirió que hace falta un método que permita ver cuáles son los
derechos de pesca recaudados y cómo se están gestionando.
Durante su participación en la mesa
redonda organizada por Gestión, Intelfin y la Universidad Continental, el
ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes indicó que planteará una propuesta
legislativa para modificar la distribución de los derechos de pesca
"La ley establece un canon del
50%, que nos parece excesivo. De hecho, vamos a plantear una propuesta
legislativa para cambiar esto, porque si le trasladamos el 50% del canon,
tendríamos que trasladarle también el 50% de las obligaciones, cosa que no
ocurre", indicó.
En ese sentido, el titular del
Ministerio de la Producción refirió que las obligaciones las sigue asumiendo el
gobierno central, pese a que las regiones reciben el canon.
"No queda claro el nivel de
focalización de ese gasto, porque si se analiza las condiciones de vida de las
caletas donde estamos haciendo intervenciones con desembarcaderos, se notará
una constante: no hay agua y no hay desagüe. La pregunta es ¿qué uso tuvo el
canon pesquero? No nos queda claro. Por eso hay que transparentar lo que se
recibe con derechos de pesca y cómo se gasta", indicó.
Asimismo, Pérez-Reyes también acotó
la transparencia es fundamental en este proceso para gravar los recursos
pesqueros. "Tenemos que visibilizar cuáles son los derechos de pesca que
se han obtenido y cómo se están gestionando", concluyó”
Fuente
https://gestion.pe/economia/deben-distribuir-derechos-pesca-249479?fbclid=IwAR3yqtpcbbfCXZyTohoWSPv1sNxN3jya9p0tdULI1poViR_SccEn07wMiOw
Es evidente que no
ha ocurrido nada de lo que dijo hasta el día de hoy. ¿Lo hará en el curso de lo
que le queda de esta nueva gestión?
LOS APORTES LABORALES NO SON DERECHOS
DE PESCA NI FORMAN PARTE DE ELLOS
No es competencia de
la Autoridad de Pesquería la problemática laboral y tampoco es competente para
crear tasas o tributos que la Ley y la normatividad vigente no le permiten.
Veamos el origen de
los aportes laborales:
La ley 30003 que establece
otro aporte para la jubilación de los pescadores industriales, es una norma
emanada del sector Trabajo y no Producción, que también puede considerarse que
constituye un sobrecosto. El REP es el Régimen Especial Pesquero, regulado por
la mencionada ley y que es administrado por la Oficina de Normalización
Previsional – ONP. Este régimen tiene en cuenta la estacionalidad y el riesgo
propio de la actividad pesquera en el país, así como los aportes que efectúen
los trabajadores pesqueros y armadores.
En el Convenio Colectivo
contenido en la “Acta” del 12 de Junio de 1985, refrendado por la Resolución
Sub Directoral Nº 280-85-ISD-NEC de fecha 13 de Junio de 1985, levantada por
ante la Primera Región de Trabajo y Promoción Social de ese entonces, se
estableció acordar:
“PRIMERO: Las partes
convienen, por la pesca descargada en las Plantas de PESCA PERU en todo el
litoral, como participación de pesca, el pago de la contraprestación por
tonelada métrica de pescado a la tripulación de cada embarcación, con el 22.4 %
establecido sobre el 10 % de la cotización C&F Hamburgo, República Federal
Alemana, Información Reuter, de la Tonelada Métrica de harina de pescado, menos
US $ 30.00 por concepto de flete, de acuerdo con las normas legales vigentes y
los Convenios suscritos por los Armadores y Pesca Perú.”; y,
“SEGUNDO: “Los Armadores
convienen, que por la pesca descargada en las Fábricas Conserveras a partir del
1º de Junio del presente año, pagarán el 22.4 % de la participación
correspondiente a la tripulación, sobre el 8.50 % del precio de la tonelada
métrica de harina de pescado según la cotización C&F Hamburgo , República
Federal Alemana, Información Reuter, menos USA $ 30.00 Dólares por concepto de
flete, de acuerdo con las normas legales vigentes y los convenios suscritos por
los Armadores.”.
En 1988 el flete subió a
US$44.00, lo que afectó negativamente al trabajador.
Para compensarlo se estableció
un aporte de US$0.26 por TM desembarcada que sería abonado a la CBSSP a fin de
incrementar el fondo de jubilación. Esto
se mantuvo hasta el año 2002, cuando la CBSSP fue disuelta.
Los US$ 0.26 por TM de
anchoveta descargada fueron restituidos
por la Ley No. 28193 el 20/3/2004 y su modificatoria, la Ley No. 28320, a partir del año 2004 que constituye una
contribución de las empresas industriales pesqueras al Fondo de Jubilación del
Pescador que administra la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador -
CBSSP; hasta la promulgación de la Ley 30003 el 21/3/2013, que deroga el aporte obligatorio regulado por el
literal b) del artículo 3 de la Ley 28193, ley que prorroga el plazo de
vigencia del Comité Especial Multisectorial de Reestructuración de la Caja de
Beneficios y Seguridad Social del Pescador, modificado por la Ley 28320, así
como toda norma referida a la CBSSP que se oponga a lo establecido en la Ley.
El
aporte extraordinario a favor del Fondo Extraordinario del Pescador (FEP), cuyo
fin es financiar la Pensión de Rescate Complementaria, la Transferencia Directa
al ex Pescador (TDEP) y el Régimen Especial de Pensiones para Trabajadores
Pesqueros, administrado por la ONP (REP) de US$ 1.40 por TM de los recursos
hidrobiológicos capturados y destinados al CHI o al CHD, fue introducido por la
Ley N° 30003 para las embarcaciones pesqueras de mayor escala a partir de abril
de 2013. Su recaudación está a cargo de la SUNAT, quien lo transfiere al Fondo
Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) en forma mensual.
La
Ley N°30115, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2014 en su segunda modificación complementaria
modificatoria, modifica el artículo 31 de la Ley 30003, Ley que regula el
Régimen Especial de Seguridad Social para los trabajadores y pensionistas
pesqueros, de acuerdo al siguiente texto:
-
“Artículo 31.- Creación de aporte a
cargo de los armadores. Créase a cargo de los armadores de embarcaciones
pesqueras de mayor escala, a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley,
un aporte obligatorio de determinación mensual a favor del Fondo Extraordinario
del Pescador (FEP), equivalente a S/. 3,92 (TRES Y 92/100 NUEVOS SOLES) por
cada tonelada métrica de los recursos hidrobiológicos capturados y destinados
al consumo humano indirecto o directo en el mes respectivo.
-
Mediante decreto supremo refrendado
por el ministro de Economía y Finanzas podrá modificarse el monto fijo del
aporte señalado en el párrafo anterior, previo estudio actuarial, máximo cada
dos años, que incluya el total de las prestaciones señaladas en la presente
Ley, así como el cálculo de sus probables contingencias; lo que permitirá
actualizar las variables paramétricas, manteniendo su equilibrio financiero con
el fin de asegurar su sostenibilidad.
-
La recaudación de dicho aporte está a
cargo de la Sunat, quien lo transfiere al Fondo Consolidado de Reservas
Previsionales (FCR). Los aportes a cargo de los armadores así como las
retenciones del aporte a que se refiere el artículo 29 de la presente Ley se
rigen por las normas del Código Tributario, debiendo pagarse estas últimas
dentro de los plazos establecidos para las obligaciones de carácter mensual.
-
De conformidad con lo que indica el reglamento de la Ley 30003, corresponde a la ONP la administración del
REP sujetando sus funciones a lo dispuesto en la Ley N° 28532, Ley que
establece la reestructuración integral de la ONP, y sus normas modificatorias y
reglamentarias. La ONP también está a cargo de la TDEP, de acuerdo a los procedimientos
que se determinen mediante normas complementarias de dicha entidad.
En
2008, en el DL 1084 se creó un aporte social de US$ 1,95 por TM por 10 años, a
ser realizado por las plantas pesqueras para construir un fondo que permitiese
dar un beneficio a quienes luego de la quiebra se quedaron sin pensión. El
aporte se podría utilizar una vez que culminase el proceso de reforma integral
del sistema de pensiones. Este aporte ya
no existe por cuanto su vigencia terminó en 2018.
En
marzo de 2013 se aprobó la Ley N° 30003, Ley que regula el Régimen Especial de
Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, mediante la
cual se dio la reforma integral al sistema. Por efecto de esta norma, el aporte
de los US$1.95 existente en el fideicomiso del Scotiabank fue transferido al
FCR en 2014, dado que la aprobación del reglamento de esta ley se dio mediante
el DS Nº 007-2014-EF de fecha 15 de enero de 2014.
La Ley
30003 estableció un aporte adicional de S/ 3,92 por TM (originalmente se
estableció en US$ 1,40 pero luego fue pasado a soles) de los recursos hidrobiológicos capturados y destinados al CHI o al CHD,
para las embarcaciones pesqueras de mayor escala a partir de abril de 2013. Este
es un aporte realizad por los armadores. Esta Ley estableció que los
trabajadores pesqueros activos podían afiliarse a la ONP o a una AFP, y que los
trabajadores pasivos que quedaron sin pensión podrían percibir una prestación
económica (transferencia Directa al Ex pescador, que no tiene la naturaleza de
pensión).
Cabe
resaltar que la industria pesquera aceptó realizar los aportes antes referidos
para solucionar el problema originado por la quiebra de la CBSSP, en adición a
los pagos que realizó en su oportunidad por estos trabajadores para su
seguridad social y a los pagos que realiza por la seguridad social de sus
trabajadores activos. No cabe entonces reclamar por su existencia.
Lo que corresponde es plantear una
reestructuración de todos los aportes evaluando la necesidad de eliminar
sobrecostos; pero también diferenciando lo que son costos operativos, aportes
sociales de lo que son tributos y tasas de libre disposición del Estado a
través de la normativa vigente y aplicable.
En los casos de
aportaciones sociales, dado que estas favorecen solo a un sector de los
tripulantes de embarcaciones y no a todo el sector, su existencia es
discutible. Estos sí constituyen un costo que merece un debido análisis para
determinar la naturaleza de su origen y su conveniencia de ser mantenidos dado
que no constituyen ingresos a disposición del Estado para beneficio del país en
general, sino solo de unos pocos.
Es necesario
entender las diferencias entre lo que constituyen tributos recaudados por el
Estado a través de sus entidades con normas que regulan su distribución y
empleo, de aquellos que son costos operativos propios de la naturaleza de las
operaciones pesqueras, como el pago del servicio de la baliza satelital
(SISESAT), de la radio baliza, del pago al programa de vigilancia y control,
tasas dispuestas por la Dirección de Capitanías y otros.
CANON PESQUERO
La estructuración
del canon pesquero, se hace sobre la incorporación del 50% de los derechos de
pesca recaudados y del 50% del impuesto a la renta de tercera categoría del
sector.
El otro 50%
permanece a disposición de Produce. La utilización de este porcentaje no es
pública, no se difunde ni se cuelga en el respectivo Portal de Transparencia
del Ministerio de la Producción, que es el ente recaudador, por lo menos hasta
ahora.
La distribución del
canon pesquero sí se difunde a través del Portal de Transparencia Económica del
Ministerio de Economía de Finanzas.
En el primer caso,
el canon pesquero se distribuye entre los gobiernos locales y regionales en
base a índices elaborados anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas,
dato que se puede ver en el portal del MEF.
Lo que no se puede saber es qué lo que hacen las entidades receptoras
con ese dinero. También se puede saber que la repartición es tan deficiente,
que hay municipalidades que reciben menos de cincuenta soles, como se puede
apreciar en la misma página web del MEF.
En el segundo caso,
no se puede saber lo que PRODUCE hace con el 50% de los derechos que recauda y
si se está cumpliendo con la normatividad vigente por cuanto no se publica
información ni rendición de cuentas.
¿Cuánto queda
disponible de la recaudación de derechos de pesca una vez deducido el 50% que
se transfiere al MEF para el canon pesquero? Debería mostrarse públicamente el
empleo del saldo de los derechos de pesca que queda a su disposición. Sería indebido
que se destinen estos dineros al gasto corriente de la entidad recaudadora.
El Anuario
Estadístico, documento oficial sobre la estadística pesquera, que publica
PRODUCE y que se publica con dos años de retraso, no consigna información sobre
los derechos de pesca. Por tanto pierde valor de análisis y uso inmediato. Se
convierte tan solo en un documento histórico. Para todo efecto práctico es
inútil. No informa, (nadie lo hace), sobre el monto de la recaudación de
los derechos de pesca. No se sabe cuánto se cobró, quién pagó, quién no pagó,
quién debe y desde cuándo, ni a qué especies corresponden.
Obviamente tampoco
dice, ni se sabe, en qué se gastó ese dinero directamente recaudado por
PRODUCE.
En estricto apego a
la ley, los derechos de pesca bien podrían financiar la actividad de
capacitación que tiene olvidada y abandonada el FONDEPES o destinarse a la
activación de un nuevo Organismo Público Ejecutor que asuma las funciones del
Ex CEP Paita, absorbido por el FONDEPES y en actual abandono total.
El
siguiente es un ejemplo de la falta de transparencia y/o de uso indebido de
recursos. Aquí se aprecia una transferencia de recursos presupuestales cuyo
origen se ignora, o no se menciona:
La RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 00202-2021-PRODUCE del 20 de julio
de 2021, dice a la letra lo siguiente:
“Autorizar la Transferencia Financiera con cargo al Presupuesto
Institucional del Pliego 038: Ministerio de la Producción, Unidad Ejecutora
001: Ministerio de la Producción, hasta por la suma de S/ 2 000 000,00 (DOS
MILLONES Y 00/100 SOLES) provenientes de la fuente de financiamiento 2.
Recursos Directamente Recaudados, a favor del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), destinado a financiar la ejecución del Proyecto de
Inversión “Mejoramiento del Servicio de Comercialización del Gran Mercado Belén
- Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto” (CUI N° 2274894), en el
marco de lo dispuesto en la Sexagésima Tercera Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2021”.
El
asunto aquí debería ser aclarado en el siguiente sentido: Cuando se menciona
que la fuente de financiamiento son los recursos directamente recaudados por el
PRODUCE, no se menciona la partida de origen. Ese puede ser proveniente de
multas y sanciones impuestas por la Dirección correspondiente, o de los
derechos de pesca. Si fuese de los derechos de pesca, se está empleando dinero
que debería ser aplicado al sector pesquero para financiar un proyecto que nada
tiene que ver con la pesca, en perjuicio de los fines para los cuales fueron
creados los derechos de pesca.
La
ley General de Pesca y su reglamento, expresan claramente el destino que se
debe dar a los montos recaudados por derechos de pesca y de los derechos por el
aprovechamiento de concesiones acuícolas.
NUEVOS MECANISMOS
PARA CALCULAR LOS DERECHOS DE PESCA
Para consumo humano directo
En
algún momento se tuvo la intención de incrementar en algo, los derechos de
pesca que pagan la anchoveta para CHD, la merluza y la anguila; pero pese a la
pre publicación del proyecto de norma, quedaron en el aire y no se ha tomado
ninguna decisión hasta la fecha.
Resolución
Ministerial N° 494-2019-PRODUCE del 16 noviembre 2019
Dispone
la publicación del proyecto de norma mediante el cual se establece un nuevo
factor de cálculo del derecho de pesca por tonelada extraída del recurso
anguila.
Resolución
Ministerial N° 495-2019-PRODUCE del 15 de noviembre de 2019
Dispone
la publicación del proyecto de norma mediante el cual se establece un nuevo
factor de cálculo del derecho de pesca por tonelada extraída del recurso
merluza.
Resolución
Ministerial N° 044-2019-PRODUCE del 14 de febrero de 2019
Dispone
la publicación de proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Recurso Anchoveta para Consumo Humano Directo
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2017-PRODUCE y establece un nuevo factor de
cálculo del derecho de pesca correspondiente al concepto de extracción del
recurso hidrobiológico anchoveta para CHD.
Estos
proyectos nunca prosperaron. Dichas pre publicaciones fueron enterradas por la
autoridad de pesquería.
Cuando se promulgó
la Ley General de Pesca que establece las tasas y las especies que están
afectas al pago, la situación pesquera nacional y mundial era totalmente
diferente. La pota no constituía un recurso principal y la anchoveta solo se
destinaba a la harina. Estas últimas destinadas al congelado y enlatado, son
los principales recursos de exportación del sector de CHD. Al no ser consumidos dentro del Perú y no pagar
derechos de pesca ¿qué beneficios le traen al ciudadano peruano que no labora
para el sector pesquero?
¿Cómo
es entonces que la exportación de pota procesada, recurso exonerado de derechos
de pesca cuando se pesca por embarcaciones artesanales, que se ha convertido en
el principal producto de exportación no aporta con esta tasa? ¿No debiera
existir un mecanismo para que la pota pague al igual que lo hace el jurel, la
merluza y la anchoveta?
La extracción
proveniente de la flota artesanal no está sujeta al pago de derechos de pesca.
A
diferencia de los recursos agrícolas y ganaderos, los pesqueros no se riegan,
no se abonan ni se fumigan. Además, no tienen un propietario, pues aunque
teóricamente lo es la Nación, ésta resulta indiferente. El pescador artesanal
extrae los recursos sin pagar ningún derecho por hacerlo.
La extracción de
recursos hidrobiológicos efectuada por la flota industrial paga muy pocos
derechos de pesca, y la pota se vuelve un caso peculiar porque no es capturada
por la misma, sino por la flota artesanal. Esto es una novedad no prevista en
la ley. El país percibe impuesto a la renta, cuyo monto preciso no es de acceso
público. Sus productos procesados van para alimentar a otros países.
Tanto el industrial
como el armador ganan mejor que el pescador artesanal, pero aun así no gana el
país. La exportación de alimentos con alto componente de proteína debe hacerse
después de haber atendido el consumo nacional. Por eso, los recursos
hidrobiológicos necesitan una política sectorial diferente, donde la soberanía
y seguridad alimentarias sean privilegiadas.
Por la exportación,
a la industria se le restituye el Impuesto General a las Ventas pagado y se le
otorga un Drawback que es un estímulo para la exportación. En cambio para el
mercado interno, los productos transformados pesqueros pagan el IGV y carecen
de algo parecido al Drawback. En consecuencia la industria pesquera no tiene
mayor motivo para introducir sus productos en un mercado que no le ofrece
atractivos. Exonerar a estos productos del IGV constituye una forma de incentivar
el abastecimiento del mercado interno.
La promoción del
consumo humano directo de productos pesqueros en el mercado nacional, el cual
puede ayudar a reducir los índices de desnutrición de la población,
especialmente la infantil, tropieza con la dificultad de que la industria
pesquera solamente tiene incentivos para exportar sus productos y no para el
mercado interno. “Los recursos marinos son un bien público, no un recurso
privado. Por tanto, el derecho de explotar esos recursos debe asignarse con
arreglo a criterios que garanticen que la pesca contribuya lo máximo posible al
interés público”
Todos quienes
realicen esfuerzo pesquero deben estar sometidos a un pago de derechos por la
explotación de recursos naturales patrimonio de la Nación. Este pago constituye
el costo de la materia prima para el pescador, porque de lo contrario su costo
sería equivalente a cero, distorsionando de esta forma su realidad y creando un
régimen privilegiado e injusto en relación con el resto de industrias.
Considerando, además, que el mayor porcentaje de las capturas se convierten en
producto de exportación, un costo cero, bajo o irreal no favorece a la Nación
que es poseedora del recurso, sino a poblaciones extranjeras para con quienes
el país no tiene mayor obligación que la de establecer un comercio de precios
justos.
Para Consumo humano indirecto
La anchoveta en su
estado natural es de propiedad de la Nación.
Por tanto no es propiedad de los armadores pesqueros ni de los
pescadores, sino de todos los peruanos, quienes legítimamente representados por
la autoridad de pesquería esperan una justa participación en el negocio
pesquero, que no necesariamente tiene que estar vinculada a la renta económica.
El impacto sobre el
ecosistema se produce en el momento de la extracción de la anchoveta y en ese instante
tiene un costo que no se ha calculado. Vincularlo al mercado significa que el
precio de haber capturado el recurso depende del mercado. Creo que son cosas
independientes, porque forzando el escenario ¿Qué pasa si por alguna razón los
precios bajan a mínimos? Se pagaría menos derechos de pesca, mientras que si
los precios son altos se pagaría más. Pero ocurre que el acto propio de la
captura y extracción es similar en ambos escenarios y no tienen relación que
los vincule con el precio del mercado de la harina elaborada con esa anchoveta.
Como
tema de fondo, hay que evaluar que, vincular el precio del derecho de pesca al
precio de la harina elaborada con la anchoveta capturada no es precisamente la
fórmula más feliz. La función del armador independiente, es decir del que no
pertenece a una empresa con planta de harina, es vender anchoveta. Ahí termina
su trabajo y su vínculo con la planta. No parece adecuado que se vincule el
precio del producto final, que está en función al mercado al pago de derechos.
El
tema que no se analiza es ¿Cuál es el valor de la anchoveta en el agua? Hoy día
en este sistema, es cero. Debería asignársele un precio, que es el que el
armador debería pagar.
Se requiere enfocar
el análisis para generar medidas integrales, ya que hay pesquerías (como la
anchoveta destinada al CHI) con sobrecostos, (laborales principalmente), que
solo favorecen a pequeños grupos de trabajadores que laboran alrededor de la
industria reductora y no a todo el país;
y hay pesquerías que no pagan ningún derecho, como es el caso de las
especies capturadas por la flota artesanal, que se encuentran exoneradas, por
ley, de pagar derechos de pesca.
CONCLUSIONES
El término
“participación adecuada” del artículo 77 de la Constitución es la clave para
determinar si la actual contribución del sector es la adecuada.
La industria
pesquera que destina recursos hidrobiológicos a su transformación en
congelados, enlatados, curados y principalmente anchoveta para su reducción en
harina, si bien es cierto significa un importante aporte al PBI, también es
cierto que:
Contribuye con el impuesto a la
renta de tercera categoría en una proporción muy baja en relación a la
producción que exporta.
Contribuye con una tasa de derechos
de pesca relativamente baja.
Causa un impacto serio al medio
ambiente, que es visible y evidente en todas las ciudades donde se encuentran
plantas procesadoras. Impone a los pobladores de dichas ciudades una calidad de
vida negativa y perjudicial para su salud.
Causa un impacto sobre la biomasa de
anchoveta reduciendo las posibilidades de alimentación de la cadena trófica
superior, provocando una reducción de las poblaciones de aves guaneras y de
peces, cuyos efectos más directos los sufre la pesca artesanal.
No se ha hecho nada efectivo para
limpiar y descontaminar las bahías donde se realiza esta producción, y se
continúa causando impactos negativos sobre el océano y sobre el aire.
Las cifras oficiales no indican lo
que la industria paga por derechos de pesca y de impuesto a la renta en
relación a sus ventas al mercado externo e interno y en relación al el
deterioro que causan en el medio ambiente. Tampoco muestra con precisión lo que
se le devuelve por IGV y Drawback.
Convertir a la industria en un justo aportante, que
pague lo debido por la extracción de recursos naturales y que esos fondos
contribuyan a mejorar el propio sector y la vida de las poblaciones costeras,
es un imperativo que debe incorporarse en la agenda política y que la industria
continúe su desarrollo y crecimiento.
El Dr. Cesar Lerena escribe en esta nota sobre
temas pesqueros en Argentina, pero curiosamente son aplicables al Perú también.
“Si
estuviéramos en la década del 70 el Subsecretario de Pesca de hoy y el Consejo
Federal Pesquero (CFP) bajo su presidencia, no podrían siquiera estar a la
altura de aquel tiempo de inicio industrial en la Argentina. Ya han pasado 50
años y podríamos calificar al funcionario
de hoy como un gris agente público que “parece que administra” el sector,
donde los escasos éxitos son obra de la maravillosa naturaleza marina y del
esfuerzo de empresarios y trabajadores pesqueros que, sobreponiéndose a las
dificultades de un Estado bobo, que ha
sido incapaz de potenciar una actividad, que a esta altura, debería estar
exportando por diez mil millones de dólares y, que hoy, solo está cerca de los
dos mil, además que, en 2022 tuvo una de las exportaciones más bajas del quinquenio.
…comenzaremos
por recordar que el recurso pesquero es
del Estado Nacional y de los Estados Provinciales y, no de las empresas. Se
trata de concesiones del Estado para la explotación de los recursos con «…el
máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos
vivos marinos» dice el citado artículo 1º de la Ley.
El Estado debe administrar adecuadamente el recurso
pesquero, cuestión que supone tres acciones básicas: “investigar, conservar y
distribuir” y, nosotros agregamos: diseñar, acordar y controlar la concesión. Ninguna de estas cuestiones ha sido cumplida adecuadamente por la
Subsecretaría de Pesca en este período, aunque tampoco lo hicieron los
anteriores gobiernos.
La
investigación. Las escasas campañas de estudio sobre las principales especies,
se limitaron a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEE) sin avanzar sobre
alta mar adonde llegan las especies migratorias originarias del mar argentino o
viceversa; ello, no solo atenta contra la sostenibilidad del recurso sino que
impide elaborar estratégicas destinadas a mostrar a los organismos
internacionales y a quienes operan en la región, el daño que la pesca sin
control por parte de buques extranjeros en alta mar está ocasionando al
ecosistema. Es decir, se incumple con el artículo 1º citado, que indica: «el
máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos
vivos marinos».
La pesca ilegal
(INDNR) en aguas argentinas y alta mar. Como ya nos hemos referido (César
Lerena “Capaciten al Subsecretario de Pesca”, 10/4/2023) el Subsecretario de
Pesca declaró, que «no hay pesca ilegal en Atlántico Sur y la pesca en alta mar
es legal» (Urgente 24, 30/3/2023). Una lamentable declaración que desconoce que
Malvinas y sus aguas están ubicadas dentro del “mar argentino” y del Atlántico
Sur y, donde todos los años, los británicos a través de licencias ilegales
extraen 250.000 toneladas de recursos pesqueros argentinos por un valor de unos
mil millones de dólares y, unos 6 mil millones en el valor final de comercialización.
No considerar ilegal esta pesca es desconocer también la Constitución Nacional
y las Leyes 24.543; 24.922; 26.386 y 27.564 y, la consecuencia, es no tener en
esta gestión (y en las anteriores) ninguna estrategia al respecto, ni colocar
sanción alguna a los buques extranjeros que pescan sin habilitación ni control
argentino en el área de Malvinas y, donde los Estados de pabellón, no pueden
desconocer la soberanía argentina (por ejemplo, España…Del mismo modo no se ha
llevado ninguna acción destinada a terminar con la pesca ilegal (INDNR) de los
recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar o viceversa, porque este
Subsecretario considera esta práctica legal y, nosotros -en las antípodas-
sostenemos que es ilegal (INDNR), al menos, por tres cuestiones básicas:
1) El Estado de
pabellón al que pertenece el buque que captura a distancia no controla su pesca
(Art. 91º, 92º, 94º, 211º, 212º, 217º y ss, CONVEMAR) y, si solo lo hace
mediante sistemas satelitales, estos no son suficientes para precisar si el
buque está realizando o no pesca ilegal (INDNR); si este aplica la legislación
del país de origen (descartes, etc.); si el personal trabaja en forma esclava
y/o trafica droga, etc.;
La pesca ilegal
(INDNR) en la ZEE se realiza cuando ingresan a esta buques extranjeros; pero,
también, cuando buques nacionales descartan especies capturadas por las razones
que fuesen (por ejemplo, supuesta falta de valor comercial o especies no
objetivo); cuando se sustituyen o subdeclaran las especies que se desembarcan o
cuando se superan las cuotas autorizadas o se realizan otras prácticas que
provocan en todos los casos sobrepesca cuando se efectúan operaciones
prohibidas por la ley vigente desde 1998; a la par del daño económico, laboral
y sanitario que se ocasiona a la Argentina. Se depreda en alta mar en una
magnitud incompatible con la sostenibilidad de las especies por las razones ya
indicadas y, se depreda en la ZEE, por una falta de control adecuado de la
Autoridad de Aplicación. En ambos casos, con graves implicancias para el
ecosistema, cuya responsabilidad recae en la Subsecretaría de Pesca y el CFP
que, por las citadas declaraciones del Subsecretario, parecieran ignorar que
existe pesca ilegal (INDNR) en el Atlántico Suroccidental. Mientras ello ocurre,
Latinoamérica y el Caribe pierden unos 20.000 millones de dólares anuales por
pesca ilegal (INDNR).
Consumo
nacional de pescados. El consumo per cápita mundial por año alcanza a 20.2 Kg.
En Europa a 24 Kg. y en África 10 kg. En
la Argentina no hay política y el pescado es inaccesible a los argentinos.
El consumo de pescado es muy importante porque esta especie provee grasas
insaturadas y una proteína esencial solo comparable con la leche materna,
motivo por el cual, su consumo, debería ser vital para mejorar la dieta de los
argentinos y agregar valor en toda la cadena comercial. El consumo en el país
ha retrocedido y en 2021, según el Consejo para el Cambio Estructural, fue de
solo 4,8 kg per cápita; es decir, el más bajo de Latinoamérica y el Caribe que,
en promedio, consume 9,8 Kg. per cápita. Por su parte, Brasil alcanzó los 10,5
Kg, Chile 15,8 Kg, Panamá 20,5 Kg, Costa Rica 17 Kg. etc. y, mientras los
médicos en nuestro país aconsejan consumirlo dos o tres veces por semana, la
Subsecretaria promueve su consumo los días 19 de cada mes porque en los sueños
significa “el pescado”. Una prueba elocuente de la poca seriedad con la que se
toma el tema la Subsecretaría.
La ignorancia y la falta de políticas nacionales,
somete a los pueblos a la colonización, a la expoliación sus recursos
esenciales, a la falta de desarrollo industrial y poblacional de sus
territorios y le roba el bienestar a todos los argentinos”.
Dr. César
Augusto Lerena
Experto en
Atlántico Sur y Pesca – Ex Secretario de Estado
Presidente de
la Fundación Agustina Lerena
Presidente
Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL)
Autor de “Pesca
ilegal y expoliación de los recursos pesqueros migratorios de Latinoamérica y
el Caribe” (2023).
22 de abril de
2023
La Federación Rusa ha presentado
una carta a la OROP-PS, referente a la cual no se sabe aún cuál será o es la
opinión y/o posición del Perú. Evidencia una actitud totalmente diferente a la
tomada por el Perú en la última reunión en el caso del jurel.
El reclamo ruso, demuestra el
sesgo pro chileno que tiene la organización en el caso del jurel. Se favoreció
a la cuota de Chile en desmedro de la cuota de los demás países.
Un análisis detallado podría
demostrar que las principales acciones de esta organización siempre han
favorecido a Chile con la aquiescencia de casi todos sus miembros.
Hay que recordar que a Perú
también se le redujo el porcentaje de participación sobre la cuota de 2.028%, a
1.868%, que la delegación peruana presentó ingenua y/o engañosamente como un
triunfo para el país ya que en toneladas se aumentaba, pero en el fondo se
perdía, como acertadamente analiza la Federación Rusa y presenta su queja en
consecuencia. Pareciera que la delegación peruana no entendió debidamente lo
que ocurría.
La Federación Rusa, al igual que
Perú, recibió un aumento en tonelaje, pero una disminución en el porcentaje
sobre el total. Sin embargo no cayó en el juego y presenta su carta de
protesta, mientras que Perú no se dio cuenta de nada y regresa con aires de
triunfo a decir que ha obtenido un aumento de cuota.
Al ver el cuadro de distribución
de la cuota es imposible no darse cuenta de que todo está armado para
beneficiar a Chile, único ganador en el reparto de la cuota y quien se lleva la
mayor parte de la misma. Es evidente que esta organización nació para
satisfacer intereses chilenos sobre el jurel y ahora avanza sobre la pota
Distribución de la cuota de jurel
en 2022: De 817,943 TM, de cuota total, Perú tenía el 2.0284% de participación.
Distribución de la cuota de jurel
en 2023: De 981,833 Tm, de cuota total, Perú reduce a 1.868% su participación.
Esta actitud de la Federación
Rusa nos muestra la diferencia de niveles, de experiencia, de capacidad y de
interés por los intereses nacionales en relación a la actitud peruana.
Recordemos lo que pasó:
http://revistapesca.blogspot.com/2023/02/la-reunion-de-la-orop-del-pacifico-sur.html
http://revistapesca.blogspot.com/2023/02/el-funcionario-peruano-y-los-resultados.html
Este reclamo ruso impone un
análisis serio de la situación y amerita leer detenidamente la carta, que se
transcribe en su totalidad a continuación.
La carta de la Federación Rusa ha
sido enviada por el Director Ejecutivo de la OROP del Pacífico Sur con la
circular N° G38-2023, fechada en Wellington, el 14 de abril 2023 a todos los
miembros de la organización y dice:
“Nos adherimos
a la posición de que la decisión sobre la distribución de acciones en la
captura total permisible de Trachurus murphyi en 2023 entre los miembros
demuestra una discriminación injustificable contra la Federación de Rusia en la
forma y en los hechos, y es incompatible con las disposiciones de la
Convención.
La CMM O 1-2023
creó una situación injusta e inequitativa que no se basa en los criterios del artículo
21 de la Convención SPRFMO, sino que se basa únicamente en las transferencias
de cuotas que algunos miembros de la Comisión han realizado en años anteriores,
sin que ello constituya un criterio válido para la asignación de cuotas o para
el cambio de los porcentajes de participación en la pesquería de jurel
(Trachurus murphyi).
De conformidad
con la MCO 01-2023 y la reemplazada MCO 01, el Miembro o PCNC podrá transferir
a otro Miembro o PCNC todo o parte de su derecho a capturar, sin perjuicio de
futuros acuerdos sobre la asignación de oportunidades de pesca, sujeto a la
aprobación del Miembro receptor o CNCP. De hecho, estas disposiciones fueron
confirmadas por la Comisión y reflejadas en las MC y CMM 01-2023 reemplazadas,
y no fueron cuestionados por ningún Integrante o CNCP.
Dichos acuerdos
entre las dos partes anularán cualquier reclamación de reconsideración de los
derechos de distribución para la futura asignación de oportunidades de pesca.
Al mismo
tiempo, de conformidad con el artículo 21 de la Convención, al tomar decisiones
relativas a la participación en la pesca de cualquier recurso pesquero,
incluida la asignación de una captura total permisible o un esfuerzo pesquero
total permisible, la Comisión tendrá en cuenta el estado del recurso pesquero y
el nivel existente de esfuerzo de pesca para ese recurso y los siguientes
criterios en la medida pertinente:
a) captura
histórica y patrones y prácticas de pesca pasadas y presentes en el área de la
Convención
b) el
cumplimiento de las medidas de conservación y gestión en virtud de la presente
Convención;
c) capacidad y
voluntad demostradas para ejercer un control efectivo del Estado del pabellón
sobre los buques pesqueros;
d) contribución
a la conservación y gestión de los recursos pesqueros, incluido el suministro
de datos precisos y un seguimiento, control, vigilancia y ejecución efectivos;
e) las
aspiraciones e intereses de desarrollo pesquero de los Estados en desarrollo,
en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo, y de los territorios
y posesiones de la región;
f) los
intereses de los Estados ribereños, y en particular de los Estados ribereños y
territorios y posesiones en desarrollo, en un recurso pesquero que se extiende
a ambos lados de las áreas de jurisdicción nacional de dichos Estados,
territorios y posesiones y el Área de la Convención;
g) las
necesidades de los Estados ribereños y de los territorios y posesiones cuyas
economías dependen principalmente de la explotación y pesca de un recurso
pesquero que se extiende a ambos lados de las áreas de jurisdicción nacional de
dichos Estados, territorios y posesiones y el Área de la Convención;
h) la medida en
que un miembro de la Comisión está utilizando la captura para el consumo
interno y la importancia de la captura para su seguridad alimentaria;
i) contribución
al desarrollo responsable de pesquerías nuevas o exploratorias de conformidad
con el artículo 22; y contribución a la
realización de investigaciones científicas con respecto a los recursos
pesqueros y la difusión pública de los resultados de dicha investigación.
En cambio, la
MC 01-2023 ha realizado una reducción proporcional en la parte de la captura de
algunos países sin tener en cuenta los criterios pertinentes.
Esta reducción
en la cuota de Trachurus murphyi afecta a países que pescaban activamente desde
2017 hasta la actualidad y, según la mayoría de los criterios de conformidad
con el artículo 21 de la Convención, podrían haber aumentado su participación
en porcentaje.
Al mismo
tiempo, el enfoque adoptado en 2023 difiere de la revisión de la distribución
de cuotas de Trachurus murphyi en 2017. En este sentido, cabe señalar que en
2017 no se aplicó el enfoque proporcional, incluso para acumular las
necesidades de los nuevos entrantes.
Como resultado,
la participación de la Federación Rusa en la cuota total se ha reducido dos
veces. En 2017 de 3,6829% a 3,2825%, en 2023 de 3,2825% a 3,0230%, que fue la
reducción más significativa para un Miembro durante el período especificado.
Los Miembros que tuvieran la intención de no cumplir con las disposiciones del
Artículo 21 de la Convención, así como con el MC de Trachurus murphyi, podrían
demostrar buena fe y transferir parte de su cuota de Trachurus murphyi a otro
Miembro. Sin embargo, este criterio se impuso a otros Miembros que,
objetivamente, de acuerdo con los criterios establecidos por el artículo 21 de
la Convención, podían pretender aumentar o mantener su parte de la cuota de
Trachurus murphyi. Además, dicho enfoque no se presentó a la Comisión en un
documento formal con suficiente antelación de conformidad con el Reglamento de
la Comisión.
La reducción
del porcentaje relacionado con la cuota de Trachurus murphyi de un miembro de
la Comisión sin su consentimiento y sin tomar en consideración las
disposiciones del artículo 21 de la Convención a favor de otro miembro
demuestra una discriminación injustificable en la forma y en los hechos, y es
incompatible con la disposiciones de la Convención.
A este
respecto, la Federación Rusa adopta medidas alternativas que tienen un efecto
equivalente a la decisión a la que ha objetado y tienen la misma fecha de
aplicación. La Federación Rusa se guía por un porcentaje en su cuota de
Trachurus murphyi de 3,2825% relacionado con las capturas a que se refiere el
párrafo 9 de la MC 01-2023 que equivale a los límites establecidos para el
período de la Medida de Conservación que fue de 2017 a 2023.
Siguiendo el
principio de distribución de cuotas en la captura de Trachurus murphyi, la
Federación Rusa establece un límite de captura de Trachurus murphyi en el área
del Convenio con respecto a las pesquerías rusas para 2023 igual a 35 452
toneladas.
Al mismo
tiempo, la Federación de Rusia seguirá supervisando el cumplimiento de las
disposiciones de todas las medidas de conservación pertinentes en relación con
esta pesquería.
La Federación
Rusa solicita amablemente distribuir esta carta a todos los Miembros y al CNCP.Hay
que recordar que a Perú también se le redujo el porcentaje de participación
sobre la cuota de 2.028%, a 1.868%, que la delegación peruana presentó ingenua
y/o engañosamente, como un triunfo para el país ya que en toneladas se
aumentaba, pero en el fondo se perdía, como acertadamente analiza la Federación
Rusa y por lo cual presenta su queja”.
En
este artículo:
La amenaza del lobby y el poder fáctico es
real.
Información para entender mejor el lobby y
el poder fáctico.
Las embarcaciones de bandera extranjera
Las multas pesqueras.
En el
contexto de lo que muestran las transcripciones de algunos artículos que se
presentan en este artículo, la indiferencia del Estado para con la pesquería,
en especial la artesanal, ¿se deberá acaso a la existencia de algún poder
fáctico o lobby que maneja el sector desde las sombras, orientando las acciones
necesarias para sus propios intereses en desmedro de otros? ¿O hay alguna otra
razón? Es un tema para reflexionar.
La
sociedad peruana tiene que conocer y entender cómo es que funciona el Estado y
cómo se elaboran las leyes y normas que deciden el futuro de la Nación. Debemos
estar atentos y vigilantes a que esa metodología inmoral de formulación de
normas no se instale en el país como una forma más de corrupción. Solo así
podrá organizarse y luchar por el establecimiento de un sistema que defienda al
país del ataque e intromisión de los poderes fácticos y de los lobbies que
influyen para que país funcione solamente para satisfacer sus propios intereses
en desmedro de los intereses nacionales y de las mayorías.
Los
poderes fácticos
son sectores de la sociedad, al margen de las instituciones políticas, que
ejercen sobre aquella una gran influencia, basada en su capacidad de presión o
influencia. El poder fáctico no coincide necesariamente con el aparato formal
del Estado pero puede influir en las estructuras legales y regulatorias, por
intermedio de su autoridad informal o su capacidad de presión. El poder fáctico
no está legitimado ni siempre busca la legitimidad para ejercerse, pero ejerce
de facto (de hecho) el poder aunque no lo haga de iure (legalmente) ya que su
mera existencia le hace ser determinante.
El
lobby
en esencia no es malo ni es delito, dado que toda empresa buscará siempre la
protección de sus intereses y la consecución de sus objetivos. El problema es que
hay un funcionario amoral y el lobista lo sabe. Por ende, lo corrompe para
conseguir sus fines e intereses. Lo que se requiere es que el funcionario que
es sujeto de influencia sea una persona decente, comprometida con el país,
intelectualmente honesta, de una moralidad y ética intachables, moralmente
obligado a actuar en forma justa y debida, pese a la presión o tentación
proveniente de sobornos. El funcionario debe tener el criterio para determinar si sus
recomendaciones o sugerencias son lícitas o no, si benefician a alguien en
especial y si hay algo a cambio o no, derivado de la aprobación de la norma
requerida. Debe tener el valor de decir “no” cuando piensa que es “no”. Pero
cuando dicen “si” mientras piensan que “no” o dicen sí por la carrera,
comodidad, por la ganancia, por el temor a perder su empleo, mientras su
conciencia dice que no, o calla, entonces el lobby se convierte en un acto de
corrupción avalado por el funcionario público. Más aún si deriva en sobornos.
La
administración pública ha sido prostituida y corrompida por políticos
mediocres e inmorales, a un nivel jamás antes visto, o por lo menos conocido,
en la historia republicana. El poder del lobby o del poder fáctico sería mínimo,
en la medida que el funcionario público fuese la persona correcta. Lamentablemente
la realidad nos muestra que eso no está ocurriendo, sino que tiende a
agravarse, como leerse en los siguientes links:
http://revistapesca.blogspot.com/2023/01/la-administracion-de-la-pesca-en-el-peru.html
http://revistapesca.blogspot.com/2023/03/la-institucionalidad-y-la-pesqueria-en.html
http://revistapesca.blogspot.com/2023/01/peru-un-pais-sin-politica-pesquera.html
------
LA AMENAZA ES REAL
La
administración de la pesquería, así como la generación de normas y reglamentos,
deben estar basadas en una política que priorice el bienestar de las mayorías,
que visualice el futuro del sector y que tenga objetivos de corto, mediano y
largo plazo. No se puede permitir que el futuro esté en manos de personajes sin
visión ni interés por los más, ni de los mezquinos intereses económicos de
lobistas quienes representan a los menos.
¿Puede
el futuro pesquero del Perú estar en las manos de funcionarios temporales sin
mayor legitimidad que una resolución que los designa? ¿Sin visión de país,
carentes de la experiencia necesaria y de decencia intelectual, amorales y sin
agenda de largo plazo, sino tan solo los intereses gestionados por lobistas y/o
poderes fácticos sin escrúpulos, que en la práctica se convierten en los
verdaderos hacedores de las normas?
Los
políticos en general son recursos renovables y no extinguibles.
Todos
los lineamientos de política que pudieran ser diseñados debieran obedecer a
principios y valores y quien no los tenga será incapaz de ordenar y gestionar
un sistema distinto al vigente que prioriza el objetivo del "éxito en la
vida" medido por la cantidad de bienes materiales acumulados y no por la
calidad humana individual y el bienestar comunitario.
Nos
hemos convertido en un “Estado empírico”
copado por miles de intereses particulares a los que poco o nada les importa el
interés nacional.
Esto
viene ocurriendo desde siempre posiblemente, incluidos probables sobornos. Pero
¿es lo debido? La costumbre no convierte lo inmoral en moral ni lo indebido en
debido ¿Cuánto más se va a permitir que así ocurra?
http://revistapesca.blogspot.com/2022/12/la-designacion-de-nuevas-autoridades-en.html
Como
se expone en las siguientes transcripciones, se debe prestar especial atención
al lobismo y a la actuación de los poderes fácticos en la pesquería peruana, a
fin de proteger la sostenibilidad de nuestros recursos pesqueros. Este análisis
de la recopilación de información, nos debe inducir a investigar que mucho de
la normativa vigente podría tener su origen en la presión de lobbies o de
poderes fácticos.
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INFORMACION PARA ENTENDER MEJOR EL LOBBY Y
EL PODER FACTICO
“El
objetivo del lobbying es la gestión de intereses, muchas veces asociado a
formas de captura del Estado. El lobbying busca afectar las políticas públicas
y legislaciones, proveyendo a los hacedores de políticas información específica
sobre preferencias o posiciones políticas de los distintos grupos de interés
(…). El objetivo del lobbying es, por lo tanto, influenciar al legislador o
funcionario público con capacidad de decisión. Para ello el lobbying incluye
una serie de prácticas tanto directas como indirectas: reportar resultados de
investigaciones y encuestas; organizar grupos de investigación en diversos
proyectos, asistir como expertos a diferentes audiencias informativas, de los
distintos cuerpos de gobierno. Y suministrar reportes técnicos e
investigaciones de los tomadores de decisiones. (Anastasiadis, 2006: 11)”
-----
El
término corrupción puede tener diferentes significados para diferentes
personas. En lugar de utilizar el término general ‘corrupción’, deberían
identificarse explícitamente los tipos específicos que se quieren abordar, como
el soborno, la malversación o la colusión.
“Soborno:
Esto implica una ventaja (p. ej. un pago o un obsequio) que se transmite a
alguien en una posición de autoridad o influencia a cambio de un servicio o
favor ilícito. El soborno existe a un nivel ‘pequeño’ - una pequeña cantidad de
dinero pagada a un inspector de puerto ‘para que haga la vista gorda’. También
puede implicar sumas considerables -millones de dólares pagados como ‘soborno’
para ganar un acuerdo de pesca o de inversión del gobierno.
Estas
ventajas otorgadas a (o extorsionadas por) una autoridad pública pueden tener
varias formas y tamaños: regalos, viáticos extravagantes para asistir a
reuniones, ofertas de viajes gratis al extranjero, becas, puestos de trabajo o
lobby político5 – no simplemente el viejo cliché de un sobre marrón lleno de
dinero. Identificar los beneficios no monetarios como sobornos es
extremadamente difícil, y puede transcurrir un tiempo considerable entre el
momento en que alguien recibe el regalo y hace el favor: el ‘quid pro quo’.
¿Qué
pasa con la pesca marina? Muy pocos casos de corrupción en el sector han
aparecido en los titulares en los últimos años, y los gestores públicos, las
ONG y los académicos han prestado escasa atención al asunto. Sin embargo, una
mirada rápida sugiere que existe un alto riesgo de que la corrupción se
encuentre presente en el sector:
Algunas
de las naciones pesqueras más poderosas del mundo -como China, Rusia, Corea del
Sur, Japón y los miembros de la Unión Europea- se encuentran en una ‘lucha’
cada vez más intensa por los recursos pesqueros. Estos Estados ‘miran’ cada vez
más las aguas territoriales de los países pobres, lo que genera preocupación
sobre hasta qué punto garantizan que sus empresas pescan de forma sostenible y
ética.
La corrupción es incuestionablemente un
problema crítico para muchos sectores. Sin embargo, la corrupción en la pesca
recibe una atención sorprendentemente limitada en los debates internacionales
sobre reformas pesqueras. La
transparencia se considera muchas veces como una forma importante de prevenir y
detectar la corrupción, al poner en evidencia las actividades, decisiones y
gastos del gobierno, y al aumentar los niveles de responsabilidad. Sin embargo, el poder de la transparencia
para combatir la corrupción rara vez radica en revelar casos específicos de
corrupción. En cambio, el impacto de la transparencia podría ser más indirecto,
al ayudar a cambiar los debates políticos hacia la obtención de una mayor
rendición de cuentas del sector público”.
Fuente
https://www.fiti.global/wp-content/uploads/2021/03/FiTI_tBrief05_Corruption_ES.pdf
------
Es
usual que, los datos sobre la pesca no reflejan su importancia para los medios
de vida y la seguridad alimentaria, ni las preocupaciones sociales y
ambientales del sector artesanal. La pesca suele valorarse en términos de su
contribución al PBI nacional, y los datos que se recogen son principalmente
sobre las capturas y la mano de obra.
La falta
de información gubernamental se ha identificado como una enorme barrera para la
gestión pesquera responsable. En particular, la información sobre el sector
pesquero artesanal suele ser incoherente, obsoleta y de mala calidad. El flujo
de información de la pesca artesanal hacia las autoridades es mucho menos
abundante que el del sector industrial. Los esfuerzos para documentar las
actividades del sector artesanal pueden ser enormemente difíciles. En cambio,
en el sector industrial es mucho más fácil medir y recopilar información, a
pesar de los problemas de subdeclaración o de no informar sobre las
actividades. Por ello, la información gubernamental sobre la pesca industrial
suele ser más completa.
Fuente
https://www.fiti.global/wp-content/uploads/2021/10/FiTI_tBrief06_SSF_ES.pdf
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“En
el caso de un gestor de intereses que actúa en representación formal o informal
de un tercero, este es contratado por el interesado en influenciar en política
pública, actúa como un intermediario en la relación entre el interesado y el
funcionario público, y recibe una remuneración o compensación por ese servicio.
Algunos ejemplos son los siguientes:
-Abogados
independientes o estudios de abogados: En ciertos casos, cuando la entidad que
desea influenciar una política pública es una corporación de gran escala, su
bufete legal puede desempeñar el rol de gestor de intereses en representación
de la empresa.
De
hecho, el límite entre representación legal de un cliente y la representación
de sus intereses ante el Estado puede ser difícil de identificar, y la fijación
de dicho límite es materia de un activo debate global y local. Por ejemplo, un
bufete legal puede representar a una gran corporación en el análisis legal de
una medida arancelaria que impacta en sus operaciones, y –a la vez– monitorear
y desarrollar relaciones con los congresistas miembros de una comisión en la
que se recomendará una política que afectará a la empresa con el objetivo de
influenciarlos.
-Consultores
o firmas de consultoría independientes: La figura del consultor o boutique de
consultoría altamente especializado es, asimismo, recurrente. Se trata de
profesionales o grupos de profesionales que ostentan un conocimiento o acceso
especial a un grupo específico de funcionarios públicos o a una entidad pública
específica. Tal sería el caso, por ejemplo, de un consultor independiente
especializado en asesorar a promotoras inmobiliarias que desean invertir en un
distrito específico, y que tiene un conocimiento en profundidad del
funcionamiento de las normas de desarrollo urbano de ese distrito, o una
relación estrecha con los funcionarios de dicha área o entidad.
-Agencias
de relaciones públicas: Algunas agencias de relaciones públicas –cuyo enfoque
tradicional es asesorar a empresas en su estrategia de comunicación general y,
en especial, en su relacionamiento con medios de comunicación–, también,
desempeñan un rol como gestoras de intereses.
Cabe
comentar, en ese sentido, que algunas de las firmas multinacionales de
relaciones públicas forman parte de grupos que, a su vez, cuentan con empresas formales
de lobby; es decir, existe a nivel global una relación estrecha entre ambas
actividades. Se debe agregar que el método de «mapa de relacionamiento» o
«mapeo de stakeholders» es una herramienta central de ambos oficios, el del
relacionista público y el del gestor de intereses.
-Gestores
de intereses profesionales: Aunque su número es reducido, existen actualmente
empresas profesionales de gestión de intereses o gestores independientes que se
rigen por la Ley 28024, y que prestan sus servicios a empresas privadas. Estos
gestores se definen por haberse inscrito en el registro de gestores de
intereses de la Sunarp (según manda la Ley 28024) y por cumplir con sus pautas
de reporte sobre sus actividades.
-Asociaciones
civiles sin fines de lucro: La asociación civil sin fines de lucro es un
vehículo o entidad sumamente flexible y maleable, que puede fungir en ciertos
casos como gestor de sus propios intereses. También, puede actuar como
intermediario de los intereses de un tercero, en ocasiones, de manera abierta o
pública, y, en ocasiones de manera, oculta o indirecta. Este posible rol de las
asociaciones civiles sin fines de lucro como gestor oculto o indirecto de
intereses de terceros será discutido en la siguiente sección sobre mecanismos
de lobby.
Los
medios de comunicación se constituyen como un caso especial, en la medida que
no necesariamente ejercen su labor periodística con neutralidad, sino que, con
frecuencia, pueden adoptar posiciones o agendas parcializadas en asuntos que
impliquen una gestión de intereses. Cuando esta parcialización se realiza de
manera abierta, como cuando –por ejemplo– el medio asume una clara afiliación
política o ideológica, o le pertenece abiertamente a una empresa o gremio,
puede ser considerado como un actor secundario. Sin embargo, un medio de comunicación
puede ocultar una posición parcializada bajo una postura de neutralidad
periodística, manipulando la manera como reporta un determinado tema de tal
manera que lo influencia sin comprometer su aparente neutralidad.
«El
corrupto no se reúne en la oficina del ministro para plantearle una coima.
Quien cree que la corrupción funciona así simplemente no entiende cómo funciona
la corrupción».
Fuente:
https://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/1155/Nicol%C3%A1s_Tesis_maestria_2016.pdf?sequence=1
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"resulta
útil para el análisis sobre el poder y la comunicación identificar y vincular
esos tipos de gobernabilidad, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba con
un quehacer mediático, que se puede estudiar desde la agenda de noticias,
encuadres (framing), o estilos de llevar a la práctica la política en el
contexto de los medios.
Lo
que se encuentra es que hay un tipo de política que por lo general busca
acumular poder, alejándose de una política con vocación por lo público,
orientada hacia el bien común, el servicio público, la equidad social. Se va
configurando una tendencia en la que el deterioro de la política, limita las
posibilidades de reformas orientadas al desarrollo humano y al cumplimiento de
los derechos humanos.
Esas
distorsiones de los poderes fácticos en la forma de hacer política, en la
gobernanza, en el manejo de los medios y las comunicaciones tienen efectos en
la agenda mediática, en los imaginarios, análisis y lectura de la realidad que
ofrecen los medios a la opinión pública. En este tipo de contextos, se presenta
un escenario de gestión del poder en el que el mercado de capitales y el
comercio condicionan el tipo de gobernabilidad y las prácticas políticas para
acumular poderes con una vocación por lo privado en detrimento de lo
público."
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2219-71682022000100074&script=sci_arttext&fbclid=IwAR1h7qqgdjv2ri6T8YxSxYTxejhZMYZFpflO9MyEsECyCutFrTR6kW2tFho
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En
mayo 2012, la revista IDEELE publicó un artículo cuyo contenido sigue
vigente y del cual algunos extractos son
los siguientes:
“El
desconocimiento del sector pesquero es abrumador, y la gran prensa se ocupa de
no enterar a una sociedad que vive de espaldas al mar, indiferente a la
problemática pesquera, de cuya solución depende en gran medida la seguridad y
la soberanía alimentaria del país. Los recursos pesqueros son valores que no
pertenecen a quien los explota sino a su dueño, que en el caso de los recursos
marinos somos todos los ciudadanos y no un oligopolio privilegiado. De la
correcta gestión de tales recursos depende el futuro del ecosistema marino y la
adecuada nutrición de millones de peruanos.
En
este lamentable contexto, el papel del Instituto del Mar del Perú (Imarpe)
resulta clave por ser la institución que dice cómo, cuándo y cuánto pescar. Si
no se respeta la opinión científica del Imarpe por privilegiar intereses
particulares, entonces seguiremos el derrotero de la depredación, el abuso y la
impunidad. Tras una dilatada gestión de 15 años, corrieron los vientos del
cambio en el Imarpe y el Viceministerio de Pesquería. Aparentemente. Digo esto
porque el ‘gatopardismo’ de quienes manejan el statu quo de la pesquería
peruana admiraría al propio Lampedusa. Mientras no se realice una auditoría
científica a los estudios realizados por el Imarpe y a toda la gestión durante
los últimos 15 años, solo se cambiará algo para que todo siga igual, como
noveló el solitario Lampedusa.
En
la actualidad resulta innegable la merma de las poblaciones de peces e
invertebrados, sobre todo los recursos costeros. No es exagerado afirmar que la
sardina ha sido extinguida comercialmente, que la población de merluza es
residual y ha sido revejida por la sobreexplotación e irresponsabilidad del
propio Estado. ¿Dónde estaba la palabra del Imarpe entonces? ¿Quiénes eran los
responsables de los estudios de merluza y sardina? ¿Quiénes dijeron que había
500 mil toneladas de merluza y luego se retractaron? ¿Quiénes otorgaban las
cuotas de pesca? ¿Qué dicen ahora esos gatopardos travestidos de científicos o
de funcionarios encanecidos en el Ministerio?
La
SNP, un gremio que se ufana de pesca responsable y ordenamiento pesquero, ¿cómo
será su comportamiento frente a la riqueza marina cuya pesquería es controlada
por certificadoras pagadas por
ellos mismos?”
Fuente
https://revistaideele.com/ideele/content/y-todo-sigue-igual-el-sector-pesquero-peruano?fbclid=IwAR2C0L5S_gPwQ_rxmBwQVhuZPCb_dr6eCMteK3RxEikV7Vg2EIVgXtM7Yn8
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“Durante
la pandemia, en 2020, se desembarcaron más de 5 millones de toneladas de
pescado, en su mayoría anchoveta, en los puertos del mar peruano, casi un
millón de toneladas más que en 2019. Sin embargo, el monto de dinero por
derechos de pesca que cobró el Estado peruano a las compañías pesqueras por
cada tonelada de pescado extraída del mar peruano cayó en 2020, a pesar de que
se esperaba que despuntara porque el porcentaje de este cobro aumentó el año
anterior tras 10 años de permanecer congelado gracias a un lobby empresarial.”
Uno
de los mensajes más repetidos por la presidenta de la Sociedad Nacional de
Pesquería, Cayetana Aljovín, es que el sector pesquero no necesita “ni
subsidios, ni regalos; solo estabilidad y confianza”. Aljovín, quien ha ocupado
el cargo de Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, de Energía y Minas y de
Relaciones Exteriores —los dos primeros en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski
y el último en el de Martín Vizcarra—, olvida que existen episodios reveladores
que demuestran que las compañías más poderosas del gremio que lidera, han
buscado lo contrario.
Un
capítulo ilustrativo se remonta a 2007 cuando un grupo de empresas de la
Sociedad Nacional de Pesquería contrató a Apoyo Consultoría para elaborar una
propuesta técnica que sirvió de base para la fabricación del decreto
legislativo 1084, que reguló las cuotas de pesca y permitió congelar por una década el valor del derecho de
pesca.
Fuente
https://convoca.pe/agenda-propia/millones-en-juego-para-una-pesca-sostenible-en-peru
---------
LAS EMBARCACIONES DE BANDERA EXTRANJERA
¿Se
deberá la aparente buena voluntad de la autoridad de pesquería por conceder la
ampliación del plazo del DS 016-2020-PRODUCE a la existencia de algún poder
fáctico que maneja el sector desde las sombras, orientando las acciones
necesarias para sus propios intereses?
¿O hay
alguna otra razón? En todo caso, es un tema para reflexionar en la medida que
la presencia de flotas pesqueras extranjeras en la milla 201, constituye un
grave peligro para nuestros recursos pesqueros y para la economía nacional, en especial
de la pesca artesanal.
La
penetración de las flotas pesqueras extranjeras, en especial la de China, que
además ya se instaló en el país en forma de industrias y está construyendo un
puerto en Chancay, ha sido resultado de gestiones y trabajos de lobby… ¿o no?
Brindar
la oportunidad de acceder a servicios portuarios a la flota pesquera
extranjera, es facilitar sus operaciones de pesca, las que claramente
perjudican los intereses peruanos. En consecuencia, lo que se tiene que hacer
es precisamente lo contrario, o sea dificultar sus operaciones en una clara
defensa de nuestros intereses.
La
medida de implementar una baliza satelital compatible con la de PRODUCE, es
buena, aunque demoró más de un año en promulgarse; pero sigue siendo un
instrumento tímido, tanto como las razones para su demora en promulgarse. Muchos
funcionarios se opusieron y la demoraron. Lo ideal sería negar el acceso total
a puertos peruanos a toda esa flota.
La
penetración china no ocurre solo en la pesca. Las empresas del denominado ‘Club
del Dragón’, contrataron con el Estado del 2018 al 2022 por un monto cercano a
los S/ 10 mil millones, a través del MTC. Se realizaron 99 contratos:
2018
PPK: 6 seis contratos (Martín Vizcarra de Ministro del MTC); 2019 Vizcarra: 39
contratos; 2020 Vizcarra: 18 contratos; 2021 Sagasti y Castillo: 26 contratos;
2022 P. Castillo: 3 contratos.
“El
grupo Enel anunció que llegó a un acuerdo con Southern Power Grid International
(CSGI) para concretar la venta de sus operaciones de distribución en el Perú.
Luego de conocerse la suscripción del contrato, la Sociedad Nacional de
Industrias (SNI) emitió un comunicado expresando su preocupación por lo que
sería una " situación que representaría una concentración en la
distribución de la energía eléctrica en Lima".
El
gremio recordó que en el 2020 Luz del Sur fue vendida al grupo China Three
Gorges Corporation, propiedad del Estado chino, y precisó que la empresa que
acaba de adquirir las operaciones de Enel también es de propiedad del Estado
chino.
Por
ello, indican que, de aprobarse esta venta, esto llevaría a una concentración
del 100% del mercado de distribución eléctrica de Lima en manos de la República
Popular China.
"No
se trata de la generación de un “monopolio” en manos privadas, sino de la
“creación de un monopolio” en la propiedad de la distribución de energía
eléctrica en manos de una potencia extranjera", advierte la SNI.
La
SNI agrega que esta situación podría exponer a los consumidores a pagar precios
excesivos por la energía eléctrica, como consecuencia de la ausencia de
competencia”.
Fuente:
https://rpp.pe/economia/economia/enel-vende-operaciones-a-compania-china-que-implicaria-esto-noticia-1477970?fbclid=IwAR2jIu32hLoqiIBXyVf2oxGLnOEVnBkzFOLKL0YmmVbDxSvD6bIv8wQaLFk
Es
curioso que la diplomacia norteamericana no diga ni haga nada en relación a la
penetración china en Perú, lo que supone cierto control e influencia sobre el
Pacífico Sud Oriental, en un escenario en el cual la mayor parte de los países
de la región son de izquierda y los Estados Unidos van perdiendo presencia e
influencia.
Mayor información
puede leerse en los siguientes links:
http://revistapesca.blogspot.com/2023/04/el-lobby-de-embarcaciones-de-bandera.html
http://revistapesca.blogspot.com/2022/03/el-mega-puerto-que-china-construye-en.html
https://alertaeconomica.com/las-inversiones-chinas-y-el-mega-proyecto-del-puerto-de-chancay/
https://www.reuters.com/article/peru-china-eeuu-idLTAKCN26G32G
http://revistapesca.blogspot.com/2021/05/la-presencia-china-en-los-mares-del.html
http://revistapesca.blogspot.com/2020/08/finalmente-se-promulgo-la-norma-que.html
https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/09/23/mas-de-300-barcos-pesqueros-con-bandera-de-china-se-ubicaron-cerca-de-peru-poniendo-en-alerta-a-la-marina-de-guerra-ante-posibles-violacion-a-la-soberania/
https://es.mongabay.com/2020/10/peru-que-impidio-la-inspeccion-de-un-barco-chino-con-antecedentes-de-pesca-ilegal/?fbclid=IwAR2NktUYNjEP0kixuZgjjS7j523wZB4OyNM_0s9I6-4ZTp4fs4uaSeYD3DY
“El servicio más importante
utilizado por los barcos extranjeros en puertos peruanos es el de mantenimiento
de la parte del casco que se mantiene hundida. “Eso debe hacerse una vez cada
dos años, dos años y medio como mucho, porque ya ese casco comienza a tener
riesgo de desgaste y las compañías de seguro no dan cobertura si uno no hace el
mantenimiento”, explica Miranda.
“Si yo voy a entrar a puerto
peruano (a instalar el sistema satelital) y voy a utilizar ese pretexto para ir
metiendo barcos y sacarlos, ya después no necesito volver a entrar y en dos
años más veremos con qué autoridades conseguimos cambiar otra vez la norma”,
agrega el representante. En la práctica “hacer esto sería abrir una ventana con
la cual lo que se estaría haciendo es realmente derogar el decreto supremo y el
control”, asegura.
https://es.mongabay.com/2023/04/flota-china-esquiva-monitoreo-satelital-de-autoridades-peruanas/
----------------
“Todos
los años, una enorme flota compuesta por unos 300 barcos de bandera china pesca
frente a los mares de América del Sur. Repite un recorrido que va desde el
Atlántico Sur, frente a Argentina, hasta las cercanías de Galápagos, en el
Pacífico, pasando por Chile y Perú. En sus trayectorias, algunas embarcaciones
han sido sorprendidas pescando ilegalmente e incluso algunas han sido acusadas
de violaciones a los derechos humanos. Por estas razones, además de las enormes
cantidades de recursos pesqueros que son capturados por estos barcos y que
muchas veces no son reportados, las operaciones de la flota china en la región
son motivo de preocupación para científicos, especialistas en conservación
marina e incluso autoridades”.
Las
agencias marítimas son los representantes de los buques pesqueros extranjeros
en el país.
La
agencia, una figura que existe en todo el mundo, realiza funciones vinculadas
al ingreso, permanencia, aprovisionamiento y salida del buque en el puerto,
desde compra de alimentos a gestiones con la tripulación. “Las agencias hacen
todo el trabajo administrativo que requiere la operación de los barcos en el
puerto. Traen los traductores, compran los comestibles y coordinan la
logística”, explica Milko Schvartzman, especialista en conservación marina de
Argentina.
Además,
la agencia es el representante legal del propietario o armador del buque en el
país extranjero, siendo legalmente responsable frente a cualquier reclamo
relacionado con la actividad del buque en puerto y en las aguas nacionales.
Así, “si el armador del buque ha cometido una infracción, como por ejemplo
haber incurrido en pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR), el
agente marítimo debería estar en conocimiento de eso al ser el representante,
lo que le da un cierto grado de complicidad”, sostuvo Eduardo Pucci,
especialista en derecho marítimo en Argentina.
Fuente
https://es.mongabay.com/2023/01/la-empresa-que-abre-la-puerta-de-montevideo-a-barcos-chinos-con-antecedentes-ilegales-oceanos/
------
“Durante
las últimas dos décadas, China ha construido la flotilla de pesca de aguas
profundas más grande del mundo, con casi 3000 embarcaciones. Tras haber mermado
de forma dramática el suministro en sus propias aguas costeras, China ahora
pesca en cualquier océano del mundo y a una escala que eclipsa a flotillas
enteras de algunos países en sus propias aguas.
El
impacto se siente cada vez más, desde el océano Índico y el Pacífico sur hasta
las costas de África y Sudamérica: una manifestación del poderío económico
global de China en alta mar.
Esta
labor de China ha desatado protestas diplomáticas y legales. La flotilla
también ha estado vinculada con actividades ilegales, entre ellas la invasión
de aguas territoriales de otros países, la permisividad de abusos laborales y
la captura de especies amenazadas.
El
impacto en ciertas especies en las costas de Sudamérica, como los calamares, es
difícil de medir con exactitud. En algunas regiones, como el Pacífico sur, los
acuerdos internacionales les exigen a los países informar sobre su trayectoria,
aunque se cree que realizar reportes incompletos es una práctica común. En el
Atlántico sur, no hay un acuerdo de ese tipo.
“El
desafío es persuadir a China de que también tiene una necesidad de garantizar
la sustentabilidad de los recursos del mar a largo plazo”, comentó Duncan
Currie, abogado en derecho ambiental internacional que también tiene una
necesidad de garantizar la sustentabilidad de los recursos del mar a largo
plazo”, comentó Duncan Currie, abogado en derecho ambiental internacional que
asesora a la Coalición de Conservación de Aguas Profundas. “No estarán ahí para
siempre”.
Fuente
https://www.nytimes.com/es/interactive/2022/10/13/espanol/pesca-china-sudamerica.html
---------
En
América del Sur, sin embargo, “la lucha no es fácil”, incluso con la
colaboración de los países de la región. “China claramente pretende explotar
las aguas internacionales y muchas especies ya están sufriendo las
consecuencias”, añade el artículo. “Confrontar la voracidad china por recursos
marinos requiere un compromiso regional que no puede esperar”.
Fuente:
https://sv.usembassy.gov/es/militares-estadounidenses-advierten-barcos-pesqueros-chinos-podrian-provocar-guerra-en-alta-mar/
------
¿LOBBY SOBRE LAS MULTAS?
Durante
la gestión del exministro Prado, en 2022, “recomendado al cargo” por los
denominados congresista “niños”, se promulgó una norma que reduce las multas
impuestas en el sector pesquero. Ya antes en otro gobierno se ha hecho lo
mismo. Esto ¿obedeció a una política en beneficio del sector, o fue un lobby
para favorecer a determinados armadores que resultaron beneficiados con esta
norma?
A
través del Decreto Supremo Nº 007-2022-Produce, publicado en el diario El
Peruano, se establece que la escala de reducción alcanza hasta el 90% en sanciones
de hasta 50 UIT; 70% para las de hasta 200 UIT; y de 50% para las mayores de
200 UIT.
El
titular de Produce, Jorge Prado Palomino, explicó que este régimen excepcional
de reducción de multas se da con la finalidad de reducir los impactos
económicos generados por la propagación del COVID-19, la cual ha afectado a
toda la cadena productiva del sector pesquero.
La
única norma destacable y de fondo del gobierno, fue el DS N°007-2022-Produce
que se suponía que era para favorecer a los pescadores artesanales.
Ni
ninguna otra fue dada basada en un plan de gobierno y/o en una visión de la
pesca peruana. La verdad es que nunca hubo análisis para la promulgación de la
norma, ni nada por el estilo. Fue sencillamente el resultado de una negociación
para satisfacer a uno o varios y por lo cual seguramente se gestaron muchas más
negociaciones.
El
manejo del sector solo fue realizado para satisfacer agendas personales de
determinados personajes. Todo el trabajo de diseño de un plan de gobierno y de
desarrollo de una agenda para el sector, quedó invalidado y trunco debido a que
el sector se empezó a manejar tan solo para satisfacer determinados intereses y
se designó funcionarios poco conocidos del sector.
En
2017, el entonces Ministro de la Producción redujo las multas para la pesca
ilegal a través de un nuevo reglamento.
En
2022 se aplica una medida similar, lo que indicaría que lo actuado por el
Ministro en 2017 no fue efectivo, o no fueron ciertas las consideraciones que
lo llevaron a dictar esas medidas
Más
detalles en los siguientes links:
http://revistapesca.blogspot.com/2023/02/lo-mas-destacado-en-la-normatividad.html
http://revistapesca.blogspot.com/2022/05/multas-y-sanciones-en-el-sector.html
https://conexionambiental.pe/especialistas-alertan-de-paquetazo-pesquero-que-beneficia-a-infractores-ante-multas%EF%BF%BC/
https://es.mongabay.com/2020/06/oceanos-millonarios-descuentos-para-pesqueras-sancionadas-peru/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-fiscalizacion-y-decreto-supremo-n-017-2017-produce-1585361-5/
“El gobierno, que no se cansa de
decir que representa “al pueblo”, ha decidido perdonar las multas de las
grandes empresas pesqueras. El último viernes 27 el Ministerio de Producción
emitió un decreto supremo que permite que las pesqueras infractoras puedan
reducir sus sanciones hasta en un 90%. Con la reciente norma, firmada por
propio el presidente Pedro Castillo y el ministro Jorge Luis Prado, las
millonarias multas de las pesqueras quedarán perdonadas”.
https://elfoco.pe/2022/05/reportajes/festin-pesquero/
Entonces…
¿estamos frente a un lobby? ¿O no lo es?
El
lobista necesita de muchos contactos. A mayores relaciones y a mayor nivel e
importancia de las mismas, mayor eficaz es su accionar. Tener amigos y conexiones
importantes, entre las cuales se deben encontrar los poderes fácticos, es vital
para ser un lobista exitoso.
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CLIENTES, NEGOCIOS Y AMIGOS
“La
exministra dirige desde la Sociedad Nacional de Pesquería hasta la consultora
empresarial Azerta. También es directora de Interbank e integrante de la Cámara
Americana en el Perú. Durante los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte,
Aljovín ha visitado en 34 oportunidades a ministros y ha tenido reuniones con
congresistas de casi todas las bancadas.
Publicado
el 05/04/2023
Cayetana
Aljovín es una mujer con muchos intereses en juego. En lo que va del gobierno
de la presidenta Dina Boluarte, una serie de decretos y normas promulgadas por
el Ejecutivo le han sonreído a su círculo empresarial más cercano.
Aljovín
dirige Azerta, una firma chilena con sucursal en el Perú, que se dedica a la
asesoría empresarial, el manejo de crisis y cuyo lema es: “Abordamos los
desafíos libres de prejuicios”. Entre su cartera de clientes figuran empresas
como: Coca Cola, Roche, Termochilca, Intercorp, Mall Plaza, Comunal e In Retal
Pharma.
Desde
el 2019 Aljovín también es la presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería
(SNP), gremio que reúne a las 64 pesqueras más grandes. Y, desde el 2018, es
directora de Interbank e Intercorp Financial Services, la rama de inversiones y
servicios financieros del holding de Carlos Rodríguez Pastor, el hombre más
rico del Perú y con negocios que van desde cadenas de comida rápida hasta
farmacias y centros comerciales.
Cayetana
Aljovín, además, actualmente es vicepresidenta de la Corte Arbitral de la
Cámara de Comercio Americana en el Perú (AmCham) y del Consejo Privado
Anticorrupción (CPA); integrante de la Asociación Civil Basc Perú, que entrega
certificados ISO; directora de la empresa Techno Fast; integrante del Comité de
Pesca y Acuindustria de la CONFIEP; y pareja sentimental del gerente general de
Saga Falabella, Juan Fernando Correa.
11
de julio del 2022: la entonces ministra Dina Boluarte y la empresaria Cayetana
Aljovín entregando pescado en Villa María del Triunfo. Boluarte y Aljovín han
tenido, al menos, ocho actividades juntas. (FOTO: MIDIS)
Cuando
Dina Boluarte era ministra del MIDIS, Aljovín comenzó a entablar una relación
cercana con ella. Fuentes del entorno de presidenta de la República señalan que
Aljovín es una de las voces empresariales que más escucha. En el sistema de
visitas y reportes fotográficos de eventos hay registro de, al menos, ocho
actividades donde Aljovín y Boluarte han estado juntas.
El
20 de enero del 2022, Boluarte y Aljovín se reunieron en el MIDIS por hora y
media. Una semana después las dos estuvieron en Chancay repartiendo víveres a
los pescadores afectados por el derrame de petróleo provocado por Repsol. En
junio del 2022 hubo otra reunión en el MIDIS entre ambas. En julio y septiembre
del 2022, Aljovín y Boluarte entregaron pescado en Villa María del Triunfo y
Carabayllo.
En
octubre de ese mismo año Boluarte invitó a Aljovín a ser panelista en el X
Semana de la Inclusión Social. El 6 de enero de este 2023, Boluarte recibió a
Aljovín en Palacio para conversar de la problemática del sector pesquero. Y, el
último 9 de marzo, la presidente de la SNP fue a la sede del Gobierno como
integrante del Consejo Empresarial Perú-Chile.
Informantes
del entorno de la presidenta Boluarte cuentan que la mandataria y Aljovín no
solo hablan de temas empresariales, sino también de asuntos políticos. Aljovín
tiene larga experiencia en ese campo. Entre el 2016 y 2017, fue ministra del
MIDIS, como Boluarte. La presidenta de la SNP también ha sido ministra de
Energía y Minas, canciller, viceministra de Comunicaciones, durante los
gobiernos de Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. Aljovín además ha sido
directora de la firma de relaciones públicas Llorente & Cuenca, y conductora
de RPP y “Panorama”.
Correos
electrónicos revelados por el portal “Lima Gris” donde se menciona a Azerta, la
consultora de Cayetana Aljovín, dentro de un lobby con congresistas de la
Asociación Peruana de Energías Renovables.
La
distancia que la gran mayoría de empresarios tuvo con el gobierno de Pedro
Castillo, no fue compartida por Cayetana Aljovín. Y es que, además de tener
encuentros con Boluarte, mientras Castillo estaba en Palacio de Gobierno,
Aljovín visitó 42 veces alguna oficina del Ejecutivo. De esa lista, 29
ocasiones fueron para reunirse con ministros y dos con Pedro Castillo.
El
ministro que más visitó Aljovín en la era Castillo fue Jorge Prado Palomino,
titular de Producción, quien recibió 17 veces a la empresaria en el año que
ocupó el puesto, entre noviembre del 2021 y noviembre del 2022. Dentro de la
jurisdicción de Ministerio de Producción está el sector pesquería.
El
gobierno de Dina Boluarte acaba de cumplir 100 días de mandato y Aljovín,
además de visitar a la presidenta en Palacio, ya ha estado por las oficinas del
premier Alberto Otárola; la ministra de Ambiente, Albina Ruiz; los exministros
de Trabajo, Eduardo García, y Producción, Sandra Belaunde; y la viceministra de
Pesca, Desilú León.
Cayetana
Aljovín también tiene buenas migas con el Congreso, y no hace discriminación de
bancadas. Entre los parlamentarios que Aljovín ha visitado están: Flor Pablo
(Partido Morado), María del Carmen Alva (Acción Popular), Diego Bazán (Somos
Perú), Carlos Anderson (no agrupado) y Hernando Guerra García (Fuerza Popular).
“Con
la misma transparencia con la que me he reunido con diversos ministros, he
solicitado reuniones con congresistas de diversas bancadas en representación de
la SNP para abordar temas relacionados a la problemática del sector pesquero
industrial al cual represento”, respondió Cayetana Aljovín cuando EL FOCO le
preguntó por sus visitas a parlamentarios.
Reporte
de las visitas durante el mes de marzo de Cayetana Aljovín al ministro de
Producción Raúl Pérez Reyes. Las reuniones coinciden con resoluciones emitidas
por el gobierno en favor de las grandes empresas.
La
próxima semana en el Congreso habrá una votación trascendental para el sector
pesquería: un dictamen que prioriza la pesca tradicional sobre la industrial
dentro de las cinco millas. El último 29 de marzo la iniciativa legislativa fue
aprobada en primera votación ajustadamente: 53 votos a favor y 50 en contra.
Está pendiente la segunda y definitoria votación. Mientras llega ese día, la
campaña para que el proyecto de ley sea rechazado ha comenzado, y Cayetana
Aljovín está públicamente a la cabeza.
El
viernes 31 de marzo en la columna de opinión que tiene en el diario “Correo”
Aljovín dijo que la iniciativa beneficia a Chile porque “tomará ventaja de este
hecho e impulsará una industria anchovetera con los recursos que nosotros
estamos dejando en nuestro mar”. La columna se tituló: Nadie sabe para quién
trabaja, ¿o sí?
Las
relaciones de Aljovín y del sector pesquero con el Ejecutivo han sido más
fructíferas. El 28 de noviembre del año pasado comenzó la temporada de pesca de
anchoveta en la zona norte-centro con una cuota aprobada de 2.8 millones de
toneladas. Todo iba viento en popa hasta que en los primeros días de enero
diversos sindicatos de pescadores avisaron al Ministerio de Producción que
había alta presencia de juveniles exigiendo cerrar la campaña.
El
Gobierno, sin embargo, ignoró las alertas. Incluso, como reveló el portal “Ojo
Público”, el propio ministerio había emitido 97 comunicados disponiendo cierres
preventivos en 143 zonas por la presencia de juveniles.
El
cierre de la campaña de anchoveta se dio el 4 de febrero, casi un mes después
de las primeras voces de alerta. Ese retraso permitió a los pesqueros captar
1.9 millones de toneladas de anchoveta de los 2.8 millones que autorizó el
gobierno el año pasado. Como todo es una ecuación: a más pesca de anchovetas,
más millones de soles para los grandes pesqueros.
Dos
de las últimas columnas de Cayetana Aljovín en el diario “Correo”. En la de la
izquierda habla, con alegría, sobre la campaña de pesca de anchoveta que el
Gobierno cerró con retraso. En la de la derecha se opone al proyecto de ley que
beneficia a la pesca artesanal y dice que aprobar esa norma es beneficiar a
Chile.
En
algunas ocasiones las autorizaciones y resoluciones de cuotas de pesca han
coincidido con visitas de Cayetana Aljovín a ministerios. El 22 de noviembre
del año pasado, cuando se autorizó la cuota de pesca de la zona norte-centro,
Aljovín estuvo con dos ministros: de Economía, Kurt Burneo, y de Producción,
Jorge Luis Palomino, según registros oficiales.
El
último 21 de marzo Aljovín visitó al actual ministro de Producción Raúl Pérez
Reyes, y ese mismo día salió una resolución donde se informó que de manera
“excepcional” no se contabilizaría las cuotas de captura para las embarcaciones
durante la temporada que se cerró y por lo tanto no iban a recibir
amonestaciones.
Azerta,
la consultora que dirige Aljovín, también ha dejado huella en el Congreso. El
14 de febrero y 6 de marzo último el portal “Lima Gris” reveló correos
electrónicos que la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SRP) enviaba a
congresistas proponiendo proyectos de ley que los benefician. En los mensajes
que se filtró se leía el nombre “Azerta” como una de las empresas que asesoraban
a la SRP.
En
los correos también se mencionó los nombres de algunos congresistas. Uno de los
mensajes decía: “Azerta – Agencia de Marketing -PR – Apoyo legislativo. último
contacto en diciembre con Patricia Hurtado, que logró que el PdL (proyecto de
ley) se derive solo a Comisión de Energía y Minas y sobre estrategia para
conseguir mayoría en pleno: presentar proyecto similar a Fuerza Popular – Nano
Guerra García o Acción Popular, congresista (Luis Ángel) Aragón”.
Juan
Fernando Correa, gerente general del Grupo Falabella en el Perú y pareja de
Cayetana Aljovín. Derecha: resolución dada por el gobierno de Dina Boluarte
beneficiando a los importadores de ropa china, donde una de las más importantes
es Falabella. (FOTO: Linkedin)
El
ingeniero industrial Juan Fernando Correa es gerente general del Grupo
Falabella en el Perú, y es pareja de Cayetana Aljovín. La gestión de Correa ha
tenido un éxito en el gobierno de Dina Boluarte: que se anule la aplicación de
salvaguardias a la ropa china. Esa resolución apareció publicada en “El
Peruano” el 1 de marzo, y ese mismo Cayetana Aljovín visitó el despacho del
ministro de Producción, Raúl Pérez Reyes, uno de los firmantes.
La
anulación de las salvaguardias beneficia a los grandes importadores de ropa
china entre ellos Saga Falabella, y perjudica a la industria textil nacional y
a Gamarra. Solo en el 2022, Falabella hizo 57 importaciones desde china por un
monto de 229 millones de dólares, el grueso fue de ropa e indumentarias.
“Mi
relación con la señora Boluarte es la de una presidenta de gremio —en mi caso
la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) — con una funcionaria del Estad de un
sector que tiene temas o problemáticas en común”, dijo Cayetana Aljovín a EL
FOCO sobre su relación con la presidenta de la República.
Aljovín
señaló que sus visitas al exministro de Producción Jorge Luis Prado Palomino
fueron siempre como presidenta de la SNP y para hablar de “desde asuntos
regulatorios, internacionales, laborales y de colaboración público-privado”.
Aljovín admite que la Asociación Peruana de Energías Renovables fue clienta de
Azerta, pero no lo es desde hace 6 meses. Dice que Roche y Mall Plaza también
han dejado de ser clientes de Azerta, pero que Coca Cola todavía se mantiene en
su cartera. Sobre su relación sentimental con el gerente general de Falabella,
Aljovín respondió: “no hablo de mi vida privada”.
Fuente
https://elfoco.pe/2023/04/reportajes/los-clientes-negocios-y-amigos-de-cayetana-aljovin/?fbclid=IwAR0laGoQ70ZclNDeiQV0JDTdNS_V-amCIgMONAAoiL3dwuy5f9m1pQ3Mg08
https://elfoco.pe/2023/04/reportajes/los-clientes-negocios-y-amigos-de-cayetana-aljovin/
Versión en PDF con imágenes puede
encontrarse en el siguiente link:
https://www.calameo.com/read/000453377497096e9c099
“En el
marco de esta problemática, se ha conformado o se pretende conformar un grupo
de trabajo multidisciplinario que, en lugar de reforzar el cumplimiento de la
norma, tenga como objetivo evaluar el pedido de organizaciones públicas y
privadas que solicitan otorgamiento de plazos de gracia y/o excepciones para el
cumplimiento de dicha norma. Esto último desvirtuaría la disposición referida
ya que se trata de flotas históricamente infractoras a nivel mundial.
Adicionalmente,
el plazo que fijó el Decreto Supremo ha vencido hace más de 2 años y, por ende,
ha quedado en evidencia la decisión de los actores comprometidos en la norma de
no cumplir con lo establecido.
El D.S. N° 016-2020-PRODUCE constituye una
medida que permite disuadir y desalentar la Pesca Ilegal, No Declarada y No
Reglamentada por parte de toda embarcación de bandera extranjera que realicen
actividades pesqueras y relacionadas con la pesca de recursos hidrobiológicos
fuera del dominio marítimo del Estado Peruano. Con ello se busca complicar el
trabajo de flotas extranjeras que operan en aguas internacionales sin ninguna
regulación. Los barcos con bandera de países como China ya depredaron sus
recursos frente a sus costas y ahora buscan llenar sus bodegas cerca de Perú.
La autoridad peruana, en especial la de
defensa y de pesquería, tienen el deber de
garantizar la soberanía de nuestro dominio marítimo, preservar la
sostenibilidad de los recursos naturales existentes en dicho dominio y proteger
los derechos de nuestros pescadores artesanales y de nuestra industria. Más que
ceder a la presión de lobistas que se confabulan contra los intereses
nacionales se debe reforzar las acciones de control de la pesca ilegal con medidas
de incremento del patrullaje costero, siendo indispensable que se mantenga la
plena vigencia del Decreto Supremo N° 016-2020- PRODUCE.
Si se conforma una mesa de trabajo donde se
pueda determinar la viabilidad de estas solicitudes, estaríamos evidenciando
que las autoridades están cediendo ante el lobby o siendo cómplices de acciones
que perjudican a la pesquería nacional.
Con Decreto Supremo N° 016-2016-PRODUCE se
regularon las condiciones para el arribo a puertos o astilleros nacionales y el
uso de sus servicios para embarcaciones de bandera extranjera que realicen
actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos fuera del dominio marítimo,
como:
a. Transbordo o depósito en tierra de
recursos o productos hidrobiológicos en puerto nacional, como mercadería en
tránsito o verificación de productos hidrobiológicos;
b. Actividades de asistencia técnica,
avituallamiento, provisión de alimentos o combustible, de transporte y de
suministro de implementos necesarios para facilitar las operaciones de las
embarcaciones pesqueras.
Con Decreto Supremo Nº 016-2020-PRODUCE se
modificó el artículo 3 del Decreto Supremo Nº016-2016-PRODUCE referente a las
condiciones para el arribo a puertos nacionales por parte de las embarcaciones
pesqueras de bandera de extranjera en el cual se estipula, entre otros aspectos,
que tratándose de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera que realizan
actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos transzonales o
transfronterizos en alta mar, tengan operativo el Sistema de Seguimiento
Satelital (SISESAT), del Ministerio de la Producción, y hayan transmitido a su centro
de control, su posicionamiento satelital de los últimos seis (6) meses
anteriores a su reporte de ingreso. Esto con el objeto de certificar que no han
realizado incursiones dentro de las 200 millas.
La Primera Disposición Complementaria del
precitado Decreto Supremo dispone que las embarcaciones pesqueras de bandera
extranjera que realizan actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos
transzonales o transfronterizos en alta mar, que soliciten arribo a puerto para
realizar las actividades a las que se refiere el artículo 1 del Decreto Supremo
Nº 016-2016-PRODUCE, y no tengan instalado el equipo satelital SISESAT podrían,
hasta el 31 de diciembre
2020, emitir su señal al SIMTRAC y remitir por única vez al Ministerio
de la Producción un reporte y diagrama de posicionamiento satelital (track) correspondiente
a los últimos seis meses previos a su ingreso al dominio marítimo del Perú y su
traducción al idioma español, en caso corresponda.
Habiendo vencido el plazo establecido en la
Primera Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº 016-2020-PRODUCE,
diversos ciudadanos y organizaciones públicas y privadas en representación de embarcaciones
pesqueras principalmente asiáticas, están solicitando al Ministerio el
otorgamiento de plazos de gracia o excepcionales para poder ingresar a puerto
peruano y poder instalar su baliza satelital, argumentando aspectos de carácter
social económico y operativo que estarían limitando sus actividades pesqueras
fuera del dominio marítimo. Cabe decir que no se aprecia ningún aspecto social
en este tema, sino tan solo económico que favorece a la embarcación y a quien
le prestaría los servicios.
Si se desvirtúa el D.S. N° 016-2020-PRODUCE
ampliando los plazos para la instalación de los instrumentos de control
satelital en las mencionadas embarcaciones de bandera extranjera, invocándose
razones técnicas, legales, económicas y/o sociales, cuando el plazo para ello
venció el 31 de diciembre de 2020, estaríamos evidenciando que la autoridad de
pesquería está cediendo a la presión de intereses y de lobbies que defienden
intereses ajenos a los del Perú, en especial de la flota China y de las
empresas que pudieran ser beneficiadas con la operación de esas embarcaciones
en puerto peruano. Sería una clara muestra de rendición de la autoridad ante la
presión de lobbies, se presentarán
graves problemas de conflictividad social en las comunidades pesqueras del Perú.
Este es un requerimiento totalmente
inaceptable en vista de que se dio un plazo más que prudente y suficiente, por
lo cual retroceder ante lo actuado sería una muestra de debilidad, pérdida de
autoridad y/o corrupción que tendría que ser investigada por los organismos
correspondientes. Otorgarlo sería cometer el mismo error de ampliación de plazo
que se otorgó para la formalización de embarcaciones y que resultó un fracaso.
Por otro lado se trata de proteger nuestros recursos pesqueros no dando
facilidades a estas embarcaciones depredadoras.
Lo que ocurre es que existe un grupo de
embarcaciones pesqueras extranjeras, principalmente del continente asiático,
que no realizaron dicha instalación y que ahora debido a dicha restricción, no
puede hacer uso de los puertos peruanos, lo cual es problema de ellos. No se
puede permitir que la flota asiática, la más depredadora de los recursos
pesqueros en el Pacífico Sud Oriental y en el Atlántico Sur, que violan nuestro
dominio marítimo, por más que la autoridad lo niegue, tengan facilidades
portuarias para seguir depredando e incursionando en nuestro mar. Los intereses de los astilleros y
empresas favorecidas con esta actividad no pueden sobreponerse sobre los
intereses y derechos de todos los pescadores artesanales y de todo el Perú.
Estas embarcaciones conformada por
aproximadamente una flota de 500 naves, generalmente de pabellón asiático,
pescan fuera de las 200 millas peruanas. No obstante, a pesar de las
herramientas tecnológicas actuales, existen prácticas que imposibilitan su
identificación y ubicación, tales como apagar los equipos de rastreo y el
consecuente silencio electrónico, situación que genera la imposibilidad de su
fiscalización o control en aguas jurisdiccionales peruanas.
Por ello, se estableció la obligación de
contar con un sistema de seguimiento satelital operativo y compatible con el
utilizado por la Autoridad Marítima Nacional y el Ministerio de la Producción,
el cual tiene la misión de localizar, seguir y supervisar las actividades de
las embarcaciones pesqueras a fin de que se cumpla en forma efectiva la normatividad
legal vigente en materia de pesca. Es una herramienta que está destinada a
asegurar el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos
contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú, las que constituyen
Patrimonio de la Nación, tal como lo establece la Constitución Política del
Perú y la Ley general de Pesca.
El Perú tiene el deber de adoptar todas las
medidas necesarias para la conservación y explotación sustentable de los
recursos hidrobiológicos transzonales y altamente migratorios que inciden en
sus aguas jurisdiccionales.
¿Estamos
frente a un lobby o la presión de algún poder fáctico?
“Esas distorsiones de los
poderes fácticos en la forma de hacer política, en la gobernanza, en el manejo
de los medios y las comunicaciones tienen efectos en la agenda mediática, en
los imaginarios, análisis y lectura de la realidad que ofrecen los medios a la
opinión pública. En este tipo de contextos, se presenta un escenario de gestión
del poder en el que el mercado de capitales y el comercio condicionan el tipo
de gobernabilidad y las prácticas políticas para acumular poderes con una
vocación por lo privado en detrimento de lo público."
Los poderes fácticos son sectores de la
sociedad, al margen de las instituciones políticas, que ejercen sobre aquella
una gran influencia, basada en su capacidad de presión o influencia. El poder
fáctico no coincide necesariamente con el aparato formal del Estado pero puede
influir en las estructuras legales y regulatorias, por intermedio de su
autoridad informal o su capacidad de presión. El poder fáctico no está
legitimado ni siempre busca la legitimidad para ejercerse, pero ejerce de facto
(de hecho) el poder aunque no lo haga de iure (legalmente) ya que su mera
existencia le hace ser determinante
¿Se
deberá la aparente buena voluntad de la autoridad de pesquería por conceder
esta ampliación del plazo del DS 016-2020-PRODUCE a la existencia de algún
poder fáctico que maneja el sector desde las sombras, orientando las acciones
necesarias para sus propios intereses?
¿O
hay alguna otra razón? En todo caso, es un tema para reflexionar en la medida
que la presencia de flotas pesqueras extranjeras en la milla 201, en especial
la China, constituye un grave peligro para nuestros recursos pesqueros y para
la economía nacional, en especial de la pesca artesanal.
Esto ya fue advertido meses
atrás como se puede leer en el siguiente artículo:
El Decreto Supremo 016-2020-PRODUCE,
emitido en agosto de 2020, exige a los barcos extranjeros que realizan
actividades pesqueras de recursos hidrobiológicos transzonales en alta mar
(léase pota o calamar gigante), tener operativo el Sistema de Seguimiento
Satelital – SISESAT, del Ministerio de la Producción y transmitir el
posicionamiento de los seis meses anteriores a su reporte de ingreso, si es que
desean acceder y realizar operaciones en puertos y astilleros peruanos. Esta
norma, que demoró muchos años en ser aprobada por el Estado peruano (por razones desconocidas a no ser que fuese por la presión de
lobbies), determina que las embarcaciones
(de origen asiático) que capturan esta especie, deben demostrar objetivamente
que cumplen las normas que sus propios países se han comprometido a observar.
A más de dos años de la entrada en vigor
de esta medida, no se tienen registros masivos de la instalación de
dispositivos satelitales en aquellas flotas industriales de aguas distantes
que, hasta antes de la norma, entraban a puertos nacionales en un promedio de
doscientas naves al año, muchas sindicadas por tener comportamientos que podrían
estar relacionados con pescar ilegalmente dentro de mares jurisdiccionales de
países de la región, como lo denunciaron pescadores e investigadores. De esta
manera, hacían logística en nuestro país para extraer pota ilícitamente y
competir deslealmente contra el Perú en los mercados del mundo.
Instituciones como Global Fishing Watch o
HawkEye360 identificaron que muchas de estas naves apagaban sus equipos
satelitales para, presuntamente, entrar a pescar calamar gigante de manera
furtiva en nuestro dominio marítimo.
El decreto comentado, puso un freno a esta
proliferación de posibles buques infractores en nuestras facilidades portuarias
cuya presencia se redujo a tan solo una media de 20 embarcaciones anualmente.
En el contexto del combate a la pesca ilegal, el hecho que estos barcos se
hayan abstenido de ingresar a puertos peruanos es una buena noticia, pero no
indica buena conducta sino temor a ser descubiertos por nuestro sistema de
observación.
Se sabe que hay grupos interesados que
desarrollan denodados esfuerzos para “flexibilizar” este dispositivo legal.
Estudios de abogados y asesores especializados procuran elaborar una
modificación que abra una ventana para perforar y burlar la contundente medida
vigente. Naturalmente, es muy sencillo identificar quiénes serían los únicos
beneficiarios. Por ello, más que nunca, hay que ser diligentes para evitar
retrocesos en nuestro estándar de monitoreo, control y vigilancia; que podrían
generar una gran convulsión en el sector pesquero nacional.
Pero esto no es lo único. La mayoría de
las dos decenas de pesqueros de aguas distantes que siguen ingresando al Perú,
utilizan una modalidad que, por su naturaleza, debe solo usarse por caso
fortuito o de fuerza mayor: los arribos forzosos. Entre enero de 2021 y mayo de
2022, doce naves han ingresado al Perú bajo esta figura. Las actas de
inspección, que deben realizarse bajo el modelo indicado por la Organización
Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) señalan, sin
embargo, además de razones humanitarias, asuntos administrativos inadmisibles
en este contexto como, por ejemplo, la renovación de certificados. En otros
casos, carecen de la información mínima para justificar los arribos forzosos,
pero fueron admitidos. Estarían explorando una modalidad para burlar nuestra
vigilancia. Todo huele a sacada de vuelta, a un ardid para evadir la obligación
y a heraldos ataviados con finas sedas.
Debemos profundizar la investigación de
estas tenebrosas rendijas por las que podrían escabullirse miles de toneladas
de pota, el principal recurso de la pesca artesanal y uno de los pilares de
nuestra seguridad alimentaria. Esta es solo la primera clarinada de alerta.
Fuente
https://www.expreso.com.pe/opinion/sacada-de-vuelta/
Más información puede encontrarse
en los siguientes links, de los cuales podemos decir que lo que ocurre en
Argentina es muy parecido o similar a lo que estaría pasando en Perú, solo que
en nuestros país las autoridades dicen que no ocurre, en lo que podría ser un
acto de encubrimiento para facilitar la atención portuaria a esas embarcaciones
que dejan importantes ganancias a los astilleros y puertos peruanos:
https://revistapuerto.com.ar/2023/04/pesca-en-la-milla-201-lo-que-no-podemos-hacer-es-quedarnos-sentados/?fbclid=IwAR2stEHE-4Dtu_JSDG-XTbo5s7t8vaZeKIosQOFm38jiqX1cH0De20wCHkY
https://elpais.com/america-futura/2023-03-27/viaje-a-la-milla-201-epicentro-de-la-pesca-sin-ley-del-calamar-en-el-atlantico-sur.html?fbclid=IwAR1VpluYWTEbdFBwQHxQTIRZiEDoEy0jqdtDfrk6XbhNJ1jbAmLpX9gHCMo
https://tn.com.ar/sociedad/2023/03/20/imagenes-impactantes-asi-depredan-los-pesqueros-chinos-la-riqueza-del-mar-argentino/?fbclid=IwAR0Sqpw1xNS48Z-jf-MkzXVyOVKEKpsthtze7fAs8Ou4lTcl3FfQ_-8HBgI
http://revistapesca.blogspot.com/2022/03/el-mega-puerto-que-china-construye-en.html
http://revistapesca.blogspot.com/2021/05/la-presencia-china-en-los-mares-del.html
http://revistapesca.blogspot.com/2020/08/finalmente-se-promulgo-la-norma-que.html
Lo
que se debe apreciar en esta situación, que para algunos puede parecer
relativamente intrascendente, es el hecho de que más allá del contenido de la
norma, la sociedad no puede aceptar que un Ministerio, sencillamente no de
cumplimiento a una norma con rango de ley. Evidencia un desprecio por el estado
de derecho y le resta autoridad moral a la autoridad que debe hacer cumplir las
normas. ¿Con qué derecho exigiría u obligaría a cumplirlas si ella misma no lo
cumple? Por eso es importante esta acción ciudadana, que es de esperar sea
debidamente atendida.
El
DU 015-2020 dispuso la reorganización del IMARPE, como se puede ver en detalle
en los siguientes enlaces:
http://revistapesca.blogspot.com/2022/12/las-nuevas-autoridades-y-el-instituto.html
http://revistapesca.blogspot.com/2022/06/una-accion-de-cumplimiento-para-el.html
Esta
norma con rango de ley no ha sido cumplida, lo cual está detallado en los
enlaces anteriores.
En
este escenario y ante la ausencia de reacciones desde las instituciones
relacionadas con el sector pesquero, un ciudadano peruano ha asumido la tarea
de reclamar por el cumplimiento de la ley.
Es
de esperar que por el mero hecho de ser un ciudadano común, no se ignore o
minimice esta acción interpuesta, que puede leerse en el siguiente enlace y que
sea debida y correctamente atendida por la autoridad competente:
https://www.calameo.com/read/000453377d6b20a586ed4
El ciudadano Timoteo
Querevalú Eca presentó una acción de
cumplimiento, en relación a la negativa del IMARPE a dar cumplimiento al DU
015-2020 que dispone la reestructuración del IMARPE.
Antes de iniciar un proceso
de cumplimiento, el interesado debe solicitar al funcionario o autoridad
pública renuente el cumplimiento de la norma legal o del acto administrativo
mediante una solicitud simple de fecha cierta. Habiéndose cumplido esta
formalidad ante el Ministerio de la Producción, el cual derivó el asunto al
IMARPE, ahora tiene expedito el derecho para acudir al juez constitucional para
interponer la demanda de proceso de cumplimiento.
Es censurable que este
proceso haya demorado tres años en tramitarse, pese a que el mandato de la
norma dispone tres meses para darle cumplimiento.
Al no estar aprobado el
nuevo ROF, no se puede convocar a concurso para designar al nuevo presidente de
la entidad, existiendo ya una demora de tres meses desde que el Ministerio de
la Producción ha recibido del IMARPE el expediente para promulgar el
correspondiente Decreto Supremo que lo aprueba. ¿Cuánto demorará el PRODUCE en dar
cumplimiento a la norma? Porque ya no es responsabilidad del IMARPE en vista de
que esta entidad ha remitido todo el expediente al Ministerio de la Producción
para su cumplimiento.
Siendo que dicho expediente
está completo y aprobado por todas las instancias, ¿es normal demorar tanto, o es que existen otras razones para
continuar dilatando el asunto? ¿Indiferencia, cálculo político, influencias
externas, ineficiencia administrativa?
El IMARPE ha dado respuesta
al ciudadano Timoteo Querevalú, mediante un oficio que en esencia dice que la
designación del nuevo Presidente de la entidad, conforme manda el DU-015-2020,
se efectuará una vez que se haya aprobado el nuevo ROF (Reglamento de
Organización y Funciones),el cual , el cual
se encuentra próximo a ser
aprobado, como se detalla más adelante, y que dice que el mandato del DU
015-2020 en este momento está en manos de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización del Ministerio de la Producción.
El IMARPE expresa que viene
realizando todas las acciones referentes a
la aprobación de
sus documentos de
gestión, en coordinación
de los sectores competentes (PCM, MINJUS), con
la finalidad de cumplir con
todos los requerimientos legales para la
aplicación de lo establecido en el Decreto de Urgencia N.º 015-2020.
Es gracias al mecanismo de
esta acción de cumplimiento presentada, que el solicitante ha merecido una
respuesta oficial que permite, recién que la comunidad pesquera puede conocer
la situación del estado de legitimidad del IMARPE luego de tres años de
promulgada la norma.
La comunidad pesquera
espera que el nuevo ROF sea aprobado a la brevedad y que el nuevo Consejo
Directivo de la entidad entre en funciones cuanto antes.
“El
expediente del proyecto de Reglamento de Organización y Funciones está en
proceso, al haber sido remitido al Director General de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y
Modernización del Ministerio de la
Producción, contando con la opinión técnica favorable de la Secretaría
de Gestión Pública (SGP) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y
con la aprobación
de los distintos
Sectores, en el
marco de la
Comisión de Coordinación
Viceministerial (CCV), respecto a su
modificación, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 015-2020.
En tal sentido, el mismo documento requiere
que el órgano
máximo del IMARPE,
vale decir, su
Consejo Directivo, cuente con miembros que tengan una vasta experiencia y reconocida
trayectoria en temas afines a la Institución, toda vez que
este cuerpo colegiado
es el responsable de dirigir y supervisar el cumplimiento de los fines
institucionales, de acuerdo a la
política, a los objetivos y a las metas fijadas por el Ministerio de la
Producción. Asimismo, de aprobar las políticas y lineamientos institucionales, en armonía
con la política sectorial del Ministerio; para asegurar la generación
de la mejor base científica, en el manejo del ecosistema y los recursos en el
mediano y en el largo plazo, sobre la base del desarrollo de investigaciones
científicas y tecnológicas.
Por
ello, sería conveniente que la Comisión de Selección que lleve a cabo el
Concurso Público de Méritos para la
designación del/de la Presidente/a Ejecutivo/a
del IMARPE; así como de los
miembros del Consejo
Directivo, adopte los
criterios meritocráticos necesarios
en las bases del concurso, particularmente en la calificación con
reconocimiento a los grados de estudios
obtenidos y años de experiencia de trayectoria científica en el país y el
extranjero, con el fin
de asegurar la
gestión eficiente y con
los mejores estándares
técnicos de parte de la Institución, lo cual debería estar reflejado en
el perfil del funcionario más alto del IMARPE.
Con
el Oficio N° 01054-2022-IMARPE/PCD, de fecha 5 de octubre de 2022, la entidad
tramitó la propuesta del Reglamento de Organización y Funciones - ROF,
elaborado en el marco del Decreto de Urgencia N°015-2020, ante la Oficina General
de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización -
OGPPM del Ministerio de la
Producción, en cumplimiento con el numeral 45.2 del artículo 45 del Decreto
Supremo N°054-2018-PCM. La referida propuesta fue puesta a disposición de la
Comisión de Coordinación Viceministerial – CCV – 047-2022, a través del Sistema
Integrado de Coordinación Multisectorial de la Presidencia del Consejo de
Ministros - PCM, consolidándose las observaciones, opiniones y comentarios que
remitieron los viceministerios, durante los meses de noviembre y diciembre de
2022 y que fueron acogidas en el texto final de la propuesta de ROF, versión
que fue remitida a la OGPPM de PRODUCE, el 23 de diciembre de 2022. Junto a esta última versión del proyecto de
ROF, se remitió el Proyecto de Decreto Supremo y la Exposición de Motivos
que también sufrieron modificaciones con ocasión del CCV-47-2022.
La Oficina General de
Asesoría Jurídica del IMARPE, ha cumplido con
expresar que resulta jurídicamente viable, validar la legalidad de las
funciones asignadas a las unidades de organización de la entidad, las que han
sido recogidas en la propuesta Reglamento de Organización y Funciones materia
del presente; razón por la que recomienda, se continúe con la gestión de aprobación respectiva”.
“El
Perú no tiene tradición científica y tecnológica, ni da prioridad a la
investigación científica como parte de su modelo de desarrollo. Ello se refleja
en un bajo nivel de inversión en relación con el PBI, muy por debajo que el
promedio a América Latina”
Probablemente sea importante esta
investigación, pero en una situación de recursos escasos, ¿cuál debería ser la
prioridad en las investigaciones científicas del IMARPE?
“Este viaje se enmarca en la política antártica, la cual tiene como
finalidad consolidar nuestra permanencia en la Antártida, que es el continente
del futuro. Por ello, el Perú y nuestro Gobierno trabajan para protegerla y que
esta siga siendo un continente de paz. Es fundamental salvaguardar su
diversidad y sus reservas de agua dulce. Los efectos que genera son
determinantes para la raza humana.”, es una expresión demagógica que no ofrece
hechos concretos, prácticos y de beneficio para la pesca peruana.
Perú puede financiar y realizar expediciones
a la Antártida utilizando embarcaciones del IMARPE, pero no puede realizar
investigación científica de los recursos pesqueros que existen dentro de
nuestro dominio marítimo.
La
mayor parte de los recursos objetivo de la pesca artesanal, no tienen
reglamento de ordenamiento pesquero (ROP), entre otras razones porque no hay
informe científico que sustente la elaboración de dicho documento que
permitiría asegurar la sostenibilidad de si no de todos, por lo menos de los
principales recursos que abastecen al consumo nacional principalmente.
Mientras
el Perú carezca de una política pesquera y el PRODUCE se siga negando a
reestructurar al IMARPE como manda el DU 015-2020, todo seguirá igual y
seguiremos con una pesquería en situación de abandono.
https://cooperaccion.org.pe/la-importancia-de-la-reorganizacion-del-imarpe/
¿Debe ser un oficial de la marina en situación de retiro quien presida el Consejo Directivo del IMARPE? Para ir a la Antártida, probablemente sí; pero es eso lo más prioritario?
http://revistapesca.blogspot.com/2022/01/quien-debe-presidir-el-imarpe.html
“Los
científicos consideran que uno de los cambios que debiera impulsar el Imarpe,
con miras a una
reforma profunda, es una mayor
vinculación con las universidades para cubrir, por ejemplo, los vacíos de
información que hay respecto de las pesquerías costeras.
El mar
peruano posee unas mil especies de peces, sin embargo la bióloga Joanna Alfaro,
directora de Prodelphinus, asegura que solo existe un reglamento de
ordenamiento pesquero —herramienta que garantiza la sostenibilidad ambiental,
social y económica de la pesca de una especie— para nueve pesquerías.
“Muchas
pesquerías costeras tienen una fuerte presión, especialmente en el norte, y de
ellas se conoce muy poco”, dice Sueiro. Resolver ese problema, explica, “[es]
absolutamente crucial”, sobre todo considerando que los recursos marinos son la
base de la gastronomía peruana y parte importante de la dieta de los peruanos.”
https://es.mongabay.com/2020/02/peru-crisis-en-imarpe-oportunidades-tras-el-decreto-de-urgencia/
https://peru.oceana.org/comunicados/decreto-que-moderniza-imarpe-fortalecera-institucionalidad-y-la/
Después de la Antártida, el BAP Carrasco
dormirá un año más hasta el siguiente paseo polar mientras aquí no tenemos idea
del estado de los recursos pesqueros artesanales ni de los de aguas profundas.
La información científico técnica que sirva
de base al reglamento le corresponde producirla al IMARPE. Sin embargo no se está
haciendo, como se puede apreciar en la siguiente nota.
IMARPE NO CUENTA CON
EMBARCACIONES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICAS PARA EVALUAR AL CALAMAR GIGANTE PERO
SÍ PARA IR A LA ANTARTIDA
· Los
cruceros de investigación sirven de guía al PRODUCE para las medidas de
ordenamiento y permiten conocer los índices de abundancia, distribución y
concentración de la pota.
·
Dicho recurso marino se caracteriza por su gran variabilidad y sustancial
cambio en su disponibilidad.
· La
Sociedad Nacional de Industrias planteó que PRODUCE encargue la construcción de
buques de investigación adecuados ya que no se puede tener uno de los mares más
ricos del mundo con la flota de investigación obsoleta.
El
Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
expresó su preocupación en el sector pesquero para consumo humano debido a que
en 2022 y por tercer año consecutivo, no se realizó un crucero de evaluación
del calamar gigante o pota, a pesar de los esfuerzos del personal científico
del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) por realizar un adecuado monitoreo del
recurso.
Su
presidente, Alfonso Miranda Eyzaguirre, señaló que uno de los más graves
problemas que enfrenta el IMARPE y que deberá atender la nueva administración
del sector, es la obsolescencia de sus dos principales barcos de investigación
científica, el BIC “Humboldt” y el BIC “José Olaya Balandra”.
“Llevarían
más de un año de inoperatividad, Un Instituto de Investigación en un país con 3
mil Kilómetros de litoral, sin naves modernas que hagan una evaluación
minuciosa de sus principales especies pesqueras, no puede cumplir con su
cometido”, sostuvo Miranda Eyzaguirre.
Por su
parte, Pedro Silva Minga, dirigente de la pesca artesanal de las cooperativas
de Paita, recordó que la pota es el sustento fundamental de la pesca artesanal
del Perú y como tal, es la materia prima esencial para la industria de consumo
humano y el recurso hidrobiológico que genera más empleo en la pesca peruana
(50 mil empleos directos).
“Hemos
estado esperando que se hagan cruceros de pota desde el año 2020 y nos hemos
enterado que el BIC “Olaya” que estuvo un año parado, tuvo un siniestro del
motor en diciembre de 2022 cuando comenzaba su investigación, a pesar de haber
tenido una reparación general. Eso es inaudito”, agregó.
Miranda
Eyzaguirre manifestó que los cruceros de investigación sirven de guía al
Ministerio de la Producción (PRODUCE) para definir las medidas de ordenamiento
y permiten conocer los índices de abundancia, distribución y concentración de
la pota que se caracteriza por una gran variabilidad y sustanciales cambios en
su disponibilidad.
Señaló
que en 2022 se han presentado condiciones atípicas en los niveles de abundancia
y ubicación de esta especie hidrobiológica por lo que es indispensable contar
con naves operativas para su estudio.
El
dirigente gremial planteó que PRODUCE encargue la construcción de buques de
investigación adecuados ya que no se puede tener uno de los mares más ricos del
mundo con la flota de investigación más pobre.
“Una
actividad tan importante como la pesquería del calamar gigante no debería tener
tres años a ciegas. IMARPE tiene todas las capacidades en su personal y deben
contar también con los medios suficientes para cumplir su importante misión”,
finalizó.
https://pontealdiaperu.pe/2023/01/07/imarpe-no-cuenta-con-embarcaciones-de-investigacion-cientificas-para-evaluar-al-calamar-gigante/
Nos felicitamos por el retorno del BAP
Carrasco de su viaje a la Antártida. ¿Deberíamos?
BUQUE OCEANOGRÁFICO
B.A.P. CARRASCO ARRIBÓ AL CALLAO TRAS CUMPLIR MISIÓN CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTIDA
EL 29 DE MARZO 2023
“El
Buque Armada Peruana “Carrasco” retornó al país tras culminar con éxito la
Vigésimo Novena Campaña Científica del Perú a la Antártida (ANTAR XXIX), y fue
recibido en la Base Naval del Callao por la presidenta de la República, Dina
Boluarte Zegarra; el ministro de Defensa, Jorge Chavez Cresta; la ministra de
Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi Díaz; el comandante general de la
Marina de Guerra, Almirante Alberto Alcalá Luna, y familiares de los
tripulantes.
Durante
la campaña, que tuvo una duración de 70 días, la unidad naval efectuó un
crucero oceanográfico y trabajos en la Estación Científica Antártica “Machu
Picchu” (ECAMP), entre los cuales se realizaron proyectos de investigación,
destacándose estudios en las áreas marina, biológica y climática de relevante
interés para el país.
La
jefa de Estado destacó que esta expedición permite consolidar la presencia del
Perú en el continente blanco y reafirmó el compromiso del Gobierno de trabajar
para que esta zona del planeta siga siendo de paz y esté dedicada a la
investigación científica.
“Este
viaje se enmarca en la política antártica, la cual tiene como finalidad
consolidar nuestra permanencia en la Antártida, que es el continente del
futuro. Por ello, el Perú y nuestro Gobierno trabajan para protegerla y que
esta siga siendo un continente de paz. Es fundamental salvaguardar su
diversidad y sus reservas de agua dulce. Los efectos que genera son
determinantes para la raza humana.”, afirmó.
Por su
parte, el ministro Jorge Chavez Cresta recordó que el B.A.P. Carrasco es la
unidad científica más avanzada de la región y una de las más modernas del
mundo. En esa línea, mencionó que la embarcación trabajó de manera conjunta con
misiones científicas de diferentes partes del mundo.
“Nuestro
buque oceanográfico, luego de navegar 8 mil 500 millas náuticas por 70 días,
regresa a casa con todos sus expedicionarios sanos y salvos y con la
satisfacción del deber cumplido. Felicitaciones a la tripulación y componentes
expedicionarios”, manifestó el titular de Defensa.
El
Carrasco está al mando del Capitán de Navío Jorge Vizcarra Figueroa. Su
tripulación estuvo compuesta por 110 peruanos, entre personal de la Marina de
Guerra, Ejército del Perú y profesionales multidisciplinarios de instituciones
de investigación científica. La misión fue complementada por un equipo de
Meteorología Aeronáutica de la Fuerza Aérea.
En
esta ceremonia también estuvieron presentes el jefe del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, General de Ejército Manuel Gómez De La Torre Araníbar, y los
comandantes generales de la Fuerza Aérea, General del Aire Alfonso Javier
Artadi Saletti, y del Ejército, General de Ejército David Ojeda Parra.”
https://www.gob.pe/institucion/mindef/noticias/736459-buque-oceanografico-b-a-p-carrasco-arribo-al-callao-tras-cumplir-mision-cientifica-en-la-antartida
¿Qué es lo que anima a los
gobiernos que venimos teniendo a sentir tanto desinterés por la pesca en el
Perú?
La evidencia se ve en la
designación de los titulares de pliego y diversos funcionarios que constituye
no solo una muestra de desprecio y una ofensa a los peruanos que se ven
obligados, por el sistema, a reconocer como autoridad a personajes que por su
propia formación y orientación carecen del apropiado criterio o conocimiento de
lo que es la pesca peruana, de sus problemas y de lo que necesita.
El Instituto del Mar
continúa en situación ilegítima, siendo incomprensible como no han podido
promulgar un nuevo ROF para el IMARPE, cambiar su estructura y contratar un
presidente de acuerdo al mandato del DU 015-2020. Y todo sigue igual, nada pasa
y nadie dice nada.
El sector tiene
responsabilidad sobre recursos vivos que podrían sufrir consecuencias negativas
derivadas de la ausencia de rumbo y de calidad para regular y administrar la
pesquería. La administración y regulación de la pesquería descansa en la
existencia de recursos hidrobiológicos. Si estas especies se extinguen, no
habría nada que regular ni administrar.
Lo más preocupante es que
la ignorancia de que asegurar la sostenibilidad es lo primordial y no la
satisfacción de intereses, se acepte con sumisión, docilidad y complacencia por
el país. El sistema nos obliga a cumplir la ley y lo que mandan las
autoridades; pero entonces, ¿por qué no se cumple hasta ahora la
reestructuración del IMARPE? Los que quieren obedecen la ley y quienes la hacen
cumplir, deben ser obedecidos, aun cuando ellos mismos no la cumplan. La
obediencia se impone por la fuerza; pero el respeto…es algo que debe ser
ganado. ¿Qué se siente ser obedecido mas no respetado?
La designación de la alta
dirección, así como de los funcionarios del Ministerio de la Producción y sus
Organismos Descentralizados, a personajes totalmente ajenos al sector, sin
conocimiento ni experiencia en la pesca es un hecho negativo. Hecho que se vuelve
más grave y pernicioso si se suma a esas
características una escasa o nula vocación de servicio al país y la existencia
de objetivos personales que defienden intereses propios, o de parte, e imponen una
agenda propia alejada de las necesidades del sector.
Los lobbies e intereses de parte
existieron siempre; pero hubo un tiempo en que eran manejados por gente con
experiencia y conocimiento y con cierto grado de continuidad en las políticas
que, por otro lado, eran relativamente coherentes y técnicas. El impacto que se
causaba al sector era relativamente menor. Todo ello cambió cuando se convierte
a las instituciones en agencias que otorgan empleo para pagar favores políticos
o para defender intereses y empezaron a designar a personas totalmente ajenas
al sector, por lo que empieza a perderse la continuidad administrativa.
Los Titulares de Pliego,
que ya van 29 desde 2002, o sea casi uno y medio por año, y en lo que va del
actual gobierno ya van 6, tienen más perfil para el Despacho de Industria y
Pymes que para Pesca, o para ninguno y no duran lo suficiente como para evaluar
y darse cuenta de la calidad de su ejecución presupuestal y de su accionar, ni
tienen tiempo para identificarse con Planes Operativos y Estratégicos ya
formulados y con presupuesto.
De igual manera van 19
viceministros de pesca, casi uno por año. Ambos pasan la mayor parte de su
tiempo tomando conocimiento del sector, en interminables reuniones con los
administrados, y haciendo ofertas que, finalmente no alcanzan a cumplir porque
no duran lo suficiente en el cargo. Además porque entre la oferta política y lo
posible de ejecutarse dentro de las normas de administración del Estado, hay un
abismo que no se puede superar, más aún con un alto índice de rotación de
funcionarios.
Si bien es cierto el
promedio de viceministros es menor que el de los ministros, no se aprecia que
su nivel de experiencia o de capacidad de manejo haya sido el adecuado para
servir a un Ministro con o sin agenda política. La mayoría de los ministros y
viceministros asumieron el cargo sin agenda, sin visión de futuro para la
pesca, sin conocimiento y sin compromiso por hacer algo de fondo para el
sector.
Son pocos aquellos que se
comprometieron con el sector y aportaron algo a su desarrollo y progreso. La
pesquería necesita de funcionarios con alma y con compromiso, no sujetos que
lleguen a aprender. El sector pesquero y su ministerio no son una escuelita ni
una agencia de empleos.
Exceptuando la gestión de
Alfonso Miranda, el viceministro de mayor duración en el tiempo que se ha
tenido, con experiencia en el sector y que realizó importantes aportes para la
promoción del consumo de anchoveta y otros temas, los demás o tuvieron poco
tiempo para diseñar algo importante, o carecieron de la fuerza y/o capacidad
necesarias para hacer algo trascendente, o simplemente carecieron de una
propuesta.
Otros, que pudieron haber
realizado reformas importantes en base a su experiencia y cualidades
personales, fueron sometidos por una gestión autocrática, o por la
imposibilidad de realizar una labor eficaz por falta de condiciones apropiadas.
La designación de
funcionarios de confianza de la administración para cargos de dirección, se
deslegitima cuando el mismo no es un experto en pesca ni conoce lo mínimo
imprescindible para asegurar un buen desempeño. Esto ha devenido en una
constante que daña a la pesquería.
La verdad es que cada
gestión diseña su propia agenda, con mayor o menor conocimiento y con intereses
políticos y/o personales básicamente, la cual dura apenas el período de su
gestión. Ni siquiera dura el gobierno completo.
La consecuencia es que
desde 2002 al 2023, los problemas de fondo de la pesca siguen siendo los
mismos, en especial los de la pesca artesanal. No se ha diseñado una política
de largo plazo ni se han enfrentado los temas con eficacia.
El futuro se proyecta en
forma similar, con más de lo mismo. Nada permite asegurar que las próximas
gestiones serán conducidas por personas adecuadas, que se elaborará una
Política de Estado con visión de largo plazo, que será respetada por los
sucesivos gobiernos y que los siguientes Titulares del Pliego actuarán con
desprendimiento personal, con tecnicismo, escuchando a quienes algo tienen que
aportar, sin soberbia ni arrogancia.
No mejorará la gestión
pesquera mientras los funcionarios sigan trabajando sin compromiso,
intelectualmente castrados por el temor a perder el empleo, o subordinados a la
autocracia de la autoridad de turno.
Muy pocos titulares del
pliego de Producción pasaron y/o pasarán a la historia como responsables de
algún hecho o norma realmente trascendente como para que sean dignos de ser
recordados, para bien o para mal. La mayor parte, en corto tiempo, habrán sido
olvidados como cualquier personaje que atraviesa por un período de la historia
sin haber dejado huella significativa, o lo que es peor, ninguna huella, ningún
recuerdo. Se van sin pena ni gloria, dejando a la pesca igual como la encontraron,
condenados al olvido de la gente a la que pudieron servir y no lo hicieron.
Hemos cambiado nuestra
forma de gobierno, sin siquiera darnos cuenta: hemos instaurado una
“Kakistocracia”.
¿Puede
el país, en especial la comunidad pesquera, seguir asistiendo impasible y muda
a este triste espectáculo que viene consumiendo a la pesca peruana y poniendo
en riesgo su sostenibilidad?
EL
CASO DEL EX CEP PAITA
Cuando mediante Decreto
Supremo Nª 009-2007-PRODUCE del 2 de abril del 2007 se aprobó la fusión del Centro
de Entrenamiento Pesquero de Paita (CEP- Paita) con el Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero bajo la modalidad de fusión por absorción, se cometió uno
de los mayores errores en la gestión de la pesquería peruana.
En el caso de la fusión del
ex CEP Paita con FONDEPES, por no haberse aprobado oportunamente los documentos
de gestión, se fue prorrogando el plazo de culminación del proceso de fusión
hasta en nueve oportunidades mediante Resoluciones Ministeriales. Después de
las sucesivas prórrogas, con Resolución Ministerial Nº 669-2008-PRODUCE de
fecha el 29.08.08, publicada en el Diario Oficial El Peruano, se declara la
desactivación y extinción del CEP-PAITA.
Hoy no existe una
denominación oficial Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita‖. FONDEPES lo absorbió
y lo denominó Zonal Paita. Pero ni la fusión ni nada ni nadie eliminarán del
inconsciente colectivo del sector pesquero artesanal ese nombre original que
está grabado a fuego en el corazón de sus empleados y de todos los pescadores
artesanales que gracias a él aprendieron y se hicieron de un oficio. El CEP
Paita no desapareció ni desaparecerá jamás mientras los hombres y mujeres que
fueron formados allí, vivan. Mientras sus empleados administrativos,
instructores y de operaciones tengan vida siempre serán CEP Paita y siempre
celebrarán en Junio el aniversario del CEP Paita, no el de FONDEPES. No se
destruye una identidad cultural y organizacional con un Decreto Supremo. No se
borra de la memoria y del corazón los orígenes de una persona ni de una
organización con una norma legal.
La formación del Centro
produjo hombres y mujeres especiales, imbuidos de una mística destacable en el
sector pesquero que durante toda su existencia produjo resultados importantes
en beneficio del sector pesquero artesanal.
Lo mejor que tenía el
sector pesquero era el Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita. Un solo
equipo, una sola mística, un solo empuje. Destruido por tecnócratas de
escritorio que jamás pisaron una lancha.
El CEP Paita era un pliego
presupuestal con funciones distintas a las del FONDEPES.
Nunca hubo una
justificación técnica para fusionarlo estableciendo a este último como entidad
incorporante. Tampoco se produjo ahorro significativo alguno en el gasto que
valide la fusión.
Los hechos que condujeron a
la destrucción de una institución emblemática del sector pesquero peruano, se
originan en una decisión política, tomada por políticos, en un ambiente alejado
de la realidad pesquera nacional y propia de funcionarios que no están a la
altura de las circunstancias.
El Centro de Entrenamiento
Pesquero Paita ha sido un referente histórico en la pesca artesanal peruana en
la medida que muchos pescadores han sido formados en esta entidad y guardan
especial afecto por la misma. Su accionar a nivel nacional lo hizo merecer
reconocimiento e identificación nacional, habiéndose convertido en una “marca”
que representa vocación de servicio y calidad educativa. Los cursos
internacionales dictados le dieron una imagen que trasciende las fronteras.
El gobierno tiene el deber
moral de evaluar la indebida fusión realizada y otorgar a ese Centro la
autonomía que se merecen y que lo convirtió en líder de la capacitación pesquera
artesanal. También tiene que evaluar por qué sigue siendo minimizado, ignorado
y abandonado.
El CEP Paita es de Paita y
debería restituirse, con autonomía administrativa para que pueda desarrollarse
en un escenario, hoy crítico para la pesquería peruana, la cual carente de
políticas y de rumbo requiere, más que nunca, que se eduque y capacite a los
pescadores artesanales, los que están llamados a defender la sustentabilidad de
las pesquerías, merced a una mejor comprensión del mar y los cambios que está
sufriendo.
Los hechos nos muestran a
una “Zonal Paita” descompuesta y en proceso de desintegración.
Los considerandos y
exposición de motivos de la RM que dispone la fusión son bastante discutibles
por cuanto se considera funciones afines entre ambas entidades en forma
indebida, ya que el Fondepes no realizaba capacitación en la misma magnitud que
el CEP Paita. En todo caso la norma también debió mencionar a las actividades
de extensionismo pesquero que hacía y hace la Dirección General de Pesca
Artesanal del Ministerio de la Producción. Los extensionistas capacitan y
forman parte del Ministerio. El IMARPE y el ITP también realizaban y realizan
funciones de capacitación a pescadores y acuicultores artesanales.
Si se revisa el ROF del
FONDEPES vigente cuando se dio la norma y se le compara con el del CEP Paita
queda claro que las cosas no eran tan tajantes como menciona la exposición de
motivos. Tampoco era un tema tan grave que merituara considerarlo de “interés
nacional”.
Si la norma pretendía lo
que dice, se hubiese concentrado en una sola entidad, en este caso el CEP
Paita, por su diseño estructural, todas las funciones de capacitación del
sector pesquero, convirtiéndolo en un organismo rector de la educación y
capacitación sectorial.
El proceso de fusión se
debió a una decisión de un equipo de tecnócratas que pretendían la
racionalización del Estado. La decisión que tomaron fue que el ITP, se
fusionara con el CEP Paita y que ambos fueran absorbidos por el FONDEPES. La
posición del Despacho Viceministerial de Pesquería logró salvar al ITP, pero no
se pudo evitar que el CEP Paita desapareciera. Fue políticamente impuesta sin
atender a las objeciones de carácter técnico que se hicieron. Por tanto, la
exposición de motivos fue solamente retórica que cumple su función de sustentar
un decreto supremo, sin que nadie lo hubiese observado debidamente. Los
intentos de su entonces Presidente del Consejo Directivo, Eduardo Pastor, ya
fallecido, y otros, fueron inútiles.
La creación de los CITEs
pesqueros por efecto del Plan Nacional de Diversificación Productiva, creo una
duplicidad de funciones, porque su creador hablaba un lenguaje diferente al que
usaban los que pretendieron racionalizar el Estado sin considerar que la falta
de continuidad de sus funcionarios lo haría prácticamente imposible.
Precisamente lo que la norma de la fusión pretendía evitar. Lo que se evaluó
como un problema que se resolvía con una fusión fue desconocido por la creación
de los CITEs, lo que pone en evidencia la ausencia de Políticas de Estado que
eviten la incoherencia normativa.
La exposición de motivos en
su parte final dice: “Atendiendo que la fusión propuesta de dos organismos
públicos descentralizados del Ministerio de la Producción se efectúa en el
marco del proceso de modernización, sustentándose para tal efecto en la
duplicidad o superposición de funciones del CEP PAITA respecto del FONDEPES,
resulta evidente que existen razones de interés nacional que justifican su
expedición en forma inmediata, dado los beneficios económicos inmediatos a
obtenerse, tal es el caso de la mejora en los niveles de eficiencia así como
ahorro en gasto corriente.”
La realidad muestra que los
niveles de eficiencia, en términos presupuestales, no mejoraron nunca y que el
gasto corriente no se ha reducido. Lo único que se ahorró fue el gasto que
generaba el Consejo Directivo (sueldo del Presidente y dietas de directores)
que era mínimo y que fue reemplazado por gasto similar o mayor por efectos del
control y centralismo diseñado en la Sede Central. El “interés nacional” es una
frase hueca, vacía, que se utiliza para pretender justificar lo injustificable.
Por tanto, en términos
cuantitativos no se cumplió el propósito de la fusión y en términos
cualitativos, las evidencias saltan a la vista, como se puede apreciar lo que
ha ocurrido desde el inicio de la fusión hasta 2023.
Por otro lado, la mentira
de la generación de ahorro con la fusión queda evidenciada en el hecho que en años posteriores se crearon
dos OPDS más adscritas al sector Producción: el INACAL y el SANIPES, cuando lo
que supuestamente se pretendía era reducirlas.
Todos los gobiernos han
evidenciado carecer de interés en la pesca, lo que se aprecia en la designación
de algunos funcionarios poco experimentados en la pesca, así como en una alta
rotación de personal. Esto constituye una seria limitación para la
administración y los hace blancos fáciles del Lobby pesquero, preocupado más en
sus propios intereses que en el beneficio y futuro de la Nación.
Este Lobby utiliza a
personas y organizaciones para presionar al Estado, el cual siendo débil, cede
al chantaje del conflicto social. El funcionario público, que busca disimular
su ignorancia y/o incompetencia acudiendo al uso exagerado de la publicidad
mediática y a las ofertas políticas que a la larga incumple, sucumbe a la
presión y/o es relevado del cargo debido a la falta de políticas de Estado y de
compromiso y apoyo de Palacio de Gobierno.
La sociedad civil es blanco
constante de información sesgada, incompleta o incorrecta procedente de
diversos Lobbys que defienden intereses particulares. Solamente cuando esté
debidamente informada de la realidad de la pesquería podrá generar las
corrientes de opinión y la organización adecuada para demandar que los
gobiernos
Mayor detalle puede leerse
en el siguiente link:
https://www.calameo.com/read/000453377b1600a28c7dd?page=1
EL SILENCIO DE LOS BUENOS
Ana
López de San Román
“Los
problemas de nuestro mundo no derivan sólo las acciones malas, de las decisiones
mal tomadas, de la corrupción, la violencia, sino también y en mayor medida, de
la actitud contemplativa de ese otro medio mundo que considera que los
problemas de “los otros” no les conciernen. Esos otros que sufren no son
personas, son cifras.
“No me preocupa el grito de
los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que
más me preocupa es el silencio de los buenos”. Martin Luther King
Esta
frase que probablemente hemos leído muchas veces, encapsula la realidad de
nuestro tiempo. Lo increíble es que a pesar de todo, casi todos dormimos
tranquilos, esto quiere decir que hemos sabido anestesiar muy bien nuestras
conciencias.
La
información en forma de datos nos dice que cada día en este mundo que
habitamos, millones de personas sufren por distintas causas, hambre, paro,
esclavitud, violencia, guerras, persecución…INJUSTICIAS, de las que nos guste o
no, nos moleste o no, ¡todos somos cómplices!
Espero
que nadie se sienta ofendido por esta afirmación. Sé que muchos de nosotros podemos
pensar y hasta creer que somos “buenos”, porque realmente no hacemos nada malo,
pero el problema está en el “hacer nada”. Esa NADA es la verdadera enfermedad
de nuestros días, de nuestro siglo, de nuestra sociedad; Supone indiferencia y
pasividad, es el preocupante Silencio de los buenos.
Los
problemas de nuestro mundo no derivan sólo las acciones malas, de las
decisiones mal tomadas, de la corrupción, la violencia, sino también y en mayor
medida, de la actitud contemplativa de ese otro medio mundo que considera que
los problemas de “los otros” no les conciernen. Esos otros que sufren no son
personas, son cifras.
Y
es que ser indiferente es una posición que tomamos, una decisión que condiciona
la situación del mundo que compartimos con otros, dice Schelling. Aristóteles
sin embargo, consideraba que la indiferencia es una actitud de idiotas. Ser
Idiota es una forma egoísta de mismidad emocional, y en esa mismidad estamos
inmersos.
Esta
actitud de espectadores indiferentes o idiotas (léase según convenga), además
nos convierte en humanos deshumanizados. La verdadera innovación de nuestros
días no tiene que ver con la tecnología sino con un movimiento de seres humanos
a favor de otros seres humanos. Personas que desplazan el centro de su universo
desde su ombligo y vuelven su vista hacia los demás. Todos sabemos que es
imposible que esto mejore, si cada uno de nosotros sólo nos preocupamos de
nuestro dedo meñique, estamos tan empeñados en ocuparnos de realizarnos y
liberarnos a nosotros mismos, que estamos poniendo en peligro la libertad y
dignidad de los demás.
La
buena noticia puede venir de la mano de los movimientos de Responsabilidad
Social, que desde hace años vienen agitando las conciencias de las
organizaciones. En este caso hablo sólo de RS, quiero quitarle el segundo
apellido. Es indudable la necesidad de que este movimiento sea “empresarial”,
las empresas son las grandes protagonistas del poder en nuestro mundo
globalizado, por eso es fundamental que sean responsables, y sin duda en sus
manos está gran parte del cambio social. Pero esta mentalidad responsable, esta
conciencia de ser cómplices de un mundo
en el que unos actúan mal, otros sólo miran y los demás son víctimas, es lo que
verdaderamente hay que cambiar. Tenemos que dejar de asumir como dada una
realidad injusta para muchos seres humanos, y dejar de ser cómplices por acción
o por omisión.
Esta
es la verdadera fuerza de todas las personas, empresas y movimientos que creen
en la Responsabilidad Social y que quieren que una verdadera civilización sea
posible.
La
pregunta incómoda es para todos y cada uno de nosotros, y ¿tú qué vas a hacer?”
Fuente
https://diarioresponsable.com/opinion/23141-el-silencio-de-los-buenos
Por Edwin A. Vegas Gallo
"En atención a la carta solicitando rectificación, del Dr. Mariano Gutiérrez Torero, Secretario del Consejo Directivo del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola, IHMA, a una nota de la periodista Jackeline Cárdenas Ipenza, quién comenta una encuesta de IPSOS (La República 20 marzo pasado);que hay que saludar y reconocer, me permito discrepar por las siguientes consideraciones:
1. No se puede deslegitimar la técnica de la encuesta usada en la investigación científica; aduciendo que el 97% de los encuestados “no conocen el manejo de la pesquería de la anchoveta” y de hecho, no tienen porque conocerlo. El resultado IPSOS en la que el 91% (incluyéndome) de los habitantes costeros, tenemos la percepción real, que el mar peruano está sobre explotado, es muy cierto y ello se hace evidente, cuando vamos a las pescaderías de los mercados y los productos hidrobiológicos están limitados a no más de cinco especies (de las más de mil especies de peces del mar peruano) y precisamente no compramos anchoveta, porque no está destinada al consumo humano directo., sino ella, es quemada para pienso y aceite para alimentación animal , en visión empresarial, que si bien es cierto, da algunos puntos al PBI, no hay sostenibilidad en el tiempo.
2. En su carta Gutiérrez, en su visión y misión industrial señala que “en los últimos veinte años, la biomasa de la anchoveta se ha mantenido estable y saludable gracias a su buen manejo”. Por cierto no desmerecemos su investigación en el IHMA, pero es justo decir, que la misma la hace en barcos pesqueros de la SNP; por que hace mucho tiempo los barcos de investigacion cientifica del IMARPE, estan paralizados.
3. La carta de rectificación de aquélla, está escrita en los mismos términos, de la pasada declaración de la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Cayetana Aljovín, que dijo “la biomasa de la anchoveta el 2022, estuvo en diez millones de toneladas , en cifra similar a la de 1970, antes de la expropiación del sector pesquero”.
4. Lo que Gutiérrez y Aljovín no comentan, es que en esa época de 1972-1973, Pauli y Tsukayama comprobaron científicamente, que se pescaron catorce millones de toneladas de anchoveta, muy por encima del sistema de tercios, que invoca Gutiérrez y puso a su población en vulnerabilidad.
Este es el ejemplo clásico en los libros de política ambiental internacional, de como un recurso entra en crisis de insostenibilidad, cuando es manejado con políticas públicas sin criterio científico y con datos de estadística de captura, dependientes del gremio empresarial.
5. Aún con todo, las evaluaciones del Instituto del Mar del Perú, IMARPE, en su prospección situacional del stock anchoveta Norte-Centro, al 1 de noviembre de 2022, señalóba “existen 9.78 millones de toneladas, entre Talara y Chala con importante presencia de individuos juveniles (82% en número y 57% en peso”; recomendando se permita el crecimiento de los juveniles y además se reduzca el impacto de la pesca sobre la fracción juvenil de la población, para que no caiga en situación vulnerable. Habiéndose capturado en la temporada 2022-1 el 83.7% del stock.La temporada 2022-2 se planificó pensando en el restante 16.3% restante.
6. Otro argumento invocado por Mariano Gutiérrez, es el referido al Índice de Desempeño Ambiental, EPI, en la que todos los indicadores interactúan y se complementan. Con este Índice el Perú de 180 países, sale desaprobado y ocupa el lugar 101, con un EPI de 39.18, que es muy pobre y que significa que la sostenibilidad como país es alarmante por el modelo de desarrollo con crecimiento económico, en secuencia lineal.
Con este EPI para los 32 países de la Región de América Latina y el Caribe, el Perú ocupa el puesto 26, antecediendo a Nicaragua, Guatemala y Haití.
7. El Dr. Gutiérrez en su carta que pide rectificación, sólo se fundamental, aisladamente, en el indicador de la pesquería industrial. Désconscientes los peruanos no basamos nuestra seguridad alimentaria en la anchoveta y la SNP no innova con nueva que existe, para extraer aminoácidos esenciales de aquella e incorporarlos en la alimentación de las gestantes y en los niños de 1 a 3 años.
8. Gutiérrez señala que el índice de desempeño pesquero industrial, está en el puesto 11, lo cual es cierto, más no comenta que este índice es de 45.2, mientras que la República de Cabo Verde, en África ocupa el primer puesto, con puntaje perfecto de 100 y con prácticas muy exigentes para la sostenibilidad de sus recursos; en cambio nuestro país no está ni en el rango medio de su desempeño pesquero industrial, invocado por aquellos, lo que habla de la crisis de insostenibilidad del recurso anchoveta.
Lo real es que la salud de la pesquería peruana, está muy pobre y en sobre explotación, ya sea por malas prácticas empresariales, contaminación por derrames petroleros o prácticas prohibidas como ha sucedido recientemente con la “chita” o por la pesca de arrastre en el norte y estamos poniendo en riesgo la alimentación de las futuras generaciones de peruanos.
El mérito de la encuesta de IPSOS, es colocar en la agenda política, la importancia de contribuir a mejorar nuestro desempeño ambiental como país y lograr su sostenibilidad en lo mediato."
https://larepublica.pe/economia/2023/03/20/mar-peruano-mas-del-90-cree-que-el-mar-peruano-esta-sobreexplotado-anchoveta-imarpe-1705500
El ciudadano Timoteo Querevalú Eca presentó la acción de cumplimiento, en relación a la negativa del IMARPE a dar cumplimiento al DU 015-2020 que dispone la reestructuración del IMARPE.
Antes de iniciar un proceso de cumplimiento, el
interesado debe solicitar al funcionario o autoridad pública renuente el cumplimiento de la norma legal o del acto administrativo mediante una solicitud simple de fecha cierta. El cargo de este documento servirá como medio de prueba de haber cumplido con el requerimiento anterior. Acto que ha sido debidamente ejecutado.
Luego de diez días de haber presentado la solicitud, si no es atendida o existe una respuesta del oficial o autoridad pública en la que expresamente se niega a cumplir, el interesado o afectado tiene expedito el derecho para acudir al juez constitucional para interponer la demanda de proceso de cumplimiento. De acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del CPConst., no es necesario agotar ningún recurso o procedimiento administrativo adicional.
El Ministerio de la Producción ha respondido al denunciante, el 31 de marzo, que la gestión ha sido derivada al IMARPE.
Cumplidos los plazos, corresponde presentar la demanda a un juez para que inicie el proceso de acción de cumplimiento. Al 4 de abril el plazo está ya vencido.
Lo que se debe apreciar en esta
situación, que para algunos puede parecer relativamente intrascendente, es el
hecho de que más allá del contenido de la norma, la sociedad no puede aceptar
que un Ministerio, sencillamente no de cumplimiento a una norma con rango de
ley. Evidencia un desprecio por el estado de derecho y le resta autoridad moral
a la autoridad que debe hacer cumplir las normas. ¿Con qué derecho exigiría u
obligaría a cumplirlas si ella misma no lo cumple? Por eso es importante esta
acción ciudadana, que es de esperar sea debidamente atendida.
El DU 015-2020 dispuso la reorganización del IMARPE, como se puede ver en detalle en los siguientes enlaces:
http://revistapesca.blogspot.com/2022/12/las-nuevas-autoridades-y-el-instituto.html
http://revistapesca.blogspot.com/2022/06/una-accion-de-cumplimiento-para-el.html
Esta norma con rango de ley no ha sido cumplida, lo cual está detallado en los enlaces anteriores.
En este escenario y ante la ausencia de reacciones desde las instituciones relacionadas con el sector pesquero, un ciudadano peruano ha asumido la tarea de reclamar por el cumplimiento de la ley.
Es de esperar que por el mero hecho de ser un ciudadano común, no se ignore o minimice esta acción interpuesta, que puede leerse en el siguiente enlace y que sea debida y correctamente atendida por la autoridad competente:
https://www.calameo.com/read/000453377d6b20a586ed4
Esta acción que ha iniciado se fundamenta en:
La acción de cumplimiento, que constituye el instrumento adecuado para exigir de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la eficacia de las normas con fuerza material de Ley y de los actos administrativos.
La Acción de Cumplimiento procederá contra toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir inminente incumplimiento de normas con fuerza de Ley o Actos Administrativos.
¿Quién puede ejercer la acción de cumplimiento?
¿Quién la presenta?: Cualquier persona natural o jurídica contra la autoridad que considere no ha cumplido con una ley o acto administrativo. También la pueden presentar los servidores públicos, las Organizaciones no Gubernamentales o las organizaciones sociales.
La Acción de Cumplimiento es una Garantía Constitucional consagrada, por primera vez en la Constitución Política de 1993 en su artículo 200 inciso 6), la misma que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo. Se encuentra directamente a reparar las inconstitucionalidades por omisión, o mejor dicho, a reparar las violaciones de la supremacía constitucional que se producen por la renuencia de los funcionarios públicos a cumplir lo que la Constitución y las leyes les tienen ordenado.
El proceso de cumplimiento es un proceso constitucional que tiene por objeto inmediato que los jueces ordenen a las autoridades y funcionarios públicos que cumplan con los mandatos que se derivan de una norma de rango legal o reglamentario y de los actos administrativos de carácter general o particular, y se pronuncian expresamente cuando las normas legales les ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. Como objeto mediato, el proceso de cumplimiento tiene por finalidad proteger el derecho fundamental a asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y actos administrativos, frente a los actos omisivos de los funcionarios y autoridades públicas.
Antes de iniciar un proceso de cumplimiento, el interesado debe solicitar al funcionario o autoridad pública renuente el cumplimiento de la norma legal o del acto administrativo mediante una solicitud simple de fecha cierta. El cargo de este documento servirá como medio de prueba de haber cumplido con el requerimiento anterior.
Según lo establecido en el artículo 67 del CPConst., si se pretende el cumplimiento de una norma legal o de un reglamento, cualquier persona puede presentar el requerimiento anterior.
Luego de diez días de haber presentado la solicitud, si no es atendida o existe una respuesta del oficial o autoridad pública en la que expresamente se niega a cumplir, el interesado o afectado tiene expedito el derecho para acudir al juez constitucional para interponer la demanda de proceso de cumplimiento. De acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del CPConst., no es necesario agotar ningún recurso o procedimiento administrativo adicional.
Como resultado de la 11 reunión de la OROP del Pacífico Sur, realizada en febrero de 2023 en Ecuador, el diario Gestión ha informado lo siguiente:
“la delegación peruana, encabezada por el Ministerio de la Producción (Produce), obtuvo el aumento para nuestro país, de la cuota de pesca de jurel (Trachurus Murphyi) en alta mar, pasando de 18,246 toneladas en el 2022 a más de 20,000 toneladas para el año 2023.
Con esta cuota, la flota nacional puede incrementar su actividad pesquera del recurso jurel en alta mar para el consumo humano directo y la industria nacional.
Produce indica que los armadores de las embarcaciones pesqueras de bandera nacional que están dispuestos a participar de la cuota, pueden presentar una declaración de interés de capturar la misma dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presente publicación, ante la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA).
Los armadores pesqueros deberán registrar: porcentaje de la cuota de jurel de alta mar que solicita extraer, relación de embarcaciones que participarán en la captura (deben encontrarse inscritos en el Registro Único de Embarcaciones Pesqueras que realizan Actividades Pesqueras en la Zona de Alta Mar), y presentar el plan de inicio de actividades, así como cumplir las medidas de conservación y ordenamiento emitidas por esta organización internacional”.
Asimismo, se presentó un “Mecanismo Alternativo al Programa de Observadores a Bordo”, el cual exceptuará a las embarcaciones poteras artesanales peruanas, de no más de 15 metros de eslora, de los requisitos establecidos por la OROP-PS, los cuales no pueden ser cumplidas por estas embarcaciones dada su infraestructura.
Produce también expresó que se obtuvo el reconocimiento del derecho de los estados ribereños en desarrollo, pese al congelamiento de la flota potera en alta mar de los grandes capturadores internacionales. Con esta medida, se permitiría impulsar al Perú como estado ribereño, en el desarrollo y expansión de su flota pesquera de pota en la zona de altamar.
Con dicho reconocimiento, las embarcaciones poteras peruanas inscritas en el Registro de Embarcaciones de la OROP-PS podrán realizar sus faenas de pesca sin ninguna restricción en alta mar”.
Fuente:
https://gestion.pe/economia/produce-aumenta-la-asignacion-de-la-cuota-de-pesca-de-jurel-a-mas-de-20000-toneladas-noticia/
El portal de PRODUCE informa lo mismo:
https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/717882-produce-logro-medidas-en-favor-del-sector-pesquero-en-reunion-de-orop-ps
COMENTARIO:
Las únicas restricciones en alta mar son aquellas a las que voluntariamente se somete a la embarcación. No existe una “policía” que controle las operaciones en aguas internacionales, por tanto inscritas o no, las embarcaciones de cualquier bandera pueden pescar en alta mar.
Fueron otros países y no el Perú, los que propusieron la congelación del esfuerzo pesquero y control de transbordos, que se encontraron, así como la propuesta para incrementar observadores y que se emplee el español junto con el inglés, lo que no fue aprobado.
La información es sesgada y pretende asignar méritos a la delegación peruana, que no los tiene. PRODUCE debería exhibir y publicar la tabla completa de la distribución del jurel entre los miembros de la OROP y no solamente la cuota otorgada al Perú.
Es grosero e inexacto afirmar que la delegación peruana logró el aumento para nuestro país de la cuota de pesca de jurel
Chile tiene razones para festejar su incremento de cuota:
https://www.diarioconcepcion.cl/economia/2023/02/23/cuota-chilena-de-la-extraccion-de-jurel-presenta-un-aumento-historico-para-2023.html#:~:text =Cuota%20chilena%20de%20la%20extracci%C3%B3n%20de%20jurel%20presenta%20un%20aumento%20hist%C3%B3rico%20para%202023,-Por%3A%20Anibal%20Torres&text=Respecto%20de%20la% 20actual%20extracci%C3%B3n,a%20716.758%20toneladas%20en%202023 .
https://industriaspesqueras.com/noticia-74306-seccion-Pol%EF%BF%BDtica_de_Pesca
Distribución de la cuota de jurel en 2022.
De 817,943 TM, de cuota total, Perú tenía el 2.0284% de participación.
En 2022, a Chile se le asignó 581.074 Tm, el 64,57% de la cuota total y al Perú 18.256 toneladas, el 2,03% de la cuota total.
El 17 de octubre de 2022, con la nota CIRCULAR N° 06-2022-PRODUCE/CEJUREL se declara que la Buena Pro otorgada al CONSORCIO PESQUERO DEL SUR integrado por las empresas BLUMAR SA, ORIZON SA, SOCIEDAD PESQUERA LANDES SA, CAMANCHACA PESCA SUR SA y FOODCORP CHILE SA, que corresponden a 18.256 toneladas de jurel (Trachurus murphyi) equivalente a la cuota total apoyada al Estado peruano, ha quedado consentida.
Distribución de la cuota de jurel en 2023.
De 981,833 Tm, de cuota total, Perú reduce a 1.868% su participación.
En 2023, a Chile se le asignó 716,758 Tm, el 66.367% de la cuota total y al Perú 20,175 toneladas, el 1.868% de la cuota total.
Como se puede apreciar, lo que se pretende mostrar como un logro de la delegación peruana diciendo que ha “conseguido un incremento de la cuota de jurel ”, es en realidad una reducción de su participación porcentual en la cuota total, de la cual Chile se lleva la mayor parte. Este país incrementó su cota en 135,684 toneladas, mientras que Perú lo hizo en 1,919 toneladas. Aparentemente ganó algo, pero no es lo que se aprecia en el contexto de la cuota total, de la cual al Perú le ha tocado un porcentaje menor al de 2022.
Aumentó un poco el tonelaje sacrificando el porcentaje sobre el total, mientras que Chile obtuvo un importante incremento en tonelaje y en porcentaje.
¿Cómo es que la reducción de cuota se pretende exhibir como un logro para el Perú, además de que no la capturamos?
Chile ha logrado una victoria significativa gracias a la continuidad y coherencia de su política, su planeamiento y las negociaciones que llevan a cabo, no solo desde el primer día de la reunión, sino desde meses antes.
Mientras tanto, la delegación peruana llegó varios días después del inicio de la reunión, lo que es explicable por las razones expuestas en los siguientes enlaces:
http://revistapesca.blogspot.com/2023/02/el-funcionario-peruano-y-los-resultados.html
http://revistapesca.blogspot.com/2023/02/la-asistencia-del-peru-la-11-reunion-de.html
EL JUREL DE LA ZONA OROP PARA PERÚ EN 2023
Para 2023 se le asignó a Perú 20,175 toneladas, informando PRODUCE que los armadores de las embarcaciones pesqueras de bandera nacional pueden presentar, dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presente publicación de la cuota, ante la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA), una de interés de capturar la cuota de jurel en el ámbito de la declaración OROP-PS, señalando que se precisa que, para la extracción de la cuota de jurel en el ámbito de la OROP-PS , los armadores deberán observar y cumplir las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 002-2015-PRODUCE, modificadas por el Decreto Supremo N°010-2021-PRODUCE, así como las medidas de conservación y ordenamiento emitidas por esta organización internacional.
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4173361/Comunicado%20Cuota%20de%20jurel%20OROP-PS%202022.pdf.pdf?v=1677193555
Es decir las mismas condiciones y normas que los años anteriores.
LA REALIDAD EN CUANTO AL JUREL DE LA ZONA OROP
Pese a disponer de cuota de captura para el jurel en la zona OROP, en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, el Perú no ha realizado esfuerzo pesquero con embarcaciones de bandera peruana en dicha área. La Sociedad Nacional de Pesquería, de acuerdo a sus comunicaciones alcanzadas a PRODUCE, informó que, considerando las condiciones y la localización de la zona de pesca de jurel frente a las costas chilenas, donde las restricciones establecidas por dicho país hacen muy difícil una actividad en esta zona, las empresas asociadas a la SNP, no tuvieron previsto realizar esfuerzo pesquero.
Dado que la flota nacional decide pescar sólo en aguas nacionales, el Estado ha encontrado como mecanismo de aprovechamiento de los recursos pesqueros que se encuentran más allá de las 200 millas, específicamente en el caso del Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, acudir a embarcaciones de bandera extranjera a través de un mecanismo denominado “arrendamiento”, que en términos prácticos es la venta de la cuota a terceros países, que en la práctica generalmente la compra Chile.
Se puede apreciar que la cuota, que deriva del porcentaje asignado al Perú, es una cifra relativamente pequeña. No se justifica todo el gasto que realiza Perú para asistir y permanecer en esta organización.
El Perú no captura el jurel que se le asigna. Nunca lo ha hecho. Lo que resta a la asistencia a reuniones en las cuales se reparte la porción sentido más grande de la torta a un solo país.
La concesión de la cuota de jurel en alta mar a la empresa ganadora del concurso se basa en lo siguiente:
La Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP - PS), de acuerdo a sus medidas de conservación y manejo, asigna anualmente al Perú una cuota de jurel en alta mar, para ser utilizada en el ámbito de la convención.
La cuta de jurel de alta mar es accesible a los armadores de las embarcaciones pesqueras de bandera nacional. En caso de existir un remanente de la cuota de jurel de alta mar que no hubiera sido asignado a los armadores de embarcaciones pesqueras de bandera nacional, puede ser asignado a los armadores de bandera extranjera mediante Concurso Público.
Finalizado el plazo para la presentación de declaraciones de interés por parte de los armadores de embarcaciones pesqueras con bandera nacional, se determina el remanente de la cuota de jurel en alta mar no visible o disponible, procediéndose al inicio del proceso de exhibición a los armadores de las embarcaciones pesqueras de bandera extranjera de los Miembros o Partes No Contratantes Cooperantes de la OROP-PS, mediante Concurso público.
Esto es lo que ocurre siempre desde que el Perú se adhirió a la OROP. Nunca usa esa cuota que termina vendiéndose a Chile. O sea que, todo el ritual de la reunión siempre es para favorecer los intereses chilenos. Lo demás son cuentos.
EL JUREL EN EL DOMINIO MARÍTIMO PERUANO
Para efectos de la pesca de jurel en el dominio marítimo peruano, de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 042 – 2023-PRODUCE, publicada en edición extraordinaria de las Normas Legales del diario oficial El Peruano, el límite de pesca del jurel correspondiente al año 2023 será de 144 000 toneladas; mientras que en el caso de la caballa (Scomber japonicus peruanus) alcanzará las 53 000 toneladas.
No es totalmente cierto que lo que pesca la flota industrial peruana se destina a la alimentación nacional, en la medida que las exportaciones de jurel son altas y con toda seguridad más rentables que venden esa especie para el mercado peruano.
No se puede saber con exactitud el volumen desembarcado por tipo de flota, su destino, bien sea al congelado, curado o enlatado o al fresco, en la medida en que las estadísticas oficiales no muestran con precisión y detalle las cifras. Tampoco se puede determinar cuánto se ha procesado en esas diversas presentaciones para evaluar finalmente cuánto se exportó y cuánto se vendió en el Perú.
Fuente:
http://revistapesca.blogspot.com/2022/02/las-cuotas-de-jurel-en-el-marco-de-la.html
La última estadística visible puede descargarse en los siguientes enlaces:
https://peru.oceana.org/blog/las-exportaciones-pesqueras-en-el-2021/?fbclid=IwAR1yp_fTs1ckopgw0IPN6iXWmrAUrL3kXLQcOM1gGhTTEuVSrpYofxqu1pU
https://www.mardelperu.pe/pesca/11/pesqueria-jurel?fbclid=IwAR2KkUkCdbmLZdhj_7_bRcwY0qKuF4gAYHJGCQ5LVMUUgkQu0s_vp862CpE
https://ogiee.produce.gob.pe/index.php/es/shortcode/oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/1080-anuario-estadistico-pesquero-y-acuicola-2021?fbclid=IwAR2zQJTCe7FPnJzwred_7xhl6jPrWEJnv0hNJRFT0gYcfTQqR427Jxgp4cw
https://recursos.exportemos.pe/Departamento-productos-pesqueros-Desenvolvimiento-Pesquero-Acuicola-2021-informe-sectorial.pdf?fbclid=IwAR3zc87MnrlgBBmNNvC22PIf-kahdoUJwjjYu0clGd05XFeBwYwsJKrCEjw
LA ZONA OROP
1. Salvo disposición en contrario, esta Convención se aplica a las aguas del Océano Pacífico más allá de las áreas de jurisdicción nacional de conformidad con el derecho internacional:
(a) al este de una línea que se extiende hacia el sur a lo largo del meridiano 120° de longitud este desde el límite exterior de la jurisdicción nacional de Australia frente a la costa sur de Australia Occidental hasta la intersección con el paralelo 55° de latitud sur; luego con rumbo este a lo largo del paralelo 55° de latitud sur hasta la intersección con el meridiano 150° de longitud este; luego con rumbo sur a lo largo del meridiano 150° de longitud este hasta la intersección con el paralelo 60° de latitud sur;
(b) al norte de una línea que se extiende hacia el este a lo largo del paralelo 60° de latitud sur desde el meridiano 150° de longitud este hasta la intersección con el meridiano 67° 16' de longitud oeste;
(c) al oeste de una línea que se extiende hacia el norte a lo largo del meridiano 67° 16' de longitud oeste desde el paralelo 60° de latitud sur hasta su intersección con el límite exterior de la jurisdicción nacional de Chile y luego a lo largo de los límites exteriores de la jurisdicción nacional de Chile, Perú, Ecuador y Colombia hasta la intersección con el paralelo 2 de latitud norte; y
(d) al sur de una línea que se extiende hacia el oeste a lo largo del paralelo 2o de latitud norte (pero sin incluir la jurisdicción nacional de Ecuador (Islas Galápagos)) hasta la intersección con el meridiano 150° de longitud oeste; luego con rumbo norte a lo largo del meridiano 150° de longitud oeste hasta su intersección con el paralelo 10° de latitud norte, luego hacia el oeste a lo largo del paralelo 10° de latitud norte hasta su intersección con los límites exteriores de la jurisdicción nacional de las Islas Marshall, y luego generalmente al sur y alrededor de los límites exteriores de las jurisdicciones nacionales de los Estados y territorios del Pacífico, Nueva Zelanda y Australia hasta que se conecta al comienzo de la línea descrita en el párrafo
2. La Convención también se aplicará a las aguas del Océano Pacífico más allá de las áreas de jurisdicción nacional delimitadas por el paralelo 10° de latitud norte y el paralelo 20° de latitud sur y por el meridiano 135° de longitud este y el meridiano 150° de longitud oeste. longitud.
Terminó la reunión de la OROP y solo conocemos
parte de sus resultados a través de comunicados de alguna prensa y básicamente
por declaraciones de organizaciones peruanas que asisten en calidad de
observadores. La prensa chilena destaca el incremento de la cuota de jurel para
ese país. Pero nada se sabe de cómo queda la cuota para el Perú, más allá de que
la flota peruana no la capture.
Nada sabemos de la delegación oficial peruana que
asistió a dicha reunión. ¿Votó a favor del incremento de la cuota para Chile o
en contra? ¿Si votó a favor, a cambio de qué?
Lo que puede pasar es que los funcionarios de
PRODUCE que han asistido saben poco o nada del asunto, salvo quizá un rápida
inducción sobre el tema antes del viaje. En consecuencia qué tanto les puede
importar el asunto? La mayor parte de funcionarios son designados en base a
criterios políticos o personales. Hay personas que aceptan el cargo conscientes
de que no saben nada del sector y no tienen idea sobre el mismo, ni mayor
interés en desarrollar algo para el futuro. Saben que están en el puesto por
cuestiones ajenas a las necesidades de desarrollo del sector y que van a durar
muy poco.
En el mejor caso durarán lo que dure la autoridad
que los llevó al puesto. Por tanto, lo único que pueden hacer es flotar y
disfrutar del cargo mientras dure. No puede haber mayor interés que cumplir con
lo mínimo y esperar el final que llegará más temprano que tarde.
No debe extrañar entonces que la delegación
peruana que asistió a la última reunión de la OROP del Pacífico Sur permanezca
en silencio. ¿Qué dijeron o que hicieron en la reunión? Resulta irrelevante. El
Perú no consiguió nada y jamás conseguirá algo de esa organización,
especialmente porque los funcionarios oficiales que asisten tienen tan poco
interés como conocimiento del tema.
La gran desgracia que se abate sobre la pesquería
peruana, es esa proliferación de funcionarios necios y omnipotentes venidos de
cualquier parte menos del sector, que aceptan los cargos a sabiendas de que no
saben nada ni harán nada, salvo pasarla bien mientras duren.
Resulta difícil determinar quién es más
responsable, si el que designa a una persona indebida o quien acepta sabiendo
que no sabe nada del tema. Esta constante viene de tiempo atrás pero se agravó
durante el anterior y el actual gobierno.
Existen funcionarios y personas que caminan en
manada, rotan de líderes a subordinados y viceversa, de acuerdo a las
circunstancias. Están siempre acechando los cambios de autoridades para ver
donde se ubican los amigos, a fin de recolocarse ellos también y seguir
parasitando al erario público sin ofrecer, en contraparte, un servicio de
calidad. Carentes de decencia intelectual y moral, poseen, de alguna manera,
una experiencia en la administración pública, han aprendido de gestión pública
y se han especializado. Sin embargo, eso no los convierte en conocedores de los
temas del cargo y/o sector en el cual operan. Disimulan su desconocimiento de
los temas sectoriales, camuflan sus verdaderos intereses; no evidencian ni
preocupación por el sector ni vocación por resolver sus problemas.
Esa experiencia no les concede necesaria, ni
automáticamente, la estatura moral, honestidad y decencia intelectual que
requiere todo funcionario público digno.
Aceptar una tarea mayor de la que su capacidad le
permite, es convertirse en un simio, actuando bajo órdenes que no
necesariamente son decentes, correctas y debidas.
Un funcionario sin propósito, sin idea o
conocimiento del sector en el cual es designado, es amoral, es una máquina que
va descendiendo por una cuesta, a merced de cualquier obstáculo contra el cual
estrellarse. Un funcionario que actúa sin moralidad, o subordinándola a sus
propios intereses o a los deseos u órdenes de sus superiores por el temor a
perder el cargo, o el poder que le confiere, es una monstruosidad.
El funcionario público designado debe tener
capacidad, habilidad y actitud. La experiencia debe medirse por los resultados
y no por los años de ocupar diversos cargos dentro del Estado reciclándose
gobierno a gobierno como ocurre generalmente en nuestro sistema.
Podrá haber nuevos gobiernos, nuevas autoridades,
mejores o peores; pero los funcionarios que se nombran en cada nueva
administración, generalmente son los mismos que ya usaron en otros puestos y
pertenecen a un grupo de personas las cuales, como manada de lobos, se
reciclan, mutan y se alimentan del Estado. Se ocultan en la espesura en espera
de la oportunidad de saltar sobre la yugular de su víctima: un nuevo puesto
público. Cual cardúmenes de peces en busca de aguas propicias por su
temperatura y oxigenación, estas personas migran, se protegen y acomodan entre
ellas.
Esa “experiencia”, sumada a una acumulación de
títulos, es insuficiente para ejercer un cargo público, si es que no va
acompañada de decencia, honestidad y un alto nivel de ética y moralidad. Un
corrupto perfectamente capacitado y entrenado, seguirá siendo corrupto. Sus
títulos no lo convierten en un funcionario comprometido con el cargo, ni lo vuelven
decente, ni le dan la mínima estatura moral que se requiere.
El país ha visto en los últimos años la presencia
de funcionarios incompetentes y corruptos a tal nivel, que lo que urge ahora es
competencia; pero con decencia moral e intelectual e incorruptibilidad por
encima de todas las cosas.
“A través del Decreto Supremo Nº 007-2022-Produce, publicado en el diario El Peruano, se establece que la escala de reducción alcanza hasta el 90% en sanciones de hasta 50 UIT; 70% para las de hasta 200 UIT; y de 50% para las mayores de 200 UIT.
El titular de Produce, Jorge Prado Palomino, explicó que este régimen excepcional de reducción de multas se da con la finalidad de reducir los impactos económicos generados por la propagación del COVID-19, la cual ha afectado a toda la cadena productiva del sector pesquero.
“Considerando los esfuerzos realizados por gran parte de la ciudadanía y las acciones emprendidas para combatir la propagación de esta pandemia, se identificó esta necesidad de apoyar al sector pesquero y acuícola”
Fuente:
https://elcomercio.pe/economia/produce-dispone-reduccion-temporal-de-multas-al-sector-acuicola-y-pesquero-rmmn-noticia/
La única norma destacable y de fondo fue el DS N°007-2022-Produce que se suponía que era para favorecer a los pescadores artesanales.
Sin embargo, después de ver el siguiente video, es fácil comprender y deducir que ni esta norma ni ninguna otra fue dada extremamente en un plan de gobierno y/o en una visión de la pesca peruana.
La verdad es que nunca hubo análisis para la promulgación de la norma, ni nada por el estilo. Fue sencillamente el resultado de una negociación para satisfacer a uno o varios y por lo cual seguramente se gestaron muchas más negociaciones.
El manejo del sector solo fue realizado para satisfacer agendas personales de determinados personajes. Todo el trabajo de diseño de un plan de gobierno y de desarrollo de una agenda para el sector, quedó invalidado y trunco debido a que el sector se empezó a manejar tan solo para satisfacer determinados intereses y se designó funcionarios poco conocidos del sector. Como muestra el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=Ae5AHg8ENx0
Mientras tanto, el sector no avanzó ni avanza hasta ahora, que sigue en nada.
Para muestra esto ocurrido en la reunion de la OROP de febrero 2023:
http://revistapesca.blogspot.com/2023/02/la-asistencia-del-peru-la-11-reunion-de.html
En su momento y en relación a la norma, la Revista Pesca publicó los siguientes artículos al respecto:
http://revistapesca.blogspot.com/2022/08/normas-en-pesca-2022.html
http://revistapesca.blogspot.com/2022/05/multas-y-sanciones-en-el-sector.html
Por otro lado, lo que se dejó de hacer sin que media explicación alguna, es dar cumplimiento al DU 015-2020 que dispone la reorganización del IMARPE:
http://revistapesca.blogspot.com/2022/12/las-nuevas-autoridades-y-el-instituto.html